Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3403-VI, jueves 1 de diciembre de 2011


Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades federales y estatales a respetar el estado de derecho en la disputa por la construcción del Acueducto Independencia, en Sonora, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputados federales Claudia Edith Anaya Mota y Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracciones I, III, IV y V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la siguiente proposición con puntos de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, 1 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2010, estableció en el artículo vigésimo tercero lo siguiente:

Vigésimo Tercero. La liberación de los recursos públicos que en cualquier modalidad han sido aprobados en el presente decreto para la realización de la obra “Acueducto Independencia”, con la finalidad de llevar agua de la presa Plutarco Elías Calles, “El Novillo”, a la Ciudad de Hermosillo, Sonora, deberá contar con el proyecto ejecutivo correspondiente y la autorización previa y resolución favorable por parte de las autoridades competentes, que en su caso apliquen en materia de:

A) Evaluación del impacto ambiental;

B) Manifestación de impacto regulatorio;

C) Prevención, mitigación y compensación de los daños a la ecología y al medio ambiente en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y

D) El estudio geológico autorizado por las autoridades correspondientes.

Por otro lado, deberá acreditar ante las autoridades federales correspondientes el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para la realización de la obra y que cuenta con los títulos de posesión de los derechos de vía de paso que correspondan para la misma.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le asignó 400 millones de pesos. De acuerdo con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales la obra tendrá un costo total de 3 mil 800 millones de pesos.

Por su parte, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el artículo 51, párrafo cuarto, establece:

Artículo 51. La Tesorería de la Federación, por sí y a través de sus diversas oficinas, efectuará los cobros y los pagos correspondientes a las dependencias.

...

El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría, podrá disponer que los fondos y pagos correspondientes a las entidades, se manejen, temporal o permanentemente de manera centralizada en la Tesorería de la Federación. Asimismo, podrá suspender , diferir o determinar reducciones en la ministración de los recursos, cuando las dependencias y entidades no cumplan con las disposiciones de esta Ley y el Reglamento o se presenten situaciones supervenientes que puedan afectar negativamente la estabilidad financiera , reportando al respecto en los informes trimestrales.

Señalamos lo anterior, en virtud de que el gobierno del estado de Sonora, encabezado por Guillermo Padrés, recibió recursos de la federación para la construcción del Acueducto Independencia, y de acuerdo con la juez octavo de distrito, María del Rosario Alcántara Trujillo, con sede en Ciudad Obregón, Sonora, la obra dejaría a los agricultores del municipio de Cajeme sin agua para el desarrollo de la agricultura, lo que generaría desempleo, migración y aumento en los niveles de pobreza de la región.

La juez ordenó resolución definitiva para suspender la construcción del Acueducto Independencia, con el cual se pretendía dotar a los habitantes de Hermosillo de 75 millones de metros cúbicos anuales de agua proveniente de los municipios de Soyopa y San Pedro de la Cueva. Obra de 130 kilómetros de longitud entre la presa El Novillo y la capital sonorense

La resolución obedece a que desde el catorce de marzo el Gobernador Guillermo Padrés Elías se encuentra en desacato de suspensión provisional que prohibía continuar los trabajos de construcción del acueducto, dictada por la misma juez el pasado treinta y uno de agosto.

La juez María del Rosario Alcántara Trujillo 2 resolvió ordenar de inmediato al fondo de operación de obras del Sonora Sí, suspender los trabajos de la mencionada obra y dio vista al agente del ministerio público federal “para que haga valer lo que a su representación corresponda”, e inicie una averiguación previa contra las autoridades.

La decisión de la juez 3 implica frenar los trabajos, ya que queda sin efecto la licitación de la obra que se anunció el 6 de octubre de 2010 y en la cual se adjudica su construcción a un consorcio de 16 empresas sonorenses. Además, un acuerdo publicado el 24 de mayo por el juzgado octavo de distrito solicita a la mencionada autoridad encargada de la obra que gire instrucciones a quien corresponda a fin de dar cabal cumplimiento al anterior ordenamiento.

A pesar de todo lo anterior, y desde entonces, el presidente de la República, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua, por razones político-partidarias y distantes de la ley, se pronunciaron y se comprometieron con la conclusión de la obra.

Por su parte, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, el 11 de marzo de este año, en reunión con sectores productivos en el Centro Cultural Musas, señaló que la obra, es una acción “necesaria y urgente”, 4 asimismo, aseveró estar convencido de que el trasvase de agua entre cuencas dentro del propio estado de Sonora no daña a nadie y se comprometió a continuar apoyando al Sonora SI –que es el Fondo de Operación de Obras estatal.

El pasado jueves 20 de octubre 5 el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada, en el foro internacional Desde lo local, aseguró que los recursos financieros para concluir la construcción del Acueducto Independencia están garantizados, cuando la obra presenta un avance del 50 por ciento, señalo que en el caso del agua, sí se puede transferir las concesiones de un ámbito agrícola o industrial, hacia un ámbito del uso público municipal” sin embargo, y con respecto a la situación legal del proyecto del Acueducto, el Secretario no emitió comentario alguno

A su vez, el director general de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, en comunicado de prensa 071-11, 6 de fecha 3 de octubre de 2011, informó que la construcción del Acueducto Independencia lleva un avance de 45 por ciento, que la construcción es un asunto de seguridad nacional y reitero el apoyo financiero al gobierno panista de Sonora.

El Director detalló que se continúa con la construcción de caminos para el traslado de maquinaria, equipos y materiales, así como de zanjas para la instalación de la línea de conducción de agua y que La obra se acredita con el registro en la cartera de proyectos de la Unidad de Inversiones de la SHCP, número 1016B040002, y se encuentra inscrita dentro de los programas y proyectos de inversión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, lo cual lo que significa que la cantidad de recursos en el 2012 se realizará, a pesar de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 y del juicio en curso.

Lo anterior demuestra que la obra es prioridad para los gobiernos federal y estatal panistas acosta del Poder judicial estatal y de los legítimos intereses de los habitantes de los municipios del sur del estado.

La obra continua bajo el argumento de que el agua debía utilizarse de forma prioritaria para el consumo humano y las extracciones de la presa El Novillo no pondrían en riesgo la actividad agrícola.

La resolución, ya lo anunció el gobierno del Estado, será combatida en la segunda instancia de un tribunal colegiado, donde el gobierno presume estar seguro de que ganará el proceso judicial, al demostrar que constitucionalmente el agua debe usarse de forma prioritaria para el consumo humano de acuerdo con lo estipulado en la Constitución Mexicana.

Lo anterior, se encuentra fuera de tiempo jurídico, ya que la reforma constitucional del derecho humano al agua y a un ambiente sano el Senado de la República lo aprobó y lo turnó el 29 de septiembre del presente a revisión al Constituyente Reformador que representan los congresos de los estados, lo cual lo hace un argumento notoriamente inaceptable.

Cabe destacar que la obra contempla tres etapas, que son preparación del sitio –levantamiento topográfico, maniobras de acarreo, entre otras–; la construcción –tendido de tubería, excavación y varios procesos más–; y la operación y mantenimiento –con la extracción de agua de la presa, la conducción, etcétera.

La obra fue licitada a favor de Exploraciones Mineras del Desierto, SA de CV; 7 con registro federal de contribuyentes EMD-950206-SRA; domicilio Del Cobre s/n, 95, Parque Industrial, Hermosillo, Sonora, CP 83290; giro u objeto social de la empresa: construcción de obras civiles, arrendamiento y venta de maquinaria y equipo. Cuenta con empresas asociadas: Representante Exploraciones Mineras del Desierto, SA de CV, Samuel Fraijo Flores. Mezquite Construcciones, SA de CV, Francisco López Contreras. Terracerías, Construcciones y Vías Férreas, SA de CV, Miguel Ángel Ayala Guerrero. Constructora Miramar, SA de CV, Fernando Gutiérrez López. Inmobiliaria Carlos Alberto, SA de CV, Fernando Gutiérrez Cohen. Tecnoasfaltos y Terracerías, SA de CV, Alberto Mendívil Baranzini. Proyectos y Consultorías del Desierto, SA de CV, Carlos Alfonso Peñúñuri Soto. Gluyas Construcciones, SA de CV, Marcos Francisco Gluyas Solórzano. Constructora Trax, SA de CV, Jesús Roberto Sitten Ayala. La Azteca Construcciones y Urbanizaciones, SA de CV, José María Gallegos Campoy. Grupo Krene, SA de CV, Vernon Pérez Rubio Artee. Afel Constructores, SA de CV, Vernon Pérez Rubio Artee. Desarrollos Tecnológicos del Noroeste, SA de CV, Martín Alberto Flores Huerta. CSI Ingenieros México, SA de CV, Juan Ángel Cameto Umpierrez. Acuícola del Desierto, SA de CV, Armando Fraijo Flores. Proyectos y Supervisión JH Romero, SA de CV, Jesús Heriberto Romero Feliz. La licitación, de acuerdo con la juez Alcatara Trujillo, es ilegal y se ordenó su reposición.

Como sostenemos, esta obra se llevará a cabo por sobre lo que sea necesario.

En abono a nuestro argumento central, el 4 de febrero de este año se desarrollo una consulta pública sobre el Acueducto Independencia 8 en la ciudad de Hermosillo, entre las 45 personas que se apuntaron para presentar una ponencia en la reunión destaca que lo dicho por los académicos de la Universidad de Sonora, la Universidad Nacional Autónoma de México, El Colegio de Sonora, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, El Instituto Tecnológico de Sonora y el Centro mexicano del Derecho Ambiental, señalaron que el manifiesto de impacto ambiental presentado por el gobierno de Sonora requiere una notable transformación para que se toquen temas no contemplados en el actual documento, como son los efectos ecológicos que tendrá en la flora y fauna de las cuencas de origen y destino del agua; las consecuencias para las comunidades de la zona proveedora de agua; el efecto que podría tener el cambio climático en el suministro de agua; la existencia o no de zonas arqueológicas por donde pasará el proyecto, sobre todo porque existen indicios de que esto es posible; el consumo y disponibilidad de agua en Hermosillo y su zona costera como solución alterna a la problemática de abasto para el consumo humano ; cuáles serán los efectos sociales, económicos y de salud en la población de Hermosillo y Obregón por estas obra; la evaluación total sobre el proyecto y no de efectos fragmentarios como es la construcción de un tubo . Todas estas observaciones y otras sobre el manifiesto del impacto ambiental permiten sostener que la conclusión razonable es que este proyecto en su estado actual, no ha demostrado tener los elementos necesarios para poder ser aprobado.

El asunto, materia de la presente proposición, ya también lo está atendiendo el Congreso del estado, a través de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, la cual aprobó se audite a la Secretaría de Hacienda, la Comisión Estatal del Agua y otras dependencias involucradas en la compra de derechos de uso de agua en Huásabas y Granados, a fin de verificar que el procedimiento haya sido apegado a la legalidad.

Dicha solicitud de auditoría surge a raíz de una denuncia presentada por ejidatarios del Valle del Yaqui, quienes solicitaron se investigue el uso de recursos públicos estatales para la compra de derechos caducos de agua para el acueducto Novillo, según se desprende de un dictamen de la Comisión Nacional del Agua.

No cabe duda, el gobernador Padrés se encuentra en rebeldía toda vez de que en resolución al proceso de amparo promovido bajo el expediente 865/2010, no se ha detenido la obra.

Cabe recordar que ya hay una solicitud ante la Procuraduría General República para que haga valer lo que a su representación corresponda e inicie una averiguación previa contra las autoridades por los hechos aquí descritos.

Las promociones en contra de la obra han sido presentadas por el Movimiento Ciudadano por el Agua, integrado por productores agrícolas y empresarios del Valle del Yaqui, enclavado en el sur de Sonora.

La respuesta al Movimiento de las autoridades estatales y federales, a la defensa de sus derechos, es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 9 presentó una denuncia penal contra los opositores a la construcción del Acueducto Independencia, quienes el martes 6 de septiembre bloquearon la carretera federal 15 México-Nogales, en el poblado de Vícam, municipio de Guaymas.

Esta Cámara no pude estar al margen del uso indebido de los recursos públicos federales, debe, por el contrario, estar al pendiente del riesgo que corren los dineros del erario público en obras sujetas a juicios.

Ya que como autoridades, las federales y estatales, juraron guardar y hacer guardar la Constitución, en términos del artículo 128:

Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.

Y con lo expuesto, las autoridades en comento faltan a lo dispuesto en el artículo 134 constitucional:

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Esta Cámara se debe de pronunciar por la prevalencia del Mn el caso del Acueducto Independencia, en Hermosillo, Sonora, y en las actuaciones de autoridades panistas de los ámbitos federal y estatal, así como por la no partidización del dinero público, que sólo dejan beneficio al partido en turno en el ejecutivo estatal.

El pasado 3 de noviembre para cumplir la resolución ordenada vía exhorto por la titular del juzgado octavo de distrito con sede en Ciudad Obregón, Rosario Alcántar Trujillo, poco antes del mediodía el personal de la judicatura federal, con el apoyo de dos agentes del Ministerio Público de la Federación más de una docena de elementos de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República, se apersonaron en diferentes puntos de la obra para ordenar a operadores de maquinaria detener los trabajos que se venían realizando. Sin embargo la suspensión solo duró unas horas y actualmente los trabajos de la obra prosiguen.

El pasado martes 8 de los corrientes, una vez más el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, el expresó aquí su apoyo a la construcción del acueducto El Novillo-Hermosillo que lleva a cabo el gobierno estatal, que encabeza el panista Guillermo Padrés Elías. El presidente, señalo que “vamos a seguirle recio”, indicó el mandatario en alusión a la obra, misma que un juez de distrito ordenó detener al resolver a favor de los quejosos usuarios del distrito de riego 041 del Valle del Yaqui un amparo contra dicha construcción hidráulica.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un llamado al gobernador constitucional del estado de Sonora a que instruya al director del organismo público descentralizado del gobierno de Sonora denominado “Fondo de Operación de Obras Sonora Si”, a que acate el mandato judicial de suspensión de la obra “Acueducto Independencia”, hasta en tanto no haya una resolución definitiva.

Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a mantenerse al margen, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, del litigio entre el estado de Sonora e integrantes del Movimiento Ciudadano por el Agua por la construcción de la obra “Acueducto Independencia”.

Tercero. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público suspender las ministraciones pendientes de transferir a la obra “Acueducto Independencia” establecida en el artículo vigésimo tercero transitorio el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, en virtud del procedimiento judicial en curso.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a desistirse de la denuncia penal en contra los opositores a la construcción del Acueducto Independencia, quienes bloquearon la carretera federal 15 México-Nogales, en el poblado de Vícam, municipio de Guaymas, Sonora.

Quinto. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones sobre el desacato del gobernador de Sonora y, en su caso, dar vista a esta Cámara para procesar lo que en derecho corresponda.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

2 http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=581016, 26 de mayo de 2011

3 http://www.eluniversal.com.mx/estados/79863.html

4 http://www.diariodesonora.com.mx/nota/3436

5 http://www.noticiasmegavision.com/seccion-sonora/15571-los-recursos-fin ancieros-para-concluir-la-construccion-del-acueducto-independencia-esta n-garantizados.html

6 http://www.conagua.gob.mx/OCNO07/NotaP/Comunicado%20de%20Prensa%20071.p df

7 http://www.elimparcial.com/EdicionImpresa/ejemplaresanteriores/Busqueda Ejemplares.asp?numnota=865019&fecha=11/10/2010

8 http://foroson.com.mx/post/2011/02/04/Consulta-publica-sobre-el-Acueduc to-Independencia-La-obra-tendria-que-esperar.aspx

9 http://www.jornada.unam.mx/2011/09/08/estados/035n1est

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de noviembre de 2011.

Diputados: Claudia Edith Anaya Mota, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a transmitir al gobierno estadounidense el enérgico rechazo de esta soberanía a las operaciones de seguridad binacional realizadas en territorio mexicano al margen de instrumentos de cooperación bilateral para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada, a cargo del diputado Marcos Carlos Cruz Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Marcos Carlos Cruz Martínez, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El 1 de noviembre del presente año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través del subprocurador de Justicia Lanny Breuer reconoció que desde 2006, en el gobierno del ex presidente George Bush y a través de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, se permitió la entrada ilegal en México de 500 armas de asalto, como parte de la operación oficial Receptor Abierto, y que éstas se suman a las 2 mil 500 que se han confirmado con la operación Rápido y Furioso, de 2009, en el gobierno de Barack Obama.

Segunda. En audiencia senatorial el martes pasado, el director de la división anticrimen del Departamento de Justicia estadounidense reconoció que 70 por ciento de las más de 94 mil armas recuperadas en México en los últimos 5 años tiene su origen en las armerías de Estados Unidos y que éstas se han convertido en la principal fuente de suministro para armar a los cárteles delictivos. Eso significa que más de 65 mil armas ingresaron ilegalmente en territorio mexicano, con el aval y la complacencia de aquel gobierno.

Tercera. En la actualidad, el Ejército Mexicano cuenta con alrededor de 198 mil elementos activos, lo que significa que con este contrabando de armas estadounidenses se habría dotado de un arma a 33 por ciento de los soldados del Ejército Nacional.

Cuarta. Esta actitud del gobierno estadounidense puede considerarse de injerencia y desestabilización porque ha contribuido a incrementar el poder de fuego de los grupos criminales que han rebasado en algunas regiones al Estado mexicano.

Detrás de estas acciones se encuentran los intereses de la poderosa industria armamentista, representada por la Asociación Nacional del Rifle, la cual ha forzado al gobierno estadounidense a no renovar la prohibición de la venta de armas de asalto, que expiró en 2004. A raíz del 9-11 presionaron a George Bush, quien se negó a continuar la proscripción que impedía la venta de rifles automáticos o armas de alto poder. Las consecuencias han sido brutales para México porque para los cárteles de la droga, la aprobación de venta de armas de asalto ha sido un regalo de Navidad que dura el año entero. Después de 2004, México se llenó de armamento terrible, flamante y de fácil acceso. Al acabar con la prohibición de armas de asalto, la Asociación Nacional del Rifle consiguió un gran negocio en nuestro territorio, a costa de articular y armar a varios grupos criminales en México, huestes que buscan usurpar las funciones del Estado.

Quinta. Hasta julio de 2011, durante la administración del presidente Felipe Calderón, la revista Zeta ha documentado por lo menos 50 mil 490 asesinatos relacionados con el crimen organizado. Éste es el precio que México ha pagado en sangre por tratar de evitar que las drogas lleguen a suelo estadounidense, y la pérdida de vidas, entre las que se cuentan las de los oficiales de la DEA asesinados en San Luis Potosí, se ha perpetrado con las armas que se contrabandean desde el país vecino, con el aval de su gobierno.

Sexta. Los efectos de esta guerra absurda han sido desastrosos para México: se ha fracturado el tejido social, sacrificado a una generación de jóvenes mexicanos, pagado un alto costo económico y puesto en jaque a las instituciones del Estado mexicano. Y todo esto, tristemente con la complicidad fría y cínica del gobierno estadounidense.

Séptima. El 4 de noviembre del presente año se divulgó un informe de la Agencia para el Control de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de Estados Unidos, donde se reporta sobre una reunión realizada el 16 de noviembre de 2007 entre el entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y Michael Mukasey, fiscal general de Estados Unidos, durante la administración de George Bush, en la que se analizó y formalizó una de las primeras “entregas controladas” de armas introducidas de contrabando en México para detectar bandas del narcotráfico. De resultar cierta la información, estaríamos ante un grave caso de responsabilidad política que afectó la gobernabilidad y la estabilidad del país, por las malas decisiones tomadas por los funcionarios de la PGR.

Por las anteriores consideraciones me permito proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno federal a transmitir al gobierno de Estados Unidos el enérgico rechazo que hace esta soberanía por toda operación realizada en territorio mexicano en materia de seguridad binacional, al margen de los mecanismos de cooperación bilaterales para el combate del narcotráfico y la delincuencia organizada suscritos entre ambos gobiernos, enmarcados por la corresponsabilidad y la confianza mutua.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2011.

Diputado Marcos Carlos Cruz Martínez (rúbrica)



Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a la STPS y al Inegi a reanudar las mesas de diálogo para recontratar a 250 trabajadores de éste injustamente destituidos en 1998, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 26 de octubre de 2004, el diputado Pedro Ávila Nevárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo aprobado de urgente resolución, en el que solicitaba la reinstalación de más de 2,300 trabajadores que contaban con plaza base en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y fueron despedidos injustificadamente por el titular de dicho instituto, el doctor Carlos M. Jarque Uribe en el año de 1998.

El 5 de septiembre de 2007, la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura solicito la instalación de una mesa de negociación ante la Secretaría de Gobernación y se designó a un diputado, por cada una de las fracciones parlamentarias, para incorporar en el presupuesto de Egresos del 2008, los recursos suficientes para la solución del conflicto y dar así una salida satisfactoria a las demandas laborales de dichos trabajadores afectados. Derivado de esto, el 2 de octubre de 2007 se realizó la primera reunión entre los trabajadores y la Segob, en las instalaciones de esta última, sin que a la fecha tengan avances sustantivos.

Esta honorable Cámara de Diputados se ha empeñado en defender el trabajo digno, de acuerdo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo tanto la defensa del trabajador al servicio del Estado debe ser prioridad en este país, debido a que el servidor público representa al Poder Ejecutivo ante la ciudadanía, esto de acuerdo al artículo 90 Constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la federación que estarán a cargo de las secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo federal en su operación.

Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo federal, o entre éstas y las secretarías de Estado.”

Sin olvidar que actualmente el Inegi es el organismo público con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que:

“B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.

La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia.

El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá como Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo.

Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto de esta Constitución.”

Por lo tanto, la contratación de personal del Inegi es semejante a la contratación de personal de la Administración Pública Federal.

En el sexenio del presidente Adolfo López Mateos se elevó a rango constitucional la relación laboral del trabajador al servicio del Estado, su proyecto fue defender el trabajo burocrático y distinguirlo del sector privado, por lo tanto, pido a esta honorable asamblea reflexionar sobre la justa reinstalación de los ahora 250 trabajadores provenientes de Veracruz, Michoacán, Hidalgo, estado de México, Guerrero, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y otros estados más; los compañeros siguen en pie de lucha en defensa de su trabajo desde hace trece años, y que llevaron a cabo en el mencionado Inegi como parte del programa Procede que, de acuerdo a los trabajos técnico-operativos y a la elaboración de planos que se apegaron a las normas técnicas para la delimitación de las tierras al interior del ejido, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de septiembre de 1992, actualmente el programa desapareció y, tenía como metodología: el organizar la medición de las tierras de los núcleos agrarios además, de la elaboración de la geografía catastral.

El Inegi dentro del Procede desempeñaba sus actividades de coordinación interinstitucional en los tres niveles de gobierno: federal, estatal, municipal y al interior de los núcleos agrarios, por lo que este programa apoyaba a los campesinos.

Por lo tanto, se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a reanudar la mesa de diálogo con los mencionados trabajadores.

Se pide a la Secretaría del Trabajo a apoyar a dichos trabajadores en todo lo que requieran para que cuenten con capacitación, para actualizarse de acuerdo a su fuente de trabajo que es: la topografía en el campo.

Existen demandas ante las Autoridades correspondientes pero no se ha dado solución al tema.

De acuerdo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.”

Por lo tanto, el Congreso de la Unión es uno de los garantes de la protección de los derechos de los trabajadores, por lo que estamos comprometidos en velar por un trabajo digno en México.”

“Un buen gobierno” es aquel que promueve el empleo, por lo que el gobierno federal debe recontratar al mismo personal en el mencionado Instituto. Ya que fueron despedidos sin justificación alguna, después de 10 años de servir a este Instituto en mención. En 1998, el entonces Presidente del Inegi argumentó que, “o se desisten de sus demandas o no hay trabajo”. O lo que es peor, “la argumentación del director Jurídico del Inegi, afirmaba que para él es más fácil pagar a un magistrado que pagar lo que se debe a los trabajadores.”

Este problema lleva en la Junta de Conciliación y Arbitraje más de 13 años sin poder resolver este caso. Por lo que es preocupante y extraño ver como no ha existido solución alguna de las diversas autoridades correspondientes como lo son los magistrados de los Tribunales de Colegiados del Primer Circuito en materia de Trabajo 10a. y 12a. respectivamente, por lo que tenemos que tomar en cuenta que el Inegi no ha pagado los finiquitos ò liquidaciones correspondientes entre los que corresponde prima vacacional, y días correspondientes, parte proporcional de aguinaldo, los tres meses y 20 días de salario por cada año trabajado, entre otras cosas.

Por lo que se exhorta a esta honorable soberanía analizar este tema y solicitar al gobierno federal a no repetir este suceso debido a que daña a los trabajadores al servicio del Estado.

Por lo expuesto, solicito a la presidencia de esta honorable Cámara de Diputados que se dé trámite al siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a reanudar las mesas de diálogo para la recontratación de 250 trabajadores del Inegi destituidos injustamente de sus cargos en el año de 1998.

Palacio Legislativo federal, 29 de noviembre de 2011.

Diputado Pedro Ávila Nevárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a considerar la creación de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de los Colonos, a cargo del diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con los siguientes:

Considerandos

La sociedad civil del estado de México, al igual que la sociedad de las diferentes regiones del país, juega un papel activo preponderante en la toma de decisiones de su región, constituyen verdaderas autoridades auxiliares de los gobiernos locales.

En el estado de México la sociedad se ha organizado de diferentes maneras, desde las agrupaciones de vecinos sin mayor formalidad que el acuerdo de sus integrantes y la búsqueda del beneficio común, hasta las organizaciones constituidas con las formalidades previstas por la ley, reconocidas como Asociaciones Civiles (AC).

Con el crecimiento urbano en diferentes regiones de la entidad, también aumentaron las asociaciones de colonos, constituyendo una forma preponderante en la organización de la sociedad en el estado, cuyo objetivo es velar por el desarrollo de su comunidad, de su colonia, de su manzana, de su fraccionamiento.

En este sentido, si bien es cierto que existe un marco normativo que regula la organización y forma de participación de los colonos, así como sus derechos y obligaciones, también es cierto que en el estado de México las organizaciones de colonos atraviesan por una problemática particular.

En el estado de México las asociaciones de colonos no cuentan con el respeto mínimo de sus derechos por parte de las autoridades; la participación de los colonos y las acciones que llevan a cabo para el cumplimiento de sus objetivos, son esfuerzos acotados por el gobierno quien lejos de ver en las asociaciones de colonos a una autoridad civil coadyuvante en la labor del desarrollo social, ha ido restringiendo su labor comunitaria de manera autoritaria y poco solidaria.

Algunos ejemplos representativos son la unilateral decisión del gobierno estatal de construir una vialidad sobre la reserva ecológica conocida como la Barranca del Negro en el municipio de Huixquilucan. En este caso la decisión del gobierno local no consideró en lo más mínimo las pruebas aportadas por los colonos sobre las afectaciones que se ocasionarían con la vialidad, ni las sugerencias para reducir los daños, ni mucho menos que la vialidad no representa una solución real al tráfico de la zona, ocasionado por la autorización constante de nuevos desarrollos inmobiliarios. Lo anterior, es un claro ejemplo del autoritarismo del gobierno que no recibió nunca a los colonos que pidieron audiencia.

Otro ejemplo, son las constantes violaciones a los usos de suelo residenciales en los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán. Muy conocida fue la construcción del centro comercial El triángulo en Huixquilucan, donde claramente se transgredió el uso de suelo con la aprobación de licencias estatales y municipales.

En otro tema, desde inicios de 2011 los colonos han insistido continuamente ante las autoridades municipales y locales sobre la urgente necesidad de reforzar la seguridad pública en escuelas y plazas públicas, sin que autoridad alguna haya dado respuesta y tomado acción al respecto.

Lo mismo ha pasado con la demanda de los servicios públicos básicos como el drenaje y la pavimentación en zonas populares, cuyas peticiones no han tenido respuesta ni acción alguna por parte de las autoridades.

Los colonos no cuentan con un organismo público que defienda y haga valer sus derechos. Por lo anterior, los colonos de diferentes regiones del estado, particularmente del municipio de Huixquilucan, proponen crear una institución cuya finalidad sea la defensa de sus derechos.

Así, debido a las acciones y omisiones por parte de diferentes autoridades estatales y municipales, es urgente crear un organismo autónomo encargado de velar por la protección de los derechos de los colonos del estado de México. Este organismo fomentará la participación de la sociedad de manera organizada, una institución que represente a los colonos ante las instancias gubernamentales para que sean escuchados y para hacer valer sus derechos.

Es necesario contar con una Procuraduría de la Defensa de los Derechos de los Colonos del estado de México; como un organismo autónomo de la administración pública, para el cumplimiento imparcial de estos objetivos, de conformidad con la ley vigente del estado de México.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México para que considere la creación de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de los Colonos, cuyo objeto sea el fomento de la participación de la sociedad, de manera organizada, y la defensa de los derechos de los colonos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2011.

Diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reiterar por la SRE al gobierno estadounidense la importancia de ratificar la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados, adoptada por la OEA, a cargo de la diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del PVEM

Adriana Sarur Torre, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, así como el numeral 1 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores reitere al gobierno de Estados Unidos de América la importancia de la ratificación de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados adoptada por la Organización de los Estados Americanos, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El problema de la delincuencia en nuestro país ha crecido en la última década exponencialmente. Los robos, homicidios y otros delitos del fuero común se realizan ya con mayor habitualidad con armas de fuego. Aunado a ello, los delitos derivados del crimen organizado se han incrementado y hoy en día representan un problema muy grave para nuestro país y su desarrollo económico.

El problema de la incidencia delictiva y su grado de violencia se ve incrementado por el tráfico ilícito de armas en nuestro país. Este es, principalmente, derivado de la venta que en los Estados Unidos de América se realiza conforme a sus leyes, sin embargo la compra “lícita” que se hace por diversos grupos delincuenciales mexicanos en territorio norteamericano repercute de gran medida en nuestro territorio.

Muchas voces dentro de la Unión Americana se han levantado contra la venta de armamento de alto calibre; las autoridades de aquel país han reconocido abiertamente que no han logrado frenar la salida de armas a nuestro territorio (existen datos que arrojan que en promedio ingresan por la frontera norte 2000 armas cada 24 horas.

En la frontera existente entre ambos países la Procuraduría General de la República de nuestro país reportó en 2009 que hay 19 lugares de cruce formales y un número indeterminado de cruces informales. Asimismo se ha informado que en los Estados Unidos existen alrededor de 100,000 permisionarios de venta de armas, de los cuales unos 12,000 se encuentran en la zona fronteriza. Como puede advertirse hay un enorme mercado legal que tiene muy escaso control en la venta de esas armas.

Por su parte el Buró Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF en inglés) del Departamento de Justicia de Estados Unidos, tiene otra perspectiva sobre este asunto. En efecto señala que sólo hay 6,700 sitios de venta al menudeo, entre tiendas y casas de empeño, en la frontera con México, de un total de 55,000 en el país. Al mismo tiempo afirma que “De las armas decomisadas en México y rastreadas, el 39% provenían de tiendas en Texas, el 20% de California, el 10% de Arizona, y el resto de otros estados”. Cabe precisar que las pandillas callejeras y de las prisiones, en territorio estadounidense, están relacionadas con ese tipo de actividades. Los lugares de compra son las tiendas de armas, las ferias y casas de empeño. Así las fronteras de Arizona y Texas, son el paraíso de los traficantes que introducen a México la mayoría de las armas. Arizona, junto con los estados de Nevada y Utah, forma parte del “Triángulo UZI”, porque tienen el mayor número de fabricantes de armas de asalto en la Unión Americana, ha advertido el Centro de Políticas contra la Violencia.

El reporte señalado indica que “También se ha detectado el tráfico de granadas y fusiles AK-47 por la frontera sur de México, pero no se tiene información definitiva acerca de las fuentes. El gobierno mexicano ha señalado las marcas de las armas que han sido introducidas ilegalmente así como el país de fabricación, pero no ha precisado si fueron enviadas desde esos países. En particular, es importante resaltar que en Estados Unidos hay una gran cantidad de armas tipo AK que fueron fabricadas en otros países. También hay armas que podrían haber sido importadas legalmente a Estados Unidos de diferentes países y desviadas hacia el mercado ilegal en México. Por ejemplo, en el país circulan armas hechas en EEUU, China, Alemania, Italia, Bélgica, Rumania, Japón, España y Austria. Y los precios fluctúan entre 800 y 2000 dólares según el modelo, la marca, la antigüedad, etcétera.”

Raymond Rowley, ex coordinador de Oficina de ATF en la frontera sur de Estados Unidos, afirmó que el mayor número de armas decomisadas en México proviene de Texas y Arizona, de acuerdo con los resultados del rastreo que realizan ambos países. Incluso, menciona que en esa región tienen “más agentes que en todo el territorio de Estados Unidos”. Agregó que su trabajo es “rastrear las armas que encontramos en Estados Unidos, pero actualmente estamos concentrados, a través del proyecto Gunrunner, en darle seguimiento a todas las armas que llegan a México”. También destacó que la ATF tiene emplazados a 200 agentes en la zona fronteriza, donde se incrementó “el número de individuos que adquieren armas en las ferias de Arizona y Texas e intentan meterlas a México. Las ferias son la fuente de abastecimiento de los traficantes locales e internacionales”.

Por su parte las autoridades de México no han proporcionado una estimación del número de armas ilegales existentes en el país. Los datos disponibles sólo se refieren a las armas incautadas en cateos, hallazgos, o en enfrentamientos entre o contra delincuentes. En el informe precitado se refiere que “en poco más de dos años, de finales de 2006 a principios de 2009, las autoridades mexicanas decomisaron 38,404 armas, de las cuales 21,308 fueron armas largas, particularmente fusiles de asalto, 3,009 granadas y cartuchos, y municiones por millones (PGR 2009). El gobierno de Estados Unidos ha reconocido la imposibilidad de saber con certeza cuántas armas se introducen a México de manera ilegal en un año determinado. Según el ATF, del 2004 al 2008 alrededor del 87% de las armas decomisadas en México que han podido ser rastreadas fueron compradas en Estados Unidos”.

Asimismo se precisa que “La Secretaría de Seguridad Interna de Estados Unidos (Department of Homeland Security, DHS en inglés) no está de acuerdo con esa cifra y la manera en la cual la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO en inglés) presentó los datos en su informe de junio de 2009 sobre los esfuerzos de Estados Unidos de combatir el tráfico de armas a México. Señala que de aproximadamente 30,000 armas que fueron decomisadas en México, sólo unas 4,000 pudieron ser rastreadas y el 87% de ellas, o sea 3,480, provenían de Estados Unidos. Considera que varios problemas relacionados con la recolección de datos y la muestra considerada hacen que la información presentada sea poco fiable.

Luis Astorga, en Marzo de 2010, al comentar dicho informe en el análisis que realiza sobre “El tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Responsabilidades diferentes”, destaca que “La disponibilidad de las armas en sí misma no genera necesariamente la violencia, pero si se manifiesta permite que ésta adquiera dimensiones mayores y que sea muy difícil contenerla. Los traficantes obtienen armas cada vez más sofisticadas y a precios muy asequibles gracias a las facilidades del mercado estadounidense. El tráfico de armas, al igual que el de las drogas, implica una relación de corresponsabilidad entre los países de origen y de destino; las responsabilidades y las capacidades de los estados son diferentes y las acciones y políticas que deben emprenderse también”...”Para el gobierno de Estados Unidos, las organizaciones mexicanas de traficantes de drogas ilegales representan la amenaza más importante del crimen organizado. Asegura que controlan la distribución de droga en al menos 230 ciudades estadounidenses y que están reforzando su presencia en otros mercados que todavía no controlan — una especie de invasión de traficantes de origen mexicano e hispano. Quizás esos datos serían diferentes si no se privilegiara el origen étnico de los detenidos sino su ciudadanía actual, la cual en muchos casos es estadounidense”...” En el lado mexicano, la estrategia antidrogas de la administración Calderón no ha logrado reducir de manera significativa la violencia asociada al tráfico de drogas. Las organizaciones de traficantes crean problemas de gobernabilidad. Se enfrentan entre sí por la hegemonía en su campo de actividades, y contra las fuerzas policíacas y militares que no han logrado contenerlas y debilitarlas. Han convertido a sus tradicionales pistoleros en verdaderos grupos paramilitares, de ahí la necesidad de armarse con herramientas de muerte cada vez más poderosas. Han encontrado en el principal destino de sus mercancías condiciones propicias para alimentar y reforzar sus aparatos de violencia. Hay temores de que la violencia del lado mexicano se reproduzca al otro lado de la frontera”.

Por lo que concierne a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, vigente en México, se establece que la posesión de toda arma de fuego debe informarse a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para su inscripción en el Registro Federal de Armas. Asimismo, está prohibido portar y poseer armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, salvo algunas excepciones. En su artículo 11 se señalan cuáles son esas armas exclusivas. El artículo 84 se consignan las penas de cinco a treinta años de prisión para quien participe en la introducción de manera clandestina al país de las armas, municiones, explosivos y materiales reservados para el uso de las fuerzas armadas.

Sin embargo, precisa Astorga, “esas armas no son detectadas gracias a investigaciones sino en los enfrentamientos entre bandas rivales, en cateos o por mera casualidad. En contraste, las regulaciones sobre la compra de armas en Estados Unidos son débiles. Muchos estados, como los fronterizos de Arizona, Nuevo México y Texas, no limitan el número de compras de revólveres, armas de asalto o cartuchos de municiones y aunque se requiere la verificación de antecedentes para comprar armas a comerciantes autorizados, un delincuente puede pagar a personas sin antecedentes para que adquieran armas en su nombre. Además, las ventas de armas en las llamadas ferias de armas no requieren una verificación de antecedentes, facilitando la compra de armas de alto calibre sin preguntas de por medio”...”La importancia de la industria armamentista estadounidense, en términos de su poderío económico y de su desarrollo tecnológico, aunado a una alta valoración social de las armas que se expresa en una extendida posesión de armas de fuego entre la población con fines recreativos y defensivos, hacen que EEUU sea un país con un mercado ideal para la adquisición de material bélico. Según el Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas (NDIC en inglés) las organizaciones mexicanas de traficantes son las principales beneficiarias del tráfico de armas y municiones de Estados Unidos hacia México. La expansión de esas organizaciones en territorio estadounidense ha implicado también que las fuentes de aprovisionamiento de armas para México se hayan detectado en casi todos los estados de la Unión Americana. La competencia entre organizaciones ha escalado los niveles de violencia y la necesidad de armas cada vez más potentes para lograr mayor ventaja en la defensa y el control territorial, la eliminación de rivales, para enfrentarse a las autoridades, controlar a los miembros de las organizaciones y asegurar el cumplimiento de las transacciones. Quienes realizan ese tráfico de armas pueden ser individuos, pandillas, organizaciones de traficantes, u otros grupos criminales.

Las autoridades mexicanas no han detectado a ninguna organización del país o del extranjero que controle el tráfico de armas, sino a intermediarios que operan para ellos. Es, dicen, un tráfico “hormiga” que llevan a cabo ciudadanos estadounidenses o residentes legales a cambio de dinero. Las mismas rutas de la droga hacia Estados Unidos son utilizadas para traficar armas en sentido contrario.”

Por otra parte se ha destacado que en orden de importancia, según la potencia del armamento que les ha sido decomisado, están las organizaciones del Golfo-Zetas, la de los Arellano Félix, y la que el gobierno federal denomina como del “Pacífico y grupos afines”. Para referirse a ésta se menciona a Ismael Zambada y a los Carrillo Fuentes. Los del Golfo-Zetas han utilizado lanzacohetes RPG-7, cohetes antitanque M-72 y AT-4, lanzagranadas, granadas de fragmentación, fusiles Barret calibre .50, la subametralladora y la pistola FN Herstal, conocida en México como “matapolicías” por su capacidad de traspasar blindaje. Los Arellano Félix han usado fusiles Barret, lanzacohetes y la FN Herstal. A los del Pacífico se les han encontrado armas cortas, fusiles de asalto y pocas veces lanzagranadas y granadas. Los estados del país donde se han realizado esos decomisos son generalmente aquellos donde las organizaciones tienen mayor presencia. Por ejemplo, en armas largas y municiones destacan Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Sonora, Baja California y Chihuahua. En granadas, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Nuevo León y Chiapas.

Los gobiernos de México y Estados Unidos han establecido mecanismos de cooperación para prevenir y controlar el tráfico de armas, aunque la violencia en la frontera norte de México presenta retos para la colaboración bilateral entre agencias. La Procuraduría General de la República de México (PGR), no hace mucho, firmó un protocolo de colaboración con la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés) para castigar a los traficantes de armas. Con ello se buscaba recopilar información que permitiera preparar casos judiciales contra traficantes en ambos lados de la frontera. El gobierno de México también creó el llamado Grupo de Coordinación Interinstitucional para la Prevención y el Control del Tráfico de Armas de Fuego Municiones y Explosivos (GC-Armas), en el que participaron 6 secretarías de estado y la PGR, y que ha sostenido relaciones de cooperación con el ATF de Estados Unidos.

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ha establecido mecanismos para intercambiar información de inteligencia entre sus agencias y con México. Destaca el papel en ese esquema de la Célula de Inteligencia sobre la Violencia en la Frontera (The Border Violence Intelligence Cell-BVIC-), dentro de El Paso Intelligence Center (EPIC), que le sirve al ICE como punto central de referencia para analizar tendencias en la violencia fronteriza y el tráfico de armas. La BVIC también le proporciona apoyo a las instituciones policíacas de México que investigan asesinatos de sus miembros y de funcionarios de gobierno. Se prevé que el ICE y el ATF compartan información más sólida con otras agencias de Estados Unidos y con las mexicanas. También, que las agencias de EEUU trabajen con el Departamento de la Defensa para incluir el tema de la información compartida en las pláticas con militares de México y América Central. Esto es importante por el tipo de armamento militar utilizado por las organizaciones de traficantes.

El ICE inició en 2008 su Operación Armas Cruzadas para combatir a las redes transnacionales del tráfico de armas de EEUU hacia México y el ATF ha puesto en práctica su Proyecto “Gunrunner” para concentrar sus capacidades de inteligencia, investigación y entrenamiento en la supresión del tráfico de armas hacia México. Ese proyecto se inició en 2005 y provee entrenamiento sobre tráfico de armas a agentes mexicanos. Esas estrategias se complementan con el uso de equipos de rayos gamma y perros adiestrados en ambos países. Estados Unidos considera ampliar el número de agentes entrenados para la seguridad fronteriza, para identificar armas de fuego y para detectar lugares donde los traficantes esconden armas en vehículos. También, que los gobiernos de México y América Central podrían solicitar un entrenamiento similar de tipo militar y equipo del Departamento de Defensa.

Otra de las herramientas previstas es la utilización del sistema denominado e-Trace, administrado por el ATF, la única agencia del gobierno estadounidense autorizada para seguir la ruta de la comercialización de un arma de fuego desde el productor hasta el primer consumidor al detalle. El e-Trace permite a través de Internet atender solicitudes de información de agencias autorizadas para rastrear armas y obtener resultados. Con fondos de la cooperación en materia de seguridad para México y América Central bajo la llamada Iniciativa Mérida, Estados Unidos trabaja actualmente en la versión en español de ese programa que estará listo para finales del año fiscal 2010 y podrá ser utilizado por las instituciones policíacas de estos países. Se piensa establecer algún mecanismo de colaboración que permita que las armas decomisadas por militares en México puedan ser examinadas físicamente por agencias del gobierno de Estados Unidos, identificadas a través del e-Trace y compartir la información obtenida con el gobierno de México.

El ATF ha señalado algunos problemas que impiden un mejor trabajo para evitar el tráfico de armas: por ejemplo, dificultades para recabar y reportar información sobre la compra de armas de fuego; la inexistencia de un requisito para verificar antecedentes de los particulares que compran armas, y limitaciones en los requerimientos para reportar ventas múltiples. Por su parte, la GAO afirma que no hay una coordinación efectiva entre las principales instituciones que tienen competencia en asuntos de armas (ATF, ICE y DHS), debido en parte a la falta de claridad acerca de sus papeles y responsabilidades y porque han actuado con base en acuerdos inter-agencias no actualizados. No obstante, organizaciones estadounidenses que trabajan el tema de armas han indicado que aún con el marco legal existente, hay mucho más que podría hacer el ATF para identificar y sancionar a los vendedores con licencias que son una de las principales fuentes de armas introducidas ilegalmente a México, pero cuestionan su voluntad para hacerlo.

En la primera sesión plenaria celebrada el 13 de noviembre de 1997 se aprobó la “Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados”. En ella los Estados partes, buscaron impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, debido a los efectos nocivos de estas actividades para la seguridad de cada Estado y de la región en su conjunto, que ponen en riesgo el bienestar de los pueblos, su desarrollo social y económico y su derecho a vivir en paz.

Asimismo señalaron su preocupación por el incremento, a nivel internacional, de la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados y por la gravedad de los problemas que éstos ocasionan y reafirmaron la prioridad de impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, dada su vinculación con el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia transnacional organizada, las actividades mercenarias y otras conductas criminales. También señalaron su inquietud por la fabricación ilícita de explosivos empleando sustancias y artículos que en sí mismos no son explosivos —y que no están cubiertos por la Convención precitada debido a sus otros usos lícitos— para actividades relacionadas con el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia transnacional organizada, las actividades mercenarias y otras conductas criminales.

Por ello estimaron urgente que todos los Estados, en especial aquellos que producen, exportan e importan armas, tomen las medidas necesarias para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. Asimismo coincidieron en señalar que en la lucha contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados requiere la cooperación internacional, el intercambio de información y otras medidas apropiadas a nivel nacional, regional e internacional y deseando sentar un precedente en la materia para la comunidad internacional. Al propio tiempo destacaron la necesidad de que en los procesos de pacificación y en las situaciones postconflicto se realice un control eficaz de las armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, a fin de prevenir su introducción en el mercado ilícito.

Los Estados participantes señalaron la importancia de tener presentes resoluciones correspondientes de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a las medidas para erradicar las transferencias ilícitas de armas convencionales y la necesidad de todos los Estados de garantizar su seguridad, así como los trabajos desarrollados en el marco de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). De igual forma destacaron la importancia de fortalecer los mecanismos internacionales existentes de apoyo a la aplicación de la ley, tales como el Sistema Internacional de Rastreo de Armas y Explosivos de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.

También precisaron que el comercio internacional de armas de fuego es particularmente vulnerable a abusos por elementos criminales y que una política de “conozca a su cliente” para quienes producen, comercian, exportan o importan armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados es crucial para combatir este flagelo. Al mismo tiempo reconocieron que los Estados han desarrollado diferentes costumbres y tradiciones con respecto al uso de armas de fuego y que el propósito de mejorar la cooperación internacional para erradicar el tráfico ilícito transnacional de armas de fuego no pretende desalentar o disminuir actividades lícitas de recreación o esparcimiento, tales como viajes o turismo para tiro deportivo o caza, ni otras formas de propiedad y usos legales reconocidos por los Estados Partes. Empero, recordaron que ellos tienen legislaciones y reglamentos internos sobre armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, y reconociendo que esta Convención no compromete a los Estados Partes a adoptar legislaciones o reglamentos sobre la propiedad, tenencia o comercialización de armas de fuego de carácter exclusivamente interno y reconociendo

Este problema, como el de tráfico de drogas, son producto de la misma falla de origen: un sistema penal incapaz de detectar y sancionar conductas ilegales. Sin embargo, “Rápido y Furioso” ha hecho que la atención se desvíe del tema central y se cuestione el compromiso del gobierno de E.U. en el combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico pues, en ese país, la venta de armas es legal y no hay forma de controlar en manos de quién acabaran esas armas. Aunque contar con un país vecino que tiene políticas tan flexibles sobre portación y uso de armas sin duda facilita su entrada ilegal a este país, no es el único Estado en el que se pueden comprar armas ni, mucho menos, el único lugar donde se fabrican. Al entender que el tema involucra mucho más que reforzar la seguridad y vigilancia en la frontera norte, entonces la solución estará en construir una estrategia que servirá también para combatir el tráfico de drogas, de personas, de animales etc. Esa estrategia debe incluir el fortalecimiento de las capacidades de investigación de los ministerios públicos, la correcta mancuerna entre policías y fiscales y el buen manejo de evidencia. En resumen, se trata de modificaciones estructurales y no de soluciones contingentes. Como se menciona en el libro “Desafíos de la Reforma Penal en México” publicado por CIDAC e INACIPE, en la medida en la que el país transite hacia un sistema acusatorio y se implemente de manera correcta la reforma penal, entonces se podrán fortalecer las instituciones y así combatir el tráfico de armas y todo el catálogo de delitos del fuero federal y común. Si bien los Estados Unidos ha reconocido su responsabilidad en la violencia que afecta a México, por lo que significa su mercado de drogas y el dinero que genera para las organizaciones de traficantes, quienes invierten parte de sus ganancias en comprar armas de alto poder que se venden libremente en Estados Unidos. “La Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados”, fue aprobada por la OEA en Washington, D.C., el 13 de noviembre de 1997, y entró en vigor el 1 de julio de 1998.

Luís Astorga, sociólogo investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de México y miembro de CUPIHD, ha señalado que el documento de dicha Convención fue enviado al Senado de EU en junio de 1998 y no ha sido ratificado. El presidente Obama señaló en la 5ª Reunión Cumbre de las Américas, en Trinidad y Tobago, el 17 de abril de 2009, que es una prioridad de su gobierno ratificar el tratado. Hacerlo podría tener efectos prácticos de suma importancia.

Otra medida que podría disminuir la facilidad para adquirir armas potentes sería restablecer la prohibición federal para vender armas de asalto a civiles en Estados Unidos, que estuvo vigente de 1994 a 2004.

Fue una propuesta de la administración Obama en sus inicios y desafortunadamente descartada poco después. Dadas las reticencias políticas para establecer controles al comercio de armas en Estados Unidos, parece poco probable ver cambios sustantivos en la legislación existente a corto plazo.

En fecha no muy lejana, un importante grupo binacional que ha venido trabajando sobre asuntos de la frontera México-EU, y en el cual destaca la colaboración de Robert C. Bonner, ex administrador de la DEA y ex comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, así como la de Andrés Rozental, ex subsecretario de Relaciones Exteriores de México, solicitaron a la administración del Presidente Obama y al Congreso de EU el reestablecimiento del veto sobre las armas de asalto. Sin duda este es uno de los temas en los que el gobierno mexicano y diversos grupos de la sociedad civil -en ambos países- seguirán insistiendo.

Por otra parte, no cabe duda que el gobierno mexicano debe mejorar la capacitación de sus agentes aduanales y policías y reducir de manera sustantiva los niveles de corrupción a través del fortalecimiento de los mecanismos internos y externos de rendición de cuentas de la policía y otras agencias gubernamentales, para evitar que las armas entren de manera ilegal al país. En Estados Unidos es fácil comprarlas, pero en México es muy fácil introducirlas.

México y Estados Unidos deben sin duda reforzar la cooperación entre sus instituciones competentes en asuntos de tráfico de armas. Pero no habrá resultados importantes si no se cumplen por lo menos las condiciones anteriores, dado que la desaparición de las armas no es un escenario realista y los fabricantes y vendedores de las mismas, al igual que los traficantes, no se autorregularán.

En la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, se ha destacado en diversas ocasiones que la capacidad de fuego que tienen los grupos criminales, la capacidad de enfrentar a cualquier corporación policiaca y al Ejército inclusive, es lo grave. No es el negocio el tráfico de armas lo que preocupa, aunque se tiene que atender, sino la capacidad de fuego que tienen las organizaciones criminales ante los grupos operativos, que les permite responder y desafiar la actuación de las instancias del Estado mexicano. De ahí la trascendencia de abolir este mercado negro y extender el decomiso de ese armamento, lo cual es sin duda uno de los esfuerzos más importantes de la actual administración federal. El 97 por ciento de armas nuevas son adquiridas en establecimiento legales. Por lo mismo hay que revisar, junto con los Estados Unidos este gran flujo de armas y verlo como un problema compartido.

No sólo de armas, también de lavado y tráfico de dinero; el cual regresa por esta misma vía. Por ello se tiene que hacer más eficiente el trabajo en las dos fronteras, en la sur y en la norte. Pero también es responsabilidad de los norteamericanos cuidar la frontera. Tiene que revisar su legislación, pues permitir la compra de armas allá es muy común y cotidiano. Conseguir un arma es muy sencillo.

En la Comisión de Seguridad Pública, del Senado, se ha destacado que es por las aduanas donde ingresa el mayor volumen de productos y ahí se tienen severos problemas de porosidad. Situación que obliga a realizar una revisión. Se ha señalado que resulta inaceptable que tal cantidad de productos ilícitos ingresen al país por las aduanas. Este enorme volumen de tráfico de armas entran en su mayoría a las ventas de gran escala; y el único lugar son las aduanas del país. Sólo así se explica la entrada de lanza-granadas, proyectiles y misiles, rifles de asalto de alto poder y millones de municiones. Sólo pueden entrar en contendedores de grandes cantidades, no están entrando en calidad de hormiga, sino de grandes volúmenes que son vendidos al crimen organizado. Razón por la cual es presumible que cuenten con una fuerte estructura de protección institucional. Debe haber un supervisión de los elementos, del personal, de la entrada de diversos productos por mar, tierra y aire, de lo contrario seguirá la corrupción.

La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos contempla sanciones severas y prevé las conductas de quienes introducen al país artículos ilegales; y establece sanciones fuertes, sin embargo, las armas que ingresan al país, lo que la propia autoridad tiene claro, es que estas armas ingresar por las aduanas y puertos. En los últimos años las autoridades aduaneras no están haciendo absolutamente nada al respecto, lo que es una omisión grave porque tienen como deber cuidar y vigilar. Por tanto ya se expidió la normatividad para castigar el tráfico de armas en nuestro país, ya se tiene una ley de delincuencia organizada que también tiene penas graves; las cuales si se acumulan ascienden a 50 años de prisión; sólo falta que la autoridad aplique la norma.

En el portal oficial de la Organización de los Estados Americanos se consignan los datos sobre la formalización de la Convención Interamericana señalada. La situación actual reportada es la siguiente:

Por lo expuesto, se somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores reitere al gobierno de Estados Unidos de América la importancia de la ratificación de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados adoptada por la Organización de los Estados Americanos. Asimismo, que invite al gobierno estadounidense a aceptar e instrumentar plenamente el Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Ligeras, adoptado por la Organización de las Naciones Unidas.

Segundo. La Cámara de Diputado exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que siga promoviendo reuniones de trabajo con el gobierno de Estados Unidos, orientadas a analizar el flujo ilegal y masivo de armamento de alto calibre hacia México.

Tercero. La Cámara de Diputado exhorta al Gobierno Federal a que instruya al Consejo Nacional de Seguridad Pública a adoptar las medidas necesarias para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícito de explosivos que se destinan a las acciones relacionadas con el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia transnacional organizada, las actividades mercenarias y otras conductas criminales.

Cuarto. La Cámara de Diputado exhorta al Ejecutivo Federal a implementar medidas que refuercen la vigilancia en las aduanas, así como la infraestructura fronteriza con el fin de evitar el flujo ilegal de armas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 15 días del mes de noviembre de 2011.

Diputada Adriana Sarur Torre (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Judicial de la Federación a efecto de que los procedimientos judiciales sobre ambiente sean atendidos por los jueces de distrito en materia administrativa, a cargo del diputado Ricardo Armando Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Ricardo Armando Rebollo Mendoza, diputado de la LXI Legislatura, del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Judicial de la federación a que los procedimientos judiciales en materia ambiental sean atendidos por los jueces de distrito en materia administrativa, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. El derecho ambiental es un conjunto de normas dispersas en diversas leyes cuyo objeto de tutela son los recursos naturales y el ambiente en general. Se trata de derechos y obligaciones de particulares y facultades y deberes de la autoridad, que tienen por finalidad garantizar la eficacia del derecho a un ambiente sano o adecuado para el bienestar y el desarrollo de la persona física, y por ende, la supervivencia de la especie humana en su entorno natural y cultural. Pero hay un vacío jurisdiccional porque está ausente un derecho procesal ambiental que permita la eficacia de los derechos fundamentales que trascienden a la persona, que corresponden a todo un grupo social o colectividad, y que resultan afectados por actividades de la administración pública y particulares, en cuanto que afectan recursos naturales, ecosistemas, o la salud colectiva, ya que hasta ahora la clasificación de intereses difusos, intereses de grupo e interés colectivo, representan un obstáculo para acceder a la jurisdicción.

El ambiente es un bien jurídico colectivo, correlativo de un derecho fundamental inherente a la persona, porque sin ambiente sano, se deteriora la calidad de vida y se pone en riesgo la subsistencia y viabilidad de la especie humana. En México existe reconocimiento constitucional de un derecho a un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, pero queda sin tutela efectiva, porque no hay una regulación procesal, que establezca la legitimación, la acción, el proceso, la carga probatoria, facultades oficiosas del juez, la producción y desahogo de pruebas, así como su valoración y el contenido de las sentencias que decidan sobre una acción de naturaleza especial ambiental para la prevención, preservación y restauración del daño ambiental y en su caso, indemnización, cuyo fin especifico sea la protección de los recursos naturales y en general el ambiente.

El deterioro de nuestros principales recursos naturales bosques y agua, contaminación del suelo y agotamiento del petróleo son indicadores de que la aplicación de la norma ambiental también debe llevarse a cabo en sede jurisdiccional civil, de manera que se complemente la actuación de la autoridad administrativa y la política ambiental, así como la tutela efectiva con los delitos ambientales. Entonces resulta necesaria la creación de un Tribunal Federal Ambiental y de tribunales locales ambientales, con competencia concurrente o coincidente, y una Ley General Procesal Ambiental para ambos tribunales.

El artículo 4o. constitucional a la letra dice: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

El pasado 29 de septiembre en el Senado de la República se aprobó por unanimidad el decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De modo que ahora establecerá que:

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Segundo. El agua y el medio ambiente sano son indispensables para que la vida sea posible; pero el contexto actual derivado de la sobre explotación de los recursos y sus consecuencias adversas; hoy particularmente reviste importancia. La población y los pueblos que son despojados del agua o que no pueden tenerla por omisión del Estado no se quedan callados: se organizan y luchan, pues dimensionan y viven los problemas relativos a la carencia del vital líquido.

Los conflictos sociales que tienen como centro la disputa por el agua son cada vez más recurrentes en nuestro país. En 2004 las mujeres mazahuas del estado de México emprendieron una lucha por que se les indemnizara por el daño que les causaba el sistema Cutzamala, porque este las dejaba sin el líquido para llevarlo al Distrito Federal. Pero no es el único caso: los cinco pueblos de la parte baja de Teconapa, Guerrero, padecen el mismo problema, y los pueblos yaquis, junto con los agricultores del estado de Sonora, actualmente luchan porque no les arrebaten el vital líquido. Sólo por poner unos ejemplos.

En estas luchas los inconformes privilegian la denuncia pública y la movilización social. Poco recurren a los tribunales, ya que estos contienen el desprestigio de los órganos de administración de justicia, puesto que donde han dictado sentencias favorables a los demandantes no han sido capaces de ejecutarlas, como en el caso del amparo a los pueblos yaquis, o la suspensión de la presa El Zapotillo, en Jalisco; otro factor fundamental es la falta de tribunales especializados para atender este tipo de casos.

Aun así, algunos eligen esta vía para luchar por sus derechos. Y ganan. Es el caso de unas amas de casa de la comunidad de Alpuyeca, en Morelos, quienes tras varias décadas de carecer de agua entubada demandaron a las autoridades municipales por violación de su derecho al agua, y el 13 de septiembre pasado un juez otorgó la razón.

El caso, asesorado por la Coalición Internacional para el Hábitat y el grupo Radar, que busca caminos para hacer efectivos los derechos sociales y colectivos, tiene su importancia. Se trata de un primer precedente en el que unas ciudadanas demandaron por violación de su derecho humano al agua y un juzgado reconoció que tienen razón, este hecho se convierte en un parte aguas para que otras personas y comunidades agraviadas puedan seguir el mismo camino.

Lo que habría que mirar con más detenimiento son los argumentos del juzgador, que aun cuando reconoce la existencia del derecho humano al agua, termina subordinándolo a la existencia de la propiedad privada y amparando a las quejosas por un tecnicismo jurídico de fundamentación. En otras palabras, el juez reconoce el derecho al agua pero no ampara por su violación, sino porque la autoridad demandada no fundó debidamente su actuación.

Lo importante del caso es que defendiendo sus derechos unas amas de casa han obligado a la autoridad municipal a subsanar su omisión de años, y ahora ya existe una red de agua que beneficia no sólo a las inconformes, sino a todos los otros vecinos que se encontraban en la misma situación.

Desafortunadamente en el Estado mexicano, el derecho por sí solo no es suficiente para que los derechos humanos se respeten, pero tampoco puede desecharse como instrumento para exigirlos; más ahora que como se ha mencionado, el Senado de la República se ha aprobado la reforma a la Constitución para incluir en ella el derecho humano al agua y al medio ambiente sano como garantía constitucional.

Derivado de la actual inexistencia de un sistema jurisdiccional que comprenda una acción ambiental y Tribunales especializados, tampoco hay controversias en materia ambiental para obtener la prevención, preservación o reparación del daño ambiental, por lo que en estricto sentido, ante la falta de una legislación procesal civil ambiental y de un tribunal ambiental, no hay justicia ambiental.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Poder Judicial de la Federación a que en ausencia de Juzgados de Distrito con jurisdicción especial en materia ambiental, serán competentes para conocer de los procedimientos judiciales de responsabilidad ambiental los jueces de distrito en materia administrativa. Porque el derecho sustantivo a un ambiente adecuado para el bienestar y el desarrollo, tiene el carácter de Constitucional fundamental.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 1 de diciembre de 2011.

Diputado Ricardo Armando Rebollo Mendoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Quintana Roo a realizar acciones para diseñar e instaurar con los presidentes municipales un programa de prevención, protección y atención de los niños y los adolescentes víctimas de explotación sexual comercial, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Rosi Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numerales 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. A efecto de posibilitar el combate de la trata de personas, se diseñó una descripción en Palermo, Italia, en diciembre de 2000, en el marco de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Se desprendió de dicha convención el Protocolo para reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños.

El protocolo definió trata como la “captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”. 1

2. El protocolo contra la trata de personas fue ratificado por el Estado mexicano, y entró en vigor en el país el 29 de septiembre de 2003. Con este primer antecedente, el 27 de marzo de 2007, se publicó una reforma del Código Penal Federal: se tipificó por primera vez la trata de personas en la legislación. Posteriormente, el 27 de noviembre del mismo año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas.

3. Varias entidades federativas han legislado en la materia. Quintana Roo publicó la Ley para prevenir, combatir y sancionar la Trata de Personas el 10 de diciembre de 2010, donde se establecieron obligaciones en los tres niveles de gobierno para perseguir y sancionar este delito, debiendo realizar acciones para sancionar a los responsables, brindar atención y protección a las víctimas y prevenir la comisión del delito, mediante el desarrollo de programas y acciones permanentes.

4. En febrero, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Benito Juárez presentó el estudio La trata de personas en el sector turístico, para la Secretaría de Turismo federal, donde se estima que en Cancún de cada mil sexoservidoras, 300 son menores de edad.

De acuerdo con el documento, las principales modalidades de trata de personas en Cancún y la riviera maya son explotación sexual comercial infantil, prostitución forzada, explotación laboral y redes de mendicidad.

En materia de explotación sexual comercial infantil, en Cancún y Playa del Carmen se mantienen en la clandestinidad, debido a que los establecimientos son disfrazados, por lo que son aprobados y regulados por la autoridad. Otro de los factores de las víctimas de este delito es que sufren abusos sexuales en las familias, porque en su mayoría se prostituyen, sin contar que enfrentan rezago educativo, violencia familiar como forma de vida, y abuso físico y emocional, por lo que incluso los “enganchadores” suelen ser personas de su familia que se involucran con redes organizadas de explotación sexual. 2

5. Que en junio pasado fue dado a conocer el Informe sobre tráfico de personas 2011, 3 emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, donde se destacan lo siguiente:

• Los grupos considerados más vulnerables a la trata de personas en México son mujeres, niños, los indígenas y los migrantes indocumentados.

• La mayoría de las víctimas extranjeras en el trabajo forzado y servidumbre sexual en México provienen de Centroamérica, en particular Guatemala, Honduras y El Salvador.

• Hay víctimas de trata provenientes de Sudamérica, el Caribe, Europa del Este, Asia y África que se encuentran en México, y algunos de tránsito, en ruta hacia Estados Unidos.

• Hombres y niños del sur de México se encuentran en condiciones de trabajo forzoso en el norte de México, y centroamericanos, especialmente guatemaltecos, son sometidos a trabajos forzados en el sur de México, en particular en la agricultura.

• En 2010, la mayoría de víctimas del tráfico identificadas en México eran de Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala. Tenancingo, Tlaxcala, es identificado como uno de las principales fuentes de mexicanos víctimas de tráfico sexual explotados en México y en Estados Unidos.

• El turismo sexual infantil continúa creciendo en México, especialmente en zonas turísticas como Acapulco y Cancún, y en las ciudades fronterizas del norte, como Tijuana y Ciudad Juárez. La mayoría de los turistas sexuales proceden de Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, aunque algunos son mexicanos.

• Los cárteles mexicanos de la droga y las redes de crimen organizado de todo el mundo participan en el tráfico de humanos en México.

• El gobierno de México no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata. Sin embargo, hace esfuerzos significativos para lograrlo.

• Las organizaciones no gubernamentales (ONG), miembros del gobierno y otros observadores informan que la corrupción entre los funcionarios públicos, especialmente las autoridades locales, judiciales y de inmigración, es una preocupación importante.

• ONG señalaron que muchos funcionarios públicos en México, incluyendo funcionarios estatales y locales, no distinguen adecuadamente entre el tráfico de indocumentados y los delitos de trata de personas y que muchos jueces y policías no están familiarizados con leyes contra la trata.

6. Ante el informe previamente señalado, el presidente municipal de Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, calificó de “estridente” el hecho de que el Departamento de Estado de la Unión Americana catalogara a Cancún como uno de los destinos turísticos en México donde continúan en crecimiento el turismo sexual y la trata de personas.

El director de la Oficina de Visitantes y Convenciones del citado municipio, Jesús Almaguer Salazar, señaló que las declaraciones de la secretaria de Estado no repercuten en el destino y que eso nada más genera cortinas de humo, pues el vecino país del norte debe preocuparse por su situación de drogas y armamento; además, las cifras del comercio sexual no son nuevas, la cuestión es hacer acciones de fondo para combatirlo mediante el refuerzo de las leyes y denunciar a quién las fomente. 4

7. En julio de 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer los lugares que ha identificado con mayor incidencia de casos de trata de personas en las fronteras norte y sur, en destinos turísticos, así como en ciudades del centro del país. De acuerdo con el Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México, los lugares que más preocupan son Nogales, Sonora; Acapulco, Guerrero; Tapachula, Chiapas; Tijuana y Mexicali, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas; Cancún, Quintana Roo; y Guadalajara y Puerto Vallarta, Jalisco. También, se han documentado casos en Tlaxcala, Puebla, México, Guanajuato, Veracruz, Querétaro y Distrito Federal.

Considerandos

Primero. Que la trata de personas es un delito de carácter transnacional que comúnmente se encuentra vinculado al crimen organizado, es considerada la esclavitud moderna, debido a que viola de forma flagrante los derechos humanos de las personas, básicamente de mujeres, niñas y niños al limitar o cegar sus derechos a la dignidad, a la libertad y la seguridad que como seres humanos les corresponden.

Segundo. Que el Estado mexicano con la suscripción del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños (Protocolo de Palermo), que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adquirió compromisos para prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños, proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos.

Tercero. Que Quintana Roo se divide en dos grandes zonas: el norte, donde se encuentran los desarrollos turísticos como Cancún y Playa del Carmen; y el sur, donde se ubica Chetumal, la capital del estado. De conformidad con el Inegi, en dicha entidad hay 1 millón 325 mil 578 personas (652 mil 358 mujeres y 672 mil 220 hombres), y ocupa el lugar 26 nacional. Benito Juárez (Cancún) cuenta con una población de 661 mil 176 personas, mientras que Solidaridad (Playa del Carmen) cuenta con 159 mil 310 personas. La población de Quintana Roo con 5 y más años con primaria es de 371 mil 994, mientras que en los citados municipios es de 170 mil 636 y de 39 mil 425. La mayoría de estos jóvenes al llegar a los 15 años abandonan los estudios.

Cuarto. Que en los últimos años, Benito Juárez y Solidaridad han tenido un importante desarrollo turístico, constituyéndose en un centro de atracción de grandes grupos poblacionales provenientes de todo el país y de países vecinos como Guatemala y Belice. La expectativa de quienes llegan no siempre puede satisfacerse, ya que la prosperidad o la crisis están estrechamente ligadas a la suerte de la zona hotelera. Esta dependencia deja a la sociedad local en una situación de fragilidad y de equilibrio inestable frente a variables que no está en sus manos controlar.

Quinto. Que en un estudio editado por el UNICEF 5 se señaló que la explotación sexual comercial de niños en Cancún debía situarse como un fenómeno que va de la mano con el explosivo crecimiento de una población que surge de manera repentina, hace apenas menos de 30 años. Se trata por tanto de una sociedad que apenas se configura a sí misma y a la que sus habitantes refieren como sin historia, sin identidad propia, sin tradiciones.

Sexto. Que la trata de personas y en particular la prostitución sexual infantil que se dan en Quintana Roo, en especifico en Benito Juárez y Solidaridad, lugares que han puesto a este estado en los focos rojos, ha provocado que en la entidad se dé prioridad a la satisfacción de las exigencias del turismo, por encima de las necesidades de la población local.

Séptimo. Que el estudio mencionado propone que para enfrentar este problema se requiere una serie de medidas y políticas capaces de llegar a la raíz del fenómeno. Desataca que una de estas políticas podría ser diversificar la economía local, que hasta ahora ha girado de manera desproporcionada en torno del turismo. Esto es, que si hasta ahora ha sido una sociedad que se ha volcado hacia afuera, que ha girado en torno de las demandas y exigencias del turismo, quizás ahora requieran una visión que coloque en un primer plano las necesidades y las demandas de los niños y los jóvenes de la localidad.

Octavo. Que en los últimos años ha sido poco o nulo el progreso que ha tenido Quintana Roo o sus municipios para mejorar la condición y la calidad de vida de la niñez y la adolescencia, sin evidencias de bienestar y desarrollo de este sector de la población, por lo que resulta necesario generar instrumentos para fortalecer las instituciones encargadas de brindar a los niños y a los adolescente el pleno ejercicio de sus derechos, así como el máximo desarrollo de su potencial humano y social.

Noveno. Que el artículo 5o. de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Quintana Roo señala que es deber de las autoridades competentes, la familia y la sociedad en general asegurar con absoluta prioridad la realización de los derechos de los niños y los adolescentes relativos a la vida, seguridad e integridad, a la salud, educación, alimentación, deporte, recreación, cultura, dignidad, respeto, libertad y convivencia familiar y comunitaria.

En mérito de lo expuesto y fundado se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al gobernador de Quintana Roo a realizar acciones para que, en colaboración con los presidentes municipales del estado, se diseñe e instaure un programa de prevención, protección y atención de los niños y los adolescentes victimas de la explotación sexual comercial infantil.

Notas

1 Artículo 3 del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

2 Cfr. http://www.cancunforos.com/2011/05/23/quintana-roo-primer-lugar-en-expl otacion-sexual/

3 Cfr. http://www.state.gov/documents/organization/164455.pdf

4 http://elcuartopoder.com.mx/?p=14793

5 Visible en http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_infancia_robada.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2011.

Diputada Rosi Orozco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a regular ante cobros excesivos las tarifas de los estacionamientos en los aeropuertos, a cargo del diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del PVEM

Guillermo Cueva Sada, diputado integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes, para que regule el cobro excesivo de las tarifas de los Estacionamientos en los Aeropuertos, con la finalidad de que sean más económicos y con un precio único, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los mexicanos cada día nos quejamos más de los costos elevados de los servicios públicos, estas prestaciones de servicios al público que deben de ser económicos cada día se van incrementando; y cada vez se aleja del alcance de las posibilidades de los ciudadanos mexicanos.

Uno de ellos, son los estacionamientos que se encuentran en los aeropuertos de nuestro País, estos estacionamientos que son muy recurrentes, debido a que el aeropuerto es uno de los trasportes más utilizados por mexicanos y extranjeros, sin embargo los costos de los servicios adicionales, en el caso particular, los estacionamientos son demasiado caros.

Es importante precisar, que en México las concesiones aeroportuarias son otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes, estas concesiones tienen por objeto regular el modo de ejercer la regulación y ejecución de los aeropuertos del servicio público, cabe precisar que actualmente contamos con 43 aeropuertos en toda le República Mexicana, estos han sido otorgados para su explotación a los Grupos Aeroportuarios de:

• ASUR: Aeropuertos del Sureste

• GAP: Grupo Aeroportuario del Pacifico

• OMA: Grupo Aeroportuario Centro Norte

• GACM: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

• Otros.

Estos grupos de concesionarios que cuentan con la finalidad de brindar diversos servicios entre ellos los estacionamientos que son para el servicio público, así lo estipula el artículo 30 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, a saber:

“Artículo 30. Los aeródromos civiles deberán contar con la infraestructura e instalaciones necesarias, de acuerdo con su clasificación y categoría, las cuales reunirán los requisitos técnicos y operacionales que establezcan las normas básicas de seguridad y demás disposiciones aplicables, para garantizar la segura y eficiente operación de los mismos y de las aeronaves, tales como: pistas, calles de rodaje, plataformas, edificios y hangares, ayudas visuales, radio ayudas, sistemas de comunicación, caminos perimetral y de acceso, barda o cercado perimetral, iluminación general, vialidades, señalamientos, instalaciones para el almacenamiento de combustible, estacionamiento para automóviles y transporte terrestre de servicio al público, instalaciones destinadas a las autoridades adscritas al aeródromo, y los servicios a la navegación aérea, así como los señalamientos de áreas críticas para proteger el buen funcionamiento de las radio ayudas, instalaciones destinadas al cuerpo de rescate y extinción de incendios, franjas de seguridad, plantas de emergencia eléctricas, drenajes y subestaciones de bombeo, plantas de tratamiento de aguas negras, equipos de incineración y equipos para manejo de basura, entre otros.”

Asimismo, la fracción VII del artículo 55 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, donde se establece que como parte de los servicios aeroportuarios, es el establecimiento de estacionamientos, a saber:

“VII. Estacionamientos: para automóviles y para los vehículos de los servicios de transporte terrestre al público;”

Como se puede observar los concesionarios son los responsables directos de los costos elevados de los estacionamientos en los aeropuertos, por ello la importancia de que la Secretaria de Comunicaciones y Trasportes, a través de sus facultades, busque mecánicas para que los costos de estos servicios sean unitarios y no tan elevados para los usuarios.

Sólo por dar un Ejemplo el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuanta con los siguientes Costos en sus estacionamientos y son:

Como se puede apreciar en el ejemplo del estacionamiento de la Ciudad de México, los costos son caros, y que si bien las instalaciones tienen que tener mantenimiento, también lo es que son miles las personas que utilizan estos estacionamientos, lo que indica que se pueden bajar los costos. Solo para hacer una referencia, sí un ciudadano mexicano tiene que viajar de la Ciudad de México a otro Estado, y por alguna circunstancia deja su vehículo en el estacionamiento por 3 días, el costo aproximado será de ochocientos sesenta y cuatro pesos, lo cual sin lugar a dudas es demasiado elevado. Por ello la importancia de que se observen estos servicios en los aeropuertos de nuestro país, con la finalidad de que la tarifa de los estacionamientos sea más homogénea, económica y más factibles a los bolsillos de los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes, para que regule el cobro excesivo de las tarifas de los Estacionamientos en los Aeropuertos, con la finalidad de que sean más económicos y con un precio único.

Palacio Legislativo de San Lázaro Honorable Congreso de la Unión, a 1 de diciembre de 2011.

Diputado Guillermo Cueva Sada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta lo mismo a la Segob que a las autoridades estatales y municipales en materia de protección civil a efectuar acciones coordinadas que eviten riesgos y tragedias en actos masivos de temporada, a cargo del diputado Ricardo Armando Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Ricardo Armando Rebollo Mendoza, diputado de la LXI Legislatura, del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la presente proposición con puntos de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. México, específicamente el Distrito Federal, encabeza el llamado top 10 de los destinos preferidos por el turismo religioso mundial, gracias a la basílica de nuestra señora de Guadalupe, la cual en 2007 recibió a unos 10 millones de peregrinos.

De acuerdo a un estudio realizado por la oficina española de turismo en Roma, la capital mexicana se encuentra en lo más alto de la lista por encima, incluso, del Vaticano o de los mundialmente conocidos santuarios de Lourdes (Francia) y Fátima (Portugal).

Tras las apariciones de la virgen María al indígena Juan Diego en el cerro del Tepeyac en 1531, y la impresión de su imagen sobre el ayate (tejido con fibras de maguey), el lugar se ha convertido en un verdadero imán religioso.

Ahora que los peregrinos se cuentan por millones gracias al desarrollo del turismo religioso, la basílica de Guadalupe encabeza la lista.

Según la investigación española, la industria de los viajes por causas religiosas o espirituales mueve a unos 300 millones de personas cada año, con un volumen de facturación de 13 mil millones de euros (16.8 mil millones de dólares).

Después de la basílica de Guadalupe, el segundo puesto de los destinos más solicitados es nuestra señora de Lourdes, una población ubicada en las faldas de los Pirineos, de unos 17 mil habitantes, que recibe al año siete millones de personas.

San Giovanni Rotondo, en la sureña región italiana de Apulia, y lugar de residencia en vida del santo místico Padre Pío, se situó en el tercer lugar con cifras similares al poblado francés.

En los siguientes sitios figuran el Vaticano, Jerusalén y Asís, lugar de nacimiento de San Francisco, en Italia. Luego Compostela (España), donde están los restos del apóstol Santiago, y punto final de una de las peregrinaciones más famosas del mundo, el “Camino de Santiago”.

Procesiones como el viacrucis en Iztapalapa, congregan al menos a un millón de visitantes.

Millones de visitantes también se congregan en la procesión del Penitente y Flagelados, que recorren las empedradas calles de Taxco, Guerrero, así como en la Procesión del Silencio, que se realiza las noches de viernes Santo en Zacatecas.

Para el santuario del Cristo de las Noas en Torreón, se calcula la visita de al menos 70 mil personas durante la temporada de Semana Mayor.

Segunda . Dentro de los principales incidentes con víctimas mortales en peregrinaciones en el mundo en los últimos 28 años, se encuentra registrado uno en el santuario de Chalma en el estado de México. El santuario de Chalma se encuentra en el fondo de una barranca, a éste se llega descendiendo por un angosto callejón.

En 1991, un contingente de peregrinos salía de misa y diversos grupos de peregrinos procedentes de varios pueblos intentaban llegar hasta la puerta de la iglesia, todos se vieron de pronto atrapados a unos cuantos metros del atrio. La desesperación se apoderó de todos. Los alaridos de los heridos, los gritos de quienes extraviaban a sus seres queridos, los llantos y gemidos de los moribundos empezaron a oírse. Finalmente, cuando el embudo de personas quedó despejado, 42 cuerpos yacían en el piso, unos moribundos y otros ya sin vida.

El pasado 19 de noviembre de 2011, doce peregrinos fallecieron, cuando el autobús en el que viajaban se salió de la carretera, estaban a pocos kilometro de la entrada al santuario de Chalma. Entre las personas que perecieron se encuentran siete mujeres, cinco hombres, una niña de tres años, y 39 personas resultaron lesionadas.

La comunidad de Chalma no cuenta con la infraestructura necesaria para recibir a tantos turistas religiosos al mismo tiempo. Estos problemas relacionados con la entrada, tránsito, hospedaje y servicios en general son evidentes.

La comunidad de Chalma recibe cada año a poco más de millón y medio de peregrinos que visitarán su santuario durante cuaresma y semana santa; desafortunadamente, las condiciones de salubridad e higiene, así como de infraestructura, no son suficientes durante las festividades para atender a los fieles.

Dichas deficiencias estructurales tanto en las vías carreteras de entrada como con la capacidad de servicios y protección civil en este santuario, han derivado en lamentables tragedias.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, en coordinación con las dependencias de protección civil locales y municipales, se redoblen esfuerzos en las medidas dirigidas a peregrinaciones y manifestaciones masivas en la próxima temporada decembrina y de cuaresma.

Segundo. Se exhorta a los congresos de las entidades federativas a que en el ámbito de sus competencias establezcan los lineamientos necesarios en materia de protección civil específicos para atender peregrinaciones y manifestaciones masivas.

Tercero. Se exhorta a los titulares de las entidades federativas a realizar un exhaustivo análisis para determinar y prever las posibles acciones a fin de que sean atendidas las deficiencias en la infraestructura de santuarios y atractivos que reciben peregrinaciones y manifestaciones masivas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2011.

Diputado Ricardo Armando Rebollo Mendoza (rubrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a resolver la problemática de tránsito generada por la falta de previsión al construir el distribuidor vial Las Armas y agilizar la conclusión de los trabajos, a cargo del diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con los siguientes

Considerandos

El distribuidor vial Las Armas es un proyecto que se ubica en la confluencia de la avenida Aquiles Serdán con calzada de las Armas y avenida de las Culturas, la superficie por ocupar es de 35 mil 505 metros cuadrados. Dicho proyecto se ubica en los límites de la delegación Azcapotzalco en el Distrito Federal y el municipio de Tlalnepantla, en el estado de México.

El sitio donde se construye el proyecto es un cruce muy importante de comunicación entre el municipio de Tlalnepantla y la delegación Azcapotzalco, sitio donde de manera normal se produce un tráfico superior a la capacidad vial de la infraestructura existente, que se puede controlar con los semáforos pero que implica una circulación lenta para quienes hacen uso diario de estas avenidas.

El proyecto del distribuidor vial nació como una solución para desahogar la problemática vial que se tiene en esta zona, pretendiendo con ello resolver el congestionamiento vehicular que se genera, mejorar la conectividad y articular la distribución del tránsito, reducir los niveles de contaminación y acrecentar la calidad de vida de los lugareños y de los usuarios que hacen uso de estas vías de comunicación.

Sin embargo, los trabajos para la elaboración de la obra vial han trastornado radicalmente la vida diaria de los habitantes de la zona y los usuarios que transitan a diario por estas avenidas. Pero es fundamental señalar que el problema se agudizó no por los trabajos que se tienen que realizar para la elaboración de las obras, sino por la pésima planeación y ejecución de la obra por parte de las autoridades encargadas del proyecto, en el que los responsables no tomaron en consideración las previsiones y medidas lógicas y necesarias para minimizar los estragos que ahora le generan a la ciudadanía de esta región del Valle de México.

Este proyecto que comunicará al estado de México con el Distrito Federal, en su ejecución ya ha provocado graves afectaciones en su vida diaria a los lugareños, transeúntes y automovilistas que se ven obligados a transitar por el lugar al ser la única ruta de comunicación con sus destinos; por citar algunos ejemplos, diariamente se enfrentan a un tráfico intenso en el que los automovilistas, para cruzar esta zona, tardan cerca de 2 horas, cuando normalmente se hacían entre 15 y 30 minutos cuando mucho, los transeúntes están en constante riesgo al caminar por el lugar pues no existen puentes peatonales por los que puedan cruzar la zona de riesgo, el intenso congestionamiento vial que se presenta en ese punto ocasiona altas emisiones de gases contaminantes, adicionalmente se suma como otro factor de contaminación el incesante ruido que perturba a los residentes, transeúntes, automovilistas y a todo aquél que transita por el lugar, entre muchos otros daños ocasionados en cadena como consecuencia natural del problema.

Los trabajos para la elaboración de la obra se iniciaron alrededor de hace dos años y medio; y en el mes de julio de 2011, las autoridades responsables del estado de México anunciaron que se terminarían y se inauguraría la obra en el mes de septiembre de este mismo año. Sin embargo, han transcurrido dos meses desde la fecha señalada para su terminación y para su inauguración, y la obra no se ha concluido. Lo más lamentable es que al paso que van, resulta impredecible saber cuándo culminarán, y en consecuencia hasta cuándo se seguirán ocasionando los actos injustificados de molestia y los daños incuantificables que se han causado y se siguen causando a los habitantes de esa zona.

Es tan evidente la falta de previsión por parte de las autoridades responsables que en la ejecución del proyecto no habilitaron puentes peatonales, no hay los suficientes elementos de seguridad y tránsito para agilizar el tráfico vehicular, las paradas continuas de los vehículos de transporte público desquician el flujo vehicular, no previeron vías alternas para desahogar el congestionamiento, no hay suficientes señalamientos viales para orientar a los automovilistas. Aunado a lo anterior, la obra carece de medidas de seguridad para las personas que transitan por la zona, representando un riesgo para su integridad.

Estas son tan sólo algunas de las razones por las que es urgente que intervengan de inmediato las autoridades del gobierno del estado de México, a fin de que realicen las acciones necesarias para resolver los problemas que se originan por la obra referida, los cuales se agravan al estar en un punto geográfico clave de comunicación entre los municipios de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza, Tultitlan, Cuautitlán, Tepotzotlán, Melchor Ocampo, y Nicolás Romero, además de ser una salida primaria para el estado de Hidalgo.

Asimismo, en virtud de que para el proyecto vial se hizo una inversión aproximada a los 245 millones de pesos provenientes del Fondo Metropolitano, y considerando las notorias anomalías señaladas, resulta fundamental la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mediante las auditorías necesarias, para verificar el adecuado uso de los recursos públicos federales y la evaluación del cumplimiento y desempeño de la ejecución del proyecto vial.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México, para que resuelva la problemática vial generada por la construcción del distribuidor vial avenida Aquiles Serdán, calzada de las Armas y avenida de las Culturas (Distribuidor vial Las Armas) en Tlalnepantla, estado de México, y para que concluya los trabajos.

Segundo. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que realice las auditorías de evaluación necesarias sobre el adecuado ejercicio y aplicación de los recursos en la ejecución del proyecto distribuidor vial avenida Aquiles Serdán, calzada de las Armas y avenida de las Culturas (Distribuidor vial Las Armas).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2011.

Diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica)



Efemérides

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad 2011, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del PAN

Desde 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con objeto de que los Estados miembros que forman parte de la Convención, a través de jornadas nacionales, regionales y mundiales, resalten acciones encaminadas a la igualdad de oportunidades, a la procuración de mejores condiciones de vida, a la integración en la sociedad, al respeto de sus derechos y se muestre los distintos aspectos que conlleva una discapacidad.

Es de resaltar que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de un 15 por ciento de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad. Por su parte, en México, el Censo de Población y Vivienda 2010 identificó a 5 millones 739 mil 270 personas con alguna dificultad física o mental para realizar actividades de la vida cotidiana, lo que representa el 5.1 por ciento de la población total del país; esta realidad implica un gran reto y en consecuencia, establecer medidas legislativas, judiciales y administrativas, encaminadas a que este sector tenga una vida de calidad, que acceda sin discriminación alguna, a la educación, empleo, protección social, salud, cultura, transporte, familia, a los derechos políticos (votar y ser votado) y a disfruta una vida social plena.

Logros importantes en la materia se han obtenido, sin embargo hay mucho por hacer para la transformación de una sociedad que luche contra la discriminación, a fin de que prevalezca la igualdad y la justicia en México.

Como parte de esta evolución, en 2011 se creó un nuevo ordenamiento jurídico, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que aporta elementos esenciales para la armonización con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, misma que promueve y fomenta acciones, estrategias y funciones que contribuyen al establecimiento de políticas que permiten la inclusión en todos los ámbitos de la vida; al mismo tiempo, reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y propicia su desarrollo en igualdad de oportunidades con respecto a la salud, trabajo, vivienda, accesibilidad, transporte, justicia, cultura, recreación, deporte y acceso a la información.

También, prevé un Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, integrado por las dependencias y entidades del gobierno federal, local y municipal, así como los sectores social y privado. Asimismo, crea el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para formular políticas y programas derivados de la ley, mismo que se instaló el pasado mes de mayo.

En el ámbito programático se cuenta con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que incluye medidas sobre la promoción y defensa de los derechos humanos, asimismo señala que la finalidad de la política social es la igualdad de oportunidades, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad o con necesidades especiales, como las personas con discapacidad, entre otras.

Con el propósito de transformar la perspectiva asistencialista hacia una efectiva perspectiva de derechos humanos y de contribuir con el desarrollo integral e inclusión plena de las personas con discapacidad y sus familias, se elaboró y publicó el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012 (Pronaddis).

Además, para el ejercicio fiscal 2011, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se establece un fondo para la accesibilidad en el transporte público, mismo que tiene por objeto dotar de recursos a las entidades federativas para promover la integración de las personas con discapacidad. De la misma forma, se etiquetaron en el Anexo 24, Recursos para Atención a Grupos Vulnerables, 19 mil 235.1 millones de pesos, de los cuales, 13 millones son para el Programa de Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención Temprana (TANIT), para que la Secretaría de Salud continúe con el TANIT, con el propósito de detectar prematuramente alguna deficiencia, dando atención oportuna y adecuada en las 32 entidades federativas; conjuntamente, se han beneficiado niñas y niños con cirugías de implante coclear, a través del Seguro Médico para una Nueva Generación.

Con el propósito de impulsar el desarrollo del deporte adaptado, la Conade anualmente ha implementado esquemas de apoyo tanto en especie como de manera económica para las federaciones nacionales, los deportistas y entrenadores. En este mismo rubro, indistintamente, se otorga estímulos a deportistas profesionales y paralímpicos, como el Premio Nacional, que da reconocimiento a aquellos mexicanos cuya trayectoria haya contribuido con actos u obras relevantes al fomento, protección e impulso del deporte en beneficio de nuestro país. Como ejemplo tenemos el galardón 2011, otorgado a la paralímpica María de los Ángeles Ortiz.

En otro orden de ideas, la Cámara de Diputados, en noviembre pasado, aprobamos el Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal de 2012, en el que se fijó acciones presupuestales importantes en la materia, tales como el fondo para infraestructura y equipamiento de programas para la atención de grupos vulnerables por 320 millones de pesos, fondo para la accesibilidad del transporte adaptado que sufre un aumento, quedando en 458.3 millones de pesos y el fondo que apoyará a organizaciones de la sociedad civil que atiendan actividades en beneficio de las personas con discapacidad, entre más.

Por todo lo anterior, como legisladores aún es más grande nuestro compromiso, pues debemos trabajar acorde con las necesidades y demandas actuales, tengamos presente que es urgente retomar y concluir los trabajos para eliminar la discriminación anteponiendo y respetando siempre los derechos y garantías de las y los ciudadanos con discapacidad.

Hoy celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, hoy sumemos nuestras fuerzas y voluntades y tengamos muy presente que este tema es de interés nacional y que es imprescindible fortificar las instituciones y los vínculos entre la sociedad y la autoridad para estimular los resultados.

En este día, desde esta tribuna de la nación, pedimos a cada mexicana y a cada mexicano reconocer que las persona con discapacidad es digna de nuestro respeto y que en nosotros está la oportunidad de ser parte de la construcción del presente y el futuro de un México pleno de equidad, inclusión y de esperanza para este grupo vulnerable.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2011.

Diputada María Joann Novoa Mossberger (rúbrica)