Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a la PGR y al Consejo Nacional contra las Adicciones a coordinarse para elaborar e implantar una estrategia de prevención en el ámbito escolar, así como a fortalecer la difusión entre los alumnos y los padres de familia sobre los peligros del consumo de drogas y los instrumentos de prevención y detección, suscrita por la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada María del Carmen Izaguirre Francos, de la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Procuraduría General de la República, y al Consejo Nacional contra las Adicciones, a que se coordinen para la elaboración e implementación de una estrategia de prevención de adicciones en el ámbito escolar, asimismo, fortalezcan la difusión tanto a los alumnos como a los padres de familia sobre los peligros que ocasionan el consumo de drogas y los mecanismos de prevención y detección con base en lo siguiente:
En infinidad de ocasiones hemos escuchado la siguiente frase "La vulnerabilidad de la sociedad a las adicciones se debe a la falta de detección oportuna y a un tratamiento tardío". A principios del mes de diciembre se llevó a cabo el simposio Diagnóstico y Tratamiento para Poblaciones Vulnerables con Consumo de Sustancias Psicoactivas, durante su desarrollo se expresó que la vulnerabilidad de las sociedades al consumo de drogas se debe a diversos factores, entre ellos a la falta de detección oportuna de las adicciones y en segundo lugar a que los enfermos adictos inician su tratamiento cuando han transcurrido más de diez años entre el inicio del trastorno adictivo y la solicitud de ayuda.
De igual manera se mencionó que uno de los principales problemas que con frecuencia se presentan en la prevención de las adicciones, es que sólo la mitad de los pacientes acuden a tratamiento a los centros de adicción.
Las acciones que se han efectuado durante la última década destinadas a la atención a grupos vulnerables, como son los niños que cursan la primaria, han sido insuficientes en razón de que el tema sigue siendo factor de interés, aunado a ello, se continúa observando una desigualdad social en diversas regiones del país.
Hoy en días con mayor frecuencia se han reportado casos en los que el común denominador es que a temprana edad (8 años) están iniciando los niños en el consumo de drogas, esto ha repercutido en un enorme costo social, haciendo patente la necesidad que las autoridades escolares y de prevenciones de las adicciones instauren mecanismos para la detección temprana del problema, el cual, tenga como base fundamental la integración de los padres de familia en un entorno de desarrollo integral comunitario.
Es el momento para ir sensibilizando a los padres de familia sobre una adecuada información a fin de propiciar su participación en la detección temprana y prevención de cualquier tipo de adicción a través de programas y estrategias que no vulneren sus derechos, ni sus costumbres regionales.
Con ello, lograr la integración de un factor importante del seno familiar en la lucha contra el consumo de drogas; lograr la oportuna detección temprana del problema; cooperación y creación de redes escolares; sensibilización, y principalmente la participación coordinada de las instituciones encargadas de la atención de este problema.
Por lo anteriormente expresado, presento ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, y al Consejo Nacional contra las Adicciones, a que se coordinen para la elaboración e implementación de una estrategia de prevención de adicciones en el ámbito escolar, asimismo, fortalezcan la difusión tanto a los alumnos como a los padres de familia sobre los peligros que ocasionan el consumo de drogas y los mecanismos de prevención y detección temprana del problema.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a que implemente una campaña de difusión en los centros escolares sobre las instituciones encargadas en la atención del consumo de drogas, así como los servicios médicos que proporcionan en dichos institutos.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, a reforzar la difusión en los centros escolares sobre los mecanismos de denuncias en caso de venta de drogas o cualquier otra sustancia que induzca hacia una adicción, así como, de las aéreas encargadas de la atención de victimas.
Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Educación Pública y a la Procuraduría General de la República, a que remitan a esta soberanía un informe detallado sobre las acciones realizadas al interior de los centros escolares para la detección temprana de cualquier tipo de adicción.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de diciembre de 2011.
Diputada María del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la CNBV a exigir a las instituciones de banca múltiple que incrementen las medidas de seguridad para clientes y usuarios de cajeros automáticos, suscrita por el diputado Jorge Arana Arana, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Jorge Arana Arana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y; en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo, para que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, exijan a las instituciones de banca múltiple implementar mayores medidas de seguridad para clientes y usuarios de cajeros automáticos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Debido a los avances tecnológicos por los que atravesamos, las instituciones de banca múltiple o mejor conocidos como bancos comerciales, también han diversificado sus servicios financieros, con el fin de evitar gastos de operación excesivos y acceso a otros productos financieros redituables.
Por ello, la instalación y uso de cajeros automáticos ha aumentado considerablemente a lo largo del país.
Un cajero automático es una "máquina expendedora usada para extraer dinero utilizando una tarjeta magnética, sin necesidad de personal del banco. Es también conocido como ATM por sus iniciales en inglés Automated Teller Machine. Fue inventado por IBM en 1972" (Wikipedia).
Las operaciones que se pueden realizar en los cajeros automáticos son:
o Retiro de dinero en efectivo.
o Recarga del teléfono móvil prepago.
o Pago de servicios, como luz, agua, gas natural, televisión por cable, pago de colegiaturas.
o Pago de tarjeta de crédito.
o Compra de boletos de avión.
o Pago de impuestos.
o Consulta del estado de cuenta de la Afore.
o Transferir dinero de una cuenta a otra.
o Compra de boletos de la Lotería Nacional.
o Cambio de número confidencial (NIP).
La instalación del primer cajero automático en México tiene más de 40 años. En 1994 había 6 mil máquinas; para el año 2000, su número superó los 15 mil.
En junio de 2008, el Banco de México (Banxico) publicó que en el territorio existían 30 mil 945 cajeros automáticos instalados.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aseguró que al cierre del tercer trimestre de 2009, había 32 mil 446 cajeros automáticos; para el término del mismo periodo de 2010, eran casi 35 mil 639, de los cuales, HSBC cuenta con la red más grande de cajeros, con seis mil 503 unidades; le sigue BBVA Bancomer con cinco mil 829 unidades y Banamex, con cinco mil 786.
En junio pasado se celebraron los 44 años de la invención del cajero automático. En 1967 se instaló el primer cajero automático en el Banco Barclays de Londres. El sistema fue inventado por John Shepherd-Barron, y desarrollado por la compañía de seguridad De La Rue. En México, el primer cajero automático se instaló en 1972.
Estos han crecido considerablemente, sobre todo en centros comerciales y turísticos, aeropuertos, hospitales, escuelas, oficinas de gobierno, zonas fronterizas, terminales de autobuses, gasolineras, farmacias.
La tendencia creciente de los cajeros automáticos en nuestro país se debe a que las instituciones financieras necesitan expandir su presencia a lo largo del territorio a un bajo costo de operación, por lo que el cajero es una buena opción.
Pero no solamente las instituciones bancarias se han interesado por la instalación de cajeros, ya que por cada transacción realizada en el cajero automático se recibe una comisión; de ésta, un porcentaje es para el establecimiento según el esquema que se haya decidido.
Dicha comisión recibida se basa en la llamada Tarifa Surcharge que los cajeros cobran directamente al tarjetahabiente de otros bancos. Esta acción se enmarca en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Asimismo, el comercio o establecimiento se ve beneficiado por la derrama económica de los usuarios del cajero en el mismo lugar. El cliente es quien provee el espacio y la energía eléctrica.
Las comisiones que cobran los cajeros automáticos varían de acuerdo con la ubicación y el giro comercial donde se encuentran. En los cajeros instalados fuera de una sucursal bancaria, generalmente son mayores.
Las comisiones que cobran los bancos por retirar efectivo en cajeros automáticos distintos a los de la institución financiera de origen, van de los siete a los 36.36 pesos. Incluso, algunos cobran por usar sus cajeros después de determinado número de operaciones.
Por eso nos preguntamos que, si el uso del cajero automático significa un ahorro y, a su vez, una ganancia, sobre todo para el banco porque ahorra en el pago de personal, entre otros, entonces ¿porqué cobran cuotas tan altas por el uso de la tarjeta en el cajero?
Además, siempre predomina el interés de combatir los robos exprés en las sucursales, de la instalación de cajas de atención al público protegidas por vidrios de mayor altura y grosor, compartimentos individuales para cajeros automáticos, mejores cámaras de circuito cerrado, pero todo dentro de la institución. Por lo que corresponda fuera de ella, los cajeros automáticos están en mal estado y pasan a segundo término. Se protege más al dinero que al cliente.
Por ello, ya que cobran altas comisiones por el uso de cajeros automáticos, las instituciones de banca múltiple deberían ofrecer mayores garantías de seguridad y de eficiencia. Asimismo, tanto las autoridades financieras y bancarias como las de seguridad pública, están obligadas a exigir a los bancos brindar mayor protección para sus usuarios.
Cabe mencionar que en México las tarjetas de débito suman más de 30 millones, lo que significa un número importante de usuarios que merecen calidad de servicio y la seguridad de no ser afectados por el mal funcionamiento del cajero o por robo.
El caso particular, el de los cajeros automáticos, es muy representativo; como se ha mencionado, su expansión desde su instalación en México ha sido impresionante, pero este crecimiento también ha descuidado lo más importante, al usuario. La ubicación de los cajeros no ha tomado en cuenta muchas condiciones que en ciertos casos, ponen en riesgo al cliente y a su dinero.
Los robos en éstos, por diversos medios, cada vez son más frecuentes. Los métodos de cometer fraudes se han sofisticado. Además de que existe el asalto a los usurarios, en su mayoría a mano armada, también se comete a través de la alteración de los cajeros con la instalación de pantallas falsas; lo que nos preguntamos es que si existen cámaras de circuito cerrado, del banco o en los mismos cajeros, ¿porqué no se identifica cuando alguien los está alterando?; o no sirven las cámaras, no existe personal que se dedique a observar las terminales o simplemente no les preocupa, ya que las instituciones bancarias cuentan con seguros.
Algunos de los métodos más utilizados para producir fraudes y estafas en cajeros, es por medio del reemplazo de teclados por dispositivos que capturan la digitación del cliente, la filmación con microcámaras y capturas de tarjetas.
Lo recomendable es que los cajeros automáticos incorporen otros mecanismos que ayuden a aumentar la seguridad. Un ejemplo: la incorporación de soluciones biométricas, que se basan en la lectura de huellas digitales.
Debido al alarmante crecimiento de fraudes por medio de cajeros automáticos, no sólo en México sino en muchos países del mundo, se han clasificado los métodos utilizados por los delincuentes para cometer delitos de la siguiente forma:
o Método "Skimme". Se lleva a cabo mediante la captura del registro de bandas magnéticas de las tarjetas y claves personales, sin necesidad de que el delincuente tenga contacto con el usuario. Se utilizan abre puertas falsos y cámaras ocultas, que obtienen la información de la banda de la tarjeta; falsas lectoras y; frentes de cajeros alterados, que simulan ser una terminal convencional pero no funcionan, pero una vez que se utilizan ésta retiene los datos de la cuenta del usuario.
o Método "Pescador". Introduce un artefacto con forma de V en la lectora de tarjetas, el cual es adherido con un pegamento transparente. Cuando se ingresa la tarjeta, ésta se traba. En estos casos, los delincuentes ingresan al cajero y sugieren a los usuarios digite varias veces su clave personal (PIN) y, por último, pulsar la tecla Cancelar; esto permite al delincuente memorizar el PIN. Posteriormente, debido a que gran parte de los cajeros no cuenta o no sirve el teléfono, los clientes deciden retirarse al no poder obtener su tarjeta que se encuentra atorada. Es cuando los delincuentes, quienes alteraron el cajero, la recuperan y hacen uso de ella.
o Método "Trampa dispensadora de dinero". Opera con la obstrucción de la ventana de retiro del dinero, al ser colocado un pedazo de cartón que simula ser la ventana, lo cual bloquea la salida de dinero. Por lo regular, el usuario tiene la creencia que el cajero canceló la operación y se retira. Es cuando el delincuente desbloquea el dispensador de dinero y retira el efectivo.
o Método "Cámaras ocultas". Se utiliza la instalación de cámaras ocultas en cajas con folletos cercanos a la pantalla del cajero. Las microcámaras ocultas permiten visualizar prácticamente todo el frente del cajero, incluyendo el monitor y el teclado. Asimismo, éstas permiten el envío de una foto en forma inalámbrica hasta una distancia de 20 metros.
Ante este panorama y debido a la gran preocupación de los usuarios de cajeros automáticos por el incremento de delitos, es el momento para que las autoridades responsables y las instituciones bancarias conjunten esfuerzos para disminuir o erradicar esta práctica, que afecta gravemente el patrimonio de los clientes y usuarios.
Por ello, es importante que se consideren estrategias para la prevención y erradicación del delito de robo o fraude a usuarios o clientes de cajeros automáticos, como la implementada por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNC (Banjercito).
Banjercito utiliza un eficiente sistema centralizado de seguridad para proteger sus sucursales a nivel nacional, máquinas de cajeros automáticos seguras, oficinas centrales contra asaltos y fraudes.
Este sistema de seguridad permite una respuesta a robos en tiempo real mediante video digital observado por personal capacitado en un centro gerencial de monitoreo. Esta tecnología digital reduce los costos relacionados con la seguridad, a la vez que garantiza un monitoreo de todas las operaciones del banco todo el tiempo.
Estas medidas han permitido a Banjercito ofrecer un ambiente seguro para sus empleados y sus clientes, disminuyendo fraudes y facilitando cualquier investigación por ilícitos cometidos.
Muchas veces las instituciones de crédito escatiman en reforzar su seguridad, debido a que cuentan con seguros que cubren sus pérdidas.
El robo de un cajero para una entidad bancaria es un daño mínimo, debido a que existen seguros comprometidos, pero es la población la que sufre el daño más importante al generarse temor e inseguridad.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta soberanía sea aprobado el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que insten a las instituciones de banca múltiple para que los cajeros automáticos que no están dentro de las sucursales bancarias, se coloquen en un recinto especial en donde el usuario esté aislado, en una caseta o área especial; que pueda acceder mediante la lectura de la tarjeta en una puerta de seguridad; que cuente con iluminación suficiente y servicios de cámaras filmadoras de circuito cerrado y de líneas telefónicas para reportar de forma inmediata cualquier anomalía en el uso del cajero automático. Estas casetas o áreas deberán estar lo más alejado posible de un punto de congestión de personas, con el fin de evitar en la medida de lo posible la exposición de las personas ante cualquier eventualidad que se suscite alrededor del cajero automático.
Segundo. Que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que soliciten a las instituciones de banca múltiple se limiten única y exclusivamente a las operaciones de servicios de banca y crédito, retirando las opciones que impliquen la donación de dinero a cualquier causa, o similares, esto con el fin de reducir el tiempo del usuario en sus operaciones en el cajero automático y no exponerse a ser víctima de robo.
Tercero. Que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, exijan a las instituciones de banca múltiple que la carga del dinero al cajero automático se realice por la parte posterior de la caseta, en un compartimento especial para ello, evitando que esta práctica se lleve a cabo en la parte frontal del cajero automático, y que se destine un estacionamiento exclusivo para los vehículos de servicio de traslado de valores.
Cuarto. Que se exhorte a las autoridades competentes estudiar medidas de seguridad y experiencias de Banjercito, y de otros países, para que las instituciones de banca múltiple ofrezcan a sus clientes y usuarios medidas de seguridad y garantías, como seguros especiales para cubrirse.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de diciembre de 2011.
Diputado Jorge Arana Arana (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo General del IFE a emitir un acuerdo a fin de que en las elecciones federales y en las concurrentes locales de 2012 se reciban las credenciales para votar denominadas "03", suscrita por el diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía puntos de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La credencial para votar con fotografía surge con diversos fines, pero su principal objeto es el ser un mecanismo para el voto ciudadano, un instrumento que diera certeza y legitimara las elecciones de todos los niveles de gobierno.
Desde septiembre de 1992, el Instituto Federal Electoral ha emitido tres diferentes modelos de credencial para votar con fotografía. Sus características son similares entre sí y representan la evolución en la aplicación de nuevas tecnologías y la incorporación de elementos de mayor seguridad. Todo ello a fin de garantizar la integridad de datos y evitar su falsificación.
El siguiente cuadro identifica su año de emisión, así como su vigencia y las elecciones en las que han de recibirse.
* La "03" modelo A9 será vigente hasta el 31 de marzo de 2012.
** Las "09" del modelo A votarán en 2012, según lo decida y acuerde el Consejo General del IFE.
*** Para las "09" del modelo B se indica el año final de vigencia (10 años), sujeto a decisión y acuerdo del Consejo General del IFE.
Según acuerdo del Consejo General del IFE CG600/2009.
Los tres modelos de credencial son vigentes y válidos para ejercer el derecho al voto. Además, si sirven para votar, por extensión legal, también sirven como instrumento de identificación oficial, tal y como se estableció desde la emisión del primer modelo de credencial para votar con fotografía, con la excepción de la credencial "03", que pierde su capacidad de identificación a partir del 1 de enero de 2011.
Existe a la fecha 5.4 millones de ciudadanos que cuentan aún con la credencial "03", mismos que dejarían de votar en las próximas elecciones federales del 1 de julio de 2012.
Estos ciudadanos podrían ser un factor determinante en las elecciones federales de 2012, considerando la experiencia de que en las pasadas elecciones para presidente de la República, la diferencia entre el candidato triunfador y el que le siguió en votación, fue de tan sólo 243,934 votos.
Por acuerdo emitido por el Consejo General del IFE (CG224/2010), las llamadas credenciales "03" tendrán vigencia para el ejercicio del derecho al voto hasta la conclusión de las elecciones locales del 2011, o bien, a más tardar, hasta el 15 de enero de 2012.
Por mandato del mismo acuerdo, aplica una excepción para los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero que cuenten con la credencial para votar "03", previo registro en la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Ellos sí podrán emitir su voto para presidente de la República en las próximas elecciones federales del 1 de julio del 2012.
Considerando los antecedentes establecidos, se puede concluir que dicha decisión violenta los preceptos fundamentales de equidad y daña las garantías y derechos de los ciudadanos que en su momento cumplieron con la obligatoriedad de registrarse ante las instancias electorales existentes, y que por diversas causas no han podido actualizar su credencial "03".
Además de la incapacidad del Programa de Actualización de la Credencial de Elector "03", en donde los módulos de su estructura territorial cuentan con muy limitada capacidad para efectuar el trámite correspondiente.
Dicho acuerdo discrimina a un sector muy importante de ciudadanos con facultades y capacidades plenas para poder emitir responsablemente su voto, dejándolos ante la indefensión de no ejercer la facultad que le brinda la Constitución Mexicana en el artículo 35, que establece sobre las prerrogativas del ciudadano, fracción I, que dice al texto: Votar en las elecciones populares.
Asimismo, coarta la posibilidad y disponibilidad del ciudadano de poder cumplir con una obligación constitucional, contraviniendo sus propias disposiciones preliminares que establecen que el Instituto Federal Electoral dispondrá de lo necesario para asegurar el cumplimiento de las normas establecidas, así como los fines propios de la institución, que son el de contribuir al desarrollo de la vida democrática del país, llevar a cabo la promoción del voto y, sobre todo, el de asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones.
Considerando que conforme a lo previsto en el artículo 41, base V, párrafo 2, de la Constitución Mexicana, y 106, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo, de carácter permanente e independiente. Por lo que sus acuerdos y resoluciones son de total obligatoriedad en cuanto a los procesos electorales se refiere.
Y considerando la Tesis Aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, con número de registro 332474, que señala que es de universal doctrina que el poder de abrogar una ley es facultad de quien tuvo el poder de hacerla.
Por lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Que se exhorte al Consejo General del Instituto Federal Electoral a derogar el acuerdo CG224/2010.
Segundo. Que el Consejo General del Instituto Federal Electoral emita un nuevo acuerdo en el que se permita a los ciudadanos que cuentan con la credencial para votar con fotografía denominada "03" votar, por única vez, en las próximas elecciones federales del 1 de julio de 2012, así como en las concurrentes locales que coincidan con la fecha.
Tercero. Que prevalezca en el acuerdo la limitante de que a partir del 1 de enero de 2011, la credencial para votar "03" pierda su facultad de servir como identificación oficial.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de diciembre de 2011.
Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica)
con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a investigar por la SFP y la Sagarpa el caso de corrupción en que están involucrados cuatro altos funcionarios de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, así como a simplificar y transparentar la entrega de recursos a los productores del campo e incrementar el control sobre los servidores públicos de la dependencia y órganos desconcentrados, suscrita por los senadores Adolfo Toledo Infanzón y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, senadores Adolfo Toledo Infanzón y Ricardo Pacheco Rodríguez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno del Senado del a República la presente proposición con puntos de acuerdo, sustentado en las siguientes:
Consideraciones
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) es un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que fue creado a través de un decreto presidencial del 16 de abril de 1991. El propósito de esta entidad es impulsar la comercialización de la producción agropecuaria en beneficio de los productores del campo.
Las dos funciones primordiales son cubrir el fortalecimiento de la comercialización agropecuaria, por medio de una serie de instrumentos de carácter fiscal, jurídico y administrativo y en operar y administrar el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo).
Aserca tuvo un presupuesto en este año de 25 mil millones de pesos, es decir, la tercera parte de los más de 73 mil millones de pesos asignados a la Sagarpa. Este enorme monto es un reflejo de la importancia de este órgano para el campo.
Como consecuencia de esto, preocupa sobremanera el anuncio hecho por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el sentido de que fue descubierta una red de corrupción dentro de la Sagarpa, por lo que fueron destituidos cuatro servidores públicos, acusados de realizar pagos de manera irregular y sin cumplir con la normatividad.
De conformidad con lo publicado por un diario de circulación nacional, la SFP cuenta con expedientes relacionados con denuncias de organizaciones sociales y campesinas sobre corrupción en la asignación de apoyos al campo, además de que fueron detectados actos de simulación en los procedimientos de solicitud y entrega de apoyos modificando padrones y beneficiarios.
Entre las irregularidades halladas se encontrarían pagos injustificados por 44 millones de pesos del Programa de Apoyos Directos al Campo Tradicional, falta de documentación que justifique 5.6 millones de pesos otorgados a 577 servidores públicos de la Sagarpa como subsidios y la entrega de 149.6 millones de pesos a "personas morales" no identificadas.
Según el expediente R-012/2011 del Órgano Interno de Control de Aserca, al que habría tenido acceso el diario, los cuatro mandos fueron destituidos y sancionados con una multa de 678 mil pesos cada uno y podrían ser inhabilitados hasta por 10 años.
De acuerdo con fuentes de la SFP, las destituciones serían el primer paso para llegar al fondo de una red de corrupción operada por los mismos funcionarios en complicidad con productores e intermediarios, entre otros, y el daño al erario federal podría ser de miles de millones de pesos.
Con relación a lo anterior, dirigentes campesinos denunciaron que los servidores públicos encargados de operar la entrega de apoyos a los productores, exigen diversas cantidades a los beneficiarios que tienen derecho a apoyos económicos que ofrece el gobierno.
Aunado a lo anterior, líderes campesinos han señalado que los recursos de Aserca son ejercidos con una gran lentitud lo cual beneficia a los intermediarios que se aprovechan de la situación; de igual forma consideran que en el rezago para la entrega de recursos, puede influir la rigidez con la que opera la Sagarpa.
Ante ello, proponemos mediante punto de acuerdo que las investigaciones que efectúe la Secretaría de la Función Pública sean las más exhaustivas posibles, porque no es creíble que ante un desfalco tan grande sólo hayan participado cuatro servidores públicos; asimismo exhortar a que se finque responsabilidad penal en contra de los que resulten responsables.
También exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de simplificar y transparentar la entrega de recursos a los productores del campo y de tener más control en los servidores públicos.
En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo federal por medio del titular de la Secretaria de la Función Pública a investigar de manera exhaustiva el caso de corrupción en el que están involucrados cuatro altos funcionarios del órgano desconcentrado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), además de que se finque responsabilidad penal en contra de los implicados.
Segundo. El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal por medio del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a simplificar y transparentar la entrega de recursos a los productores del campo y de tener más control en los servidores públicos de la dependencia y órganos desconcentrados.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente,a 21 de diciembre de 2011.
Senadores: Ricardo Pacheco Rodríguez, Adolfo Toledo Infanzón (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a adicionar Tapachula, Huitla, Tuzantán, Mazatán y Hueheután, Chiapas, con la modificación de la fracción III del artículo 2o. del decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, suscrita por los diputados Carlos Martínez Martínez y Sami David David, de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRI, respectivamente
Los suscritos, Carlos Martínez Martínez y Sami David David, integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, respectivamente, en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 3o., fracción XVIII, 6o., fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones:
A. Que a través de los decretos por los que el Ejecutivo federal establece el esquema arancelario de transición al régimen comercial general del país para el comercio, restaurantes, hoteles y ciertos servicios situados en la franja fronteriza norte del país, así como en la región fronteriza, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1993, y sus modificaciones, se implantó un esquema arancelario de transición al régimen comercial general del país, que permitió establecer condiciones de largo plazo para el desarrollo de actividades comerciales y de servicios, mediante reglas claras y transparentes que facilitaron las operaciones de comercio exterior a los estados y a los municipios que se encuentran en la franja fronteriza norte y la región fronteriza, cuya vigencia concluyó el 31 de diciembre de 2008.
Para efectos del mencionado decreto se transcriben los siguientes preceptos:
Artículo 1. El presente decreto tiene por objeto establecer las fracciones arancelarias totalmente desgravadas del impuesto general de importación para la franja fronteriza norte y en la región fronteriza.
Artículo 2. Para efectos de este decreto se entiende por
I. Franja fronteriza norte, el territorio comprendido entre la línea divisoria internacional del norte del país y la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país en el tramo comprendido entre el límite de la región parcial del estado de Sonora y el Golfo de México, así como el municipio fronterizo de Cananea, Sonora.
II. Región fronteriza, los estados de Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo, y la región parcial de Sonora; la franja fronteriza sur colindante con Guatemala, y los municipios de Caborca, Sonora, Salina Cruz, Oaxaca, y Comitán de Domínguez, Chiapas.
III. Región parcial del estado de Sonora, la zona comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce actual del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste de Sonoíta; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa a un punto situado a 10 kilómetros al este de Puerto Peñasco; de allí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.
IV. Franja fronteriza sur colindante con Guatemala, la zona comprendida por el territorio de 20 kilómetros paralelo a la línea divisoria internacional del sur del país, en el tramo comprendido entre el municipio Unión Juárez y la desembocadura del río Suchiate en el Océano Pacífico, dentro del cual se encuentra la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, con los límites que geográficamente le corresponden.
V. Secretaría, la Secretaría de Economía.
Artículo 3. Las personas que se dediquen a actividades de la construcción, pesca, alimentos y bebidas, ubicadas en la franja fronteriza norte o en la región fronteriza y que cuenten con registro como empresa de la frontera, ante la secretaría, podrán importar en forma definitiva, en los términos de este decreto, las mercancías que en el mismo se señalan.
Lo anterior no aplica para las personas morales que tributen bajo el régimen simplificado previsto en el título II, capítulo VII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y las personas físicas que tributen bajo el régimen de pequeños contribuyentes, previsto en el título IV, sección III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Artículo 4. Para obtener el registro como empresa de la frontera, los interesados deberán presentar por escrito la solicitud correspondiente, en el formato y con los requisitos que al efecto se establezcan.
La secretaría emitirá la resolución correspondiente dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles, contado a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud correspondiente.
Artículo 5. Las mercancías y demás insumos necesarios para realizar las actividades señaladas en el artículo 3 del presente decreto originarias de países diferentes de Estados Unidos de América o Canadá, que se importen de manera definitiva a la franja fronteriza norte o región fronteriza estarán totalmente desgravadas del impuesto general de importación, en los siguientes términos:
I. Para las actividades de construcción y pesca:
B. Dicho esquema vigente de desgravación beneficia de forma sustancial a las importaciones que se destinan a dichas regiones, ya que implica, que a los territorios que comprenden la región fronteriza y la franja fronteriza norte se pueden importar aproximadamente mil 400 productos con tasas arancelarias de 0 o 5 por ciento de impuestos al comercio exterior (ad valórem), siempre que la fracción arancelaria donde se clasifiquen para su importación esté contemplada en el decreto.
C. El presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece entre los objetivos nacionales desarrollar una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios a precios accesibles mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, así como alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar empleos formales.
D. El Ejecutivo federal, en el decreto, establece extender en los estados y los municipios el desarrollo de las actividades comerciales y de servicios en la franja fronteriza norte y la región fronteriza, se estimó necesario revisar el esquema de desgravación arancelario con el objeto de dar continuidad al impulso de la competitividad económica, para lo cual se realizaron diversas consultas con las dependencias de la administración pública federal competentes en la materia y con el sector comercial y de servicios de dichas regiones, por lo que el 24 diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, con vigencia al 31 de diciembre de 2013.
E. Que la política de facilitación comercial implantada por el Ejecutivo federal se basa en los principios de transparencia, certidumbre jurídica, equidad, imparcialidad y uniformidad en la administración del marco normativo vigente, mejora regulatoria y simplificación operativa; y la dinámica de los cambios que enfrenta el comercio exterior del país, particularmente derivado de los eventos recientes de la economía mundial, hacen necesario que el Ejecutivo federal haga uso de sus atribuciones constitucionales para adoptar de inmediato acciones que permitan afrontar en mejores condiciones dichos cambios.
Que ante tal circunstancia, resulta indispensable adecuar y extender la política arancelaria a la región de la franja fronteriza sur, a fin de generar condiciones favorables que permitan a las empresas fortalecer su competitividad y reconvertirse para responder a las tendencias del mercado, al tiempo que alienten la inversión y la preservación de la planta productiva y el empleo.
F. Chiapas se coloca, debido a su situación geográfica, en una zona de alto riesgo y vulnerabilidad ante los fenómenos climáticos y otros desastres naturales, la crisis económica mundial causada por la globalización comercial., por esta razón, el gobierno del estado ha mostrado su preocupación implantando una política de emergencia para el desarrollo de la frontera sur, estableciendo puntos interno de control para vigilancia y revisión de las transacciones de comercio, la cual está sustentada en los siete cruces formales en la frontera sur (Ciudad Hidalgo, Talismán, Ciudad Cuauhtémoc, Carmen Xhan, Nueva Orizaba y Frontera Corozal) y 43 informales, donde el tránsito de personas y de mercancías se realiza sin control, pues se utilizan caminos de terracería, los cuales comunican a los dos países.
G. Por ello es inaplazable la construcción de los puntos internos de control y revisión, con la finalidad de filtrar el flujo de personas y mercancías que traspasan la frontera de forma irregular, hacia el centro del país e impidan la proliferación de actividades fuera de la ley. Con las acciones que el estado desarrolla en esta región, por lo que solicitamos se integren a la franja fronteriza Tapachula, Huehuetán, Tuzantán, Mazatán y Huixtla, a fin de iniciar el proyecto que se estima que tendrían un costo los cuatro puntos de control por implantar de mil 364 mdp.
La Cámara de Diputados en solidaridad con el proyecto del gobierno de Chiapas de extender el desarrollo de las actividades comerciales y de servicios en la franja fronteriza y la región sur del estado, estimó necesario asignar recursos en forma etiquetada en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, en el ramo 27, “Función pública”, mil millones de pesos, lo cual permitirá la implantación y creación de puntos internos de control, los cuales permitirán descongestionar las actuales e inoperantes instalaciones, donde se reubicarán las representaciones de dependencias federales.
H. Para Chiapas es de suma importancia que se extienda la vigencia de las tasas arancelarias y en especial en Tapachula, Huehuetán, Tuzantán, Mazatán y Huixtla, ya que sería gravemente afectado por sus condiciones, incrementando hasta en 30 por ciento los precios de productos de primera necesidad, perjudicando a los habitantes y a los turistas.
I. Finalmente, el Ejecutivo federal expresa en el Plan Nacional de Desarrollo que una política exterior responsable permitirá al país aprovechar las ventajas que brinda el entorno global para alcanzar mayores niveles de crecimiento y bienestar.
Establecer una estructura tributaria eficiente, equitativa y promotora de la competitividad, permitiendo encontrar fuentes alternativas de ingresos, así como hacer frente a las necesidades de gasto en desarrollo social y económico que tiene el país.
El sistema fiscal mexicano debe cumplir las siguientes características: o la eficiencia económica, reduciendo en lo posible el costo que los impuestos tienen sobre el bienestar y las decisiones de las familias y la iniciativa privada.
La simplificación de los impuestos, limitando los costos administrativos del sistema fiscal y promoviendo el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes.
La flexibilidad del sistema, brindando la capacidad de ajustarse rápida y adecuadamente a cambios en las condiciones económicas.
La transparencia, fomentando un diseño para la fácil y rápida identificación de las obligaciones fiscales, tanto para los contribuyentes como para las autoridades.
La equidad, dando un mismo trato fiscal a personas físicas y morales que están en condiciones económicas semejantes.
Por ello, el objetivo de la política tributaria del país será contar con los instrumentos más flexibles y neutrales posibles, capaces de ajustarse a las necesidades de recursos con efectividad y que respondan a condiciones de equidad y proporcionalidad.
Aunado al incremento generalizado de los precios en toda la República Mexicana, un incremento impositivo en dichas entidades provocaría un desequilibrio en la economía, reflejándose en graves perjuicios, no sólo a empresarios y comerciantes que posiblemente dejarían de invertir, sino a la población en general, quien finalmente ve reflejada la pérdida de su poder adquisitivo, por lo que el presente decreto a letra dice:
Artículo 2. Para los efectos de este decreto se entiende por
I. y II. ...
III. Franja fronteriza sur colindante con Guatemala, la zona comprendida por el territorio de 20 kilómetros paralelo a la línea divisoria internacional del sur del país, en el tramo comprendido entre el municipio Unión Juárez y la desembocadura del río Suchiate en el Océano Pacífico, dentro del cual se encuentra el municipio de Tapachula, Chiapas, con los límites que geográficamente le corresponden;
IV. a VIII. ...
Debe decir
Artículo 2. Para los efectos de este decreto se entiende por
I. y II. ...
III. Franja fronteriza sur colindante con Guatemala, la zona comprendida en el territorio de 20 kilómetros paralelo a la línea divisoria internacional del sur del país, en el tramo comprendido entre el municipio Unión Juárez y la desembocadura del río Suchiate en el Océano Pacífico, dentro del cual se encuentra el municipio de Tapachula, Huixtla, Huehuetán, Tuzantán y Mazatán, Chiapas, con los límites que geográficamente le corresponden;
IV. a VIII. ...
Por lo expuesto se solicita al Ejecutivo federal que, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 131 de la propia Constitución, 31 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4o., fracción I, de la Ley de Comercio Exterior, modifique el decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la franja fronteriza norte, solicitando que se tramiten como de urgente y obvia resolución los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a adicionar Tapachula, Huixtla, Tuzantán, Mazatán y Hueheután, Chiapas, modificando la fracción III del artículo 2o. del decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a instruir a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y Economía, y demás dependencias que correspondan, para que incorporen en el artículo 2o., fracción III, del decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2008 por la Secretaría de Economía.
Transitorio
Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de diciembre de 2011.
Diputados: Carlos Martínez Martínez, Sami David David (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la Segob, de la PGR y de la SSP ante la Primera Comisión de la Permanente para que expliquen la probable participación y subordinación existente entre ex trabajadores y trabajadores del gobierno federal con las agencias estadounidenses antidrogas, y de alcohol, tabaco y armas de fuego, así como del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, suscrita por el diputado José Luis Jaime Correa, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presenta ante esta soberanía, con fundamento en la facultad que le confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Derivado de las investigaciones que realiza el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a la operación "rápido y furioso", así como a la probable participación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en operaciones encubiertas de lavado de dinero con los carteles mexicanos, ha surgido información que podría estar relacionada con la probable violación al marco jurídico de nuestro país con respecto a la colaboración entre México y Estados Unidos para el combate a las redes de delincuencia organizada.
De manera reciente, altos mandos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de las Secretarías de Seguridad Pública federal y de Gobernación filtraron información a medios de comunicación nacional respecto a la probable participación de al menos 80 ex servidores públicos de áreas sensibles de inteligencia, investigación y análisis del gobierno mexicano que están realizando actividades "espías" al servicio de la Agencia Antidrogas (DEA), de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), y de la Agencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.
Asimismo, aseguran que los exfuncionarios mantienen un vínculo con funcionarios que tienen la tarea de espiar, recopilar información y dar seguimiento a temas específicos.
De confirmarse la probable colaboración de funcionarios y exfuncionarios mexicanos al servicio de las Agencias estadounidenses antes mencionadas, estaríamos frente a un asunto muy delicado, ya que se estaría actuando al margen de la ley y de los acuerdos bilaterales entre México y Estados Unidos en el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada.
Por todo lo expuesto se pone a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República, así como de la Secretaría de Seguridad Pública, ante la Primera Comisión para que informen todo lo relacionado con la probable participación y subordinación que existe entre extrabajadores y trabajadores del gobierno federal con las Agencias Estadounidenses de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF); del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); y la Agencia Antidrogas (DEA).
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 21 de diciembre de 2011.
Diputado José Luis Jaime Correa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se repudian las acciones de violencia contra Eva Alarcón Ortiz y Marcial Ortiz Valle, integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, a cargo de José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña y suscrita por Porfirio Muñoz Ledo, diputados del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, para que sea considerado como de urgente resolución atendiendo a las siguientes
Consideraciones
El pasado 7 de diciembre de 2011 por la madrugada, cerca del poblado de Rodesia, en el camino entre Petatlán y Tecpan de Galeana, en el sur de Guerrero, un grupo de hombres armados y con uniformes militares a bordo de una camioneta detuvo un autobús de pasajeros de la línea Futura con destino a Chilpancingo, capital de Guerrero. Tras interrogar a los pasajeros, obligaron a descender de la unidad a la señora Eva Alarcón Ortiz y al señor Marcial Bautista Valle, a quienes se llevaron con rumbo desconocido.
Ambos formaban parte de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, AC, (OCESP), de la cual el señor Bautista era presidente y la señora Alarcón, coordinadora. Los agraviados recientemente participaron en actividades contra la violencia y la impunidad que a nivel nacional que ha llevado a cabo del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
Por la forma en que se ejecutó este secuestro, de manera premeditada, selectiva, con información exacta y uso de armas de alto calibre, las organizaciones defensoras de derechos humanos consideran que la desaparición está relacionada con las actividades políticas de los ofendidos.
Los activistas se han dedicado la conservación de la flora y la fauna de la región. Destacan por su fortaleza para lograr el rescate del jaguar y del hábitat que lo aloja, la Sierra Madre del Sur. Han participado activamente en la discusión, acompañamiento e implementación de medidas para el respeto de los derechos de las comunidades campesinas e indígenas, en especial los relacionados con la conservación y el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales.
Desde hace varios años, la OCESP se ha dedicado al trabajo comunitario, la educación, la cultura, la gestión, la acción política, el cuidado, la conservación y el manejo sustentable de los bosques. Su desempeño ha encontrado reacciones arbitrarias y violentas por parte de grupos criminales dedicados a la tala ilegal y al narcotráfico, así como grupos locales de poder económico y autoridades de distintos órdenes de gobierno.
Es pertinente recordar que en diciembre de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia sobre el caso Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, miembros también de la OCESP, por la que declaró al Estado mexicano responsable de violar los derechos a la libertad, a la integridad, a las garantías judiciales y a la protección judicial de Cabrera y Montiel, y condenó a la nación a cumplir siete obligaciones, entre ellas, excluir la jurisdicción militar para procesar los casos de violaciones a los derechos de los civiles además de imponer el control de convencionalidad en los procesos judiciales.
El 4 de agosto de 2011, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum) solicitó a las autoridades estatales otorgar medidas de protección ante las amenazas que había recibido Eva Alarcón. El 5 de diciembre reiteró dicha solicitud.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en este sexenio 27 activistas han sido asesinados y 60 han sido detenidos arbitrariamente. Cabe también mencionar que en ocho días, varios integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad han sufrido atentados además del caso de Alarcón y Bautista: han sido asesinados Nepomuceno Moreno en Sonora y Trinidad de la Cruz en Michoacán; Norma Andrade en Chihuahua atacada y gravemente herida, y la simpatizante Julia Marichal ultimada en el Distrito Federal.
Por tal motivo, las organizaciones han afirmado que existe una "eliminación selectiva de activistas sociales". Esta forma específica de violencia amenaza con aumentar la impunidad en los casos de violaciones a los derechos fundamentales e inhibir el ejercicio de los derechos políticos y la búsqueda de justicia por parte de la ciudadanía.
Por las consideraciones antes expuestas sometemos a su consideración l siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Expresa su total repudio a las acciones de violencia contra la ciudadana Eva Alarcón Ortiz y el ciudadano Marcial Bautista Valle, coordinadora y presidente respectivamente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán y ofrece a los familiares de las víctimas todas las gestiones a su alcance a fin de coadyuvar a una solución pronta, expedita y justa del caso. Asimismo se compromete a llevar a cabo las acciones legislativas necesarias para garantizar los derechos humanos, la protección de los defensores y la adopción de normas específicas para la atención a las víctimas de la violencia.
Asimismo, manifiesta su preocupación por la situación de hostilidad y riesgo en la que llevan a cabo su labor las organizaciones defensoras de derechos humanos y se pronuncia por el cese inmediato de las agresiones y el hostigamiento a las víctimas, deudos y defensores.
Segundo. Exhorta al Ejecutivo federal para que instruya a las instituciones de seguridad pública, inteligencia, procuración de justicia y protección al medio ambiente para que, en el marco de las atribuciones que les brindan la Constitución y las leyes, conjunten esfuerzos e intensifiquen las labores de búsqueda e investigación para presentar con vida a Eva Alarcón Ortiz y a Marcial Bautista Valle, así como para detener a los responsables directos y a los implicados en la comisión de esta privación ilegal de la libertad y los delitos que resulten, con imparcialidad y estricto apego a derecho.
Tercero. Demanda al Ejecutivo federal dicte las medidas cautelares de protección específicas hacia la OCESP a fin de salvaguardar la integridad de sus miembros y la viabilidad de sus acciones.
Cuarto. Exhorta al gobierno de Guerrero a que instruya a las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y protección al medio ambiente para que, en el marco del orden jurídico nacional y estatal, emprendan las acciones necesarias a fin de encontrar a la ciudadana Eva Alarcón Ortiz y al ciudadano Marcial Bautista en integridad física; asimismo, para que detengan a los responsables de este artero delito y los sometan a proceso judicial.
Quinto. Considerando las graves y recientes agresiones en contra de defensores de derechos humanos, activistas y representantes campesinos e indígenas, entre otros actores sociales, se exhorta al gobierno federal a que implemente de manera urgente, en acuerdo con la sociedad civil, un mecanismo de medidas cautelares de protección permanente, responsable y oportuna a los ciudadanos que realizan este tipo de labor social y que están sujetos a condiciones de riesgo o sean objeto de amenazas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de diciembre de 2011.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la CFE ante el pleno de la Comisión Permanente para que explique los pagos que la paraestatal ha realizado por servidumbre de paso y derechos de vía, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 y 93, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a esa Presidencia, a su digno cargo, se cite a comparecer ante el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión al director general de la Comisión Federal de Electricidad, licenciado Antonio Vivanco Casamadrid, con base en las siguientes
Consideraciones
La Comisión Federal de Electricidad es una empresa del gobierno mexicano que genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para más de 35.2 millones de clientes, lo que representa más de 100 millones de habitantes, e incorpora anualmente más de un millón de clientes nuevos.
La empresa produce energía eléctrica utilizando diferentes tecnologías y diferentes fuentes de energético primario, con centrales termoeléctricas, hidroeléctricas, carboeléctricas, geotermoeléctricas, eoloeléctricas y una nucleoeléctrica.
Además, conduce la electricidad desde las centrales de generación hasta el domicilio de cada uno de sus clientes, por más de 755 mil kilómetros de líneas de transmisión y de distribución.
Al cierre de 2010, la Comisión Federal de Electricidad llevó el suministro de energía eléctrica a más de 190 mil localidades, con lo que el 97.60 por ciento de la población utiliza la electricidad y que, del 100 de su volumen de ventas, el 99 por ciento son ventas directas al público y el 1 por ciento restante se exporta y el sector doméstico comprende el 88.40 por ciento de sus clientes.
Es un hecho innegable que, es una de las empresas manejadas por el Estado, y por lo tanto debe ser una organización comprometida con la calidad, operada y dirigida por técnicos que cumplen ampliamente este principio en beneficio de los ciudadanos. La CFE, en pocas palabras, debía ser una empresa ejemplar desde cualquier punto de vista, un modelo de Transparencia y Rendición de cuentas por su importancia en la vida diaria de todos los mexicanos, sin embargo nuevamente, se ve envuelta en otro escándalo de corrupción.
Es el caso de la red de complicidades que conformaron elementos del Poder Judicial y de la paraestatal por la cual resolvían litigios en 10, 13 o 17 días para obligar a la CFE a pagar millonarias indemnizaciones por los derechos para instalar líneas de transmisión en predios particulares, los llamados servidumbre de paso y derechos de vía.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene documentadas en un expediente de 250 mil hojas, las maniobras que realizaron jueces, abogados y peritos para defraudar mil 320 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Sinaloa. Un juez fue consignado y dos más cesados, por estar involucrados en el fraude contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Sinaloa. Las investigaciones por parte de la Comisión Federal de Electricidad iniciaron en 2007, luego que se detectó que algunos jueces conocían del juicio que no eran de su distrito judicial. Sin embargo, permitieron que se realizaran los trámites jurídicos y fallaron en contra de CFE con la complacencia del jurídico de la paraestatal. El fraude en contra de la CFE asciende a mil 320 millones de pesos e involucra al menos a 60 funcionarios y ex funcionarios de la paraestatal, de las indagatorias relativas a los años 2008 a 2010, hay hasta el momento tres personas detenidas, Además del juez, también fue consignado el representante legal de la CFE en la divisional noroeste, y el perito en materia de topografía y valuación.
Estas irregularidades ya habían sido denunciadas por la Auditoría Superior de la Federación en la entrega del Informe de auditoría de la Cuenta Pública 2009 que se encuentra publicado desde el 20 de febrero de 2011 en su página web, en dicho informe se establece lo siguiente:
III.7.2.2.3. Comisión Federal de Electricidad
Indemnizaciones por servidumbre de paso y derechos de vía
Auditoría financiera y de cumplimiento: 09-1-18TOQ-02-0519
Resultados
En la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste, con motivo del pago de indemnizaciones por servidumbres de paso, costas y honorarios, se constató que en 13 de ellos correspondientes a 11 juicios por 383,879.2 miles de pesos, se presentaron omisiones e irregularidades en los procesos legales, en ocho de ellos por 329,782.0 miles de pesos la CFE no dio contestación a la demanda inicial, ni compareció a ninguna de las etapas del juicio, lo que derivó en daños ocasionados al patrimonio de la CFE; en un juicio por 22,144.0 miles de pesos, el apoderado legal de la CFE contestó a un juzgado distinto y aludió a una contraparte que no correspondía a la demanda interpuesta por la parte actora, lo que ocasionó que no se tuviera por contestada la demanda declarando en rebeldía a la CFE.
En relación con las irregularidades de dos juicios por 31,684.0 miles de pesos la ASF presentó dos denuncias de hechos; además, se constató que en 3 juicios mas la CFE presentó, en el ejercicio 2009, las denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República.
Asimismo, en dos juicios por 31,953.2 miles de pesos la CFE no compareció al incidente de liquidación de sentencia, con lo que se evidenció la falta de cuidado y diligencia del personal a cargo de los juicios, adscrito al Departamento Jurídico Divisional de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste.
En los 11 juicios citados por 383,879.2 miles de pesos, se detectó un patrón de conducta consistente en la falta de cuidado y diligencia de los apoderados legales de la CFE, en el desahogo de las demandas por servidumbre de paso y derechos de vía, principalmente en el estado de Sinaloa
Con el análisis de la documentación justificativa y comprobatoria de 29 pagos registrados en la posición financiera 3842 "Indemnizaciones por derechos de vía y servicios de paso", correspondientes a la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste, por 575,223.1 miles de pesos, se observó, con base en lo indicado en las resoluciones de las sentencias, que en 11 casos por 159,895.4 miles de pesos, existieron omisiones en la atención y desahogo de los juicios en contra de la CFE, de los cuales en siete casos por 124,220.9 miles de pesos los apoderados legales de la CFE contestaron la demanda inicial por la constitución de servidumbre de paso; no obstante, dejaron de acudir desde la audiencia de pruebas y alegatos.
En dos casos, por 14,923.6 miles de pesos no se desahogaron las pruebas presentadas por falta de interés ya que los abogados de la CFE no se presentaron.
Por dos juicios con un importe de 8,461.9 miles de pesos, la ASF presentó una denuncia de hechos; asimismo, se constató que la CFE presentó en el ejercicio 2009 las denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República por las irregularidades contenidas en dos juicios
En relación con dos expedientes por 20,750.9 miles de pesos, se observó que el personal de la CFE acudió a todas las instancias del juicio civil; sin embargo, las pruebas presentadas en incidente de liquidación fueron desechadas.
Se constato que en 17 expedientes, se encuentran inscritas las sentencias o convenios en el Registro Agrario Nacional o en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Sinaloa, y se encuentran pendientes de inscribirse las sentencias de 10 expedientes.
Además, se constató que la Oficina del Abogado General contrató a un despacho jurídico externo para la atención, administración y seguimiento de los juicios civiles y agrarios por los que se reclama el pago de indemnización por afectación de líneas de transmisión a cargo de la Gerencia Divisional, y la Gerencia de Asuntos Contenciosos informó que no se pactó el ingreso de los asuntos a Jurismática en el contrato celebrado con el despacho.
Todo lo anterior dio lugar al siguiente
Resumen de observaciones y acciones
Recomendaciones 3
Promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria 3
Se generaron ante el Órgano Interno de Control de la CFE en contra de los funcionarios que incumplieron con sus responsabilidades
Denuncias de hechos 3
09-0-17100-02-0519-09-001. Toda vez que se detectaron hechos que pudieran ser constitutivos de delito consistentes en que los abogados representantes de los intereses de la Comisión Federal de Electricidad, servidores públicos locales que participaron en la resolución del proceso judicial y particulares, ejecutaron actos e incurrieron en omisiones que implicaron que la Comisión Federal de Electricidad fuera condenada al pago de $9,540,000.00 (nueve millones quinientos cuarenta mil pesos 00/100 MN) por indemnización generada por una servidumbre legal de paso [resultado 5].
09-0-17100-02-0519-09-002. Toda vez que se detectaron hechos que pudieran ser constitutivos de delito consistentes en que los abogados representantes de los intereses de la Comisión Federal de Electricidad ejecutaron actos e incurrieron en omisiones que implicaron que la Comisión Federal de Electricidad fuera condenada al pago de $22'144,000.00 (veintidós millones ciento cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 MN) por indemnización generada por una servidumbre legal de paso.
09-0-17100-02-0519-09-003. Toda vez que se detectaron hechos que pudieran ser constitutivos de delito consistentes en que los abogados representantes de los intereses de la Comisión Federal de Electricidad ejecutaron actos e incurrieron en omisiones que implicaron que la Comisión Federal de Electricidad fuera condenada al pago de $8'461,890.65 (ocho millones cuatrocientos sesenta y un mil ochocientos noventa pesos 65/100 MN) por indemnización generada por dos servidumbres legales de paso, lo que dio lugar a un
Dictamen: negativo
La Comisión Federal de Electricidad no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la gestión financiera de las erogaciones por indemnizaciones por servidumbre de paso y derechos de vía, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: de 11 juicios, por los que se realizaron 13 pagos, por 383,879.2 miles de pesos, en ocho por 329,782.0 miles de pesos el personal de la CFE no contestó la demanda inicial ni compareció a ninguna de las etapas del juicio lo que ocasionó daños al patrimonio de la CFE; en un juicio por 22,144.0 miles de pesos, contestó a un juzgado distinto y a una contraparte que no correspondía; y en dos por 31,953.2 miles de pesos no se compareció al incidente de liquidación de sentencia; de otros 11 juicios, cuyos pagos ascendieron a 159,895.4 miles de pesos, en siete por 124,220.9 miles de pesos los apoderados legales de la CFE contestaron la demanda inicial, pero dejaron de acudir a las subsecuentes etapas procesales, en dos juicios por 14,923.6 miles de pesos no se desahogaron las pruebas presentadas por CFE por falta de interés y en dos casos por 20,750.9 miles de pesos no se presentaron las pruebas con las formalidades legales para la defensa de los intereses de la CFE; y, 27 juicios, por los que se erogaron 575,223.1 miles de pesos, no se registraron en el sistema institucional de jurismática de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste.
Como puede observarse ya había antecedentes de estos hechos, y ahora sabemos que derivado de estas denuncias, la Función Pública ha determinado que el monto del daño tan sólo en Sinaloa alcanza los 1,300 millones de pesos.
Por último, es probable que esta red de corrupción abarque otros estados de la República Mexicana, y que pueda dar lugar a montos superiores de daño patrimonial a la paraestatal.
Por esas razones, consideramos necesario que el director general de la Comisión Federal de Electricidad, licenciado Antonio Vivanco Casamadrid, comparezca ante el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para explicar, ampliamente, las implicaciones económicas y jurídicas que estas situaciones irregulares han provocado a la paraestatal y los avances que se tienen en las investigaciones del caso en Sinaloa así como para explicar si es un caso aislado o se está presentando en otras entidades.
Diputados: Esthela Damián Peralta, Emilio Serrano Jiménez, Avelino Méndez Rangel, Domingo Rodríguez Martell, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Florentina Rosario Morales, José Luis Jaime Correa, Nazario Norberto Sánchez, Arturo Santana Alfaro, Agustín Guerrero Castillo, Marcos Carlos Cruz Martínez, Juan Carlos Regis Adame, Martín García Avilés, Víctor Manuel Castro Cosío, Silvia Puppo Gastélum, Rigoberto Salgado Vázquez, Olga Luz Espinosa Morales, Gerardo Leyva Hernández, Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Luis Felipe Eguía Pérez, Indira Vizcaíno Silva, Filemón Navarro Aguilar (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la SHCP ante el pleno de la Comisión Permanente para que explique la situación actual de la deuda pública federal y de los estados, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 93, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a esa presidencia a su digno cargo, se cite a comparecer, ante el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, al secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor José Antonio Meade Kuribreña, a efecto de que explique la situación de la deuda pública nacional y de los estados y cómo evitar que los recursos obtenidos a través de endeudamiento, puedan utilizarse indebidamente en campañas políticas y no para proyectos que beneficien a la ciudadanía, lo anterior con base en las siguientes
Consideraciones
La deuda pública se convirtió en un serio problema en el país desde finales de 1982, cuando la deuda pública externa acumuló alrededor de 80 mil millones de dólares. Se enfrentó un problema grave de liquidez, al no contar el país con recursos para cubrir sus obligaciones en el pago del servicio de la deuda. Lo que provocó la primera gran crisis económica a la que nos enfrentamos los mexicanos.
La acumulación de deuda afecta grandemente la capacidad del gobierno federal para invertir y canalizar recursos al área social, renegociar la deuda externa con los distintos acreedores del país, utilizando diversos mecanismos (descuentos al capital, reducción de intereses, obtención de recursos frescos), ha logrado reducir el monto de los recursos destinados al servicio de la deuda hasta 24 por ciento del gasto público, lo que ha mejorando la inversión y el gasto social.
Desde 1982 se empezó a utilizar con más frecuencia un nuevo mecanismo de financiamiento: la deuda pública interna. No se le dio mayor importancia sino hasta finales de 1994, donde se convirtió en uno de los elementos clave que desencadenaron la crisis económica actual.
La deuda pública interna es utilizada por el gobierno para financiar su gasto público, y que ha generado las crisis de deudas que originan salida de capitales, devaluación del peso, incremento de la inflación y de las tasas de interés, etcétera. Lo que ha causado una gran pérdida del poder adquisitivo de la población.
La deuda pública, tanto interna como externa, a pesar de las renegociaciones, sigue siendo una enorme carga para las finanzas públicas; sólo el recurso destinado al desarrollo social es superior al porcentaje del pago de deuda; sin embargo, al desglosar desarrollo social en sus componentes se ve que los gastos en salud, seguridad social y combate a la pobreza son menores al pago que se realiza por servicio de la deuda pública.
Actualmente, el recurso destinado a deuda es superior a las participaciones que se reportan. Hay que recordar que se está hablando de 31 entidades federativas, un Distrito Federal y más de 2 mil 400 municipios en el país. Ingresos que para la mayoría de estos órganos de gobierno significan una buena parte del total de recursos que manejan.
Sólo se puede equiparar el gasto en deuda pública al gasto educativo. Esto nos da una idea de la magnitud de los recursos que, por destinarse al pago de deuda no se canalizan al gasto social. Dedicar 24 por ciento del gasto del gobierno federal a esta área es excesivo; teniendo en cuenta que somos un país con aproximadamente 54 millones de pobres, de los cuales 17 millones son pobres extremos, es decir, no tienen lo indispensable para sobrevivir.
Aún cuando la deuda pública tiene aspectos positivos con un manejo financiero adecuado, el costo de la misma es excesivo para las finanzas públicas y para la economía en su conjunto.
El pago del servicio de la deuda, es un porcentaje alto del total del gasto público. Lo que mantiene cautivos recursos que podrían destinarse a la inversión pública y al gasto social, tanto de la federación como de los estados y los municipios.
El saldo de las obligaciones financieras de los municipios del país se disparó 24.8 por ciento en 2010, revelaron cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
A diciembre del año pasado, los pasivos de los ayuntamientos ascendieron a 36 mil 708 millones de pesos, esto es, 11.65 por ciento del endeudamiento total de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal que es de 315 mil 016.7 millones de pesos al primer trimestre de 2011.
Del financiamiento que reciben los estados y municipios, 49.07 por ciento provino de la banca comercial, 43.9 por ciento de la banca de desarrollo, 5.74 por ciento de emisiones bursátiles y 0.63 por ciento de fideicomisos.
Los gobiernos de las entidades federativas y municipios dependen de manera importante de las transferencias del gobierno federal, el gasto federalizado representa cerca de 70 por ciento de la recaudación impositiva de la federación y una proporción considerable del esfuerzo tributario.
Sin embargo la opacidad y falta de rendición de cuentas prevalece en los estados y municipios en lo referente a la deuda pública, pese a que está respaldada en 77 por ciento con recursos federales y sólo 23 por ciento con recursos propios.
Alrededor del 50 por ciento de las entidades federativas establecen, en su ley de deuda pública, que no están obligadas a reportar al congreso local aquellas obligaciones que se amorticen en el mismo ejercicio fiscal. Incluso cuatro entidades federativas no tienen que reportar al congreso local deuda con periodo de vencimiento menor a 180 días.
Sólo algunas entidades mencionan que dichas obligaciones no deben exceder el periodo constitucional y ponen como límite a este tipo de financiamiento cinco por ciento de sus ingresos ordinarios. La mayor parte de las leyes no hacen mención al periodo constitucional o a algún límite para este tipo de financiamiento.
Hemos comentado ya que la deuda bien administrada representa crecimiento económico y bienestar de la población, sin embargo es destacable que no ha sido así, y como ejemplo tenemos el caso de la deuda pública de Coahuila, que ha resultado una demostración de la más clara opacidad, abuso de poder y corrupción.
El estado de Coahuila quedó hipotecado para más de 200 años después de que el gobierno de Humberto Moreira, dejara una deuda superior en 26 mil millones de pesos a la que públicamente había declarado como deuda registrada ante la SCHP por 8 mil 342.2 millones de pesos.
La mayor parte de esta deuda no tiene ninguna garantía, es de corto plazo y una parte, de por lo menos 3 mil millones de pesos se negoció con la banca mediante documentos presuntamente falsos, durante las negociaciones con los bancos, se exigió a Coahuila otorgar garantías de pago, toda vez que por mucho tiempo el gobierno ofreció información falsa sobre su situación financiera, lo que le permitió adquirir varios créditos e incrementar sus pasivos. La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), de la SHCP, presentó denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la presunta falsificación de los decretos del Congreso de Coahuila, con los cuales el gobierno del estado contrató dos créditos por más de 3 mil millones de pesos. La acusación contempla la supuesta falsificación de sellos de Hacienda y firmas de funcionarios para presentar ante los bancos el presunto aval de las autoridades.
Entre los cambios aprobados se encuentra la modificación del artículo 17 para crear un fideicomiso de pago a acreedores que afectará hasta 100 por ciento de los ingresos por el Impuesto Sobre Nómina (ISN). El Congreso del Estado aprobó destinar el 100 por ciento del ISN para facilitar la renegociación y pago de la deuda, el estado tiene que entregar íntegramente a sus acreedores este impuesto estatal. Según la reforma aprobada, el ISN no funcionará como garantía, sino como una cuenta de pago adicional a la que ya tienen algunos de los bancos sobre parte de las participaciones federales. Pero no sólo el ISN está comprometido: también 25 por ciento de las participaciones federales correspondientes al Ramo 33 y un porcentaje no definido de las pertenecientes al Ramo 28.
Pero este es sólo un ejemplo, no conocemos cuántos estados más de la república puedan estar en las mismas circunstancias, con un monto de deuda registrada ante hacienda y otra real.
¿Qué vamos a hacer cuando al fin conozcamos estos datos en su totalidad y descubramos que los montos de la deuda pública de los estados que de acuerdo a las cifras de hacienda al primer trimestre de 2011 era de 315 mil 016.7 millones de pesos, y en la que Coahuila sólo tenía 8 mil 342.2 registrados teniendo ocultos y sin registrar 26 mil millones equivalentes a 313 por ciento adicionales? Es tan alta que pone en riesgo la estabilidad financiera no sólo de los estados sino del país en su conjunto.
Por estas razones, consideramos que es indispensable que el secretario de Hacienda y Crédito Público comparezca ante el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para explicar, ampliamente, la situación de la deuda pública federal y de los estados y municipios, las implicaciones económicas y jurídicas que las situaciones irregulares que se presenten puedan provocar en el país y los mecanismos de prevención y control que proponen para controlar el endeudamiento excesivo, así como para evitar que se puedan utilizar indebidamente los recursos obtenidos vía financiamiento, para campañas políticas en lugar de proyectos que beneficien a la población, y los avances que se tienen en las investigaciones del caso Coahuila y si es un caso aislado o se está presentando en otras entidades.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de diciembre de 2011.
Diputados: Esthela Damián Peralta, Emilio Serrano Jiménez, Avelino Méndez Rangel, Domingo Rodríguez Martell, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Florentina Rosario Morales, José Luis Jaime Correa, Arturo Santana Alfaro, Nazario Norberto Sánchez, Agustín Guerrero Castillo, Marcos Carlos Cruz Martínez, Juan Carlos Regis A., Martín García Avilés, Víctor Manuel Castro Cosío, Silvia Puppo Gastélum, Rigoberto Salgado Vázquez, Olga Luz Espinosa Morales, Gerardo Leyva Hernández, Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Luis Felipe Eguía Pérez, Indira Vizcaíno Silva, Filemón Navarro Aguilar (rúbricas).