De la Comisión de Economía, relativa a la reunión ordinaria efectuada el martes 12 y el miércoles 13 de abril de 2011

A las 18:00 horas del día 12 de abril del 2011, en el salón de protocolo del edificio A, de este Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Economía, para dar inicio al desahogo del orden del día al correspondiente.

Lista de asistencia y declaratoria de quórum

En dicha reunión hicieron acto de presencia las diputadas y los diputados Ildefonso Guajardo Villarreal, presidente de la Comisión; Alejandro Cano Ricaud, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Narcedalia Ramírez Pineda, Melchor Sánchez de la Fuente, José Luis Velasco Lino, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, María Antonieta Pérez Reyes, Norma Sánchez Romero, Indira Vizcaíno Silva, Rodrigo Pérez Alonso-González, secretarios; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, José Antonio Arámbula López, Raúl Gerardo Cuadra García, Sergio Gama Dufour, Pavel Díaz Juárez, Jorge Hernández, Susana Hurtado Vallejo, Ramón Jiménez López, Vidal Llerenas Morales, Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Luis Enrique Mercado Sánchez, María Florentina Ocegueda Silva, Enrique Salomón Rosas Ramírez, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa y Víctor Roberto Silva Chacón, integrantes.

En virtud de que se contó con el registro de asistencia de 26 diputadas y diputados e integrándose el quórum reglamentario, se procedió a dar lectura al orden del día.

Lectura del orden del día

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum; 2) lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 3) lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión del 2 de febrero de 2011; 4) lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen: primero, iniciativa que reforma los artículos 32, de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 67 y 72 de la Ley Federal de Radio, Televisión y Cinematografía; segundo, minuta del proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, del Código Penal Federal, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 5) asuntos generales; 6) clausura.

El orden del día fue sometido a consideración de las diputadas y los diputados miembros de la comisión, para ser aprobado por unanimidad.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión del 2 de febrero del 2011

Tras haber sido enviada a los miembros de la comisión con la anticipación debida para su revisión, el acta de la sesión del 2 de febrero del año en curso fue sometida a su consideración por el secretario diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, acto seguido fue aprobada de manera unánime.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen

El secretario diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez procedió a abordar el siguiente punto en el orden del día: la discusión del proyecto de dictamen de la iniciativa que reforma los artículos 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 67 y 72, de la Ley Federal de Radio, Televisión y Cinematografía.

El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, comentó al respecto que, de acuerdo a las modificaciones introducidas al reglamento, se exigía que los dictámenes fueran formulados en determinado plazo y que, en tal sentido, se estaba respetando lo establecido; por otra parte, manifestó que antes de escuchar las opiniones y el análisis de las diputadas y los diputados presentes, sería provechoso escuchar al asesor jurídico del Secretariado Técnico, para conocer las razones por las que el dictamen se había formulado en sentido negativo.

El ciudadano Andrés Alejandro Pérez Frías señaló que la iniciativa proponía reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley Federal de Radio, Televisión y Cinematografía, para que se estableciera como publicidad engañosa la de productos que crean obesidad, sobre todo en los niños, y para prohibir la de los productos alimentarios nocivos para la salud o que tendieran a generar obesidad.

El abogado Pérez Frías indicó que se proponía desechar la iniciativa principalmente porque la Ley Federal de Protección al Consumidor establecía reglas para dar certeza jurídica a las relaciones de consumo y porque no se estimaba que las políticas de nutrición fueran parte de dicha ley, sino de una especializada como la de Salud. En el mismo sentido, el abogado expresó que las reformas que se proponían a la Ley Federal de Radio, Televisión y Cinematografía ya se encontraban contendidas en la Ley de Salud y que de hecho en ésta había un capítulo consagrado a la publicidad de alimentos con las mismas reglas que se proponían en la iniciativa y además con mayor grado de certeza y con definiciones técnicas; por último, el asesor jurídico señaló que la iniciativa hacía referencia al término alimentos nocivos para la salud, sin que se propusiera un mecanismo para definirlos, por lo que se estimaba correcto proponer su desechamiento.

El diputado José Luis Velasco Lino a su vez planteó que mientras en las últimas décadas había habido un exceso de publicidad orientada al consumo de alimentos, en cambio no se habían tomado medidas para identificar en ellos el contenido nutricional, lo que se traducía, con relación a la alimentación de los hijos, en una ignorancia vinculada a una falta de información, de suerte que hoy el 60 por ciento de la población del país padecía obesidad y la diabetes se había convertido en un serio problema.

El diputado Ramón Jiménez López por su parte planteó que sólo se podría satisfacer el propósito del proponente si se modificaba la Ley de Salud en sus artículos 307 y 413, y no la Ley Federal de Protección al Consumidor ni la Ley Federal de Radio, Televisión y Cinematografía; en tal sentido, el diputado Jiménez expresó que habría que modificar el párrafo tercero del artículo 307, en el sentido de que en la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas se incluyeran mensajes precautorios indicando las consecuencias del abuso del consumo de productos de alto contenido calórico en la salud. Por último, el legislador expresó que se sumaba al sentido del dictamen.

El secretario diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez seguidamente puso a consideración de los miembros de la comisión el dictamen ya discutido, tras lo cual fue votado y aprobado en sus términos de manera unánime. Tras lo cual el diputado secretario procedió a abordar el dictamen correspondiente a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, del Código Penal Federal, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, seguidamente tomó la palabra con el fin de comentar que, el dictamen que les fue enviado con la debida oportunidad a los miembros de la comisión, se había excluido el artículo 39, relacionado con el recurso de reconsideración, con el fin de continuar trabajando en él, habida cuenta de la existencia de un debate intenso en cuanto a la disyuntiva de remitir los recursos de reconsideración al Tribunal Fiscal Administrativo o al Poder Judicial de la Federación; tema con respecto a lo cual se había consultado a jueces y expertos, para después plantear que los recursos de reconsideración se presentaran ante el Poder Judicial.

Enseguida el diputado Guajardo instruyó al Secretariado Técnico para que en el momento de la discusión del dictamen en lo particular se distribuyeran entre los miembros de la comisión dos páginas y media en las que se definía la orientación del artículo mencionado. Dicho esto, el presidente Guajardo Villarreal instruyó al secretario diputado Morán Sánchez para que se abriera la discusión en el Pleno de la comisión con respecto a la minuta correspondiente a las reformas de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez, hizo un reconocimiento a la labor del presidente de la comisión y a su equipo por la forma como se habían venido desarrollando los trabajos para impulsar la LFCE, en el sentido de conciliar puntos de vista y de mantener en mucho el dictamen original que la Comisión de Economía aprobó en abril del 2010 y por tanto en razón del dictamen que en ese momento se estaba discutiendo.

El diputado Vidal Llerenas Morales expresó que a consideración suya el trabajo que se estaba realizando en la comisión permitía recoger buena parte de la propuesta general en temas fundamentales como en el caso de medidas cautelares, multas y verificaciones de emergencia, de gran importancia en materia de competencia, así como otros temas planteados por el Senado y presentes en la minuta. Asimismo, el diputado Vidal Llerenas comentó que la ley ya reformada seguramente contribuiría a fortalecer el órgano regulador de competencia, tema respecto al cual se observaban coincidencias con el Senado de la República. Por último, el legislador felicitó a los miembros de la Comisión de Economía por el trabajo realizado.

El diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla también se sumó a los comentarios hechos por el diputado Luis Enrique Mercado respecto al trabajo realizado por la comisión y expresó su reconocimiento en tal sentido, al tiempo de expresar que el dictamen que los miembros de la comisión tenían en sus manos cumplía con las expectativas de la sociedad y del país, independientemente de las reservas que en su momento se plantearan.

El diputado Ramón Jiménez López expresó su intensión de votar el dictamen en sentido positivo, al tiempo de señalar que, a consideración suya, había un problema en el ámbito de la relación entre el artículo 39 de la Ley Federal de Competencia Económica, por un lado, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por otro y, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Con relación a ello, el diputado Jiménez planteó que el objeto era eliminar la vía administrativa de defensa de quien incurriera en prácticas no competitivas es decir la figura de reconsideración. El legislador asimismo señaló que en caso de hacer que la Comisión de Competencia eche para atrás su dictamen al eliminar la articulación administrativa se establecería que la única manera de someter a revisión su dictamen suyo contra el ente que incurriera en prácticas no competitivas, sería acudir a instancias judiciales vía amparo indirecto.

El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, comentó al diputado Ramón Jiménez López que sus planteamientos seguramente enriquecerían la discusión en el momento de abordar las diversas reservas que se plantearan y, en particular, la relativa al artículo 39. Dicho esto, y en la medida en que no hubo otro comentario por parte de los miembros del Pleno, el diputado Guajardo expresó que deseaba compartir con sus compañeras y compañeros legisladores cuál había sido el espíritu del diseño de la minuta que se presentaba.

Al respecto señaló que cuando el proyecto de dictamen de la iniciativa elaborado por la Comisión de Economía se convirtió en minuta en el Senado de la República, se procesó de tal manera que el conjunto de los artículos reservados en la Cámara alta no regresaron lamentablemente a formar parte del dictamen de la minuta que nos ocupa del dictamen, de suerte que lo recibido por la comisión era aquello que había sido aprobado en lo general y en lo que no había habido debate, mientras que se había perdido el conjunto de las reservas planteadas en el Senado y por lo tanto todo aquello que había sido objeto de un debate intenso.

En este punto, y a manera de recapitulación, el diputado Guajardo Villarreal puntualizó que, en primer lugar, el Senado había establecido una valiosa discusión -que no se había librado en la Cámara de Diputados- con respecto a dos artículos relacionados con el estatus jurídico del organismo y con la posibilidad de que los comisionados fueran ratificados por la Cámara alta; asimismo agregó que al haber sido introducidos y desincorporados dichos artículos por el Senado, de manera que ya no formaron parte de la minuta recibida por la Cámara de Diputados, en ésta ya no pueden ser parte del análisis y de la discusión de la minuta, en la medida en que los referidos artículos no formaron parte de la discusión original. En este punto el diputado Guajardo aclaró que precisamente ese hecho le confirió un gran peso al análisis del recurso de reconsideración, ya que en éste la solución final se adoptó gracias al debate en el Senado, de suerte que en la Comisión de Economía se había replanteado la posición original asumida con relación al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; el diputado presidente agregó que al atender el debate que había tenido lugar en el Senado, se estaba reponiendo en el artículo 39 la posibilidad de remitir los recursos de reconsideración al Poder Judicial de la Federación, ello con el fin de atender en la medida de lo posible al espíritu del debate realizado en la Cámara alta, con respecto a fortalecer el equilibrio entre poderes.

A este propósito, el diputado Guajardo agregó que frente a la gran tentación de restablecer los articulados originales, la presidencia de la Comisión de Economía consideró que hubiera sido literalmente un insulto al Senado no demostrar, en ese segundo intento, que se había seguido atentamente el debate que había protagonizado esa Cámara, de manera que la nueva redacción de los artículos, en mayor y en menor grado, mostrara que sin duda fueron enriquecidos por el debate habido en la colegisladora y, asimismo, que de ello se daba cuenta en los propios considerandos del dictamen, en la medida en que en ellos se recogían los temas significativos en debate y la razón por la que se retomaban en tal o cual sentido, con el fin de propiciar una reacción favorable por parte del Senado.

Ello, habida cuenta de que al hacérsele llegar el dictamen a la Cámara alta, debido a que el proceso legislativo se encontraría en la última etapa, los senadores ya no podrían modificarlo, sino sólo aceptarlo tal cual y en sus términos, o bien rechazarlo, con lo que ello significaría.

Por último, el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal señaló que en el dictamen que se les había hecho llegar a los miembros de la comisión con la debida oportunidad, se mantenía la contundencia de la ley y constituía un avance extraordinario con respecto al marco legal con que contaba hasta ese momento la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), al tiempo de expresar que ello representaría un avance fundamental para que el país incrementara sus índices de competitividad a escala internacional, en comparación con los sistemas de competencia del mundo.

Dicho esto, el diputado Guajardo pidió al secretario diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, que tomara nota de las reservas que desearan presentar las diputadas y los diputados miembros de la comisión con respecto al articulado y a las fracciones en cuestión, para su discusión en lo particular antes de votar el dictamen en lo general.

El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, procedió a hacer un resumen de las reservas hechas por las diputadas y diputados integrantes de la comisión para quedar de la siguiente forma: diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla, reservó el artículo 13 Bis, primer párrafo, el diputado Raúl Ruiz de Teresa, reservó el artículo 31, en diputado Vidal Llerenas Morales reservó la consideración sexta en su fracción IV, el diputado Rodrigo Pérez-Alonso González reservó del artículo 35, el párrafo después de la fracción XII, y el artículo 28, primer párrafo; el diputado Luis Enrique Mercado Sánchez reservó la fracción I del artículo 31 y hace una introducción del transitorio al artículo 39; la diputada Narcedalia Ramírez Pineda reservó la fracción IV Bis, del artículo 24; el diputado Ramón Jiménez López, reservó el artículo 24, fracción IV Bis y el 34 Bis, apartado 4.

Acto seguido el diputado presidente pidió al secretario someter a consideración la aprobación del dictamen en lo general con excepción de los artículos reservados, con el fin de continuar con el procedimiento reglamentario.

El diputado secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez procedió a someter a consideración de los miembros del Pleno de la comisión el dictamen en lo general, votación que arrojó por resultado 24 votos a favor y un sólo voto en contra.

El diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla, con relación al artículo 13 Bis, párrafo primero, planteó que, a consideración suya y en la medida en que era necesario eliminar cualquier margen de discrecionalidad en la interpretación de la ley y en su cumplimiento, el término considerar debía ser sustituido por el de acreditar, de tal manera que la autoridad esté obligada a demostrar que los agentes económicos que se encontraran bajo el supuesto correspondiente previsiblemente lo estuvieran y ello redundara en otorgar mayor certidumbre jurídica a los entes económicos. De manera que, ya con la modificación planteada, el párrafo en cuestión observaría la redacción siguiente: “Artículo 13 Bis. Para determinar la existencia de poder sustancial de dos o más agentes económicos que se ubiquen en los supuestos del artículo anterior en prácticas monopólicas relativas en un mismo mercado relevante, la comisión deberá acreditar los siguientes elementos...”

El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, al respecto comentó que el tema al que se había referido el diputado Juraidini estaba vinculado al término “poder sustancial conjunto”, mismo que en los últimos lustros se había incorporado a los marcos de competencia en el mundo, fundamentalmente en Europa, y que aludía a muy pocos casos, en los que con claridad dos o más agentes económicos dominantes se imitan unos a otros sin ponerse de acuerdo y como resultado de ello cerraban el mercado a otros competidores.

Seguidamente el diputado Guajardo Villarreal comentó que entendía que el diputado Juraidini quería introducir una mayor seguridad jurídica al proponer que se sustituyera el término considerar por el de acreditar y, asimismo, señaló que dicha propuesta había formado parte del debate en el propio Senado de la República, con el fin de que con mayor rigor la autoridad fundamentara sus acciones. Tema que a decir del diputado Guajardo era digno de ser planteado en el seno de la comisión.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez opinó, con respecto a lo planteado por el diputado Juraidini, que lo indicado era no sustituir el término considerar, en la medida en que hacía referencia a una serie de elementos que precisamente debían ser considerados por la Comisión Federal de Competencia, entre ellos la existencia de un comportamiento similar sostenido implícito o explícito entre los agentes económicos, la existencia de barreras de entrada al conjunto de los agentes económicos involucrados, así como la de barreras de entrada al mercado relevante, etcétera.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez agregó que si el término referido se sustituía por el de acreditar virtualmente se estaría anulando la capacidad de la Cofeco para combatir los casos de poder sustancial conjunto, pues el término aludiría al imperativo de que la comisión debiera demostrar con pruebas documentales, sin ninguna duda, la existencia de un comportamiento similar sostenido implícito o explícito entre los agentes económicos de que se tratara, y así con respecto a la existencia del resto de los elementos establecidos en el articulado correspondiente.

En igual forma el diputado Luis Enrique Mercado Sánchez planteó que el término considerar no se traducía en falta de certidumbre jurídica, sino en que la autoridad debía tomar en consideración determinados elementos, sin que se le impusiera la obligación de demostrar fehacientemente su existencia, porque ello podría significar un proceso de años o incluso una imposibilidad.

La diputada Indira Vizcaíno Silva, por su parte afirmó que al sustituir el término considerar por el de acreditar se entendería que la autoridad tendría la obligación de probar los cinco supuestos enunciados y que en tal sentido ella no creía necesario que debieran probarse los cinco para iniciar un procedimiento de investigación; asimismo, la legisladora afirmó que si se adoptaba el término acreditar se dejaría una puerta ampliamente abierta para cualquier tipo de impugnación por parte de la entidad económica investigada y, en cambio, si se respetaba el término considerar se permitiría que durante el procedimiento se hicieran todas las aportaciones de prueba necesarias para acreditar la investigación.

El diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla, expresó que lo que precisamente trataba de evitar su propuesta era lo señalado por la diputada Indira Vizcaíno, en el sentido de propiciar que los agentes investigados fueran a juicio y que se derrumbaran las pruebas en la medida en que no existiera la comprobación necesaria para acreditar los supuestos correspondientes que le permitieran a la autoridad considerar que se estaría ante un caso de poder sustancial conjunto.

El legislador señaló que al mismo tiempo lo que se pretendía era que, en su caso, se probara la culpabilidad del agente económico y que no se le sometiera a discrecionalidades y por tanto no se castigara al inocente.

La diputada Indira Vizcaíno Silva, señaló que a juicio suyo en tal sentido no se podrían comprobar los cinco supuestos, sobre todo el quinto, y propuso que, en todo caso, al sustituir el término considerar por el de acreditar, se agregara que se acreditaran necesariamente dos o tres de los elementos señalados, pero no los cinco, ya que ello sería muy complicado.

El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, con relación a lo anteriormente expuesto, planteó la conveniencia de que la comisión consultara a quien tuviera experiencia en marcos legales de competencia internacional, con el fin de tomarlos en consideración y plantear una redacción adecuada que en su caso atendiera lo propuesto por la diputada Indira Vizcaíno. Luego de este planteamiento, el diputado Guajardo sugirió que se reservara para más tarde la votación de dicho tema, con el fin de encontrar un margen de solución y, en caso de que no fuera así, se procediera a votar las dos posiciones previamente expuestas. Seguidamente, el diputado presidente Guajardo Villarreal propuso que se abordara la reserva planteada por el diputado Vidal Llerenas.

El diputado Vidal Llerenas Morales, en referencia a la reserva por él planteada y relativa a los considerandos del dictamen en la parte correspondiente a la consideración sexta, en su fracción cuarta, comentó que resultaba extraño que en la minuta enviada por el Senado de la República la elegibilidad del secretario ejecutivo de la Cofeco estuviera sometida a una serie de exigentes y necesarios requisitos que comprendían su experiencia y su calidad profesional y, asimismo, a aquello a lo que estaría impedido a hacer tras haber ocupado el cargo, etcétera, mientras que en el caso de los comisionados no se planteaban tales requisitos. El diputado Llerenas agregó que ante la imposibilidad de que la comisión pudiera subsanar en el articulado dicha omisión, ya que el proceso parlamentario no lo permitía, por lo menos debía consignarse en los considerandos que a la brevedad se presentaría otra iniciativa para homologar los requisitos en el caso de los comisionados.

Por último, a invitación del diputado Guajardo Villarreal, el diputado Llerenas Morales leyó su propuesta de texto para ser incorporado a los considerandos, la cual dice así:-No es ajeno para la Comisión de Economía el hecho de que los requisitos para la designación del secretario ejecutivo que se propone en este dictamen, son distintos de los que actualmente se establecen para los comisionados por lo cual el perfil de especialización para ser secretario ejecutivo será más riguroso que para ser comisionado.

Sin embargo, dado que el debate sobre aumentar los requisitos para los comisionados que se dio, en el Senado, estuvo relacionado, con modificar el artículo 26, el cual fue objeto de reserva y por lo tanto no formó parte de la minuta que fue enviada a esta Cámara de Diputados, este órgano legislativo se encuentra impedido en este momento para homologar los requisitos en ambas figuras y elevar también el perfil de especialización de los comisionados.

No obstante lo anterior, manifiestan su intención de presentar a la brevedad una iniciativa para homologar los requisitos en ambos artículos, lo que permitirá a juicio de esta Comisión de Economía, que la Dirección Federal de Competencia, cuente con comisionados y secretario ejecutivo de un alto perfil de especialización.

El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, sede la palabra a la diputada Susana Hurtado para observaciones.

La diputada Susana Hurtado Vallejo hizo un señalamiento en el sentido de que en los considerandos del dictamen de la minuta de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) se hacía mención de los diversos códigos y leyes sujetos de reformas con el fin de procesar la reforma a la LFCE, pero no así en el caso de la Ley Federal de Procedimientos Contencioso Administrativos y de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa, cuando a decir de la diputada Susana Hurtado Vallejo debieron ser mencionadas.

El ciudadano Andrés Alejandro Pérez Frías, asesor jurídico de la Secretaría Técnica de la comisión, por instrucciones del diputado Guajardo Villarreal procedió a dar una explicación a la diputada Susana Hurtado Vallejo con respecto a la omisión mencionada y, en tal sentido, expresó a la legisladora que no se había incluido el par de leyes citadas ya que se vinculaban al artículo 39 de la LFCE, artículo que por lo pronto había sido excluido en tanto se terminaban de consultar y acordar el sentido que tendría el artículo 39 mencionado. Dicho esto, y tras otro intercambio de puntos de vista entre el abogado Pérez Frías y la diputada Susana Hurtado Vallejo, el tema quedó plenamente aclarado. Acto seguido, el diputado presidente Guajardo pidió al secretario diputado procediera a someter a votación la reserva presentada por el diputado Vidal Llerenas.

El secretario diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez procedió a someter a consideración de los miembros del Pleno la propuesta del diputado Vidal, misma que fue votada a favor de manera unánime. Tras lo cual se concedió la palabra a la diputada Narcedalia Ramírez, con el fin de que planteara la reserva por ella planteada, relativa a la fracción IV bis del artículo 24.

La diputada Narcedalia Ramírez Pineda, con respecto a la mencionada fracción, planteó una propuesta de redacción con fines de mayor claridad, en los siguientes términos: “...ordenar la suspensión de los actos constitutivos de una probable práctica monopólica o probable concentración prohibida, así como fijar caución para evitar o levantar dicha suspensión...”

El secretario diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, sometió a votación la proposición de la diputada Ramírez y los miembros de la comisión la aprobaron en sus términos, de manera unánime.

El diputado Ramón Jiménez López, con relación a la reserva por él planteada, relativa al artículo 24, IV bis, propuso una modificación a ser introducida después de la frase “...contra dicha medida el agente económico podrá otorgar caución...”, en los siguientes términos: “...la que deberá ser equivalente a la multa establecida por la práctica monopólica por la concentración ilegal señalada en el artículo 35 de esta ley para cada una de ellas”.

El diputado Ramón Jiménez López aclaró que su propuesta respondía a que no se mencionaba el monto de la caución, si bien sí se señalaba que ésta debía ser suficiente, y a que era necesario que no existiera discrecionalidad al respecto.

El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, con relación a ello comentó que en la página 38 del dictamen, en su último párrafo, decía que “...contra dicha medida el agente económico podrá solicitar al Pleno que, mediante procedimiento expedito, se establezca en el reglamento de la ley le fije caución a fin de evitar la suspensión de los actos constitutivos de dicha práctica. La caución deberá ser bastante para reparar el daño que se pudiera causar al proceso de competencia y libre concurrencia si no obtiene resolución favorable. La Comisión emitirá los criterios técnicos respectivos para la determinación de las cauciones...”

En este punto, el diputado Guajardo aclaró que había un precepto constitucional que señalaba que en el caso de las multas debe haber una proporcionalidad de acuerdo al daño y que en el caso específico que se abordaba, ello se refería a que la caución debía ser suficiente para compensar el daño a la competencia económica.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez, con referencia a lo planteado por el diputado Jiménez López, opinó que no era posible vincular la caución a la multa en la medida en que, en el momento de aplicar la caución, el agente económico estaría siendo investigado con el fin de saber si es o no culpable y, por tanto, incluso sería posible que en caso de ser hallado inocente no se aplicara multa alguna.

La diputada Indira Vizcaíno Silva por su parte opinó que no se trataba de ligar los dos momentos referidos, sino de contar con la proporción con respecto a la cual se pudiera aplicar la caución, dicho lo cual el diputado Luis Enrique Mercado insistió en su posición.

El presidente diputado, Ildefonso Guajardo Villarreal, al respecto puntualizó que, de acuerdo a lo planteado en el dictamen, se le estaba dejando a la autoridad establecer de qué tamaño debía ser la caución, por una parte, y que, por otra, establecer el monto de la caución en la ley de acuerdo a un porcentaje con respecto la multa, lo mismo podía resultar insuficiente que excesivo. En este punto, el diputado Guajardo recordó que los cambios introducidos a la LFCE sin duda fortalecían a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), al tiempo de señalar que una medida como la que planteaba el diputado Jiménez López podía convertirse en una camisa de fuerza para la autoridad.

El diputado Vidal Llerenas Morales por su parte abundó en sentido semejante al diputado Guajardo Villarreal, al tiempo de señalar que lo ideal hubiera sido que no hubiera caución, pero que, al haberla, ésta no debía ser necesariamente igual a la multa; el legislador asimismo señaló que la Cofeco era un ente regulador del mercado y no un juez, por lo que la flexibilidad en la definición de la multa era importante y que, por otra parte, ésta no quedaría a discreción, porque se mandataba a la Cofeco contar con un reglamento y con los respectivos procedimientos.

Por último, el diputado Vidal Llerenas afirmó que de otra manera se le impondría una camisa de fuerza al órgano regulador.

El diputado Ramón Jiménez López, expresó que el aspecto central residía en que hubiera la menor discrecionalidad posible y que, en efecto, la caución podía ser mayor o menor a la multa; por otra parte expresó que, con el fin de evitar discrecionalidades, proponía que en la ley se consignara que el monto de la caución fuera, por lo menos, a lo establecido en el artículo 35.

El diputado secretario Leoncio Morán Sánchez, en la medida en que no hubo más intervenciones sobre el tema, procedió a someter a la consideración de los miembros de la comisión la reserva y propuesta planteada por el diputado Ramón Jiménez López, misma que fue rechazada por mayoría, con dos votos en contra.

Tras lo cual se le concedió la palabra al diputado Pérez-Alonso, con el fin de que presentara su reserva, relacionada con el artículo 28, en materia de del nombramiento del presidente de la Cofeco.

El diputado Rodrigo Pérez-Alonso González al respecto señaló que en el dictamen formulado por el Secretariado Técnico de la comisión se proponía que el presidente de la Cofeco fuera designado por el titular del Ejecutivo Federal por un periodo de cuatro años, con posibilidad de ser nombrado una sola vez por otro periodo igual, al término del cual cumpliría, si fuera el caso, su periodo restante como comisionado.

Al respecto, el diputado Pérez-Alonso afirmó que si se quería dotar de mayor autonomía a los órganos reguladores y sobre todo a la presidencia de la Cofeco, a decir suyo la redacción propuesta por la Cámara de Senadores era la adecuada, en el sentido de que la mayoría de los comisionados eligieran al presidente de la comisión, de la misma manera que se hacía en otros órganos reguladores, como en el caso de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

Seguidamente, el diputado Pérez-Alonso dio lectura al artículo 9 E de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que dice: “Los comisionados se elegirán entre mismos y por mayoría de votos al presidente de la comisión quien tendrá este cargo por un periodo de cuatro años renovables y a quien le corresponderá el ejercicio de las siguientes facultades, sin perjuicio de lo que establezca el Reglamento Interior de la comisión”.

El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, antes de abrirse el debate con el resto de los miembros de la comisión, procedió a hacer un comentario con respecto a la propuesta del diputado Pérez-Alonso, en el sentido de que plantear como ejemplo precisamente a la Cofetel reforzaba la tesis de que lo adecuado era evitar una presidencia rotatoria, porque cuando los comisionados tienen el poder de designar quién los va a dirigir, empiezan a formar bloques que terminan disputándose el control y el poder de una comisión, en detrimento de la regulación del sector de que se trate.

El diputado Ildefonso Guajardo agregó que de acuerdo al escenario internacional, los mecanismos reguladores similares al mexicano generalmente establecen que el nombramiento de quien habrá de presidirlos recaiga sobre el Ejecutivo, precisamente para evitar juegos de poder que contaminen al cuerpo regulador.

El diputado Ildefonso Guajardo agregó que por ello la comisión había regresado a lo planteado originalmente por la Cámara de Diputados.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez expresó que al establecer que el presidente de la Cofeco sea nombrado por el titular del Ejecutivo federal, lo que se pretendía era conferirle al órgano regulador la mayor eficacia posible y que quien lo presidiera no fuera vulnerable ante eventuales presiones internas.

El diputado Rodrigo Pérez-Alonso González opinó que si el presidente de la Cofeco fuera designado por el titular del Poder Ejecutivo ello podría causar presiones políticas, como estaba sucediendo en la Comisión Federal de Telecomunicaciones y que en tal sentido había que prevenir que se politizara la agenda regulatoria.

El secretario diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, sometió a la consideración de los miembros de la comisión la reserva presentada por el diputado Pérez-Alonso, votación misma que fue rechazada por mayoría. Inmediatamente después se procedió a continuar procesando las reservas enlistadas.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez, con referencia a la fracción primera del artículo 31, planteó que una adición, con relación al párrafo en el que se decía, textualmente, que, “el secretario ejecutivo someterá a la autorización del pleno la orden de visita, que contendrá el objeto, alcance y duración a los que deberá limitarse la diligencia; el nombre del visitado, la ubicación del domicilio o domicilios a visitar, así como el nombre o nombres de los servidores públicos que la practican conjunta o separadamente”. El legislador planteó añadir un renglón que dijera “la comisión realizará las visitas de verificación, sólo respecto de datos y documentos que se relacionen con la investigación”, - y luego sigue en la misma fracción “los servidores Públicos estarán obligados a observar las obligaciones a que se refiere el artículo 31 Bis de esta ley. La práctica de las visitas no podrá exceder un periodo de dos meses que podrá prorrogarse hasta por otro periodo igual, en caso que así lo justifique la investigación”, lo anterior con el fin de evitar abusos de autoridad.

El diputado Ramón Jiménez López señaló, con referencia a la propuesta del diputado Luis Enrique Mercado Sánchez, que se podría prestar a que la empresa a ser investigada pudiera ampararse por información requerida por la Cofeco que a juicio de sus abogados pudiera no formar parte de lo requerido.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez a su vez aclaró que su propuesta precisamente pretendía evitar lo señalado por el diputado Ramón Jiménez López, de suerte que, al pedírsele a la empresa exclusivamente información vinculada con la investigación, aquella no podría ampararse, pues no habría motivo para ello.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez afirmó, con respecto a un señalamiento planteado por la diputada Susana Hurtado Vallejo que, en efecto, en el articulado había una mención en el sentido de que “el objeto de la diligencia debería limitarse a cuestiones relacionadas con la competencia económica”, pero que lo que él proponía era aún más preciso, pues evitaría cualquier ambigüedad.

El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, a su vez, señaló que la aportación del diputado Luis Enrique Mercado ayudaba a fortalecer la certidumbre jurídica de los agentes, al tiempo que, como el propio legislador señalaba, simplemente se trataba de un reforzamiento al parafrasear la ley, cuando el agente siempre puede regular el amparo en ese tipo de procedimientos, aun cuando no se diga.

Acto seguido, pregunta al Pleno si algún diputado tiene algún otro comentario, y de no ser así pide al secretario someterlo a votación.

El secretario diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, procedió a someter a la consideración del Pleno de la comisión la propuesta del diputado Mercado, misma que fue aprobada mayoría.

El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, procedió a dar la palabra al diputado Ruiz de Teresa, con respecto a la reserva de la fracción V del artículo 31.

El diputado Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, con respecto a la propia fracción I del artículo 31, planteó que el uso de la fuerza pública fuera previamente autorizada por el Pleno de la Cofeco, ya que en razón de la gravedad de la medida es necesario reforzar la garantía de legalidad y el Estado de Derecho, por lo que propuso introducir en el segundo párrafo del inciso c), de la fracción V del artículo 31, el siguiente texto: “Para el cumplimiento eficaz de la visita de verificación, el Pleno de la comisión podrá autorizar que los servidores públicos que lleven a cabo la visita de verificación puedan solicitar el auxilio inmediato de la fuerza pública”.

El secretario diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, al no haber otros comentarios, sometió a la consideración de las diputadas y los diputados miembros de la comisión la reserva presentada por el diputado Ruiz de Teresa, siendo aprobada por mayoría.

El diputado Rodrigo Pérez Alonso González, con relación al artículo 35, fracción XIII, donde se indica en el texto: “los ingresos señalados en las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII y XIII serán los acumulables, excluyendo los obtenidos de una fuente de riqueza ubicada en el extranjero, así como los gravables, si estos se encuentran sujetos a un régimen fiscal preferente...”, se añadiera la expresión “directamente involucrados” y se eliminara el términos “prácticas”.

El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, explicó, con respecto a la propuesta del diputado Rodrigo Pérez-Alonso, que seguramente ésta respondía a una preocupación ya expresada en la comisión, en el sentido de que deberán ser sujetos de multa los agentes económicos directamente involucrados; así, por ejemplo, en el caso de un conglomerado con diferentes líneas de producción, la multa deberá aplicarse con respecto a la línea en la que se produjera la violación en términos de competencia, y no en el resto de las líneas que conformaran el conglomerado.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez al respecto planteó que no debía ser aprobada la propuesta presentada por el diputado Pérez-Alonso ya que ello impediría la aplicación de las multas, pues si se establecía en la ley que éstas deben aplicarse al agente económico “directamente involucrado”, se estimularía en las empresas una planeación corporativa con el fin de reducir la dimensión del agente económico a ser multado; por otra parte, el diputado Luis Enrique Mercado comentó que la Suprema Corte de Justicia estableció la definición de agente económico, de manera que era contraproducente agregar la expresión “directamente involucrado”, misma que permitiría al agente económico evadir las multas en caso de violación.

El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, por su parte expresó que precisamente el planteamiento del diputado Luis Enrique Mercado aportaba elementos para adoptar la recomendación del diputado Pérez-Alonso y, en tal sentido, ello también debido a que la Suprema Corte de Justicia había definido el carácter de agente económico.

El diputado Guajardo agregó que si la comisión hubiera persistido en la utilización del concepto de mercado relevante, el diputado Luis Enrique Mercado Sánchez estaría en lo correcto; al respecto, y con el fin de ilustrar su punto de vista, el diputado Guajardo recurrió a un ejemplo, en el que si McDonalds Chiapas se pusiera indebidamente de acuerdo con Burger King y ello se tradujera en una práctica corporativa, a efectos de multa sólo se considerarían los ingresos de McDonalds Chiapas bajo el criterio de mercado relevante.

El diputado asimismo expresó que si la autoridad pudiera probar, en este caso hipotético, que la empresa subsidiaria de Chiapas hubiera establecido comunicación con el corporativo de la otra empresa con el fin de establecer un pacto a escala nacional de precios y cantidades en una práctica monopólica absoluta, la autoridad tendría los elementos para demostrar que el agente económico sería todo el corporativo. En cambio, en el caso de que el empresario en cuestión además tuviera otra empresa en otro giro económico, para imponer la multa no podrían considerarse esos ingresos.

En este sentido y por último, el diputado presidente de la Comisión de Economía opinó que por estas razones la comisión debía considerar la propuesta del diputado Pérez-Alonso, al tiempo de eliminarse el concepto de prácticas, presente en la parte final del dictamen original.

El secretario diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, sometió a la consideración del Pleno la reserva del diputado Pérez-Alonso, misma que fue aprobada de manera unánime. Seguidamente, el diputado Guajardo explicó que el diputado Ramón Jiménez López había retirado la reserva del artículo 34 Bis 4, de manera que sólo faltaba procesar las reservas de los artículos 13 Bis y 39. Dicho esto, el secretario diputado sometió a la consideración de las diputadas y los diputados miembros de la comisión se declarara la reunión de trabajo en permanente y se tomara un receso, propuesta que fue aprobada de manera unánime.

El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, después de un breve receso con el fin de que los miembros de la comisión analizaran la propuesta relativa al artículo 39, propuso que se votara para que quedara claramente establecido que todo lo ya visto y aprobado de lo reservado se incorpora a lo aprobado en lo general, dejando exclusivamente para la discusión los artículos 39 y 13 Bis y para comentarios el artículo 254 en materia de Código Penal.

El secretario diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, procedió a someter a consideración del Pleno de la comisión lo planteado por el diputado presidente Guajardo, mismo que fuera aprobado unánimemente, tras lo cual el diputado Guajardo refrendo el carácter de la reunión en permanente y convocó a concluir los trabajos de dictaminación al día siguiente.

Continuación de la reunión de trabajo el 13 de abril del 2011

El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, a las 15:00 horas, expresó que se reanudaba la sesión en permanente iniciada el día anterior y habiendo el quórum necesario para validar las votaciones por llevar a cabo, abordó el tema de la reserva al artículo 39, que define el recurso de reconsideración.

Asimismo, el diputado Guajardo indicó que el día anterior se había distribuido al respecto una propuesta de la comisión que, por otra parte, asimismo había experimentado algunas transformaciones desde entonces, cambios con relación a los cuales pidió al asesor jurídico del Secretariado Técnico que ofreciera una explicación a los legisladores.

El ciudadano Andrés Alejandro Pérez Frías indicó que se resaltaba en el texto los principios aplicables al juicio ordinario administrativo en materia de competencia económica que consistían en cinco fracciones y dos párrafos al final del artículo, parte la cual había sido modificada y en su lugar se había agregado la frase “aquellas consistentes en actos decisorios terminales dentro de la etapa generadora del acto administrativo”, para establecer cuáles serían las resoluciones impugnables vía juicio ordinario administrativo.

El abogado Pérez Frías además señaló que se había agregado un artículo transitorio para establecer que la vigencia entraría en vigor una vez que fueran establecidos los juzgados especializados en materia de competencia económica por parte del Poder Judicial de la Federación y se expidieran las reglas procesales aplicables al juicio ordinario administrativo, para lo cual se estaba otorgando un término de 180 días.

Acto seguido, y a petición del diputado Guajardo Villarreal, el ciudadano abogado procedió a dar lectura al artículo 39 con los cambios referidos.

“Artículo 39 Contra las resoluciones dictadas con fundamento en esta ley se podrá interponer ante la propia comisión recurso de reconsideración dentro del plazo de 30 días siguientes a la fecha de su notificación.

El recurso de reconsideración tiene por objetivo revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada y los fallos que se dicten contendrán la fijación del acto impugnado, los fundamentos legales en que se apoye y los puntos de resolución.

El reglamento de la presente ley establecerá los términos y requisitos para la tramitación y sustanciación del recurso. La interposición del recurso será mediante escrito dirigido al presidente de la comisión en el que se deberá expresar el nombre y domicilio del recurrente y los agravios, acompañándose los elementos de prueba que se consideren necesarios, así como las constancias que acredite la personalidad del promovente.

La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada cuando se trate de la suspensión de las sanciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 35 y se pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros. La suspensión se concederá si en promovente otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios sino tienen resolución favorable. La Comisión dictará resolución y la notificará en un término que no excederá de 60 días a partir de la fecha en que se haya impuesto el recurso.

El silencio de la comisión significará que se ha confirmado el acto impugnado. El juicio ordinario administrativo ante los Juzgados de Distrito Especializados en materia de competencia económica procede contra resoluciones consistentes en actos decisorios terminales dentro de la etapa generadora del acto administrativo. En el caso de las resoluciones referidas en el párrafo anterior será optativo para la parte que se sienta agraviada...promover el juicio ordinario administrativo o el recurso de consideración. Y contra la resolución que recaiga este último también será procedente el juicio Ordinario Administrativo. El plazo de interposición el juicio ordinario administrativo, será de 30 días a partir de la notificación respectiva.

– El artículo transitorio reza lo siguiente:

“La reforma al artículo 39 de la Ley Federal de Competencia Económica, entrará en vigor una vez que los Juzgados especializados en materia de competencia económica queden establecidos por el Poder Judicial de la Federación y se expidan las reglas procesales aplicables al juicio ordinario administrativo en las disposiciones legales correspondientes en un plazo que no exceda de 180 días naturales a la entrada en vigor de este decreto.”

El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, a continuación comentó que el debate había orillado a la comisión a diferir del día anterior a ese día si se debía o no incluir los detalles procesales en el recurso de reconsideración como parte del cuerpo de la ley que se estaba aprobando y, asimismo, expresó que al respecto habían surgido distintos puntos de vista.

El diputado presidente agregó que había quienes manifestaron preocupación porque los detalles procesales pudieran adolecer de alguna insuficiencia por no contarse con el tiempo necesario para determinar debidamente el procedimiento; el legislador agregó que a este propósito la consensada solución final había sido tomar algunos de los elementos ya incorporados para mejorar la presentación del Senado, al tiempo de establecer en el transitorio un plazo límite para definir las reformas necesarias para determinar los elementos de la parte procesal e integrar el recurso de reconsideración y concluir la discusión sobre el tema.

La diputada Indira Vizcaíno Silva por su parte y con respecto al recurso de reconsideración opinó que si bien el objetivo era contar con un proceso lo más ágil posible para que la autoridad pudiera determinar si hay o no una práctica monopólica, difícilmente en la práctica se observaba que a través de un recurso de reconsideración se modificara lo que la autoridad dicta.

La diputada Vizcaíno agregó que en realidad la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) no tiene facultades para ejecutar resoluciones, pues éstas sólo pueden ser ejecutadas por órganos judiciales, a través de los juzgados de distrito o de un amparo; asimismo señaló que debía ser motivo de preocupación que lo propuesto no se tradujera en un avance en el corto plazo, sino a partir de que se hicieran las modificaciones planteadas en el transitorio.

En este punto, la diputada Vizcaíno señaló que, en primer término, para llevar a cabo un juicio ordinario administrativo estaba facultado el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa y que, con respecto a ello, se abrían varias opciones; por un lado, que no fuera necesario que se crearan los juzgados de distrito especializados en materia de competencia, porque ello implicaba una inversión problemática por motivos de recaudación; y, asimismo, porque a juicio suyo una inversión tal, difícilmente se justificaría por el número de juicios previsibles en la materia.

La diputada Indira Vizcaíno en igual forma planteó que en caso de que se crearan los referidos juzgados especializados de distrito, pudiera plantearse en el transitorio que mientras se llevara a cabo el proceso de creación de dichos juzgados de distrito especializados, los juicios que se presentaran fueran resueltos por el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa.

El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, tomó la palabra con el fin de plantear un balance del tema y en tal sentido recordó que la discusión había empezado con el análisis que originalmente había emprendido la Cámara de Diputados y que se había traducido en la propuesta consignada en la respectiva minuta, en el sentido de que fuera el Tribunal Fiscal Administrativo el que conociera de los casos de competencia.

El diputado Ildefonso Guajardo asimismo señaló que, atendiendo al debate que había tenido lugar en el Senado de la República, tras haber sido resueltos otros temas, el único elemento pendiente para establecer un balance de poderes sería el recurso de reconsideración y en tal sentido remitirlo a un poder que no fuera el Ejecutivo, en la comprensión de que los Tribunales Fiscales Administrativos pertenecen a dicho Poder, y que ahí que se planteara que el recurso de reconsideración se remitiera al Poder Judicial.

Al respecto, el diputado Guajardo se refirió al señalamiento formulado por la diputada Vizcaíno Silva, a propósito de la manera en que tendrán lugar los resultados en el periodo enunciado en el transitorio; al respecto, el diputado Guajardo dijo que, era necesario subrayar el gran avance de la reforma de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) en razón del conjunto de los instrumentos y de las nuevas facultades que se estaban poniendo a disposición de la Cofeco; así, por ejemplo, en la modalidad de las multas y con respecto al propio recurso de reconsideración.

El legislador señaló que con respecto a los tribunales de competencia económica que en la propuesta habían sido remitidos al Poder Judicial, sólo este poder podía decidir si se los instalaba o no y bajo qué modalidad; y que quizás los tribunales en materia de competencia podrían ser definidos como tribunales especializados en materia económica. El diputado Guajardo asimismo consideró que la tendencia mundial era fortalecer el sector judicial para dirimir situaciones de conflicto entre los agentes económicos, de manera que México tenía que empezar a fortalecer la rama judicial en materia económica y que en tal sentido era igualmente necesario, primero, contratar los asuntos en sustancia y no en procedimiento, con el fin de que al mismo tiempo se ofrecieran las garantías de balance entre poderes a los agentes económicos.

Dicho esto, el diputado Guajardo preguntó al asesor jurídico del Secretariado Técnico si deseaba hacer algún comentario.

El ciudadano Andrés Alejandro Pérez Frías, comentó que sólo deseaba precisar que el de reconsideración era un recurso en sede administrativa común del sistema jurídico mexicano; que normalmente en todos los procedimientos de la administración pública se establece el recurso de reconsideración.

El ciudadano abogado Pérez agregó que esa era la razón por la que se estaba discutiendo si el recurso se remitía a tribunales administrativos o a judiciales, ya que después de todo era la sede administrativa la que resolvía el recurso, al tiempo de señalar que en el caso de la Cofeco en la práctica sí han tenido lugar resoluciones en que el recurso de reconsideración ha sido modificado por los magistrados del pleno; el abogado agregó que en cuanto a las multas que establece la Cofeco, una vez que quedan firmes, se convierten en créditos fiscales ejecutados por el Servicio de Administración Tributaria.

El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, al no haber otro comentario al respecto por parte de alguno de los miembros de la comisión, pidió al secretario diputado que sometiera a votación el artículo 39, con las modificaciones de acuerdo al texto leído a los miembros del pleno.

El secretario diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, puso a consideración de las diputadas y los diputados miembros de la comisión las adecuaciones presentes en el texto leído por la Secretaría Técnica, mismas que fueron sometidas a votación y unánimemente aprobadas.

El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, antes de procesar el último artículo reservado, comentó que en el artículo 33, fracción VI, la intención de la comisión había sido mantener la redacción del Senado de la República, concretamente la parte en que se describía el manejo de los expedientes por parte del secretariado técnico y su turno a los comisionados ponentes; pero que lamentablemente se había omitido la expresión de manera rotativa , de manera que párrafo en cuestión quedaría establecido de la siguiente manera:

“El expediente se entenderá integrado a la fecha de presentación de los alegatos o el vencimiento del plazo referido en la fracción anterior. Una vez integrado el expediente por el secretario ejecutivo se turnará por acuerdo del presidente al comisionado ponente de manera rotativa, siguiendo rigurosamente el orden de designación de los comisionados, así como el orden cronológico en que se integró el expediente, quien tendrá la obligación de presentar el proyecto de resolución al Pleno para su aprobación o modificación”.

El diputado Luis Enrique Luis Enrique Mercado Sánchez sugirió que se adoptara el término rotatoria , en lugar de rotativa , lo cual, junto con el resto de las cambios introducidos en el artículo 33, fracción VI, fue aprobado de manera unánime por los miembros de la comisión, tras haber sido sometidos dichos cambios a su consideración por el secretario diputado Morán Sánchez.

El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, en referencia al último de los artículos reservados, es decir, al 13 Bis, comentó que la diputada Indira Vizcaíno y el diputado Jorge Juraidini habían argumentado su posición con respecto al eventual cambio del término considerar por el de acreditar .

La diputada Indira Vizcaíno Silva expresó que dicha sustitución inutilizaba por completo el artículo 13 Bis y que en este sentido significaba lo mismo eliminar dicho término del dictamen ya que, a fin de cuentas, sería prácticamente imposible acreditar la existencia de poder sustancial, tal como se establecía en las diferentes fracciones que integraban el artículo, incurriendo incluso en demagogia legislativa.

El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, en atención a lo expresado por la diputada Vizcaíno, señaló que generalmente el proceso legislativo es el resultado de un balance de temas, a lo que agregó que, en efecto, el concepto de poder sustancial, establecido en Europa, había tenido una aplicación reducida y que en realidad se ha convertido en una sofisticación académica y no ha modificado la aplicación de la práctica de la competencia, por lo que en realidad la primera intención de la comisión había sido no incluir el artículo 13 Bis, como bien apuntaba la diputada. En este punto el diputado Guajardo señaló que lamentablemente en el artículo 13 se establece el concepto de poder sustancial conjunto y que como fue aprobado en la Cámara de Senadores no era posible modificarlo, de manera que la comisión estaba obligada a incluir un artículo 13 Bis, con el fin de que dicho concepto no quedara acéfalo, y que en tal sentido era preciso votar por el término considerar o por el de acreditar . Dicho lo cual, y al no haber más comentarios por parte de los miembros de la comisión, el diputado Guajardo pidió al secretario diputado que se procediera a la votación.

El secretario diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, sometió a la consideración del Pleno la reserva presentada por el diputado Juraidini, siendo aprobada por la mayoría con 4 votos en contra y ninguna abstención.

El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, señaló que con esa se terminaban de procesar las reservas correspondientes a las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica y que mediante votación se debía respaldar la reintegración de los artículos 39 y 13 Bis al dictamen, con el fin de reincorporarlos en lo aprobado en lo general.

El secretario diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, hizo lo propio y el conjunto de los miembros de la comisión votó a favor de dicha reintegración, de manera unánime, para luego abordar la reserva relativa al artículo 254 del Código Penal.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez, por su parte y con respecto a dicha reserva hizo notar que en el párrafo ocho del Código Penal la expresión imperativa “se sobreseerán” debía ser sustituida por la de “se podrán sobreseer”, con el fin de que el texto correspondiente dijera: “los procesos seguidos por este delito se podrán sobreseer”, dicho lo cual y tras consultar el diputado Guajardo Villarreal con el asesor jurídico del Secretaria Técnico las implicaciones jurídicas del cambio, la propuesta de corrección fue incorporada.

La diputada Indira Vizcaíno Silva señaló, con respecto al mismo artículo, pero no con referencia a la reserva, que tal como se había planteado el tipo penal en cuestión éste le parecía inoperante, porque lo establecido en dicha fracción quedaría sin efectos en el momento en que el agente económico infractor pagara la multa tan luego supiera que pudiera ser sometido a un juicio penal, en virtud de lo cual desaparecería el delito. En tal sentido la diputada Vizcaíno señaló que desde su punto de vista las querellas son interpuestas a petición de parte agraviada y que en este caso dicha parte no sería directamente la Cofeco, sino el agente económico lesionado por la acción monopólica del agente económico infractor; asimismo, la legisladora afirmó que se estaba estableciendo que la querella sólo procediera cuando ya hubiera una resolución que hubiera causado estado con el procedimiento que se lleva a cabo de manera separada y cuando la resolución correspondiente determinara que el agente económico es responsable de haber cometido alguna práctica monopólica absoluta, mientras que a decir suyo también debían incluirse las prácticas monopólicas relativas.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez, en comentario a lo señalado por la diputada Vizcaíno Silva, comentó que cuando la Comisión de Economía aprobó el proyecto de iniciativas de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) el año anterior, se acordó establecer una serie de rutas de escape para que el agente económico acusado pudiera tener posibilidades de que la infracción no llegara a la etapa propiamente penal; el legislador agregó que el Senado había corregido esa parte en términos de una mayor exigencia respecto de lo establecido previamente por la comisión, ya que en aquel entonces la persona física tenía muchas posibilidades de resarcirse antes del inicio de un proceso penal, incluso mediante el mero hecho de pedir una disculpa.

En el mismo sentido, el legislador señaló que el Senado acordó que no podrá presentarse querella penal sino a partir de que cause estado la querella administrativa, en la comprensión de que si ésta causa estado, ya no hay escape para la acusación penal, de manera que lo propuesto por la Cámara alta era más estricto que lo propuesto por la comisión, por lo cual le parecía más satisfactorio el dictamen actual, por ser más duro.

Por otra parte, el diputado señaló que le parecería que el dictamen no debía ser modificado, ya que abrir la querella a que otros agentes económicos supuestamente agraviados por una acción monopólica presentaran acusaciones, prácticamente significaría posibilitar las acciones colectivas, por un lado, y, por otro lado, que los agentes económicos se acusaran entre sí y ello diera lugar a la multiplicación de episodios como los que hoy ocurren en el ámbito de las telecomunicaciones.

En este punto, el diputado Luis Enrique Mercado Sánchez afirmó que prefería que fuera la autoridad quien presentara las acusaciones en materia de competencia económica, con el fin de fortalecer la certidumbre jurídica en estos casos.

La diputada Indira Vizcaíno Silva en referencia a lo expuesto por el diputado Luis Enrique Mercado expresó que no creía que existiera dicho conflicto, ya que se estaba determinando que la querella sólo podría presentarse una vez que una resolución hubiera causado estado y que determinara la existencia de la práctica monopólica.

La diputada Vizcaíno al respecto solicitó que dicha petición pudiera ampliarse al agente económico agraviado, ya que en todo caso sería facultad de la Cofeco presentar o no la querella; la legisladora agregó que, a final de cuentas, como agente económico agraviado, si se determinara que hubiera tenido lugar una práctica monopólica pero no se hubiera cumplido con la sanción impuesta, entonces se podría presentar la denuncia respectiva a partir del delito, con el objetivo de que el agente económico que hubiera incurrido en una práctica monopólica se viera obligado a cumplir la sanción administrativa que ya se le habría impuesto y que en tal sentido se orientara el juicio.

A decir de la diputada Vizcaíno, de otra manera se dependería excesivamente de la voluntad de la Cofeco.

El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, a manera de acotación señaló que en el intercambio de opiniones sobre lo expuesto por la diputada Vizcaíno no se había hecho referencia a la razón por la que no se incluían las prácticas relativas como materia penal y que por ello deseaba señalar que en el estándar internacional de las mejores prácticas de competencia, las acciones penales se reservan para las prácticas monopólicas absolutas.

El diputado Vidal Llerenas Morales, por su parte, señaló que, por un lado, los casos penales en materia de competencia eran extraordinariamente raros y, por otro que, en efecto, una práctica monopólica absoluta se vincula con el hecho de fijar precio y cantidad e incluso postura en licitaciones; así, por ejemplo, en el caso típico de compañías farmacéuticas que se coluden en las compras por parte del Seguro Social; el legislador agregó que en ese caso se trata sin duda de una práctica monopólica absoluta, en la que por parte del agente económico hay poder sobre cantidad y precio y con toda evidencia el propósito de utilizar el poder de mercado.

Por otra parte, el diputado Vidal Llerenas Morales señaló que las prácticas monopólicas relativas se vinculan con el hecho de condicionar algo, por ejemplo, con el de que alguna vez Coca-Cola fue sancionada porque condicionaba la venta de su producto a que el comprador no vendiera otros productos, situación en la que el uso del poder de mercado es más cuestionable y no necesariamente hay una determinación de precios y de cantidades, sino lealtad forzada de los clientes, etcétera, y entonces la vía penal parece ser menos recomendable.

El secretario diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, al no haber más comentarios por parte de los miembros de la comisión, y por petición del diputado presidente Guajardo Villarreal, puso a la consideración del Pleno la reserva presentada por el diputado Luis Enrique Mercado, referente al artículo 254 del Código Penal, misma que fue aprobada por mayoría, con un voto en contra.

El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, seguidamente preguntó a la diputada Indira Vizcaíno si deseaba que sus reservas fueran votadas en conjunto, en una sola votación, o cada una de ellas en forma individual, a lo que la diputada respondió que de manera individual; de manera que se procedió a votar la primera reserva, con relación a la posibilidad de que los agentes económicos agraviados pudieran querellarse, ello a diferencia de lo formulado en el dictamen, en el sentido de que sólo pudiera hacerlo la autoridad.

El secretario diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, procedió a someter a la consideración de los miembros de la comisión dicha reserva en los términos plateados, siendo rechazada con cinco votos a favor, doce en contra y ninguna abstención.

El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, procedió a establecer que la siguiente reserva también planteada por la diputada Vizcaíno y a ser votada correspondía al planteamiento en el sentido de que las sanciones penales no sólo se apliquen en caso de prácticas monopólicas absolutas, sino también de prácticas monopólicas relativas.

El secretario diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, procedió a someter a la votación del Pleno la mencionada reserva en el sentido que se planteó, rechazada por 3 votos a favor, 13 en contra y con ninguna abstención.

El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, por su parte señaló que de esta manera se terminaban de votar las reservas planteadas por la diputada Indira Vizcaíno y que lo que restaba era votar la incorporación de las reservas al texto aprobado en lo general.

El secretario diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, en consecuencia sometió a la consideración de los miembros de la comisión incorporar las reservas al texto aprobado en lo general, en el sentido en que fueron votadas, lo cual fue unánimemente aprobado por los miembros de la comisión.

El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, tomó la palabra para informar que con esa última votación quedaba aprobado en lo general y en lo particular el dictamen relativo a las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, al Código Penal y a la Ley Fiscal.

Dicho esto, el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal participó a las diputadas y a los diputados miembros de la comisión que se intentaría introducir el dictamen en la sesión del Pleno de la Cámara de ese mismo día para primera lectura y que de no lograrse se haría al día siguiente.

Asimismo manifestó que si los miembros de la comisión estaban de acuerdo se entraría en conversaciones con la Mesa Directiva, con el fin de averiguar si sería posible que se dispensara el trámite de primera lectura para que ese mismo día se votara; ello en atención a los tiempos del Senado y con el fin de darles a los senadores por lo menos una semana completa para que debatieran el dictamen.

Clausura

Por otra parte, el diputado Guajardo pidió al secretario diputado que preguntara a los miembros de la comisión si había algún punto a tratar en asuntos generales y, al no haberlo, y con la anuencia de las diputadas y los diputados miembros de la comisión, dio por terminada la reunión en permanente a las 16:30 horas.