De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la Segob y del Instituto Nacional de Migración ante ese órgano legislativo a fin de que expliquen las acciones que han emprendido para brindar protección a los migrantes extranjeros que se internan temporalmente en nuestro territorio para llegar a Estados Unidos de América

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente:

Dictamen

Antecedentes

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fueron turnadas las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:

1. Por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la Segob y del comisionado del Instituto Nacional de Migración, ante la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, para que expliquen las acciones que han emprendido para brindar protección y seguridad a los migrantes extranjeros que temporalmente se internan en nuestro territorio, para llegar a los Estados Unidos de América, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga del Grupo Parlamentario del PRI, presentada el4 de enero de 2011.

2. Por el que se solicita la comparecencia ante el Pleno de la Comisión Permanente del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a fin de que presente un informe minucioso sobre el avance en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales, en lo que se refiere a prevención del delito, incidencia de éste e índices de violencia, certificación y acreditación de los integrantes de las instancias federales, estatales y municipales de seguridad pública, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y otros temas vinculados con la seguridad pública, a cargo del senador René Arce Círigo, del Grupo Parlamentario del PRD, presentada el4 de enero de 2011.

3. Por el que se solicita la comparecencia del Comisionado del Instituto Nacional de Migración a fin de que informe respecto de las medidas que está adoptando la dependencia a su cargo para frenar los secuestros de migrantes y los ataques a éstos, a cargo de la senadora Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario del PRD, presentada el 4 de enero de 2011.

4. Por el que se exhorta a diversas dependencias de la administración pública federal, a reforzar las medidas de prevención y protección a los mexicanos que radican en el extranjero que visitan territorio nacional por las fiestas de fin de año, así como a los migrantes que utilizan nuestro país como paso para llegar a sus lugares de origen, a cargo de la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del PRI, presentada el 21 de diciembre de 2010.

5. Relativo a la exclusión del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, AC, en la elaboración de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, a cargo del senador René Arce, del Grupo Parlamentario PRD, presentada el 21 de diciembre de 2010.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de las cinco proposiciones referidas, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Consideraciones

I. En el contenido de la primera proposición con punto de acuerdo, el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, manifiesta que Amnistía Internacional, con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó que en 2010 fueron secuestrados en México alrededor de 20 mil migrantes extranjeros, principalmente centroamericanos y que hace solo una semana, el 27 de diciembre de 2010, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, reconoció explícitamente este fenómeno, al dar a conocer que durante el último año fueron reportados, por sujetos asegurados por ese órgano, 222 secuestros de migrantes centroamericanos, en territorio mexicano.

Continúa señalando que esas cifras, son reflejo de la inseguridad que se vive en nuestro país; de la nula protección que debiera darse a quienes, con el propósito de llegar a los Estados Unidos para obtener trabajo y una vida digna, cruzan nuestro territorio; y de la corrupción imperante en los cuerpos policiales de todos los órdenes de gobierno, a lo largo de las rutas migratorias mexicanas y que esas cifras engloban también casos de amplio impacto social, como el de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, en agosto pasado, y el de los cuarenta o cincuenta desaparecidos en Chahuites, Oaxaca, el 16 de diciembre anterior.

El proponente indica que hasta hoy, tanto el gobierno federal como el gobierno de Oaxaca no han dado a conocer el paradero de las víctimas, menos han logrado su liberación y mucho menos puesto a disposición del poder judicial a sus secuestradores y que el gobierno federal debe explicar que ha hecho en relación con estos casos, que avances tiene, que resultados concretos entregará.

Finalmente manifiesta que corresponde al titular de la Secretaría de Gobernación del Ejecutivo federal explicar esas acciones y responder a los cuestionamientos existentes en el tema de la migración y de los indocumentados extranjeros en nuestro país y, asimismo, al comisionado del Instituto Nacional de Migración como responsable de realizar una gestión migratoria eficiente y segura, con base en el marco legal y el pleno respeto a la dignidad humana, y al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como encargado de la implementación de políticas públicas para la prevención social del delito y la coordinación interinstitucional en la materia, toca decir que hacen y que harán para enfrentar satisfactoriamente estos problemas, por lo que formula el siguiente:

“Punto de Acuerdo

Único: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 93, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cita a comparecer a los ciudadanos secretario de Gobernación del Poder Ejecutivo federal, comisionado del Instituto Nacional de Migración y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ante la Primera Comisión de esta Permanente del Congreso de la Unión, a fin de que expliquen detalladamente las acciones que, en el ámbito de sus respectivas competencias, han emprendido para brindar la debida protección y seguridad a los migrantes extranjeros que temporalmente se internan en nuestro territorio, para llegar a los Estados Unidos de América, para prevenir la comisión de delitos en contra de estos migrantes, y específicamente sobre los avances que tengan en relación con el secuestro de alrededor de cuarenta migrantes guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, ocurrido el 16 de diciembre de 2010, en Chahuites, Oaxaca, luego de un operativo policial respecto al tren que los transportaba.

La Primera Comisión acordará con la intervención que corresponda a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, el formato; la fecha, que deberá programarse antes del 15 de enero de 2011; y demás modalidades para el desarrollo de las comparecencias indicadas.”

II. Por lo que se refiere al contenido de la segunda proposición con punto de acuerdo, presentada por el senador René Arce Círigo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se establece que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene como misión declarada reforzar y consolidar la estrategia nacional de seguridad, e interesa sobremanera conocer: ¿cuáles son las características de la estrategia que hay que reforzar y consolidar y qué han hecho para ello? sobre todo a la luz del crecimiento exponencial de la violencia criminal que nuestro país vive desde que surgió este nuevo sistema de seguridad pública, que aunque se constituyó hace aproximadamente quince años, fue rediseñado a través de la reforma constitucional hace dos.

Asimismo, indica el proponente que según un balance de los quince años de existencia del sistema que nos ofrece el secretario ejecutivo, se han invertido en el mismo 83 mil millones de pesos, es decir, un promedio de 5,533 millones de pesos al año con sus altas y bajas conforme las prioridades; el presupuesto de 2000 se correspondía con esta cifra, sin embargo, en los primeros cuatro años del gobierno de Vicente Fox, éste se redujo a un poco más de 2 mil millones hasta que en el 2005/2006 se inició un proceso ascendente en el presupuesto en materia de seguridad pública, sin contar con lo que se destina a las Secretarías de la Defensa y de Marina, que sin sustento legal realizan tareas de seguridad pública. por lo que nos gustaría conocer una evaluación de costos contra resultados y que en el 2009, los recursos del financiamiento conjunto federación/estados fue de 8,975 millones de pesos, de los cuales 4,383 millones de pesos, el 48.8%, se dedicó al rubro de alineamiento de las capacidades del Estado mexicano contra la delincuencia, pero el subejercicio fue de 1,282 millones de pesos; mientras que el subejercicio total fue de 2,591 millones de pesos, por lo que nos gustaría saber cuál es la razón de que en la preocupación ciudadana más sensible, que ha provocado en amplios territorios un escenario bélico con más de 30 mil muertos en tan sólo cuatro años y que tiene al país sumido en la desesperanza y la violencia, se puede dar el lujo el sistema nacional de seguridad pública de tener subejercicio presupuestal.

Señala también que se quiere un informe oficial y los elementos para que las comisiones de ambas Cámaras del Congreso de la Unión tengan los elementos para discutir y dictaminar las propuestas legislativas que se encuentran asentadas en cada comisión, en particular, en el Congreso se encuentra la iniciativa del Ejecutivo federal para crear el mando único policial, sin embargo, las y los legisladores desconocemos el avance, no sólo de la implementación de la reforma penal, en lo que a proceso acusatorio y oral adversarial se refiere, sino importantemente desconocemos el avance de la certificación y acreditación de las instancias de Policía Federal, estatal y municipal que le corresponde al Sistema Nacional que coordina los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública.

El proponente refiere a que se requieren las cifras y datos precisos de dicho avance pues los representantes del secretario ejecutivo del Sistema han planteado que, con los recursos actuales, el proceso para evaluar, certificar y acreditar a las policías todas tardaría aproximadamente 20 años, y entonces de cara a esta realidad analizar cómo se insertan las iniciativas del Ejecutivo federal en un contexto nacional de crisis de la seguridad del estado en donde grupos criminales le disputan el monopolio del uso de la fuerza, controlan amplios territorios, se pierden vidas ya sea de presuntos delincuentes, agentes del estado y civiles, se incrementa la violencia, el sistema de justicia sigue degradándose, se violentan derechos humanos, el miedo modifica patrones culturales y de vida de las comunidades, se usa a las fuerzas armadas sin base constitucional ni legal, y en cada delito de alto impacto nos encontramos que están involucrados policías federales, estatales y municipales, e incluso integrantes del Ejército y la Marina.

Por último, establece que la rendición de cuentas y la transparencia son elementos fundamentales de la democracia y la construcción de políticas públicas, por ello, el Congreso de la Unión necesita saber, conocer y analizar los datos, las cifras, la realidad de cómo está funcionando, a dos años de su surgimiento, el cumplimiento de las tareas encomendadas al nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que formula el siguiente:

“Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, licenciado Miguel Alcántara Soria, a comparecer ante el pleno de la Comisión Permanente para que presente ante el pleno de esta soberanía un informe minucioso sobre el avance en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales, en lo que se refiere a prevención del delito, incidencia delictiva e índices de violencia, certificación y acreditación de los integrantes de las instancias federales, estatales y municipales de seguridad pública, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, y otros temas vinculados en materia de seguridad pública.”

III. Por su parte, la senadora Claudia Sofía Corichi García en el contenido de su proposición con punto de acuerdo transcribe el texto íntegro del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entre otras disposiciones establece que en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece y, asimismo, invoca y transcribe el artículo 70 de la Ley General de Población, el cual dispone que a la Secretaría de Gobernación corresponde organizar y coordinar los distintos servicios migratorios. El mismo numeral dispone que “en el ejercicio de estas facultades, la Secretaría de Gobernación velará por el respeto a los derechos humanos y, especialmente, por la integridad familiar de los sujetos a esta ley”, y dice que a su vez, el artículo 56 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación prescribe que “el Instituto Nacional de Migración ejercerá las facultades que, sobre asuntos migratorios, confieren a la Secretaría de Gobernación la Ley General de Población y su Reglamento y las que de manera expresa le estén atribuidas por otras leyes y reglamentos, así como los decretos, acuerdos y demás disposiciones del Ejecutivo Federal”.

La proponente también señala que es el caso que los migrantes centro y sudamericanos que cruzan por nuestro país, sujetos a la Ley General de Población, ven continuamente violados sus derechos humanos, al ser víctimas de atentados en contra de su libertad, su patrimonio, e inclusive, su vida, sin que las autoridades mexicanas les otorguen la protección a la que constitucionalmente tienen derecho. Algunos de los secuestrados y sobre todo de las secuestradas, son privados de su libertad con fines de trata de personas, convirtiéndolas en esclavas a las que explotan sexualmente. También indica que el director adjunto de Amnistía Internacional, Alberto Herrera Aragón, comentó el 16 de noviembre que se calcula que unos 20 mil migrantes en México son víctimas de secuestro en el país al año –la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha dado cifras parecidas– y seis de cada diez mujeres que llegan a albergues han sufrido violación sexual. Las autoridades mexicanas, según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), sólo reconocen 222 denuncias de secuestros de migrantes centroamericanos en el país a lo largo del 2010.

La legisladora proponente continúa señalando que en uno de los casos más recientes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador denunció que el 16 de diciembre del pasado año, un grupo de hombres armados pararon un tren de carga en la localidad de Chahuites (Oaxaca) y se llevaron por la fuerza con rumbo desconocido a unas 50 personas de diversas nacionalidades que viajaban en el ferrocarril. La primera reacción de las autoridades federales mexicanas fue negar el hecho, para después, ante el alud de pruebas y la demanda internacional de aclarar ese delito, iniciar las investigaciones y pareciera que se quiere negar la realidad; que el pasado 2 de diciembre, la cancillería de El Salvador solicitó mediante nota verbal a México tomar acciones para investigar el secuestro de otros 20 migrantes centroamericanos en la localidad de Medias Aguas en Veracruz, hecho ocurrido el 3 de noviembre.

La proponente finaliza indicando que el 2010 fue un año especialmente malo para los migrantes, siendo el caso más grave detectado en su contra, el ocurrido el 24 de agosto en San Fernando, Tamaulipas, donde 72 indocumentados, 58 hombres y 14 mujeres, provenientes de Centro y Sudamérica fueron asesinados. El desinterés, y finalmente la incompetencia del gobierno mexicano para proteger a esos seres humanos vulnerables son del todo reprochables y quita autoridad moral para reclamar ante otros gobiernos la protección de nuestros con nacionales más allá de nuestras fronteras; que México debe proteger eficazmente a los transmigrantes que cruzan por nuestro territorio. Es, además de una obligación internacional, un deber moral; y que ante la gravedad y el número creciente de violaciones a los derechos de los migrantes indocumentados en nuestro país, el gobierno federal debe de implementar un programa efectivo de protección para esos nacionales de otros países, de paso por nuestro territorio; por lo que formula el siguiente:

“Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Salvador Beltrán del Río Madrid, para que informe que medidas urgentes se están adoptando por la dependencia a su cargo para frenar los ataques y secuestros de migrantes.”

IV. Por lo que hace a la cuarta proposición, señala la proponente que al iniciar el periodo de las fiestas decembrinas, miles de connacionales regresan a nuestro país, para festejar con su familia las fiestas de fin de año. Periodo en el que, lamentablemente, son frecuentes de violaciones que nuestros connacionales son objeto tanto en su persona, en sus bienes como a su familia.

Que desde 1989 se creó el “Programa Paisano” como un instrumento para frenar los abusos tanto de autoridades de los diversos ordenes de gobierno, como por civiles que aprovechando la ocasión los asaltan, los extorsionan, así como violentan sus derechos humanos. A pesar de que durante su vigencia, el programa se ha visto fortalecido, en sus diversas vertientes, la falta de información, ha sido una de las causas que no permite identificar y evaluar con objetividad sus resultados en cuanto a efectividad, eficiencia y transparencia.

Continúa la proponente señalando que en razón de la situación que vive actualmente el país en materia de inseguridad es necesario que se garantice a estos mexicanos su estancia en México, así como, de aquellos migrantes que ingresen al territorio nacional en su recorrido a sus ciudades de origen y de regreso a Estados Unidos.

Afirma la proponente que “son diversos ejemplos en los cuales se han documentado de un gran número de asaltos y violaciones que se han registrado en las carreteras del país, a través de ataques y falsos retenes, al grado de observar cómo se han lastimado a menores de edad. Por tal motivo, es trascendental reforzar las medidas de seguridad en toda la red carretera del país, en las fronteras, y aeropuertos internacionales.”

Termina la proponente señalando que esta necesidad de establecer, enriquecer, fortalecer y reforzar los mecanismos que garanticen el respeto y protección de los derechos humanos de los migrantes, es y ha sido un tema preponderante a raíz del incremento de los flujos masivos de población, manteniéndose vigente las demandas de erradicar los altos índices de extorsiones, abusos, violencia y corrupción ejercida por parte de los grupos criminales y autoridades.

Y que ante el clima de inseguridad que vive el país, la sociedad reclama a sus representantes y gobernantes a trabajar arduamente por la protección y seguridad de todos, tarea que el Congreso debe asumir con responsabilidad y como un tema de alta prioridad, por lo que formula los siguientes:

“Puntos de Acuerdo

Primero: La Comisión Permanente del honorable Congreso de Unión, respetuosamente, exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Seguridad Publica, de Comunicaciones y Transportes, y a la Procuraduría General de la República, para que se coordinen a fin de fortalecer las medidas de seguridad en las carreteras, en las fronteras, en las centrales de autobuses y aeropuertos internacionales con motivo de las fiestas de fin de año. En el entendido que dichas medidas, estén vinculadas directamente al Programa Paisano, que se implementa del 1 de noviembre de 2010 al 10 de enero de 2011.

Segundo: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Procuraduría General de la Republica, a agilizar los trámites de denuncias por parte de los mexicanos que visitan nuestro país, así como de aquellos migrantes que transitan nuestro para llegar a sus lugares de origen.

Asimismo, fortalezcan las campañas de denuncias y difundan los sitios y módulos disponibles para tal efecto, de igual manera, establezcan personal necesario para el funcionamiento de dichos sitios o modulas para la atención las 24 horas, durante el periodo que establece el Programa Paisano, mejorando la calidad de los servicios migratorios.

Tercero: La Comisión Permanente del honorable Congreso de Unión, respetuosamente, exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Migración; refuerce los mecanismos y medidas de seguridad, a fin de prevenir y proteger los derechos humanos de los migrantes que por motivo de las fiestas de fin de año, transitan nuestro territorio para llegar a sus lugares de origen. Asimismo, fortalezca la difusión de los derechos que tiene por el sólo hecho de estar en nuestro país, así como los diversos mecanismos de denuncia por violaciones o discriminaciones cometidas por los servidores públicos o civiles, asegurando un trato digno, de protección y respeto de los derechos humanos de las personas que ingresan, transitan de manera temporal, o salen de nuestro país.

V. En la quinta proposición con punto de acuerdo, que se dictamina se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

Que en marzo de 2002, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, AC (ICESI), elaboró la primera Encuesta Nacional sobre Inseguridad. Los objetivos de la encuesta fueron: 1. Estimar los hechos delictivos denunciados y no denunciados en cada una de las entidades federativas; 2. Registrar tipos de delitos cometidos, lugares en que se cometieron, monto de pérdidas, edad de los delincuentes; y 3. Medir la percepción ciudadana sobre la inseguridad en los estados de la república.

Desde entonces, el ICESI era responsable de realizar esta encuesta anual con la colaboración de diversas instituciones académicas y de la sociedad civil.

Que el pasado 16 de junio del 2010 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos adoptados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su vigésima octava sesión celebrada el 3 de junio y definió que el Inegi sería el órgano encargado de elaborar la encuesta sobre inseguridad en las 32 entidades federativas en 2010 y en años subsecuentes.

Señala el proponente que “las cifras poco confiables que resultaron de la encuesta 2010 y la denuncia que el propio ICESI realizó acerca de la opacidad que representó la exclusión de un organismo de la sociedad civil en su elaboración e instrumentación, generó el rechazó del ICESI y de diversas organizaciones ciudadanas como México SOS, Transparencia Mexicana, México Evalúa, México Unido contra la Delincuencia, Insyde y Asociación Alto al Secuestro.”

Afirma el proponente que “la arbitraria decisión del Ejecutivo federal, de los gobernadores de los estados y del jefe del gobierno del Distrito Federal, todos en su calidad de integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública, no solamente implica la exclusión de la sociedad civil en la medición de los índices de criminalidad, sino también que gobiernos, en un acto que reitera la opacidad y la falta de transparencia, se evalúen a sí mismos, como juez y parte, en su desempeño en el combate a la delincuencia, lo que constituye un insulto a la ciudadanía cuya exigencia central es la de recuperar la seguridad y la profesionalización y certificación de las acciones de las instancias de seguridad, a través de controles ciudadanos, rendición de cuentas y transparencia.”

Continúa el proponente señalando que el Ejecutivo federal durante la primera jornada de los Diálogos de la Seguridad, dio instrucciones para que se ideara la fórmula de institucionalizar la participación del ICESI en las encuestas. Y que la instrucción del Ejecutivo fue cumplida en el sentido contrario.

Finalmente concluye el proponente señalando que comparte la indignación de las diversas organizaciones no gubernamentales por la exclusión de la sociedad civil en la medición de la criminalidad, por lo que formula el siguiente:

“Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión formula un extrañamiento al Consejo Nacional de Seguridad Pública por la exclusión de la sociedad civil en la medición de la criminalidad a través de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad, y externa su preocupación por la posible manipulación y uso político de dicho instrumento a través del Inegi.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a garantizar la rectoría de las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad, de manera que se preserve y asegure la transparencia en su elaboración y en la difusión de sus resultados, además de su eficiencia como un instrumento de evaluación ciudadana, de rendición de cuentas y transparencia.”

VI. La comisión dictaminadora considera que por la coincidencia de fondo en la materia, en cuanto a que las cinco proposiciones tienen por objeto referirse al tema de la protección de los derechos humanos y la seguridad de los migrantes extranjeros que transitan por territorio mexicano, así como a los resultados en el combate a la delincuencia organizada, que afecta a todos los individuos que permanente o transitoriamente se ubican en nuestro país, entre ellos los migrantes de otras nacionalidades, es pertinente por racionalidad práctica y economía procesal parlamentaria, atenderlas en un mismo dictamen, pues aún cuando algunas se constriñen a una parte del problema o a un producto o productos en particular, lo hacen en el contexto de la seguridad nacional, protección de derechos y seguridad de personas.

La comisión dictaminadora coincide en la urgente necesidad que el Estado tiene en dar una debida protección a los derechos humanos y garantías individuales de toda persona que se encuentre en nuestro territorio, entre ellas a los migrantes extranjeros y ofrecer resultados concretos y palpables en el combate a la delincuencia organizada que socaba la seguridad pública y daña a instituciones y personas, mejorando la eficacia con políticas públicas integrales en esas materias.

En este sentido, la comisión dictaminadora señala que el fundamento constitucional de la protección de los derechos humanos, garantías individuales y la seguridad pública, especialmente de los migrantes extranjeros, se encuentra fundamentalmente en los artículos 1, 11, 15 y 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en lo conducente textualmente señalan:

“Artículo 1. En los Estados unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece...

Artículo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la república, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y derechos establecidos por esta constitución para el hombre y el ciudadano.

Artículo 21. ...

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Por ello, esta comisión dictaminadora concuerda con los legisladores proponentes en el sentido de que es necesario que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión conozca de las acciones que, en el ámbito de sus respectivas competencias, los ciudadanos secretario de Gobernación del Poder Ejecutivo federal, comisionado del Instituto Nacional de Migración y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, han emprendido para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y la debida protección y seguridad personal de los migrantes extranjeros que temporalmente se internan en territorio mexicano; lo que institucionalmente hacen para prevenir la comisión de delitos en contra de dichos migrantes; los programas que instrumentan para concretar una eficiente coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública, como principio de orden y paz públicos; y para que, específicamente, este órgano legislativo actualice su información respecto a los avances que el gobierno federal, a través de su gabinete de seguridad, tenga en relación con el secuestro de alrededor de cuarenta migrantes guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, ocurrido el 16 de diciembre de 2010, en Chahuites, Oaxaca, luego de un operativo policial respecto al tren que los transportaba.

De la misma forma, para esta comisión dictaminadora resulta impostergable que el gobierno federal, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, realice un replanteamiento de sus políticas y programas en materia de seguridad pública, de tal forma que los derechos y garantías de igualdad, libertad, libre tránsito, debido proceso, de todo individuo que se encuentre físicamente en territorio nacional, sean plenamente respetadas; y que, de manera particular, la integridad personal de los extranjeros que por diversas circunstancias, con o sin documentos, transiten o residan en el país sea protegida. Esta comisión considera que México, a través de sus autoridades competentes, debe otorgar a sus visitantes el mismo trato, de dignidad y decoro, que para sus nacionales demanda a otras naciones, con independencia de su estatus migratorio. Asimismo, esta Primera Comisión de Trabajo aspira a que pueda informarse, con el detalle necesario, a la opinión pública, a los gobiernos de países que así lo solicitan y a las familias de quienes presumiblemente fueron secuestrados o retenidos en Chahuites, Oaxaca, sobre los avances que reporten las correspondientes averiguaciones.

Por lo anterior, se considera conveniente, urgente y procedente, para conocer dicha información, utilizar el mecanismo de colaboración de poderes, que es el de comparecencia, y convocar o citar a los ciudadanos secretario de Gobernación del Poder Ejecutivo federal, comisionado del Instituto Nacional de Migración y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de que informen ante el pleno de esta Primera Comisión de la Comisión Permanente –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– respecto a las acciones que el gobierno federal realiza para proteger los derechos humanos de los migrantes extranjeros que transitan por territorio mexicano y para prevenir la comisión de delitos en contra de ellos.

La comisión dictaminadora, como en casos similares o análogos precedentes, manifiesta que cada órgano del Estado mexicano debe cumplir con las tareas explícitas e implícitas que en el marco de la colaboración de poderes señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ello, en los asuntos a que refieren las proposiciones con punto de acuerdo materia del presente dictamen, esta Comisión también considera que el gobierno federal, por conducto de los servidores públicos antes citados, debe explicar cuál fue su participación en el operativo policial previo al secuestro de Chahuites, Oaxaca; como evitará nuevos secuestros de migrantes extranjeros; como reorientará políticas públicas en materia de migración, para hacer efectivos los derechos humanos de los migrantes; como coordina acciones en la materia con autoridades estatales y municipales; qué planes tiene para instrumentar controles de confianza sobre el personal operativo del Instituto Nacional de Migración; como protegerá y dará seguridad en nuestras rutas migratorias; como evitará que ferrocarriles mexicanos sean usados como medio de transporte por los migrantes extranjeros, entre otros aspectos, o como protegerá el tránsito de unos y otros.

Se destaca que los proponentes, diputado Heliodoro Díaz Escárrga, y senadora Claudia Sofía Corichi García, coinciden sustancialmente en las propuestas anteriores, al solicitar que se cite a comparecer a los funcionarios públicos con responsabilidades relacionadas con la migración.

La diputada María del Carmen Izaguirre Francos, sobre los mismos temas, propone que se exhorte a diversas dependencias de la administración pública federal, a reforzar las medidas de prevención y protección a los mexicanos que radican en el extranjero que visitan territorio nacional por las fiestas de fin de año, así como a los migrantes que utilizan nuestro país como paso para llegar a sus lugares de origen. Los objetivos implícitos en esta propuesta deberán ser considerados por esta comisión de trabajo al proponer el formato de la reunión con los comparecientes.

Y el senador René Arce Círigo, por una parte solicita la comparecencia del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a fin de que presente un informe minucioso sobre el avance en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales, en lo que se refiere a prevención del delito, incidencia de éste e índices de violencia, certificación y acreditación de los integrantes de las instancias federales, estatales y municipales de seguridad pública, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y otros temas vinculados con la seguridad pública.

Y por otra, formula un extrañamiento al Consejo Nacional de Seguridad Pública por la exclusión del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, AC, en la elaboración de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, así como un exhorto para que el Consejo Nacional de Seguridad Pública garantice la rectoría de las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad. Los objetivos implícitos en estas propuestas deberán ser considerados por esta comisión de trabajo al proponer el formato de la reunión con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, convoca al titular del Instituto Nacional de Migración, así como al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a que comparezcan ante el pleno de la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, informen sobre las acciones que el gobierno federal realiza para proteger los derechos humanos de los migrantes extranjeros que transitan por territorio mexicano y para prevenir la comisión de delitos en contra de éstos.

Asimismo, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá informar sobre el avance en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales, en lo que se refiere a prevención del delito, incidencia de éste e índices de violencia, certificación y acreditación de los integrantes de las instancias federales, estatales y municipales de seguridad pública, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y temas vinculados con la seguridad pública, así como lo referente a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública.

La Primera Comisión de Trabajo realizará los actos preparatorios para dicha comparecencia, entre los que estará la instalación y operación de mesas de trabajo antes del veinte de enero de 2011, en las que participen legisladores integrantes de este órgano de apoyo legislativo y los titulares de las subsecretarías de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, al comisionado del Instituto Nacional de Migración y al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para abordar detalles relativos al presunto secuestro de alrededor de cuarenta migrantes centroamericanos en Chahuites, Oaxaca; infraestructura migratoria; iniciativas de ley sobre población y migración presentadas por el Ejecutivo; coordinación institucional en seguridad pública; controles de confianza sobre agentes migratorios y policías; y planes y programas de protección a migrantes; entre otros aspecto establecerá el formato de la misma y con la intervención del presidente de la Comisión Permanente determinará la fecha y hará la invitación correspondiente para la realización de la misma.

Una vez realizadas las reuniones de trabajo con los anteriores servidores públicos, el pleno de la Primera Comisión, valorará la pertinencia de invitar a una reunión al secretario de Gobernación, analizando previamente el formato y términos de la misma.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2011.

La Primera Comisión

Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), senador José Alejandro Zapata Perogordo, diputado Arturo García Portillo, diputada Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; diputado Arturo Zamora Jiménez, diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), senador Fernando Castro Trenti (rúbrica), senador Humberto Aguilar Coronado, diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), senador René Arce, diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, senador Luis Maldonado Venegas.