De la Comisión de Justicia, relativa a la duodécima reunión, celebrada el martes 21 de septiembre de 2010

En el salón 2 del edificio I, situado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a las 17:30 horas del 21 de septiembre de 2010, se llevó a cabo la duodécima reunión de la Comisión de Justicia, que fue convocada bajo la siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y verificación del quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Aprobación del acta de la sesión.

4. Análisis y discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y reforma el artículo 194 del Código de Procedimientos Penales.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la minuta de proyecto de decreto por el que expide la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos; y se reforman, y adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de las Leyes Federal contra la Delincuencia Organizada; Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Policía Federal; Federal de Telecomunicaciones; y General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, que remite la honorable Cámara de Senadores.

6. Asuntos generales.

Se dio inicio de la sesión con 24 firmas de los siguientes diputados:

Víctor Humberto Benítez Treviño, José Tomás Carrillo Sánchez, Sergio Lobato García, Óscar Martín Arce Paniagua, Camilo Ramírez Puente, Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Eduardo Ledesma Romo,

Ángeles Nazares Jerónimo, Luis Carlos Campos Villegas, Nancy González Ulloa, Leonardo Arturo Guillén Medina, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Sonia Mendoza Díaz, Jesús Alfonso Navarrete Prida, Carlos Alberto Pérez Cuevas, Rodrigo Pérez-Alonso González, Norma Leticia Salazar Vázquez, Cuauhtémoc Salgado Romero, José Alfredo Torres Huitrón, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Josué Cirino Valdés Huezo, Alma Carolina Viggiano Austria, Pedro Vázquez González, Arturo Zamora Jiménez.

El diputado Benítez Treviño declaró la existencia del quórum legal. Se inició la reunión con el desahogo del orden del día el cual fue aprobado por unanimidad. Continuando con el punto número tres, se sometió a votación la aprobación del acta de la decima primera reunión y fue aprobada por unanimidad.

En el punto número cuatro se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad.

El punto cinco trato sobre el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la minuta del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, y de las Leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Policía Federal, de Telecomunicaciones y General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que remite la honorable Cámara de Senadores.

Aquí tomó la palabra el diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, presidente de la comisión, para hacer reflexión: El Senado de la República nos ha enviado un proyecto de dictamen; nosotros compartíamos con ustedes que hemos tenido ocho propuestas de ustedes, distinguidas diputadas y distinguidos diputados, en las que hacen inteligentes y valiosas aportaciones al dictamen. Han sido consideradas en, valga la redundancia, en los considerandos, todas; muchas coinciden con el dictamen del Senado. Partimos de una premisa fundamental: “Toda ley es perfectible”, las únicas leyes perfectas son las de la naturaleza; el derecho es una ciencia de aproximación, no de precisión como las matemáticas.

El dictamen que aprobó el Senado de la Republica por unanimidad, tiene varias características:

Primero. Es reglamentaria de la fracción XXI, del artículo73 constitucional, que nos obliga a ambas Cámaras a legislar en materia de secuestro.

Segundo. Es una ley general, no es una ley federal. Es una ley general que establece la concurrencia de autoridades federales y estatales en la persecución sanción y castigo del delito de secuestro.

Tercero. Establece tipos penales y sanciones correspondientes. De 20 a 40 años en el secuestro normal, por llamarle de alguna forma de 25 al 45 en el secuestro exprés, de 25 a 55 o cuando intervienen parientes o cuando se hallan en domicilio, cuando se ejerce violencia, cuando se mutila al secuestrado, y cuando participan servidores públicos de todas las corporaciones policíacas o encargadas de procurar y administrar justicia. Contempla adicionalmente que esta pena de 20 a 40 años se incrementará cuando haya mutilación, y lo más grave, pérdida de la vida del secuestrado con 40 a 70 años.

Estamos hablando de una cadena perpetua que he propuesto para tres delitos: Para homicidio calificado, para violación tumultuaria, para secuestro cuando hay mutilación o pérdida de la vida del secuestrado.

Además tiene otras bondades a la ley. Establece la obligación para el Ministerio Público de actuar de oficio, a los servidores públicos de las áreas de procuración de justicia a denunciar el secuestro que es uno de los graves problemas, porque en la estadística que tenemos de cada cuatro secuestros que se realizan, solamente se denuncia uno.

Se establece un fondo para la reparación del daño y para el apoyo a las víctimas del delito. Se establece la supletoridad del Código Federal de Procedimientos Penales cuando las entidades federativas no hayan legislado en la materia.

Se establece un programa de protección para los testigos, con un plazo de hasta un año para que emitan las disposiciones reglamentarias, el procurador general de la República, los procuradores de las entidades federativas.

Se establece un plazo de 180 días para conformar el fondo para la atención y para la prevención, sanción, persecución y castigo de los secuestrados, la prevención de los secuestros, la ayuda psicológica, la ayuda médica, distingue entre lo que es la víctima del ofendido. La víctima es la persona secuestrada, el ofendido son sus parientes hasta el cuarto grado por consanguinidad, segundo por afinidad por sus dependientes económicos.

Asimismo este dictamen que viene del Senado, tiene muchas bondades. No es una ley perfecta, porque desgraciadamente el destinatario de la ley es el animal más imperfecto que existe, que es el ser humano. Pero siento que es un parte aguas en el combate para este delito que tiene irritada a la población, que tiene enojada a la población por la impunidad en que vivimos, por la falta de acción de las autoridades encargadas de perseguirlo, por la falta de decisión, de las autoridades judiciales, que por cierto, la ley establece la obligación para los jueces de cuando emitan sentencia condenatoria, invariablemente, tienen que condenar al pago de la reparación del daño.

Con estos argumentos, les quiero pedir a todos ustedes en un acto de reflexión compartida, aprovecho la presencia de dos luchadores mexicanos singulares, doña Isabel Miranda de Wallace, don Alejandro Martí que están aquí con nosotros. Que han dado una muestra de coraje, de decisión, de valentía, para impulsar todas las acciones que tiendan a contrarrestar este grave flagelo que hoy azota a la sociedad mexicana. Un último dato. En el año 2005, se cometieron 325 secuestros, de enero a junio de 2010 llevamos 674. Si nosotros extrapolamos ésta cantidad a fin de año llegaremos a mil 248 secuestros. Es decir, que se han incrementado en 5 años un 400 por ciento el delito de secuestro. Que cada año hay incremento del 23 por ciento.

Creo que vivimos un momento muy delicado de crisis en materia de justicia, de una impunidad que agravia que enoja a la sociedad mexicana y que tenemos que combatir todos nosotros. Les ruego compañeros que en un acto de solidaridad de está ejemplar comisión, como siempre la hemos tenido, que es de las más productivas del Congreso, aprobemos el dictamen que viene del Senado, para que iniciemos una nueva vía legislativa, no será la primera, no será perfecta, no estará acabada, pero será un gran paso en la lucha contra el secuestro y la impunidad en este país.

Tomó la palabra el diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida diciendo que haría algunas observaciones al artículo 23: Los delitos previstos en esta ley se prevendrán, se investigaran, se perseguirán y se sancionaran por la federación cuando se trate de los casos previstos en la Ley Federal de Delincuencia Organizada y cuando se apliquen las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Código Federal de Procedimientos Penales Se refiere a las reglas de conexidad de delitos y si hay conexidad de delitos, discrecionalmente procede la atracción de la autoridad federal, según el código procesal, o cuando el ministerio público de la federación solicite a la autoridad competente de la entidad federativa, le remita la investigación correspondiente. Esto en realidad sigue siendo lo mismo que el párrafo anterior, porque no es una discrecionalidad absoluta, tiene que haber conexidad de delitos federales, partiendo de la base que la materia penal es una materia de coordinación entre niveles de gobierno. Esta es la parte que me preocupa, atendiendo a las características propias del hecho, así como las circunstancias de ejecución o relevancia social de éste. Dice en los casos no considerados en el párrafo anterior serán competentes las autoridades del fuero común. ¿Qué hipótesis saldría de este párrafo, que sería competencia del fuero común? La única hipótesis que puede salir del párrafo es que se ha cometido por dos o menos personas o se trate de un autosecuestro, porque qué delito de secuestro en banda organizada no es cometido por más de tres personas, se utilizan armas de alto poder, están utilizando medios de ejecución federales y son competencia de la federación en la propia ley general. Lo que parecería es que se federaliza el delito del secuestro en el entendido que quien va a conocer permanentemente el delito de secuestro es la Procuraduría General de la República, porque cada vez que se encuentren en una hipótesis no contemplada en esto, son las hipótesis menores, se tiene que ir a lo que está diciendo el propio artículo 23. Esto significa que los códigos penales, locales de todas las entidades, los congresos locales, tienen que derogar de sus códigos penales el delito de secuestro, porque tenemos que entrar en esta hipótesis, y que muchas conductas en códigos penales locales que pueden estar contempladas como asimiladas al secuestro que no están comprendidas en esta ley, quedan en el vacío jurídico frente a la conducta. Dice el artículo, creo que es el noveno, que el delito de secuestro no es descriptible, sin embargo rompe, sería la excepción, una ley considerada especial, rompe las reglas generales procedimentales de la prescripción, todos los delitos por certeza jurídica tienen que tener un rango de prescripción. El delito de lesa humanidad, que sería imprescriptible, en nuestro país ni siquiera se aplica. Hay un caso, además muy sonado, a la mejor tendríamos que ponerlo, no estoy discutiendo si sea bueno o malo, estoy señalando el hecho. El delito de secuestro en la minuta que nos presentan es imprescriptible. Hay una conducta más abominable que el secuestro, que es el homicidio, que sí es prescriptible. ¿Qué significaría para un secuestrador, que sería mejor asesinar que seguir bajo la hipótesis del secuestro, en el entendido que le pueden aplicar la pena de 70 años, pero el tema no es la pena, el tema es la prescripción, de cuándo le empieza a correr frente a una imprescriptibilidad del delito del secuestro y la conveniencia de irse mejor a un homicidio para que le corra el tiempo. Además por mera técnica legislativa es que señala los tipos de secuestro, técnicamente lo correcto sería el tipo de secuestro y sus modalidades, ¿por qué? Porque la conducta es genérica, no son conductas distintas, es una conducta que tienen distintas modalidades, que es privar ilegalmente de la libertad a alguien, sin embargo eso no lo dice la minuta. La minuta habla de privación de la libertad, en el país hay privaciones legales de la libertad. Tendría que especificarse, siendo la materia penal de sentido estricto. Creo yo que podemos encontrarle alguna salida, habría que perfilarla cómo sin detener el proceso legislativo de esta importante minuta. Sí debo externar con claridad y pedir que se asiente en estos comentarios, porque no son menores, en esta comisión hay ex procuradores estatales, un ex procurador general de la República, además respetadísimo, es el presidente de la comisión, yo mismo, y cuando analizaba esto frente a los bienes tutelados, no podía sino hacer con toda seriedad la reflexión de, si yo me encontrara en una hipótesis así, me sentiría más fortalecido para perseguir en un delito de secuestro o menos fortalecido. A veces la respuesta no sería tan favorable. Lo dejaría como una reflexión ¿qué es lo que entiendo? Que si le metemos mano a la minuta, lo que tiene que hacer es que vuelva a ver comisiones allá en el Senado, por lo tanto también pedirle su publicación. Eso me queda muy claro, por eso hablo del sentido pragmático, sin embargo y en aras de reconocer el enorme esfuerzo que hay detrás de esta minuta, yo lo dejo simplemente en el tema de la reflexión colectiva y que empecemos a platicar sobre el mismo tema y veamos qué es lo que más conviene.

Diputado Pedro Vázquez González: Después de haber escuchado con mucha responsabilidad los comentarios del diputado, sé que son textualmente los mismos que su asesora expresó en la reunión última que se llevó a cabo, donde en una sesión de trabajo, los asesores abonaron parte de la actividad de esta comisión. Me parece que es consecuente que los haga públicos aquí y que de esta sesión quede constancia de los mismos. En justicia, reconocer que si bien es cierto, la minuta nos fue turnada formalmente apenas el pasado 7 de septiembre, reconocer la disposición y el interés del presidente de la comisión, de convocar de inmediato, turnárnosla a los integrantes de la comisión y en un periodo relativamente corto, estar abordándola en una reunión formal de la comisión. Eso yo lo veo muy positivo, pero también como grupo parlamentario tengo que expresar que no podemos renunciar a nuestro derecho como legisladores, en este caso como Cámara de Diputados, de nuestra función revisora, creo que es una facultad legal y constitucional que nos corresponde y nosotros no estamos de acuerdo en renunciar a ella, no podemos aceptar la minuta del Senado en los términos que viene, porque tenemos consideración que en su oportunidad y por escrito hicimos llegar, desde que el presidente de la comisión nos turnó. El Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo en esta LXI Legislatura apoyamos la reforma al párrafo primero de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2009. Iniciando su vigencia, el día siguiente, 5 de mayo; la fracción XXI del artículo 73 le otorga al Congreso de la Unión la facultad para expedir una Ley General en Materia de Secuestro, que establezca como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias, y las formas de coordinación entre la federación, Distrito Federal, los estados y los municipios. Ahora, como lo señalaba corresponde a esta Cámara conocer de la minuta enviada por la colegisladora el pasado 29 de abril de este año, y turnada formalmente a esta Comisión de Justicia, apenas el pasado 7 de septiembre de este año. Quiero mencionar que el pasado 27 de mayo, por instrucciones del presidente de la comisión se nos turnó copia de la minuta enviada por el Senado. En fecha 15 de junio se realizó una reunión con asesores, como ya lo señalé, con el compañero diputado Josué Cirino Valdés Huezo; de dicha reunión todos los grupos parlamentarios formularon observaciones a la minuta materia del dictamen que se nos presenta. Comento que envíe los comentarios y sugerencias relativas al análisis y dictamen de 11 iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; Ley de la Policía Federal; Ley Federal de Telecomunicaciones y de la General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y se expide la Ley del Fondo Nacional para el Combate al Secuestro, la Ley Antisecuestro, la Ley General contra el Secuestro. La Ley General en Materia de Secuestro, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestros reglamentar el artículo 21 fracción XXI del artículo 73 de la Constitución General de la República”. En referencia a esto expreso los siguientes comentarios. Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el secuestro está relacionado con una serie de factores complejos, a saber, la impunidad, la falta de cultura de la denuncia, y la desinformación. Sin duda, la pobreza y el desempleo son factores generadores de la violencia, lo que induce a muchas personas a cometer el delito de secuestro. Estamos conscientes de que el secuestro crece día a día, pero también crece la inseguridad jurídica de manera ineficaz, y con arbitrariedades, lo que desde nuestra óptica genera impunidad y corrupción. Sin duda, la pobreza y el desempleo son factores generadores de la violencia, lo que induce a muchas personas a cometer el delito de secuestro. Por eso expedir una ley en materia de secuestro merece un estudio amplio, general y profundo de las causas que lo generan, pues consideramos que la llamada industria del secuestro se ha convertido en una fuente inagotable de recursos para las bandas de plagiarios. En este tenor —y que quede bien claro—nos manifestamos a favor de la presente Ley para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestros, en los siguientes puntos, en lo particular. La reforma obliga a la autoridad a actuar de oficio, aún si no existe denuncia alguna evita que el delito prescriba y orilla a autoridades a crear programas para la protección de personas y testigos. 2. El dictamen señala que una investigación de secuestro tampoco podría enviarse a la reserva, y los secuestradores que hayan purgado una condena podrán ser vigilados por la policía durante cinco años posteriores a su liberación. 3. La reforma obliga a las procuradurías estatales a crear y operar unidades especiales para la investigación del secuestro. 4. Asimismo permite que la sentencia condenatoria por secuestro contemple la reparación del daño a las víctimas, cuyo monto fijará el juez de la causa. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo también se manifiesta en contra de las penas desorbitadas e inusitadas, porque en los hechos se está instaurando la cadena perpetua, que además, como ya lo referimos está prohibida por la Constitución General de la República y, al mismo tiempo, no se cumpliría con el fin o principio de readaptación social, pues es de recordar que el fin supremo de la pena es la de readaptar socialmente a los delincuentes. Consecuentemente, nos manifestamos en contra de lo que señalan los artículos 9, 10 y 11 de la minuta que estamos discutiendo. De igual manera, nos manifestamos en contra de lo que se propone en el artículo número 25, de la ley que estamos discutiendo. Lo anterior, porque se ordena a los concesionarios de las redes públicas de telecomunicaciones entregar datos personales de los usuarios a los agentes del Ministerio Público, lo que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera muy riesgoso, pues desde nuestro punto de vista la delincuencia organizada se ha infiltrado en ésta y en muchísimas otras instancias. Nos manifestamos en contra también, de lo establecido en el artículo 37 del Fondo de Apoyo para las Víctimas u Ofendidos. En primer lugar, por considerarlo injusto e inequitativo, pues frente a otros delitos, el Estado mexicano no apoya con recursos a las víctimas y ofendidos, y en segundo lugar, porque las reglas de operación que se señalan no son suficientemente claras en el artículo 38. En el artículo 13, en nuestra opinión, debe de existir una sanción consistente en pena privativa de libertad. Proponemos que se señale en la presente ley, la prohibición de los mediadores o especialistas particulares en materia de secuestro. Lo anterior lo consideramos así, en virtud de que el Estado jamás debe de renunciar a sus facultades de investigación y persecución de los delitos. En el artículo 25, perdón, en el artículo 32, fracción V sentimos que la reparación del daño debe de ser igual al beneficio obtenido, por lo que hacemos la siguiente propuesta de redacción proponemos una redacción que la hago llegar aquí por escrito. Finalmente, los artículos 2 y 18 párrafos primero y segundo deben de hacer mención al Distrito Federal. En relación con el fondo que prevé el artículo 38 de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en el que se prevé la constitución del fondo de apoyo para las víctimas u ofendidos, nuestro grupo parlamentario no está de acuerdo en la entrega de recursos presupuestales prácticamente por todos los años en que esta ley esté en vigor. Nuestro grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que deberán ser entregados recursos públicos hasta por dos ejercicios fiscales, en tanto que el fondo pueda obtener los recursos que se mencionan de las fracciones II a la VII del artículo 38, por lo que hacemos también la propuesta de adición de un artículo transitorio decimotercero. Artículos transitorios primero a duodécimo quedan iguales, decimotercero, “los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación a los que se refiere el artículo 38 fracción I de la Ley de Secuestro para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro se entregarán hasta por dos ejercicios fiscales contados a partir del inicio de la vigencia del presente decreto. “A partir de esa fecha sólo se destinarán al fondo de apoyo para las víctimas u ofendidos, los recursos que se establecen en las fracciones de la segunda a la séptima, del artículo 38 de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro”. En relación con el fondo que se prevé en el artículo 38 de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, en el que se prevé la constitución del fondo de apoyo para las víctimas u ofendidos, nuestro grupo parlamentario no está de acuerdo —insisto— en que la entrega de los recursos presupuestales sea prácticamente por todos los años en que esta ley está en vigor. Nuestro grupo parlamentario plantea que sean entregados estos recursos públicos hasta solamente por dos ejercicios fiscales hasta en tanto se pueda obtener los recursos, como ya lo señalé, de la fracción II a la VII del artículo 38. Por tanto, proponemos la adición de un artículo transitorio tercero. Es importante que dejemos plena constancia de que no estamos de acuerdo en que se renuncie al derecho que tenemos, como legisladores, de revisar lo que la Cámara de origen nos envía.

Tomó la palabra el diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Si hacemos imprescriptible el secuestro, pues también debemos hacer imprescriptible el homicidio, y no quitar el secuestro de que sea imprescriptible. Creo que son temas que podemos retomar para complementar, y no tratar de que la minuta no vaya a pasar por algunos detalles. Puede ocasionar algún tipo de operatividad, pero de entrada creo que tiene solución, o sea que es salvable en ese tema y perfeccionar algunas penas, que están mucho más arriba que otras, dependiendo de la modalidad que vemos ahí. Sin embargo, ninguna de ellas es menor. Es decir, cualquiera de ellas consideramos suficiente para castigar este flagelo. Una vez que opere la minuta seguramente saldrán otros temas porque la sociedad se transforma y la manera de operar muchas veces la conocemos en el momento en que se está judicializando una nueva ley.

Tomó la palabra el diputado Camilo Ramírez Puente: Tenemos una minuta que ha sido trabajada con detalle, a conciencia. Creo que como todos los aspectos jurídicos, puede haber apartados en los que no coincidimos en su totalidad, por nuestra propia preparación profesional, por nuestras habilidades jurídicas, por todo lo que engloba y hace distinto a cada profesionista, a cada persona. Sin embargo, creo que tenemos ante nosotros una oportunidad muy importante hoy de dar una respuesta clara y enérgica a la sociedad, en el sentido de que esta organización, el Poder Legislativo, hace un eco y un sentir de lo que está pasando en nuestra sociedad mexicana. Creo que tenemos una realidad afuera que nos exige respuestas contundentes, y nos exige que si esto no es perfecto, que mañana y más tarde estemos trabajando para que esto sea perfecto. Pero que ya no podemos dilatar a pretexto de nada un trabajo que se hace imprescindible. Respeto la opinión de todas y de todos, pero creo que también desde afuera de estos muros la sociedad está esperando respeto de nosotros, y que no nos dilatemos más. Estoy cierto que la ley no es perfecta, pero entendemos también que una ley tiene modificación momento a momento, ya no digo día con día. Y esta Cámara y la Cámara de Senadores y las legislaturas de los estados tienen la obligación de trabajar continua y permanentemente en mejorarla si esto tuviese una necesidad. Creo que hoy podemos irnos tranquilos si secundamos las propuestas y las hacemos propias, en el sentido de que de una buena vez votemos esta ley.

Diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Quería hacerles una pregunta a los diputados Alma Carolina Viggiano Austria y Alfonso Navarrete Prida. Se nos está solicitando que aprobemos hoy el dictamen, más allá de todas las deficiencias que observamos que tiene. Algunas son de forma, algunas serían menores, algunas evidentemente pueden reformarse en una revisión posterior y no implicaría daños graves. Pero hay dos temas que en este momento me inquietan. El asunto de que hasta en tanto no hagamos que no sea prescriptible el delito de homicidio. Con esto me pregunto sí estaríamos con esta ley abriendo la tentación a los secuestradores a que les resulte más barato matar que secuestrar. Ese es un elemento que está aquí y quedaría señalado en la ley. Esta es una inquietud de las que me parecerían fundamentales; la otra es la conciencia de que estamos federalizando este delito, el que los procesos arrasarían a esta estructura federal más allá de que los resultados que en la práctica la procuraduría federal nos esté dando, en relación a la persecución del delito en general, a la eficacia y la eficiencia de la procuraduría son algo que pongo en duda. Más allá de eso, le librar de esta responsabilidad a los estados, me genera la inquietud y la pregunta directa a estos dos diputados, en el sentido de dado el llamado a que votemos en este momento el dictamen, en su valoración qué consideran ustedes que es mejor, el que hagamos las modificaciones que todos vemos requerirían para regresarle al Senado una propuesta que atienda a estas inquietudes y que la ley quede como está, o que efectivamente, como se nos señala por varios de los diputados, aprobemos este instrumento que es mejor. Esa sería la pregunta en concreto. ¿Ustedes considerarían que este instrumento que estaríamos aprobando es mejor a lo que tenemos actualmente aun con estos riesgos? Y en consecuencia, ¿opinan que es de aprobarse en este momento? ¿O consideran que estas son tan graves, que sería mejor hacerle las correcciones y regresarlas al Senado? En el entendido, además, y creo que esto es importante señalarlo, que en éste, como en ningún otro tema, todos queremos aprobar la ley, todos queremos que prospere y todos queremos desde luego ponernos al corriente con esta asignatura que tenemos con la sociedad.

Diputada Alma Carolina Viggiano Austria: En primer lugar quiero reconocer que el señor Martí y la señora Wallace hayan transformado su dolor en una iniciativa que va a servir a la sociedad y que, sin duda, nosotros tenemos la obligación de abrazar y de servirles. Es una obligación nuestra. Por otro lado, creo que aquí ha quedado que la voluntad que tenemos es de aprobar ésta y todas las leyes que sean necesarias para mejorar las condiciones de seguridad del país. En primer lugar quiero decir que el problema más importante de México no es de leyes, es un problema de impunidad, es un problema de corrupción. Podemos tener una ley muy perfecta, pero si seguimos con esos dos problemas ninguna ley va a ser suficiente para terminar cualquier problema que estemos viviendo. Por tanto, a veces nos enfrascamos en discusiones técnicas que no son realmente la causa, sino que son los efectos del problema. Por otro lado, ustedes a estas alturas deben estar cansados de escuchar mucha retórica, escuchar discursos, de escuchar muchas cosas y de no escuchar muchos avances. De entrada quiero dejar muy clara mi voluntad de aprobar esta ley. Pero también quiero dejar, en esa voluntad, muy claro que sí observo deficiencias técnicas. Tal vez, respondiendo a la pregunta que me hace mi compañera Enoé Uranga, no son tan graves, en el sentido procesal. Ahora bien, debo aclarar una cosa: toda ley, como lo señaló el presidente, es perfectible. Es muy probable que esta ley el próximo año la estemos reformando, porque ya en el uso seguramente no sólo encontraremos estas deficiencias. Pero sí quiero señalar algunas, para que ustedes valoren si podemos entrar a una cuestión civilizada de poder modificar la minuta y devolverla al Senado, de tal suerte que hagamos más perfectible lo que hoy tenemos, o lo votemos como está y, simple y sencillamente, tengamos muy claro que va a ser necesario una reforma en primer lugar, porque insisto, su práctica así nos lo va a exigir; creo que el problema de este delito y otros es un problema que tiene otro tipo, es multifactorial lo que la está propiciando, pero eso no es motivo de esta reunión. Miren, el artículo 5o, dice: El ejercicio de la acción penal y la ejecución de las sanciones por el delito de secuestro son imprescriptibles. Por supuesto que esto es polémico, por supuesto que es incluso contradictorio con otro delito que tutela un bien, jurídicamente muy grave, que es la vida. Ni siquiera el homicidio tiene esta característica. Creo que eso, lo único que hace, es avalar la ineficacia de nuestras autoridades. Te doy mucho tiempo para que resuelvas un asunto que no vas a ser capaz de resolver en un año que te da la ley. Entonces, no le veo que eso ni ayude, ni afecte, simplemente es contradictorio en término estricto de lo que ya tenemos establecido. Sería más a favor de que estuviéramos a lo que señala el artículo 104 y 105, del Código Penal Federal, que ahí nos señala con toda claridad este tema. Por otro lado, el artículo 10 dice: Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente ley se agravarán: a)-e)..... f) Que la víctima sea una mujer en estado de gravidez. Soy mujer y creo que eso debe ser una experiencia sumamente grave, sumamente compleja. Pero no basta que la víctima tenga determinadas particularidades físicas o biológicas para agravar la pena, sino que es indispensable que el sujeto activo tenga conocimiento de dicha circunstancia y, pese a ello, determine desplegar su acción. Por eso considero que el inciso f) debe decir: cuando la conducta sea cometida a sabiendas de que la víctima es una mujer en estado de gravidez. Tal vez, insisto, en la mayoría de los casos no vamos a encontrar este caso de manera recurrente. El artículo 20 dice: “ la autoridad judicial podrá ordenar que las personas que hayan sido condenadas por conductas previstas en el presente ordenamiento queden sujetas a vigilancia por la autoridad policial hasta por los cinco años posteriores a su liberación”. Considero que debe aclararse el contenido del presente artículo, de tal manera que se disponga que la medida de vigilancia sea parte de la sentencia y no una disposición ajena a ésta, para que tenga mayor contundencia. Es decir, que diga: La autoridad judicial podrá ordenar dentro de la sentencia respectiva; y todo lo demás. El artículo 21 dice: “las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno se coordinarán a través del Centro Nacional de Prevención y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo”. Este es un asunto que sólo es una omisión, porque lo que debe de decir es “Centro Nacional de Prevención del Delito”, que no lo dice. Les quiero comentar precisamente que esta comisión, el presidente y su servidora, hemos promovido una ley de prevención social de la delincuencia que está en el Senado y que incluso la van a aprobar con modificaciones y nos la van a devolver; y no hay ningún sentimiento, por el contrario, qué bueno que se interesen en perfeccionarla y que podamos avanzar, porque incluso estamos haciendo esa modificación de manera conjunta. Me parece que se trata de darle las mejores leyes a los mexicanos.

Por otro lado, el artículo 23, que es tal vez el que más ha causado aquí discusión, lo relacionado con los delitos previstos en esta ley se prevendrán, investigarán, perseguirán y sancionarán por la federación cuando se trate de los casos previstos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, etcétera. Les quiero decir que del análisis que hice existen un sin número de conductas previstas en los Códigos Penales locales, como delictivas, las cuales no son tipificadas por este proyecto, el que estamos estudiando, lo que podría ocasionar lagunas legales. Considero que debe adicionarse un párrafo que disponga que aquellas conductas, previstas por los Códigos locales, deban ser competencia de las autoridades del fuero común, aun cuando la Ley General no las considera. Eso podría ayudar a omitir o a no permitir que haya una laguna. Por cuanto hace al artículo 36, quiero decirles que cuando hablamos del embargo que debe ser solicitado por el agente del Ministerio Público puedan repararse el daño de manera adecuada, si se añade el término precautorio a la redacción del artículo no tendríamos que esperar a que exista una sentencia para realizar este paso. Esto también podría ayudar. Yo les invito, el fondo, el objetivo de la ley, me parece que todos lo compartimos. Han llevado, es cierto, unas reuniones de conferencia y han llevado un documento que hoy tenemos aquí, que todos con generosidad debemos apoyar para que pueda salir adelante.

Diputado Josué Cirino Valdés Huezo: Mi participación es para fundar mi voto favorable al proyecto de dictamen de la minuta proveniente del Senado de la República. Expondré brevemente, los argumentos por los cuales votaré en favor de la minuta. En primer lugar, existió un compromiso de varios de los grupos parlamentarios hace tiempo con representantes de organizaciones de la sociedad civil en esta materia, donde se había abierto la posibilidad de aprobar este dictamen en el periodo de sesiones anteriores. Creo que por efectos del proceso parlamentario, a veces se dilatan muchas cosas, que la sociedad ya está reclamando de una manera contundente. Ése sería mi primer argumento. En segundo lugar debemos considerar que no es asunto nuevo, a pesar de que el turno formal que recibió esta comisión fue reciente, pero no es un asunto nuevo que todos ya hemos tenido posibilidad de analizar y recordemos también que tuvimos la posibilidad de verter los argumentos cuando se nos convocó al trabajo de conferencia que tuvimos en el Senado de la República. Ahí los diputados que quisimos asistir y que con responsabilidad asistimos a esos trabajos de conferencia, vertimos toda una serie de argumentos que teníamos sobre, en aquél entonces, la iniciativa del Poder Ejecutivo y creo que varios vertimos esos argumentos y ahora muchos de los argumentos que se encuentran en las iniciativas presentadas por varios de los aquí presentes están contemplados en esta minuta. Sólo referiré algunos: en la iniciativa original no se precisaba con claridad el tema del Fondo Antisecuestro. En la minuta actual, en la iniciativa, por ejemplo, el Partido Verde, también de otros grupos parlamentarios ya se incorpora el tema del fondo. La iniciativa original del señor presidente de la República contenía algunas disposiciones que no satisfacían al PRD, como el caso del secuestro denominado político, donde se sancionaba con penalidades desde el tema de secuestro a luchadores sociales que retenían temporalmente a autoridades. Este tema el PRD no estuvo de acuerdo y se modificó el tema en el Senado. El tema, por ejemplo, de la infiltración de agentes, que originalmente la iniciativa del Ejecutivo se proponía la infiltración de agentes este tema, que fue rechazado por varios grupos parlamentarios. El tema de la competencia que preocupa mucho y que estuvimos analizando a fondo con distintos catedráticos, también ex procuradores de Justicia de varias entidades, se modificó también, porque el artículo original que venía en la iniciativa era un artículo bastante complejo que no nos satisfacía a nadie. Hicimos vale ese comentario ante el Senado y el artículo que se presenta hoy en la minuta lo consideramos un artículo más acabado donde, evidentemente, como señala el diputado Navarrete, ya se clarifica muy bien la competencia que corresponderá a la federación de la que corresponde a las entidades federativas. No se está federalizando el delito en términos teóricos, aunque en la práctica, y lo he dicho también, sí se aumenta la competencia de las autoridades federales en éste. Yo no estoy en contra de esto, por una razón, me ha tocado; a la mejor yo no he sido procurador o no he tenido altos cargos en el Ministerio Público, pero he tenido familiares secuestrados, he sido como abogado participante en casos de secuestro y ¿qué sucede en la práctica? Que a veces, lamentablemente, las autoridades de distintas entidades federativas se echan la bolita, porque el secuestro se cometió en un lugar, porque tienen detenida a la víctima en otro estado, porque las llamadas se hacen de otro estado, y como antes era competencia local, a la mera hora nadie le responde a los pobres familiares de la víctima. Yo he estado también de ese lado y verdaderamente es tortuoso para la víctima estar ahí detrás de las autoridades de un estado y de otro estado y de otro estado, a ver quién les hace caso. Me parece un buen artículo éste, porque ya está responsabilizando un poco más a la federación en este tema, tomando en cuenta el asunto de la delincuencia organizada. En la iniciativa del Partido Verde Ecologista, se proponía la federalización del delito, en la iniciativa de la legislatura pasada que firmó el diputado César Camacho y otros diputados del grupo parlamentario del PRI también se proponían la federalización directa. En la iniciativa del Partido Acción Nacional se habla como quedó, finalmente, de una cuestión de Ley General como lo ha establecido la corte, que reparte competencias entre federación y estados, por tanto no se está federalizando el delito en términos teóricos, aunque sí se le está asignado mayor responsabilidad a la federación. Le veo otras bondades al dictamen, como que se obliga más a los concesionarios de telecomunicaciones a cooperar y a colaborar más con las autoridades, porque a veces no se encuentra esta cooperación, y en fin. Distintas otras bondades que yo le encuentro y que no veo tanto el peligro de una derogación de tipos que aquí se plantea, por la razón de que es una ley que se reparten competencias, pero que si no se asignan directamente a la federación, creo que acudimos a la regla general del 124 constitucional, de que las atribuciones no asignadas a la federación se tienen a reservadas las entidades federativas. Por esos argumentos, un servidor, a su leal saber entender, sería delicado que esta comisión no aprobara, en sus términos esta minuta, considerando y reconociendo también algunas deficiencias y muchas de forma, pocas de fondo.

Diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas: Nos encontramos en este momento en un compromiso con muchísima responsabilidad. Esto es un parlamento y en un parlamento está la posibilidad de análisis jurídicos, análisis técnicos. Si bien es cierto que en algunos aspectos concretos que no abordaré, porque algunos los han abordado de técnico jurídica y de técnica legislativa, este ejercicio pudiese ser perfectible vale la pena expresar que todo ejercicio humano, como en éste de creación de la norma es perfectible. Vale la pena dejarlo puntualizado y muy claro, porque no hay ley perfecta. Bajo estas circunstancias es un mecanismo o un instrumento que en este momento nos da una pauta para tener una base jurídica, con todo en el tema del secuestro. Vale la pena expresarlo, porque si nos quedamos en las particularidades, que por fortuna no afectan el fondo de lo que estamos discutiendo, es que debiésemos de analizar esta minuta, esta reforma en su integralidad, en su beneficio. Bajo estos dos aspectos, por la integridad entendemos que es un instrumento mucho mejor de lo que ahora no existe o que existe con algunas carencias en algunos lugares y por mayor beneficio es que tiene una trascendencia tal que supere, inclusive, esas pequeñas fallas que pueden ser corregibles. Urge a México dar una señal clara, no sólo en este tema que tiene que ver con una cuestión muy sentida por todos los sectores de la ciudadanía. Porque creo que estamos frente a un tema que nos obliga hablar por los que tiene voz y por los que no tienen, porque hay muchos agraviados en este país, que no tiene voz, que tienen recursos, que tienen posibilidad de vivir el dolor y la pena que es perder a un familiar, perder a un ser querido y no tener las condiciones si quiera de poder esperar que pueda regresar al seno familiar o de convivencia. Apelo a mis compañeros diputados a que aprobemos en sus términos esta minuta. Lo digo con mucha responsabilidad siendo uno de los creadores de una de las iniciativas de ley general antisecuestro, que presente el 4 de noviembre de 2009 y que recurrió a un análisis muy categórico de lo que había sido el secuestro, y que en aras de verdaderamente construida lo que el país requiere, estamos en la disposición. Así lo exprese al presidente de la comisión en su momento, incluso dejar de lado esa iniciativa que construimos que nos llevo algún tiempo, que representaba a la propia bancada de Acción Nacional. Pero, que hoy en la necesidad de verdaderamente dar muestra de que los diputados queremos hacer algo por este país. Hoy tenemos claridad de que mi voto, dejando de lado mi iniciativa, va por esta minuta. Me atrevería a decir, porque así lo hemos comentado el voto de la bancada de Acción Nacional. A México le urgen muestras claras de que sus poderes están trabajando. Celebro que sea la Comisión de Justicia, no será la primera desafortunadamente, porque en Puntos Constitucionales ya aprobamos la reforma de amparo, que está pendiente de subir a pleno y que aprobamos apenas hace unas semanas, que es muy trascendente para fortalecer al Poder Judicial, y sobre todo, para tener figuras integrales cuando se determina que un acto es violatorio de la constitución, se vuelve un acto general o generalizado. Bajo éste parámetro, presidente, esperaría que mis compañeros diputados, que ojalá pudiese ser por un tema de unanimidad, dado lo que se ha comentado respecto de los puntos concretos en los que hay divergencia no tienen, al menos en lo expresado por ellos mismos, a un asunto de mucho mayor fondo o mucho más grave de lo que implica la ley en su generalidad que la aprobáramos por unanimidad. Sería una muestra muy clara de que queremos darle al país un instrumento sólido en materia antisecuestro y que si me lo permiten, para concluir, todavía en esta etapa de la celebración del bicentenario, que este sea un tabique más del gran muro que tenemos que construir en el sistema de justicia que tanto le hace falta a este país, que tanto esperamos todos los mexicanos y que hoy podemos dar muestras claras de que podemos llegar a acuerdos por el interés de la nación y de los ciudadanos afectados. Presidente, enhorabuena, y de la bancada de Acción Nacional tiene el respaldo para poder aprobar esta minuta.

Diputado Rodrigo Pérez-Alonso González: Nosotros como partido de oposición en nombre mío y del diputado Eduardo Ledesma Romo, creemos que toda ley, obviamente y perdón por el cliché, es perfectible. Todo instrumento humano es perfectible. Obviamente esta minuta tiene algunas deficiencias que pueden ser perfectibles y se pueden arreglar con posterioridad. Sin embargo, lo que creo que es muy importante es que la sociedad mexicana ya nos exigen resultados, exige resultados de sus autoridades, exige resultados del Poder Legislativo, y en específico de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Justicia. Es decir, nosotros estamos representando este Poder Legislativo a través de la Comisión de Justicia, y es por eso y cada uno de los que estamos aquí sentados tenemos la responsabilidad de aplicar leyes, iniciativas o minutas que tengan que ver o que perfecciones las leyes en materia de secuestro. Entonces, por ello quisiera manifestar a nombre del partido verde, de los diputados que integramos esta comisión que nos complace saber que estamos compartiendo está responsabilidad, estamos a favor del proyecto de dictamen que se está presentado en esta Comisión de Justicia y quisiera también manifestar nuestra complacencia, porque nosotros tanto en el Senado, como en la Cámara de Diputados, presentamos iniciativas con respecto a un fondo antisecuestro, un fondo para reparación de víctimas de delito de secuestro. Además se está tomando en cuenta la opinión de la sociedad civil organizada como los dos presentes aquí. Por ello, no me queda más manifestar que estamos a favor del proyecto de dictamen como viene en sus términos y nos complace saber que es un esfuerzo incluyente que ha estado mucho tiempo trabajándose.

Diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo: También el Partido de la Revolución Democrática, en aras de tener una ley que combata este grave flagelo que azota a la sociedad y que es una demanda de está, coadyuvado con la presentación de una iniciativa que se presentó en el periodo legislativo pasado y que bueno nosotros hacemos una serie de planteamientos, cabe mencionar que fue la primer iniciativa como Ley General Reglamentaria del Artículo 73 de la Constitución, donde nosotros hacemos una serie de propuestas que van encaminadas en todo momento a proteger la integridad física y la vida de la víctima. Ése es el principal objetivo y el principal fundamento de esta iniciativa que nosotros propusimos en esa ocasión. También cabe mencionar que no existe una ley perfecta, que precisamente existen los cuerpos legislativos para ir perfeccionando ir adecuando las conductas que se van dando en la sociedad, adecuándolas a las leyes que se van requiriendo en ese momento la sociedad. El Partido de la Revolución Democrática, con una responsabilidad que ha asumido frente a los ciudadanos en un acto de responsabilidad que ha venido plasmando, las iniciativas que ha venido presentando y que hoy va a votar a favor de esta minuta que viene del Senado. Todas estas partes ya vienen en la minuta que viene del Senado. Por ello, nosotros como partido de la Revolución Democrática, como integrantes de esta Cámara, vamos a votar a favor esta minuta. Pero también vemos la necesidad que es necesario aprobar esta minuta tal y como viene, que no se entrampe de nueva cuenta en el Senado o aquí mismo en la Cámara de Diputados, sino que tenemos que responderle a la sociedad con un producto legislativo que en el futuro puede perfeccionarse, que estas consideraciones, estas aportaciones que nosotros hemos venido haciendo las podemos hacer de manera posterior, pero que ahora ya sea un hecho, que ya sea una realidad, que ya sea una ley, que esté vigente en nuestro país y que combata a la delincuencia.

La propuesta del diputado Alfonso Navarrete Prida es un transitorio de entrada en vigor de un número determinado de días; que serian 120 días para que nos dé oportunidad en lo que termina este periodo de sesiones, de hacer los ajustes, y que pueda ir al Senado de la República haciéndoles notar estas consideraciones.

Diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, presidente de la comisión: Antes de pasar a votación quiero hacer alguna reflexión. Insisto con lo que decía hace un momento. Fíjense que cuando se aprobó la Constitución en México había 15 millones de habitantes. Eso explica más de 600 reformas a la Constitución, porque hoy somos 108 millones de mexicanos. Nos quedó corta la Constitución, porque la realidad es implacable. Por otro lado, el orden jurídico está resquebrajado por la realidad, por la impunidad, la falta de eficacia de las instituciones encargadas, el artículo 17 constitucional, establece que la justicia debe ser gratuita expedita. Y tenemos procesos que llevan hasta cinco años. En algunos ya hasta se murieron los jueces.

Se sometió a votación en lo general la minuta remitida por el Senado de la República. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la minuta de proyecto de Decreto por el que expide la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos; y se reforman, y adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de las Leyes Federal contra la Delincuencia Organizada; Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Policía Federal; Federal de Telecomunicaciones; y General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, que remite la honorable Cámara de Senadores.

Se sometió a votación, por lo que se pidió a las diputadas y los diputados que estuvieran a favor de la propuesta se manifestaran diciendo su nombre, grupo parlamentario y su voto.

Fue aprobada, en lo general y en lo particular, por 23 votos a favor y ninguno en contra quedando los votos de la siguiente manera:

Diputados: José Alfredo Torres Huitrón (PRI), Nancy González Ulloa (PAN), Leonardo Guillén Medina (PAN), Eduardo Ledesma Romo (PVEM), Óscar Arce (PAN), Carlos Alberto Pérez Cuevas (PAN), Cuauhtémoc Salgado Romero (PRI), Sergio Lobato García (PRI), José Tomás Carrillo Sánchez (PRI), Ezequiel Rétiz (PAN), Humberto Benítez (PRI), Camilo Ramírez Puente (PAN), Rodrigo Pérez-Alonso (PVEM), Enoé Uranga Muñoz (PRD), Ángeles Nazares Jerónimo (PRD), Alfonso Navarrete Prida (PRI), Luis Carlos Campos Villegas (PRI), Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), Josué Valdés (PRI), Alma Carolina Viggiano Austria (PRI), Norma Leticia Salazar Vázquez (PAN), Pedro Vázquez González (PT, en lo general a favor), Sonia Mendoza Díaz (PAN).

El siguiente punto del orden del día, asuntos generales, el presidente Víctor Humberto Benítez Treviño hizo una propuesta que en la vaccatio legis , que es de 90 días, es la que prevé el dictamen del Senado de la República: Nosotros integremos un grupo plural, como es la comisión que refleje la pluralidad y la riqueza de pensamiento de los diputados, y propongo que este grupo lo presida el diputado Alfonso Navarrete Prida, y que él nos convoque a todos, para que no queden sin abordarse las diferentes aristas que trae este grave problema del secuestro. La cual por mayoría fue aprobada.

A las 19:50 horas fue clausurada la duodécima reunión ordinaria de la Comisión de Justicia.

Atentamente

Diputado Víctor Humberto Benítez Treviño

Presidente