Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias federales y a las estatales del sector salud y de seguridad social a emprender acciones que garanticen a los deportistas profesionales un acceso eficaz a los servicios que proporcionan esas instituciones y, en especial, su incorporación en el Seguro Social, a cargo de la diputada Lily Fabiola de la Rosa Cortés, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada federal Lily Fabiola de la Rosa Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La seguridad social constituye un derecho humano reconocido en nuestra Constitución y en diversos instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Tal derecho constituye una condición sine que non para el desenvolvimiento de la vida de todo ser humano, mismo que garantiza a todo individuo, la certeza que ante una contingencia imprevista de salud, propia o de algún familiar, siempre tendrá el auxilio debido para hacer frente a la misma.

No obstante, a pesar de los grandes avances que se han dado para extender la cobertura de la Seguridad social a una mayor parte de la población, la realidad es que aún existen amplios sectores que carecen de la misma 1 y no digamos ya en la calidad de beneficiarios, sino incluso de los propios asegurados que a pesar de la existencia de una relación de trabajo carecen del derecho fundamental (y la obligación correlativa del Estado, así como de los patrones particulares) de que se les otorgue el acceso a la seguridad social.

Nos referimos, en concreto a aquellos trabajadores especiales que en función de su particular relación de trabajo se encuentran en una situación de desventaja frente a otros trabajadores. Esta categoría de trabajo incluye a aquéllos trabajadores como los deportistas profesionales, que prestan su trabajo por eventos o funciones y que pese a la existencia de una relación de trabajo, no disfrutan de derechos plenos a la seguridad social. En muchos casos, como ocurre con luchadores y boxeadores, los derechos a la seguridad social (cuando los hay) se limitan a la mínima atención sin tomarse medidas preventivas para evitar daños a futuro. No hablemos ya de derechos muchas veces inalcanzables como un seguro de Invalidez, de enfermedades no profesionales, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de vivienda, etc.

Todos estos seguros de los que disponen diversos trabajadores en función de su relación de trabajo, en la inmensa mayoría de los casos para los trabajadores deportistas profesionales son impensables. A nivel internacional, esta categoría de trabajadores se ubican en lo que se ha denominado “Trabajadores de la economía no estructurada” a la que en breve nos referiremos.

Fundamento jurídico

El derecho a la seguridad social se encuentra contenido en diversas normas de nuestro ordenamiento jurídico así como en diversos instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. En esta pluralidad de normas en materia de seguridad social se establecen sus alcances e implicaciones, así como los principios que deben seguirse durante su aplicación.

Nuestra Carta Magna prevé diversas disposiciones, tanto en lo que hace a la seguridad social, como en lo referente al deporte profesional, que es el principio orientador de esta Proposición con Punto de Acuerdo. En efecto, en su artículo 4o., último párrafo, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa:

Artículo 4o. constitucional, último párrafo: “(...) Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.”

En lo referente al derecho a la Seguridad social, el artículo 123 Constitucional, en su apartado A, fracción XXIX, establece que es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicio de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

Asimismo, la Ley del Seguro Social dispone en su artículo 2o. que “La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado”

Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13, fracción I, de la Ley del Seguro Social, prevé dentro del régimen obligatorio la figura de la incorporación voluntaria al Seguro Social para los trabajadores independientes, como profesionales.

Cabe precisar que de acuerdo con el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del IMSS 2010-2011, se tiene un registro de 14,898 trabajadores independientes cuya seguridad social depende de una decisión voluntaria, individual o colectiva y no de una obligación patronal por no existir una relación laboral. 2

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo en cuanto a los Deportistas Profesionales indica en su artículo 300 lo siguiente:

“Artículo 300.- Son obligaciones especiales de los patrones: I. Organizar y mantener un servicio médico que practique reconocimientos periódicos (...)”

Sin embargo, debe precisarse que tal beneficio que otorga el numeral antes citado, debe de ser conforme a lo establecido en el artículo 123 Constitucional, en su apartado A, fracción XXIX, antes citado.

En cuanto a la normativa internacional que tutela el acceso a la seguridad social como un Derecho Humano, son diversos los instrumentos internacionales en los que pueden encuadrarse las propuestas presentadas en el presente punto de acuerdo. Tales instrumentos, además, son obligatorios para el Estado mexicano en virtud de la ratificación o adhesión que de ellos ha hecho y en virtud de ser parte del derecho interno mexicano conforme al artículo 133 Constitucional que dispone:

“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.”

Por si fuera poco, al respecto existen criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que recalcan su obligatoriedad para el Estado mexicano y su supremacía por encima de las leyes federales. De este modo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido, entre otras, la tesis número P.IX/2007, instancia Pleno, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, abril 2007, que a la letra indica:

Tratados internacionales. Son parte integrante de la ley suprema de la unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. Interpretación del artículo 133 constitucional. La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario pacta sunt servanda, contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional.

No limitándonos con lo anterior, señalamos del mismo modo lo que recientemente ha considerado nuestro máximo tribunal como control de convencionalidad que obliga a los operadores de normas jurídicas de nuestro país, a aplicar de manera conjunta e integral tanto la Constitución, los Tratados Internacionales y la Jurisprudencia Internacional, tratándose de normas que protegen a los Derechos Humanos, en los cuales están contenidos, tanto el deporte profesional en su carácter de actividad laboral, como la seguridad social; los criterios jurisprudenciales a que se hace referencia son los siguientes:

Control de convencionalidad en sede interna. Los tribunales mexicanos están obligados a ejercerlo. Tratándose de los derechos humanos, los tribunales del Estado mexicano como no deben limitarse a aplicar sólo las leyes locales, sino también la Constitución, los tratados o convenciones internacionales conforme a la jurisprudencia emitida por cualesquiera de los tribunales internacionales que realicen la interpretación de los tratados, pactos, convenciones o acuerdos celebrados por México; lo cual obliga a ejercer el control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y las supranacionales, porque éste implica acatar y aplicar en su ámbito competencial, incluyendo las legislativas, medidas de cualquier orden para asegurar el respeto de los derechos y garantías, a través de políticas y leyes que los garanticen.

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito.

Amparo directo 1060/2008. **********. 2 de julio de 2009. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Sahuer Hernández. Ponente: Juan García Orozco. Secretario: Víctor Ruiz Contreras.

Tesis: XI.1o.A.T.47 K

Tesis Aislada

Asimismo:

Control de convencionalidad. Debe ser ejercido por los jueces del estado mexicano en los asuntos sometidos a su consideración, a fin de verificar que la legislación interna no contravenga el objeto y finalidad de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido criterios en el sentido de que, cuando un Estado, como en este caso México, ha ratificado un tratado internacional, como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus Jueces, como parte del aparato estatal, deben velar porque las disposiciones ahí contenidas no se vean mermadas o limitadas por disposiciones internas que contraríen su objeto y fin, por lo que se debe ejercer un “control de convencionalidad” entre las normas de derecho interno y la propia convención, tomando en cuenta para ello no sólo el tratado, sino también la interpretación que de él se ha realizado. Lo anterior adquiere relevancia para aquellos órganos que tienen a su cargo funciones jurisdiccionales, pues deben tratar de suprimir, en todo momento, prácticas que tiendan a denegar o delimitar el derecho de acceso a la justicia.

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo directo 505/2009. Rosalinda González Hernández. 21 de enero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Víctor Octavio Luna Escobedo.

Tesis: I.4o.A.91 K

Tesis Aislada

En virtud de la obligatoriedad antes señalada, hacemos ahora referencia a los principales instrumentos internacionales en los que se encuadra la presente Proposición con Punto de Acuerdo.

Declaración Universal de Derechos Humanos.

Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. En tratándose de Seguridad social señala lo siguiente:

“Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social , y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.”

Asimismo:

“Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

(...)”

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial

Este instrumento internacional es vinculante para el Estado mexicano a partir de su ratificación el 20 de febrero de 1975, y su publicación en el DOF el 13 de junio de 1975 (Promulgación). Para efectos de la presente iniciativa es importante por lo siguiente:

“Artículo 5

En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:

De la a) a la d)...

e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular:

De la i) a la iii)...

iv) El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales; (...)”

Declaración americana de los derechos y deberes del hombre

Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, Colombia en 1948. En su artículo XVI dispone:

“Artículo XVI. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.”

Protocolo Adicional a la Convención americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador)

Este instrumento internacional es vinculante para el Estado mexicano a partir de su ratificación el 16 de abril de 1996, y su publicación en el DOF el 1º de septiembre de 1998 (Promulgación). Para efectos de la presente iniciativa es importante por lo siguiente:

“Artículo 9 “Derecho a la Seguridad social”

1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.

2 . Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto.”

Conferencia Internacional del Trabajo, 89ª reunión, informe de la Comisión de Seguridad social, resoluciones y conclusiones relativas a la seguridad social.

En 2001 la Conferencia Internacional del Trabajo, compuesta de representantes de los Estados, empleadores y trabajadores, afirmó que la seguridad social “es... un derecho humano fundamental y un instrumento esencial para crear cohesión social... La protección social tiene también importantes efectos positivos en la sociedad en su conjunto al promover la cohesión social y un sentimiento general de seguridad entre sus miembros.” 3

Debe señalarse que a pesar de no ser un tratado internacional, este criterio emitido por la Conferencia Internacional del Trabajo es obligatorio para el Estado mexicano en relación con el control de convencionalidad antes señalado que implica la obligación del Estado mexicano de aplicar las normas internacional en materia de Derechos Humanos, ratificadas por México, conforme a la interpretación que de ellas hagan los Tribunales Internacionales u órganos especializados en la materia.

Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos

Este instrumento internacional es vinculante para el Estado mexicano a partir de su adhesión el 23 de marzo de 1981, y su publicación en el DOF el 20 de mayo de 1981. Para efectos de la presente iniciativa es importante por lo siguiente:

“Artículo 9

Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.”

Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (en adelante Comité DESC), elaboró en su 39º período de sesiones (2007) la Observación general Nº 19 relativa al derecho a la seguridad social. Dicha Observación General es obligatoria para el Estado mexicano, pese a no ser un tratado Internacional, en virtud del Control de la Convencionalidad al cual están obligados todos los servidores públicos del Estado y que implica, entre otras cosas, la obligación de aplicar imperativamente los criterios, jurisprudencia y/o opiniones vertidas por los órganos internacionales especializados en tratándose de los Instrumentos Internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano.

En dicha observación, el Comité DESC realiza una interpretación amplia, destacándose lo siguiente:

“El derecho a la seguridad social incluye el derecho a no ser sometido a restricciones arbitrarias o poco razonables de la cobertura social existente, ya sea del sector público o del privado, así como del derecho a la igualdad en el disfrute de una protección suficiente contra los riesgos e imprevistos sociales...Si bien los elementos del derecho a la seguridad social pueden variar según las diferentes condiciones, hay una serie de factores fundamentales que se aplican en todas las circunstancias, según se indica a continuación: (...) El derecho a la seguridad social es de importancia fundamental para garantizar a todas las personas su dignidad humana cuando hacen frente a circunstancias que les privan de su capacidad para ejercer plenamente los derechos reconocidos en el Pacto. El derecho a la seguridad social incluye el derecho a obtener y mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en especie, sin discriminación, con el fin de obtener protección, en particular contra: a) la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar; b) gastos excesivos de atención de salud; c) apoyo familiar insuficiente, en particular para los hijos y los familiares a cargo.” 4

De gran importancia es lo que frente al principio de no discriminación comenta el Comité DESC: “De conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto, los Estados Partes deben tomar medidas efectivas, y revisarlas periódicamente en caso necesario, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para realizar plenamente el derecho de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, a la seguridad social, incluido el seguro social. La formulación del artículo 9 del Pacto indica que las medidas que se utilicen para proporcionar las prestaciones de seguridad social no pueden definirse de manera restrictiva y, en todo caso, deben garantizar a toda persona un disfrute mínimo de este derecho humano.” 5

En este sentido, no habría justificación alguna para que en algunos casos la relación de trabajo permitiera proporcionar a unos trabajadores la mayor protección en tratándose de seguridad social y, en otros casos (como ocurre con los deportistas profesionales) se carezca en gran medida, de los mínimos exigidos para la seguridad social aún y cuando en ambos casos nos encontramos ante una relación laboral. En estos casos podemos hablar de una violación al principio de no discriminación y, consecuentemente, en una derivación de responsabilidad internacional para el Estado mexicano.

Aunado a lo anterior, como comenta el Comité DESC: “La obligación de los Estados Partes de garantizar que el derecho a la seguridad social se ejerza sin discriminación (párrafo 2 del artículo 2 del Pacto) y en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres (art. 3) se extiende a todas las obligaciones previstas en la parte III del Pacto. El Pacto prohíbe toda discriminación, de hecho o de derecho, directa o indirecta, por motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física o mental, estado de salud (incluido el VIH/SIDA), orientación sexual, estado civil o cualquier otra condición política, social o de otro tipo que pretenda o tenga por efecto anular o menoscabar el igual disfrute o el ejercicio del derecho a la seguridad social.”

Ahora bien, en cuanto a los sujetos destinatarios de la seguridad social, un Estado debe de conceder la mayor prioridad a aquellos sectores que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad pues “Aunque toda persona tiene derecho a la seguridad social, los Estados partes deben prestar especial atención a las personas y los grupos que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho , en particular las mujeres, los desempleados, los trabajadores insuficientemente protegidos por la seguridad social, las personas que trabajan en el sector no estructurado, los trabajadores enfermos o lesionados, las personas con discapacidad, las personas de edad, los niños y adultos a cargo, los trabajadores domésticos, las personas que trabajan en su domicilio, los grupos minoritarios, los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos, los repatriados, los no nacionales, los presos y los detenidos.” 6

Respecto de los trabajadores insuficientemente protegidos por la seguridad social, el Comité DESC ha señalado que “Los Estados partes deben tomar medidas, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para que la cobertura de los sistemas de seguridad social se extienda a los trabajadores insuficientemente protegidos por la seguridad social, como los trabajadores a jornada parcial, los trabajadores ocasionales, los empleados por cuenta propia y las personas que trabajan en su domicilio. En los casos en que los planes de seguridad social para estos trabajadores se basen en la actividad profesional, estos planes deben adaptarse de manera que los trabajadores tengan condiciones equivalentes a las de los trabajadores a jornada completa comparables. Salvo en el caso de los accidentes laborales, esas condiciones podrían determinarse en proporción a las horas de trabajo, a las cotizaciones o a los ingresos, o mediante otro método apropiado. Cuando los planes basados en la actividad profesional no proporcionen una cobertura adecuada a estos trabajadores, el Estado Parte tendrá que adoptar medidas complementarias.” 7

En lo que atiende a la economía no estructurara el Comité DESC ha considerado que: “Los Estados Partes deben adoptar medidas, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para que la cobertura de los sistemas de seguridad social se extienda a las personas que trabajan en la economía no estructurada. La economía no estructurada ha sido definida por la Conferencia Internacional del Trabajo como “el conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que, tanto en la legislación como en la práctica, están insuficientemente contempladas por los sistemas estructurados o no lo están en absoluto”. Este deber es particularmente importante en los casos en que los sistemas de seguridad social se basan en una relación laboral formal, una unidad empresarial o una residencia registrada. Estas medidas podrían incluir: a) la eliminación de los obstáculos que impiden el acceso de esas personas a los planes de seguridad social no tradicionales, como el seguro comunitario; b) el otorgamiento de un nivel mínimo de cobertura de riesgos e imprevistos con una expansión progresiva con el tiempo; y c) el respeto y el apoyo a los planes de seguridad social desarrollados en el marco de la economía no estructurada, como los planes de microseguro y otros planes de microcrédito afines. El Comité observa que en algunos Estados Partes con importantes sectores de economía no estructurada se han adoptado programas que atienden las necesidades del sector no estructurado, por ejemplo proporcionando planes de pensiones y de salud universales que incluyan a todas las personas.”

Debemos de señalar que el Estado tiene, en tratándose de Derechos Sociales, fundamentalmente obligaciones de carácter positivo que implican un “hacer” de parte de él, a diferencia de lo que ocurre con los derechos civiles y políticos en donde la actuación del Estado, en la mayor parte de los casos, se implica una obligación de “no hacer” o “abstención”. Si bien es cierto que tanto en uno como en otro caso, en realidad existen tanto obligaciones de hacer como de no hacer, en tratándose de los derechos sociales las obligaciones son por lo general de “hacer”. 8

Pues bien, el derecho a la salud, el deporte y la seguridad social son especies de los llamados “Derechos sociales” frente a los cuales el Estado tiene el deber de hacerlos efectivizar de manera progresiva (o como se dice en la doctrina: hacerlos justiciables), 9 para que cada vez más personas puedan beneficiarse de los mismos.

En cuanto a las obligaciones tradicionales del Estado en materia de Derechos Humanos, esto es, respecto de las obligaciones de respetar, investigar, sancionar y garantizar.

La forma en cómo un Estado puede vulnerar Derechos Humanos puede ser tanto por acción como por omisión. En este último caso, cuando el Estado no adopta las medidas necesarias para efectivizar un derecho reconocido tanto en su propio ordenamiento nacional como en los distintos instrumentos de Derechos Humanos de carácter internacional, la consecuencia es la responsabilidad internacional del Estado por la violación a los Derechos Humanos de los gobernados (vía omisión).

En efecto, nuestro Poder Judicial de la Federación ha sostenido ya que “si bien los Jueces y tribunales mexicanos -en principio- quedan sujetos a la observancia y aplicación del imperio de las disposiciones nacionales, cuando el Estado Mexicano ha ratificado un tratado internacional -como la Convención Americana- como parte del aparato del Estado que son, también quedan sometidos a ésta; por tanto, están obligados a velar porque los efectos de las disposiciones que la integran no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, mediante el ejercicio del control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más aún, la interpretación que de esa convención hubiese realizado la Corte Interamericana, como su último intérprete...” 10

Ahora bien, el Control de Convencionalidad al que están obligadas todas las autoridades del Estado mexicano se actualiza también “cuando el Estado no ha cumplido con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2 de la Convención) para garantizar con efectividad el ejercicio de los Derechos Humanos reconocidos en la Convención, la Corte Interamericana en sentencia le ordena al Estado adoptar medidas legislativas (leyes internas) o de otro carácter que fueren necesarias para obtener dicha efectividad.” 11

El no cumplimiento de la normatividad a la que está obligado el Estado por vía de la omisión es lo que ha sido denominado “omisión legislativa absoluta”, en este caso ocurre que la vulneración a una obligación internacionalmente asumida por el Estado se actualiza por inexistencia de actuación del Estado frente a la obligación a la que se encuentra sujeto. 12

En tratándose de la seguridad social, es obligatorio que el Estado adopte medidas progresivas tendientes a extender este derecho cada vez a la mayor cantidad de personas. Actualmente, en nuestro país, todavía una inmensa cantidad de individuos se encuentran exentos de la cobertura de la seguridad social. Las limitaciones económicas que pueda tener un Estado no resultarían justificables cuando a través de diversos instrumentos como el seguro voluntario, podría ampliarse la cobertura a la seguridad social a través de los particulares que disponen de los servicios laborales de trabajadores independientes a su disposición.

En este sentido, el suscrito, consciente de la compleja problemática que viven los deportistas profesionales en materia de seguridad social, vertiendo las consideraciones jurídicas y sociales antes señaladas, acudo a esta tribuna para solicitar su respaldo para la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a las dependencias federales y estatales del sector salud y de seguridad social para que en el ámbito de sus respectivas competencias, emprendan acciones que garanticen que los deportistas profesionales tengan un acceso eficaz a todos y cada uno de los servicios que proporcionan esas instituciones, en especial, en su incorporación dentro de lo que es el seguro social en sus respectivas modalidades.

Notas

1 En múltiples ocasiones, el Congreso de la Unión se ha pronunciado por diversos medios a efecto de que tal desigualdad existente pueda reducirse. El Senado de la República recientemente considero que “la seguridad social es un tema fundamental en el bienestar de la población en general. De acuerdo con datos oficiales en México, más del cincuenta por ciento de la población no cuenta con cobertura de seguridad social, ya sea del IMSS, el ISSSTE o alguna otra institución, fenómeno que hoy representa uno de los retos más importantes del Estado, transitar a un sistema universal de seguridad social para todos.” Proposición con punto de acuerdo de la Comisión de Seguridad social del Senado de la República, en relación a la Seguridad social de Deportistas Profesionales, aprobado el 11 de octubre de 2011. Del mismo modo, es de destacar la reciente aprobación hecha por el Senado de la República del “Proyecto de Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo para el Acceso de Artistas, Creadores y Gestores Culturales a la Seguridad Social” en la cual se propone la creación de un fideicomiso que tendrá por objeto otorgar un apoyo económico a los artistas, creadores y gestores culturales para su incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social. Dicha minuta se encuentra remitida a la Cámara de Diputados para efectos de continuar el trámite legislativo respectivo.

2 Ibídem.

3 Conferencia Internacional del Trabajo. 89ª reunión, 2001. Informe VI, Seguridad social: temas, retos y perspectivas. Pág. 18. ONLINE. Consultado el 17/11/11 en: http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc89/pdf/rep-vi.p df

4 Comité de Derechos Humanos. Observación General No. 19. El derecho a la seguridad social (artículo 9). 39º periodo de sesiones (2007)”. En: Recopilación de las observaciones generales y recomendaciones generales adoptadas por órganos creados en virtud de tratados de Derechos Humanos. Volumen I. Naciones Unidas, ONO. Pág. 181.

5 Ibídem.

6 Comité de Derechos Humanos. Observación General No. 19. Ob. Cit. Pág. 187.

7 Comité de Derechos Humanos. Observación General No. 19. Ob. Cit. Pág. Pág. 188.

8 “Puede reconocerse que la faceta más visible de los derechos económicos, sociales y culturales son las obligaciones de hacer, y es por ello que a veces se les denomina «derechos prestación». Sin embargo, no resulta difícil descubrir cuando se observa la estructura de estos derechos la existencia concomitante de obligaciones de no hacer: el derecho a la salud conlleva la obligación estatal de no dañar la salud; el derecho a la educación supone la obligación de no empeorar la educación; el derecho a la preservación de un medio ambiente sano implica la obligación de no destruir el medio ambiente... desde ya adelantamos que muchas de las acciones legales tendentes a la aplicación judicial de los derechos económicos, sociales y culturales se dirigen a corregir la actividad estatal cuando ésta incumple con obligaciones de no hacer. En suma, los derechos económicos, sociales y culturales también pueden ser caracterizados como un complejo de obligaciones positivas y negativas por parte del Estado, aunque en este caso las obligaciones positivas revistan una importancia simbólica mayor para identificarlos.” Abramovich, Víctor y Christian Courtis. Los derechos sociales como derechos exigibles. Trotta. 2ª Ed. 2004. Pág. 25.

9 Abramovich, Víctor y Christian Courtis. Ob. Cit. Pág. 21.

10 Amparo directo 1060/2008. Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, correspondiente al 2 de julio de 2009. Morelia, Michoacán. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010. Página: 2079 y ss.

11 Ibídem.

12 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2011.

Diputada Lily Fabiola de la Rosa Cortés (rúbrica)