De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a Petróleos Mexicanos
Honorable Asamblea
A la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, le fueron turnadas cinco proposiciones con punto de acuerdo relativas a diversos temas relacionados con Petróleos Mexicanos, suscritas por legisladores de diversos grupos parlamentarios.
Los ciudadanos legisladores integrantes de ésta comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de las proposiciones, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen.
Antecedentes
1. En la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de diciembre de 2010, el diputado Héctor Franco López, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al director general de Pemex que reubique de inmediato la terminal de almacenamiento y reparto de Saltillo, Coahuila.
En la misma fecha, la Comisión Permanente turnó la referida proposición a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas para su estudio y dictamen.
2. En la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de Enero de 2011, la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se requiere información sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, el 24 de noviembre de 2010.
En la misma fecha, la Comisión Permanente turnó la referida proposición a la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– para su estudio y dictamen.
3. En la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011, los senadores Leticia Jasso Valencia y Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentaron la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos para que cumplan con el pago justo y oportuno de las indemnizaciones para las personas afectadas debido al incendio provocado por el derrame ocurrido en el ducto de la paraestatal, localizado en San Martín Texmelucan, Puebla.
En la misma fecha, la Comisión Permanente turnó la referida proposición a la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– para su estudio y dictamen.
4. En la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011, los senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del PRD, presentaron la proposición con punto de acuerdo por el que solicita la evaluación del atlas de riesgo de Petróleos Mexicanos, así como la implantación de un programa técnico nacional contra el robo de combustible que incorpore tecnología de punta y asesoría científica.
En la misma fecha, la Comisión Permanente turnó la referida proposición a la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– para su estudio y dictamen.
5. En la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011, el senador Sebastián Calderón Centeno, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó la proposición con punto de acuerdo relativo a la renovación de la flota de Petróleos Mexicanos.
En la misma fecha, la Comisión Permanente turnó la referida proposición a la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– para su estudio y dictamen.
Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión formulamos las siguientes
Consideraciones
I. El diputado Héctor Franco López refiere que, es importante destacar, el peligro que se crea al instalar plantas por parte de Petróleos Mexicanos de almacenaje de combustibles o ductos que circulan por debajo de ciudades transportando diversos combustibles, dentro o cerca de ciudades pobladas.
Señala como caso concreto a la terminal de almacenamiento y reparto ubicada en la zona urbana de Saltillo, Coahuila. La distribuidora de combustible se localiza en el boulevard Venustiano Carranza, columna vertebral de la ciudad, y se encuentra rodeada de las colonias Jardines Coloniales, Privadas de Santiago y Las Brisas, cuyos habitantes viven desde hace tiempo con la incertidumbre y la inseguridad de encontrarse cerca de este depósito.
Se sabe que dicha estación tiene una capacidad de almacenaje de 23 millones 847 mil litros de distintas gasolinas y diesel, también que cuenta con una certificación internacional de seguridad, sin embargo en meses pasados fue localizada una toma clandestina ubicada en la barda posterior que rodea el inmueble por parte de las autoridades.
Considera como una medida urgente que el gobierno federal dé respuesta a la propuesta de apoyar con la permuta de un terreno fuera de la zona urbana, ya sea en la carretera rumbo a Monterrey o en su defecto en la carretera rumbo a Monclova para la reubicación de dicha terminal de almacenamiento, a cambio de que en la zona que se encuentra actualmente se construya una unidad deportiva, o en su defecto, se busquen opciones para la reubicación de dicha estación, con lo cual se daría seguridad y certidumbre a los pobladores de las colonias aledañas, no esperemos a que ocurra una tragedia como la recientemente ocurrida. Por lo anterior formula la siguiente proposición con punto de acuerdo
Único: Se solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal, exhorte al Director General de Petróleos Mexicanos Juan José Suárez Coppel, a que reubique de manera inmediata la terminal de almacenamiento y reparto ubicada en la zona urbana de Saltillo, Coahuila.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez señala que el 24 de noviembre de 2010, el consejo de Administración de Petróleos Mexicanos tomó acuerdos relacionados con el modelo de contratos que entre otras cosas plantea como remuneración de los contratistas una tarifa por barril. Asimismo, refiere que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió sobre una controversia planteada por esta soberanía en contra del Reglamento de la Ley de Pemex, en el que la Corte dejó asentado que el Reglamento impugnado por los diputados es constitucional siempre que al celebrarse contratos “se pague en efectivo, no conlleve un porcentaje de producción, no conlleve un valor de venta de hidrocarburos o no esté amarrado a la utilidad de la entidad contratada.
Asimismo señala que del sitio de internet de la paraestatal se desprende que el Consejo de Administración de Pemex aprobó el pasado 24 de noviembre de 2010 documentos ejecutivos de los contratos de los campos Magallanes, Santuario y Carrizo.
En la misma tesitura, la diputada Laura Itzel Castillo menciona que los términos y condiciones no podrán ser modificados, que conforme al propio artículo 10 de las Disposiciones administrativas de contratación, una vez aprobados por el consejo de administración ya no podrían sufrir cambios ni en la licitación ni en la firma al contrato.
De la misma manera, argumenta que el modelo de contrato no es un documento aprobado por el Consejo de Administración conforme al artículo 10 de las disposiciones administrativas de contratación, y que se desconoce si las reglas administrativas de las licitaciones fueron sometidas a la aprobación del consejo de administración, y si son obligatorias. Por lo anterior, suscribe el siguiente punto de acuerdo:
Único. Se requiere información amplia y detallada sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos el 24 de noviembre de 2010, en particular lo siguiente:
A. Los términos y condiciones que no pueden modificarse, así como los contratos aprobados, que constan en los anexos I, II y III de acuerdo del Consejo de Administración del corporativo de Pemex, con número CA-131/2010,
B. La naturaleza jurídica las reglas de las licitaciones, así como el documento oficial que las contiene.
Los senadores Leticia Jasso Valencia y Luis Maldonado Venegas, señalan que las autoridades de Pemex asumieron su compromiso para atender el siniestro ocurrido el pasado 19 de diciembre de 2010, en el municipio de San Martín Texmelucan, en Puebla; de manera conjunta con el gobierno municipal y estatal.
Por ello, los senadores refieren que es necesario que esta Soberanía cuente con los elementos fidedignos para vigilar el cabal cumplimiento a los compromisos contraídos por los representantes de Pemex y se restituya de manera justa y oportuna a los habitantes de San Martín correspondiente a los adeudos por la pérdida irreparable de sus familiares, así como aquellos que sufrieron daño patrimonial y quienes perdieron su actividad laboral a causa de las afectaciones en las áreas destinadas al sector agrícola.
Asimismo, mencionan que toda vez que en la comparecencia del director de Pemex, efectuada ante esta Tercera Comisión, se concluyó que a la fecha existen reportes parciales del peritaje ofrecido por la paraestatal, en la que se insiste que aparentemente se debió a una toma clandestina, sin embargo aún faltan por realizar el estudio mecanográfico, mecánico, y fractográfico para tener una conclusión final.
Por último, argumentan que es necesario que se tenga un reporte pormenorizado y sustentado de los ciudadanos a quienes hayan indemnizado debidamente en lo particular para sus beneficiarios, así como a quienes aún no han recibido lo correspondiente y precisar el mecanismo implementado para resarcir los daños. Por lo anterior, suscribieron el siguiente punto de acuerdo:
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al director general de Petróleos Mexicanos un informe detallado y sustentado sobre el pago de las indemnizaciones para los ciudadanos afectados en la pérdida irreparable de sus familiares, así como aquellos quienes fueron dañados en sus bienes muebles e inmuebles por el incendio en un ducto de Pemex en San Martín Texmelucan, en el estado de Puebla.
Segundo. Se informe sobre la totalidad de terrenos de cultivo siniestrados, las reclamaciones de los afectados, el monto de las indemnizaciones a sus poseedores o propietarios y los pendientes de cubrir especificando la fecha en que se reparará el daño en su totalidad de igual forma exponer las acciones programadas para aquellos, quienes a razón de esta desgracia perdieron su actividad laboral en la zona agrícola y las medidas para que esta recupere su productividad.
Tercero. Se informe a esta soberanía las acciones emergentes tomadas para realizar una verificación y control total de los ductos en toda la República Mexicana para prevenir y evitar accidentes propios de su funcionamiento o causados por factores externos.
Cuarto. Presentar por escrito las acciones programadas para rendir el informe respectivo de los avances en el estudio metalográfico, mecánico y fractográfico por periodos de quince días hasta la conclusión del dictamen.
Los senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis García Zalvidea, mencionan que durante la pasada comparecencia del director de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, ante esta Tercera Comisión, se señaló que el número de tomas clandestinas en los ductos de la paraestatal aumentó de 462 en 2009 a 712 en 2010, aunque el robo de hidrocarburos se redujo de 3 millones a un millón 700 mil barriles en ese mismo periodo. Con esto, el robo de combustibles representa 0.4 por ciento del total de la producción de Pemex y 0.8 por ciento del total de ventas de la paraestatal.
Además de ello, refieren se precisó que 69 por ciento de la toma clandestina se concentró en sólo seis entidades federativas: Veracruz, Sinaloa, estado de México, Tamaulipas, Nuevo León y Puebla. Asimismo, desde 2009 trascendió en los medios de comunicación, que ha sido la delincuencia organizada quien se ha hecho del robo de combustibles en varias entidades del país. Y al ser el mercado negro de hidrocarburos generador de cuantiosas ganancias, por lo que es posible que muchos funcionarios puedan estar involucrados en el ilícito.
Asimismo, puntualizan que el robo de combustible no es nuevo. El robo de combustibles en la paraestatal más importante de México es considerado una de las más importantes fallas en seguridad industrial, según se desprende del acta de sesión 780.
Por último, señalan que resulta imprescindible la instauración de un programa técnico, con tecnología de punta y asesoría científica, que permita detectar oportunamente la toma clandestina, y evitar y reducir así, el robo de combustibles a la paraestatal. Por lo anteriormente expuesto, los senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis García Zalvidea formularon el siguiente punto de acuerdo:
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita al director de Petróleos Mexicanos para que presente a esta soberanía, en un plazo no mayor a ocho días naturales, para que con base en el atlas de riesgo del Sistema Nacional de Gasoductos y en el Sistema de Identificación de Instalaciones y Activos, presente un informe sobre el proceso de evaluación y administración de riesgo, para conocer
a) Los tramos con niveles de riesgo intolerable;
b) Las tendencias de riesgo de falla;
c) Los factores de riesgo críticos de acuerdo a estadísticas de incidentes;
d) El mantenimiento y la atención en tramos de riesgo;
e) Las áreas de población y ambientales altamente vulnerables, y
f) La evaluación en la toma de decisiones por parte de la paraestatal con relación a los riesgos.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Energía y al director general de Petróleos Mexicanos, para que de conformidad a la esfera de sus competencias, y con auxilio de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, se proceda urgentemente al diseño, constitución e implementación de un programa técnico nacional contra el robo de combustible que incorpore tecnología de punta y asesoría científica.
El senador Sebastián Calderón Centeno refiere que uno de los temas urgentes que no se debe soslayar es el de proporcionarle a Pemex instrumentos de operación que le permitan fortalecer sus actividades tal y como lo es el transporte marítimo de hidrocarburo, toda vez que es en el mar donde nuestro país realiza fundamentalmente las actividades de exploración, extracción y transporte de éste.
Por ello señala que para solucionar la falta de buques tanque, el 6 de junio de 2010, Pemex Refinación presentó a la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo la necesidad de adquirir de 5 a 6 buques tanque con el fin de almacenar y transportar el hidrocarburo y sus derivados. Asimismo, con fecha 29 de julio del 2010, Pemex Refinación realizó la licitación pública internacional abierta a la participación de cualquier interesado y bajo la cobertura de los capítulos o títulos de compras del sector público contemplados por los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos.
En la misma tesitura, argumenta que Pemex Refinación sólo contará a largo plazo con los cuatro buques tanque de arrendamiento financiero: Burgos, Bicentenario, Tampico y Chicontepec, y a mediano plazo con los tres buques de arrendamiento a casco desnudo –bare boats – Tajín, El Pípila e Insurgentes, por lo que necesitará sustituir o rentar por lo menos 13 buques en un futuro. Por lo que puntualiza que una solución a largo plazo a esta problemática, es la posibilidad de adquirir barcos de nueva construcción, cuyos precios están en un promedio de 37 millones de dólares. Por lo anterior, el proponente formula el siguiente punto de acuerdo:
Primero. Se exhorta al director de Petróleos Mexicanos a realizar un estudio que deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde señale cuáles son los astilleros que ofrecen las mejores condiciones, tanto técnicas como financieras para la construcción de buques con los requerimientos de la paraestatal.
Una vez liberados los recursos, deberá realizar los trámites necesarios ante las dependencias correspondientes para ordenar la construcción ante el astillero que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y posteriormente abanderar como mexicanos los buques.
Segundo. Se formula atento exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar los recursos necesarios para ordenar la construcción de 10 buques con los requerimientos específicos que señale Pemex, en el astillero que apruebe esa dependencia.
II. Esta comisión dictaminadora considera que, en efecto, la presentación de accidentes fatales en las actividades desarrolladas para la exploración y explotación de Pemex ha sido recurrente, ya en el año 2000, la Profepa había reportado una fuga de Diesel en los ductos de Pemex de San Martín Texmelucan y en el 2002 se dio una fuga de gas y ahora el robo de gasolina provocó el desastre.
La comisión que dictamina considera que, no cabe duda de que la tragedia que se dio en el municipio de San Martín Texmelucan debe servir para que las autoridades de todos los niveles de Gobierno, pongan atención y sepan que el robo de combustibles, petróleo o derivados, no son delitos que se consuman por el simple hecho de la extracción ilegal de los mismos, sino que trae consecuencia fatales como lo ocurrido, el domingo 19 de diciembre de 2010, que mató a varias personas en la unidad habitacional San Damián y las colonias Solidaridad y La Cruz en San Martín Texmelucan, Puebla.
III. Ante ello, esta comisión dictaminadora comparte la preocupación del diputado Héctor Franco López respecto a la terminal de almacenamiento y reparto ubicada en la zona urbana de Saltillo, Coahuila, por lo que considera necesario se solicite al director de Pemex un análisis con la finalidad de buscar los mecanismos necesarios para reubicar la terminal de almacenamiento y reparto ubicada en la zona urbana de Saltillo, Coahuila.
IV. De la misma manera, esta dictaminadora comparte la preocupación de la diputada Laura Itzel Castillo. Sin embargo, se considera necesario hacer precisiones de estilo y claridad.
Efectivamente, en la sesión 820 extraordinaria del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, celebrada el 24 de noviembre de 2010, numerado CA-130/2010 al CA-134/2010, dicho consejo aprobó contratos de servicio para la evaluación, desarrollo y producción de hidrocarburos en las áreas de Magallanes, Carrizo y Santuario, de la Región Sur.
Además de los contratos referidos, en dicha Sesión Extraordinaria, el Consejo de Administración de Pemex aprobó la política corporativa para la asistencia al Consejo de Administración de Pemex y para el acceso y difusión de la información emanada del mismo. Asimismo, acordó que los Consejeros remitirían sus comentarios referentes al Código de conducta para la elaboración de una versión final, que sería sometida a la consideración y en su caso aprobación del Consejo.
http://www.pemex.com/files/content/acuerdos_ca_820_130-134.pdf).
Por otra parte, el artículo 10 de las disposiciones administrativas de contratación señalan que:
“Parte III. De la aprobacion de los contratos por los consejos de administracion
Artículo 10. Para solicitar la aprobación de los contratos a que se refieren los artículos 19, fracción IV, inciso k) de la Ley y 46 del Reglamento, el Organismo Descentralizado que pretenda realizar la contratación deberá presentar al Consejo de Administración competente, de conformidad con los lineamientos que al efecto se emitan por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, el documento ejecutivo que contenga los términos y condiciones técnicas, económicas, ambientales, sociales y legales fundamentales de la contratación; el Consejo de Administración que corresponda determinará qué términos y condiciones no podrán ser modificados sin su consentimiento. El organismo descentralizado no someterá a la aprobación del Consejo de Administración de que se trate, clausulados, anexos específicos o formatos. Sin embargo, se remitirá para su conocimiento el modelo de contrato y el modelo económico que lo sustenta, así como la información y documentación que el Consejo de Administración de que se trate le requiera. No se podrá iniciar procedimiento de contratación alguno, sin haber obtenido la aprobación a que se refiere este artículo.
...”
Por tanto, esta comisión dictaminadora, considera oportuno solicitar que el Consejo de Administración de Pemex informe sobre cuáles son los términos y condiciones, de los contratos aprobados en la sesión 820 extraordinaria el 24 de noviembre de 2010, que no podrán ser modificados sin el consentimiento del mismo consejo. Asimismo informe la naturaleza jurídica de las reglas de licitación, y el documento oficial que las contiene.
V. Por otro lado, esta comisión dictaminadora coincide con la preocupación y planteamientos de los senadores Leticia Jasso y Luis Maldonado. Sin embargo, se considera pertinente formular algunas precisiones de claridad y estilo.
Esta dictaminadora hace constar que durante la comparecencia del director general de Pemex ante la Tercera Comisión, informó sobre el pago de las indemnizaciones para los ciudadanos afectados en la pérdida irreparable de sus familiares, así como aquellos quienes fueron dañados en sus bienes muebles e inmuebles por el incendio en un ducto de Pemex en San Martín Texmelucan, en el estado de Puebla.
De la misma manera, informó sobre la totalidad de terrenos de cultivo siniestrados, las reclamaciones de los afectados, el monto de las indemnizaciones a sus poseedores o propietarios y los pendientes de cubrir especificando la fecha en que se reparará el daño en su totalidad, de igual forma exponer las acciones programadas para aquellos, quienes a razón de esta desgracia perdieron su actividad laboral en la zona agrícola y las medidas para que esta recupere su productividad.
Por otra parte, esta Comisión Dictaminadora considera necesario que el director general de Pemex informe a esta soberanía las acciones emergentes tomadas para realizar una verificación y control total de los ductos en toda la República Mexicana para prevenir y evitar accidentes propios de su funcionamiento o causados por factores externos, así como acciones programadas para rendir el informe respectivo de los avances en el estudio metalográfico, mecánico y fractográfico por periodos de quince días hasta la conclusión del dictamen.
VI. Asimismo, esta comisión dictaminadora coincide con los planteamientos del senador Rubén Fernando Velázquez, a fin de que Pemex presente un informe sobre el proceso de evaluación y administración de riesgo. Asimismo, para que con auxilio de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, en los términos que lleguen a pactar, se proceda al diseño, constitución e implementación de un programa técnico nacional contra el robo de combustible que incorpore tecnología de punta y asesoría científica, y en base a ello se dé atención a acontecimientos que lesionan y dañan a la sociedad.
VII. Por ultimo esta comisión dictaminadora coincide con los planteamientos del senador Sebastián Calderón Centeno con respecto a la posibilidad de adquirir barcos de nueva construcción.
Por lo que en mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos, a buscar los mecanismos necesarios para reubicar la terminal de almacenamiento y reparto ubicada en la zona urbana de Saltillo, Coahuila.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, solicita del Consejo de Administración de Pemex, informe a esta soberanía, sobre cuáles son los términos y condiciones, de los contratos aprobados en Sesión 820 extraordinaria del 24 de noviembre de 2010, que no podrán ser modificados sin el consentimiento del mismo Consejo. Asimismo, se informe sobre la naturaleza jurídica de las reglas de licitación, y el documento oficial que las contiene. Dicha información, deberá ser remitida a las Cámaras de Diputados y Senadores.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, solicita del director general de Petróleos Mexicanos, informe a esta Soberanía sobre las acciones emergentes tomadas para realizar una verificación y control total de los ductos en toda la República Mexicana para prevenir y evitar accidentes propios de su funcionamiento o causados por factores externos, así como las acciones programadas para rendir el informe respectivo de los avances en el estudio metalográfico, mecánico y fractográfico por periodos de quince días hasta la conclusión del dictamen. Dicha información, deberá ser remitida a las Cámaras de Diputados y Senadores.
Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, solicita del Director General de Petróleos Mexicanos, informe sobre el proceso de evaluación y administración de riesgo, para conocer, los tramos con niveles de riesgo intolerable; las tendencias de riesgo de falla; los factores de riesgo críticos de acuerdo a estadísticas de incidentes; el mantenimiento y la atención en tramos de riesgo; las áreas de población y ambientales altamente vulnerables, y la evaluación en la toma de decisiones por parte de la paraestatal con relación a los riesgos. Dicha información, deberá ser remitida a las Cámaras de Diputados y Senadores.
Asimismo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, solicita al titular de la Secretaría de Energía y al director general de Petróleos Mexicanos, para que de conformidad a la esfera de sus competencias y con auxilio de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, en los términos que lleguen a pactar, se proceda al diseño, constitución e implementación de un programa técnico nacional contra el robo de combustible que incorpore tecnología de punta y asesoría científica.
Quinto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, solicita del director general de Petróleos Mexicanos, informe a esta Soberanía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre cuáles son los astilleros que ofrecen las mejores condiciones, tanto técnicas como financieras para la construcción de buques, con los requerimientos de la paraestatal. Dicha información, deberá ser remitida a las Cámaras de Diputados y Senadores.
Asimismo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que promueva e impulse la liberación de recursos extraordinarios necesarios con cargo a las partidas presupuestales existentes, para ordenar la construcción de 10 buques con los requerimientos específicos que señale Pemex, en el astillero que apruebe esa dependencia.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2011.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
Diputados: Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente; Cruz López Aguilar (rúbrica), Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios; Sebastián Lerdo de Tejada, Cuauhtémoc Salgado Romero, Arturo García Portillo, Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica).
Senadores: Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), secretarios; María del Socorro García Quiroz (rúbrica), Renán Cleominio Zoreda Novelo, Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), Rubén Fernando Velázquez López, Ricardo Monreal Ávila.
De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la liberación de recursos extraordinarios para aumentar las prestaciones y los sueldos de los policías en Guerrero
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que en apoyo a la policía estatal y a las municipales del estado de Guerrero libere los recursos extraordinarios necesarios para aumentar sustancialmente las prestaciones y sueldos d los policías, modernizar el equipamiento con el que cuentan y capacitarlos adecuadamente para que puedan hacer frente al crimen organizado en la entidad, a cargo de los senadores Fernando Jorge Castro Trenti, María del Socorro García Quiroz, Adolfo Toledo Infanzón, Renán Cleominio Zoreda Novelo y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI.
Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 12 de enero de 2011 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. De acuerdo con los autores del punto de acuerdo en estudio. La inseguridad en el estado de Guerrero es crítica y se encuentra en una situación de emergencia. Así las ejecuciones por ajustes de cuentas del crimen organizado se suceden diariamente, y la mayoría de los ataque y crimines se dan en contra de policías de todos los rangos por lo que resulta preocupante que se registren atentados con granadas de fragmentación en contra de módulos de policía estatal.
Los proponentes refieren que, de acuerdo al índice de inseguridad ciudadana y violencia 2010, publicado por México Evalúa, en el cual se clasificó a los estados en los que existe violencia vinculada con la presencia del crimen organizado, y la consiguiente percepción de inseguridad, en Guerreo se incrementaron los homicidios 50 por ciento en un lapso de doce meses, llegando a 45 por cada 100 mil habitantes.
Asimismo, los senadores proponentes señalan que ante la escala de violencia que se vive en Guerrero, el gran esfuerzo realizado por las autoridades de los 81 municipios del estado se ha visto superadas por el crimen organizado y, lamentablemente, el gobierno federal no ha brindado un apoyo efectivo para revertir esta situación.
Los proponentes consideran que el trabajo hecho por los 81 ediles, apoyados mayormente por la intervención del Ejército mexicano, se ve eclipsado por la falta de capacidad para continuar con las medidas requeridas para enfrentar y prevenir la criminalidad que se vive en el Estado.
Por lo anterior formulan la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a que en apoyo a la policía estatal y a las municipalidades del estado de Guerrero, libere los recursos extraordinarios necesarios para aumentar sustancialmente las prestaciones y sueldos de los policías, modernizar el equipamiento con el que cuentan y capacitarlos adecuadamente para que puedan hacer frente al crimen organizado.
II. Esta comisión dictaminadora considera que en efecto la inseguridad es un problema que envenena a la sociedad mexicana, y la de Guerrero no es la excepción. Por consiguiente, los integrantes de esta comisión dictaminadora coinciden con la preocupación externada por los autores de la proposición que se dictamina.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a que en apoyo a la policía estatal y a las municipales del estado de Guerrero libere recursos extraordinarios necesarios para mejorar sustancialmente las prestaciones y sueldos de los policías, modernizar el equipamiento con el que cuentan y capacitarlos adecuadamente para que puedan hacer frente al crimen organizado.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2011.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
Diputados: Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente; Cruz López Aguilar (rúbrica), Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios; Sebastián Lerdo de Tejada, Cuauthémoc Salgado Romero, Arturo García Portillo (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica).
Senadores: Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), secretarios; María del Socorro García Quiroz (rúbrica), Renán Cleominio Zoreda Novelo, Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), Rubén Fernando Velázquez López, Ricardo Monreal Ávila.
De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo al otorgamiento de recursos extraordinarios para el Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración Educativa
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a otorgar recursos extraordinarios para el Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la integración educativa, suscrita por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de ésta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 12 de Enero de 2011, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones la autora del presente punto de acuerdo refiere que la educación a niños y adolescentes con capacidades diferentes en lo intelectual o motriz, en caso de autismo o en los de déficit de atención, sordera, ceguera representan un sector de cerca de 170 mil 550 personas con necesidades de ser atendidos por el estado.
Menciona que el artículo 41 de la Ley General de Educación establece la obligación de promover la integración de las niñas y niños con discapacidad a las aulas y escuelas generales, de tal modo que desarrollen al máximo sus potencialidades y satisfagan sus necesidades básicas de aprendizaje, como base para su integración social, y que ahí se desprende que la Secretaría de Educación Pública haya implementado desde el año de 1995 el Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, con la finalidad de fortalecer los servicios de educación especial y el proceso de integración para que los alumnos con necesidades educativas especiales reciban la atención que requieran y puedan tener acceso a una mejor calidad de vida.
Señala que, el trabajo educativo con los niños que presentan necesidades educativas especiales implica la realización de adecuaciones en los contenidos, las formas y los recursos de enseñanza para que alcancen los propósitos educativos y desarrollen todas sus potencialidades como seres humanos.
Considera como una medida urgente que el gobierno federal otorgue recursos extraordinarios para apoyar el programa en mención, ya que señala, que recientemente la Secretaría de Educación Pública manifestó que cerca de 170 mil 523 entre niños y adolescentes están en riesgo de quedar fuera de las escuelas y de no ser atendidos este año debido al recorte presupuestal de más del 28.3 por ciento al Programa de Integración Educativa. Por lo anterior formula la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Secretario de Educación Pública para que formule a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta de partida extraordinaria, con el propósito de aumentar los recursos destinados al Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa.
II. Esta comisión dictaminadora alude a que la educación especial en sentido amplio comprende todas aquellas actuaciones encaminadas a compensar las necesidades educativas especiales debidas a superdotación intelectual o discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales, ya sea en centros ordinarios o específicos.
Ahora bien, la comisión que dictamina considera que, actualmente, el enfoque instaura que todas las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos, por lo tanto, el estado debe generar las condiciones, para garantizar su derecho a la educación, a la no discriminación e igualdad de oportunidades.
Por lo anteriormente expuesto, esta comisión dictaminadora considera que, toda vez que es obligación del estado proporcionar apoyos y medios técnicos y humanos para compensar los déficit del alumnado en el acceso a los aprendizajes básicos imprescindibles para afrontar la vida adulta, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, para que a través de las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, se formule una propuesta, con el fin de crear una partida extraordinaria y aumentar los recursos que se destinen al Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de Enero de 2011.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
Diputados: Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente; Cruz López Aguilar (rúbrica), Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios; Sebastián Lerdo de Tejada (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, Arturo García Portillo (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica).
Senadores: Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), secretarios; María del Socorro García Quiroz (rúbrica), Renán Cleominio Zoreda Novelo, Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), Rubén Fernando Velázquez López, Ricardo Monreal Ávila.
De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos al endeudamiento de las entidades federativas
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los ejecutivos de las entidades federativas, para que presenten informes detallados sobre la situación financiera y el endeudamiento de sus gobiernos; y a los 31 Congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que instruya a sus órganos de fiscalización, realicen auditorias a las haciendas públicas suscrito por el senador Juan Bueno Torio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Los legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 12 de enero de 2011, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones del presente punto de acuerdo el senador Juan Bueno refiere que en la última década, el gobierno federal ha emprendido importantes reformas en favor de la transparencia y la rendición de cuentas. En este sentido, se fundó el Instituto Federal de Acceso a la Información, se impulsó la adecuación de diversos ordenamientos para dotar al estado de mejores instrumentos jurídicos y, en general, se mejoró la manera en que las autoridades federales informan y rinden cuentas sobre el uso de los recursos públicos.
El proponente señala que los avances referidos en el párrafo anterior han sido primordialmente concentrados en el orden federal, sin que se hayan logrado replicar satisfactoriamente en las entidades federativas y los municipios.
Así, el proponente menciona que en el documento Índice de competitividad estatal 2010. La caja negra del gasto público, el Instituto Mexicano de la Competitividad menciona, haciendo referencia a la situación imperante en las entidades federativas que en la actualidad, que “es imposible saber de qué tamaño es la burocracia estatal y cuáles son sus salarios”. En términos generales, el panorama es de una marcada opacidad por la que ciudadanos y autoridades fiscalizadoras desconocen el destino de los recursos públicos, ya sean obtenidos mediante participaciones federales, recaudación propia o endeudamiento.
De la misma manera, el senador bueno refiere que dado que los gobernantes locales no están obligados jurídicamente a reportar cómo gastan. Lo anterior ha llevado a varias autoridades estatales a contratar mayores montos de deuda.
El proponente refiere que de acuerdo con el reporte Obligaciones financieras de las entidades federativas y municipios, dado a conocer recientemente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se demuestra que en varias entidades federativas el endeudamiento público ha excedido la capacidad de pago de las haciendas públicas, lo cual a la postre las llevaría a un desastre financiero.
Así, el proponente señala que mientras que el gobierno saliente de Tlaxcala es ejemplo de responsabilidad, pues no dejó deuda al sucesor, en el extremo contrario son particularmente notorios los casos de Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. Por consiguiente, formula la siguiente proposición con punto de acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los gobernadores de los 31 estados de la república y al jefe del gobierno del Distrito Federal a presentar informes detallados de la situación que guardan las haciendas públicas a su cargo, con especial hincapié en la sostenibilidad financiera de los endeudamientos contratados.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los congresos de los 31 estados de la república y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a instruir a los órganos de fiscalización a su cargo para auditar sobre la situación financiera de las haciendas públicas de los estados y el Distrito Federal.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a formar un grupo de trabajo para dar seguimiento a la correcta aplicación de los recursos presupuestarios asignados a las entidades federativas. Dicho grupo de trabajo estará integrado proporcional y pluralmente por todos los grupos parlamentarios representados en la actual legislatura.
II. Esta comisión dictaminadora considera que la rendición de cuentas y la transparencia por parte de las autoridades gubernamentales son un elemento generador de confianza de los gobernados hacia sus gobernantes además que representa un elemento indispensable para la efectiva gestión.
Asimismo, esta dictaminadora considera que la rendición de cuentas no sólo es mostrar el uso de los recursos, sino también los logros de los objetivos que se han planteado, de la misma manera que la transparencia se entiende como la capacidad de reconocer abiertamente logros y fracasos, ayudando con ello a que mejore la gestión de gubernamental, pues las obliga a capacitarse y por tanto profesionalizarse.
Ahora bien, si bien es cierto que esta comisión dictaminadora coincide con los planteamientos y propuestas del autor de la proposición que se dictamina, también lo es, que es necesario hacer pequeñas salvedades de claridad de estilo, tomando en cuenta lo siguiente:
El Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras o de la Comisión Permanente, se ha manifestado siempre respetuoso de los principios y normas que rigen el federalismo que impera en nuestro sistema jurídico y político nacional. En este sentido, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece:
“Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”
Consecuente con lo anterior, la comisión dictaminadora considera que no es procedente exhortar a los gobernadores de las entidades federativas informar sobre la situación que guardan las haciendas públicas a su cargo, así como el exhorto que se plantea en el resolutivo segundo de la propuesta original, por considerarse violatoria de la soberanía estatal y de la autonomía del Poder Ejecutivo y Legislativo de los estados.
Aunado a lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 79, lo siguiente:
“Artículo 79. La entidad de fiscalización superior de la federación, de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.
La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
Esta entidad de fiscalización superior de la federación tendrá a su cargo:
I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley.
También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.
Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la ley.
Sin perjuicio del principio de anualidad, la entidad de fiscalización superior de la federación podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la entidad de fiscalización superior de la federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.
Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales que determine la ley, derivado de denuncias, podrá requerir a las entidades fiscalizadas que procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma. La entidad de fiscalización superior de la federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las autoridades competentes;
...”
Lo anterior está reglamentado en los artículos 15, facciones I y XIX, 37 y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que se transcriben a continuación:
“Artículo 15. Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación tendrá las atribuciones siguientes
I. Establecer los lineamientos técnicos y criterios para las auditorías y su seguimiento, procedimientos, investigaciones, encuestas, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública;
...
XIX. Concertar y celebrar, en los casos que estime necesario, convenios con los gobiernos de las entidades federativas, legislaturas locales, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las entidades de fiscalización superior correspondientes, con el propósito de apoyar y hacer más eficiente la fiscalización superior, sin detrimento de su facultad fiscalizadora, la que podrá ejercer de manera directa;
..”
“Artículo 37. La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará directamente los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en otras leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.
Para el cumplimiento de las atribuciones establecidas en el párrafo anterior y en términos de la fracción XIX del artículo 15 de la presente ley, la Auditoría Superior de la Federación podrá celebrar convenios con los gobiernos de las entidades federativas, legislaturas locales, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las entidades de fiscalización superior, con el objeto de que colaboren con aquélla en la verificación de la aplicación correcta de los recursos federales recibidos por dichos órdenes de gobierno, conforme a los lineamientos técnicos que señale la Auditoría Superior de la Federación. Dichos lineamientos tendrán por objeto mejorar la fiscalización de los recursos federales que se ejerzan por las entidades federativas, por los municipios y por los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo a sus administraciones públicas paraestatales y paramunicipales.
Los lineamientos comprenderán además, la verificación del desempeño y la comprobación de la aplicación adecuada de los recursos que reciban las personas físicas o morales, públicas o privadas, en concepto de subsidios, donativos y transferencias otorgados por las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal con cargo a recursos federales.
La Auditoría Superior de la Federación establecerá los sujetos, objetivos, alcance y procedimientos de las auditorías y estructura de los informes de auditoría a practicar sobre los recursos federales entregados a entidades federativas, municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para asegurar una rendición de cuentas oportuna, clara, imparcial y transparente. El conjunto de los términos acordados con las entidades de fiscalización de las entidades federativas no podrán ser inferiores a los determinados en la ley.
En el caso de que las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas detecten irregularidades que afecten el patrimonio de la hacienda pública federal, deberán hacerlo del conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la Federación, para que en términos de la presente ley inicie la responsabilidad resarcitoria correspondiente y promueva las responsabilidades civiles, penales, políticas y administrativas a las que haya lugar.
La Auditoría Superior de la Federación verificará que las entidades fiscalizadas lleven el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con las disposiciones aplicables.”
...
“Artículo 39. Cuando se acrediten afectaciones a la Hacienda Pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales, atribuibles a servidores públicos de las entidades federativas, municipios o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, la Auditoría Superior de la Federación procederá a formularles el pliego de observaciones y, en caso de que no sea solventado, fincarles las responsabilidades resarcitorias conforme a la presente ley y promoverá, en su caso, ante los órganos o autoridades competentes las responsabilidades administrativas, civiles, políticas y penales a que hubiere lugar.”
Por lo anterior y con el propósito de dar continuidad y seguimiento a la proposición que se dictamina, la comisión dictaminadora estima procedente remitir el presente expediente a los titulares de las entidades federativas y al jefe de gobierno del Distrito Federal, para su conocimiento y efectos.
Respecto al resolutivo tercero de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, referente a librar un exhorto a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para formar un grupo de trabajo que dé seguimiento a la correcta aplicación de los recursos presupuestarios asignados a las entidades federativas, esta comisión no lo considera procedente, en razón de que el órgano encargado de realizar esta acción, es la Auditoria Superior de la Federación, por lo que se considera oportuno remitir copia del expediente para su conocimiento y efectos.
En mérito de lo antes expuesto, los miembros de la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, sometemos a la consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Remítase copia del presente expediente a los titulares de las entidades federativas y al jefe de gobierno del Distrito Federal, así como a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para su conocimiento y efectos.
Segundo. Remítase copia del presente expediente a la Auditoria Superior de la Federación, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y efectos de su competencia.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2011.
La Tercera Comisión
Diputados: Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente; Cruz López Aguilar (rúbrica), Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios; Sebastián Lerdo de Tejada, Cuauhtémoc Salgado Romero, Arturo García Portillo (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica).
Senadores: Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), secretarios; María del Socorro García Quiroz (rúbrica), Renán Cleominio Zoreda Novelo, Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), Rubén Fernando Velázquez López, Ricardo Monreal Ávila.
De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo al artículo 20, fracción VI, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2011
Honorable Asamblea
A la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se conmina al titular del Ejecutivo federal a respetar el contenido del artículo 20, fracción VI, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, en materia de comunicación para personas sordas, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD.
Los ciudadanos legisladores integrantes de ésta comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de ésta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 12 de Enero de 2011, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones la diputada Claudia Edith Anaya Mora, refiere que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el martes 7 de diciembre de 2010. En la fracción VI del artículo 20, el Presupuesto establece:
“VI. Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las dependencias y entidades harán uso de la Lengua de Señas Mexicanas por medio de un intérprete, o en su caso tecnologías que permitan el acceso a los contenidos a las personas con discapacidad auditiva cuando se trate de campañas en televisión.”
Asimismo, señala que el artículo primero transitorio del decreto señala que “el presente decreto entrará en vigor el primero de enero del año 2011”. Por tanto señala que la disposición del artículo 20, fracción VI, es vigente, y por lo tanto obligatoria para los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las dependencias y entidades.
Por otro lado, la proponente señala que el presidente está faltando al juramento de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Lo anterior dado que la Constitución señala en el artículo 70 que “toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se promulgarán en esta forma: El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o decreto). Por lo que el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 dimana de la voluntad de la Cámara de Diputados a iniciativa del presidente de la República.
La proponente refiere que el asunto en cuestión no es la primera vez que se aborda ante la Comisión Permanente, ya que en el inmediato anterior periodo de sesiones de esta representación popular se aprobó un punto de acuerdo que establecía:
“La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que a través del Secretario de Gobernación, instruya al Centro de Producción de Programas Informativos Especiales a que en todos los programas especiales, cortes informativos y cadenas nacionales del presidente de la república se incluya un recuadro con un intérprete de lengua de señas mexicanas o el sistema de subtítulos o close caption.”
De dicho asunto aprobado, menciona la proponente, no se tuvo noticias de su cumplimiento, ya que en los mensajes sucesivos del presidente no se contó con ningún mecanismo de apoyo para las personas sordas.
Por ello, formula la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión conmina al titular del Poder Ejecutivo federal a respetar el contenido del artículo 20, fracción VI, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, en materia de comunicación para personas sordas; asimismo le exhorta a subsanar la falta a la brevedad posible.
II. Esta comisión dictaminadora señala que de la trascripción hecha por la Diputada proponente en el presente punto de acuerdo se deriva que, el cumplimiento a la disposición legal aludida, señala que “Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las dependencias y entidades harán uso de la Lengua de Señas Mexicanas...”. Bajo esa tesitura podemos apreciar que dicha disposición contempla las dependencias y entidades que forman parte del Ejecutivo federal.
Asimismo, quienes dictaminan coinciden con la diputada promovente en el sentido de exhortar al Ejecutivo Federal a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción VI, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, en materia de comunicación para personas sordas.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al titular del Ejecutivo federal a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 20, fracción VI, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, por lo que se refiere a las entidades y dependencias del Ejecutivo federal, en materia de comunicación para personas con problemas de discapacidad auditiva.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2011.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
Diputados: Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente; Cruz López Aguilar (rúbrica), Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios; Sebastián Lerdo de Tejada, Cuauhtémoc Salgado Romero, Arturo García Portillo (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica).
Senadores: Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), secretarios; María del Socorro García Quiroz (rúbrica), Renán Cleominio Zoreda Novelo, Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), Rubén Fernando Velázquez López, Ricardo Monreal Ávila.
De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la adopción de medidas y al envío de informes sobre la contaminación de los ríos en Oaxaca
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a la Conagua y a la Profepa a adoptar medidas y enviar a esta soberanía informes relativos a la contaminación de los ríos en Oaxaca, suscrita por el senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 12 de enero de 2011, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones el autor del presente punto de acuerdo refiere que, la contaminación del ambiente y la sobreexplotación de los recursos naturales, además de dañar los ecosistemas, impiden que se potencien las capacidades productivas, se genere bienestar social y oportunidades de progreso para las personas y las comunidades.
Comenta que la contaminación de los mares, ríos y lagos representa una parte considerable del deterioro ambiental, que agudiza distintos problemas, desde el relativo a la insuficiencia en el abasto de agua y el rezago socioeconómico hasta la generación de graves riesgos para la salud de la población.
Señala que, una realidad lamentable en el territorio nacional es la gran cantidad de ríos convertidos en sucias cloacas, cargadas de productos químicos, espumas y toda clase de contaminantes. También es común que las empresas inunden las aguas de los ríos con desechos tóxicos, y que Oaxaca no es ajena a esa situación.
Manifiesta que, de acuerdo con el Instituto de Naturaleza y Sociedad en Oaxaca (INSO), la mayoría de los ríos del estado tiene un alto grado de contaminación; entre los más afectados figuran el Papaloapan, Atoyac, Salado y Los Perros, en la región del istmo.
Subraya que son tres tipos básicos de desechos que se vierten en los ríos: primero, los industriales. Al respecto, el Papaloapan sufre problemas muy serios. Los segundos serían los desechos humanos y jabonosos que se vierten en los cauces, lo cual causa problemas de salud a los habitantes, como el que se encuentra en los ríos Atoyac y Salado. Y el último, los residuos agrícolas que contienen pesticidas y fertilizantes agroindustriales, como es el caso observado en Los Perros, en la región istmeña (entrevista con Juan José Consejo, director del INSO para el diario Despertar de Oaxaca, 6 de diciembre de 2009), así como el río Salado que, en opinión de algunos especialistas, se ha convertido en uno de los más contaminados del país, ante la indiferencia y la falta de actuación de las autoridades.
Refiere que la contaminación en este caso ha sido constatada por los integrantes del Consejo de Cuenca de la Costa de Oaxaca, organismo creado por mandato de la Ley de Aguas Nacionales, que sirve como instancia de coordinación entre los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, los usuarios del agua y organizaciones no gubernamentales.
Como muestra de la gravedad del asunto, baste mencionar que durante un recorrido de supervisión que realizara el mencionado Consejo de Cuenca, en el paraje Zompantle, a 10 kilómetros de Mitla, en los límites con San Lorenzo Albarradas, se encontró un basurero en plenas márgenes del río.
Enfatiza que, para enfrentar el grave problema de contaminación, en especial el que deriva de la descarga de aguas residuales y la utilización de cauces de arroyos y ríos como depósitos de basura, el grupo de seguimiento y evaluación del Consejo de Cuenca de la Costa de Oaxaca implantó el Programa de Rescate y Manejo de las Cuencas del Río Salado.
De igual forma, señala que se integró un comité de cuenca, especialmente para el río Salado, entre cuyas primeras observaciones se señaló la erosión presente en las partes altas de las microcuencas como consecuencia del uso inadecuado de sistemas de explotación forestal y agropecuarias, infraestructura ociosa de plantas de tratamiento, obras inconclusas y plantas que no operan.
Igualmente comenta que se detectó que hay insuficiente o deteriorada infraestructura hidroagrícola; deficiente uso del agua en los diferentes usos; abatimiento del nivel freático en acuíferos; alta incidencia de enfermedades gastrointestinales asociadas con el consumo de agua; y crecimiento desordenado de los centros de población e invasión de zonas federales, así como insuficiente cultura ambiental de la población.
El autor del presente punto de acuerdo, considera que es preciso contar con un diagnóstico de la calidad del agua en los ríos de la entidad, evaluar la magnitud de la contaminación y tomar medidas urgentes al respecto. Es necesario revisar la regulación existente y vigilar el cumplimiento de las normas por todos los actores involucrados. Ahora bien, la Semarnat, de conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, tiene a su cargo la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico en el territorio nacional, así como la regulación y el control de las actividades consideradas sumamente riesgosas. Asimismo, tiene entre sus atribuciones la regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de las aguas nacionales (artículo 5 fracciones III y XI). Tiene también bajo su responsabilidad realizar la evaluación del impacto ambiental y establecer las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico (artículo 28). Algunas de esas atribuciones se ejercen a través de la Conagua, a quien le corresponde promover en el ámbito nacional el uso eficiente del agua y su conservación en todas las fases del ciclo hidrológico, e impulsar el desarrollo de una cultura del agua que considere el elemento como recurso vital, escaso y de alto valor económico, social y ambiental, y que contribuya a lograr la gestión integrada de los recursos hídricos. Así lo establece la fracción XXVI del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales.
Por lo expuesto, sometió a consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo:
Primero. Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que remita a esta soberanía un informe sobre las actividades por realizar en Oaxaca para promover el aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de las aguas de los ríos y evitar que se dañen los ecosistemas.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a determinar la calidad del agua y, en su caso, atender el problema de contaminación de los ríos en Oaxaca.
Tercero. Se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que remita a esta soberanía un informe sobre el estado que guardan las denuncias presentadas por la contaminación de los ríos de Oaxaca.
II. Esta comisión dictaminadora considera que, en efecto, los ríos que pasan por varios municipios del estado de Oaxaca, registran una grave contaminación, sin embargo todavía tienen flora y fauna, por lo que es urgente tomar las medidas necesarias para proceder a rescatar los ríos del mencionado Estado. Dicha comisión reitera que los ríos de la entidad reciben una gran cantidad de desechos tóxicos orgánicos e inorgánicos, creando una gran contaminación en los lugares donde aún existen serpientes, peces, gansos y otros animales, por lo que es necesario coadyuvar entre los diferentes niveles de gobierno para hacer un proyecto para su conservación.
Dicho lo anterior esta comisión dictaminadora comparte la preocupación del senador Ericel Gómez Nucamendi para que, esta Soberanía cuente con un diagnóstico de la calidad del agua en los ríos de la entidad, evaluar la magnitud de la contaminación y tomar medidas urgentes al respecto.
Asimismo, esta comisión dictaminadora considera que, se debe dar la atención a dichos acontecimientos que laceran al medio ambiente y dañan a la sociedad, por lo que en mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informe a esta soberanía por escrito, en 5 días hábiles, sobre las actividades que se han realizado y están por realizar en el estado de Oaxaca, para promover el aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de las aguas de los ríos y evitar que se dañen los ecosistemas. Dicha información, deberá ser remitida a las Cámaras de Diputados y senadores.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua, a realizar un diagnóstico que permita determinar la calidad del agua y, en su caso, atender el problema de contaminación de los ríos en el estado de Oaxaca. Dicho diagnóstico, deberá ser remitido a las Cámaras de Diputados y senadores.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita del titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que informe a esta soberanía por escrito, en 5 días hábiles, sobre el estado que guardan las denuncias presentadas en relación con la contaminación de los ríos del estado de Oaxaca. Dicho informe, deberá ser remitido a las Cámaras de Diputados y senadores.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2011.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
Diputado Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente, senadora Minerva Hernández Ramos, diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputada O. Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios, diputado Sebastián Lerdo de Tejada, diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, diputado Arturo García Portillo (rúbrica p.s.), diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), senador José Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).
De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la expedición del Reglamento de la Ley General de Discapacidad
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a expedir y publicar el Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad, suscrita por la senadora María Elena Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del PRI.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 12 de enero de 2011, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones la autora de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina hace referencia a que México cuanta con alrededor de 14 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad.
Señala la importancia de hacer visibles resultados más notables enfocados a la atención de las personas con discapacidad y de considerarlos como un grupo de atención prioritario con programas y apoyos que respondan a sus necesidades, con la construcción de espacios y oportunidades que generen la inclusión. Formación, participación y disfrute de mejoras en sus condiciones sociales y económicas.
Continúa la senadora promovente señalando que el Congreso de la Unión demostró voluntad y compromiso para dar respuesta a un reclamo social que por varios años plantearon las personas con discapacidad, al legislar en la materia y aprobar la Ley General para las Personas con Discapacidad, ordenamiento que en su adecuada aplicación, contribuirá a mejorar las condiciones de vida de este grupo de personas, disminuyendo la pobreza, desempleo, analfabetismo y la marginación.
Que la Ley en comento se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2005, y que a la fecha el Ejecutivo federal no ha expedido su Reglamento, aún cuando en el propio ordenamiento legal se estableció un plazo de 180 días para su elaboración, contados a partir de la entrada en vigor del mismo.
La senadora hace referencia a la facultad constitucional del Ejecutivo federal para expedir los reglamentos, de promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, de acuerdo al artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Concluye la promovente señalando que resulta necesario que la Comisión Permanente realice un exhorto al Poder Ejecutivo federal, a efecto de que materialice la publicación del Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad en el diario Oficial de la Federación, así como solicitar a los gobiernos de las entidades federativas, el reconocimiento y aplicación de la Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, relativa a la “Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio al público –especificaciones de seguridad”, a efecto de brindar justicia social a las personas con discapacidad y lograr que las mismas puedan recibir un mejor servicio en aspectos como la educación, empleo, salud y las condiciones de accesibilidad en los espacios públicos y privados, para facilitar su desplazamiento en los espacios laborales, educativos, comerciales, deportivos y recreativos. Formula el siguiente punto de acuerdo:
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al titular del Ejecutivo federal que, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expida y publique, con la brevedad posible, el Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a los gobiernos de cada una de las entidades federativas, el reconocimiento y aplicación de la Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, “Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio al público-especificaciones de seguridad”, como parte de la regulación para brindar mayor justicia social a las personas con discapacidad y enfrentar con una visión solidaria una serie de obstáculos tanto físicos como culturales, que les impiden recibir educación, conseguir empleo, obtener atención de salud adecuada y contar con las condiciones de accesibilidad en todos los espacios públicos y privados.
II. Los integrantes de la comisión dictaminadora procedieron al estudio de los planteamientos formulados por la autora de la Proposición que se dictamina, tomando en cuenta lo siguiente:
a) Que con fecha 10 de junio de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de las Personas con Discapacidad.
b) Que en el artículo quinto transitorio del decreto se establece: “el Ejecutivo federal expedirá el reglamento de esta ley en un plazo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor de esta ley”.
c) Que se pudo constatar que no existe la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Reglamento referido; por lo que resulta evidente, que el plazo que empezó a correr a partir del 11 de junio de 2005, se encuentra vencido en exceso.
d) Que la declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio al público-Especificaciones de seguridad, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2006, y tiene como propósito “establecer las especificaciones que rijan la construcción de espacios de servicio al público, para lograr que las personas que presentan alguna disminución en su capacidad motriz, sensorial y/o intelectual, incluyendo a la población en general, puedan realizar sus actividades en la forma o dentro de lo que se considera normal para los seres humanos”.
La comisión dictaminadora concuerda con la senadora promovente en el sentido de que resulta necesario brindar el respaldo total a los grupos minoritarios que conforman la sociedad mexicana, en donde quedan incluidas las personas con discapacidad.
Que es notoria la insuficiencia de infraestructura relacionada con los accesos en los espacios públicos y privados para las personas con discapacidad en toda la República Mexicana, razón por la cual, la comisión dictaminadora coincide con la promovente para exhortar al Ejecutivo federal, a que expida y publique el Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a la consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a expedir y publicar, a la mayor brevedad, el Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad, previsto en el artículo quinto transitorio del decreto por el que se expide la Ley General de las Personas con Discapacidad.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a observar la Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, “Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio al público –especificaciones de seguridad”, en el ámbito de su aplicación; a efecto de brindar mayor justicia social a las personas con discapacidad y enfrentar con una visión solidaria una serie de obstáculos tanto físicos como culturales, que les impiden recibir educación, conseguir empleo, obtener atención de salud adecuada y contar con las condiciones de accesibilidad en todos los espacios públicos y privados.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2011.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
Diputado Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente, senadora Minerva Hernández Ramos, diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputada O. Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios, diputado Sebastián Lerdo de Tejada, diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, diputado Arturo García Portillo (rúbrica p.s.), diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), senador José Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).
De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos al programa de saneamiento y apoyo de la ampliación del maxitúnel de la Autopista del Sol
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a destinar los recursos necesarios para llevar a cabo un programa urgente de saneamiento de la bahía de Acapulco y apoyar la ampliación del maxitúnel de la Autopista del Sol, suscrita por los senadores Fernando Jorge Castro Trenti, María del Socorro García Quiroz, Adolfo Toledo Infanzón, Renán Cleominio Zoreda Novelo y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 12 de enero de 2011, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones los legisladores proponentes se refieren a la importancia que representa la bahía de Acapulco como uno de los atractivos turísticos más importantes del país. Señalan que el municipio cuenta con diversos hoteles ubicados a las orillas de la bahía que generan contaminación, con el lanzamiento de aguas residuales o negras que representa un riesgo para la salud y la industria turística.
Continúan los promoventes haciendo referencia a la dependencia que guarda la mayoría de la sociedad acapulqueña respecto a la actividad turística, por lo que resulta prioritario dar sustentabilidad a esta actividad.
Los autores de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, señalan que se necesita un gran esfuerzo económico para lograr preservar la calidad de agua que la sociedad utiliza, así como la preservación del medio ambiente, y que la solución consiste en tener una infraestructura óptima para resolver el problema.
En tal sentido, resulta necesario poner en marcha un programa emergente para el saneamiento de la bahía de Acapulco, en donde se contemple la detección de descargas clandestinas de residuos, con la aportación de recursos federales.
Asimismo, los senadores promoventes hacen referencia a la problemática del tránsito vehicular en la localidad, el cual requiere de la intervención del gobierno federal. Éste problema se manifiesta con mayor intensidad en los periodos vacacionales, en donde no sólo genera fastidio a los automovilistas, sino que también se traduce en una deficiencia de los servicios de salud y de seguridad, toda vez que complica el tránsito de ambulancias y seguridad pública estatal y municipal.
Que el maxitúnel de Acapulco reduce el tiempo de viaje hasta por 25 minutos entre la Ciudad de México y Acapulco, y que libera y desfoga el acceso al puerto, que en horas pico altera el tránsito vehicular y causa accidentes fatales e inhibe la vida turística.
Concluyen los legisladores resaltando la importancia y magnitud de esta obra y que resulta necesario la participación del gobierno federal, mediante la liberación de los recursos necesarios que permitan la ampliación del túnel, por los beneficios que representa. Por lo anterior, proponen el siguiente el punto de acuerdo:
Primero. Se exhorta al gobierno federal a destinar los recursos necesarios para llevar a cabo un programa de saneamiento de la bahía de Acapulco y así evitar que aguas residuales sean lanzadas a la bahía sin el tratamiento adecuado, así como para detectar de manera oportuna descargas clandestinas de las mismas.
Segundo. Se exhorta al gobierno federal a destinar recursos económicos para apoyar la ampliación del maxitúnel de la Autopista del Sol, para mejorar la circulación hacia y desde el centro, aumentando la afluencia de turistas y mejorando la calidad vial del puerto de Acapulco.
II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con los planteamientos de los autores de la proposición que se dictamina, al tenor de las siguientes consideraciones:
El turismo en México es una prioridad nacional por ser uno de los principales motores en la economía, razón por la cual se deben encontrar las estrategias que posicionen al país en los primeros lugares a nivel mundial en servicios turísticos, a través del fomento a la competitividad, la diversificación de los mercados y los destinos.
El turismo contribuye con el crecimiento económico, la generación de empleos, así como la preservación del medio ambiente y la aportación al desarrollo regional.
La comisión dictaminadora coincide con los promoventes, en el sentido de que el puerto de Acapulco es uno de los atractivos turísticos más importantes del país, de ahí la importancia de proteger y conservar su ecosistema y recursos naturales, así como de contar con las medidas sanitarias propicias para mantenerlo en buen estado y libre de contaminantes.
Asimismo, por lo que se refiere al resolutivo segundo de la proposición que se dictamina, la comisión dictaminadora considera oportuno exhortar al Ejecutivo federal, a efecto de que considere destinar recursos económicos para ampliar el maxitúnel de la Autopista del Sol y, en su caso, considerarlo en el siguiente Presupuesto de Egresos de la Federación, toda vez que es notorio el beneficio que representa este tipo de infraestructura para la vialidad de los residentes y turistas del Puerto, así como por los beneficios que pueden representar a la economía de la localidad.
En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al titular del Ejecutivo federal a implementar un programa de saneamiento de la bahía de Acapulco, con el objeto de evitar que aguas residuales sean lanzadas a la bahía sin el tratamiento adecuado, y detectar de manera oportuna las descargas clandestinas.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al titular del Ejecutivo federal a destinar recursos económicos para apoyar la ampliación del maxitúnel de la Autopista del Sol, con el objeto de mejorar la circulación hacia y desde el centro, aumentando la afluencia de turistas y mejorando la calidad vial del puerto de Acapulco.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2011.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
Diputado Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente, senadora Minerva Hernández Ramos, diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputada O. Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios, diputado Sebastián Lerdo de Tejada, diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, diputado Arturo García Portillo (rúbrica p.s.), diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), senador José Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).
De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota
Honorable Asamblea
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo relativo a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, en Acapulco, Guerrero, suscrita por la diputada Florentina Rosario Morales, integrante del Grupo Parlamentario del PRD.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 12 de enero de 2011, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones, la autora de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, hace referencia que en abril pasado, se llevó a cabo una reunión de la asamblea en la que fue aprobado la construcción de la hidroeléctrica La Parota, que impulsa la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y en donde fue negado el acceso a los opositores del proyecto.
La diputada promovente señala que no se ha dado la información respectiva por parte de las autoridades sobre la construcción, además de los actos de represión que han dejado asesinados, desaparecidos, encarcelados y delitos de lesa humanidad, en donde se han violado los derechos humanos de los comuneros indígenas, así como la autonomía de los núcleos ejidales.
Que la obra es considerada por la CFE como una alternativa viable para contribuir a la satisfacción de la demanda de energía eléctrica en el área central del país”, y que su ubicación es en la cuenca del río Papagayo, a 350 kilómetros al sur de la Ciudad de México y a menos de 50 kilómetros del puerto de Acapulco.
Hace referencia a la construcción de represas en el mundo, que provocó durante el siglo XX afectaciones a los humedales y en particular a los peces. Que de acuerdo con datos de la Red Internacional de Ríos, hasta el año 2003 se han construido 47 mil grandes represas en el mundo y más de 800 mil pequeñas represas, en donde el uso común del agua a nivel mundial es aproximadamente un 67 por ciento en la agricultura y un 19 por ciento lo ocupa la industria altamente contaminante. Hace referencia a la energía que producen las grandes represas y la finalidad de su construcción.
Continúa señalando que La Parota significará un grave deterioro ambiental por la deforestación y la desaparición de mantos acuíferos que abastecen de agua al Puerto de Acapulco; razón por la cual los pobladores se manifestaron en desacuerdo.
Que la opinión internacional ha sido contundente en la oposición al proyecto; señala como ejemplo el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), quien el 17 de marzo de 2006 emitió una resolución a favor de la cancelación de la construcción del proyecto de La Parota, debido a que el costo en materia social y ambiental es muy alto, y que el Tribunal exhorto al gobierno federal, estatal y municipal, que reparen los daños por las violaciones a los derechos humanos. Además de la posición en contra del proyecto por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, y del relator sobre la situación de derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, de la Organización de las Naciones Unidas.
Concluye la diputada exhortando al gobierno federal a cancelar el proyecto, toda vez que va en contra de la determinación de los pueblos de defender sus recursos naturales, y de no ignorar la opinión internacional. Formula el siguiente Punto de Acuerdo:
Primero: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con total respeto a la división de poderes, exhorta al titular de la CFE Luis Luege Tamargo, con base en la oposición de los pobladores de La Parota y las recomendaciones internacionales en contra de dicho proyecto, a dar por concluido el proyecto de construcción de la presa hidroeléctrica La Parota.
Segundo: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con total respeto a la división de poderes, exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, José Francisco Blake Mora, a atender a una comisión opositora al proyecto La Parota, en el municipio de Acapulco, estado de Guerrero”.
II. Los integrantes de la comisión dictaminadora procedieron al estudio de los planteamientos formulados por la autora de la proposición que se dictamina, tomando en cuenta lo siguiente:
La construcción de la presa hidroeléctrica La Parota se encuentra localizada en el municipio de Acapulco, Guerrero.
Que a través de datos periodísticos y de opinión pública, se pudo corroborar que el proyecto de la presa ha recibido manifestaciones de rechazo de los pobladores del lugar, por diversas afectaciones que generará en el ecosistema y a la población de la localidad en particular.
Que los pobladores inconformes con la realización de la obra, crearon un movimiento de resistencia de nombre Consejo de Ejidatarios y Comuneros Opositores a la Parota (CECOP), que ha implantado acciones para proteger sus tierras y comunidades.
Que el tema ha sido de interés por parte de los legisladores y que en las Cámaras del Congreso de la Unión se han presentado diversas proposiciones relacionadas con el asunto que se dictamina.
La comisión dictaminadora toma en cuenta los resultados positivos que traería la presa hidroeléctrica La Parota, por la generación de energía en el país y en especial en la región, además de la generación de nuevos empleos y un desarrollo económico y de beneficio social en la entidad; no obstante, los que dictaminan consideran esencial garantizar los derechos fundamentales de las personas, por los que se considera importante tomar en cuenta la opinión y observaciones de la población y de los grupos comuneros y ejidatarios que se oponen a la construcción del proyecto.
Por lo anterior, se considera pertinente que previo al exhorto al titular de la CFE para que dé por concluido el proyecto de construcción de la presa, se solicite un informe a esa organismo, en el que explique a esta Soberanía sobre el impacto ambiental en la región que ocasionará la construcción, así como las medidas y acciones que se estén implementando, o se vayan a implementar para atenuar los efectos negativos. En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del pleno, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita del titular de la Comisión Federal de Electricidad, informe a esta soberanía por escrito a la mayor brevedad, sobre el impacto ambiental en la región que ocasionará la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, además de explicar las medidas y acciones que se estén implementando, o se vayan a implementar para atenuar los efectos negativos. Dicha información, deberá ser remitida a las Cámaras de Diputados y Senadores.
Segundo: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, a sostener una reunión para atender a una comisión del grupo opositor al proyecto La Parota, en el municipio de Acapulco, estado de Guerrero.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2011.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
Diputados: Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente; Cruz López Aguilar (rúbrica), Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios; Sebastián Lerdo de Tejada, Cuauhtémoc Salgado Romero, Arturo García Portillo (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica).
Senadores: Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), secretarios; María del Socorro García Quiroz (rúbrica), Renán Cleominio Zoreda Novelo, Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), Rubén Fernando Velázquez López, Ricardo Monreal Ávila.
De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la regasificadora Energía Costa Azul
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo relativo a la Regasificadora Energía Costal Azul, S. de R.L. de C.V., a cargo del senador Jorge Legorreta Ordorica del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 12 de enero de 2011, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. De acuerdo al autor del punto de acuerdo en estudio, existe colusión entre la empresa Regasificadora Energía Costa Azul, construida por Sempra Energy en Ensenada, Baja California, y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Por ello, el senador Legorreta Ordorica advierte que la serie Estudios de Caso, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicó en noviembre de 2006, un documento intitulado Caso 4 terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado: Energía Costa Azul.
Así, el proponente refiere que de acuerdo a ese estudio en el punto 6.1.7 Emisión del Resolutivo, con fecha 8 de abril de 2003, se estableció lo siguiente
“Con fundamento en las disposiciones jurídicas aplicables, con sustento en las disposiciones y ordenamientos invocados durante el proceso y dada su aplicación en este caso y para este proyecto, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones, determinó que el proyecto, objeto de la evaluación y que se dictaminó con sustento al procedimiento establecido para el efecto, era ambientalmente viable y, por lo tanto resolvió autorizarlo de manera condicionada por medio del oficio S.G.P.A.-DGIRA.-DIA.-788/03. Esta resolución quedó sujeta a las siguientes condicionantes
Quinta. Garantizar la seguridad de las zonas residenciales y asentamientos humanos diversos, ubicados al norte del sitio del proyecto, estableciendo una zona intermedia de amortiguamiento, esto se realizará llevando a cabo la compra adicional de terrenos aledaños en igual superficie a la que se verá afectada por la instalación de la terminal y sus equipos auxiliares, los cuales serán destinados y mantenidos para la conservación y protección de las especies de flora y fauna que habitan en los mismos.”
El proponente señala que aunque Sempra intentó que se modificara la mencionada condicionante número 5; la misma autoridad negó la modificación a dicha condicionante, basándose esencialmente en la posibilidad de eventos graves de riesgo y en consecuencia daños irreparables en virtud de su proximidad a los centros de población aledaños, previendo las tendencias de expansión y la creación de nuevos asentamientos en la zona.
Asimismo, menciona que en la citada negativa se concluye, textualmente que “... en un radio de 300 metros lineales a partir de los límites del predio en donde se pretende realizar el proyecto, el nivel de riesgo no es aceptable en zonas en donde se pretenden desarrollar actividades no compatibles, como es el caso del área donde se realizará el “proyecto”, la cual está tipificada como turística de baja densidad.
El senador Legorreta Ordorica advierte que, ante la negativa de la Semarnat y con el fin de cumplir con sus disposiciones, la empresa dio inicio, por un lado, a la adquisición de los terrenos aledaños, y por otro lado, comenzó una callada, pero efectiva labor para convencer a los funcionarios de esa secretaría, responsables de que suprimieran u omitieran el cumplimiento de la quinta condicionante previamente citada.
Así, refiere el proponente, que en su desesperación por adquirir los predios circundantes, necesarios como área de amortiguamiento a su planta regasificadora, Sempra se valió de todos los medios, legales e ilegales para obtener los terrenos. Para ello, menciona que se contó con la complicidad de las autoridades estatales, despojó de su propiedad al ciudadano Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, simulando una operación de compra-venta de su terreno y acusándolo de despojo de su propio terreno.
Por otro lado, argumenta que, no obstante el reconocimiento de haber adquirido (ilegalmente) esta área como “zona de amortiguamiento” para cumplir con las normas mexicanas y ante la evidencia y posibilidad real de que el terreno de marras pudiera ser regresado a su dueño legítimo, los directivos de Sempra optan por contratar a la empresa Lloyd Germánico de México S de RL, de CV, catalogada, según la Comisión Reguladora de Energía como especialista para la verificación y emisión de dictámenes técnicos relativos a terminales de almacenamiento de gas natural licuado, para que le realizara un dictamen a modo, con el propósito de eludir lo ineludible, es decir la insustituible “zona de amortiguamiento”.
De la misma manera, señala que en lugar de cumplir con las leyes mexicanas, lo que buscan los directivos de Sempra es violentar las leyes mexicanas, por la vía de la intervención de empresas que se prestan a ese tipo de acciones.
El proponente refiere que, Sempra violentó la legalidad no sólo corrompiendo, sino mintiendo, manipulando y ocultando información, y pagando servicios a extranjeros para espiar e investigar a instituciones y a ciudadanos mexicanos, incluyendo a funcionarios del Poder Judicial.
Por otro lado, señala que la empresa ha venido enfrentando una serie de denuncias en Estados Unidos, y es motivo de investigaciones públicas sobre su participación durante la crisis de precios y suministro de gas natural y electricidad de California, como uno de los posibles agentes que manipularon el mercado y limitaron la disponibilidad de gas natural, provocando un alza artificial de los precios de gas natural y electricidad, y una restricción en el suministro de ambos energéticos.
En todos los países en los que existen plantas regasificadoras existen normas que determinan que haya una o varias zonas de seguridad llamadas con distintas denominaciones, cuyo fin es proteger instalaciones o edificaciones aledañas o centros de población. Así, el proponente mencionó que algunas de las zonas de exclusión que se tienen actualmente en plantas de gas natural licuado en varios países son las siguientes:
Cacouna Energy (Canadá): mil metros; Corpus Christy (EUA): 837 metros; Cove Point (EUA): mil 145 metros; Elba Island (EUA): mil 40 metros; Freeport (EUA): 500 metros; Irving Canaport (Canadá): 750 metros; McNab Creek (Canadá): 565 metros; Montoir-de-Bretagne (Francia): 550 metros.
Estas zonas, menciona, se establecieron para escenarios de accidentes provocados por fugas de gas natural licuado (GNL) y roturas en tuberías y no consideran derrames mayores provocados por explosiones, acciones terroristas caída de aviones o acciones bélicas en cuyos casos las distancias habrían de ser significativamente mayores.
En cuanto a la Norma Oficial Mexicana (NOM), el proponente establece que está marca los requisitos mínimos de seguridad relativos al diseño, construcción, operación y mantenimiento de terminales de almacenamiento de Gas Natural Licuado (GNL) que incluyen sistemas, equipos e instalaciones de recepción, conducción, vaporización y entrega de gas natural. Dicha NOM señala que la ubicación de la terminal de almacenamiento de GNL deberá sujetarse a las especificaciones generales que resulten del análisis de riesgos del capítulo 106 de la propia NOM y de las obligaciones que establezcan otras normas oficiales mexicanas y disposiciones jurídicas aplicables, competencia de otras autoridades.
Según esta NOM el predio debe tener la configuración y dimensiones adecuadas para cumplir con los requisitos establecidos en el capítulo 107 de la propia norma oficial mexicana. Este capítulo contiene una fórmula que indica la distancia que debe existir entre el borde del área de retención de un tanque de GNL y el límite del predio.
La propia NOM en su capítulo 201.2.1 determina que debe establecerse una zona de exclusión para actividades de terceras personas no relacionadas con las actividades de la terminal de almacenamiento de GNL con una distancia mínima del centro de la instalación de GNL determinada mediante un análisis de riesgo realizado de acuerdo con la metodología del capítulo 106 de esta NOM.
El proponente menciona que entre las leyes mexicanas que se violan con la operación de la empresa en estas condiciones se encuentra la Ley General del Equilibrio Ecológico, que en su artículo 2o., fracción IV, establece que se considera de utilidad pública el establecimiento de zonas intermedias de salvaguardia, con motivo de la presencia de actividades consideradas como riesgosas. Por su parte, el artículo 172 de dicha ley se establece que “cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la autoridad, solicitará a quien los hubiere otorgado, la suspensión, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y en general de toda autorización otorgada para la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios, o para el aprovechamiento de recursos naturales que haya dado lugar a la infracción.”
Por ello, el senador Ordorica enfatiza que en este caso existe una grave responsabilidad y el funcionario de la Semarnat que permitió la omisión de la condicionante quinta hasta ahora ha quedado impune. Como la regulación estadounidense le impidió instalarse en su país, Sempra Energy buscó y encontró en Baja California, un “santuario regulatorio”, que le permitió instalar una planta regasificadora e introducir gas y electricidad en el mercado del sur de California.
Así, señala el proponente instalándose en México, logró evadir la inamovible legislación estadounidense, que prácticamente le prohibió realizar sus actividades en territorio estadounidense, pero aquí, con una evidente relación de complicidad entre las autoridades federales y estatales del sexenio anterior y algunas del actual, logró construir su planta con la justificación de contribuir a la integración y desarrollo económico.
Respecto al daño medioambiental, enfatiza que en Baja California, la operación de Sempra Energy, está contribuyendo a pasos agigantados a acelerar el daño al medio ambiente, particularmente de las costas y las aguas cercanas a su planta regasificadora.
El proponente advierte que dicha empresa, está violando lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, reglamentaria de la Constitución en materia ambiental, al contaminar el mar por verter cantidades industriales de cloro y otros desechos y materias, pero sobre todo, por enfriar sensiblemente las aguas en el proceso de regasificación, lo cual afecta a todas las especies marinas de la zona.
Al respecto, el artículo 170, de dicha ley, menciona que “cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, la secretaría, fundada y motivadamente, podrá ordenar la clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes”.
El artículo 188 de la citada ley determina que “las leyes de las entidades federativas establecerán las sanciones penales y administrativas por violaciones en materia ambiental del orden local”; en tanto que el artículo 203 especifica que “sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad, será responsable y estará obligada a reparar los daños causados”.
Menciona que en síntesis, la actividad de Sempra Energy ha tenido múltiples consecuencias, entre otras
• Que no se observen las disposiciones constitucionales establecidas para la conservación del medio ambiente.
• Que haya solicitado la ampliación de la planta y al mismo tiempo la exención de la Manifestación de Impacto Ambiental.
• Que nuestro país incumpla con tratados y convenciones internacionales en materia de protección al ambiente.
• Que se agudice la amenaza y el peligro de extinción para especies únicas en el mundo y que habitan en el entorno terrestre y marino de la planta regasificadora.
• Que se comprometa, con ello, el futuro de las siguientes generaciones.
• Que se pierda la belleza natural de ese estado en aras de un mal entendido progreso y modernidad.
• Que se afecte el potencial pesquero y turístico de toda la región.
• Que se corrompa a las instituciones a fin de que éstas otorguen permisos y licencias de operación, aún a sabiendas que existe incumplimiento de las normas ambientales.
• Que las leyes y reglamentos tanto federales como estatales en la materia sean letra muerta para el caso específico de Sempra Energy.
• Que se dañe al turismo, disminución del valor de la propiedad y daño económico.
El gobierno de Ernesto Ruffo declaró en su oportunidad la zona de Tijuana-Rosarito-Ensenada como un recurso natural y turístico, según el programa regional de desarrollo Cocotren (Corredor Costero Turístico Tijuana-Rosarito-Ensenada). Se tenían grandes expectativas a este respecto. Sin embargo, al aprobar el siguiente gobierno, el de Eugenio Elorduy la instalación de Sempra Energy, se limitó seriamente el desarrollo turístico futuro y se afectó el patrimonio de quienes habían invertido en desarrollos vacacionales y de retiro, al disminuir el valor de la propiedad en tales desarrollos.
Otro aspecto importante para el presente punto de acuerdo, es el considerar que gracias a las alianzas estratégicas realizadas por Sempra Energy, tiene prácticamente el monopolio de la distribución de gas en Baja California.
Desviación de recursos fiscales
Por otro lado, así como el abierto tráfico de influencias realizados durante el gobierno de Eugenio Elorduy Walter, ex gobernador de Baja California, para la creación de un proyecto de suministro energético a Estados Unidos desde territorio bajacaliforniano, operado a través de Sempra Energy, pasando por encima de disposiciones constitucionales, legales y financieras de nuestro país.
Refiere que independientemente de la corrupción y tráfico de influencias del caso que nos ocupa, una violación más que incluso involucra al Poder Legislativo, es el hecho de que durante sexenio de Eugenio Elorduy Walther, la obra más importante y divulgada es la que se conoció como Corredor 2000, que fue una vía carretera de cuatro carriles, la cual se construyó con recursos públicos federales y estatales.
Sin embargo, lo que nunca se dijo fue que su propósito oculto era cruzar tres municipios (Ensenada, Playas de Rosarito y Tijuana) y cientos de predios de particulares y ejidales, con el propósito –desconocido para el Congreso del estado y para todo mundo– de llevar en medio de la carretera (soterradamente), el ducto de gas de la planta de Sempra Energy, desde la estación de descarga en Ensenada hasta el territorio de Estados Unidos de América.
En una astuta e indebida maniobra para favorecer a Sempra Energy el gobierno del estado expropió, en marzo del año 2004, los terrenos en los cuales se instalaría, en un sitio de alta plusvalía conocido como El Monumento, en playas de Tijuana, una planta regasificadora de la empresa Marathon Oil, competidora de Sempra Energy.
El caso incluso, llegó a la corte de San Diego, en Estados Unidos, a través de la denuncia presentada por un particular de nombre Osvaldo Castillo, ciudadano estadounidense residente de Chula Vista y dos empresas, la empresa tijuanense Construvisión 2000, SA de CV, y la compañía Casas, Departamentos y Oficinas, con sede en la Ciudad de México, quienes declararon haber sido afectados al haber dejado de recibir 33 millones de dólares, en las operaciones de compraventa de los terrenos, al cancelarse el proyecto de Marathon Oil en los terrenos expropiados.
El proponente, señala que no debe pasarse por alto que dicha obra pública es una clara muestra de abuso de poder; nadie se la solicitó a Elorduy cuando fue candidato y menos ofreció construirla; sin embargo, ya siendo socio –por medio de su hija– la hizo para favorecer los intereses de la citada empresa. Por la prensa nos enteramos que la obra costaría inicialmente 650 millones de pesos; poco tiempo después se informó que había aumentado a 850 millones. Cuando ya se habían erogado más de mil 200 millones de pesos, se dijo que se estaba a un 15 por ciento de su terminación. Sin haberla concluido, se informó que se elevaron los costos a cerca de los 2 mil millones de pesos y posteriormente, cuando la inauguró el presidente Fox, finalmente se aceptó que la carretera había costado 2 mil 400 millones de pesos, casi cuatro veces más de lo programado inicialmente.
La construcción del gasoducto representa una abierta violación a la soberanía nacional, al Congreso del estado y al Poder Judicial de Baja California; es también una afrenta al pueblo de México que demanda una investigación a fondo, por parte de la entidad de fiscalización superior de la federación –por haber sido sufragada con fondos del erario, tanto estatales como federales– la cual está facultada para fiscalizar directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados.
Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación también está facultada, según la fracción III del mencionado artículo 79, a “Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales,”; y según la fracción IV del citado artículo, “Determinar los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el título cuarto de esta Constitución, y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley.”
La lucha contra las plantas regasificadoras de Sempra Energy no es nueva. Durante varios años muy diversos grupos de bajacalifornianos se han opuesto mediante denuncias, foros y marchas a que se instalen plantas regasificadoras en la costa de Baja California. De acuerdo con la investigación que realizamos, desde su inicio se ha cuestionado la presencia de Sempra Energy en ese estado.
Sempra Energy contó con la complicidad y apoyo del gobernador Elorduy, cuya ambición lo impulsó a violentar la probidad y la institucionalidad.
La regasificadora Sempra Energy (Energía Costa Azul) violó la Constitución, pisoteó los derechos del ciudadano mexicano Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, afrentó a los Poderes Judicial y Legislativo y corrompió al Ejecutivo; además de haber realizado acciones de espionaje que caen en el ámbito de seguridad nacional y que deben ser investigados por la dependencia correspondiente.
Sempra Energy desea aprovecharse de nuestra tierra y costas, sin importarle la vida silvestre, marina o la humana. No exagero, créanme, en que la vida marina de la costa bajacaliforniana y de miles de conciudadanos está en riesgo de permitirse que Sempra Energy siga operando impunemente.
No le importó a Sempra afectar a inversionistas en la zona costera e incluso planes estatales para desarrollar la zona, con tal de verse favorecida. Sempra logró acaparar la distribución de gas en el estado y cuestionan por qué un negocio tan redituable no lo tienen empresas del estado lo cual produciría enormes beneficios en esta época de crisis.
El que se le hayan dado facilidades a la empresa Energía Costa Azul para no contar con la zona de amortiguamiento que señala la ley y el que en esto esté involucrada una hermana de la ex secretaria de Energía, es un asunto de interés público que debe investigarse por esta soberanía., Por lo que formula la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Primero. Que esta Comisión Permanente cite a comparecer al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el fin de que explique por qué se autorizó la operación de la empresa Energía Costa Azul en Ensenada, Baja California, aun cuando ésta no cumplió lo dispuesto por la quinta condicionante que le indicó la Semarnat en el oficio S.G.P.A.-DGIRA.-DIA.-788/03 del 8 de abril de 2003, para autorizar su operación; así como tampoco con las disposiciones contempladas en la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SECRE-2002.
Segundo. Que el servidor público mencionado en el punto anterior, explique a la Comisión las normas oficiales mexicanas relacionadas con la operación de la empresa que apliquen e informe si con base en las fórmulas de la misma para calcular las zonas de exclusión, la empresa Energía Costas Azul está cumpliendo éstas.
Tercero. Se solicite se anulen, revoquen, cancelen o en su caso suspendan, por parte de la Semarnat, las autorizaciones en materia de impacto ambiental que se otorgaron a la Empresa Energía Costa Azul S de RL, de CV, para una terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado, hasta en tanto cumpla con lo dispuesto en las condicionantes que le fijó esa dependencia.
Cuarto. Que el gobierno federal suspenda la operación de Sempra Energy, en Ensenada, Baja California, para investigar, con fundamento en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, y con base en los principios de libre concurrencia establecidos en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los relativos de la Ley Federal de Competencia Económica; si las acciones que realizó para no tener competencia y asociada con una empresa mexicana, sus actividades presuntamente constituyen un monopolio en las distribución del gas en Baja California.
Quinto. Se considere como otro elemento por parte de las autoridades federales para proceder a la clausura y cancelación de la concesión de la planta regasificadora de Sempra Energy mencionada, la importancia y urgente necesidad de detener el visible daño ecológico; hasta en tanto se realizan las verificaciones, estudios e investigaciones a mayor profundidad que determinen si es factible que continúe operando y lo que habría de realizar para tal efecto. Lo anterior, considerando que existen suficientes argumentos legales para ello, entre otros, cuando la solicitud correspondiente contenga datos falsos o presentados de manera que se oculte información necesaria para la correcta apreciación de la solicitud; cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico; o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, o casos de contaminación peligrosos para los ecosistemas.
Sexto. Se solicite respetuosamente a la entidad de fiscalización superior de la federación de la Cámara de Diputados, se abra una investigación, con carácter de auditoría, que revise detenidamente todos los aspectos relativos a la obra denominada Boulevard 2000, ubicada en Ensenada y municipios vecinos de Baja California, desde las licitaciones de obra y estimaciones, hasta la entrega recepción de la misma; y particularmente el aspecto financiero; lo anterior considerando que bajo este Boulevard 2000 se colocó tubería de Sempra para abastecer a Estados Unidos.
Séptimo. Se investiguen asimismo, todos los aspectos contables, fiscales y financieros, y se determine con precisión el importe de los recursos federales, estatales y de otra índole que hubieran sido erogados en la citada obra. Lo anterior, para identificar el porqué costó casi cuatro veces el costo inicialmente programado y para determinar si existió desvío de fondos federales o estatales o ambos, realizado por diversos servidores públicos y particulares, entre ellos el ex gobernador Eugenio Elorduy Walther.
Octavo. Por tratarse de un asunto de carácter internacional, que involucra la operación de la multicitada empresa en ambos lados de la frontera, se haga llegar el presente punto de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y a las Comisiones de Relaciones Exteriores de ambas Cámaras, con el fin de que produzcan una nota a sus homólogos del gobierno y del Congreso de Estados Unidos de América, en la que se denuncia que la empresa Sempra Energy presuntamente cometió violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, (Foreign Corrupt Practices Act) para que las autoridades de dicho país, investiguen lo conducente desde el ámbito de su propia soberanía.
Noveno. Se solicite a expertos en la materia, investigadores, biólogos marinos y ambientalistas, una evaluación documentada de las consecuencias que a corto, mediano y largo plazo está teniendo la construcción y tendrá la operación de la regasificadora mencionada sobre el medio ambiente, y la flora y fauna terrestre y marina de su área de influencia y de la región.
Décimo. Se requiera a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales y en su caso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la manifestación de impacto ambiental que se presentó en su oportunidad y su autorización para llevar a cabo la construcción y operación de la planta regasificadora previamente citada.
Undécimo. Se solicite a las autoridades estatales que hayan intervenido, en caso de existir la aprobación de la manifestación del impacto ambiental una copia de la misma, así como las bases, los criterios y documentos, sobre los cuales se otorgaron y obtuvieron las aprobaciones para la operación de citada empresa en el municipio de Ensenada.
Duodécimo. Se haga llegar el presente punto de acuerdo al Poder Judicial de Baja California, al Congreso del estado y a los órganos de fiscalización de Baja California, solicitándoles respetuosamente, se enteren del caso, a fin de que realicen las acciones que consideren pertinentes.
Decimotercero. Se realice un exhorto al XX ayuntamiento de Ensenada, Baja California, para que en el marco de sus facultades legales, revise y analice los permisos otorgados por los anteriores ayuntamientos de ese municipio a la empresa Energía Costa Azul para el funcionamiento de la terminal de Gas Natural Licuado, con el propósito de que, conforme a la leyes estatales y a las violaciones a la norma oficial mexicana, se proceda a la clausura de dicha terminal; y se finquen responsabilidades a quienes, haciendo mal uso de sus atribuciones, violentaron la ley y han puesto en riesgo a la población y atropellado los derechos ciudadanos.
Decimocuarto. Se haga llegar el presente punto de acuerdo a la Comisión de Ecología o su equivalente de la Cámara de Representantes del estado de California, en Estados Unidos de América, con el fin de que lo analicen y en su caso realicen las acciones a que haya lugar en el ámbito de su soberanía, considerando la cercanía de la frontera y la afectación medioambiental regional.
Decimoquinto. Se haga llegar el presente punto de acuerdo a la supervisora del segundo distrito de la Mesa de Supervisores del Condado de San Diego, Dianne Jacob, con el fin de que cuente con mayores elementos de información en relación con Sempra Energy y su filial Energía Costa Azul, relativa a la terminal de gas natural licuado que opera en el municipio de Ensenada, Baja California.
II. Esta comisión dictaminadora considera que el medio ambiente es un asunto de vital importancia hoy en día a nivel mundial, tal preocupación no es exclusiva de los países llamados desarrollados, ya que en México existe una gran preocupación por proteger al medio ambiente y la interacción de la población con el mismo.
Por ello, esta comisión dictaminadora coincide en que comparezca el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante la Tercera Comisión, con el fin de que explique, por qué se autorizó la operación de la empresa Energía Costa Azul en Ensenada, Baja California, aun cuando ésta no cumplió lo dispuesto por la quinta condicionante que le indicó la Semarnat en el oficio S.G.P.A.-DGIRA.-DIA.-788/03 del 8 de abril de 2003, para autorizar su operación; así como tampoco con las disposiciones contempladas en la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SECRE-2002. Asimismo para que explique a la Comisión las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con la operación de la empresa, e informe si con base en las formulas de la misma, son aplicables para calcular las zonas de exclusión y si la empresa de energía cosa azul está cumpliendo con éstas.
Ahora bien, esta comisión dictaminadora aprobó en su reunión del 11 de enero de 2011 un punto de acuerdo por el que establece:
“...
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cita a comparecer al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, con el fin de que explique por qué se autorizó la instalación y operación de la planta regasificadora de gas LP de la empresa Z Gas del Pacífico dentro del ejido de Campos, en contravención con el ordenamiento ecológico territorial de la subcuenca de la laguna de Cuyutlán.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cita a comparecer al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, con el fin de que explique por qué se autorizó el cambio de uso de suelo autorizado referente a 98.05 ha de manglar, incluyendo 30 hectáreas de manglar para la ejecución del Proyecto de Ampliación Portuaria del Puerto de Manzanillo, en la laguna de San Pedrito.
...”
Dicho Punto de Acuerdo fue aprobado por el pleno de la Comisión Permanente en su sesión de fecha 12 de enero de 2011. Asimismo, esta Tercera Comisión acordó citar a comparecer al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales el pasado 20 de enero de 2011.
En la misma tesitura, esta comisión dictaminadora considera que en virtud de que la comparecencia de referencia se desahogó efectivamente en la fecha indicada (23 de enero de2010), y es claro que la temática planteada por la proposición que se dictamina fui incluida en el temario de la comparecencia citada, corresponde considerar los resolutivos primero, segundo, tercero, quinto, décimo y undécimo de la proposición que se dictamina.
Respecto al resolutivo cuarto de la misma proposición, esta comisión considera pertinente remitir el presente expediente a la Comisión Federal de Competencia Económica para su conocimiento y efectos.
Asimismo, respecto a los resolutivos sexto y séptimo de la proposición citada esta comisión dictaminadora considera oportuno remitir el presente expediente al titular de la Auditoria Superior de la Federación a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados para su conocimiento y efectos.
Por último, en relación a los resolutivos octavo, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto, esta comisión dictaminadora considera oportuno remitir el presente expediente a la autoridades señalas en dichos resolutivos para su conocimiento y efectos.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión; Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. En relación con los resolutivos segundo, quinto, noveno, décimo y undécimo del punto de acuerdo suscrito por el senador Jorge Legorreta Ordorica relativo a la Regasificadora de Energía Costa Azul, los informes y/o estudios que elabore el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales relacionados con dichos resolutivos, deberán ser enviados a las Cámaras de Diputados y Senadores, de conformidad a lo acordado durante la comparecencia de dicho funcionario celebrada el 20 de enero de 2011.
Segundo. Remítase copia del presente expediente al presidente de la Comisión federal de Competencia Económica para su conocimiento y para que en el ámbito de su competencia, investigue si las actividades de la empresa Regasificadora Costa Azul constituyen un monopolio en la distribución del gas en el estado de Baja California.
Tercero. Remítase copia del presente expediente al titular de la Auditoria Superior de la Federación, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, para que en el ámbito de su competencia revise los aspectos relativos a la obra denominada Boulevard 2000, ubicada en Ensenada y municipios vecinos del estado de Baja California, desde las licitaciones de obra y estimaciones, hasta la entrega recepción de la misma; así como para que determine con precisión el importe de los recursos federales, estatales y municipales que hubieran sido erogados en la citada obra.
Cuarto. Remítase copia del presente expediente a la Auditoria Superior, al Congreso del estado y al titular del Poder Judicial, todos del estado de Baja California, a fin de que realicen las investigaciones y acciones que consideren pertinentes en el ámbito de sus competencias.
Quinto. Remítase copia del presente expediente al Ayuntamiento del Municipio de Ensenada, Baja California, para que en el marco de sus atribuciones, revise y analice los permisos otorgados por los anteriores ayuntamientos de ese municipio a la empresa Energía Costa Azul para el funcionamiento de la terminal de gas natural licuado.
Sexto. Remítase copia del presente punto de acuerdo a las Comisiones de Relaciones Exteriores de las Cámaras de Senadores y Diputados para su conocimiento y efectos.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2011.
La Tercera Comisión
Diputados: Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente; Cruz López Aguilar (rúbrica), Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios; Sebastián Lerdo de Tejada, Cuauhtémoc Salgado Romero, Arturo García Portillo (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica).
Senadores: Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), secretarios; María del Socorro García Quiroz (rúbrica), Renán Cleominio Zoreda Novelo, Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), Rubén Fernando Velázquez López, Ricardo Monreal Ávila.
De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la necesidad de atender las peticiones de la comunidad Lacanjá Chansayab, de Ocosingo, Chiapas
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo relativo a la necesidad de atender las peticiones de la comunidad Lacanjá Chansayab, de Ocosingo, Chiapas, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica; y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Tercera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones, el autor de la proposición con punto de acuerdo refiere que México es un país compuesto de diferentes culturas que conviven diariamente en el territorio nacional. Por ello se le puede denominar “multicultural”, pues alberga diferentes cosmologías y maneras de ver el mundo. Por tal motivo es necesario que el Poder Legislativo tenga la voluntad de velar por el bienestar de todas y cada una de estas culturas.
El proponente señala que en México, la existencia de una multiculturalidad se debe fundamentalmente a los restos de sociedades precolombinas que lograron sobrevivir al exterminio que tuvo lugar durante la colonización y la época virreinal en el país. Esa situación, refiere el proponente, se puede apreciar en la existencia de las diferentes comunidades indígenas que hay a lo largo y ancho del territorio que aún conservan su lengua original, que tienen una organización social propia, la cual les permite contar con mecanismos políticos, económicos y sociales autónomos para tomar las decisiones más viables según sus criterios, que deriven en el bienestar social de la comunidad.
Asimismo, el senador Ricardo Monreal Ávila refiere lo dispuesto en el artículo 2o., fracción VII, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente:
Artículo 2o. ...
B. ...
VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos [...] La incorporación de tecnologías para incrementar su capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización...
Manifiesta que la Carta Magna promueve, al mismo tiempo que protege, el desarrollo igualitario de las poblaciones indígenas para que, entre otras cosas, cuenten con las mismas oportunidades ofertadas en las grandes urbes del país, así como en las demás poblaciones cosmopolitas, y que por ello el Estado está obligado a proveer de los medios necesarios para que las poblaciones indígenas cuenten con todos los servicios básicos –agua, luz, drenaje, salud, educación, etcétera–, los cuales son necesarios para el desarrollo pleno y competitivo de estas comunidades, en el contexto económico, político y social que estamos viviendo en el inicio del siglo XXI.
Subraya que sin la oportuna intervención del Estado en materia de conflictos y desarrollo de los pueblos y las comunidades indígenas, se estaría condenando a estos grupos que componen el conglomerado social de México al atraso y a la marginación, y que es obligación de quienes ocupamos puestos de elección popular atender de manera oportuna y eficaz los problemas sociales que surjan para darles una pronta solución que sea benéfica y equitativa, una de las razones fundamentales para ocupar estos encargos.
El senador Monreal explica que en días pasados recibió una petición de ayuda de la comunidad, situada en Chiapas, Lacanjá Chansayab, que se encuentra en Ocosingo y solicita ayuda al Poder Legislativo, debido a que los cobros que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) efectúa por el servicio de energía eléctrica a la comunidad mencionada resultan excesivos y difíciles de pagar.
Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo constitucional citado, el proponente considera plantear una rápida y eficaz intervención por este órgano legislativo, a fin de atender y dar solución a la petición de la comunidad consistente en que las tarifas de la CFE por el servicio de energía eléctrica tengan un tope por recibo.
De esa manera, señala el proponente, se resguardaría la economía de las familias indígenas que habitan en esta zona de Chiapas, se fomentaría la productividad de estos núcleos poblacionales y se velaría de forma práctica por el respeto del orden constitucional. Por otra parte, se considera indispensable la intervención de este órgano legislativo para prevenir altercados entre la comunidad y los empleados de la CFE, que a la postre producirían consecuencias aún más lamentables, por lo que propone los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se solicita atentamente a la Comisión Federal de Electricidad que lleve a cabo un reajuste de la tarifa por el servicio de luz eléctrica proporcionado en la comunidad Lacanjá Chansayab, de modo que no se cobre más allá de 20 pesos por recibo.
Segundo. Se solicita la intervención directa de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Secretaría de Desarrollo Social a fin de que realicen las acciones pertinentes para que se garantice el desarrollo integral de la comunidad.
II. Esta comisión dictaminadora considera que, en efecto, el carácter mestizo del país ha dado a México su riqueza cultural, pluralidad de lenguas y su patrimonio de arte y cultura, que nos ha dado un lugar como una de las naciones latinoamericanas con mayor legado y población indígena.
De manera lamentable, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, los pueblos y las comunidades indígenas aún no disfrutan de una situación social y económica propicia para el mejor desarrollo humano; se caracterizan por vivir en altos niveles de pobreza y marginación, además de que se encuentran en una situación de significativa desventaja.
Esta comisión considera fundamental que las políticas que impulse el gobierno federal, en coordinación con las entidades federativas y los municipios, tengan un carácter específico en la perspectiva integral del desarrollo humano sustentable para incrementar las capacidades de los pueblos y las comunidades indígenas e inicien así un círculo virtuoso de cambio sostenido, por lo que considera prudente que esta soberanía solicite la intervención de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
No obstante, por lo que hace al primer resolutivo de la proposición que se dictamina, esta comisión considera dirigir el exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toda vez que es la competente para fijar las tarifas de electricidad, y en consecuencia la que podría realizar un análisis de las cuotas que se cobran a los habitantes de la región mencionada, a efecto de que puedan pagar un porcentaje de su consumo; lo anterior, de conformidad con el “acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración de las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica”, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2009.
Dicho lo anterior, y en mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reajustar la tarifa por el servicio de luz eléctrica proporcionado en la comunidad Lacanjá Chansayab, en el que se considere un cobro no mayor de 20 pesos por recibo.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, solicita la intervención directa de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Secretaría de Desarrollo Social a fin de que realicen las acciones pertinentes para que se promueva el desarrollo integral de la comunidad.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2011.
La Tercera Comisión
Diputados: Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente; Cruz López Aguilar (rúbrica), Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios; Sebastián Lerdo de Tejada, Cuauhtémoc Salgado Romero, Arturo García Portillo, Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica).
Senadores: Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), secretarios; María del Socorro García Quiroz (rúbrica), Renán Cleominio Zoreda Novelo, Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), Rubén Fernando Velázquez López, Ricardo Monreal Ávila.
De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo a las acciones y obras programadas para 2011 en materia de prevención y control de fenómenos meteorológicos
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Conagua que informe a esta soberanía respecto a las acciones y obras programadas para 2011 en materia de prevención y control ante fenómenos meteorológicos que se presente en el país, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI.
Los integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos; y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones el autor de la proposición con punto de acuerdo refiere que el agua de ser un recurso abundante y puro ha pasado en los últimos años a ser un recurso escaso y contaminado, convirtiéndose en un tema de seguridad nacional para todas las naciones; México no es la excepción.
Asimismo, el proponente señala que de los 653 acuíferos existentes en el país, 101 se encuentran sobreexplotados y 69 cercanos a la sobreexplotación. Además, 36 por ciento de los ríos y lagos del país se encuentran contaminados. Menciona también que, como resultado del crecimiento demográfico y la expansión y diversificación productiva, los recursos hídricos se han visto seriamente afectados, tanto en su cantidad como en su calidad. En casi 60 años, la disponibilidad del agua por habitante disminuyó en 4 veces.
En la misma tesitura, argumenta que a todo ello se suman las consecuencias del cambio climático que han hecho que las ciudades y poblaciones se vuelvan cada vez más vulnerables ante los fenómenos hidrometereológicos, siendo esto una de nuestras principales preocupaciones, particularmente por las intensas lluvias que se han presentado en los últimos años en diversas regiones del país, y que han ocasionado severos daños a la población.
Por tanto, el proponente refiere que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha reportado que las lluvias atípicas y los huracanes del año pasado evidenciaron la vulnerabilidad nacional ante los fenómenos hidrometereológicos extremos, que además se ven agravados año con año por el cambio climático y afectan particularmente a las poblaciones ubicadas en sitios de riesgo que, en muchas ocasiones, también son las más pobres.
Consecuencia de lo anterior, reportaron que el número de municipios el año pasado con declaratorias de emergencias se incrementó más del doble, pasando de 110 en 2009 a 367 en 2010. De igual forma, los municipios con declaratoria de desastre natural casi se cuadruplicaron, pasando de 118 en 2009 a 586 en 2010.
De la misma manera, refiere que dado que se prevé que los fenómenos meteorológicos atípicos derivados del cambio climático se sigan presentando, es indispensable tomar previsiones y acciones con oportunidad para evitar los cuantiosos daños sociales y económicos que año con año se repiten.
Considera como una medida urgente que la Comisión Nacional del Agua informe cuáles son las medidas de prevención y control que pondrán en marcha este año, las zonas de riesgos que tienen ubicadas, obras de infraestructura en marcha, a fin de evitar que nos enfrentemos nuevamente a acciones tardías, improvisadas y que sólo reaccionan ante hechos consumados en la materia. Por lo anterior, formula la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la Comisión Nacional del Agua que informe a esta soberanía cuáles son las acciones y obras programadas para este 2011 en materia de prevención y control ante fenómenos meteorológicos que año con año se presentan en el país.
II. Esta comisión dictaminadora considera que, a pesar de que la Comisión Nacional del Agua a través de su titular señaló que en este año se esperan menores lluvias, se encuentran preparados para enfrentar cualquier emergencia ante la presencia de fenómenos hidrometeorológicos que puedan desatar inundaciones en zonas de riesgo, como son las 13 cuencas situadas en la parte baja de los ríos Bravo, de Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca, Tabasco y valle de México; que es necesario tomar en cuenta que el cambio climático que traen consigo los fenómenos hidrometeorológicos son un riesgo para la 13 cuencas del país, además de ser las causantes del 30 por ciento de los desastres naturales, 30 por ciento de daños económicos y el 20 por ciento de muertes registradas en esas emergencias, según datos de la misma Conagua, además, cabe señalar que en los últimos años se han registrado, en varios estados del país, lluvias atípicas que han ocasionado estragos económicos y con afectaciones humanas.
Ahora bien, a pesar de que la Conagua ha anunciado un incremento de obras considerables para mejorar la infraestructura hidráulica del país, es necesario que esta soberanía en aras de tomar las medidas preventivas necesarias, cuente con la información específica, por un lado, del monto que se va a destinar en 2011 para infraestructura; y por otro lado, especifique las obras programadas para dicho fin.
Por consiguiente, esta comisión dictaminadora considera de gran importancia, compartiendo la idea del proponente que la Conagua informe a esta soberanía los programas y beneficios que traería consigo su ejecución en cuanto a infraestructura se refiere. Por lo que en mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras públicas– somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45, y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al titular de la Comisión Nacional del Agua que informe a esta soberanía cuáles son las acciones y obras programadas para 2011en materia de prevención y control ante fenómenos meteorológicos que año con año se presentan en el país. Dicha información deberá ser remitida a las Cámaras de Diputados y de Senadores.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2011.
La Tercera Comisión
Diputados: Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente; Cruz López Aguilar (rúbrica), Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios; Sebastián Lerdo de Tejada, Cuauthémoc Salgado Romero, Arturo García Portillo, Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica).
Senadores: Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), secretarios; María del Socorro García Quiroz (rúbrica), Renán Cleominio Zoreda Novelo, Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), Rubén Fernando Velázquez López, Ricardo Monreal Ávila.
De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo a los patrones que emplean niños en las labores del campo y a hacer cumplir las disposiciones en materia de seguridad e higiene en este sector de la economía
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente Correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS a sancionar a los patrones que emplean niños en las labores del campo y a hacer cumplir las disposiciones en materia de seguridad e higiene en este sector de la economía, suscrita por el diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del PRD.
Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de ésta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de Enero de 2011, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones el autor de la Proposición con punto de acuerdo refiere que, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), declaró en días pasados, que no ha podido sancionar a los patrones del sector rural, ya que, supuestamente, el campo está excluido de la competencia federal.
Sin embargo, argumenta que, contrario a lo que señala la STPS, el sector rural es de competencia federal, en materia de seguridad e higiene. A este respecto, la Ley Federal del Trabajo señala:
“Artículo 527-A. En la aplicación de las normas de trabajo referentes...a seguridad e higiene en el trabajo, las autoridades de la federación serán auxiliadas por las locales, tratándose de empresas o establecimientos que, en los demás aspectos derivados de las relaciones laborales, estén sujetos a la jurisdicción de estas últimas.
Artículo 529. En los casos no previstos por los artículos 527 y 528, la aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades de las entidades federativas. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 527-A, las autoridades de las entidades federativas deberán
IV. Reportar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social las violaciones que cometan los patrones en materia de seguridad e higiene y de capacitación y adiestramiento e intervenir en la ejecución de las medidas que se adopten para sancionar tales violaciones y para corregir las irregularidades en las empresas o establecimientos sujetos a jurisdicción local;
VII. Previa determinación general o solicitud específica de las autoridades federales, adoptar aquellas otras medidas que resulten necesarias para auxiliarlas en los aspectos concernientes a tal determinación o solicitud.
Artículo 539-C. Las autoridades laborales estatales auxiliarán a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para el desempeño de sus funciones, de acuerdo a lo que establecen los artículos 527-A y 529.”
Por lo que hace al Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio ambiente de Trabajo, señala el proponente que, su aplicación corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Señala también que por su parte, el Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral, establece que la Secretaría del Trabajo, los gobiernos de los estados y el del Distrito Federal, podrán celebrar convenios para establecer la coordinación, auxilio y unificación de criterios, programas, sistemas y procedimientos de inspección y aplicación de sanciones que permitan la adecuada vigilancia y cumplimiento de los preceptos jurídicos en materia de trabajo (artículo 3o. Párrafo primero).
Asimismo, el proponente subraya que la utilización de niñas y niños en el sector rural, es una violación abierta a la normativa en materia de seguridad e higiene, que es competencia expresa de la Secretaría del Trabajo, y por lo que hace a la inspección, la federación debe hacer los convenios necesarios con las autoridades de las entidades federativas, de manera que se respeten los derechos de los trabajadores. Luego, la Secretaría del Trabajo, no sólo puede, sino debe sancionar a los patrones del campo que violentan las medidas de seguridad e higiene, comenzando por el indebido empleo de las niñas y niños.
De la misma manera, señala que, el auxilio de las autoridades locales, no suprime la competencia originaria de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en materia de seguridad e higiene, es por ello que propone el Diputado Lara Lagunas, el siguiente Punto de Acuerdo:
Único. Esta Comisión Permanente, exhorta al Secretario del Trabajo y Previsión Social, para que en estricto cumplimiento a lo preceptuado por la Ley Federal del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias, sancione a los patrones que empleen niñas y niños en las labores del campo, en general, haga cumplir las disposiciones en materia de seguridad e higiene en este sector de la economía. Celebrando con las autoridades de las entidades federativas los convenios de coordinación necesarios en materia de inspección que permitan vigilar debidamente en bien de los trabajadores del campo el debido cumplimiento de los preceptos jurídicos en materia de trabajo.
II. Esta Comisión Dictaminadora considera que, en efecto, las garantías constitucionales contenidas en el artículo 123 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, tienen carácter de intransferibles e irrevocables y su aplicación tendrá carácter Federal, aunque la aplicación de dicha legislación federal sea a cargo de las autoridades locales.
Ahora bien, el artículo 123, apartado A, fracción XV de la Constitución General de la República, establece lo siguiente:
Artículo 123. ...
...
XV. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso;
...”
Por otro lado, la Convención sobre los Derechos de la Infancia, firmada en 1989 por todos los países excepto las Islas Cook, Somalia, Omán, Suiza, los Emiratos Árabes Unidos y EUA, obliga a los gobiernos a proteger a los niños de “la explotación económica y de realizar ningún trabajo que pueda ser peligroso o interferir en la educación del niño, o que sea peligroso para la salud física, mental o espiritual del niño o para su desarrollo social.”
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del director de la oficina para Cuba y México, Germán López Morales, ha referido que en México, tres millones 600 mil menores de entre cinco y diecisiete años trabajan; y que una tercera parte de ellos, casi un millón de menores, lo hacen en el campo, uno de los tres sectores más peligrosos. El 75 por ciento de los niños trabajadores en México viven en áreas rurales, lo que representa que por cada menor de edad que se emplea en las áreas urbanas existen otros tres que laboran en esas zonas, mismos que no asisten a la escuela para poder desempeñar su trabajo. Y aunado a esto es común que entre los niños de áreas rurales, indígenas y migrantes existan índices reducidos de asistencia y elevados en deserción escolar.
El especialista regional para el Trabajo Infantil y Empleo Juvenil de la Oficina Regional para las Américas de la OIT, Guillermo Dema, señaló a su vez que esos datos indujeron a que la tercera parte del proyecto que impulsa la organización para erradicar el trabajo infantil se enfocara en el sector rural.
Recordó que el proyecto se enmarca en los convenios internacionales signados por México, en particular las Metas del Milenio que fijan como fecha 2015 para erradicar las peores formas de explotación infantil en la región Latinoamericana, por lo que ésta Comisión Dictaminadora considera prudente, además de oportuno, exhortar al Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que en el marco de sus atribuciones vigile y en su caso sancione a todo aquel patrón que emplee menores de edad, de acuerdo con la legislación laboral (Ley Federal del Trabajo).
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión; Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras públicas, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta de manera respetuosa al Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que en estricto cumplimiento a lo preceptuado por la Ley Federal del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias, realice las investigaciones e inspecciones orientadas a determinar los casos en que proceda sancionar a los patrones que empleen niñas y niños en las labores del campo, en general, haga cumplir las disposiciones en materia de seguridad e higiene en este sector de la economía. Asimismo a celebrar con las autoridades de las entidades federativas los convenios de coordinación necesarios en materia de inspección que permitan vigilar el cumplimiento de los preceptos jurídicos en materia de trabajo, por el bien de los trabajadores del campo.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2011.
Diputado Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente, senadora Minerva Hernández Ramos (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputada O. Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios, diputado Sebastián Lerdo de Tejada, diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, diputado Arturo García Portillo, diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), senador José de Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.
De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la vacante en la Junta de Gobierno del Banco de México y de dos vocales en la del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente Correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo Federal, envíe al Congreso de la Unión sus propuestas para ocupar la vacante de la Junta de Gobierno del Banco de México y de dos vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, suscrita por la Senadora Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD.
Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de ésta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de Enero de 2011, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones la autora de la Proposición con punto de acuerdo refiere que, la reforma constitucional de 1994 separó al Banco de México de la administración pública federal y lo convirtió en un organismo con autonomía relativa y con un mandato muy específico, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 constitucional, que a letra dice:
“Artículo 28. El estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento.”
Asimismo, el proponente señala que, de acuerdo con el artículo 38 de su ley reglamentaria, el funcionamiento y la administración del Banco de México, está a cargo de una junta de gobierno integrada por cuatro subgobernadores y un gobernador, y que no obstante la relevancia de las tareas encomendadas al Banco de México, actualmente está pendiente la designación de uno de sus miembros, en virtud de que el 31 de diciembre de 2010 se abrió una vacante en su junta de gobierno, al concluir el periodo respectivo para el que fue designado el entonces subgobernador Guillermo Güemez García, quien ocupara dicho cargo desde 1995.
En este mismo tenor de salvaguardar el funcionamiento de los entes reguladores, señala la proponente, que se tiene el caso del IPAB, organismo creado para proteger el ahorro bancario, y que entre otras funciones tiene a su cargo establecer los requerimientos de capital de los bancos para evitar problemas de liquidez, administrar y enajenar los bienes asociados a programas de resoluciones bancarias, así como la administración financiera de la deuda derivada de los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca.
De la misma manera, argumenta que actualmente el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cuenta con dos vocales en funciones: Benito Solís Mendoza y Jorge Eduardo Chávez, esto debido a que Ernesto Zamarripa Morones, concluyó su último periodo de cuatro años el 31 de diciembre de 2009, y no ha sido sustituido. Por su parte, el vocal Jorge Chávez Presa terminó su periodo el 31 de diciembre de 2010. En este caso, el Ejecutivo lo puede proponer para un segundo periodo o proponer un candidato diferente.
Por otro lado, el proponente subraya que, el procedimiento de designación de las vacantes mencionadas, se encuentra establecido en el artículo 75 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que a la letra dice:
“Artículo 75. La junta de gobierno estará integrada por siete vocales: el secretario de Hacienda y Crédito Público, el gobernador del Banco de México, el presidente de la comisión y cuatro vocales designados por el Ejecutivo federal y aprobados por las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores y en sus recesos, por la misma proporción de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.”
Dada la importancia de estas instituciones reguladoras para el sistema financiero y sobre todo el bancario, la Senadora López Hernández propuso el siguiente Punto de Acuerdo:
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 28, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 75 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, exhorta al Poder Ejecutivo federal a enviar, a la brevedad, las propuestas para ocupar la vacante de la junta de gobierno del Banco de México y de dos vocales de la junta de gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a fin de que esta soberanía evalúe y, en su caso, ratifique a dichos funcionarios con el fin de preservar el buen funcionamiento y la legalidad de las resoluciones de las mencionadas instituciones.
II. Esta Comisión Dictaminadora considera oportuno referir que, en efecto, el artículo 38 de la Ley del Banco de México señala en su segundo párrafo que; “La Junta de Gobierno estará integrada por cinco miembros, designados conforme a lo previsto en el párrafo séptimo del artículo 28 constitucional. De entre éstos, el Ejecutivo Federal nombrará al Gobernador del Banco, quien presidirá a la Junta de Gobierno; los demás miembros se denominarán Subgobernadores”. Asimismo, de acuerdo a las facultades conferidas en dicho artículo tendrán que ser ratificadas por la Cámara de Senadores o en su caso por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Ahora bien, esta Comisión Dictaminadora comparte el criterio de la proponente, toda vez que el funcionamiento del sistema financiero, así como los mercados financieros, requieren que dicha institución monetaria cuente con los miembros señalados por la legislación, por lo que toda vez que ésta Comisión Permanente cuenta con las facultades de evaluar el perfil y capacidades de quien podría formar parte de la mencionada institución en los próximos años, dicha Comisión considera prudente solicitar al Titular del Ejecutivo Federal, a que dentro de las facultades que le confiere el artículo 28 párrafo séptimo de la Constitución General de la República, realice la designación que considere conveniente para cubrir la vacante que se generó con la conclusión del periodo para el que fue designado el Subgobernador Guillermo Güemez García, así como para cubrir las dos vacantes como vocales del IPAB que se generaron con la conclusión de los periodos encomendados de los altos funcionarios de Hacienda, Ernesto Zamarripa Morrones y Jorge Chávez Presa, para que en el marco de sus atribuciones, la Comisión Permanente realice la valoración de los perfiles que corresponda.
Dicho lo anterior, y en mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión; Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras públicas, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta de manera respetuosa al Titular del Ejecutivo Federal, para que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 75 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, cumpla con su atribución de remitir a la Cámara de Senadores, a la brevedad, las propuestas para ocupar la vacante de la Junta de Gobierno del Banco de México y de los dos vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a fin de que esta soberanía este en posibilidad de evaluar y, en su caso, ratificar a dichos funcionarios, con la finalidad de preservar el buen funcionamiento y la legalidad de las resoluciones de las instituciones mencionadas.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2011.
Diputado Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente, senadora Minerva Hernández Ramos (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputada O. Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios, diputado Sebastián Lerdo de Tejada, diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, diputado Arturo García Portillo, diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), senador José de Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.
De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la actividad minera en Baja California Sur
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo para inhibir la actividad minera tóxica en Baja California Sur, suscrita por el Dip. Eduardo Ledesma Romo, integrante del Grupo Parlamentario del PVEM.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el Capítulo de consideraciones, el autor de la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, hace referencia que la minería involucra los impactos ambientales, toda vez que la actividad implica la extracción física de materiales de la corteza terrestre; que puede realizarse a través de cuatro métodos: minas de superficie, las que están a cielo abierto; minas subterráneas, a través de los túneles; las de pozos de perforación, para la recuperación de minerales y combustibles; y la submarina o dragado, que puede ser la minería profunda de océanos.
El promovente señala que la minería a cielo abierto, resulta una actividad de alto impacto ambiental, y enlista las actividades que se desarrollan en las mismas, como son: desmonte, despalme, barrenación, voladura, rompimiento, carga o excavación y acarreo, que generan un impacto ambiental específico.
Continúa el autor de la Proposición refiriendo las características de las actividades que se desarrollan en las minas a cielo abierto y los efectos negativos que producen al ambiente, como es el caso del desmonte y despalme que consiste en la eliminación de las capas más extensas, la vegetación y el suelo, en donde la biodiversidad puede verse afectada puesto que pueden eliminarse ecosistemas completos.
De la misma forma, señala que con la barrenación y la utilización de explosivos, se produce contaminación por ruido y por los vapores de las voladuras; respecto a la voladura y la extracción de rocas, se afecta al agua subterránea en su calidad y cantidad, que puede generar desecación de pozos en los alrededores, hundimientos del terreno, alteración parcial o total de la vegetación en el área adyacente por cambios en el nivel freático.
Reconoce que el desarrollo de la minería impacta al ambiente; no obstante, señala que en pocas ocasiones se admiten las repercusiones económicas y sociales que se derivan de los impactos ambientales. La degradación en conjunto provoca la pérdida de la productividad real o potencial en la zona de extracción minera y repercute en el aspecto económico de la población afectada.
El diputado promovente señala que la manifestación más desfavorable de la contaminación es sobre la salud humana, toda vez que el agua no sirve para el uso doméstico y agropecuario, el suelo contaminado por metales queda inhabilitado para la siembra de cultivos. No obstante, se menciona que todos los impactos pueden ser minimizados o revertidos, si se realiza una evaluación de los mismos.
Continúa señalando que el desarrollo económico de Baja California Sur, se ha basado entre otros en la explotación de los recursos mineros, que por muchos años ha sido la fuente de vida para diversas comunidades de ese Estado; sin embargo, señala que en diversos proyectos para la generación de nuevas minerías a cielo abierto para la extracción de oro, se ha utilizado grandes cantidades de cianuro, y refiere como es utilizado durante el proceso de separación.
Que estos nuevos proyectos han buscado iniciarse en áreas naturales, sin lograr conseguirlo, como es el caso del proyecto minero Concordia por su cercanía con la costa y la afectación de la biodiversidad de la zona, porque se pone en riesgo la calidad del medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos.
Concluye el diputado señalando la necesidad de que los tres niveles de gobierno apoyen la actividad económica minera, sin poner en riesgo la calidad de vida de los habitantes a través de las autorizaciones de extracción minera de proyectos de alta peligrosidad tóxica. Formula el siguiente:
“Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal y al del estado de Baja California Sur, a celebrar convenios de coordinación o colaboración, para que se establezca bases que permitan regular la actividad minera y prohibir toda extracción toxica para las comunidades de la entidad”.
II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden con los planteamientos formulados por el autor de la Proposición que se dictamina, tomando en cuenta lo siguiente:
La actividad minera en el país es una actividad económica primaria que comprende la exploración, explotación y aprovechamiento de minerales. La extracción de elementos puede ser al aire libre o en el subsuelo e incluso en los océanos, a diferentes niveles de profundidad.
Que en la actualidad y desde hace muchos años, decenas de miles de mexicanos trabajan en las minas ubicadas a lo largo y ancho del territorio nacional, y que esta Comisión Dictaminadora reconoce el trabajo pesado y peligroso que realizan diariamente los mineros mexicanos y de todo el mundo.
Se coincide con el promovente que las actividades que se desarrollan en la minería de cielo abierto en la extracción de minerales, puede ocasionar efectos negativos y determinantes en los ecosistemas y por consecuencia en la salud de los individuos, por la contaminación directa en el suelo que queda invariablemente inhabilitado para su utilización en el uso doméstico y en la siembra, además de las repercusiones que origina al paso del tiempo.
Que resulta fundamental la intervención de la autoridad en el ejercicio y aplicación de una evaluación responsable de la minería tóxica, con el objetivo de reducir los impactos negativos.
Que a través de datos periodísticos se pudo corroborar que en el Estado de Baja California Sur, diversas organizaciones civiles y agrupaciones se han manifestado en contra de la minería tóxica en esa entidad, en específico de los proyectos de minería de oro, por el daño del entorno y de la salud de los habitantes.
Por lo anterior, la Comisión Dictaminadora coincide con el diputado autor de la Proposición, en la importancia de apoyar la actividad minera, pero a su vez, que esta actividad no ponga en riesgo la calidad de vida de los habitantes, por la posible extracción minera de proyectos de alta peligrosidad tóxica. No obstante, se considera improcedente realizar un exhorto al Gobierno Estatal para realizar convenios de colaboración para regular la actividad minera en esa entidad, toda vez que la regulación en materia minera corresponde a la federación, de conformidad con el artículo 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la facultad del Congreso de la Unión para:
“Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
...
X. Para legislar en toda la República sobre hidrocraburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123;
...”
Por lo anterior, quienes dictaminan consideran viable realizar un exhorto al Ejecutivo Federal para que impulse las políticas públicas y las reformas legales con el fin de establecer las bases de regulación para la actividad minera, además de prohibir la extracción tóxica en las comunidades de la entidad.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a impulsar las políticas públicas y las reformas legales, con el fin de establecer las bases de regulación para la actividad minera y, en el mismo sentido, prohibir la extracción tóxica en las comunidades de la entidad.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2011.
Diputado Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente, senadora Minerva Hernández Ramos (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputada O. Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios, diputado Sebastián Lerdo de Tejada, diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, diputado Arturo García Portillo, diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), senador José de Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.
De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a las políticas para prevenir los padecimientos crónico-degenerativos y a la inclusión de la insuficiencia renal en el catálogo de enfermedades catastróficas del Seguro Popular
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del ejecutivo Federal para que implemente un programa nacional de prevención y detección temprana de la insuficiencia renal crónica, asimismo que se incentive la formación de especialistas en Nefrología, suscrita por el Senador Ericel Goméz Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen
Antecedentes
La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
1. En el Capítulo de consideraciones el legislador proponente, se refiere a que con la evolución del conocimiento científico y los avances tecnológicos las expectativas de vida de los seres humanos se ha incrementado, y señala como ejemplo la longevidad de la población latinoamericana que pasó de 70.5 años en el 2000 a 75.7 años en el 2006.
Continúa el promovente haciendo referencia que en las últimas dos décadas, el promedio de vida de los mexicanos ha incrementado en 5 años, llegando de 78 años para las mujeres y 75 años para los hombres.
El autor de la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, señala que cifras son indicativas del envejecimiento de la población mundial y que la tendencia continuará en ascenso en los próximos años, no obstante, señala que más años de vida no significa mayor calidad y mucho menos salud plena.
Asimismo, el Senador hace referencia del problemático incremento de padecimientos y enfermedades que generalmente acompañan al envejecimiento del individuo, que estas se presentan por etapas tempranas derivadas no solo por la genética, sino también por los hábitos alimenticios y el sedentarismo de la época actual.
Que entre las enfermedades crónicas degenerativas que están causando pandemia mundial se encuentran la diabetes, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal entre otras.
Hace referencia a la atención de estas enfermedades en países desarrollados, que centran sus esfuerzos en la prevención y detención, al contrario de los no desarrollados, en donde están concretándose en la transición epidemiológica por atender las etapas terminales.
Menciona que la insuficiencia renal crónica es una enfermedad silenciosa que por ser asintomática tiene una alta influencia sobre la morbilidad y mortalidad de la población mundial y que existen un gran número de personas que sin saberlo presentan algún deterioro en los riñones y que generalmente se detecta en etapas avanzadas cuando las únicas opciones de tratamiento son la diálisis o el trasplante.
Que de acuerdo a estudios de la Organización Mundial de salud (OMS), la enfermedad renal crónica provoca alrededor del 60 % de las muertes a nivel mundial, y que en México representa la tercera causa de muerte hospitalaria.
Esta enfermedad afecta alrededor de 128 mil mexicanos, de los cuales el 50 por ciento de ellos son atendidos por el sistema de seguridad social y el otro 50 por ciento no tienen servicios por los que se ven forzados a recurrir a los servicios públicos de salud, e incluso a médicos particulares.
Refiere que el Gobierno Federal tiene por objeto en materia de salud, lograr la cobertura universal hacia el 2012, y que hasta el momento 35 millones de mexicanos se encuentran afiliados, sin embargo desde el año 2003 el catalogo de enfermedades ha incrementado su cobertura, sobre todo en aquellas que su tratamiento representa un alto costo.
A pesar de que el seguro popular cubre 266 enfermedades, deja afuera aquellas que han incrementado su incidencia en la población mexicana, tales como cánceres de próstata y pulmón, hepatitis C, insuficiencia renal crónica entre otras, que representa un fuerte desembolso para las familias.
Continua el promovente señalando que los afiliados no cuentan con la adecuada atención médica, además de que se tiene una deficiente estructura, falta de medicamentos y de especialistas, así como condiciones insalubres para realizar diálisis.
El promovente considera que se debe tomar en cuenta la reducida plantilla de especialistas, donde sólo se cuenta con 500 nefrólogos en el país para atender a 128 mil enfermos renales crónicos. Resulta necesario que se implementen campañas de prevención sobre la enfermedad renal a fin de que sean detectadas y atendidas a tiempo.
Concluye resaltando la importancia de hacer una revisión a las políticas públicas de prevención y educación en materia de salud, lo cual permitiría un ahorro en los gastos derivados de la intervención médica. Además de que la enfermedad de la insuficiencia renal crónica debe considerarse como un problema de salud pública, que requiere un plan de acción de prevención y control por las autoridades. Por lo anterior, propone el siguiente:
“Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal par que instruya al titular de la Secretaría de Salud a revisar las políticas públicas destinadas a prevenir las enfermedades crónicodegenerativas, asimismo a que se implemente un programa nacional de prevención y detección temprana de la insuficiencia renal crónica; en donde se contemplen estrategias para incentivar la formación de especialistas en nefrología.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud que incluya en le catálogo de cobertura de enfermedades catastróficas del Seguro Popular, la atención de la insuficiencia renal”.
II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden con los planteamientos del autor de la Proposición que se dictamina, al tenor de las siguientes consideraciones:
Que en materia de salud nacional se deben encontrar las medidas necesarias para la prevención y atención de enfermedades crónicas degenerativas.
Que la insuficiencia renal es un problema de salud pública, razón por la cual deberá ser una prioridad nacional, y que resulta necesario encontrar las estrategias que disminuyan la mortalidad en México ocasionada por la misma.
Asimismo, esta Comisión considera necesario revisar las políticas públicas destinadas a prevenir las enfermedades crónicas degenerativas, e implementar un programa universal de prevención, que contemple los mecanismos adecuados para incentivar la formación de especialistas en nefrología, y de esta forma garantizar la óptima atención médica.
Que las enfermedades crónicodegenerativas, en específico la de insuficiencia renal, son de las principales causas de muerte en México y en gran parte del mundo, según datos emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Que a través de una investigación, los integrantes de la Comisión Dictaminadora corroboraron que dentro del Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) 2010, emitido por la Secretaría de Salud a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, dentro de las enfermedades crónicodegenerativas, no se encuentra contemplada la de insuficiencia renal.
Por lo anterior, quienes dictaminan consideran pertinente promover su implementación y revisar las políticas públicas relacionadas con la prevención y atención de las enfermedades crónicodegenerativas, así como la importancia de fortalecer los cuerpos de especialistas médicos para elevar la capacidad de atención a los pacientes; además de exhortar a la autoridad, a efecto de considerar la insuficiencia renal dentro del Catálogo de Cobertura de enfermedades catastróficas del Seguro Popular, toda vez que es notorio el beneficio que representaría a la población en general.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que instruya al titular de la Secretaría de Salud, a revisar las políticas públicas destinadas a prevenir las enfermedades crónicodegenerativas, asimismo que se implemente un programa nacional de prevención y detección temprana de la insuficiencia renal crónica, así como estrategias para incentivar la formación de especialistas en nefrología.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al titular de la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, determine técnicamente la conveniencia de incluir en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) 2010 del Seguro Popular, la atención de la insuficiencia renal, con el objeto de ampliar la atención médica de la población que no cuenta con Seguridad Social y disminuir el índice de mortalidad en la población a causa de la misma.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2011.
Diputado Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente, senadora Minerva Hernández Ramos (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputada O. Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios, diputado Sebastián Lerdo de Tejada, diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, diputado Arturo García Portillo, diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), senador José de Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.
De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos al Fideicomiso Ferrocarrilero de Empalme, Sonora
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal gire instrucciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República, así como a la Auditoría Superior de la Federación para realizar las investigaciones que expliquen la desaparición del Fideicomiso Ferrocarrilero de Empalme, Sonora, suscrita por el Sen. Julio César Aguirre Méndez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen
Antecedentes
La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el Capítulo de consideraciones, el autor de la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, hace referencia a la reforma que recibió el artículo 28 Constitucional en 1995, en donde se sustituyó el régimen de participación exclusiva del Estado en el servicio ferroviario, por otro que permite la participación de los particulares y se estableció la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, por lo cual se privatizó este sector a través de concesiones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Que en esta Ley se estableció que el proceso de reestructuración del Sistema Ferroviario Mexicano, el 19 de diciembre de 1997 se constituyó ante Nacional Financiera, SNC, un fideicomiso denominado Ferronalesjub 5012-6, con el objeto de garantizar el pago de las rentas vitalicias de los trabajadores jubilados.
Señala que el 4 de junio de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, en donde se abroga su Ley Orgánica que contemplaba las disposiciones relativas a la liquidación de ese organismo.
Realiza una cita textual del artículo 4o. y del Segundo Transitorio del decreto, en donde se establecen los derechos laborales de los trabajadores de ese organismo:
“Artículo 4o. Los derechos laborales de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, generados conforme al Contrato Colectivo de Trabajo aplicable y a la ley, serán respetados. En toda época, el gobierno federal garantizará complementariamente el pago vitalicio de las pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados y pensionados, de Ferrocarriles Nacionales de México, en el caso de que el fondo de jubilaciones sea insuficiente.
Segundo. El pago de las pensiones no podrá ser retenido por ninguna circunstancia, salvo por decisión judicial.”
Que existe una preocupación por los pensionados del organismo de que al término del actual sexenio se queden sin pensión, lo anterior de acuerdo a las observaciones de la ASF de 2003-2004, en donde se presume que los fondos del fideicomiso Ferronalesjub se habrán agotado. La misma ASF de 2007 advierte que para el año 2012 el universo de jubilados por atender será considerable y que de ese año hasta 2042, las erogaciones por nómina que quedarían pendientes de pago representarían una obligación solidaria del gobierno federal.
Continúa el promovente señalando los aspectos del Informe de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2004 y 2007 elaborado por la ASF, en donde se establece que la distribución de las pensiones pagadas es inequitativa por lo que se refiere al monto. Que cuando se elaboró el padrón de beneficiarios del fideicomiso no se estableció un tope razonable para aquellos que percibían salarios elevados, que les hubiese garantizado un nivel confortable de vida sin que ello implicara una carga para los fondos fideicomitidos.
Que existen múltiples quejas de pensionados por la corrupción en el manejo del fideicomiso, y refiere como ejemplo, la publicación del diario Reforma, del lunes 3 de enero de 2011, que señala como los pensionados de Ferronales de Empalme, Sonora, técnicamente ha desaparecido su pensión y, en cambio, los líderes y administradores del fideicomiso viven más allá de los ingresos que les otorga su cargo.
El diputado proponente refiere un acto de corrupción por parte de los funcionarios y líderes sindicales del fondo ferrocarrilero de Empalme, Sonora, en donde existen denuncias penales por la adquisición de bienes y propiedades tras la desaparición del dinero del fideicomiso, y que se puede corroborar con la averiguación previa AP PGR SON HER 1 1180 2006; y que por otro lado, se encuentran los trabajadores que viven con ingresos entre 3 a 4 mil pesos mensuales.
Concluye resaltando la importancia de establecer en la agenda nacional la atención de los pensionados de Ferrocarriles Nacionales y de todos los casos en donde se realizaron privatizaciones; que el Congreso de la Unión debe realizar inyecciones de capital al fideicomiso, siempre que este sujeto a un ejercicio de transparencia en su administración, además de hacer suya la denuncia de los pensionarios de Empalme, Sonora, solicitando a las autoridades hacendarias y a los órganos de investigación sancionar y resarcir los daños causados al patrimonio de los ex trabajadores ferrocarrileros. Formula el siguiente:
“Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal gire instrucciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República, así como que la Auditoria Superior de la Federación, para realizar las investigaciones necesarias para explicar la denuncia de actos de corrupción que han llevado a la desaparición del Fideicomiso Ferrocarrilero de Empalme, Sonora.
Segundo. En concordancia con las recomendaciones de la Auditoria Superior de la Federación de la honorable Cámara de Diputados, a la Cuenta Pública de los ejercicios 2004-2007. Esta Cámara exhorta al Ejecutivo federal realizar una inyección de capital al Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, destinado al Fondo de Jubilaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, a fin de cubrir el déficit financiero cumplir con las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos laborales que garantizan el pago vitalicio de las jubilaciones y prestaciones de los pensionados en comento”.
II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora procedieron al estudio de los planteamientos formulados por el autor de la Proposición que se dictamina, tomando en cuenta lo siguiente:
Que tal como lo señala el Senador promovente, el 04 de junio de 2001, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, en el que se establece que el gobierno federal garantizará complementariamente el pago vitalicio de las pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados y pensionados, cuando sea el caso de que el fondo de jubilaciones no sea suficiente.
Que el asunto materia de la Proposición que se dictamina ha sido de interés por los diversos grupos parlamentarios que conforman el Congreso de la Unión, respecto a la intervención de las autoridades para poder dar la debida atención y solución al problema que viven a diario los pensionados y jubilados de Ferronales, así como la situación que prevalece en el Fideicomiso Ferronales JUB 5012-6 y la problemática de los trabajadores que solicitan el pago de prestaciones relativas a su jubilación.
Que el problema de los ex trabajadores de FERRONALES no ha encontrado una respuesta satisfactoria en la atención de las demandas justificadas de las personas que reclaman sus derechos que les corresponden.
Que a través de diversos datos periodísticos se corroboró que existe una averiguación previa en contra de funcionarios del Fideicomiso Ferronales y líderes del sindicato de Empalme, Sonora, por su presunto enriquecimiento ilícito y actos de corrupción en relación al Fideicomiso Ferrocarrilero en ese municipio.
La Comisión Dictaminadora coincide con el planteamiento del Senador, en el sentido de exhortar a las autoridades competentes a realizar las investigaciones sobre las denuncias presentadas y el estado en que se encuentra el Fideicomiso Ferrocarrilero de Empalme, Sonora; además de destinar los recursos necesarios al Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, para cubrir el déficit financiero y cumplir con las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos laborales que garantizan el pago vitalicio de las jubilaciones y prestaciones de los pensionados.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen las investigaciones sobre las denuncias de actos de corrupción en relación al Fideicomiso Ferrocarrilero de Empalme, Sonora.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a promover e impulsar la liberación de recursos extraordinarios necesarios con cargo a las partidas presupuestales existentes, al Fideicomiso Ferronales jub 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, destinado al Fondo de jubilaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, a fin de cubrir el déficit financiero y cumplir con las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos laborales que garantizan el pago vitalicio de las jubilaciones y prestaciones de los pensionados en comento.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2011.
Diputado Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente, senadora Minerva Hernández Ramos (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputada O. Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios, diputado Sebastián Lerdo de Tejada, diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, diputado Arturo García Portillo, diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), senador José de Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.
De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a las medidas contra el creciente deterioro de los salarios mínimos
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo “por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Comisión Federal de Competencia y a la Procuraduría Federal del Consumidor, con el fin de que instrumenten todas las medidas necesarias y suficientes para proteger el creciente deterioro de los salarios mínimos recientemente aprobados”, suscrita por la Dip. Cora Pinedo Alonso, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen
Antecedentes
La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el Capítulo de consideraciones, la autora de la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, hace referencia a los datos emitidos por el Banco de México, a través del Índice Nacional de Precios, que establece que la inflación en diciembre de 2010 fue de 0.5 por ciento, y que la inflación anual fue de 4.4 por ciento; lo anterior, por los aumentos en los precios de energía, electricidad y de los productos básicos que conforman la dieta de la mayoría de la población.
Que se autorizaron aumentos de 8 centavos al precio del diesel y la gasolina Magna y 4 centavos a la gasolina Premium y que existe la posibilidad de que aumenten las tarifas eléctricas.
De la misma forma, señala la diputada que se ha incrementado el precio del gas, peaje carretero y pago de derechos como agua, predial y transporte.
Que con el alza de los precios en los bienes y servicios se ve vulnerada la mayoría de la población, y en especial repercute directamente a quienes perciben el salario mínimo, en virtud de que disminuye su capacidad de compra.
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en su informe anual de la comisión técnica reconoce que la inflación sobre los salarios mínimos resulta devastadora.
Continúa la promovente señalando que México desde hace algunos años, no cuenta con una política de empleo, ni salarial que compense el creciente deterioro del ingreso de los trabajadores y que en el futuro el incremento de los precios continuará repercutiendo negativamente en los bolsillos de los mexicanos.
Que el incremento de 4.1 por ciento a los salarios mínimos para 2011, dado a conocer el 23 de diciembre de 2010, en el Diario Oficial de la Federación, es insuficiente para la atención de las necesidades de las personas.
La diputada menciona que por un lado el gobierno federal pretende alcanzar una inflación baja y por el otro, toma medidas que se contrapone como los aumentos administrados de los precios de algunos energéticos producidos y distribuidos por empresas públicas (gasolinas, diesel, electricidad), lo cual representa una contradicción que debe corregirse de manera urgente.
Que aunado a lo anterior, el salario mínimo en México no compensa ni fortalece el ingreso real de las familias de la clase trabajadora, en razón de que resulta inercial y sólo compensa el incremento de la inflación de 2010.
Que la Organización Internacional del Trabajo señala que México es uno de los países de América Latina que no ha superado el nivel del poder adquisitivo de hace 17 años, por lo que el país presenta una tasa de crecimiento negativa de los salarios.
Concluye la diputada haciendo referencia a la obligación del Estado mexicano de compensar, proteger y detener el deterioro del ingreso de los trabajadores, creando expectativas económicas que le den estabilidad, mejorando el perfil de distribución de la renta hacia un esquema que resulte equitativo y favorable a los trabajadores. Formula el siguiente:
“Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Comisión Federal de Competencia y a la Procuraduría Federal del Consumidor, con el fin de que instrumenten todas las medidas necesarias y suficientes para evitar y/o detener el creciente deterioro de los salarios mínimos recientemente aprobados.
Segundo. Se informe a esta soberanía de los resultados obtenidos”.
II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora procedieron al estudio de los planteamientos formulados por el autor de la Proposición que se dictamina, tomando en cuenta lo siguiente:
La Comisión Dictaminadora coincide con la proponente en el sentido de que la situación económica del país ha empeorado, por el continuo incremento en el precio de la gasolina y el diesel, así como del gas licuado de petróleo, entre otros.
Que estos aumentos han generado una escalada en el costo de los productos de primera necesidad y de servicios, como alimentos básicos, transporte, electricidad, derechos por trámites de agua, predial, y transporte y, por consiguiente, impactarán de manera directa a la sociedad mexicana, más aún a quienes perciben el salario mínimo.
Quienes dictaminan toman en cuenta el estudio y datos emitidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el sentido que México se encuentra dentro de los países de América Latina que no ha superado el nivel del poder adquisitivo de hace 17 años.
Que en efecto el 23 de diciembre de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales a partir del 1 de enero de 2011.
Que el tema de la Proposición que se dictamina ha sido de interés de todos los Grupos Parlamentarios representados en el Congreso de la Unión, y que está Comisión Dictaminadora reconoce y hace suya la propuesta de la Diputada promovente, en la preocupación de la disparidad que existe en el aumento de los precios de diversos productos y el salario mínimo; razón por la cual, se coincide en el planteamiento de exhortar a las autoridades competentes, a efecto de que instrumenten las medidas necesarias para evitar y detener el creciente deterioro que está sufriendo el salario mínimo, que repercute directamente a miles de mexicanos; además de que informen a está Soberanía sobre las medidas implementadas y que vayan adoptar, para equipar la capacidad de compra de los ciudadanos, buscando la mejora en la calidad de vida y el bienestar de las familias en el territorio nacional.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, del Trabajo y Previsión Social, a la Comisión Federal de Competencia y a la Procuraduría Federal del Consumidor, a que en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, instrumenten las medidas necesarias y eficientes que contribuyan a evitar y, en la medida de lo posible, detener, el creciente deterioro de los salarios mínimos.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita de las dependencias y organismos referidos en el resolutivo Primero, informen a esta Soberanía por escrito, de las medidas que están implementando y pretenden adoptar, así como de los resultados obtenidos. Dicho informe deberá ser remitido a las Cámaras de Diputados y Senadores.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2011.
Diputado Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente, senadora Minerva Hernández Ramos (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputada O. Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios, diputado Sebastián Lerdo de Tejada, diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, diputado Arturo García Portillo, diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), senador José de Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.
De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos al alza de los productos de la canasta básica
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente Correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la XVI Legislatura, fueron turnadas cuatro Proposiciones con punto de acuerdo, suscritas por diversos legisladores de distintos Grupos Parlamentarios.
Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de las Proposiciones, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de ésta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen
Antecedentes
1. En la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de Diciembre de 2010, la Diputada Esthela Damián Peralta, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, sometió Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita que comparezca ante ésta soberanía el Secretario de Economía, el Gobernador del Banco de México, y los Titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
En la misma fecha, la Comisión Permanente turnó la referida proposición a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas para su estudio y dictamen.
2. En la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 12 de Enero de 2011, el Senador Adolfo Toledo Infanzón, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, sometió Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se implementen políticas públicas destinadas a evitar los estragos que pueda provocar en la población más vulnerable el incremento de precios de los alimentos en el mundo y se desarrolle la autosuficiencia alimentaria.
En la misma fecha, la Comisión Permanente turnó la referida proposición a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas para su estudio y dictamen.
3. En la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 12 de Enero de 2011, el Senador Rubén Fernando Velázquez López, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, sometió Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo Federal para que implemente de manera urgente, a nivel nacional, las medidas necesarias de verificación, vigilancia y control para evitar la injustificada alza de precios de los productos de la canasta básica, con el fin de proteger la economía de las familias y reducir el deterioro del poder adquisitivo de los salarios.
En la misma fecha, la Comisión Permanente turnó la referida proposición a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas para su estudio y dictamen.
4. En la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de Enero de 2011, el Diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del PT, sometió Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, implemente las medidas correspondientes para vigilar y sancionar a los proveedores de bienes y servicios que realicen prácticas abusivas en perjuicio de los consumidores.
En la misma fecha, la Comisión Permanente turnó la referida proposición a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas para su estudio y dictamen.
Consideraciones
I. En referencia al Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Esthela Damián se transcribe lo siguiente:
“Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda solicitar la comparecencia de Bruno Ferrari, secretario de Economía; de Agustín Carstens Carstens, gobernador del Banco de México (Banxico); así como del procurador Antonio Morales de la Peña, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco); de Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC); y de Eduardo Sojo Garza Aldape, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a fin de que expliquen ante esta soberanía el estado que guarda la situación de los precios y la inflación en México.
Segundo. Asimismo, la Comisión Permanente solicita al Banxico, a la CFC, a la Profeco, y al Inegi que procedan a realizar un informe sobre el aumento de los precios en el país, particularmente de la situación que priva en las diferentes ramas y sectores de la economía mexicana, así como su impacto en la inflación, y que dicho estudio se entregue por escrito a las Comisiones de Economía, y Comercio y Fomento Industrial de esta Soberanía.
Tercero. También, la Comisión Permanente exhorta respetuosamente a que la Secretaría de Economía, considere las opiniones del Banxico, de la Profeco, de la CFC y del Inegi y que con esta opinión tome las medidas que le competen para contribuir a dar respuesta a las demandas de la sociedad.”
Respecto al Punto de Acuerdo presentado por el Senador Adolfo Toledo Infanzón, se transcribe lo siguiente:
“Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se implementen políticas públicas destinadas a evitar los estragos que puedan provocar en la población más vulnerable el incremento de precios de los alimentos en el mundo y se desarrolle la autosuficiencia alimentaria.”
En referencia al Punto de Acuerdo suscrito por los Senadores Rubén Fernando Velázquez, Francisco Javier Castañón, Silvano Aureoles y José Luis Máximo; se transcribe lo siguiente:
“Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con base en el tercer párrafo del artículo 28 de la Constitución Federal y el artículo 7o. de la Ley Federal de Competencia Económica, solicita al titular del Poder Ejecutivo federal, inicie el procedimiento para fijar y controlar los precios de los productos que integran la Canasta Básica, a efecto de compensar el alza de precios y el incremento de la Inflación.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Economía, la Comisión Nacional de Competencia y la Procuraduría Federal del Consumidor, en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, implementen de manera urgente a nivel nacional las medidas necesarias de verificación, vigilancia y sanción para evitar la injustificada alza de precios de los productos de la canasta básica, con el objeto de proteger la economía de las familias y reducir el deterioro del poder adquisitivo de los salarios.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, así como al Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un informe pormenorizado sobre el aumento de los precios en los productos de la canasta básica, y su relación con la inflación y la pobreza, correspondiente al periodo diciembre 2006 a enero de 2011.”
Por último, en referencia al Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Alfonso Primitivo Ríos, se transcribe lo siguiente:
“Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Economía a implantar las medidas correspondientes para vigilar y sancionar a los proveedores de bienes y servicios que realicen prácticas abusivas en perjuicio de los consumidores.”
II. Esta Comisión Dictaminadora coincide con la preocupación y planteamientos de los legisladores autores de las presentes Proposiciones con Punto de Acuerdo referidas en el Capítulo de Antecedentes. Sin embargo, esta Dictaminadora considera necesario realizar algunas precisiones de claridad y estilo.
De acuerdo con el artículo 34, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Economía corresponde el despacho de lo siguiente:
Artículo 34. ...
“I. Formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país; con excepción de los precios de bienes y servicios de la Administración Pública Federal
...”
De lo anterior, se desprende que le corresponde a la Secretaría de Economía el despacho de, entre otros, el negocio de formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país, no así de vigilar el comportamiento del precio de las gasolinas y/o combustibles de consumo.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley del Banco de México:
“Artículo 2. El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades del Banco promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.”
Así, no está dentro de la competencia del Banco de México la toma de decisiones respecto a los precios ni de canasta básica ni de combustibles.
Ahora bien, por lo que respecta al Procurador Federal del Consumidor, de acuerdo a la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor tiene como objeto promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Sin embargo, de ninguna manera influye en la toma de decisiones del cambio de los precios, lo cual le corresponde a la Secretaría de Economía.
Además, de acuerdo a la Ley Federal de Protección al Consumidor:
“Artículo 8. La Procuraduría verificará que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean determinados por las autoridades competentes.”
En relación con el titular de la Comisión Federal de Competencia Económica, de acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica, en su artículo 23, se establece que la Comisión Federal de Competencia es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía (antes de Comercio y Fomento Industrial), contará con autonomía técnica y operativa y tendrá a su cargo prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones, en los términos de esta ley, y gozará de autonomía para dictar sus resoluciones. Por consiguiente, no tiene injerencia directa respecto de la alza de los precios de la canasta básica ni del comportamiento de la inflación.
En lo que respecta al presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y con fundamento en el artículo 1 de la Ley del Sistema Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica; los derechos y las obligaciones de los Informantes del Sistema; la organización y el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y las faltas administrativas y el medio de defensa administrativo frente a los actos o resoluciones del Instituto, por lo que de igual manera no tiene injerencia directa respecto de la alza de los precios de la canasta básica ni del comportamiento de la inflación.
Por otro lado, esta Comisión Dictaminadora considera solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Banco de México, y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un informe sobre el aumento de los precios en los productos de la canasta básica, y su relación con la inflación y la pobreza, en el ámbito de sus competencias.
Asimismo, esta Tercera Comisión considera necesario citar a comparecer ante el pleno de la Comisión Permanente al Secretario de Economía; a fin de que explique el estado que guarda la situación de los precios de la canasta básica en México. Sin embargo, esta Comisión toma en cuenta que la Comisión Permanente del presente receso concluirá sus funciones el primer día del mes de febrero del año 2011, y que resulta difícil en la práctica desahogar la comparecencia propuesta ante el Pleno de dicho órgano.
No obstante, se toma en cuenta que el Pleno de la Comisión Permanente aprobó en la sesión del 12 de enero de 2011, el dictamen de la Tercera Comisión relativo a:
“...
Segundo. La Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer ante esta soberanía a los titulares de las Secretarías de Economía, y de Salud, los ciudadanos Bruno Ferrari García de Alba y José Ángel Córdova Villalobos, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que rinda cuenta de los motivos, la evaluación técnica, jurídica, operativa y económica, así como de los objetivos que persigue el Ejecutivo Federal con la publicación de los denominados “acuerdos de equivalencia” en materia de aparatos eléctricos, electrónicos y de procesamiento de datos, así como en materia de dispositivos médicos, publicado el Diario Oficial de la Federación el 26 de octubre de 2010.
Tercero. La Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por conducto de su Presidente, determinará la fecha y hora en que se llevará a cabo la comparecencia señalada en el punto anterior. Los términos y modalidades para el desarrollo de dicha comparecencia serán determinados por la Mesa Directiva de la Tercera Comisión.”
En la misma tesitura, y dado que en la reunión de fecha 18 de enero de 2011, la Tercera Comisión acordó citar a comparecer al Secretario de Economía el día 25 de enero de 2011, a las 11 horas, esta Comisión considera oportuno anexar el tema de la situación de los precios de la canasta básica en dicha comparecencia.
Dicho lo anterior, y en mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión; Hacienda y Crédito público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la unión, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se acuerda que la temática relativa al estado que guarda la situación de los precios de la canasta básica en México, se desahogue en la comparecencia del titular de la Secretaría de Economía, ante la Tercera Comisión de Trabajo, programada para el día 25 de enero de 2011.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita del titular de la Comisión Federal de Competencia Económica, emita opinión sobre las condiciones de competencia efectiva que guardan los mercados de abastecimiento de la canasta básica para el consumidor final, así como una lista de obstáculos que no permiten la libre competencia, que sean las causantes del aumento injustificado de precios en este inicio del año 2011 y un desglose de alternativas para resolver estructuralmente dichos conflictos.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Economía, la Comisión Nacional de Competencia y la Procuraduría Federal del Consumidor, en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, implementen de manera urgente a nivel nacional las medidas necesarias de verificación, vigilancia y sanción para evitar la injustificada alza de precios de los productos de la canasta básica, con el objeto de proteger la economía de las familias y reducir el deterioro del poder adquisitivo de los salarios.
Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México, y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un informe pormenorizado sobre el aumento de los precios en los productos de la canasta básica, y su relación con la inflación y la pobreza, en el ámbito de sus competencias, correspondiente al periodo diciembre 2006 a enero de 2011.
Quinto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se implementen políticas públicas destinadas a evitar los daños que puedan provocar en la población más vulnerable el incremento de precios de los alimentos en el mundo y se desarrolle la autosuficiencia alimentaria.
Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados a 25 de enero de 2011.
Diputado Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente, senadora Minerva Hernández Ramos (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputada O. Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios, diputado Sebastián Lerdo de Tejada, diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, diputado Arturo García Portillo, diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), senador José de Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.