De la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Permanente, con punto de acuerdo por el que esta soberanía expresa su preocupación y total rechazo al reciente anuncio por parte de legisladores estadounidenses sobre el inicio de una campaña legislativa en contra de migrantes indocumentados y la aprobación de iniciativas que atentan contra sus derechos, independientemente de su condición migratoria y situación jurídica
Honorable Asamblea:
A la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión – Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su preocupación y total rechazo al reciente anuncio que llevó a cabo un grupo de legisladores estadounidenses sobre el inicio de una campaña legislativa en contra de los Migrantes Indocumentados, así como la aprobación de iniciativas que atenten en contra de los derechos de los migrantes, independientemente de su condición migratoria y su situación jurídica, presentada por el senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizamos el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en el acuerdo que establece los lineamientos para el desarrollo de las sesiones del primer receso del segundo año de ejercicio de la LXI legislatura, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben, sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, de conformidad con los siguientes
Antecedentes
I. El pasado 12 de enero de 2011, el senador Luis Alberto Villarreal García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo relativo al inicio de una campaña legislativa en contra de migrantes indocumentados, anunciada por un grupo de legisladores estadounidenses.
II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que el citado punto de acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión –de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
I. El autor de la proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicita al pleno de esta soberanía en los siguientes argumentos:
a) Con el inicio de la 112 Legislatura estadounidense, un grupo de legisladores republicanos ha dado a conocer el inicio de una campaña en contra de la inmigración ilegal, misma que atenta en contra de los derechos de los migrantes indocumentados.
b) Al menos siete estados (Carolina del Sur, Georgia, Mississippi, Nebraska, Oklahoma y Pennsylvania) seguirán la campaña iniciada el año pasado en Arizona para detener la inmigración ilegal.
c) Legisladores de 14 estados (Arizona, Alabama, Delawere, Idaho, Indiana, Michigan, Mississippi, Montana, Nebraska, New Hampshire, Oklahoma, Pennsylvania, Texas y Utah) están uniendo esfuerzos para promover que sus respectivas asambleas o congresos debatan y cancelen el derecho de ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados que nazcan en territorio estadounidense.
d) Legisladores republicanos que apoyan esas medidas han declarado que esta cooperación responde al fracaso de Washington en sus esfuerzos por asegurar la frontera con México. El representante Randy Terril (R-Oklahoma) señaló que “el gobierno federal ha fracasado absoluta, total y completamente de su responsabilidad de proteger las fronteras de nuestra nación”.
e) El Consejo Nacional de la Raza, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos y diversas organizaciones a favor de los derechos de los migrantes expresaron su preocupación y rechazo a estas medidas por considerarlas inconstitucionales. Expusieron que ese tipo de medidas no contribuyen a solucionar el problema de los más de 11 millones de indocumentados que residen en Estados Unidos.
f) Legisladores estatales promotores de las iniciativas señalaron que no buscan eliminar la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, misma que otorga la ciudadanía de manera automática a toda persona nacida en territorio estadounidense, sino que buscan interpretarla de tal forma que cada estado de la federación decida su aplicación.
Por todo ello, la proposición concluye con el siguiente punto resolutivo:
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su preocupación y total rechazo al reciente anuncio que llevó a cabo un grupo de legisladores estadounidenses sobre el inicio de una campaña legislativa en contra de los migrantes indocumentados, así como a la aprobación de iniciativas que atenten en contra de los derechos de los migrantes, independientemente de su condición migratoria y situación jurídica.
II. Los integrantes de esta Comisión coincidimos que esta medidas xenofóbicas desarrollas en los Estados Unidos son una franca violación de los derechos humanos de migrantes –independientemente de su condición migratoria y situación jurídica–, según se determina en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales aplicables.
III. Debe recordarse que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prometió luchar por una reforma al sistema inmigratorio, fortalecer la seguridad en la frontera y ofrecer una vía hacia la legalización de su situación a millones de inmigrantes ilegales; sin embargo, las circunstancias políticas han impedido concretar las reformas prometidas.
Sin duda, que el tema migratorio se ha convertido en un tema toral de las campañas estadounidenses, pero en algunos casos, los discursos y las acciones políticas tienden a radicalizarse de tal forma que se hostiga y se criminaliza la migración.
No debe soslayarse que los latinos son la minoría de crecimiento más rápido en ese país. La población hispana casi se triplicará, hasta 132,8 millones de personas en el 2050, cuando casi 1 de cada 3 residentes de Estados Unidos será de origen latino, según un estudio de la Oficina del Censo de Estados Unidos de 2008. 1
IV. Por otra parte, es preciso señalar que la Sección 1 de la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos de América dispone claramente que “Toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción, será ciudadana de los Estados Unidos y del Estado en el que resida. Ningún Estado aprobará o hará cumplir ley alguna que restrinja privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; ni ningún Estado privará a persona alguna de su vida, su libertad o su propiedad sin el debido procedimiento legal; ni negará a nadie, dentro de su jurisdicción, la protección de las leyes en un plano de igualdad.
Históricamente, esta enmienda 2 tuvo como propósito principal abolir la esclavitud; si bien, el primer paso se dio durante la Guerra de Secesión y la posterior firma de la Proclamación de Emancipación en 1863 a cargo del ex presidente Abraham Lincon, mediante la inclusión en la Constitución estadounidense de la Enmienda 14, se concluyó dicha segregación al anular la decisión judicial Ored Scott V. Sandford, que excluía a los esclavos de gozar todos los derechos y garantías constitucionales.
Además, el espíritu de la Enmienda 14 afirma la aceptación del criterio jurídico internacionalmente aceptado del ius sanguinis o “derecho de sangre” y del poder exclusivo que tiene cada estado soberano para atribuir dicha calidad a las personas que se encuentren bajo este supuesto.
V. En este orden de ideas, esta dictaminadora está de acuerdo en emitir un pronunciamiento para expresar nuestra entera preocupación y total rechazo al inicio de una campaña legislativa en contra de hijos de migrantes indocumentados, independientemente de su condición migratoria y situación jurídica.
Lo anterior se debe a que dichas acciones fomentan el odio, discriminación, abuso y violencia, bajo un malentendido nacionalismo que poco logra detener los efectos y consecuencias del fenómeno migratorio. Los hechos han demostrado que la aplicación de un control agresivo del tránsito de personas, no han desincentivado que día a día se incrementen los flujos migratorios hacia la nación vecina.
Las relaciones bilaterales de nuestro país con Estados Unidos de América, a lo largo de los años han mantenido como marco los principios normativos de la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; igualdad soberana de los Estados; preservación de la paz y seguridad internacionales y fomento de las relaciones de amistad entre naciones. No obstante, México, y en especial el Congreso de la Unión, debe implementar acciones de carácter urgente para procurar la defensa y respeto de los derechos fundamentales de los mexicanos migrantes que residen en la nación americana.
Cabe recordar que ésta no es la primera ocasión en que los Legisladores mexicanos levantamos la voz a favor de esta causa; en dichos pronunciamientos se ha condenado el abuso, violencia y menoscabo de sus derechos. Así como, la falta de acuerdos para construir una reforma migratoria integral que atienda efectivamente las necesidades del fenómeno.
Por lo expuesto, los integrantes de la Segunda Comisión –de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– consideran que existen los elementos necesarios para someter a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su preocupación y total rechazo al reciente anuncio que llevó a cabo un grupo de legisladores estadounidenses sobre el inicio de una campaña legislativa en contra de los migrantes indocumentados, así como a la aprobación de iniciativas que atenten en contra de los derechos de los migrantes, independientemente de su condición migratoria y situación jurídica.
Notas
1 http://www.amerícaeconomia.com/política- sociedad/mundo/estados-de-eeuu-planean- ofensivas-contra-inmigracion-ilegal
2 Propuesta el 13 de junio de 1866 y ratificada el 9 de julio de 1868.
Sala de comisiones, salón E del edificio G de la Cámara de Diputados, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2011.
La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública
Senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), presidente; senador Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), diputado Héctor Franco López, secretarios; senador Javier Orozco Gómez (rúbrica), senador Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz senador, diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, senadora Claudia Sofía Corichi García, diputado Isaías González Cuevas, diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), diputado Tereso Medina Ramírez (rúbrica), diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa, diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.
De la Segunda Comisión–de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Permanente, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sedena a enviar un informe detallado sobre el número y rango de la deserción de efectivos del ejército en el periodo 2006-2010 así como las causas de ello
Honorable Asamblea:
A la Segunda Comisión –de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, el 12 de enero de 2011, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaria de la Defensa Nacional para que envíe un informe detallado sobre el número y rango de la deserción de efectivos del Ejército en el periodo 2006-2010, así como las causas de ello, presentada por el senador Ricardo Monreal ÁVila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizamos el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en el acuerdo que establece los lineamientos para el desarrollo de las sesiones del primer receso del segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura, los miembros de esta segunda comisión que suscriben, sometemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, de conformidad con los siguientes
Antecedentes
I. El pasado 12 de enero de 2011, el senador Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaria de la Defensa Nacional para que envíe un informe detallado sobre el número y rango de las deserciones de efectivos del Ejército en el periodo 2006-2010, así como las causas de las mismas.
II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que el citado punto de acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión –de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente~ de conformidad con las siguientes
Consideraciones
1. El autor de la proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicita al pleno de esta soberanía en los siguientes argumentos:
a) El Ejército Mexicano es una institución heroica para el país y con un legado histórico popular invaluable; su misión es tutelar la soberanía y la independencia del país. Ninguna otra institución del Estado tiene esa encomienda, por eso su actuación se debe caracterizar por el respeto a la ley y a la contribución de un sentimiento público de seguridad y confianza.
b) Lamentablemente desde hace más de dos décadas y media los presidentes de la república, en su calidad de comandantes supremos de las fuerzas armadas, han usado al Ejército en tareas de orden civil so pretexto de enfrentar el narcotráfico.
c) De este modo se ha sometido a esta institución a un desgaste innecesario, ya que por un lado se le pone en una posición de vulnerabilidad al ser expuesto a la violación de los derechos humanos –producto, a su vez, de su preparación para la guerra– y, por el otro lado, a que con los cañonazos de dinero del hampa pueda ser penetrado y corrompido.
d) Sabemos que en el sexenio de Vicente Fox desertaron del Ejército Mexicano alrededor de 100 mil efectivos 3 con diversos rangos dentro de la institución. Pero en el presente sexenio no se sabe cuántos desertores del Ejército hay, ni qué jerarquía ocupaban, mucho menos los motivos que propiciaron su salida.
e) Es muy grave que no haya un interés y seguimiento puntual de lo que hacen los desertores. En el mejor de los casos puede que muchos hayan regresado a la vida civil y se dediquen a actividades lícitas, pero también es posible que muchos otros se dediquen a actividades ilícitas.
f) Es precisamente en ese aspecto donde hay que poner especial atención, porque la preparación militar y el conocimiento y manejo de armas implica una mayor capacidad ofensiva de los grupos de traficantes que cuentan con ellos, y un recrudecimiento de la violencia.
g) Podría pensarse que la mayor frecuencia en el uso de armas de alto calibre en tiempos recientes tenga que ver con esta hipótesis, y el mejor conocimiento de las fuentes de aprovisionamiento del material bélico, también existe la posibilidad de que los ex militares [de élite] estén formando a más gente con una preparación similar a la que ellos obtuvieron en la filas del Ejército.
h) Aunque no se puede descartar el hecho de que las armas empleadas últimamente hayan sido adquiridas por los traficantes de drogas de origen civil simplemente, ya que los controles para su venta son cada vez menos eficaces y los traficantes de armas se han vuelto más activos ante el incremento del negocio de las drogas, fenómeno que aumenta la demanda del material bélico.
i) Por ello, es indispensable que la administración federal informe detalladamente cuántos han sido los desertores del Ejército y el puesto o jerarquía que ocupaban dentro de la institución. Puede ser que varios elementos hayan sido militares de élite y que estén entrenando a gente que enfrentará a las fuerzas del orden.
j) La burocracia gubernamental de la administración de Calderón ha hecho de “la guerra contra el narcotráfico” su razón de ser; hoy más que nunca es necesario desterrar las tentaciones autoritarias desde el poder y cambiar el enfoque punitivo que prevalece en esta cruzada y disminuir los daños colaterales como el que nos ocupa en estas líneas.
Por todo ello, la proposición concluye con el siguiente punto resolutivo:
Único. Que esta soberanía exhorte al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, a enviar un informe detallado sobre el número y rango de la deserción de efectivos del Ejército en el periodo 2006-2010, así como las causas de las mismas.
II. De acuerdo con las cifras vertidas en el IV Informe de Gobierno presentado por el presidente de la república, se señala que “los beneficios en materia laboral y salarial han incidido en la disminución del índice de deserción en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Del 1 de septiembre de 2009 al 30 de junio de 2010 se presentaron 4 mil 179 casos de deserción, que comparados con los 4 mil 825 casos presentados en igual periodo anterior, representan una disminución del 13.39 por ciento. El resultado de deserción acumulado en el periodo del 1 de enero de 2007 al 30 de junio de 2010, es de 34,897 personas, lo que representa una disminución del 40.5 por ciento en comparación con lo acumulado en el mismo periodo de la administración anterior, el cual fue de 58 mil 602 desertores”. 1
III. Por otro lado, según trascendió en los medios de comunicación, la Secretaría de la Defensa Nacional reportó que en el gobierno del Presidente Vicente Fox se registró la deserción de 99 mil 849 efectivos del Ejército, la mayoría de soldados rasos. Esta cifra equivalió a la tercera parte de todo el personal con que contaba el Ejército, y contrastó con el abandono registrado en ejércitos que se encuentran en guerra, como el de Estados Unidos o Inglaterra, donde las cifras en promedio es de tres mil desertores. 2
IV. El doctor Mario Ojeda Gómez, investigador de El Colegio de México, señala que una de las principales causas se debe a la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia organizada ya que “llevan el peso de la lucha diaria y sufren directamente la pérdida de vidas y las heridas de guerra. Son ellos también los que están directamente expuestos a los sobornos y amenazas del narco. La deserción militar es alta. Durante el tiempo que lleva el gobierno de Felipe Calderón, ocurrieron 30 mil 233 casos, según un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional. 3
V. El gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa ha tratado de paliar los problemas de la moral y la deserción redoblando el adoctrinamiento en los valores patrios y de servicio a la nación. Pero también ha hecho uso de incentivos materiales, como mejoría de salarios, prestaciones, seguros de vida al personal y pensiones para las viudas de las víctimas y becas para los huérfanos. Esas medidas han surtido efecto, pues el propio gobierno federal que el número de desertores ha tenido una disminución de casi 40 por ciento respecto del mismo periodo del sexenio de Vicente Fox. Esta disminución se atribuye precisamente a las acciones tomadas para elevar la calidad de vida de los militares. 4
Cabe señalar que de acuerdo con Programa Sectorial de la Sedena 2007-2012, 5 una de las principales preocupaciones es la deserción entre los efectivos militares. Por ello, se precisa “disminuir el índice de desertores cuando menos en un 30 por ciento, en relación con el promedio estadístico sexenal anterior, a través del reforzamiento de las acciones orientadas a mejorar la atención de los recursos humanos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”. 6
VI. Asimismo, se ha hecho pública la información de que la Secretaría de la Defensa Nacional reveló que la Procuraduría de Justicia Militar abrió en los últimos siete años, de 2003 a 2009, 3 mil 972 averiguaciones previas motivadas por la deserción de soldados: un general, 44 jefes, mil 63 oficiales y 2 mil 864 elementos de tropa.
Entre los militares evadidos hay subtenientes y capitanes, quienes tenían a su mando unidades diversas, mientras que entre el personal de tropa hay soldados con rangos de sargento primero.
Además de ello, la Procuraduría de Justicia Militar ha iniciado un proceso de acción penal en 3 mil 950 casos, mientras en los 22 restantes el asunto se encuentra en la etapa de integración. 7
VII. Es preciso destacar que resulta de interés público conocer la información relacionada con la deserción de miembros de las Fuerzas Armadas en virtud de que estos son elementos altamente capacitados en el manejo de armas y de estrategia militar. Muchos de ellos, son egresados de los distintos planteles de la Sedena que estuvieron al mando de alguna tropa en el desempeño de sus funciones y son especialistas en áreas tácticas, de inteligencia, contrainteligencia, manejo de explosivos y armas de grueso calibre, entre otras.
Lo anterior resulta preocupante, ya estimaciones de la propia Sedena al menos una tercera parte de los 500 mil involucrados en el narcotráfico, 8 cuenta con antecedentes militares. Ello confirma que una gran parte de los desertores van a parar a las filas de la delincuencia organizada.
Por otro lado, recordemos que se ha documentado que el origen de Los Zetas se integró con ex militares. Los Zetas continúan siendo el grupo de sicarios mejor equipado en el ambiente del narcotráfico, pues están especializados en el manejo de armas de alto poder, explosivos e intervención de comunicaciones. Este grupo puede hacer uso de cualquier tipo de tecnología, ya que echan mano de aparatos de visión nocturna, lanzagranadas, granadas de fragmentación, incluso bazucas, así como armas antiblindaje, escaners telefónicos, máscaras antigás y otro tipo de equipo similar al que utilizan las fuerzas armadas.
Por otra parte, la Secretaría de la Defensa Nacional ha puntualizado que en los acervos de la institución se tienen localizados los homónimos de personas que responden al mismo nombre que algunos zetas que actualmente son buscados. 9 Ellos son:
Galindo Mellado Cruz, quien formó parte de las Fuerzas Armadas del 1 de septiembre de 1992 al 1 de mayo de 1999; Gustavo González Castro, El Erótico, quien causó baja el 1 de agosto de 1998.
Heriberto Lazcano, quien durante siete años alcanzó el grado de cabo de infantería; Jesús Enrique Rejón Aguilar, Mamito, estuvo en activo seis años; Sergio Enrique Ruiz Tlapanco, Tlapa (del 6 de marzo de 1998 al 16 de noviembre de 1999); Gonzalo Geresano Escribano, El Cuije (del 25 de abril de 1992 al 11 de mayo de 2000) y Flavio Méndez Santiago, El Amarillo (del 16 de octubre de 1993 al 4 de julio de 1997).
De igual manera, Jorge López, El Chuta; Daniel Enrique Márquez Aguilar, Chocotorro; Daniel Pérez Rojas, Cachetes (del 23 de mayo de 1997 al 26 de noviembre de 1999); Jaime González Durán, El Hummer, causó baja en 1998; Carlos Vera Calva, El Vera (se dio de baja 16 de noviembre de 1999); Víctor Nazario Castrejón Peña, perteneció sólo un año al Ejército, y Braulio Arellano Domínguez, Gonzo, desertó el 21 de junio de 1999.
También destacan Miguel Ángel Soto Parra, quien se dio de baja el 1 de mayo de 1999; Prisciliano Ibarra Yepis se mantuvo durante cuatro años en activo; Rogelio Guerra Ramírez, El Guerra (estuvo hasta el 18 abril de 1999); Lucio Hernández Lechuga, Lucky (del 16 septiembre 1996 al 24 de octubre de 1997) y Eduardo Estrada González, quien desertó el 25 de octubre de 2001.
Asimismo, no olvidemos que en 2008 un juez federal sentenció con penas que van de 26 a 36 años de prisión a seis ex militares que pertenecían a Los Zetas, grupo armado que brindaba protección al Cártel del Golfo. 10
Por lo expuesto, los integrantes de la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, consideran que existen los elementos necesarios para someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, que envíe a esta soberanía, en un plazo no mayor a ocho días naturales, un informe pormenorizado sobre el número y grado militar, así como las causas o motivos relacionados con la deserción en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, correspondiente al periodo de diciembre de 2006 a diciembre de 2010.
Notas
1 Véase http://www.informe.gob.mx/pdf/Informe_de_Gobierno/l_8.pdf
2 http://impreso.milenio.com/node/7091949#
3 Mario Ojeda Gómez. “El combate al narcotráfico: guerra sin fin en sentido contrario”. revista Este País. http://estepais.com/site/?p=27547. Con datos de septiembre de 2009.
4 Ibídem.
5 http://www.sedena.gob.mx/pdf/psdn.pdf
6 Ibídem.
7 Los datos anteriores se desprenden de una solicitud de información hecha por el diario MILENIO, además de los indicadores del Programa Sectorial de la Sedena 2007-2012 (http://www.sedena.gob.mx/pdf/psdn.pdf).
8 Información aparecida en la versión electrónica del diario El Universal del 12 de diciembre de 200, http://www.eluniversal.com.mx/nacion/164378. html
9 Información de noviembre de 2008 aparecida en http://impreso.milenio.comlnodeI7081338#
10 http://www.elsiglodetorreon.com.mxlnoticia/351667.html
Sala de comisiones, salón E del edificio G de la Cámara de Diputados, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2011.
La Segunda Comisión –de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública
Senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), presidente; senador Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), diputado Héctor Franco López, secretarios; senador Javier Orozco Gómez (rúbrica), senador Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz, diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, senadora Claudia Sofía Corichi García, diputado Isaías González Cuevas, diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), diputado Tereso Medina Ramírez (rúbrica), diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa, diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.
De la Segunda Comisión–de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Permanente, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que informe a esta soberanía sobre la decisión del gobierno mexicano respecto a los compromisos establecidos el de Estados Unidos de América sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas
Honorable Asamblea:
A la Segunda Comisión –de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las Secretaría de Relaciones Exteriores que informe a esta soberanía la decisión del gobierno mexicano respecto a los compromisos establecidos en el tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el de Estados Unidos de América, sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México, más allá de las 200 millas náuticas, presentada por el senador Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizamos el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en el acuerdo que establece los lineamientos para el desarrollo de las sesiones del primer receso del segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura, los miembros de esta segunda comisión que suscriben, sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, de conformidad con los siguientes
Antecedentes
I. El pasado 12 de enero de 2011, el senador Luis Maldonado Venegas, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Energía; así como a Pemex que informen a esta soberanía la decisión del gobierno mexicano respecto a los compromisos establecidos en el tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de Estados Unidos de América, sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México, más allá de las 200 millas náuticas.
II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que el citado punto de acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
1. El autor de la proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicita al pleno de esta soberanía en los siguientes argumentos:
a) El 9 de junio de 2000, en la ciudad de Washington, el presidente de México firmó un referéndum, el tratado sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas con el gobierno de Estados Unidos de América.
b) Dicho tratado fue aprobado por la Cámara de Senadores el 28 de noviembre de 2000, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de enero de 2001, efectuándose el canje de instrumentos de ratificación previsto en el artículo IX del tratado en la Ciudad de México el 17 de enero de 2001, promulgándose el respectivo decreto presidencial el 13 de febrero de 2001.
e) La parte medular del tratado indica que se establecerá una colaboración de ambas partes sobre la información que se obtenga de los posibles yacimientos transfronterizos, mediante reuniones periódicas con el fin de identificar, localizar y determinar ras características geológicas y geofísicas de dichos yacimientos.
d) Aparte de la cooperación y las consultas periódicas indicadas, en el artículo III se dejó establecido que los gobiernos de ambos países “no reclamarán ni ejercerán para ningún propósito derechos de soberanía o jurisdicción sobre el fondo marino y el subsuelo”.
e) Al propio tiempo, en el artículo IV, numeral 1, se dispuso que “en virtud de la posible existencia de yacimientos de petróleo o gas natural que pueden extenderse a través del límite establecido en el artículo 1, las partes, durante un periodo que terminará 10 años después de la entrada en vigor de este tratado, no autorizarán ni permitirán la perforación o la explotación petrolera o de gas natural en la plataforma continental dentro de una milla náutica, cuatro décimas (1.4) del límite establecido en el artículo I.
f) El 15 de enero de 2011 se cumplirá el término de 10 años establecido en el tratado y, de conformidad con su artículo V, inciso a), una parte deberá informar a la otra parte de sus decisiones para alquilar, otorgar licencias, dar concesiones o, en cualquier otra forma, poner a disposición partes del área para la exploración o explotación de petróleo o de gas natural; asimismo, informará a la otra parte cuando vaya a comenzar la producción de recursos petroleros o de gas natural.
Por todo ello, la proposición concluye con el siguiente punto resolutivo:
Único. Se solicita a la Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Energía, así como a Petróleos Mexicanos, que informen a esta soberanía la decisión del gobierno mexicano respecto a los compromisos establecidos en el tratado entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, y de Estados Unidos de América sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas.
II. El antecedente que se relaciona con asunto en estudio, se remonta al tratado sobre límites marítimos del 4 de mayo de 1978 entre los países de México y los Estados Unidos, donde se estableció, en el océano Pacífico, la frontera marítima hasta la anchura de 200 millas marinas pero en el Golfo de México. Esta frontera se estableció en los tramos donde la zona económica exclusiva de México y la de Estados Unidos se hubieran empalmado por haber menos de 400 millas náuticas entre sus costas, pero no donde la anchura del Golfo de México que era mayor de 400 millas náuticas.
En este sentido, existen dos zonas cuyas aguas forman parte de alta mar pero cuya plataforma continental, conforme al derecho internacional, es susceptible de ser reivindicada por los estados ribereños.
Ahora bien, la convención de la plataforma continental de 1958, de la que ambos países forman parte, señala que la expresión plataforma continental designa “el lecho del mar y el subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a las costas pero situadas fuera de la zona del mar territorial, hasta una profundidad de 200 metros o más allá de este límite hasta donde la profundidad de las aguas suprayacentes permita la explotación de los recursos naturales de dichas zonas”. Además, establece que el “Estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre la plataforma continental para los efectos de su exploración y de la explotación de sus recursos naturales”.
Por otra parte, la Convención sobre el Derecho del Mar, dispone que los Estados ribereños pueden fijar el límite exterior de la plataforma continental donde quiera que el margen continental se extienda más allá de las 200 millas náuticas siempre y cuando no pase de las 350 millas náuticas.
Ahora bien, con base en estudios realizados tanto en México como en Estados Unidos, a través de investigaciones sísmicas marinas y de interpretaciones geológicas de las zonas, se ha concluido que todo el Golfo de México queda incluido dentro del concepto jurídico de margen continental. 1
En este sentido, y de conformidad con los instrumentos multilaterales señalados, México y Estados Unidos estuvieron en posibilidad de reivindicar la plataforma continental de las zonas referidas. Dichas convenciones disponen que los Estados ribereños, cuyas costas están situadas frente a frente, deben de llegar a un acuerdo de delimitación de la plataforma continental. Es por ello, que México y Estados Unidos, iniciaron negociación para delimitar la zona occidental del Golfo de México.
Se negoció una vez que el Gobierno de Estados Unidos ratificó, en 1997 el Tratado de Límites Marítimos, firmado con México en 1978. La ratificación de ese tratado había sido exigida por México como una condición para celebrar negociaciones sobre la plataforma continental de la zona occidental. Lo que se negoció fue la repartición de una superficie total de 17 mil 190 kilómetros cuadrados, y que de acuerdo con estudios realizados por expertos petroleros, tanto de Estados Unidos como de México, es potencialmente rica en hidrocarburos.
En este sentido, en la negociación México logró que el 61.78 por ciento del polígono le perteneciera, mientras que Estados Unidos tendrá el 38.22 por ciento. De esta forma, nuestro país incrementó su territorio en 10.620 kilómetros cuadrados. 2
En el proceso de la negociación del tratado en comento, las partes convinieron en que no habría licitaciones para otorgar concesiones de exploración y explotación en la zona en tanto no se concluyera y entrara en vigor el Tratado que se iba a negociar.
Por otro lado, el gobierno de México manifestó la importancia de preservar y asegurar el aprovechamiento de los recursos naturales de la zona que correspondan al Estado mexicano; garantizar la igualdad jurídica de los Estados, respetar el derecho internacional y observar las normas de equidad y de reciprocidad. En el curso de la negociación, se reconoció el prestigio de nuestro país y el respeto que tiene a nivel internacional.
En ese entonces, las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Energía promovieron junto con el Senado de la República el establecimiento de un grupo de contacto pluripartidista a fin de mantener un intercambio oportuno de información sobre el proceso de las negociaciones que iniciaron el 26 de marzo de 1998 y concluyeron el 28 de abril de 2000.
Es de destacar que se hizo un estudio por la Secretaría de Marina y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), con las autoridades estadounidenses, para verificar, con medios modernos de medición, la localización exacta de la zona y de esa manera pode trazar la frontera. Asimismo, Petróleos Mexicanos llevó a cabo un amplio estudio geológico para determinar las potencialidades en materia de hidrocarburos de la zona.
El estudio geológico determinó que la distribución petrolera es uniforme en toda la zona occidental y que era muy probable la existencia de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos. En tal virtud, se aceptó delimitar la zona y negociar previsiones para el tratamiento bilateral de los posibles recursos transfronterizos.
En particular, el Tratado fue suscrito por las partes deseando establecer, conforme al derecho internacional, el límite de la plataforma continental entre ambos países, en la región occidental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial; y tomando en cuenta la posibilidad de que podrían existir yacimientos de petróleo o de gas natural que se extiendan a través del límite de la plataforma continental, y que en tales circunstancias, es necesaria la cooperación y las consultas periódicas entre las partes con el fin de proteger sus respectivos intereses.
III. El artículo I del tratado en comento establece el límite de la plataforma continental entre ambos países determinado mediante líneas geodésicas que conectan coordinadas específicamente establecidas en el texto del instrumento bilateral.
Es importante señalar que México, al norte del límite de la plataforma continental establecido en el artículo I, y Estados Unidos de América, al sur de dicho límite, no reclamarán ni ejercerán para ningún propósito derechos de soberanía o jurisdicción sobre el fondo marino y el subsuelo.
Es de destacar que el artículo IV del tratado en comento señala que en virtud de la posible existencia de yacimientos de petróleo o gas natural que pueden extenderse a través del límite establecido en el artículo I, las partes durante un periodo que terminará 10 años después de la entrada en vigor de este tratado, no autorizarán no permitirán la perforación o la explotación petrolero o de gas natural en la plataforma continental dentro de una milla náutica, cuatro décimas del límite establecido en el artículo I.
Los integrantes de esta segunda comisión consideran oportuno destacar que, con la suscripción del tratado, se dio certidumbre a la frontera, lo que ha sido histórica y políticamente de la mayor importancia parar México, y se incorporan, por primera vez, los recursos transfronterizos del subsuelo en un tratado de límites celebrado con Estados Unidos. Hay que resaltar que con la negociación del tratado se evitó que Estados Unidos llevara a cabo la licitación unilateral de este polígono del Golfo de México.
Por todo lo anterior, esta comisión reconoce la importancia estratégica de dicho Tratado para México, toda vez que dicho tratado fue prorrogado por tres años más, de conformidad con el anuncio que hicieron las cancillerías de ambos países el día 23 de junio de 2010. Hay que recordar que este tratado fue aprobado en el Senado de la República el 28 de noviembre de 2000; su publicación en el Diario Oficial de la Federación fue el 16 de enero de 2001 y su entrada en vigor corresponde al 17 de enero de 2001. Luego entonces, resulta procedente que el Congreso de la Unión cuente con la información relacionada con la aplicación del tratado sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas con el gobierno de Estados Unidos de América.
Por lo expuesto, los integrantes de la Segunda Comisión –de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– consideran que existen los elementos necesarios para someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores que remita un informe, en un plazo no mayor a ocho días naturales, con relación a la prórroga del gobierno mexicano respecto al tratado entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de Estados Unidos de América sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas, así como los compromisos que de ello derivan.
Notas
I http://transparencia.senado.gob.mx/historico_respuestas/content/2006/9- Septiembre/Hoyos_donas_A.pdf
2 Ibídem.
Sala de comisiones, salón E del edificio G de la Cámara de Diputados, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2011.
La Segunda Comisión –de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública
Senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), presidente; senador Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), diputado Héctor Franco López, secretarios; senador Javier Orozco Gómez (rúbrica), senador Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz, diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, senadora Claudia Sofía Corichi García, diputado Isaías González Cuevas, diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), diputado Tereso Medina Ramírez (rúbrica), diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa, diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.
De la Segunda Comisión–de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Permanente, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sedesol a realizar, en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la traducción y difusión de programas sociales en los idiomas autóctonos en el país
Honorable Asamblea:
A la Segunda Comisión –de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, le fue turnada una proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a realizar, en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la traducción y difusión de programas sociales en los idiomas autóctonos en nuestro país presentada por los senadores Adolfo Toledo Infanzón y Renán Cleomino Zoreda Novelo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizamos el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen,
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en el acuerdo que establece los lineamientos para el desarrollo de las sesiones del primer receso del segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura, los miembros de esta segunda comisión que suscriben someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:
Antecedentes
I. El 12 de enero de 2011, los senadores Adolfo Toledo Infanzón y Renán Cleominio Zoreda Novelo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo, la cual se menciona en el proemio.
II. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que el citado punto de acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión –de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
I. El autor de la proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicita al pleno de esta soberanía en los siguientes argumentos:
a) En México, el nivel de pobreza y marginación es muy preocupante y en los últimos años se ha incrementado de manera alarmante.
b) En la actualidad, 50.6 millones de mexicanos no cuentan con un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas como son la salud, vivienda, educación, vestido y transporte. Y peor aún, 19.5 millones de mexicanos no cuentan con ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos.
c) Esta situación se acentúa en [as comunidades aisladas y de población indígena.
d) La población indígena en México representa cuando menos el 10 por ciento del total del país y alrededor de 80 por ciento está concentrada en los estados del centro-sur-sureste.
e) El 65 por ciento de los hablantes de lengua indígena se ubican en localidades menores de 2 mil 500 habitantes, situación que acentúa en este sector de la población las condiciones de marginación y pobreza.
f) La esperanza de vida de la población indígena es de 69 años, en comparación con el resto de la población que es de 76; el 25 por ciento de la población indígena ocupada no recibe ingresos y el 56 por ciento gana menos de dos salarios mínimos.
g) La población indígena además muestra los menores índices de desarrollo humano: uno de cada cuatro adultos indígenas no sabe leer ni escribir, casi tres veces más que el resto de la población. Asimismo, sólo el 20 por ciento de los indígenas están afiliados al Seguro Popular.
h) Es indispensable tomar acciones contundentes que permitan incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país, con pleno respeto a su libre determinación y autonomía, a sus tradiciones históricas, favoreciendo el desarrollo de las capacidades de educación, salud y nutrición.
i) Es imprescindible que las comunidades indígenas tengan acceso a la información necesaria sobre los programas sociales y los apoyos que puedan obtener en su propia lengua.
j) Existen algunos ejercicios exitosos. Por ejemplo, en la Secretaría de la Reforma Agraria difundió en 23 lenguas indígenas las bases y beneficios de los proyectos productivos impulsados por esta dependencia.
k) Dicho esfuerzo debe extenderse a los principales programas sociales manejados por la Secretaría de Desarrollo Social, con el objetivo de que los pueblos y comunidades indígenas conozcan como pueden acceder a los programas, los montos de apoyo que existen, así tener acceso a la información sobre sus derechos y obligaciones en su propia lengua.
Por todo ello, la proposición concluye con el siguiente punto resolutivo:
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a realizar, en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la traducción y difusión en lenguas indígenas relativa a los programas sociales, a fin de que las comunidades indígenas más apartadas puedan tener mayor información sobre los mismos en su propia lengua.
II. Esta dictaminadora es conocedora de las diversas acciones realizadas por la administración pública federal y los gobiernos estatales para traducir los programas sociales a las lenguas indígenas que se hablan en todo el país. Es así que el Programa de Revitalización, Fortalecimiento y Desarrollo de Lenguas Indígenas Nacionales 2008-2012 planeta como uno de sus objetivos “dar un enfoque del multilingüismo, complementado con el enfoque intercultural, orientado a incentivar el uso de las lenguas nacionales en todas sus formas y ámbitos, con el fin de reconocer, valorar y fortalecer la realidad multicultural y multilingüe del país”.
Asimismo, como afirman los legisladores promoventes, la Secretaría de la Reforma Agraria ha traducido principalmente los programas Mujer en el Sector Agrario y el Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios, a 23 lenguas indígenas, divulgándose su contenido en ch’ol, chontal, maya; totonaco, tzotzil, tseltal, chatino, mazateco, mixe, mixteco, zapoteco, mexicano y sus variantes.
No obstante los avances que dichas acciones representan, el esfuerzo aun resulta insuficiente para cubrir las necesidades de la población indígena. Si bien es cierto que existen un número considerable de programas sociales dirigidos específica mente a la población indígena, de poco sirven si los beneficiarios no tienen acceso a la información de manera integral, es decir, comprendiendo el derecho que tiene a éstos, su cobertura, requisitos y demás aspectos necesarios para recibir el apoyo.
Según las fracciones II y III del apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la federación, los estados y municipios tienen la obligación de garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural (...), así como asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la cobertura del sistema nacional.
No olvidemos las disposiciones aplicables de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos y de la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas que reconocen la obligación de los poderes públicos (...) para publicar todas las leyes y otras disposiciones de carácter general en estas lenguas, y disponer de formularios, impresos y modelos en forma de papel, informática o cualquier otra en las lenguas territoriales, ofreciéndolos al públicos en los servicios que afecten los territorios donde es propia la lengua respectiva.
A su vez la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas dispone, en el artículo 13, que corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno difundir en las lenguas nacionales de los beneficiarios, el contenido de los programas, obras y servicios dirigidos a las comunidades indígenas.
Por tanto, es indispensable realizar el exhorto correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Social y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que a la brevedad se cumpla con lo establecido en la normatividad aplicable y con ello, se brinde certeza jurídica sobre el efectivo ejercicio del derecho a la información que tienen las personas y comunidades indígenas.
En razón de lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a realizar, en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la traducción y difusión de programas sociales en los idiomas autóctonos en nuestro país, a fin de que las comunidades puedan tener acceso a la información sobre estos en su propia lengua.
Sala de comisiones, salón E del edificio G de la Cámara de Diputados, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2011.
La Segunda Comisión –de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública
Senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), presidente; senador Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), diputado Héctor Franco López, secretarios; senador Javier Orozco Gómez (rúbrica), senador Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz, diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, senadora Claudia Sofía Corichi García, diputado Isaías González Cuevas, diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), diputado Tereso Medina Ramírez (rúbrica), diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa, diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.