Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reiterar por la SRE al gobierno estadounidense la importancia de ratificar la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados, adoptada por la OEA, a cargo de la diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del PVEM

Adriana Sarur Torre, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, así como el numeral 1 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores reitere al gobierno de Estados Unidos de América la importancia de la ratificación de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados adoptada por la Organización de los Estados Americanos, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El problema de la delincuencia en nuestro país ha crecido en la última década exponencialmente. Los robos, homicidios y otros delitos del fuero común se realizan ya con mayor habitualidad con armas de fuego. Aunado a ello, los delitos derivados del crimen organizado se han incrementado y hoy en día representan un problema muy grave para nuestro país y su desarrollo económico.

El problema de la incidencia delictiva y su grado de violencia se ve incrementado por el tráfico ilícito de armas en nuestro país. Este es, principalmente, derivado de la venta que en los Estados Unidos de América se realiza conforme a sus leyes, sin embargo la compra “lícita” que se hace por diversos grupos delincuenciales mexicanos en territorio norteamericano repercute de gran medida en nuestro territorio.

Muchas voces dentro de la Unión Americana se han levantado contra la venta de armamento de alto calibre; las autoridades de aquel país han reconocido abiertamente que no han logrado frenar la salida de armas a nuestro territorio (existen datos que arrojan que en promedio ingresan por la frontera norte 2000 armas cada 24 horas.

En la frontera existente entre ambos países la Procuraduría General de la República de nuestro país reportó en 2009 que hay 19 lugares de cruce formales y un número indeterminado de cruces informales. Asimismo se ha informado que en los Estados Unidos existen alrededor de 100,000 permisionarios de venta de armas, de los cuales unos 12,000 se encuentran en la zona fronteriza. Como puede advertirse hay un enorme mercado legal que tiene muy escaso control en la venta de esas armas.

Por su parte el Buró Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF en inglés) del Departamento de Justicia de Estados Unidos, tiene otra perspectiva sobre este asunto. En efecto señala que sólo hay 6,700 sitios de venta al menudeo, entre tiendas y casas de empeño, en la frontera con México, de un total de 55,000 en el país. Al mismo tiempo afirma que “De las armas decomisadas en México y rastreadas, el 39% provenían de tiendas en Texas, el 20% de California, el 10% de Arizona, y el resto de otros estados”. Cabe precisar que las pandillas callejeras y de las prisiones, en territorio estadounidense, están relacionadas con ese tipo de actividades. Los lugares de compra son las tiendas de armas, las ferias y casas de empeño. Así las fronteras de Arizona y Texas, son el paraíso de los traficantes que introducen a México la mayoría de las armas. Arizona, junto con los estados de Nevada y Utah, forma parte del “Triángulo UZI”, porque tienen el mayor número de fabricantes de armas de asalto en la Unión Americana, ha advertido el Centro de Políticas contra la Violencia.

El reporte señalado indica que “También se ha detectado el tráfico de granadas y fusiles AK-47 por la frontera sur de México, pero no se tiene información definitiva acerca de las fuentes. El gobierno mexicano ha señalado las marcas de las armas que han sido introducidas ilegalmente así como el país de fabricación, pero no ha precisado si fueron enviadas desde esos países. En particular, es importante resaltar que en Estados Unidos hay una gran cantidad de armas tipo AK que fueron fabricadas en otros países. También hay armas que podrían haber sido importadas legalmente a Estados Unidos de diferentes países y desviadas hacia el mercado ilegal en México. Por ejemplo, en el país circulan armas hechas en EEUU, China, Alemania, Italia, Bélgica, Rumania, Japón, España y Austria. Y los precios fluctúan entre 800 y 2000 dólares según el modelo, la marca, la antigüedad, etcétera.”

Raymond Rowley, ex coordinador de Oficina de ATF en la frontera sur de Estados Unidos, afirmó que el mayor número de armas decomisadas en México proviene de Texas y Arizona, de acuerdo con los resultados del rastreo que realizan ambos países. Incluso, menciona que en esa región tienen “más agentes que en todo el territorio de Estados Unidos”. Agregó que su trabajo es “rastrear las armas que encontramos en Estados Unidos, pero actualmente estamos concentrados, a través del proyecto Gunrunner, en darle seguimiento a todas las armas que llegan a México”. También destacó que la ATF tiene emplazados a 200 agentes en la zona fronteriza, donde se incrementó “el número de individuos que adquieren armas en las ferias de Arizona y Texas e intentan meterlas a México. Las ferias son la fuente de abastecimiento de los traficantes locales e internacionales”.

Por su parte las autoridades de México no han proporcionado una estimación del número de armas ilegales existentes en el país. Los datos disponibles sólo se refieren a las armas incautadas en cateos, hallazgos, o en enfrentamientos entre o contra delincuentes. En el informe precitado se refiere que “en poco más de dos años, de finales de 2006 a principios de 2009, las autoridades mexicanas decomisaron 38,404 armas, de las cuales 21,308 fueron armas largas, particularmente fusiles de asalto, 3,009 granadas y cartuchos, y municiones por millones (PGR 2009). El gobierno de Estados Unidos ha reconocido la imposibilidad de saber con certeza cuántas armas se introducen a México de manera ilegal en un año determinado. Según el ATF, del 2004 al 2008 alrededor del 87% de las armas decomisadas en México que han podido ser rastreadas fueron compradas en Estados Unidos”.

Asimismo se precisa que “La Secretaría de Seguridad Interna de Estados Unidos (Department of Homeland Security, DHS en inglés) no está de acuerdo con esa cifra y la manera en la cual la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO en inglés) presentó los datos en su informe de junio de 2009 sobre los esfuerzos de Estados Unidos de combatir el tráfico de armas a México. Señala que de aproximadamente 30,000 armas que fueron decomisadas en México, sólo unas 4,000 pudieron ser rastreadas y el 87% de ellas, o sea 3,480, provenían de Estados Unidos. Considera que varios problemas relacionados con la recolección de datos y la muestra considerada hacen que la información presentada sea poco fiable.

Luis Astorga, en Marzo de 2010, al comentar dicho informe en el análisis que realiza sobre “El tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Responsabilidades diferentes”, destaca que “La disponibilidad de las armas en sí misma no genera necesariamente la violencia, pero si se manifiesta permite que ésta adquiera dimensiones mayores y que sea muy difícil contenerla. Los traficantes obtienen armas cada vez más sofisticadas y a precios muy asequibles gracias a las facilidades del mercado estadounidense. El tráfico de armas, al igual que el de las drogas, implica una relación de corresponsabilidad entre los países de origen y de destino; las responsabilidades y las capacidades de los estados son diferentes y las acciones y políticas que deben emprenderse también”...”Para el gobierno de Estados Unidos, las organizaciones mexicanas de traficantes de drogas ilegales representan la amenaza más importante del crimen organizado. Asegura que controlan la distribución de droga en al menos 230 ciudades estadounidenses y que están reforzando su presencia en otros mercados que todavía no controlan — una especie de invasión de traficantes de origen mexicano e hispano. Quizás esos datos serían diferentes si no se privilegiara el origen étnico de los detenidos sino su ciudadanía actual, la cual en muchos casos es estadounidense”...” En el lado mexicano, la estrategia antidrogas de la administración Calderón no ha logrado reducir de manera significativa la violencia asociada al tráfico de drogas. Las organizaciones de traficantes crean problemas de gobernabilidad. Se enfrentan entre sí por la hegemonía en su campo de actividades, y contra las fuerzas policíacas y militares que no han logrado contenerlas y debilitarlas. Han convertido a sus tradicionales pistoleros en verdaderos grupos paramilitares, de ahí la necesidad de armarse con herramientas de muerte cada vez más poderosas. Han encontrado en el principal destino de sus mercancías condiciones propicias para alimentar y reforzar sus aparatos de violencia. Hay temores de que la violencia del lado mexicano se reproduzca al otro lado de la frontera”.

Por lo que concierne a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, vigente en México, se establece que la posesión de toda arma de fuego debe informarse a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para su inscripción en el Registro Federal de Armas. Asimismo, está prohibido portar y poseer armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, salvo algunas excepciones. En su artículo 11 se señalan cuáles son esas armas exclusivas. El artículo 84 se consignan las penas de cinco a treinta años de prisión para quien participe en la introducción de manera clandestina al país de las armas, municiones, explosivos y materiales reservados para el uso de las fuerzas armadas.

Sin embargo, precisa Astorga, “esas armas no son detectadas gracias a investigaciones sino en los enfrentamientos entre bandas rivales, en cateos o por mera casualidad. En contraste, las regulaciones sobre la compra de armas en Estados Unidos son débiles. Muchos estados, como los fronterizos de Arizona, Nuevo México y Texas, no limitan el número de compras de revólveres, armas de asalto o cartuchos de municiones y aunque se requiere la verificación de antecedentes para comprar armas a comerciantes autorizados, un delincuente puede pagar a personas sin antecedentes para que adquieran armas en su nombre. Además, las ventas de armas en las llamadas ferias de armas no requieren una verificación de antecedentes, facilitando la compra de armas de alto calibre sin preguntas de por medio”...”La importancia de la industria armamentista estadounidense, en términos de su poderío económico y de su desarrollo tecnológico, aunado a una alta valoración social de las armas que se expresa en una extendida posesión de armas de fuego entre la población con fines recreativos y defensivos, hacen que EEUU sea un país con un mercado ideal para la adquisición de material bélico. Según el Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas (NDIC en inglés) las organizaciones mexicanas de traficantes son las principales beneficiarias del tráfico de armas y municiones de Estados Unidos hacia México. La expansión de esas organizaciones en territorio estadounidense ha implicado también que las fuentes de aprovisionamiento de armas para México se hayan detectado en casi todos los estados de la Unión Americana. La competencia entre organizaciones ha escalado los niveles de violencia y la necesidad de armas cada vez más potentes para lograr mayor ventaja en la defensa y el control territorial, la eliminación de rivales, para enfrentarse a las autoridades, controlar a los miembros de las organizaciones y asegurar el cumplimiento de las transacciones. Quienes realizan ese tráfico de armas pueden ser individuos, pandillas, organizaciones de traficantes, u otros grupos criminales.

Las autoridades mexicanas no han detectado a ninguna organización del país o del extranjero que controle el tráfico de armas, sino a intermediarios que operan para ellos. Es, dicen, un tráfico “hormiga” que llevan a cabo ciudadanos estadounidenses o residentes legales a cambio de dinero. Las mismas rutas de la droga hacia Estados Unidos son utilizadas para traficar armas en sentido contrario.”

Por otra parte se ha destacado que en orden de importancia, según la potencia del armamento que les ha sido decomisado, están las organizaciones del Golfo-Zetas, la de los Arellano Félix, y la que el gobierno federal denomina como del “Pacífico y grupos afines”. Para referirse a ésta se menciona a Ismael Zambada y a los Carrillo Fuentes. Los del Golfo-Zetas han utilizado lanzacohetes RPG-7, cohetes antitanque M-72 y AT-4, lanzagranadas, granadas de fragmentación, fusiles Barret calibre .50, la subametralladora y la pistola FN Herstal, conocida en México como “matapolicías” por su capacidad de traspasar blindaje. Los Arellano Félix han usado fusiles Barret, lanzacohetes y la FN Herstal. A los del Pacífico se les han encontrado armas cortas, fusiles de asalto y pocas veces lanzagranadas y granadas. Los estados del país donde se han realizado esos decomisos son generalmente aquellos donde las organizaciones tienen mayor presencia. Por ejemplo, en armas largas y municiones destacan Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Sonora, Baja California y Chihuahua. En granadas, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Nuevo León y Chiapas.

Los gobiernos de México y Estados Unidos han establecido mecanismos de cooperación para prevenir y controlar el tráfico de armas, aunque la violencia en la frontera norte de México presenta retos para la colaboración bilateral entre agencias. La Procuraduría General de la República de México (PGR), no hace mucho, firmó un protocolo de colaboración con la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés) para castigar a los traficantes de armas. Con ello se buscaba recopilar información que permitiera preparar casos judiciales contra traficantes en ambos lados de la frontera. El gobierno de México también creó el llamado Grupo de Coordinación Interinstitucional para la Prevención y el Control del Tráfico de Armas de Fuego Municiones y Explosivos (GC-Armas), en el que participaron 6 secretarías de estado y la PGR, y que ha sostenido relaciones de cooperación con el ATF de Estados Unidos.

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ha establecido mecanismos para intercambiar información de inteligencia entre sus agencias y con México. Destaca el papel en ese esquema de la Célula de Inteligencia sobre la Violencia en la Frontera (The Border Violence Intelligence Cell-BVIC-), dentro de El Paso Intelligence Center (EPIC), que le sirve al ICE como punto central de referencia para analizar tendencias en la violencia fronteriza y el tráfico de armas. La BVIC también le proporciona apoyo a las instituciones policíacas de México que investigan asesinatos de sus miembros y de funcionarios de gobierno. Se prevé que el ICE y el ATF compartan información más sólida con otras agencias de Estados Unidos y con las mexicanas. También, que las agencias de EEUU trabajen con el Departamento de la Defensa para incluir el tema de la información compartida en las pláticas con militares de México y América Central. Esto es importante por el tipo de armamento militar utilizado por las organizaciones de traficantes.

El ICE inició en 2008 su Operación Armas Cruzadas para combatir a las redes transnacionales del tráfico de armas de EEUU hacia México y el ATF ha puesto en práctica su Proyecto “Gunrunner” para concentrar sus capacidades de inteligencia, investigación y entrenamiento en la supresión del tráfico de armas hacia México. Ese proyecto se inició en 2005 y provee entrenamiento sobre tráfico de armas a agentes mexicanos. Esas estrategias se complementan con el uso de equipos de rayos gamma y perros adiestrados en ambos países. Estados Unidos considera ampliar el número de agentes entrenados para la seguridad fronteriza, para identificar armas de fuego y para detectar lugares donde los traficantes esconden armas en vehículos. También, que los gobiernos de México y América Central podrían solicitar un entrenamiento similar de tipo militar y equipo del Departamento de Defensa.

Otra de las herramientas previstas es la utilización del sistema denominado e-Trace, administrado por el ATF, la única agencia del gobierno estadounidense autorizada para seguir la ruta de la comercialización de un arma de fuego desde el productor hasta el primer consumidor al detalle. El e-Trace permite a través de Internet atender solicitudes de información de agencias autorizadas para rastrear armas y obtener resultados. Con fondos de la cooperación en materia de seguridad para México y América Central bajo la llamada Iniciativa Mérida, Estados Unidos trabaja actualmente en la versión en español de ese programa que estará listo para finales del año fiscal 2010 y podrá ser utilizado por las instituciones policíacas de estos países. Se piensa establecer algún mecanismo de colaboración que permita que las armas decomisadas por militares en México puedan ser examinadas físicamente por agencias del gobierno de Estados Unidos, identificadas a través del e-Trace y compartir la información obtenida con el gobierno de México.

El ATF ha señalado algunos problemas que impiden un mejor trabajo para evitar el tráfico de armas: por ejemplo, dificultades para recabar y reportar información sobre la compra de armas de fuego; la inexistencia de un requisito para verificar antecedentes de los particulares que compran armas, y limitaciones en los requerimientos para reportar ventas múltiples. Por su parte, la GAO afirma que no hay una coordinación efectiva entre las principales instituciones que tienen competencia en asuntos de armas (ATF, ICE y DHS), debido en parte a la falta de claridad acerca de sus papeles y responsabilidades y porque han actuado con base en acuerdos inter-agencias no actualizados. No obstante, organizaciones estadounidenses que trabajan el tema de armas han indicado que aún con el marco legal existente, hay mucho más que podría hacer el ATF para identificar y sancionar a los vendedores con licencias que son una de las principales fuentes de armas introducidas ilegalmente a México, pero cuestionan su voluntad para hacerlo.

En la primera sesión plenaria celebrada el 13 de noviembre de 1997 se aprobó la “Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados”. En ella los Estados partes, buscaron impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, debido a los efectos nocivos de estas actividades para la seguridad de cada Estado y de la región en su conjunto, que ponen en riesgo el bienestar de los pueblos, su desarrollo social y económico y su derecho a vivir en paz.

Asimismo señalaron su preocupación por el incremento, a nivel internacional, de la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados y por la gravedad de los problemas que éstos ocasionan y reafirmaron la prioridad de impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, dada su vinculación con el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia transnacional organizada, las actividades mercenarias y otras conductas criminales. También señalaron su inquietud por la fabricación ilícita de explosivos empleando sustancias y artículos que en sí mismos no son explosivos —y que no están cubiertos por la Convención precitada debido a sus otros usos lícitos— para actividades relacionadas con el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia transnacional organizada, las actividades mercenarias y otras conductas criminales.

Por ello estimaron urgente que todos los Estados, en especial aquellos que producen, exportan e importan armas, tomen las medidas necesarias para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. Asimismo coincidieron en señalar que en la lucha contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados requiere la cooperación internacional, el intercambio de información y otras medidas apropiadas a nivel nacional, regional e internacional y deseando sentar un precedente en la materia para la comunidad internacional. Al propio tiempo destacaron la necesidad de que en los procesos de pacificación y en las situaciones postconflicto se realice un control eficaz de las armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, a fin de prevenir su introducción en el mercado ilícito.

Los Estados participantes señalaron la importancia de tener presentes resoluciones correspondientes de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a las medidas para erradicar las transferencias ilícitas de armas convencionales y la necesidad de todos los Estados de garantizar su seguridad, así como los trabajos desarrollados en el marco de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). De igual forma destacaron la importancia de fortalecer los mecanismos internacionales existentes de apoyo a la aplicación de la ley, tales como el Sistema Internacional de Rastreo de Armas y Explosivos de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.

También precisaron que el comercio internacional de armas de fuego es particularmente vulnerable a abusos por elementos criminales y que una política de “conozca a su cliente” para quienes producen, comercian, exportan o importan armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados es crucial para combatir este flagelo. Al mismo tiempo reconocieron que los Estados han desarrollado diferentes costumbres y tradiciones con respecto al uso de armas de fuego y que el propósito de mejorar la cooperación internacional para erradicar el tráfico ilícito transnacional de armas de fuego no pretende desalentar o disminuir actividades lícitas de recreación o esparcimiento, tales como viajes o turismo para tiro deportivo o caza, ni otras formas de propiedad y usos legales reconocidos por los Estados Partes. Empero, recordaron que ellos tienen legislaciones y reglamentos internos sobre armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, y reconociendo que esta Convención no compromete a los Estados Partes a adoptar legislaciones o reglamentos sobre la propiedad, tenencia o comercialización de armas de fuego de carácter exclusivamente interno y reconociendo

Este problema, como el de tráfico de drogas, son producto de la misma falla de origen: un sistema penal incapaz de detectar y sancionar conductas ilegales. Sin embargo, “Rápido y Furioso” ha hecho que la atención se desvíe del tema central y se cuestione el compromiso del gobierno de E.U. en el combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico pues, en ese país, la venta de armas es legal y no hay forma de controlar en manos de quién acabaran esas armas. Aunque contar con un país vecino que tiene políticas tan flexibles sobre portación y uso de armas sin duda facilita su entrada ilegal a este país, no es el único Estado en el que se pueden comprar armas ni, mucho menos, el único lugar donde se fabrican. Al entender que el tema involucra mucho más que reforzar la seguridad y vigilancia en la frontera norte, entonces la solución estará en construir una estrategia que servirá también para combatir el tráfico de drogas, de personas, de animales etc. Esa estrategia debe incluir el fortalecimiento de las capacidades de investigación de los ministerios públicos, la correcta mancuerna entre policías y fiscales y el buen manejo de evidencia. En resumen, se trata de modificaciones estructurales y no de soluciones contingentes. Como se menciona en el libro “Desafíos de la Reforma Penal en México” publicado por CIDAC e INACIPE, en la medida en la que el país transite hacia un sistema acusatorio y se implemente de manera correcta la reforma penal, entonces se podrán fortalecer las instituciones y así combatir el tráfico de armas y todo el catálogo de delitos del fuero federal y común. Si bien los Estados Unidos ha reconocido su responsabilidad en la violencia que afecta a México, por lo que significa su mercado de drogas y el dinero que genera para las organizaciones de traficantes, quienes invierten parte de sus ganancias en comprar armas de alto poder que se venden libremente en Estados Unidos. “La Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados”, fue aprobada por la OEA en Washington, D.C., el 13 de noviembre de 1997, y entró en vigor el 1 de julio de 1998.

Luís Astorga, sociólogo investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de México y miembro de CUPIHD, ha señalado que el documento de dicha Convención fue enviado al Senado de EU en junio de 1998 y no ha sido ratificado. El presidente Obama señaló en la 5ª Reunión Cumbre de las Américas, en Trinidad y Tobago, el 17 de abril de 2009, que es una prioridad de su gobierno ratificar el tratado. Hacerlo podría tener efectos prácticos de suma importancia.

Otra medida que podría disminuir la facilidad para adquirir armas potentes sería restablecer la prohibición federal para vender armas de asalto a civiles en Estados Unidos, que estuvo vigente de 1994 a 2004.

Fue una propuesta de la administración Obama en sus inicios y desafortunadamente descartada poco después. Dadas las reticencias políticas para establecer controles al comercio de armas en Estados Unidos, parece poco probable ver cambios sustantivos en la legislación existente a corto plazo.

En fecha no muy lejana, un importante grupo binacional que ha venido trabajando sobre asuntos de la frontera México-EU, y en el cual destaca la colaboración de Robert C. Bonner, ex administrador de la DEA y ex comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, así como la de Andrés Rozental, ex subsecretario de Relaciones Exteriores de México, solicitaron a la administración del Presidente Obama y al Congreso de EU el reestablecimiento del veto sobre las armas de asalto. Sin duda este es uno de los temas en los que el gobierno mexicano y diversos grupos de la sociedad civil -en ambos países- seguirán insistiendo.

Por otra parte, no cabe duda que el gobierno mexicano debe mejorar la capacitación de sus agentes aduanales y policías y reducir de manera sustantiva los niveles de corrupción a través del fortalecimiento de los mecanismos internos y externos de rendición de cuentas de la policía y otras agencias gubernamentales, para evitar que las armas entren de manera ilegal al país. En Estados Unidos es fácil comprarlas, pero en México es muy fácil introducirlas.

México y Estados Unidos deben sin duda reforzar la cooperación entre sus instituciones competentes en asuntos de tráfico de armas. Pero no habrá resultados importantes si no se cumplen por lo menos las condiciones anteriores, dado que la desaparición de las armas no es un escenario realista y los fabricantes y vendedores de las mismas, al igual que los traficantes, no se autorregularán.

En la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, se ha destacado en diversas ocasiones que la capacidad de fuego que tienen los grupos criminales, la capacidad de enfrentar a cualquier corporación policiaca y al Ejército inclusive, es lo grave. No es el negocio el tráfico de armas lo que preocupa, aunque se tiene que atender, sino la capacidad de fuego que tienen las organizaciones criminales ante los grupos operativos, que les permite responder y desafiar la actuación de las instancias del Estado mexicano. De ahí la trascendencia de abolir este mercado negro y extender el decomiso de ese armamento, lo cual es sin duda uno de los esfuerzos más importantes de la actual administración federal. El 97 por ciento de armas nuevas son adquiridas en establecimiento legales. Por lo mismo hay que revisar, junto con los Estados Unidos este gran flujo de armas y verlo como un problema compartido.

No sólo de armas, también de lavado y tráfico de dinero; el cual regresa por esta misma vía. Por ello se tiene que hacer más eficiente el trabajo en las dos fronteras, en la sur y en la norte. Pero también es responsabilidad de los norteamericanos cuidar la frontera. Tiene que revisar su legislación, pues permitir la compra de armas allá es muy común y cotidiano. Conseguir un arma es muy sencillo.

En la Comisión de Seguridad Pública, del Senado, se ha destacado que es por las aduanas donde ingresa el mayor volumen de productos y ahí se tienen severos problemas de porosidad. Situación que obliga a realizar una revisión. Se ha señalado que resulta inaceptable que tal cantidad de productos ilícitos ingresen al país por las aduanas. Este enorme volumen de tráfico de armas entran en su mayoría a las ventas de gran escala; y el único lugar son las aduanas del país. Sólo así se explica la entrada de lanza-granadas, proyectiles y misiles, rifles de asalto de alto poder y millones de municiones. Sólo pueden entrar en contendedores de grandes cantidades, no están entrando en calidad de hormiga, sino de grandes volúmenes que son vendidos al crimen organizado. Razón por la cual es presumible que cuenten con una fuerte estructura de protección institucional. Debe haber un supervisión de los elementos, del personal, de la entrada de diversos productos por mar, tierra y aire, de lo contrario seguirá la corrupción.

La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos contempla sanciones severas y prevé las conductas de quienes introducen al país artículos ilegales; y establece sanciones fuertes, sin embargo, las armas que ingresan al país, lo que la propia autoridad tiene claro, es que estas armas ingresar por las aduanas y puertos. En los últimos años las autoridades aduaneras no están haciendo absolutamente nada al respecto, lo que es una omisión grave porque tienen como deber cuidar y vigilar. Por tanto ya se expidió la normatividad para castigar el tráfico de armas en nuestro país, ya se tiene una ley de delincuencia organizada que también tiene penas graves; las cuales si se acumulan ascienden a 50 años de prisión; sólo falta que la autoridad aplique la norma.

En el portal oficial de la Organización de los Estados Americanos se consignan los datos sobre la formalización de la Convención Interamericana señalada. La situación actual reportada es la siguiente:

Por lo expuesto, se somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores reitere al gobierno de Estados Unidos de América la importancia de la ratificación de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados adoptada por la Organización de los Estados Americanos. Asimismo, que invite al gobierno estadounidense a aceptar e instrumentar plenamente el Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Ligeras, adoptado por la Organización de las Naciones Unidas.

Segundo. La Cámara de Diputado exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que siga promoviendo reuniones de trabajo con el gobierno de Estados Unidos, orientadas a analizar el flujo ilegal y masivo de armamento de alto calibre hacia México.

Tercero. La Cámara de Diputado exhorta al Gobierno Federal a que instruya al Consejo Nacional de Seguridad Pública a adoptar las medidas necesarias para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícito de explosivos que se destinan a las acciones relacionadas con el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia transnacional organizada, las actividades mercenarias y otras conductas criminales.

Cuarto. La Cámara de Diputado exhorta al Ejecutivo Federal a implementar medidas que refuercen la vigilancia en las aduanas, así como la infraestructura fronteriza con el fin de evitar el flujo ilegal de armas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 15 días del mes de noviembre de 2011.

Diputada Adriana Sarur Torre (rúbrica)