Que expide la Ley para la Protección y Apoyo a los Migrantes y sus Familias, a cargo del diputado Juan Carlos López Fernández, del Grupo Parlamentario del PRD

Problemática

Hace mucho que el tema migratorio dejó de ser uno más dentro de la agenda nacional, para convertirse en un asunto crítico, con múltiples y complejas aristas, que incide sobre diversos aspectos de la realidad social, económica, cultural y política mexicana.

A México lo distingue, en comparación con prácticamente todos los países del planeta, el hecho de ser un país que genera emigrantes hacia otro, en el que radican inmigrantes procedentes de otras naciones, y por el que transitan transmigrantes que utilizan territorio mexicano como vía de paso desde sus países de origen o residencia hacia un tercer país.

Muy pocas naciones en el mundo, si es que existe alguna, viven esta triple manifestación del fenómeno migratorio dentro de sus fronteras.

Ninguno de estos fenómenos es nuevo en México. La emigración hacia Estados Unidos tiene décadas de ser constante y masiva, al igual que el arribo, sobre todo a las entidades federativas del sureste del país, de inmigrantes de Centroamérica. Lo copioso del número de centroamericanos que transitan por México con el anhelo de llegar a Estados Unidos, tampoco es algo reciente.

Lo que sí significa un tema de creciente preocupación en los años más recientes, que no se remontan a más de un par de décadas, es tanto la violencia de que son objeto los migrantes mexicanos cuando regresan a territorio nacional, como las agresiones que sufren los inmigrantes centroamericanos durante su estancia o paso por México.

A lo anterior debe adicionarse el incremento de acciones que llevan a cabo organizaciones criminales en México tendientes a sumar a sus filas a los inmigrantes o transmigrantes, que se encuentran desprotegidos en nuestro país.

El fenómeno migratorio se encuentra jurídicamente regulado en la Ley General de Población, ordenamiento que fue publicado en el Diario Oficial el 7 de enero de 1974 –hace ya 37 años– y que en realidad ha sido objeto de pocas reformas para actualizarlo a las nuevas realidades socio-demográficas que privan en México.

La Ley General de Población es un instrumento jurídico útil para regular y ordenar la internación y estancia documentada y legal de los extranjeros en México, pero es altamente insuficiente para atender y resolver la problemática que enfrentan los migrantes mexicanos que retornan a nuestro país, temporal o definitivamente, y la que viven los inmigrantes y transmigrantes en territorio mexicano.

El Instituto Nacional de Migración, surgido como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación mediante un decreto publicado el 19 de octubre de 1993, en sustitución de la antigua dirección general de Servicios Migratorios, ha venido siendo una institución eficaz, igualmente, para regular y normar las expresiones ordenadas y documentadas de la inmigración hacia nuestro país, pero carece de la organización, los recursos y la vocación para enfrentar la problemática migratorio en sus complejas manifestaciones sociales, económicas y de inseguridad que son cada día más agudas y críticas.

Argumentos que sustentan la presente iniciativa

A la luz de lo expuesto, se presenta esta iniciativa de Ley para la Protección y Apoyo a los Migrantes y sus Familias, que incluye la creación, como organismo descentralizado del gobierno federal, de la Comisión Nacional para la Protección y Apoyo a los Migrantes y sus Familias, que actuaría con la filosofía y el espíritu de un ombudsman de éstos, de conformidad con los siguientes argumentos:

Desde el inicio de la humanidad el hombre ha sido migrante. Fueron las grandes migraciones las que poblaron todos los continentes.

América fue receptora de migraciones, iniciadas con la conquista por españoles y portugueses; vendrían posteriormente esclavos africanos, y durante el predominio británico, ingleses, escoceses e irlandeses; durante las colonizaciones llegaron también franceses, daneses, suecos, holandeses, alemanes y rusos por Alaska; incluso chinos contratados (coolies). En distintos momentos, italianos, judíos y árabes. En general los migrantes llegaron a nuestro continente buscando refugio por razones religiosas, políticas o buscando fortuna y una nueva forma de vida que les permitiera superar la pobreza y mejorar las condiciones de vida que tenían en sus lugares de origen.

Actualmente, no hay ningún continente o región que no tenga migrantes. De todos los países del planeta salen y en todos entran, en mayor o menor medida, ciudadanos de otros países, sean o no vecinos. La migración es un fenómeno mundial, que se produce en lo fundamental como resultado directo de las políticas neoliberales a nivel planetario y se encuentra estrechamente vinculada a la globalización de la economía y el comercio, de la educación, de la cultura, de la ciencia, de la comunicación y en general de todos los procesos sociales, lo cual ha generado nuevas corrientes migratorias que han propiciado una problemática sui generis que ha venido a transformar las relaciones diplomáticas y de diversa índole entre los países y las relaciones sociales al interior de las familias de los migrantes. Otras importantes migraciones ocurren por guerras, persecuciones políticas, étnicas, religiosas o desastres naturales.

Según la directora de la División de Población de la ONU, Hania Zlotnik, en una conferencia impartida en junio de 2009 en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, “alrededor del globo hay 214 millones de migrantes, es decir, el tres por ciento de la población mundial ha abandonado su país para vivir en el extranjero.” La cifra tiende a crecer permanente y rápidamente, si se considera que en 2001 había 175 millones y ya para 2006 había 191 millones de migrantes, de los cuales el 61 por ciento se dirigió a países industrializados –fenómeno llamado “migración norte”– en los que dicho sea de paso, las tasas de natalidad de la población nativa son tan bajos que la inmigración constituye la mayor fuente para el crecimiento de la población. Los principales países expulsores de migrantes son asiáticos, latinoamericanos y africanos.

Los migrantes, particularmente los más pobres de éstos, constituyen un grupo extremadamente vulnerable, en relación con el cual se han aprobado diversas Convenciones internacionales, que si bien ponen en el papel la voluntad de las naciones para establecer y regular mejores condiciones y trato para quienes arriban a un país distinto al suyo, carecen de mecanismos para una defensa más efectiva de los derechos de los migrantes, que generalmente son ignorados y no pocas veces violados. Menos existen disposiciones que sancionen el incumplimiento en que se incurra.

El migrante parte hacia lo desconocido. Salvo que vaya bien documentado, le esperan abusos, incertidumbre, inseguridad, peligros, riesgos contra su integridad personal y contra el poco o mucho patrimonio que lleve a su destino, debido a que los países “receptores” de migrantes, entre ellos Estados Unidos, han respondido con una creciente fortificación de fronteras y la criminalización de las migraciones, con las consecuentes deportaciones, no existiendo una respuesta adecuada por los países “emisores” en los que hay evidente desinterés por quienes se marchan del territorio nacional en calidad de migrantes, ya que, al fin y al cabo, le evitarán gastos al país y le enviarán remesas.

En el caso de México, nuestra nación es altamente exportadora de migrantes, la mayoría de los cuales tienen como destino Estados Unidos de América, país para el que los mexicanos son fundamentales. Según la funcionaria de la ONU previamente citada, “en 2005, de todos los migrantes que se trasladaron de un país en vías de desarrollo a otro poderoso, uno de cada cinco fue mexicano”. Los mexicanos residentes en ese país representan el 32 por ciento de todos sus inmigrantes.

Nuestro país resiente sensiblemente esta emigración, si se considera que la mayoría de los migrantes son jóvenes de entre 18 y 29 años y que en Estados Unidos radica alrededor del 10 por ciento de la población nacional, es decir, una décima parte de mexicanos de origen ha encontrado del otro lado de la frontera su medio de vida. Muchos de estos migrantes, adquirirán la ciudadanía norteamericana.

En declaraciones al periódico Excélsior del embajador Carlos García de Alba Zepeda, director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, expresó que en los últimos años el perfil de mexicanos que cruzan a Estados Unidos se ha modificado radicalmente, habiéndose identificado a profesionistas y pequeños empresarios como un nuevo contingente de migrantes que busca mejorar sus expectativas de vida; y quienes se insertan en el mercado laboral estadunidense en actividades que nada tienen que ver con su carrera o la actividad que desempeñaban en sus lugares de origen.

La nueva generación de migrantes proviene de las grandes ciudades y no de pueblos marginados de los estados de la República. Ahora migran también jóvenes, mujeres –incluso embarazadas-, niños, adolescentes y adultos mayores. Así, el perfil es completamente distinto al jornalero o trabajador varón que básicamente migraba solo y que iba y venía continuamente, que cruzaba la frontera varias veces al año.

Por otra parte, México es paso obligado por tierra para quienes, provenientes de toda América Latina, desean radicar en Estados Unidos. Lamentablemente, así como los migrantes mexicanos sufren vejaciones en ese país, los centroamericanos que van de paso rumbo a Norteamérica, como también se le conoce, suelen ser víctimas de policías federales y estatales o agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) respecto de lo cual existen quejas documentadas por robo o extorsión, que van aparejadas de violencia sicológica, insultos, amenazas e intimidación.

Las principales razones de su salida del país de los migrantes mexicanos, son de carácter económico, existiendo, en los últimos años, una emigración sin precedentes. Miles y miles de mexicanos abandonan el territorio nacional en la búsqueda de las oportunidades que no encuentran en su país.

En menor número, otros emigran con fines educativos y de superación personal; y recientemente, un número importante de familias por motivos de seguridad ante la situación de violencia que se vive en el país. Así, si bien la voluntad de emigrar es un ejercicio de la voluntad, existen circunstancias, entre ellas la sobrevivencia, que impulsan, presionan y condicionan al migrante para irse y alejarse de lo suyo, de lo que ama, de su tierra natal, hacia otra sociedad ajena, en la que no siempre va a ser bien recibido.

Según el diario El Informador, el director general de Protección y Asuntos Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, señaló que “...en estos tiempos ya no sólo existe el migrante del campo, el que se dedica a la albañilería o la construcción. Hoy tenemos un problema aún más grande, porque gente preparada, gente con títulos universitarios, maestrías y doctorados se han ido del país para buscar un mejor futuro. La protección al migrante se ha vuelto tan esencial en el país, que desde hace 20 años se renovó el tema; así pasó de ser aplicada sólo a migrantes vulnerables o de clase baja, a la comunidad total de los nacionales mexicanos en todo el mundo, independientemente de su vulnerabilidad o situación socioeconómica”.

Diversas instituciones de educación superior han insistido en que la emigración de talentos mexicanos a otras naciones mejor conocida como fuga de cerebros, está creciendo en forma exponencial debido, entre otras razones, a que en el extranjero los sueldos son mejores y se brinda mayor importancia a la ciencia y la tecnología. La cifra de profesionistas mexicanos que se han ido se calcula superior al medio millón. Según la Gaceta de la Universidad de Guadalajara, “naciones como Estados Unidos ahorran hasta 1.5 trillones de dólares al emplear a profesionales e investigadores hispanos educados en sus países.”

Así, su crecimiento económico se realiza, en parte, gracias a la migración extranjera.

No todos, sin embargo, habrán de trabajar en lo que estudiaron. Existen profesionales y doctorados que buscan una oportunidad, aunque no sea en su campo de acción. Algunos terminan en el sector comercial o de servicios; o como choferes o empleados de tienda, pero ganan más de lo que pudieran recibir en México con todo y sus grados académicos.

Por otra parte, no son pocos los indígenas mexicanos que han emigrado al país vecino impulsados por la miseria y marginalización extrema, por la erosión de sus tierras, por el saqueo de sus recursos y la pobreza de sus cultivos, y la ausencia de empleos y salarios acordes al costo de la vida.

Estamos convencidos de que la migración es un complejo fenómeno histórico y mundial que debe resolverse mediante esquemas de cooperación entre las naciones. Pero también lo estamos, de que más que estudiar el fenómeno migratorio, tenemos la obligación moral de proteger y apoyar de manera material e institucional el esfuerzo y la lucha de estos valientes mexicanos y mexicanas que aún a costa de sus propia vida y con todo su dolor a cuestas por dejar su país, su vida y a sus seres queridos, parten en la búsqueda de un modo honesto de vivir y un mejor porvenir para los suyos.

Los esfuerzos, sacrificios, dolor y contribuciones de nuestros migrantes, deben ser correspondidos por las instituciones del Estado Mexicano. Es impostergable el establecimiento de una política articulada que revise el marco jurídico vigente que protege los derechos de los migrantes y las acciones que se llevan a cabo para atenderlos. Debe diseñarse una Política Migratoria de Estado, que incluya no sólo a los mexicanos migrantes hacia otros países, sino incluso a los migrantes nacionales dentro del territorio nacional y que considere la protección de los migrantes centroamericanos que transitan por nuestro territorio.

La realidad migratoria reclama que en forma inmediata se lleve a cabo la conjunción de esfuerzos y recursos institucionales, en tal forma que sea posible integrar las acciones del Estado mexicano para la protección de sus migrantes.

Es tiempo de crear una instancia especializada, que permita atender en forma urgente, la necesaria e inaplazable defensa de los derechos de los migrantes mexicanos en el extranjero.

Si bien la política migratoria no se puede circunscribir a la creación de este organismo, esto sería un paso trascendente en la creación de condiciones dignificadoras para quienes abandonan la patria en la búsqueda de una vida mejor.

La existencia de este nuevo órgano, habría de propiciar que el asunto de la migración sea abordado integralmente y puede sustentarse con base en las siguientes justificaciones temáticas:

Justificación jurídica

La complejidad propia del problema migratorio y particularmente las situaciones relacionadas con la defensa de los derechos de los migrantes, requieren que, independientemente de los distintos tratados y convenciones internacionales existentes en la materia, el que en México exista un marco jurídico particular y especializado que los atienda en forma institucional.

La protección a los migrantes está garantizada en la Constitución, misma que específicamente se refiere al caso de los indígenas.

El artículo 2o. constitucional, en su inciso B, señala que la federación, los estados y los municipios garantizarán la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, siendo obligatorio, según la fracción VIII “Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.”

Esta garantía consagrada en forma expresa en la Constitución para los indígenas migrantes, debe ser extendida a todos los mexicanos, sin importar su sexo, edad y clase social. En un marco de igualdad de derechos, los beneficios deben ser para todos. Habría que agregar, que varios estados de la República, ya cuentan con leyes de apoyo y protección a los migrantes y sus familias, no refiriéndose éstas expresamente a migrantes indígenas, lo cual propicia la necesidad de una ley federal regulatoria en la materia.

También existen disposiciones internacionales que protegen a los migrantes, como por ejemplo, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que entró en vigor en julio de 2003. Sin embargo, esta convención sólo ha sido ratificada o firmada por una minoría de países, entre los que se encuentra México pero no Estados Unidos.

Hay otros instrumentos internacionales que contienen normas y medidas para combatir la explotación de las personas, especialmente las mujeres y los niños y la trata de personas, que muchas veces conlleva la migración.

Sin embargo, es a la luz de las nuevas condiciones de la realidad internacional, que debe alentarse la toma de conciencia de los gobernantes en relación con el establecimiento de nuevas disposiciones con obligatoriedad jurídica, de políticas de protección y de reconocimiento de la población migrante.

Debe terminarse con la desconexión entre lo legal y lo real, revisando, perfeccionando y actualizando las normas jurídicas que garantizan el reconocimiento de los derechos inalienables del individuo y del ciudadano, se encuentre donde se encuentre y provenga de donde provenga. Es una realidad que las migraciones, aún cuando sigan siendo estigmatizadas, perseguidas y reprimidas, habrán de continuar mientras existan las condiciones que las provocan. Por ello, es preciso no sólo regularlas, sino contar con un marco jurídico apropiado que respete y proteja los derechos y libertades fundamentales de los migrantes y los compromisos internacionales relativos a la libre circulación de personas.

Una alternativa institucional viable, es la creación de un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios que, perteneciente al Estado Mexicano, unifique la acción de las instituciones que los atienden y tenga como principal objetivo la protección de los migrantes mexicanos.

Es un asunto de importancia vital el que exista y se aplique la autoridad del Estado para garantizar la integridad de los migrantes en el territorio nacional –como lo son los jornaleros agrícolas- y de los mexicanos en el extranjero, siendo necesario actualizar el derecho mexicano en esta materia.

La defensa de los migrantes en nuestro territorio, tanto nacionales como extranjeros, y de los emigrantes mexicanos en el extranjero, no se encuentra institucionalizada dentro de la estructura gubernamental, lo que provoca un vacío en la defensa de los derechos de los mexicanos, y de los extranjeros que transitan por nuestro país. Por ello, también debe terminar y legislarse sobre el abuso de la autoridad contra extranjeros en situación de paso por nuestro territorio, quienes principalmente provienen de centro y Sudamérica.

En el extranjero, los mexicanos deben contar con el respaldo de una figura institucional mexicana que proteja los derechos que gobiernos extranjeros se niegan a reconocer, y que entran en conflicto con los derechos de que goza todo ser humano, al margen de su circunstancial situación migratoria.

Al momento, los esfuerzos institucionales han sido insuficientes para proteger los derechos de cualquier migrante en territorio mexicano, sean connacionales o extranjeros. También han sido débiles los esfuerzos para garantizar los derechos de los mexicanos en el exterior. Es necesario garantizar al migrante un respaldo institucional en la figura de una entidad que verdaderamente se preocupe de los derechos de quienes migran voluntariamente o forzados por las circunstancias.

Dentro de nuestro propio país, los migrantes requieren la asistencia para la defensa de los derechos que les otorgan las leyes mexicanas; por desconocimiento de éstos, llegan a sufrir atropellos y violaciones. Fuera del territorio, los emigrantes mexicanos requieren de una defensa especializada que sea acorde con una política nacional que tutele sus derechos y aquellos que les conceden las legislaciones de los países donde se encuentran internados.

En consecuencia, se considera necesaria la creación de una Comisión o Procuraduría de Protección al Migrante, como un organismo autónomo que se encargue de la defensa de los migrantes nacionales dentro y fuera del territorio nacional.

Esta instancia, sería un complemento importantísimo a la labor que viene realizando hasta ahora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo que por sus múltiples actividades, no presta una atención particular específica a la problemática de la población migrante; siendo ésta la misión fundamental que tendría el nuevo organismo.

La creación de esta comisión tendría otro argumento a favor a la luz del Boletín número 27/09 del 21 de octubre de 2009, emitido por la Secretaría de Gobernación, en el cual se afirma que según estudios del Consejo Nacional de Población (Conapo), 41 de los 50 estados de la Unión Americana promulgaron leyes relativas a la migración en 2008; y que en ese año, siete de cada diez leyes promulgadas fueron de carácter restrictivo.

Es decir, que impiden el acceso de la población inmigrante indocumentada a los beneficios que proporciona el estado, toda vez que establecen como criterio de elegibilidad la ciudadanía o la presencia legal de la persona en el país.

Habría que agregar que en la legislación mexicana no existe un sistema de protección específico para los menores migrantes no acompañados que son repatriados, por lo que es necesario establecer directrices que les garanticen su protección y el respeto a sus derechos.

Justificación Política

Una de las funciones primordiales de todo Estado, es el garantizar la integridad de las personas y proteger a sus ciudadanos donde éstos se encuentren. Renunciar a esta tarea, significa claudicar a una obligación básica de gobierno.

Referimos lo anterior, considerando que, permanentemente, sobre todo en tiempo de procesos electorales, existe un acoso sistemático por parte del sector más conservador de la clase política estadounidense en contra de los migrantes mexicanos, que les crea un clima adverso, lo cual ha propiciado diversos y lamentables proyectos legislativos anti-inmigrantes, orientados a menospreciar, denostar y criminalizar a los trabajadores migratorios y sus familias; disposiciones que incluso confrontan, en forma perversa, a los recién llegados con los inmigrantes plenamente establecidos.

Es preciso crear opciones que contengan este ambiente de conflictividad e intolerancia política y social imperante.

Existe también una contención abrupta del flujo migratorio, a través de la aplicación de medidas drásticas, entre las que se encuentran deportaciones masivas por otra frontera muy distante a la cual ingresaron los migrantes, esto es común en el caso de los niños migrantes, quienes tiene que sobrevivir en las calles o laborar en condiciones infrahumanas y de explotación en las ciudades de la frontera- considerarlos como criminales cuando ingresan a ese país sin documentos, privarlos de los servicios más elementales y construir un muro fronterizo, argumentando razones de seguridad nacional, acto éste diametralmente opuesto a la buena relación que debe existir entre vecinos y socios comerciales.

La deportación de jóvenes y niños es también una dolorosa realidad, no existiendo en la legislación mexicana un sistema de protección particular en relación con los menores migrantes no acompañados. Según datos del Instituto Nacional de Migración, en los últimos siete años se ha duplicado el número de menores migrantes repatriados anualmente de Estados Unidos a México y de México a varios países centroamericanos.

Lo anterior es políticamente inaceptable y requiere una respuesta puntual. Una respuesta política tanto de las instituciones del Estado mexicano, como de los propios migrantes. Del Estado, no sólo a través de los conductos diplomáticos tradicionales, sino también por medio de una instancia con autoridad institucional y moral, expresamente concebida para afrontar política y legalmente la defensa de los derechos de los mexicanos en el extranjero. De los propios migrantes, mediante un reposicionamiento político que les permita avanzar hacia formas superiores de organización que se orienten a promover la defensa de sus derechos humanos, sociales y laborales en Estados Unidos.

La lucha y el debate político deben ser en todos los frentes. Considerando la viabilidad de que pueden tener la doble nacionalidad, los migrantes deben luchar por la obtención de la ciudadanía estadounidense, y con ello, tener la posibilidad, mediante su voto, de influir en las decisiones; y acceder a los derechos económicos, sociales y políticos de que disfrutan los ciudadanos norteamericanos.

Deben, asimismo, tener una participación política-electoral más activa, -la cual refleja actualmente el índice más bajo con respecto a otros grupos de inmigrantes- y en donde sea notoria su decisión para optar por candidatos que representen mejor sus intereses.

La organización política de los migrantes es un imperativo. Si el mundo global requiere de una democracia global, los migrantes deben tener voz y voto en la discusión de todo aquello que les afecte. Y sin que se considere una injerencia en asuntos de otro país, deben ser respaldados política e institucionalmente, en ambos lados de la frontera, en la defensa de sus justos derechos.

Más que seguir siendo considerados como objeto de políticas, los migrantes deben ser vistos como sujetos políticos con voz propia que merecen ser escuchados.

Es necesario que los mexicanos y sus descendientes avancen políticamente y consoliden una presencia que les permitirá instaurar una institucionalidad más favorable y equitativa al esfuerzo que aportan a la economía norteamericana.

El organismo que se cree, habrá de ser una instancia que constituya una firme defensa de los migrantes; que atienda y canalice sus necesidades específicas; que genere y coordine iniciativas en este sentido; que proponga un proceso de diálogo político con la sociedad para identificar con mayor precisión la problemática migratoria y aliente experiencias organizativas que contribuyan en la búsqueda de soluciones.

Considerando que la migración es un fenómeno continental, este organismo, podría incluso promover el diseño de una agenda hemisférica sobre el tema migratorio, el desplazamiento interno y el refugio, con la idea de generar propuestas para resolver las problemáticas que son comunes en la materia a los países americanos.

Justificación económica:

La aportación de los migrantes a la economía mexicana es uno de pilares de la misma. Según datos del Banco de México y del Centro de Documentación y Análisis de la Cámara de Diputados, las remesas enviadas en 2005 fueron por 21 mil 688.7 millones de dólares (mdd); en 2006 por 25 mil 566.8 mdd; en 2007 por 26 mil 068.7 mdd; en 2008 por 25 mil 137.4 mdd; y en 2009 por 22 mil 869.8 mdd. El descenso en el envío a partir de 2007 se explica por la recesión económica estadounidense, generadora de menores posibilidades de empleo.

Sumando estas cifras, tan sólo en los últimos 5 años, los migrantes mexicanos han enviado remesas por la cantidad de casi 110 mil millones de dólares, una cantidad superior en más de 12 mil millones de dólares al total de la deuda externa del país, la cual según el Banco de México, ascendía a 97 mil 390 millones de dólares al mes de febrero de 2010.

Lo anterior da una idea de la enorme importancia que tienen las remesas para México, mismas que se han convertido en un motor de la economía, que permite dinamizarla y son un canal prioritario de financiamiento externo proveniente principalmente de Estados Unidos, llegando incluso a equipararse a la captación por ingresos petroleros y siendo superiores a la Inversión Extranjera Directa y al turismo, como fuentes tradicionales lícitas de ingresos provenientes del exterior. Cabría mencionar que del total de remesas captadas por América Latina, nuestro país recibió más del 35 por ciento de éstas.

Estas remesas prácticamente están destinadas al consumo básico de las familias receptoras de los migrantes, que en su mayoría pertenecen a los sectores popular, indígena y campesino.

Muchas de las motivaciones que tienen nuestros paisanos para irse son económicas, por ejemplo: mejores oportunidades de trabajo; escasez de empleo; salario actual insuficiente para las responsabilidades económicas; deudas personales; ingresos inestables, incertidumbre laboral; pérdida de empleo; compromisos económicos; mejoramiento de la vivienda familiar, sostenimiento de familiares; consumo doméstico y estudios de los hijos, entre otros.

Sea cual sea el caso, las remesas familiares constituyen un gran paliativo para aminorar las condiciones de pobreza y marginación, no sólo a nivel individual de las familias, sino a nivel macroeconómico, sin que en ello medie hasta ahora la intervención gubernamental. De no ser por las remesas, que han venido sustituyendo la responsabilidad estatal en la atenuación de la pobreza, en el financiamiento del gasto social y en la edificación de pequeñas obras de infraestructura social y urbana, el Gobierno Federal tendría severas presiones y problemas sociales, sobre todo por su persistencia en reducir las políticas públicas en materia social.

La mayoría de nuestros migrantes son asalariados que tienen la percepción de ingresos más baja en Estados Unidos, pero también la tasa más elevada de pobreza. Casi uno de cada cuatro mexicanos residentes en Estados Unidos se encuentra en condiciones de pobreza; sin embargo, aunque las remesas sean pequeñas, contribuyen e incluso bastan para alimentar a la familia, asegurar salud y educación para los hijos y en ocasiones para un pequeño ahorro. Sin embargo, pese a sus bondades, vuelven dependientes a los hogares y los hacen vulnerables a los ciclos migratorios, a las políticas anti-inmigrantes y a la dinámica de la economía estado.

El esfuerzo titánico que día con día realizan millones de trabajadores migratorios mexicanos, quienes contribuyen en forma espontánea e incondicional al sostenimiento de la economía nacional, debe ser reconocido y alentado por el Estado Mexicano, que no puede permanecer indiferente en la defensa de los derechos de sus migrantes cuyo esfuerzo, talento, espíritu de laboriosidad; y muchas veces con lágrimas y sangre, hacen su aporte al engrandecimiento de la economía norteamericana y, con sus remesas, generan bienestar familiar, progreso económico y estabilidad social en México.

Justificación Sociocultural:

Al salir del país, los migrantes llevan consigo sus tradiciones, su cultura, su religión, su lengua materna, su forma de vida; aquello que sienten propio y les pertenece desde tiempos ancestrales. Aquello que desean conservar y transmitir a sus hijos y a los hijos de sus hijos. En sus maletas llevan su historia personal y su visión de la existencia, la cual habrá de verse seriamente confrontada.

Su llegada a una nueva realidad que les es ajena, les ocasiona un fuerte choque cultural que tendrán que resolver de alguna manera si desean sobrevivir socialmente. El mantener sus manifestaciones culturales será un reto que, además, habrá de enriquecer a la cultura del nuevo país en el que viven.

Algunos, los menos, serán seducidos por formas de vida muy distintas a las propias y asimilados a tal grado que nada quieran saber de su país de origen. Sin embargo, no siendo bien aceptados en el nuevo, su castigo será la pérdida de identidad y vagar en el limbo de la nacionalidad.

El porqué emigran cientos de miles de mexicanos anualmente obedece a distintas razones: algunos viven en zonas tradicionalmente expulsoras de mano de obra y el migrar es una tradición de la región, que se fortalece con casos de migrantes exitosos. Otros tienen familiares viviendo en la región hacia donde se migra o desean reunificarse con su familia directa. Muchos tienen intenciones de lograr el éxito y el reconocimiento social de la comunidad.

Familias enteras se van por causa de la inseguridad que existe en diversas poblaciones fronterizas. Algunos lo hacen por considerar que tienen mayores oportunidades de estudio y/o trabajo y no faltan quienes se sienten atraídos por un modo de vida pleno en satisfactores de fácil consumo, que habrá de permitirles mejorar su nivel de bienestar actual.

Cualquiera que sea la causa, quienes emigran y sus descendientes tienen derecho a mantener vínculos espirituales con su Nación y raíces familiares, a preservar sus costumbres y tradiciones y a disfrutar de la protección de los derechos garantizados por la Constitución Política y las leyes, aún cuando se encuentren fuera del país. El que los migrantes mantengan su arraigo, el amor por su cultura y por su país debe ser fomentado por las instituciones. La patria mexicana quiere y debe cobijar a sus hijos, donde quiera que éstos habiten. No puede abandonarlos a su suerte, sobre todo sabiendo que encontrarán, muchos de ellos, condiciones inhóspitas para su desarrollo.

Es ahí donde toma relevancia la existencia de una institución que proteja a nuestros connacionales en sus derechos sociales y cuya acción les haga sentir que no están solos y que son alentados en su organización a fin de que su entorno les sea más favorable y puedan acceder a la movilidad social que les permita una vida mejor.

La sociedad norteamericana necesita de los migrantes, sin embargo, les teme, los rechaza y no los integra; ni la mayoría de ellos desean ser integrados, porque la historia, valores y formas de pensar de ambos pueblos son distantes.

Para mantener sus vínculos, la población de origen mexicano fortalece sus redes sociales y desarrolla variadas formas de organización. Es así como surgen clubes y federaciones de mexicanos provenientes de diversos estados de la república. También han creado organizaciones dispuestas a participar en movilizaciones para defender sus derechos.

Los indígenas también se organizan en frentes, organizaciones y asociaciones, que les permiten realizar prácticas políticas de acción colectiva y el intercambio de información, necesarios para mantener vínculos estrechos entre sí y con sus comunidades de origen.

Pero estas asociaciones no bastan. Se requieren instrumentos que fomenten una mayor participación de instituciones, organizaciones y redes especializadas en migración y derechos humanos y laborales, que fortalezcan la acción de la sociedad civil, la involucren en la dinámica de la problemática migratoria y permitan la formulación de acuerdos y el diseño de una agenda que responda a los intereses y derechos de los migrantes.

Vale señalar que pese a la contribución que hacen a la economía estadounidense, el acceso de los inmigrantes mexicanos a los servicios de salud es limitado. La reciente reforma al sistema de salud norteamericano, ha generado que alrededor de siete millones de personas que no tienen un seguro médico fueran excluidas de forma explícita de esta reforma, por ser inmigrantes indocumentados.

Los inmigrantes ilegales tendrán que seguir acudiendo a salas de emergencia, a centros comunitarios de salud y empleando medicamentos genéricos, recurriendo a muestras médicas y a programas como San Francisco Sano, que ofrece atención a cualquier persona que viva en la ciudad.

En materia educativa, otro importante aspecto social, los inmigrantes mexicanos poseen niveles educativos muy bajos, si se les compara con migrantes de otras nacionalidades. Y es una realidad que hay un evidente deterioro socioeconómico de los descendientes de la primera, la segunda y subsecuentes generaciones de migrantes mexicanos en Estados Unidos. La movilidad social se ha venido reduciendo paulatinamente.

Ante estas situaciones adversas, debemos actuar. No podemos renunciar a brindar todo el apoyo institucional que sea necesario para que quienes dejaron el país buscando un modo de vida más favorable y una existencia mejor, puedan disfrutar de los derechos sociales que merecen por contribuir a realizar la trasformaciones del país en el que ahora viven.

Otro aspecto social importante, es la creciente incorporación de indígenas mexicanos al flujo migratorio hacia Estados Unidos.

Es cada vez más común ver a trabajadores indígenas migrantes mixtecos y zapotecos de Oaxaca, totonacas de Veracruz, nahuas de Guerrero y purépechas de Michoacán –por citar sólo algunos– pasar a formar parte de esta nueva ola migratoria.

Los indígenas tienden a concentrarse en los estratos más bajos del mercado laboral en los campos agrícolas; y del mercado informal en las áreas urbanas, empleándose en los trabajos físicamente más laboriosos y peor pagados.

Muchos de ellos ni siquiera hablan español, por lo que es doble la dificultad para entender el idioma, por lo que son víctimas fáciles, en caso de algún problema, ante la ley y las autoridades norteamericanas, existiendo ejemplos dramáticos de esta situación.

Justificación Laboral:

Los migrantes mexicanos, en su gran mayoría, buscan llegar a los Estados Unidos como sitio de destino, atraídos por el “sueño americano” de ganar dólares, para ellos y sus familias y tener altos niveles de vida y de consumo. Pero la realidad pronto los ubica.

Su baja escolaridad y la carencia de dominio del idioma, los hace aptos sólo para desempeñarse en trabajos mal pagados en la agricultura, construcción, minería, manufactura, producción y transporte. Una mínima parte cuenta con la preparación para optar por una plaza administrativa o profesional. En el caso de la mujer no preparada profesionalmente, su destino es laborar como mesera, lavaplatos, cocinera, en labores domésticas o de limpieza.

Quienes ingresan a los Estados Unidos en forma ilegal, viven prácticamente en la clandestinidad, con el permanente temor de la deportación. Su condición migratoria no les permite acceder a los servicios públicos fundamentales, como la salud, la educación o la vivienda. Tampoco a un trabajo digno y remunerador y cuando llegan a conseguir alguno, sus condiciones de trabajo están lejos de ser satisfactorias. La necesidad los lleva a emplearse en cualquier trabajo, situación que sirve a los patrones para impedir la sindicalización, eludir con impunidad salarios legales, evitar proporcionar seguridad social y toda garantía laboral, los cuales no son reclamados por el trabajador, por miedo a ser denunciado ante la “migra” y ser deportado.

Tanto en los campos agrícolas como en la ciudad, los trabajadores sufren abusos, surgiendo un submundo de trabajo barato, en el que son sobreexplotados, percibiendo ingresos que les permiten apenas subsistir en forma austera para poder enviar algunos dólares a sus familias; pero siempre bajo la amenaza de perder el trabajo en caso de causar problemas a sus empleadores. Esto, aún cuando han sido brazos mexicanos los que han contribuido en gran medida al engrandecimiento de la economía norteamericana, sobre todo en los estados del suroeste de Estados Unidos.

En este contexto, es importante contar con instituciones que analicen la situación de los trabajadores agrícolas y de la ciudad; que les orienten laboralmente y les respalden en sus luchas reivindicativas por la conquista de mejores salarios, seguridad social y condiciones de trabajo dignas. Es necesario, asimismo, que se generen instrumentos legales y políticos que busquen transformar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores.

Justificación Humanitaria:

En algunas sociedades pluriculturales, como lo son los Estados Unidos, es frecuente la tendencia a que ocurran fenómenos xenofóbicos y discriminatorios por parte de quienes se consideran nativos; esto ocurre porque se sienten amenazados laboralmente por los inmigrantes, por desconocimiento o por miedo. El migrante suele ser fácilmente estigmatizado: como extranjero, indocumentado, ilegal e incluso refugiado, situación que expresa la vulnerabilidad en la cual se encuentra.

A pesar de que ese país nace y se desarrolla con importantes corrientes migratorias provenientes principalmente de Europa, ahora se opone a la llegada de más migrantes. Para ello, se introdujeron leyes, se modificaron aspectos legales, se fortificaron y tecnificaron las fronteras -bajo una justificación antiterrorista- y se tomaron drásticas medidas dirigidas a limitar el ingreso de migrantes, al tiempo que se impidieron legalizaciones de estancias residenciales y se persiguieron soterradamente minorías étnicas. El extremo fue la permisividad a grupos paramilitares estadounidenses (“caza ilegales”) para evitar la entrada de personas indocumentadas provenientes de México.

Estas situaciones son incompatibles con los principios más elementales del derecho internacional. Las políticas migratorias no pueden estar al margen de los derechos humanos.

Generalmente, los indocumentados viven en situación de pobreza en el país y llegan a la frontera –algunos arriesgando la vida viajando como polizontes en los trenes– con muy pocos recursos, los necesarios para subsistir unos cuantos días. No tuvieron los recursos para adquirir el pasaporte y la visa o ésta les fue negada. Eso los obliga a cruzar la frontera atravesando el Río Bravo, con el riesgo de perecer ahogados; o por zonas agrestes, desérticas y sorteando condiciones cada vez más riesgosas, incluyendo una posible muerte por deshidratación en el verano o por hipotermia en invierno, o por la picadura de algún animal ponzoñoso. Suman miles los migrantes tanto mexicanos como de otras latitudes que se han quedado a la mitad del camino y han muerto tratando de pasar “al otro lado” de la línea fronteriza. Y algo más grave: según la CNDH, es cada vez mayor el número de cuerpos de niños encontrados en el cruce fronterizo México-Estados Unidos.

Los migrantes están también sujetos a los traficantes de indocumentados o “polleros”, quienes, por una cantidad de dólares los ofrecen cruzarlos al otro lado de la línea; y quienes muchas veces, los abandonan a su suerte. El tráfico de seres humanos se ha convertido en un negocio que genera ganancias millonarias para los traficantes y los sindicatos del crimen.

Además de los traficantes, los migrantes también son presa de organizaciones delictivas que operan en la frontera, dedicadas al contrabando, trata de blancas, tráfico de drogas y crimen organizado.

Si llegan a cruzar, el panorama que les espera no es nada halagador; dándose casos de migrantes que llegan a vivir como topos, bajo la tierra, al aire libre bajo los árboles en los campos de cultivo o en casas de plástico y cartón.

Si para el hombre son difíciles estas circunstancias, lo son más para la mujer.

Además de lo anteriormente mencionado, la mujer que emigra encuentra un contexto de sufrimiento mayor que el del hombre, por causa de las distinciones y desventajas de género en cuanto a derechos y a estatus. Las mujeres migrantes están expuestas a vejaciones, maltrato y violencia, al engaño y a violaciones de su cuerpo y sus derechos. Las mujeres que trabajan en forma ilegal no pueden denunciar la violencia y los malos tratos que sufren ya que serían deportadas de inmediato.

¿Cuántas migrantes caen en la prostitución o son inducidas a la misma al no encontrar trabajo como pensaban? Aun cuando esta situación es incompatible con la dignidad y el valor de la persona humana, es necesario extender los derechos sociales y laborales a los trabajadores sexuales, incluyendo atención a la salud y protección contra el sida; y desarrollar medidas que reduzcan los riesgos que enfrentan estos grupos específicos.

Algunos especialistas definen a la trata de blancas como la esclavitud del siglo XXI, la cual, mediante el abuso, la tortura y la degradación dan al ser humano un valor menor al de una mercancía. La trata afecta particularmente a la mujer migrante y representa una de las formas más rentables del crimen organizado y sólo es superado por el tráfico de drogas y de armas.

El doctor Mario Luis Fuentes, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, AC, refirió que existen en nuestro país víctimas de trata internacional provenientes de Centroamérica, Sudamérica, Asia y Europa del Este; pero también existen incontables víctimas de trata interna provenientes de los estados más vulnerables de la República mexicana.

Este investigador señala que “Si hay un crimen que puede asociarse, sin exagerar a conceptos como la oscuridad, la perversidad y la clandestinidad, es el de la trata de personas. Esto es así porque sus víctimas están sometidas a una dimensión en la que se han suspendido todos sus derechos, en la que han sido literalmente sustraídos del tejido social e incorporados al mercado simple y llano de las mercancías”

La trata de blancas, especialmente de mujeres migrantes, es algo muy común en las fronteras. La o el migrante indocumentado está sujeto a la amenaza, al uso de la fuerza y a otras formas de coacción; a servicios forzados, al engaño, al fraude, y al abuso de poder; todo ello generado por sus condiciones de indefensión y vulnerabilidad. Es urgente el que se legisle en la materia para evitar que se sigan cometiendo estas acciones contrarias a la dignidad humana.

Otro aspecto relacionado con cuestiones humanitarias es que algunos estados de la Unión Americana pueden negar las licencias de manejar a personas indocumentadas argumentando razones de control de tráfico y la seguridad en las carreteras. En otros, se han promovido leyes que prohíben la matriculación de estudiantes indocumentados en las universidades públicas.

Son comunes las redadas de las autoridades migratorias estadounidenses en el lugar de trabajo. Con pocas excepciones, estas acciones están dirigidas en contra de los trabajadores y no de los empleadores. También se han llegado a realizar redadas en las comunidades, en la calle, en las tiendas e incluso de casa en casa. Todo ello, violando los derechos humanos y en contraposición a las propias leyes de ese país, según las cuales, sólo se puede detener a alguien si los agentes federales tienen sustento legal para ello o una orden de allanamiento.

Y esto ocurre porque las personas detenidas confiesan su situación legal sin antes consultar un abogado, pero el cual deberán pagar porque el gobierno no proporciona un defensor público. Según el Movimiento por una Reforma Migratoria Justa hay un crecimiento “excesivo” de las deportaciones a partir de la administración del presidente Barak Obama. En 2009, fueron deportados más de 387 mil 790 inmigrantes, una cifra superior en 123 mil 287 a las expatriaciones ocurridas durante los periodos fiscales 2008 y 2009 durante la administración de George W. Bush.

El peligro de la deportación es latente. Incluso residentes legales, no obstante los años que hayan estado en EUA pueden ser deportados por crímenes mayores o situaciones de violencia. Hay casos documentados en donde niños se han quedado sin padres, porque son detenidos y deportados. Hay muchos padres que tienen miedo de mandar a los niños a la escuela.

Dentro de un clima antiinmigrante como este, se hace cada vez más difícil para las organizaciones comunitarias defender los derechos laborales y humanos de los trabajadores indocumentados.

Lo expuesto anteriormente, justifica la existencia de un organismo especializado que pueda contribuir al respeto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Por otra parte, si el gobierno mexicano ha manifestado estar preocupado por estos derechos en otras partes del mundo, debe empezar por la propia casa, garantizando los derechos de cualquier persona que esté de paso en territorio nacional.

Sean mexicanos o extranjeros, los migrantes que sufran en México el abuso de la autoridad, deben contar con una figura institucional que garantice su integridad y todos los derechos que como seres humanos deben gozar.

Justificación Demográfica:

Un mayor control de fronteras no necesariamente logra evitar el crecimiento de la movilidad internacional. Cuando la sociedad y la estructura de una economía demandan mano de obra, ésta se las ingenia para cruzar la frontera, ya sea en forma legal o ilegal.

Existen distintas estadísticas con respecto al número de mexicanos en los Estados Unidos variando, según la fuente, entre 24 y 30.5 millones. Si se consideran las cifras más conservadoras, de los 24 millones de personas de origen mexicano, 14 millones son estadounidenses de ascendencia mexicana y 10 millones nacieron en México pero emigraron hacia el vecino país.

Si se toma el dato de que son 30.5 los millones de personas de origen mexicano, 19.3 millones de personas son estadounidenses de ascendencia mexicana y otras 11.2 millones nacieron en México y emigraron a Estados Unidos.

Las personas de origen mexicano o nacidas en México representan el 65.7 por ciento del total de los hispanos en Estados Unidos, que se estima en 46.8 millones de personas y que constituyen el 15.4 por ciento del total de la población de ese país.

Prácticamente, estamos hablando de que los hispanos, particularmente los mexicanos, constituyen una nación, dentro de otra nación.

No obstante, no todos los migrantes llevan la intención de quedarse en el vecino país. Hasta hace unos años, una parte importante, sobre todo en la población indocumentada orientada a actividades agrícolas, migraba temporalmente a Estados Unidos, con la idea de obtener algunos dólares y regresar a México, para volver nuevamente a Estados Unidos y así sucesivamente, en lo que se conoce como circularidad migratoria.

Según información del Conapo las crecientes barreras y dificultades para ingresar a Estados Unidos, así como los insuficientes estímulos para el retorno al país que ofrece la economía mexicana, han contribuido al desgaste de los mecanismos de circularidad migratoria y han aumentado la propensión a una migración más definitiva. Al mismo tiempo, ha bajado la cantidad anual de migrantes, que llegó a ser de entre 400 mil y 500 mil personas, para ubicarse entre 350 mil y 400 mil migrantes al año. Es decir, alrededor de mil mexicanos al día, principalmente jóvenes, abandonan el país en busca de mejores horizontes y oportunidades.

La magnitud de estos flujos migratorios amerita que se adecue la realidad normativa e institucional y se cuente con instancias que atiendan y respondan a las nuevas demandas generadas por esta dinámica vertiginosa que ha trastocado radicalmente el entorno social tradicional en ambos lados de la frontera. Nuestro país, no puede ni debe dejar de actuar en forma activa con medidas que protejan a toda esta gente, su gente, cuya salida de alguna manera desangra al país al irse al extranjero una parte tan importante de sus jóvenes y de su fuerza laboral.

Fundamento legal:

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Ley para la Protección y Apoyo a los Migrantes y sus Familias

Título I. Disposiciones Generales

Capítulo Único

Artículo 1. Ámbito territorial de la ley. Las disposiciones de presente ley son de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección a los migrantes y sus familias, tanto nacionales como extranjeros que se encuentren en territorio nacional; y a los migrantes mexicanos en el exterior.

Artículo 2. Objeto de la ley. El objeto de esta ley, es garantizar y promover la protección, el estudio, la divulgación y el ejercicio de los derechos fundamentales de los migrantes y sus familias; así como brindarles apoyo integral para su desarrollo con dignidad, en el marco de las leyes nacionales y de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familias; así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de:

I. Los deberes del Estado y la implantación de una política pública nacional para la observancia de los derechos y demás garantías de los migrantes mexicanos y sus familias, con independencia de su condición jurídica migratoria.

II. Las responsabilidades y competencias que la administración pública federal, el Distrito Federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en relación con aplicación de la política pública nacional y la coordinación que habrá de existir entre los distintos ámbitos de gobierno, y

III. La Comisión Nacional para la Protección y Apoyo a los Migrantes y sus Familias

Artículo 3. Aplicación y Seguimiento de la ley. La aplicación y seguimiento de esta ley, corresponde a:

I. El Ejecutivo federal, a través de las secretarías de Estado y demás dependencias que integran la administración pública; al gobierno del Distrito Federal, a las entidades federativas, los municipios, los órganos desconcentrados y paraestatales, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción;

II. La familia de los migrantes vinculada por el parentesco, de conformidad con lo dispuesto por los ordenamientos jurídicos aplicables;

III. Los ciudadanos y la sociedad civil organizada, y

IV. La Comisión Nacional para la Protección y Apoyo a los Migrantes y sus Familias

Artículo 4. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:

I. Comisión: La Comisión Nacional para la Protección y Apoyo a los Migrantes y sus Familias;

II. Deportado: Al mexicano expulsado de un país extranjero;

III. Estatuto Orgánico: El Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Apoyo a los Migrantes y sus Familias;

IV. Familias: Grupo de personas integrado por un migrante mexicano y su cónyuge o migrante extranjero y su cónyuge, o por un migrante mexicano o extranjero y una persona con la que mantenga un relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio, así como por sus parientes consanguíneos en línea recta sin límite de grado o transversal hasta el segundo grado y otras personas reconocidas como familiares por Tratados Internacionales ratificados por México;

V. Ley: Al presente instrumento, Ley de Protección y Apoyo a los Migrantes y sus Familias;

VI. Migrantes: Las y los mexicanos, así como las y los extranjeros que trasladan su residencia de una entidad federativa a otra, o que salgan o entren al territorio nacional, con el mismo fin, sin importar su situación jurídica migratoria de documentados o indocumentados;

VII. Órdenes de gobierno. La federación, los estados y los municipios;

VIII. Registro: El Registro Nacional de Migrantes;

IX. Reglamento: El Reglamento de la ley

X. Repatriado: Los emigrantes que retornen al país, independientemente del tiempo que hayan residido en el extranjero;

XI. Transmigrante. Al extranjero en tránsito hacia otro país, autorizado por la Secretaría de Gobernación a permanecer en territorio nacional hasta por treinta días;

XII. Turista. Al extranjero autorizado por la Secretaría de Gobernación, para visitar el país, con fines de recreo o salud, para actividades artísticas, culturales o deportivas, no remuneradas ni lucrativas, con temporalidad máxima de seis meses improrrogables, sin estar autorizado para realizar actividades económicas, políticas o sociales de cualquier tipo.

Título II. De los Principios, Derechos y Obligaciones

Capítulo I. De los principios

Artículo 5. Principios rectores. Son principios rectores en la observación y aplicación de esta ley:

I. Atención preferente. Es aquella que obliga a las instituciones federales, estatales y municipales, e induce y coordina a los sectores social y privado a implementar programas acordes a las características y circunstancias de los migrantes, sobre todo a aquellos en situación de vulnerabilidad;

II. Corresponsabilidad. La concurrencia y responsabilidad compartida de los sectores público, social y privado, en relación con los migrantes, así como de sus familias, para la consecución del objeto de esta ley;

III. Equidad. Es un trato justo y proporcional en las condiciones de acceso y disfrute de los satisfactores necesarios para el bienestar de todos los migrantes, sin distinción de su procedencia, edad, sexo, estado físico, situación económica, identidad étnica, preferencia política, religión o cualquier otra circunstancia;

IV. Dignidad y autonomía. Las acciones que se realicen en beneficio de los migrantes, estarán orientadas a preservar su dignidad, establecer condiciones de respeto a los mismos y propiciar el desarrollo de sus potencialidades;

V. Participación. Se buscará la participación de los migrantes en la solución de su problemática, según sus capacidades y ámbitos de su interés. Al respecto, se consultará también a organizaciones con fines de apoyo a migrantes ubicadas tanto en el territorio nacional como fuera de éste.

Capítulo II. De los derechos

Artículo 6. Derechos de los migrantes. Todos los migrantes y sus familias tienen el derecho de recibir información y ser beneficiarios de las políticas, acciones y apoyos gubernamentales a que se refiere la ley; así como de presentar las quejas y denuncias que correspondan por su incumplimiento o violación.

Artículo 7. No discriminación. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto limitar o impedir el ejercicio de los derechos de los migrantes y sus familias y el otorgamiento y la prestación de los bienes y servicios derivados de las políticas, acciones y apoyos a cargo de las dependencias, e instancias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno.

Artículo 8. Derechos generales. Los migrantes y sus familias tendrán los siguientes derechos generales.

I. Recibir de las instituciones un trato digno, oportuno y respetuoso;

II. Recibir toda la información respecto de los programas de atención a migrantes y de los requisitos necesarios para ser beneficiarios de los mismos, así como las acciones y servicios que realizan las dependencias;

III. Tener acceso a los programas establecidos en la ley, sin discriminación ni distinción alguna; y a aquellos que tengan o instrumenten las instituciones con el fin de atenderlos;

IV. Transitar en forma libre de amenazas, coerción y violencia, durante su paso por el territorio nacional, en el que habrá de respetarse su integridad física, psicoemocional y sexual.

V. Recibir la protección de las instituciones de los tres ámbitos de gobierno y organizaciones de la sociedad; así como a la protección contra toda forma de explotación.

VI. Ser apoyados en la cobertura de sus requerimientos en tanto llegan a su destino

VII. Presentar denuncias y quejas ante la Comisión Nacional para la Protección y Apoyo a los Migrantes y sus Familias y ante las instancias correspondientes, por el incumplimiento de la ley; así como denunciar cualquier condicionamiento económico o de tipo político partidista que se les solicite para ser atendidos.

Artículo 9. Recursos Federales para Programas. El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación deberá incluir fondos específicos para la implantación de programas relativos a la instrumentación para el ejercicio de los derechos y la atención a los migrantes y sus familias.

La ejecución de dichos programas, será considerada de interés público y no podrán sufrir disminuciones ni transferirse para otros conceptos en el ejercicio fiscal correspondiente, excepto en los casos y bajo las condiciones que establezca en cada caso el Poder Legislativo al aprobar el presupuesto de egresos.

Artículo 10. Derechos particulares. Se establecen los siguientes derechos para la protección de los migrantes:

A. Derechos de los grupos vulnerables.

1. Mujeres embarazadas.

2. Niños, niñas y adolescentes.

3. Adultos mayores.

4. Indígenas.

5. Personas con capacidades diferentes.

6. Indigentes.

B. Derecho a la salud y asistencia social.

C. Derechos sociales y culturales.

D. Derechos laborales.

E. Derecho a la legalidad y a la justicia.

A. Derechos de los grupos vulnerables migrantes

Artículo 11. Derechos de las mujeres embarazadas. La mujer migrante será tratada en forma atenta, con dignidad y respeto. En caso de embarazo, cuando por cuestiones de salud de ellas o del producto en gestación, las mujeres migrantes requieran el que les sea practicado un examen prenatal, éste les será aplicado por las autoridades de salud correspondientes. La ley protege la maternidad de la mujer migrante embarazada, a la cual se le brindará la atención que requiera durante el parto, y en su caso, atención y cuidados postnatales para ella y el recién nacido.

Artículo 12. Derechos de niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes migrantes tienen derecho a un trato adecuado; de encontrarse en situación de indigencia, a la asistencia médica y psicológica, a la alimentación adecuada, a la búsqueda de sus familiares –en coordinación con el Consulado de su país de origen, tratándose de extranjeros– y alojamiento en su tránsito hacia la población de su destino. Tienen derecho a expresar su opinión y a que ésta sea tomada en cuenta.

En caso de ser repatriado o deportado, cualquier menor tiene el derecho a ser protegido durante los procesos de repatriación o deportación, acceso a llamadas telefónicas de manera gratuita, a solicitar asilo en caso de provenir de otro país, y a acceder a la figura de protección complementaria para su traslado a su lugar de origen en el interior del país; o a su país de origen según sea el caso. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por la normatividad correspondiente.

Artículo 13. Derechos de los adultos mayores. Los adultos mayores migrantes tienen derecho a ser tratados con consideración y respeto. Si tienen situación de indigencia, les será proporcionada alimentación adecuada y alojamiento; y en caso de requerirlo, consulta médica y medicamentos.

Artículo 14. Derechos de los indígenas. Los indígenas migrantes tienen derecho a ser tratados con justicia, equidad y respeto y en el caso de los migrantes mexicanos, serles plenamente reconocidos la totalidad de los derechos ciudadanos consagrados en las leyes nacionales. Tienen, asimismo, todos los derechos establecidos para los migrantes en la presente ley.

Si el migrante indígena cuenta con contrato para laborar en extranjero y éste y la documentación relacionada con él se encontraran en un idioma diferente al español o a su lengua materna, tiene derecho a que la autoridad correspondiente lo traduzca, informándole sobre los efectos legales correspondientes.

Artículo 15. Derechos de los migrantes con capacidades diferentes. Los migrantes que se encuentren en una condición de capacidad diferente, tienen derecho a un trato cortés y respetuoso, a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en su condición de discapacidad, que deteriore el disfrute de sus derechos y libertades fundamentales; y el de los derechos establecidos en la presente ley. Por tal motivo, disfrutarán de sus beneficios en igualdad de circunstancias de cualquier migrante, brindándoseles las facilidades que sean necesarias para tal efecto.

Artículo 16. Derechos de los migrantes indigentes. Los migrantes que se encuentren en una situación de indigencia y no cuenten con recursos para la diaria subsistencia, tienen derecho a la asistencia médica, a la alimentación adecuada y al alojamiento temporal en su tránsito hacia la población de su destino.

Artículo 17. Derechos de los transmigrantes y turistas. Los transmigrantes de probados escasos recursos económicos, y excepcionalmente los turistas que se encuentren en territorio nacional, tienen derecho a recibir:

I. Asesoría sobre orientación y gestión de trámites, derechos humanos, migración y servicio exterior, que brindará la Comisión Nacional de Protección y Apoyo a los Migrantes y sus Familias; y las oficinas de atención a migrantes del estado y de los municipios;

II. Asistencia legal que le proporcionará la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Gobierno del estado o del municipio;

III. Atención en medicina preventiva, materno infantil y médica de emergencia en los centros de salud y consultorios de la Secretaría de Salud Federal, del Estado o de los Servicios de Salud del Municipio donde se encuentren;

IV. Hospedaje, cobijo y alimentación hasta por tres días en los albergues públicos del DIF Federal, del estado y municipios.

B. Derecho a la salud y asistencia social

Artículo 18. Derecho a la salud. Los migrantes mexicanos tienen derecho a recibir los servicios de salud pública, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 4o. constitucional. Los migrantes extranjeros tendrán derecho a recibir servicios elementales de salud por parte de las dependencias del sector público con competencia en la materia.

Artículo 19. Derecho a la Asistencia Social. Los migrantes tienen derecho a ser sujetos de programas de asistencia social en caso de pérdida de sus medios de subsistencia; y a programas que les permitan tener acceso a una casa hogar o albergue temporal u otras alternativas de atención que les permitan evitar situaciones de riesgo o desamparo.

Artículo 20. Derecho a la unidad familiar. Los migrantes y sus familias tienen derecho a mantenerse unidos en el territorio nacional. Los menores tienen derecho a no ser separados de su núcleo familiar y a comunicarse con sus familiares y con el gobierno de su país o nacionalidad en caso de ser extranjeros; o con el gobierno del estado o municipio del cual provienen y en el que se encuentren sus familiares, con el fin de ser reintegrados al seno familiar.

Artículo 21. Protección a la integridad. Cuando un menor migrante sea detenido, en tanto se define su situación migratoria y legal, será trasladado a un refugio temporal en el que se garantice su integridad física, sexual y emocional. En el lugar de resguardo, no deberán encontrarse personas o migrantes mayores de edad que pudieran realizar algún abuso en su persona. En el caso de las mujeres migrantes detenidas, se les resguardará en sitios distintos a los varones, brindándoseles un trato digno y respetuoso en todo momento.

Artículo 22. Derecho a certificados médicos. Los servicios públicos de salud otorgarán a los migrantes mexicanos apoyo para la obtención de los certificados médicos que requieran para la obtención de su visa.

Artículo 23. Gestión de visas humanitarias y para eventos especiales. Las familias de los migrantes tienen derecho a que, en caso de enfermedad grave o fallecimiento del migrante en el extranjero, las autoridades gestionen ante las autoridades migratorias del país en el cual se encuentre el migrante, en forma lo más expedita posible, la o las visas de carácter humanitario que sean necesarias.

Asimismo, a que les sean tramitadas visas para encuentros deportivos, culturales u otros eventos especiales.

C. Derechos sociales y culturales

Artículo 24. Derecho a la organización y participación. Los migrantes a través de sus organizaciones, tienen derecho a participar en la formulación y aplicación de las decisiones institucionales que les afecten directa o indirectamente. Tienen, asimismo, derecho de asociarse y conformar clubes u organizaciones de migrantes, tanto en el territorio nacional como en el extranjero para promover su desarrollo e incidir en las acciones dirigidas a este sector; así como a formar parte de órganos de representación y consulta ciudadana, siempre y cuando las disposiciones de éstos lo permitan.

Los migrantes podrán participar en los eventos que se lleven a cabo relacionados con la divulgación de las disposiciones legales establecidas para su beneficio.

Artículo 25. Derecho a la cultura y recreación. Los migrantes tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa de las comunidades en las cuales se asienten o por las cuales transiten; así como a participar en los programas de turismo migrante que se diseñen para recibir a los migrantes que regresan al país a visitar a sus familias.

Artículo 26. Derecho a la información y comunicación. La Comisión Nacional para la Protección y Apoyo a los Migrantes y sus Familias tendrá en operación líneas telefónicas 01 800 y 01 900 y un sitio o portal en Internet con correo electrónico, con el fin de que los migrantes y sus familias puedan consultar sus derechos y los programas a cargo de las distintas dependencias; y cuando requieran apoyo institucional. Asimismo, la Comisión contará en su sede con el servicio de videoconferencias gratuito, a fin de que los migrantes estén en contacto permanente con su familia.

En el caso de migrantes extranjeros, éstos deberán ser informados de sus derechos y su situación legal; y de no hablar español, les será facilitado un traductor.

D. Derechos laborales

Artículo 27. Bolsa de trabajo. El Estado, a través de la Comisión Nacional para la Protección y Apoyo a los Migrantes y sus Familias, integrará una bolsa de trabajo en la cual se identificarán las actividades que puedan ser desempeñadas por los migrantes mexicanos quienes recibirán la orientación para que, de conformidad con sus habilidades y capacidades, se presenten a las distintas ofertas de trabajo. Esta bolsa de trabajo se encontrará interconectada con otras bolsas de trabajo oficiales y particulares.

En la bolsa de trabajo se recibirán solicitudes de personas que desean laborar en el extranjero, integrándose un banco de datos conteniendo todos los datos del trabajador y el cual se consultará cuando empresas extranjeras soliciten trabajadores que deseen laborar fuera del país.

Artículo 28. Gestión de visas de trabajo. Las autoridades correspondientes de los distintos órdenes de gobierno, a través de los mecanismos que se acuerden, gestionarán ante los consulados y embajadas que la tramitación de las visas que requieran los trabajadores mexicanos sea expedita; y, en caso de contrataciones colectivas, acompañarán a los trabajadores a las entrevistas respectivas.

Artículo 29. Capacitación. Los migrantes mexicanos tienen derecho a recibir capacitación para el trabajo, con el fin de mejorar el desempeño de sus habilidades y capacidades; y a obtener la certificación laboral en aquellos oficios que son demandados en otras naciones.

Artículo 30. Verificación de recursos y legalidad. Los migrantes mexicanos tienen derecho a solicitar que las dependencias con facultades en la materia de los distintos órdenes de gobierno los apoyen en la verificación de la autenticidad, capacidad económica y legalidad de las empresas, patrones o contratistas que pretendan contratar trabajadores mexicanos para realizar labores en el extranjero. Las dependencias procurarán contar con información suficiente que garantice a los trabajadores las mejores condiciones de contratación.

Artículo 31. Traducción de contratos. Si el contrato que se ofrece a los migrantes mexicanos y la documentación relacionada con el mismo se extendiera en una lengua diferente al español, la autoridad correspondiente podrá hacerlo traducir para proporcionarlo a cada uno de los trabajadores e informará a éstos sobre los efectos legales que existen.

Artículo 32. Derecho a la orientación. El migrante y su familia podrán acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Apoyo a los Migrantes y sus Familias con el fin de recibir orientación sobre el funcionamiento del seguro social y el pago de pensiones alimenticias o por años laborados en el país en que resida o piense residir el migrante. De no contar con información en ese momento, la comisión realizará la investigación correspondiente y lo informará al solicitante.

Artículo 33. Traslado de trabajadores. En los casos en que trabajadores mexicanos sean contratados en forma colectiva para laborar en un país extranjero, el traslado deberá ser vigilado por las autoridades mexicanas, a efecto de garantizar en todo momento un trato respetuoso y digno a los migrantes.

Artículo 34. Remesas. Las remesas familiares que envíen los migrantes no serán objeto de impuestos, derechos o gravámenes de ningún tipo.

Artículo 35. Condonación del pago de impuestos. Los migrantes mexicanos que retornan a establecerse permanentemente en el territorio nacional una vez jubilados en el exterior podrán, podrán ingresar al país, por una sola vez, libres de derechos aduaneros o impuestos, su menaje de casa, sus pertenencias personales, y un vehículo; así como maquinaria y herramientas que le permitan instalar una pequeña empresa o taller. Dichos bienes muebles, maquinaria o herramientas no podrán ser vendidos en un plazo de dos años contados a partir de su ingreso al país. En caso contrario deberán pagar los derechos aduaneros o impuestos no pagados al momento de ingresarlos al país.

E. Derecho a la legalidad y a la justicia

Artículo 36. Protección y asistencia consular. Los migrantes mexicanos que sean detenidos en el extranjero sin la debida documentación migratoria tienen derecho a solicitar la protección consular a fin de ser auxiliados. En el caso de migrantes de una nacionalidad distinta a la mexicana y que sean detenidos en México por carecer de documentación migratoria en regla, tienen derecho a comunicarse o a que la autoridad migratoria nacional comunique de inmediato su detención al consulado del país de su nacionalidad o residencia.

Artículo 37. Defensa jurídica de los migrantes. Los migrantes mexicanos tienen derecho a que se respeten todos sus derechos y el Estado les brinde protección, asesoría y apoyo jurídico integral en los procedimientos administrativos o judiciales en que sean parte cuando se encuentren fuera del país en relación con accidentes laborales, despidos injustificados, accidentes automovilísticos, derechos que tienen en otros países, protección de su patrimonio personal y familiar, y aspectos que requieran.

Asimismo, a recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre, ya sea en calidad de agraviados, indiciados o sentenciados. La comisión coadyuvará en la localización y defensa de presos de origen mexicano, informando lo conducente a sus familias; y firmará convenios, preferentemente, con despachos de abogados que hayan defendido exitosamente a migrantes nacionales.

La comisión brindará asistencia jurídica a los migrantes que decidan retirarse de sus actividades laborales.

Artículo 38. Derecho a la denuncia. Cualquier persona podrá denunciar ante la Comisión conductas discriminatorias y violatorias de los derechos, la integridad física o mental de los migrantes, transmigrantes o turistas, ejecutadas por autoridades federales, estatales o municipales en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas; o conductas realizadas por terceros, debiendo documentar debidamente sus quejas o denuncias.

Artículo 39. Derecho a la obtención de documentos oficiales. Los mexicanos que vivan en el extranjero, cubriendo los costos respectivos, tendrán apoyo para obtener de las distintas dependencias documentos legales y oficiales, como actas de nacimiento, actas de defunción de familiares, documentos y títulos escolares, cartas de identidad; además del apostillado de documentos que lo requieran.

Artículo 40. Derecho al voto. Los migrantes mexicanos que residen en el extranjero, cuya solicitud para votar desde el extranjero haya sido aceptada en la lista nominal de mexicanos residentes en el extranjero y cuenten con la credencial del Instituto Federal Electoral, tienen derecho a votar de conformidad a lo dispuesto en las leyes mexicanas en la materia y a las normas expedidas para tal efecto.

Capítulo III. De las obligaciones de los migrantes

Artículo 41. Información para el Registro Nacional de Migrantes. Los migrantes y sus familias deberán proporcionar, de ser posible, información con respecto a su nombre, procedencia, domicilio en su lugar de origen y en general, la información que le sea solicitada y aquellos datos que pudieren facilitar su ubicación o la de sus familiares con el objeto de facilitar su futuro reencuentro. Asimismo, comunicarán, la localidad nacional o del extranjero donde pretenden establecerse; brindando la información que les sea requerida para fines estadísticos.

Artículo 42. Restricciones. No podrán emigrar las personas que estén sujetas a proceso judicial, sean prófugos de la justicia, estén arraigados por cualquier causa en virtud de resolución judicial o porque así lo establezcan otras disposiciones aplicables en la materia, salvo que exista autorización emitida por autoridad competente.

Los gobiernos del Distrito Federal, de las entidades federativas y los ayuntamientos podrán coadyuvar con la autoridad competente para evitar la emigración en los casos previstos en el párrafo anterior.

Título III. De los Deberes del Estado, la politica pública de atencion a migrantes y la distribucion de competencias

Capítulo I. De los deberes del Estado

Artículo 43. Atención a los migrantes. El Estado garantizará las mejores condiciones posibles para la atención a los migrantes por parte de las instituciones públicas, sociales y privadas. Asimismo, establecerá programas institucionales de información y asesoría tanto sobre las garantías consagradas en esta ley como sobre los derechos establecidos en otras disposiciones legales.

Artículo 44. Registro Nacional de Migrantes . El Estado, a través de la Comisión Nacional para la Protección y Apoyo a los Migrantes y sus Familias, instituirá, y actualizará un Registro Nacional de Migrantes, con la información que los mismos proporcionen y la que recabe de los órdenes de gobierno estatal y municipal y la de sus dependencias y entidades relativas a los programas y beneficios dirigidos a los migrantes.

Contará también con la información estadística en materia de migración que le sea proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Artículo 45. Publicación y difusión de la ley. El Estado promoverá la publicación y difusión de esta ley para que las instituciones, la sociedad y los migrantes la conozcan y puedan acceder a los beneficios establecidos en ésta.

Artículo 46. Protección. El Estado dispondrá las medidas necesarias para evitar que se cometa cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia y actos jurídicos que pongan en riesgo la persona, bienes y derechos de los migrantes.

Capítulo II. De la política pública de atención a migrantes

Artículo 47. Objetivos de la política pública de atención al migrante. En la formulación y realización de las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno, se observarán los criterios obligatorios de protección a migrantes mexicanos que se encuentren en territorio nacional y en el extranjero, particularmente en Estados Unidos de América, así como a migrantes extranjeros dentro del país.

La política nacional sobre migrantes tendrá los criterios obligatorios siguientes:

A. Criterios generales

1. Destinar recursos y fortalecer los programas sociales orientados al combate de la pobreza extrema, para resolver o disminuir las causas que originan la migración indocumentada, así como perseguir y penalizar a quienes realizan o colaboran en el tráfico ilegal de personas;

2. Diseñar programas y tomar medidas para la prevención y erradicación de la trata de personas, la discriminación, la xenofobia, el tráfico ilícito de menores, el trabajo infantil, y toda forma de explotación o abuso hacia los migrantes, y particularmente los indígenas.

3. Establecer las bases para la planeación y concertación de acciones entre las instituciones públicas, sociales y privadas, para lograr un funcionamiento coordinado en los programas y servicios que presten a este sector de la población;

4. Fomentar en la sociedad una cultura de comprensión y respeto a los migrantes, propiciando para éstos un trato digno, que favorezca su revalorización y los anime a continuar buscando un mejor porvenir para ellos y sus familias.

5. Fomentar la realización de estudios e investigaciones sociales de la problemática inherente a la migración, que sirvan como herramientas de trabajo a las instituciones del sector público y privado para desarrollar programas en beneficio de esta población;

6. Garantizar igualdad de oportunidades y el derecho a una vida digna, promoviendo la defensa y representación de sus intereses;

7. Garantizar la protección de la vida, la seguridad y la salud de los migrantes y el pleno ejercicio de sus derechos, sean residentes o estén de paso en el territorio nacional; para tal efecto, se firmarán los convenios binacionales a que haya lugar en los cuales se especificará que la deportación de niños migrantes deberá contar con reglas específicas para su protección.

8. Impulsar el fortalecimiento de redes familiares, sociales e institucionales de apoyo a los migrantes y garantizar la asistencia social para todos aquellos que por sus circunstancias requieran de protección especial por parte de las instituciones públicas y privadas;

9. Impulsar la acción y atención integral e interinstitucional de los sectores público, social y privado, de conformidad a lo dispuesto en la Ley y los ordenamientos correspondientes; así como vigilar el funcionamiento de los programas y servicios que se otorguen a este grupo social;

10. Promover la difusión de los derechos y valores en beneficio de los migrantes, con el propósito de sensibilizar a las familias y a la sociedad en general respecto a la problemática de este sector;

11. Promover la solidaridad y la participación ciudadana para consensar programas y acciones que coadyuven a mejorar la situación de los migrantes;

12. Propiciar formas de organización y participación de los migrantes y promover la participación activa de las mismas en la formulación y ejecución de las políticas públicas que les afecten, observando el principio de equidad de género, mediante políticas públicas, programas y acciones que garanticen la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades de hombres y mujeres migrantes;

B. Criterios obligatorios de la política de protección a migrantes mexicanos en el extranjero.

1. Brindar asistencia pública a los migrantes y sus familias, especialmente en materia alimentaria, sanitaria, de seguridad social, educativa y de retorno o repatriación de personas en estado de vulnerabilidad, así como de traslado de restos mortuorios;

2. Celebrar acuerdos de reciprocidad con otras naciones para el mutuo reconocimiento de certificados laborales y de aquellos títulos técnicos y profesionales con reconocimiento oficial, que los migrantes mexicanos hubiesen obtenido en México;

3. Consolidar las acciones de atención a los migrantes mexicanos y a sus familias que son deportados de los Estados Unidos u otro país, que involucre asistencia médica y psicológica, alimentación y albergue temporales y traslado a sus lugares de origen;

4. Crear alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional, con organizaciones de la sociedad civil y del sector privado con la finalidad de actuar conjuntamente en la protección y ayuda de los migrantes dentro y fuera del territorio nacional;

5. Diseñar, conjuntamente con gobiernos y empresas del exterior, programas de migración temporal legal en la que los mexicanos puedan laborar en otros países. Lo anterior, en el marco de acuerdos binacionales para proteger los derechos de los trabajadores migratorios mexicanos.

6. Diseñar y aplicar mecanismos para el combate a los traficantes de personas y redes clandestinas de emigración clandestina y de explotación de mujeres y niños;

7. Disponer medidas para garantizar la seguridad en el tránsito de los migrantes por las carreteras mexicanas y contar con vehículos especiales para el auxilio turístico;

8. Divulgar en los medios masivos de comunicación los riesgos y peligros a que se pueden enfrentar los mexicanos, al emigrar sin cumplir todos los requisitos legales que se exijan para entrar al país al cual se dirijan;

9. Establecer programas y acciones contra la discriminación, la xenofobia y el racismo que afectan a los migrantes y sus familias;

10. Fortalecer la red consular, especialmente en el renglón de atención a los derechos humanos y en la asesoría en juicios laborales, civiles y penales;

11. Generar programas de empleo y condiciones para facilitar la reinserción social y económica de los migrantes mexicanos deportados o repatriados;

12. Homologar las disposiciones legales y administrativas nacionales con los convenios sobre migración y derechos humanos ratificados por México;

13. Implantar en los programas educativos y realizar promoción publicitaria en relación con los aspectos positivos de la diversidad y la interacción multicultural;

14. Impulsar y motivar el retorno voluntario de los migrantes mexicanos, estimulando la repatriación voluntaria: Se contará con módulos de recepción y orientación a migrantes en terminales aéreas, marítimas, ferroviarias y de autobuses;

15. Incluir en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, particularmente de su capítulo de desarrollo social, los principios, objetivos e instrumentos de los programas de atención a los migrantes, integrando las estrategias correspondientes en la política nacional respectiva;

16. Llevar a cabo las acciones necesarias para la normalización y legalización del estatus migratorio de los mexicanos que carezcan de documentación migratoria en regla;

17. Mantener una permanente coordinación interinstitucional y entre los distintos ámbitos de gobierno, a fin de atender la problemática migratoria en forma integral;

18. Motivar el establecimiento de condiciones más favorables para el envío de las remesas familiares, incluyendo la reducción de los costos de envío. Las remesas familiares que envíen los migrantes no serán objeto de impuestos, derechos o gravámenes de ningún tipo.

19. Motivar el hermanamiento de ciudades mexicanas con ciudades de otros países y el sostenimiento de reuniones binacionales entre ellas, a fin de fomentar y estrechar los lazos de amistad y un trato atento y respetuoso a los mexicanos en el extranjero y viceversa.

20. Promover en el interior y en el exterior del país programas y acciones que mantengan la identidad y fortalezcan los vínculos culturales, económicos y sociales de los migrantes mexicanos con la nación mexicana.

21. Promocionar la inversión de los migrantes mexicanos en proyectos y programas de infraestructura social y urbana, generación de empleos, crecimiento económico y desarrollo comunitaria en sus poblaciones de origen;

22. Promocionar la inversión nacional para proveer a las comunidades de mexicanos en el extranjero, de aquellos productos y servicios que les permitan continuar con los lazos culturales, afectivos y familiares desde su lugar de residencia;

23. Proteger los derechos laborales de los mexicanos en el extranjero.

24. Proponer a los Estados de tránsito y destino la celebración de acuerdos, convenios o tratados para otorgar a los migrantes mexicanos y sus familias acceso a los servicios básicos de salud, independientemente de su condición migratoria.

25. Tomar medidas para fomentar el fortalecimiento de los lazos de solidaridad, de identidad, culturales y familiares entre los migrantes mexicanos y sus comunidades de origen, así como entre las comunidades mexicanas que se establecen fuera del país; y

26. Velar por el respeto de los derechos fundamentales, creando mecanismos específicos para prevenir e impedir la explotación laboral y sexual, dentro y fuera del país, de los migrantes mexicanos y de sus familias, así como de los migrantes extranjeros en territorio nacional, especialmente de las mujeres, los adultos mayores, los menores y los indígenas.

C. Criterios obligatorios de la política de protección a migrantes extranjeros que se encuentran en territorio nacional

1. Establecer mecanismos que aseguren a los migrantes extranjeros el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales como son a la vida, la libertad de tránsito, la seguridad y la protección de su intimidad y su patrimonio, entre otros;

2. Desarrollar sistemas que les garanticen el derecho a la igualdad ante los tribunales y todos los demás órganos y autoridades encargados de la administración de justicia, y

3. Promover el respeto a la diversidad y la interacción multicultural.

Capítulo III. De la concurrencia y coordinación entre la federación, el Distrito Federal, las entidades federativas y los municipios

Artículo 48. Concurrencia. La federación, el Distrito Federal, las entidades federativas, y los municipios ejercerán sus atribuciones en la formulación y ejecución de las políticas públicas para los migrantes, de conformidad con la concurrencia prevista en esta ley y en otros ordenamientos legales.

Las autoridades competentes de la Federación, el Distrito Federal, las entidades federativas y los municipios, concurrirán para:

I. Determinar las políticas hacia los migrantes, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus programas y acciones, de acuerdo con lo previsto en esta ley, y

II. Desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la organización y funcionamiento de las instituciones de atención a los migrantes.

Artículo 49. Bases de datos. La Federación, el Distrito Federal, las entidades federativas y los municipios integrarán los instrumentos de información para cuyo efecto la Comisión Nacional para la Protección y Apoyo a los Migrantes y sus Familias establecerá los lineamientos y criterios generales de las bases de datos.

Artículo 50. Convenios entre los distintos órdenes de gobierno. Cuando las disposiciones de esta Ley comprendan materias y acciones que incidan en diversos ámbitos de competencia de la federación, el Distrito Federal, las entidades federativas y los municipios, se aplicarán y ejecutarán por alguno de los tres órdenes de gobierno, con base en los convenios generales y específicos que al respecto suscriban. Los convenios observarán lo dispuesto en las leyes correspondientes.

Artículo 51. Coordinación. De acuerdo con lo previsto en la presente ley y en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las secretarías de Estado, la comisión y las demás dependencias del Ejecutivo Federal, se coordinarán para implantar y ejecutar políticas públicas, criterios obligatorios, programas y acciones relativos a la protección de los migrantes y sus familiares.

Para tal efecto, la federación, a través de la comisión, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal y de los estados, con la participación, en su caso, de municipios, en el ámbito territorial de su competencia, asuman las siguientes funciones:

I. Coadyuvar en la elaboración de estudios sobre la magnitud, características y perspectivas de las distintas modalidades de la migración de mexicanos;

II. Coordinar medidas para la protección de los migrantes nacionales y extranjeros en el Distrito Federal y las entidades federativas de origen, tránsito y recepción;

III. Crear agencias del Ministerio Público especializadas en delitos cometidos en contra de los migrantes;

IV. Desarrollar esquemas colectivos que incentiven y protejan el ahorro de los migrantes mexicanos, así como su inversión en programas de generación de empleos, de crecimiento económico, desarrollo social y construcción de infraestructura urbana y social;

V. Establecer y aplicar programas de generación de empleos, construcción de infraestructura urbana y social, apoyo a la productividad del campo, crecimiento económico y desarrollo social en aquellas localidades donde lo acuerden conjuntamente la comisión, las autoridades y las asociaciones de migrantes mexicanos en el extranjero;

VI. Fortalecer los vínculos sociales, culturales y deportivos con las comunidades de mexicanos en el extranjero;

VII. Garantizar la repatriación ágil, segura y ordenada de los migrantes regulares e indocumentados, y promover centros de atención para éstos;

VIII. Impulsar programas específicos de apoyo y de empleo en las localidades de alta densidad migratoria hacía el extranjero;

IX. Operar conjuntamente los grupos y centros de protección a migrantes que se encuentren en territorio nacional;

X. Programar y operar las tareas de prevención de la migración irregular y/o clandestina;

XI. Promover programas educativos, culturales y recreativos para contribuir al desarrollo pleno de los migrantes mexicanos y sus familias en el extranjero;

XII. Promover, diseñar e instrumentar programas de desarrollo regional, social y humano en las zonas expulsoras de migrantes;

XIII. Realizar acciones de cooperación en la inspección, vigilancia, persecución y penalización del tráfico ilegal de indocumentados;

XIV. Realizar acciones y programas para la atención de la problemática en materia de protección a migrantes mexicanos y extranjeros y sus familias; y

XV. Sistematizar los servicios de información y atención a migrantes.

Artículo 52. Creación de oficinas estatales de atención a migrantes. El gobierno del Distrito Federal y las entidades federativas, dispondrán lo conducente para que sean creadas oficinas, dependencias, institutos, direcciones u órganos equivalentes que tengan como finalidad brindar a los migrantes residentes en el extranjero atención y apoyo para ellos y sus familias, fungiendo como enlace entre las comunidades coahuilenses en el extranjero y los gobiernos de donde provienen. Estas oficinas habrán de formar parte de la Coordinación Nacional de Oficinas de Atención a Migrantes (Conofam).

Estas áreas, contarán con líneas 01800 y 01 900; además de página de Internet y correo electrónico; y coadyuvarán con los migrantes mexicanos en coordinación con otras dependencias y entidades, en el trámite de la obtención de visas de trabajo, visas humanitarias y para asistir a eventos especiales, trámite de documentos oficiales, deportaciones, donaciones, asesorías y apoyos sobre seguro social, pensiones alimenticias, pensiones laborales y jubilaciones en otros países, traducciones de documentos oficiales, localización de personas en el extranjero, apoyo en el llenado de documentos migratorios, integración de clubes en el extranjero, repatriación de restos mortuorios, y en general acciones que permitan mantener los vínculos de los migrantes con su familia, su estado y su país, conservando con ello sus identidad y raíces culturales.

Brindarán, asimismo, servicios y asesorías por Internet y correo electrónico a quienes lo requieran.

Artículo 53. Programas para evitar la migración. El gobierno del Distrito Federal y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con la federación, instrumentarán programas enfocados a disminuir los procesos de emigración, creando y consolidando oportunidades ocupacionales, la organización de unidades productivas, cooperativas, sociedades de producción y otras organizaciones económicas en las comunidades rurales, que contribuyan a lograr un mayor aprovechamiento de sus recursos naturales y culturales; y generen arraigo y permanencia de los habitantes de las diversas localidades.

Artículo 54. Fondos de atención al migrante. El gobierno del Distrito Federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, participarán económica y proporcionalmente en los costos que se originen por la repatriación y atención de los migrantes en situación de pobreza; y el traslado de los mismos de la frontera a sus lugares de origen. Para tal efecto, se crearán los fondos de atención al migrante correspondientes, los cuales se considerarán en los Presupuestos de Egresos respectivos.

Artículo 55. Trato digno y humano para deportados. Cuando un migrante mexicano, haya cometido un delito en el extranjero o en el país y sea extraditado conforme a los tratados internacionales vigentes y la legislación penal aplicable, se vigilará que la entrega entre las autoridades correspondientes se realice salvaguardando sus derechos a un trato digno y humano, para lo que podrá solicitar la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sin que esto ponga en riesgo la seguridad y confidencialidad de las acciones.

Capítulo IV. De la distribución de competencias

Artículo 56. Competencias institucionales. Las dependencias centralizadas y paraestatales de la administración pública federal tendrán en materia de atención a migrantes las competencias que se señalan expresamente en la presente ley; y aquellas que se deriven del cumplimiento de sus atribuciones.

Artículo 57. Competencias de la Secretaría de Gobernación. Corresponde a la Secretaría de Gobernación establecer, ejecutar o promover ante las dependencias, instituciones o entidades correspondientes, las medidas necesarias para:

I. Brindar protección a los migrantes mexicanos y extranjeros, así como apoyar dar y atención a sus familias, sin importar su condición jurídica migratoria de documentados o indocumentados;

II. Establecer y aplicar medidas, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, para prevenir y erradicar el tráfico ilegal de migrantes mexicanos y sus familias;

III. Establecer y coordinar mecanismos seguros y ordenados para la devolución, deportación o repatriación a territorio nacional de los migrantes mexicanos y sus familias aprehendidos por autoridades migratorias de otros países;

IV. Formar parte del Consejo Nacional de Protección a Migrantes y sus Familias y del Programa Paisano;

V. Instrumentar políticas migratorias que favorezcan el cumplimiento de la ley en beneficio de los migrantes y sus familias;

VI. Planear, ejecutar, controlar, supervisar y evaluar que los servicios migratorios, se desarrollen eficiente y eficazmente y los migrantes reciban un trato digno y atento; y

VII. Las demás que le atribuya expresamente la legislación aplicable.

Artículo 58. Competencias de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores establecer, ejecutar o promover ante las dependencias, instituciones o entidades correspondientes, las medidas necesarias para:

I. Acordar acciones para la aplicación de los programas nacionales en el ámbito de la política exterior que puedan beneficiar en el extranjero a migrantes mexicanos;

II. Brindar protección consular y apoyo a los migrantes mexicanos y a sus familias en el exterior, sin importar su condición jurídica migratoria de documentados o indocumentados en los siguientes aspectos: abusos y maltrato en contra de menores y mujeres; asesoría legal en materia migratoria, penal, laboral y civil; asistencia jurídica a mexicanos sentenciados a pena capital; atención a repatriados y visitas a centros de detención migratoria; ayuda económica directa a mexicanos en situación de indigencia; compensación para víctimas de crímenes violentos; identificación de restos; indemnización por lesiones; indemnizaciones laborales; localización de personas; negligencia médica; obtención de documentos en México y el extranjero; pago parcial de servicios funerarios; pensiones alimenticias; presunciones de nacionalidad; procesos de adopción de menores; procesos de patria potestad de menores; protección del migrante en situación de indigencia; recuperación de pertenencias; recuperación de salarios; repatriación de enfermos; repatriación de menores y personas vulnerables; sucesiones; sustracción de menores; traslado de restos mortuorios a territorio nacional o cremación de los mismos; visitas a connacionales detenidos en centros de detención penal; petición de clemencia en caso de pena de muerte; transcripción de audiencias y juicios; visitas a centros de trabajo para asistencia consular;

III. Consolidar la defensa de los derechos de los migrantes mexicanos y sus familias a través de la acción permanente de los consulados mexicanos en los países de tránsito y destino, contribuyendo así a mejorar su nivel y calidad de vida;

IV. Coordinar las acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la administración pública federal, de conformidad con las atribuciones que a cada una de ellas corresponda;

V. Coordinar las relaciones económicas y de cooperación de México con el exterior y conducir las tareas de promoción económica, comercial, de inversiones y turística a través de las representaciones diplomáticas y consulares;

VI. Establecer un programa de consulado móvil, en las principales ciudades de Estados Unidos donde exista concentración de mexicanos, con la finalidad de llevar servicios consulares a los connacionales que por motivos geográficos o económicos necesiten regularizar su situación migratoria, recibir algún servicio o plantear algún problema y no pueden acudir a las instalaciones del Consulado. Estos consulados móviles operarán los fines de semana y se avisará oportunamente a la población en donde estarán ubicados.

VII. Formar parte del Consejo Nacional de Protección a Migrantes y sus Familias y del Programa Paisano;

VIII. Promover tratados o convenios internacionales y reformas migratorias profundas favorables al desarrollo y al mejoramiento de las condiciones de vida de los migrantes mexicanos en el exterior;

IX: Simplificar los trámites administrativos para la obtención de pasaportes y matrículas consulares por parte de los migrantes y

X. Las demás que le atribuya expresamente la legislación aplicable.

Artículo 59. Competencias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecer, ejecutar o promover ante las dependencias, instituciones o entidades correspondientes, las medidas necesarias para:

I. Aportar los recursos federales para la construcción conjunta de obras de infraestructura social y urbana con la participación de los gobiernos del Distrito Federal, de las entidades federativas, de los municipios, de las comunidades y de los migrantes.

II. Brindar apoyo técnico, asesoría y, de ser el caso, autorizaciones a los migrantes mexicanos y sus familias, para el envío y recepción de dinero, documentos y productos de uso personal y familiar;

III. Crear dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación una partida para la creación del Fondo Migrante, a través del cual se fomenten fideicomisos cuyo objetivo sea la instalación de empresas productivas y la generación de empleos en los municipios de mayor expulsión de mano de obra.

IV. Determinar, en coordinación con la Comisión, aquellos productos de uso personal y familiar, susceptibles de ser introducidos al país por los migrantes mexicanos y sus familias, brindando para ello facilidades en los procedimientos aduanales y tarifas preferenciales de importación;

V. Disponer medidas para informar debida y oportunamente a los migrantes que mercancías pueden introducir al país sin pagar impuestos, que se considera equipaje personal, franquicias, impuestos a mercancías adicionales, en qué consiste el menaje de casa, costos de importación temporal de vehículos y de permiso de importación temporal.

VI. Formar parte del Consejo Nacional de Protección a Migrantes y sus Familias y del Programa Paisano;

VII. Instrumentar medidas en materia financiera, fiscal, de gasto público, crediticia, bancaria y de divisas que tiendan a favorecer a los migrantes y sus familias; y

VIII. Las demás que le atribuya expresamente la legislación aplicable.

Artículo 60. Competencias de la Secretaría de Desarrollo Social. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social establecer, ejecutar o promover ante las dependencias, instituciones o entidades correspondientes, las medidas necesarias para:

I. Acordar convenios de colaboración con instituciones y organismos públicos, sociales y privados para la realización de programas y acciones de atención dirigidas a los migrantes;

II. Ejecutar proyectos de infraestructura social y urbana orientados a mejorar el nivel de vida de las comunidades de origen de los migrantes, con la participación económica de éstos, y los cuales podrán ser, entre otros: adquisición de equipo para servicios públicos primarios; alumbrado público; bibliotecas, museos y casas de cultura; bordos; canales y obras de irrigación; carreteras; caminos y puentes; centros deportivos y recreativos; conservación de suelos; construcción y remozamiento de iglesias; creación, ampliación o equipamiento de centros educativos; electrificación; embellecimiento y remodelación de poblados y centros urbanos; entubamiento de aguas de ríos y arroyos; instalación de internet en plazas públicas; introducción y conexión de redes de distribución de agua potable; parques y jardines; pavimento; banquetas y guarniciones; plazas cívicas; redes de drenaje y alcantarillado y obras de saneamiento; reservas y cordones forestales; vías públicas; y viveros.

El gobierno federal, el gobierno del Distrito Federal, los gobiernos de las entidades federativas y los gobiernos municipales, así como las comunidades de vecinos realizarán las aportaciones que les correspondan para la realización de las obras.

III. Establecer y aplicar programas de desarrollo local en las comunidades nacionales de mayor expulsión de mano de obra, mediante el apoyo financiero y tecnológico a proyectos productivos y de generación de empleos. La Comisión habrá de promover, para tal efecto, la participación de los migrantes mexicanos originarios de esas comunidades que se encuentren residiendo fuera del país; en el financiamiento de dichos programas;

IV. Fomentar la participación de los sectores social y privado en la promoción, seguimiento y financiamiento de los programas de atención a los migrantes;

V. Formar parte del Consejo Nacional de Protección a Migrantes y sus Familias y del Programa Paisano;

VI. Generar y aplicar, en coordinación con la Comisión, programas tendientes al desarrollo de las comunidades mexicanas en el extranjero, mediante acciones de promoción de la cultura y la identidad nacional;

VII. Promover en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la suscripción de convenios internacionales en materia de atención a los migrantes; y

VIII. Las demás que le atribuya expresamente la legislación aplicable.

Artículo 61. Competencias de la Secretaría de Educación Pública. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública establecer, ejecutar o promover ante las dependencias, instituciones o entidades correspondientes, las medidas necesarias para:

I. Celebrar acuerdos de reciprocidad con otras naciones para el mutuo reconocimiento de certificados laborales y de aquellos títulos técnicos y profesionales con reconocimiento oficial, que los migrantes mexicanos hubiesen obtenido en México;

II. Coadyuvar al acceso gratuito a migrantes o con descuentos especiales a eventos culturales que promuevan las instituciones públicas y privadas, previa acreditación de su condición migratoria;

III. Establecer y aplicar, en coordinación con la Comisión, programas de educación a distancia en beneficio de los migrantes mexicanos y sus familias, en todos los niveles de la educación básica;

IV. Facilitar el acceso a la cultura migrante, promoviendo su expresión a través de talleres, exposiciones, concursos y eventos comunitarios, nacionales e internacionales;

V. Facilitar el derecho de los migrantes a hacer uso de las bibliotecas públicas;

VI. Fomentar entre toda la población una cultura de respeto, aprecio y reconocimiento la migración; y de su la capacidad de aportación a la economía y la cultura nacionales;

VII. Formar parte del Consejo Nacional de Protección a Migrantes y sus Familias y del Programa Paisano;

VIII. Permitir el acceso de los migrantes a la educación pública en todos sus niveles y modalidades y a cualquier otra actividad que contribuya a su desarrollo intelectual;

IX. Promover ante las instituciones educativas nacionales el que se brinden servicios de educación a distancia dirigidos a los migrantes mexicanos; mismos que habrán de tener reconocimiento oficial. Esta Secretaría impulsará la firma de programas binacionales de educación migrante;

X. Otorgar becas a estudiantes destacados que deseen realizar sus estudios en otros países; y

XI. Las demás que le atribuya expresamente la legislación aplicable.

Artículo 62. Competencias del sector salud: Corresponde a las Instituciones Públicas del Sector Salud establecer, ejecutar o promover las medidas necesarias para:

I. Acordar, mecanismos de coordinación interinstitucional para apoyar a los migrantes, mediante las unidades médicas del sector público y organizaciones civiles dedicadas a la atención de la salud física y mental de la población migrante;

II. Brindar atención y asistencia médica a través de los servicios de salud pública preventiva y curativa a los migrantes que lo requieran y no puedan cubrirlos por su situación económica:

III. Establecer y aplicar en coordinación con la Comisión, programas binacionales de salud migrante y atención médica en beneficio de los migrantes mexicanos y sus familias;

IV. Formar parte del Consejo Nacional de Protección a Migrantes y sus Familias y del Programa Paisano;

V. Llevar a cabo gestiones para apoyar y proteger a los grupos de migrantes en situación de vulnerabilidad;

VI. Llevar a cabo programas de vacunación preventivas y atender casos de enfermedades infecto-contagiosas, detectando causas y zonas de surgimiento de las mismas; tomando en su caso las medidas sanitarias correspondientes;

VII. Notificar a las autoridades sanitarias de gobiernos extranjeros, cuando migrantes y transmigrantes provenientes de esos países presenten cuadros de enfermedades infecto-contagiosas consideradas como graves; procediendo en su caso según lo dispuesto por la Ley General de Salud;

VIII. Realizar convenios con universidades públicas y privadas para recibir prestadores de servicio social en las áreas de trabajo social, psicología, medicina, odontología y enfermería que apoyen las acciones institucionales en la atención de los migrantes;

IX. Realizar cursos de capacitación orientados a promover el autocuidado de la salud de los migrantes; y

X. Las demás que le atribuya expresamente la legislación aplicable.

Artículo 63. Competencias de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecer, ejecutar o promover ante las dependencias, instituciones o entidades correspondientes, las medidas necesarias para:

I. Brindar asistencia jurídica a los migrantes relacionadas con sus derechos y actividades laborales;

II. Establecer y aplicar programas de capacitación para el trabajo y certificación laboral en beneficio de los migrantes mexicanos y sus familias, en coordinación con la comisión;

III. Formar parte del Consejo Nacional de Protección a Migrantes y sus Familias y del Programa Paisano;

IV. Implementar programas dirigidos a promover empleos y trabajos remuneradores para los migrantes mexicanos, de acuerdo con su oficio, habilidad o profesión. Lo anterior con el fin de tratar de retenerlos en el país;

V. Participar en la organización de una bolsa de trabajo mediante la cual se identifiquen actividades laborales que puedan ser desempeñadas por los migrantes y orientarlos para que presenten ofertas de trabajo; y

VI. Las demás que le atribuya expresamente la legislación aplicable.

Artículo 64. Competencias de la Secretaría de Turismo. Corresponde a la Secretaría de Turismo establecer, ejecutar o promover las medidas necesarias para:

I. Formar parte del Consejo Nacional de Protección a Migrantes y sus Familias y del Programa Paisano;

II. Llevar a cabo programas de difusión en el extranjero de las bellezas naturales, monumentos prehispánicos, edificios coloniales, sitios históricos y de interés, comidas típicas, cultura, costumbres y tradiciones mexicanas; y entre las comunidades de migrantes asentadas en el extranjero, invitándolos a regresar al país y disfrutarlos para no perder sus raíces y tradiciones culturales;

III. Promover actividades de recreación turística con tarifas preferentes, diseñadas para migrantes que reingresan al territorio nacional;

IV. Realizar convenios con las empresas del ramo para ofrecer tarifas especiales en los centros públicos o privados de entretenimiento, recreación, cultura y deporte, hospedajes en hoteles y centros turísticos, que motiven a los migrantes y a sus familias a visitarlos a su regreso al país, y

V. Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos.

Artículo 65. Competencias de la Secretaría de Economía. Corresponde a la Secretaría de Economía establecer, ejecutar o promover las medidas necesarias para:

I. Apoyar las iniciativas de los micro, pequeños y medianos empresarios migrantes, fomentando e incentivando su actividad productiva en el interior del país y en el extranjero.

II. Establecer políticas y programas que fomenten la competitividad de los empresarios migrantes, incluyendo respaldo financiero, asesorías y asistencia técnica;

III. Formar parte del Consejo Nacional de Protección a Migrantes y sus Familias y del Programa Paisano;

IV. Promover y estimular el comercio exterior del país, dirigido a la distribución y consumo de todo tipo de bienes y servicios nacionales entre las comunidades de mexicanos que residen fuera del país, en coordinación con la comisión y la Secretaría de Relaciones Exteriores; y

V. Las demás que le atribuya expresamente la legislación aplicable.

Artículo 66. Competencias del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, establecer, ejecutar o promover ante las dependencias, instituciones o entidades correspondientes, las medidas necesarias para garantizar a los migrantes y sus familias:

I. Apoyar a las familias migrantes en situación de pobreza extrema que requieran albergue y/o alimentación.

II. Coadyuvar con la Procuraduría General de la República, el gobierno del Distrito Federal y los gobiernos de las entidades federativas, en la atención, asistencia y protección jurídica de los migrantes víctimas de cualquier delito;

III. Coadyuvar en la atención y seguimiento de quejas, denuncias e informes, sobre la violación de los derechos de los migrantes, haciéndolos del conocimiento de las autoridades competentes y de ser procedente ejercitar las acciones legales correspondientes;

IV. Coordinarse con las instituciones del sector público, asociaciones y sociedades civiles y demás entidades privadas o sociales, cuyo objeto sea la prestación de servicios de asistencia social a los migrantes, particularmente a menores en estado de abandono, mujeres embarazadas de escasos recursos, ancianos desamparados y discapacitados sin recursos; sin perjuicio de las atribuciones que al efecto correspondan a otras dependencias;

V. El establecimiento de los programas asistenciales de apoyo a las familias migrantes para que la falta de recursos no sea causa de separación de los migrantes dentro del territorio nacional;

VI. Formar parte del Consejo Nacional de Protección a Migrantes y sus Familias y del Programa Paisano;

VII. La denuncia ante las autoridades competentes, cuando sea procedente, de cualquier caso de maltrato, lesiones, abuso físico o psíquico, sexual, abandono, descuido o negligencia, explotación, trata y en general cualquier acto que perjudique a los migrantes;

VIII. Los programas de prevención y protección para los migrantes en situación de riesgo o desamparo, para albergarlos en instituciones adecuadas;

IX. Los servicios de asistencia y orientación gratuita, en especial aquellos que se refieren a la seguridad en materia de alimentos y alojamiento temporal;

X. Participar en la coordinación de acciones que realicen los diferentes sectores en beneficio de la población migrante afectada en casos de desastre;

XI. Vigilar la observancia, por parte de organizaciones públicas y privadas, de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de Asistencia Social y en su caso generar las recomendaciones que procedan; y

XII. Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos.

Artículo 67. Competencias del Instituto Nacional de Migración. Corresponde al Instituto Nacional de Migración establecer, ejecutar o promover las medidas necesarias para:

I. Coordinar la operación del Programa Paisano, mediante el cual se promuevan óptimas condiciones y se les brinde apoyo y orientación a los migrantes que regresan temporal o definitivamente al país en relación con rutas de traslado y medidas de seguridad; y se les proteja del maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia por parte de servidores públicos federales en las fronteras, puertos marítimos y aeropuertos internacionales del país, dándoles a conocer sus derechos y obligaciones y los medios para que presenten quejas y denuncias. Para tales efectos, formularán guías de información a los paisanos para su entrega a los mismos.

II. Facilitar los flujos migratorios legales de entrada, tránsito, estancia y salida del país, mediante la ampliación y modernización de la infraestructura existente; y la desregulación y descentralización de los trámites migratorios;

III. Formar parte del Consejo Nacional de Protección a Migrantes y sus Familias y del Programa Paisano;

IV. Fortalecer la gestión de regulación, control y verificación de los migrantes, incrementado la capacidad operativa del proceso de verificación migratoria, dignificando y mejorando las instalaciones migratorias, coadyuvando en el combate a la trata y el tráfico de personas y mejorando los mecanismos de registro de extranjeros asegurados;

V. Garantizar el respeto de los derechos de los migrantes, fortaleciendo y ampliando los grupos encargados de su protección y supervisando y capacitando a sus servidores públicos a fin de que respeten y tutelen los derechos humanos de los migrantes;

VI. Modernizar la gestión institucional, consolidando una cultura de calidad en la prestación de los servicios migratorios y aplicando mecanismos de control de confianza para combatir la corrupción;

VII. Operar el Programa de Repatriación Humana dirigido a los migrantes repatriados o deportados, a fin de brindarles seguridad, orientación y apoyo en su regreso a sus comunidades en México, mediante servicios de atención médica, suministro de alimentos y albergue temporal; este programa les apoyará en el financiamiento de cursos de capacitación, la certificación de los conocimientos aprendidos y los contactará para recibir ofertas de programas de empleo temporal; asimismo, les facilitará los medios para comunicarse con su familia y obtener descuentos en transporte;

VIII. Promover iniciativas institucionales que contribuyan a mejorar el desempeño e imagen en materia migratoria; y

IX. Las demás que le atribuya expresamente la legislación aplicable.

Artículo 68. Competencias del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Corresponde al Instituto de los Mexicanos en el Exterior establecer, ejecutar o promover las medidas necesarias para:

I. Contribuir en el acopio y sistematización de propuestas y recomendaciones, tendientes a mejorar el desarrollo social de las comunidades mexicanas en el exterior, que formulen órganos consultivos constituidos por representantes de dichas comunidades,

II. Formar parte del Consejo Nacional de Protección a Migrantes y sus Familias y del Programa Paisano;

III. Participar en la coordinación con los gobiernos, instituciones y organizaciones del Distrito Federal, los estados y municipios en materia de prevención, atención y apoyo a las comunidades mexicanas en el exterior;

IV. Promover estrategias, integrar programas, recoger propuestas y recomendaciones de las comunidades, sus organizaciones y órganos consultivos, tendientes a elevar el nivel de vida y fortalecer a las comunidades mexicanas en el extranjero así como ejecutar las directrices que emanen del Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el Exterior;

V. Promover la revalorización del fenómeno migratorio y el trato digno a los mexicanos que viven en el exterior, favoreciendo la creación de espacios de reunión y promoviendo la comunicación entre las comunidades mexicanas radicadas fuera del país, coadyuvando en el enlace, con las mismas; y

VI. Las demás que le atribuya expresamente la legislación aplicable.

Capítulo V. De la relación con Estados extranjeros

Artículo 69. Reciprocidad. Las dependencias facultadas para tal efecto, propondrán a los gobiernos de otros países receptores de migrantes mexicanos, el que, bajo los principios del derecho internacional, los tratados y convenciones en la materia, se convengan medidas de reciprocidad en el trato a los migrantes de ambas partes.

Artículo 70. Igualdad de Derechos para los Migrantes. Con base en lo dispuesto en el anterior, los migrantes mexicanos habrán de gozar de los mismos derechos, privilegios y prerrogativas o sus equivalentes, a los que disfruten los extranjeros nativos del país en el que se encuentren y que a su vez sean residan en México bajo cualesquier situación migratoria.

Artículo 71. Respeto a los Derechos Humanos de los Migrantes. Con pleno respeto al principio de autodeterminación de los pueblos, se buscará que en la relación con otros estados, se respeten plenamente los derechos humanos de los migrantes mexicanos; y no existan hacia éstos diferencias discriminatorias por su origen social, nacionalidad, edad, sexo, raza, creencias religiosas, ideología política o situación económica. Las políticas migratorias que establezcan las partes habrán de estar libres de acciones u omisiones expresadas en rechazo expresado a través de prejuicios racistas o xenofóbicos.

Artículo 72. Relaciones Armónicas . Se buscará establecer con las naciones que reciben migrantes mexicanos relaciones fraternales y armónicas, mediante prácticas e intercambios que busquen enfatizar sus coincidencias y soslayar las diferencias; entre estas acciones se encuentran el turismo, relaciones comerciales, deportivas, educativas, científicas, culturales, humanitarias y religiosas.

Artículo 73. Facilidades de Residencia. De acuerdo con las leyes migratorias de los países con los cuales se celebren convenios migratorios, se habrán de brindar todas las facilidades a los migrantes que deseen residir en el país de manera permanente, para satisfacer sus fines personales, culturales, laborales, académicos o profesionales. En todo caso, habrán de sujetarse, a las normas jurídicas y de convivencia ciudadana que observan los propios nacionales.

Capítulo VI. De la participación social

Artículo 74. Participación de la sociedad. Los distintos órdenes de gobierno promoverán la organización y participación de la comunidad con la finalidad de coadyuvar solidariamente a la prestación de servicios asistenciales para los migrantes y sus familias que lo necesiten. Para tal efecto, podrán constituirse comités ciudadanos de atención a migrantes y grupos de apoyo a migrantes.

Cualquier persona podrá notificar de la existencia de migrantes que requieran de atención y apoyo, cuando éstos se encuentren impedidos de solicitar auxilio por sí mismos.

Artículo 75. Participación universitaria. Las universidades y centros de educación superior, instituirán programas de servicio social en la que los estudiantes participarán como auxiliares voluntarios en la atención y apoyo a los migrantes.

Artículo 76. Estímulos y facilidades. Los distintos órdenes de gobierno promoverán estímulos fiscales y facilidades administrativas, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, para aquellas instituciones privadas que otorguen apoyos gratuitos a los migrantes y a sus familias. Dichos beneficios se harán extensivos a aquellas empresas y organismos de la sociedad que de manera directa otorguen apoyos gratuitos a éstos.

Título IV. De la Comisión Nacional para la Defensa de los Migrantes y sus Familias

Capítulo I. De su naturaleza, objeto y atribuciones

A. Naturaleza

Artículo 77. Naturaleza de la Comisión Nacional para la Protección y Apoyo de los Migrantes y sus Familias. Se crea la Comisión Nacional para la Protección y Apoyo de los Migrantes y sus Familias como un organismo descentralizado no sectorizado, con autonomía de gestión, técnica, operativa, administrativa y presupuestaria; y personalidad jurídica y patrimonio propios. Estará sujeta a la aplicación de la Ley de las Entidades Paraestatales en lo que no se oponga a esta Ley.

B. Domicilio

Artículo 78. Domicilio. La comisión tendrá su domicilio en el Distrito Federal, pudiendo establecer delegaciones regionales y estatales, así como las representaciones en el extranjero que sean necesarias para cumplir con su objeto, conforme a sus requerimientos y disponibilidad presupuestal.

C. Objeto

Artículo 79. Objeto. La Comisión Nacional para la Protección y Apoyo a los Migrantes y sus Familias tiene por tiene por objeto esencial el apoyo y la protección, a los migrantes y sus familias tanto mexicanos, dentro y fuera del país, como extranjeros dentro del territorio nacional; así como la observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos establecidos en la Ley. La Comisión será la entidad asesora del Ejecutivo federal y especializada para articular las políticas públicas, los programas y criterios del gobierno federal, en la materia.

D. Competencia territorial

Artículo 80. Competencia territorial. La comisión tendrá competencia en todo el territorio nacional, para conocer de situaciones que afecten y se relacionen con los derechos de los migrantes y presuntas violaciones a sus derechos.

Tratándose de situaciones relacionadas con los derechos de los migrantes mexicanos o presuntas violaciones a los mismos fuera del territorio nacional, que se hayan hecho de su conocimiento, la comisión podrá interponer ante los gobiernos correspondientes, los recursos que considere necesarios para la protección y defensa de los migrantes nacionales.

E. Atribuciones

Artículo 81. Atribuciones. La Comisión Nacional para la Protección y Apoyo a los Migrantes y sus Familias tendrá las siguientes atribuciones:

I. Alentar a los medios de comunicación a hacer hincapié en las imágenes positivas de la migración y la diversidad cultural, contribuyendo al fortalecimiento de los valores referidos a la solidaridad con los migrantes; así como promover la protección de sus derechos;

II. Brindar asesoría y orientación al personal de las instituciones y albergues que brinden servicios y atención a migrantes;

III. Celebrar convenios para obtener descuentos en los precios de los bienes y servicios que se presten a los migrantes y acuerdos y todo tipo de actos jurídicos que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto;

IV. Coadyuvar con las autoridades correspondientes en la prevención e investigación del tráfico ilegal de personas y la explotación y trata de personas migrantes, participando en la atención de los casos de violación de los derechos humanos, laborales, civiles y otras garantías de los migrantes y sus familias;

V. Conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones a los derechos de los migrantes en los siguientes casos:

A) Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal, estatal y municipal;

B) Cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad particularmente en caso de conductas que afecten la integridad física de los migrantes;

VI. Conocer y decidir en última instancia las inconformidades respecto de las recomendaciones y por omisiones en que incurran los organismos de atención a migrantes y por insuficiencia en el cumplimiento de las recomendaciones de éstos por parte de las autoridades locales, en los términos señalados por la ley;

VII. Convocar a las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatales y municipales dedicadas a la atención de los migrantes, así como a las instituciones de educación, investigación superior, académicos, especialistas y cualquier persona interesada en los fenómenos migratorios a efecto de que formulen propuestas y opiniones respecto de las políticas, programas y acciones de atención para ser consideradas en la formulación de la política social del país en la materia y en el programa de trabajo de la Comisión;

VIII. Coordinarse con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior en relación con las tareas que el mismo realiza en materia de cultura, deportes, educación, educación financiera, gastronomía organización comunitaria, proyectos productivos, remesas, salud y vivienda.

IX. Coordinarse con las dependencias o entidades de la Federación, entidades federativas, Distrito Federal y municipios, para definir el contenido de las políticas, programas y criterios obligatorios de protección a migrantes, mediante la suscripción de los acuerdos y convenios de colaboración que sean necesarios y para la implantación y ejecución de programas de prevención de la emigración clandestina; dando prioridad a aquellos programas y acciones que beneficien a las mujeres, a los menores y a los indígenas migrantes;

X. Crear un registro único obligatorio nacional de todas las instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, o cualquier centro de atención a migrantes;

XI. Crear, coordinar y evaluar periódicamente Grupos de Protección a Migrantes y sus Familias, así como los Centros de Atención a Migrantes y sus Familias;

XII. Elaborar y proponer al consejo, para su presentación al titular del Poder Ejecutivo Federal, los proyectos legislativos en materia migratoria y de derechos de los migrantes;

XIII. Establecer convenios de coordinación con el gobierno del Distrito Federal y los gobiernos estatales, con la participación de sus municipios, para proporcionar asesoría y orientación para el diseño, establecimiento y evaluación de modelos de atención a los migrantes, así como de las políticas públicas a implantar;

XIV. Establecer principios, criterios, indicadores y normas para la elaboración de estadísticas, el análisis y evaluación de las políticas dirigidas a los migrantes; así como para jerarquizar y orientar sobre las prioridades, objetivos y metas en la materia, a efecto de atenderlas mediante los programas impulsados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por los estados y municipios y por los sectores privado y social, de conformidad con sus respectivas atribuciones y ámbitos de competencia;

XV. Establecer reuniones con instituciones afines, nacionales e internacionales, para intercambiar experiencias que permitan orientar las acciones y programas en busca de nuevas alternativas de atención;

XVI. Establecer y evaluar periódicamente programas y acciones de ayuda a los migrantes mexicanos y sus familias, promoviendo y otorgando facilidades para la de educación a distancia, la protección a la salud, la seguridad social, el acceso a la vivienda en territorio nacional, el envío y recepción de dinero, envío y recepción de productos de uso personal y familiar, repatriación urgente de personas en estado de vulnerabilidad y de cadáveres, reagrupamiento familiar, apoyo financiero público para el pago de pensiones a aquellos migrantes mexicanos que acrediten tal derecho, y en general todas aquellas que incidan en el desarrollo y mejoramiento de su calidad de vida;

XVII. Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de atención a los migrantes y respeto a sus derechos;

XVIII. Instrumentar acciones de capacitación y actualización para los servidores públicos de la propia Comisión, que se encarguen de dar atención a los migrantes mexicanos en el exterior;

XIX. Mantener actualizado el diagnóstico y promover estudios e investigaciones académicas y de campo, internacionales, nacionales y regionales, que sirvan como base para analizar la naturaleza, dimensiones, causas, consecuencias y soluciones de la migración de mexicanos dentro y hacia fuera del país, y de migrantes extranjeros hacia México;

XX. Organizar y participar en seminarios, conferencias, simposios, coloquios y congresos públicos, privados y académicos en materia de migración y atención a mexicanos en el exterior; e intervenir en foros y mecanismos de cooperación internacional relacionados con los temas de su competencia;

XXI. Promover e implantar programas para que los migrantes mexicanos en el extranjero preserven el apego a sus raíces sociales y culturales, así como a su identidad; procurando en ellos el interés para estrechar sus relaciones con México y sus comunidades de origen;

XXII. Promover la creación y ejecución de programas binacionales y multilaterales, que vinculen la acción de autoridades mexicanas y de otras naciones en materia de protección y ayuda a migrantes y sus familias;

XXIII. Promover la participación y la cooperación de la sociedad civil organizada para efectos de que sean coadyuvantes en la defensa y protección de los derechos de los migrantes; así como crear grupos de apoyo a migrantes;

XXIV. Proponer a las diversas autoridades del país, que su ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones legislativas, reglamentarias y administrativas, que a juicio de la comisión redunden en una mejor protección de los derechos de los migrantes;

XXV. Realizar las acciones previstas en el Título V del presente ordenamiento;

XXVI. Realizar visitas de inspección y vigilancia a instituciones públicas y privadas, casas hogar, albergues, o cualquier centro de atención a migrantes para verificar las condiciones de funcionamiento, capacitación de su personal, modelo de atención y condiciones de la calidad de vida;

XXVII. Recibir quejas de presuntas violaciones a los derechos de los migrantes y proteger, asesorar, atender y orientar a los migrantes y presentar denuncias ante la autoridad competente;

XXVIII. Registrar a los migrantes en el Registro Nacional de Migrantes que creará para tales efectos.

XXIX. Ser el organismo de consulta y asesoría obligatoria para las dependencias y entidades de la administración pública federal, los gobiernos de las entidades federativas, el gobierno del Distrito Federal y los gobiernos municipales; y, en su caso, voluntaria para las instituciones de los sectores social y privado, que realicen programas y acciones en materia de protección y apoyo a los migrantes;

XXX. Supervisar el respeto a los derechos de los migrantes que se encuentren en el sistema penitenciario y de readaptación social del país; y

XXXI. Las demás que se encuentren establecidas en la presente ley.

Artículo 82. Procedimientos y confidencialidad. La Comisión dispondrá de procedimientos breves y sencillos, sujetos sólo a las formalidades esenciales que requiera la documentación de los expedientes respectivos. Se procurará el contacto directo con el o los migrantes que solicitan su intervención y las autoridades correspondientes, buscando que las comunicaciones escritas sean lo más expeditas posible.

El personal de la comisión deberá manejar de manera confidencial la información o documentación relativa a los asuntos de su competencia.

Artículo 83. Gratuidad. Los servicios que preste la comisión serán gratuitos.

Capítulo II. De la integración de la comisión

Artículo 84. Integración. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, la Comisión tendrá los siguientes órganos de gobierno:

I. El Consejo Consultivo

II. El comisionado general

Contará además con el personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones.

El Estatuto Orgánico de la comisión y el Reglamento de la presente ley, determinarán las bases de la organización, así como las facultades y funciones que corresponda a las unidades administrativas que integren la comisión.

Capítulo III De la elección, facultades y obligaciones de los servidores públicos de la comisión

Artículo 85. Elección del comisionado general. La designación del comisionado general será realizada por las dos terceras partes del Senado de la República de entre la terna que someta a su consideración el Presidente de la República, y deberá cumplir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa;

III. No tener parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o civil con cualquiera de los miembros del Consejo Consultivo;

IV. No tener litigios pendientes con la comisión;

V. No haber sido sentenciado por delitos patrimoniales como robo, fraude, falsificación o abuso de confianza; o estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;

VI. En caso de ser diputado o senador al honorable Congreso de la Unión observar lo dispuesto en el artículo 62 constitucional;

VII. Acreditar los conocimientos y experiencia suficientes sobre el tema de la defensa y protección de los derechos fundamentales de los migrantes, así como en la atención y apoyo a sus familias; y

VIII. Tener buena reputación, sin haber sido nunca declarado culpable por algún delito, particularmente relacionado con la explotación económica o física de menores y mujeres o ambos, la trata de personas, el tráfico ilegal de personas o cualquier delito conexo a éstos.

La designación será por un periodo con una duración de cuatro años, pudiendo ser nuevamente designado al cargo de manera inmediata, si así lo decide el Senado de la República.

Artículo 86. Facultades y obligaciones del comisionado general. El comisionado general de la comisión tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Administrar los bienes y el presupuesto de la comisión;

II. Aprobar y emitir las recomendaciones públicas y acuerdos que resulten de las investigaciones realizadas por los visitadores;

III. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos respecto del objeto de la comisión;

IV. Celebrar, en los términos de la legislación aplicable, acuerdos, bases de coordinación, convenios de colaboración y documentos con autoridades de los tres órdenes de gobierno, y organismos de defensa de los derechos de los migrantes, instituciones académicas y otras instancias, que contribuyan al cumplimiento de sus fines;

V. Coordinar la política nacional en materia de apoyo, atención y protección a migrantes y las acciones de las dependencias y entidades del sector público en la materia, conducentes al respeto de los derechos de los migrantes en el país;

VI. Delegar funciones y facultades en el ámbito de su competencia y dictar las medidas específicas que juzgue convenientes para el mejor desempeño de las funciones de la comisión;

VII. Ejercer el presupuesto de la comisión, con sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables; y ejercer facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas. Tratándose de cualesquiera actos de dominio se requerirá la autorización previa del Consejo Consultivo;

VIII. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive en materia de amparo;

IX. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Comisión y el respectivo informe sobre su ejercicio para presentarse al Consejo de la misma;

X. Elaborar y presentar, para aprobación del Consejo Consultivo, el Estatuto Orgánico de la comisión, el Reglamento Interno y las reglas de operación y reglamentación interna de los programas sustantivos, así como sus modificaciones y expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicios de la comisión;

XI. Fijar, conforme a la legislación aplicable, las condiciones generales de trabajo de la comisión;

XII. Formular los lineamientos generales a los que se sujetarán las actividades administrativas de la Comisión, así como nombrar, dirigir y coordinar a los funcionarios y al personal bajo su autoridad; adscribiéndolos a las unidades administrativas de la misma;

XIII. Interponer, ante los gobiernos extranjeros correspondientes, en caso de situaciones relacionadas con los derechos de los migrantes mexicanos o presuntas violaciones a los mismos, fuera del territorio nacional, los recursos que considere necesarios para la protección y defensa de los mismos.

XIV. Otorgar, sustituir y revocar poderes generales y especiales con las facultades que le competan, incluso las que requieran autorización o cláusula especial;

XV. Presentar al Consejo Consultivo, cada seis meses, un informe operativo sobre el ejercicio de las facultades que este artículo le concede, así como un informe financiero de la comisión;

XVI. Presentar anualmente a los Poderes de la Unión, un informe de las actividades realizadas por la comisión;

XVII. Presidir, registrar y ejecutar los acuerdos del Consejo Consultivo;

XVIII. Proponer al Ejecutivo Federal la instrumentación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, programas y criterios obligatorios para promover e impulsar la protección de los derechos fundamentales de los migrantes y la atención y apoyo integral a sus familias.

XIX. Promover la elaboración de proyectos de leyes, reglamentos, y decretos relacionados con el apoyo y protección a los migrantes;

XX. Representar legalmente a la comisión en el cumplimiento de sus atribuciones;

XXI. Las demás que le señalen la presente ley, otros ordenamientos legales y estatutarios y las que le delegue el Consejo Consultivo, con base en el presente ordenamiento.

Capítulo IV. De la integración y facultades del Consejo Consultivo

Artículo 87 . Integración del Consejo Consultivo . El Consejo Consultivo será la máxima autoridad de la Comisión y estará integrado por las dependencias y entidades siguientes:

I. Un representante de la Secretaría de Gobernación;

II. Un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores;

III. Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

IV. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social;

V. Un representante de la Secretaría de Educación Pública;

VI. Un representante de la Secretaría de Salud;

VII. Un representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

VIII. Un representante de la Secretaría de Turismo

IX. Un representante de la Secretaría de Economía;

X. Un representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;

XI. Un representante del Instituto Nacional de Migración;

XII. Un representante del Instituto de los Mexicanos en el Exterior;

XIII. Un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos;

XIV. Un representante de la Universidad Nacional Autónoma de México;

XV. Un representante de el Colegio de la Frontera Norte;

XVI. Un representante del Instituto Nacional de Estadística y Geografía;

XVII. Un representante del gobierno del Distrito Federal y de cada uno de los estados fronterizos del norte y el sur del país;

XVIII. Tres representantes de asociaciones de migrantes mexicanos en el extranjero, establecidas en ciudades de Estados Unidos con mayor número de migrantes mexicanos con personalidad jurídica reconocida; y

XIX. Tres representantes de organizaciones no gubernamentales, establecidas en México con personalidad jurídica reconocida, cuya labor coincida con el objeto de la Comisión.

En el caso de las Secretarías y los gobiernos del Distrito Federal y las entidades federativas, los representantes propietarios deberán de tener, cuando menos, el nivel de Subsecretario; en el caso de las otras dependencias, será preferentemente el titular o quien ocupe el siguiente nivel jerárquico en forma descendente. Cada miembro propietario designará un suplente, el cual deberá contar con el nivel de director general o equivalente.

el comisionado general presidirá las sesiones del Consejo Consultivo y tendrá voto de calidad en caso de empate. El cargo de integrante del Consejo Consultivo será honorario, con excepción de su presidente, quien es el comisionado general.

A las sesiones del Consejo Consultivo se podrá invitar también, con la aprobación de la mayoría de sus asistentes, a los representantes de otras dependencias e instituciones públicas federales, estatales o municipales; así como a científicos o especialistas que por la naturaleza de los asuntos a tratar acuerde la propia Comisión o el Consejo. Los invitados tendrán derecho a voz y no a voto en la sesión o sesiones correspondientes.

El Estatuto Orgánico de la comisión especificará lo contenido en este artículo, así como todo lo relacionado con su vigilancia y control.

Artículo 88. De las reuniones del Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo se reunirá con la periodicidad que señale el Estatuto Orgánico, sin que pueda ser menos de cuatro veces al año, de acuerdo con el calendario que será aprobado en la primera sesión ordinaria de su ejercicio, pudiendo celebrar las reuniones extraordinarias que se requieran.

Para la celebración de las reuniones, la convocatoria deberá ir acompañada del orden del día y de la documentación correspondiente, los cuales deberán ser enviados por el comisionado general de la comisión y recibidos por los miembros del Consejo Consultivo, con una anticipación no menor de cinco días hábiles.

Para la validez de las reuniones del Consejo Consultivo se requerirá de la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros. En caso de que la reunión convocada no pudiera llevarse a cabo por falta de quórum, deberá celebrarse ésta, en segunda convocatoria, entre los cinco y quince días hábiles siguientes.

Las resoluciones o acuerdos del Consejo Directivo se tomarán por mayoría de los miembros presentes, teniendo el Presidente del Consejo voto de calidad en caso de empate.

Artículo 89. De las facultades del Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo, tendrá, además de las atribuciones que le sean conferidas por otros ordenamientos legales, las siguientes:

I. Analizar y aprobar en su caso, los informes periódicos que rinda el comisionado general;

II. Aprobar anualmente previo informe de los comisarios, y dictamen de los auditores externos, los estados financieros de la comisión y autorizar la publicación de éstos;

III. Aprobar de acuerdo con las leyes aplicables y el Reglamento de esta ley, las políticas, bases y programas generales que regulen la operación de la comisión;

IV. Aprobar o no el nombramiento de los servidores públicos de la comisión que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél, aprobar la fijación de sus sueldos y prestaciones, y a los demás que señalen los estatutos y concederles licencias;

V. Aprobar y expedir el Estatuto Orgánico de la comisión y el Reglamento Interno de la ley; la estructura orgánica de la comisión, las modificaciones que procedan a la misma y las normas de carácter interno relacionadas con la comisión.

VI. Aprobar los programas y presupuestos de la comisión, así como sus modificaciones, en los términos de la legislación aplicable, para su inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

VII. Autorizar a la comisión la recepción de donativos en favor de los migrantes y verificar que los mismos se apliquen precisamente a los fines señalados.

VIII. Autorizar la creación de comités de apoyo a migrantes.

IX. Conocer el informe del presidente de la Comisión Nacional respecto al ejercicio presupuestal.

X. Establecer en congruencia con los programas sectoriales, las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse la comisión, relativas al cumplimiento de sus fines.

XI. Establecer los lineamientos generales de actuación de la comisión;

XII. Establecer, con sujeción a las disposiciones legales relativas, sin intervención de cualquiera otra dependencia, las normas y bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que la Comisión requiera para la prestación de sus servicios;

XIII. Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere necesario, el comisionado general pueda disponer de los activos fijos de la comisión que no correspondan a las operaciones propias del objeto de ésta;

XIV. Nombrar y remover a propuesta del Comisionado General, al secretario técnico quien podrá ser miembro o no del Consejo Consultivo;

XV. Opinar sobre el proyecto de informe anual que el presidente de la Comisión Nacional presente a los Poderes de la Unión; y verificar el ejercicio de los presupuestos.

XVI. Solicitar al comisionado general información adicional sobre los asuntos que se encuentren en trámite o haya resuelto la comisión; y

XVII. Tomar las decisiones que consideren necesarias para el buen despacho de los asuntos y las demás que con carácter indelegable establezcan las disposiciones legales correspondientes.

Capítulo V. De la organización administrativa

A. Contraloría Interna

Artículo 90. Contraloría Interna. La comisión contará con una Contraloría Interna, órgano interno de control, al frente del cual su titular designado en los términos del artículo 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus facultades, se auxiliará por los titulares de las áreas de responsabilidades, auditoría y quejas, designados en los mismos términos.

Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, en el ámbito de sus respectivas competencias, ejercen las facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y en los demás ordenamientos legales y administrativos aplicables, conforme a lo previsto por el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

Las ausencias del contralor interno, así como las de los titulares de las áreas de responsabilidades, auditoría y quejas, serán suplidas conforme a lo previsto por el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

La comisión proporcionará al titular del órgano interno de control, los recursos humanos y materiales que requieran para la atención de los asuntos a su cargo. Asimismo, los servidores públicos de la Comisión estarán obligados a proporcionar el auxilio que requiera el titular de dicho órgano para el desempeño de sus funciones.

B. Régimen laboral

Artículo 91. Régimen laboral. Las relaciones de trabajo entre la comisión y sus trabajadores, se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 92. Régimen de seguridad social para los trabajadores. El personal de la comisión queda incorporado al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

C) Patrimonio y presupuesto

Artículo 93. Patrimonio y presupuesto. El patrimonio y el presupuesto de la comisión se integrarán con:

I. Las acciones, derechos o productos que por cualquiera título adquiera;

II. Las adquisiciones, créditos, préstamos y cooperaciones técnicas en numerario o en especie, que obtenga de cualquier dependencia o entidad pública, institución privada u organismos nacionales o internacionales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

III. Las aportaciones voluntarias, donaciones, herencias o legados que reciba de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras;

IV. Las aportaciones y subsidios del gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y ayuntamientos, así como del Distrito Federal;

V. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título; así como los derechos y obligaciones que le transmitan la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal, los municipios o cualquier otra entidad pública; así como aquellos que le fijen las leyes y reglamentos o que provengan de otros fondos o aportaciones conforme a la legislación aplicable.

VI. Los fondos que obtenga para el financiamiento de programas específicos;

VII. Los recursos que le sean asignados anualmente conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, y

VIII. Los recursos que obtenga por la comercialización de sus obras literarias, derechos y demás que correspondan.

Título V. De los Procedimientos ante la Comisión

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 94. Denuncia ante la comisión. La comisión podrá recibir, por cualquier medio escrito o electrónico, quejas de cualquier persona u organización no gubernamental sobre presuntas violaciones a los derechos de los migrantes. Las quejas también podrán presentarse oralmente, cuando los comparecientes no puedan escribir o sean menores de edad.

Artículo 95. Orientación. La comisión pondrá a disposición de los reclamantes formularios que faciliten el trámite, y en todo caso orientará a los comparecientes sobre el contenido de su queja o reclamación. Si el interesado no habla o entiende correctamente el idioma español, se le proporcionará gratuitamente un traductor.

Artículo 96. Acta circunstanciada. En todos los casos que se requiera, la comisión levantará acta circunstanciada de sus actuaciones.

Artículo 97. Quejas y denuncias ante otras instancias. Independientemente de su queja o denuncia ante la Comisión, el afectado podrá ejercitar otros derechos y medios de defensa ante otras instancias conforme a las leyes.

Artículo 98. Improcedencia de la queja o denuncia. Cuando queja o denuncia sea manifiestamente improcedente o infundada, será rechazada de inmediato. Cuando no corresponda de manera ostensible a la competencia de la Comisión se orientará al reclamante, a fin de que acuda a la autoridad o servidor público a quien corresponda conocer o resolver el asunto.

Artículo 99. Procedencia de la queja o denuncia. Si se admite una queja o denuncia, desde ese momento personal directivo u operativo de la comisión se pondrán en contacto con la autoridad señalada como responsable de la presunta violación de derechos de los migrantes a fin de intentar lograr una conciliación entre los intereses de las partes involucradas.

Artículo 100. Intervención de un visitador. Cuando para la resolución de un asunto se requiera una investigación, la Comisión enviará a un visitador a fin de que conozca del asunto, quien solicitará de otras autoridades, servidores públicos o particulares todo género de documentos e informes; practicará visitas e inspecciones y citará las personas que deban comparecer como peritos o testigos; además de realizar otras acciones que conforme a derecho juzgue convenientes para el mejor conocimiento del asunto.

Capítulo II Acuerdos y recomendaciones

Artículo 101. Acuerdos y recomendaciones. La comisión podrá dictar acuerdos de trámite, que serán obligatorios para las autoridades y servidores públicos para que comparezcan o aporten información o documentación. Concluida la investigación, el visitador formulará, en su caso, un proyecto de Recomendación, o acuerdo de no responsabilidad en los cuales se analizarán los hechos, los argumentos y pruebas;

Artículo 102. Restitución de derechos y reparación del daño. En el proyecto de Recomendación, se señalarán las medidas que procedan para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales, y si procede en su caso, para la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado. De no comprobarse las violaciones de derechos humanos imputadas, la comisión dictará acuerdo de no responsabilidad.

Las recomendaciones y los acuerdos de no responsabilidad se referirán a casos concretos; las autoridades no podrán aplicarlos a otros casos por analogía o mayoría de razón.

Artículo 103. Improcedencia de recursos. En contra de las recomendaciones, acuerdos o resoluciones definitivas de la Comisión, no procederá ningún recurso.

Capítulo III. Notificaciones e informes

Artículo 104. Notificación. Conociéndose el resultado de la investigación, la comisión notificará inmediatamente a los quejosos los resultados de la misma, la recomendación que haya dirigido a las autoridades o servidores públicos responsables de las violaciones respectivas, la aceptación y la ejecución que se haya dado a la misma, así como, en su caso, el acuerdo de no responsabilidad.

Artículo 105. Publicación de resultados. La comisión publicará las recomendaciones y los acuerdos de no responsabilidad. En casos excepcionales podrá determinar si sólo deban comunicarse a los interesados de acuerdo con las circunstancias del propio caso.

Artículo 106. Presentación de informe anual. El comisionado general presentará anualmente ante el Consejo Consultivo un informe sobre las actividades que haya realizado en materia de quejas y denuncias en el período comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior. Al efecto, comparecerá en el mes de enero ante el citado órgano de gobierno de la comisión.

El informe podrá contener proposiciones dirigidas a las autoridades y servidores públicos competentes, tanto federales, como locales y municipales, con el objeto de tutelar de manera más efectiva los derechos de los migrantes y lograr una mayor eficiencia en la prestación de los servidores públicos.

Capítulo IV. Inconformidades

Artículo 107. Inconformidades. Las inconformidades se presentarán directamente ante la comisión, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Orgánico.

Artículo 108. Tramitación expedita. La tramitación será breve y sencilla. Una vez admitido el recurso, la Comisión solicitará a la autoridad, dependencia o entidad correspondiente rinda un informe en un plazo no mayor de diez días hábiles, el cual deberá acompañar con las constancias y fundamentos que justifiquen su conducta. Si dicho informe no se presenta dentro de dicho plazo, se presumirán ciertos los hechos señalados, salvo prueba en contrario.

Artículo 109. Tiempo de resolución. La comisión deberá pronunciarse sobre la queja en un término que no exceda de sesenta días, a partir de la aceptación del recurso, formulando una Recomendación o bien declarará infundada la inconformidad.

Artículo 110. Recurso de impugnación. El recurso de impugnación deberá contener una descripción concreta de los hechos y razonamientos en que se apoya, así como las pruebas documentales que se consideren necesarias. El recurso de impugnación interpuesto contra una recomendación o contra la insuficiencia en el cumplimiento de la misma por la autoridad local, deberá presentarse por escrito dentro de un plazo de treinta días naturales, contados a partir de que el recurrente tuvo conocimiento de la propia recomendación.

Artículo 111. Tiempo de resolución. Una vez agotada la tramitación, la comisión resolverá el recurso de impugnación en un plazo no mayor de sesenta días hábiles.

Título VI Responsabilidades y Sanciones

Capítulo Único

Artículo 112. Sanción por incumplimiento . El incumplimiento a lo dispuesto en la presente ley será sancionado de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en el Reglamento de la ley; independientemente de otras disposiciones civiles o penales que apliquen al caso.

Artículo 113. Cumplimiento de Normas Oficiales. Las instituciones públicas y privadas, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención a los migrantes deberán ajustar su funcionamiento a lo dispuesto por las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Técnicas y los reglamentos que se expidan para este efecto.

Artículo 114. Sanciones de la Secretaría de Salud. El incumplimiento a la disposición contenida en el artículo anterior será sancionado administrativamente por la Secretaría de Salud y por las autoridades locales, según lo previsto en las leyes correspondientes.

Transitorios

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Corresponderá al Ejecutivo federal la expedición de su Reglamento, lo que deberá ocurrir dentro de los ciento ochenta días naturales posteriores a la publicación de la ley.

Artículo Segundo. La Comisión a que se refiere la presente Ley, se deberá constituir el mismo día de entrada en vigor de la presente ley.

Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, que se opongan a la presente ley.

Artículo Cuarto. El Consejo Consultivo de la comisión y su comisionado general, deberán tomar posesión de sus cargos el día de entrada en vigor de la presente ley.

Artículo Quinto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las adecuaciones necesarias para el tratamiento del ramo presupuestal de la comisión, como entidad no sectorizada, así como para que la Comisión ejerza las funciones que conforme a las leyes y demás ordenamientos corresponden a las dependencias coordinadoras de sector, respecto de las entidades paraestatales que formen parte del subsector denominado Sistema Migración, en los términos de los artículos 48, 49 y 50 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo Sexto. El Consejo Consultivo dispondrá la expedición del Estatuto Orgánico de la comisión en un plazo de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley, en el cual deberá precisar las decisiones y autorizaciones que le corresponderá al propio consejo adoptar respecto de las diversas atribuciones de ley que le corresponden.

Artículo Séptimo. En tanto que se expide el Estatuto Orgánico, el Consejo Consultivo podrá resolver, en caso de duda, sobre la procedencia de que el propio consejo o el comisionado general realice gestiones directamente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o cualquier otra dependencia que resulte competente para los asuntos de que se trate.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en México, Distrito Federal, el 3 de febrero de 2011.

Diputado Juan Carlos López Fernández (rúbrica)