Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCJN que nombre a alguno de sus integrantes para averiguar lo ocurrido en la discoteca New’s Divine, se determine la acción legal de los responsables y se indemnice por el daño moral considerado en la Carta Magna, a cargo del diputado Roberto Rebollo Vivero, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados federales Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, Alicia Zamora Villalva, Cuauhtémoc Salgado Romero, Esteban Albarrán Mendoza, Miguel Álvarez Santamaría, Mario Moreno Arcos y Moisés Villanueva de la Luz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, fracción 1, 79 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta al Ejecutivo federal a rectificar la decisión de convertir en itinerante el Tianguis Turístico de Acapulco y garantice su permanencia tal y como ha sucedido en los últimos 36 años ; y se aprueba la comparecencia ante esta soberanía de la secretaria de Turismo federal, maestra Gloria Guevara Manzo, a efecto de que explique y fundamente los motivos y razones para que el encuentro promocional y de comercialización más importante de América Latina, en materia turística, se vaya de Acapulco a otra entidad federativa, previo concurso por parte de la Sectur para 2012, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que el turismo 1 ha sido y es una de las actividades económicas más dinámicas y con mayor potencial de crecimiento a nivel mundial 2 , no sólo por lo que implica en términos de divisas y de empleos directos, sino por los indirectos y su impacto en regiones que no tienen otras alternativas de desarrollo que el turismo.
2. Que en México, el turismo constituye la tercera fuente de ingresos en divisas, después de las remesas enviadas por los mexicanos en el extranjero y la industria petrolera; representa el 9 por ciento del producto interno bruto, genera más de 7.5 millones de empleos, más de 43 mil unidades económicas participan en este sector y el 80 por ciento son pequeñas y medianas empresas, por lo que en los próximos años habrá que consolidarlo como la principal fuente de ingresos, ante el inminente agotamiento de nuestros recursos petroleros.
3. Que Guerrero es un estado pobre y marginado del sur-sureste del país; su principal actividad económica es el turismo, que genera divisas y empleos; de cada peso que se genera en la entidad, 70 centavos provienen del turismo, recursos que se traducen en obras y servicios para los municipios.
4. Que el Informe Multidimensional de Pobreza 2008 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) —el más reciente disponible— estimó que 7 de cada 10 guerrerenses carecen de lo suficiente para cubrir las necesidades básicas relacionadas con la alimentación, la vivienda y la educación.
5. Que Acapulco es un destino turístico pionero, que despegó en la década de los años 40, contribuyendo de manera determinante a la promoción internacional de México; representa un símbolo emblemático de esta actividad en el país y en el mundo; y es un destino de gran preferencia por los turistas nacionales y extranjeros.
6. Que en 1976, el licenciado Miguel Alemán Valdés, ex presidente de México, entonces presidente del Consejo Nacional de Turismo, tuvo la iniciativa de crear una gran fiesta del turismo nacional en Acapulco, siendo el primer polo nacional que transcendió a nivel mundial, con el objetivo de promocionar las riquezas turísticas de nuestro país y de dar respuesta a las grandes ferias internacionales, bien organizadas, que se celebraban en otras partes del mundo.
7. Que el Tianguis Turístico significa el evento promocional más relevante para México, cuyo icono principal lo representa Acapulco, como anfitrión tradicional desde su fundación en 1976; es un foro anual único de negocios, donde compradores nacionales e internacionales se reúnen con las más de 500 empresas prestadoras de servicios turísticos en nuestro país, generando importantes relaciones comerciales.
8. Que la última edición, trigésima sexta, del Tianguis Turístico Acapulco fue todo un éxito. Los resultados obtenidos fueron por demás positivos, lo que demuestra que su lugar sede Acapulco es el espacio idóneo, vital y de localización turística como el icono para que se mantenga por más de 36 años en Acapulco, así lo demuestra las siguientes cifras: 403 empresas expositoras, 384 salones de negocios, 2 mil 400 expositores, lo que representa 11 por ciento más que el año pasado; mil compradores, lo cual representa el 7.4 más que el año pasado; 63 por ciento más que el año pasado en cuanto se refiere a tour operadores mayoristas, habiendo participado más de 23 países representados por Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Canadá, Chile, China, Costa Rica, Corea, España, Estados Unidos, Francia, India, Irlanda, Italia, Japón, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Republica Checa, Suiza y Venezuela.
9. Que a nivel internacional, las ferias más importantes —como Fitur en Madrid, con 31 años; SITV en Montreal, con 22 años; y ABAV en Río de Janeiro, con 38 años consecutivos, entre otras importantes en el mundo—, se han consolidado y se mantienen vigentes en sus lugares de origen y no tienen el carácter de itinerantes, como se pretende hacerlo ahora en México, con el Tianguis Turístico de Acapulco.
10. Que resulta incongruente que en el “Año del Turismo” y en el marco del “Acuerdo Nacional por el Turismo” y en una etapa que Acapulco necesita de la solidaridad de todos, el gobierno del presidente Felipe Calderón retire el Tianguis Turístico de Acapulco, que ha sido cuna e impulsor de la actividad turística de México, siendo el tianguis una tradición y una institución que los acapulqueños y los guerrerenses consideramos como nuestro, como propio.
11. Que ni en el Plan Nacional de Desarrollo, ni en el Programa Sectorial de Turismo Federal, ni en los 100 compromisos del Acuerdo Nacional de Turismo, suscrito recientemente, ni en ningún otro documento de planeación y de desarrollo del turismo en México aparece siquiera la posibilidad de que el Tianguis Turístico se convierta en un tianguis itinerante.
12. Que el futuro del turismo en México, Guerrero y Acapulco no puede estar sujeto a improvisaciones y ocurrencias del gobierno federal que agreden a Acapulco y Guerrero, y es un gran contrasentido que el presidente Felipe Calderón convoque a un gran Acuerdo Nacional por el Turismo, provocando un gran desacuerdo en el destino turístico emblemático de México, como lo es Acapulco, Guerrero.
13. Que los acapulqueños y los guerrerenses manifestamos nuestra indignación y rechazo por el anuncio que hiciera la secretaria de Turismo, Gloria Guevara Manzo, que para 2012, el Tianguis Turístico ya no será en Acapulco, pasando por alto los esfuerzos económicos y humanos que durante 36 años las autoridades en la materia, prestadores de servicios turísticos y los acapulqueños hemos realizado para el éxito y permanencia del tianguis.
14. Los guerrerenses hemos sido excelentes anfitriones y colaboradores, y Acapulco es un excelente destino para el Tianguis Turístico.
15. Que por décadas el gobierno federal prácticamente ha ignorado el desarrollo turístico de Acapulco, mientras que otros destinos, como Cancún y los Cabos, han tenido un marcado trato preferencial en la política turística federal y esto se observa en las tasas diferenciales de impuestos y en la asignación presupuestal para la creación de infraestructura turística.
16. Que llevarse el Tianguis Turístico a otros destinos, podría representar la quiebra de infinidad de empresas turísticas locales, que alcanzan con la demanda de servicios que genera el propio Tianguis y su impacto posterior, los niveles mínimos para permanecer en el mercado turístico.
17. Que el impacto que representa esa decisión, para la política de generación de empleo, combate a la pobreza y de desarrollo regional equilibrado, que propone el presidente Felipe Calderón, profundizará la brecha entre los estados ricos y los de menos recursos.
18. Que el gobierno federal no conforme con esta actitud de indiferencia hacia Acapulco pasa ahora a tomar una actitud de agresión, ya que despojarlo de este magno evento, entre otras cosas significa, reducir la derrama económica y el empleo en Guerrero, que tiene el municipio más pobre de América Latina y amplios sectores de la población con alta marginación.
19. Que en virtud de que la actividad turística en Guerrero genera aproximadamente el 70 por ciento de los ingresos fiscales a nivel estatal, y estos recursos se destinan al desarrollo de sus diferentes regiones. Comprimir esta actividad turística significa, también, reducir los ingresos fiscales del gobierno estatal y, con ello, las posibilidades de desarrollo regional, sumando al mayor desempleo y pobreza una dosis de ingobernabilidad que alimentará las actividades ilícitas y la inseguridad en esta región del sureste mexicano.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta representación nacional el siguiente
Acuerdo parlamentario
Primero. La Sexagésima Primera Legislatura hace respetuoso exhorto al presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, a efecto de que instruya a la secretaria de Turismo Federal, maestra Gloria Guevara Manzo, a rectificar la decisión de convertir en itinerante el Tianguis Turístico Acapulco, que durante 36 años se ha realizado en Acapulco, y a garantizar la permanencia del Tianguis Turístico en este destino emblemático, tal y como ha acontecido en los últimos 36 años.
Segundo. La Sexagésima Primera Legislatura aprueba la comparecencia ante esta soberanía de la secretaria de Turismo federal, maestra Gloria Guevara Manzo, a efecto de que explique y fundamente los motivos y razones para que el evento promocional y de comercialización más importante de América Latina en materia turística denominado Tianguis Turístico se vaya de Acapulco a otra entidad federativa previo concurso por parte de la Sectur para 2012.
Notas
1 Según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, el turismo comprende las actividades que hacen las personas (turistas) durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos.
2 Diversas investigaciones y estudios señalan importantes contribuciones a la economía mundial, entre estas se pueden mencionar la Cuenta Satélite del Turismo en México, Sectur-Inegi, y diversos documentos elaborados por la Organización Mundial de Turismo y el World Travel and Tourism Council.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 29 de abril de 2011.
Diputados: Fermín Alvarado Arroyo (rúbrica), Alicia Zamora Villava (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Miguel Álvarez Santamaría, Mario Moreno Arcos (rúbrica), Moisés Villanueva de la Luz (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos locales a implantar políticas de ahorro y austeridad para coadyuvar al pago de los apoyos sociales a ex braceros, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 207, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados
Antecedentes
1. En la sesión ordinaria celebrada el 17 de marzo de 2011, la diputada María Sandra Ugalde Basaldúa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos de las entidades federativas a implantar políticas de ahorro y austeridad para coadyuvar al pago de los apoyos sociales a los ex trabajadores migratorios mexicanos.
2. Dicha proposición fue turnada por la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados a la Junta de Coordinación Política para resolver lo conducente.
3. En fecha 28 de marzo de 2011, la Junta de Coordinación Política acordó enviar a la Comisión Especial de seguimiento a los fondos aportados por los ex trabajadores mexicanos braceros dicha proposición, con la finalidad de que en ella se analice y, en su caso, atienda.
4. La Comisión Especial de seguimiento a los fondos aportados por los ex trabajadores mexicanos braceros la recibió en fecha 29 de marzo de 2011, mediante el oficio número JCP/ CAO/ AMF/ 01201/ 280311.
5. El 27 de abril de 2011, la Comisión Especial de seguimiento a los fondos aportados por los ex trabajadores mexicanos braceros sesionó y discutió sobre el contenido del presente acuerdo, y resolvió su viabilidad.
Contenido del punto de acuerdo
La diputada promovente basa sus pretensiones para la elaboración del punto de acuerdo a fin de exhortar a los gobiernos de las entidades federativas a implantar políticas de ahorro y austeridad para coadyuvar al pago de los apoyos sociales a los ex trabajadores migratorios mexicanos en las siguientes consideraciones:
La problemática del pago del fondo de ahorro a los ex trabajadores migratorios mexicanos o braceros que trabajaron en los campos de Estados Unidos, con motivo del convenio binacional vigente de 1942 a 1964, afecta a todas las entidades federativas, pues muchas de ellas son cuna de braceros que en su momento laboraron en Estados Unidos.
De las aportaciones del gobierno federal para solucionar la problemática del pago a los trabajadores ex braceros o a sus familiares se ha dado un incremento de casi 300 por ciento respecto al ejercicio anterior, pasando de 300 millones de pesos a mil 200 millones para 2011... Podemos afirmar así que el Ejecutivo federal ha hecho su parte para dar solución a la problemática de la deuda con los trabajadores ex braceros. Sin embargo, se considera justo y oportuno que las entidades federativas tomen medidas de ahorro, austeridad y previsión de recursos para coadyuvar a incrementar el patrimonio del fidecomiso, a fin de dar solución a la problemática que afecta a tantas personas desde hace tanto tiempo.
Con base en lo anterior, la promovente sugiere que se realice un atento exhorto a las entidades federativas a implantar políticas de ahorro y austeridad para coadyuvar al pago de los apoyos sociales a los ex trabajadores migratorios mexicanos.
Consideraciones de la comisión
En el periodo 1942-62, casi 5 millones de mexicanos entraron a laborar en los campos agrícolas de Estados Unidos, por lo que el 4 de agosto de 1942 los gobiernos de Franklin Roosevelt, de Estados Unidos, y de Manuel Ávila Camacho, de México, instituyeron el programa Bracero, mediante el cual el campesino mexicano tuvo entonces una alternativa a su pobreza al enrolarse de bracero, y al mismo tiempo, se satisfacía la necesidad de brazos para trabajar los campos agrícolas estadounidenses. Durante el tiempo que dichos braceros prestaron servicios en los campos agrícolas se les descontaba una parte proporcional del salario para ser devueltos cuando regresaran al país.
Ese dinero a miles de ellos no ha sido entregado, por lo que atendiendo a las quejas de ex trabajadores migratorios, reclamando al gobierno el pago del dinero que les fue descontado en Estados Unidos de América derivado de su esfuerzo, el 25 de mayo de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, con la finalidad de otorgar un apoyo social a los ex trabajadores migratorios mexicanos que hayan prestado sus servicios en Estados Unidos de América entre 1942 y 1964, de conformidad con lo establecido en el Programa de Trabajadores Migratorios o, en su caso, a sus cónyuges o a los hijos que sobrevivan y que acrediten la procedencia del pago.
El 28 de abril de 2010 se votó en el pleno de la Cámara de Diputados el dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, entre las que destacan la reforma de la fracción II del artículo 5, en el que se establece que se autorice otorgar el apoyo social por una sola vez, por la cantidad base de 38 mil pesos en una sola exhibición, eliminando la facultad de dividir el pago que corresponde a los ex trabajadores migratorios.
Según datos de la Secretaría de Gobernación, en el país se encuentran registrados 188 mil 913 beneficiarios, mientras que en Estados Unidos de América se registraron 5 mil 89 ex braceros, por lo que para liquidar en su totalidad el pago de 38 mil que se asignó como apoyo social a dichos ex braceros se requieren 7 mil 372 millones 76 mil pesos.
De la primera y segunda convocatoria se han pagado 2 mil 171 millones 322 mil pesos; para el este año se considera pagar mil 870 millones 193 mil pesos, por lo que ambas cantidades suman 4 mil 41 millones 322 mil pesos, que sería lo que hasta finales de este año se estaría cubriendo.
Para liquidar a la totalidad de ex braceros y para el gasto de operación se requieren 3 mil 600 millones de pesos.
Es urgente liquidar con la mayor brevedad los adeudos con los ex braceros migratorios mexicanos, pues en su mayoría éstos cuentan con edad avanzada y enfermedades terminales. Si se suman las precarias condiciones de vida que tienen, éste se vuelve un tema de crucial importancia para el país y, en consecuencia para todas sus entidades federativas, lo que hace viable la propuesta de que también los estados realicen un sobre esfuerzo en sus finanzas públicas para dar solución pronta al problema.
El de los ex braceros es un tema que por muchos años ha causado angustias a miles de familias mexicanas, por lo que es imprescindible que solucionemos hoy este problema.
Por lo expuesto, y después de discutir y analizar la proposición en comento, la Comisión Especial de seguimiento a los fondos aportados por los ex trabajadores mexicanos braceros considera viable realizar dicho exhorto a las entidades federativas, a fin de solucionar con la mayor brevedad la problemática relativa a los ex trabajadores migratorios mexicanos.
El artículo 4o. del decreto por el que se crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos indica:
El Fondo de Apoyo para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, que será el patrimonio administrado por el fideicomiso, se constituirá por
I. ...
II. Las aportaciones que a título gratuito realicen los estados y el gobierno del Distrito Federal, en términos de los convenios de colaboración que éstos suscriban con la fiduciaria de conformidad con lo previsto en la presente ley.
III. a V. ...
El patrimonio del fideicomiso podrá incrementarse con aportaciones provenientes de las partidas presupuestales de ejercicios subsecuentes, así como con las aportaciones que realicen los gobiernos de los estados y el gobierno del Distrito Federal.
...
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a implantar políticas de ahorro y austeridad, y asignar una partida especial con objeto de pagar a ex braceros, de sus respectivos estados, el apoyo social a ex trabajadores braceros pendientes de pago, de conformidad con el artículo 4o. del decreto por el que se crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados, a 29 de abril de 2011.
La Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los ex Trabajadores Mexicanos Braceros
Diputados: José Antonio Arámbula López (rúbrica), presidente; María Hilaria Domínguez Arvizu, Samuel Herrera Chávez (rúbrica), secretarios; Alfredo Francisco Lugo Oñate (rúbrica), José Adán Ignacio Rubí Salazar, María Isabel Merlo Talavera, Yulenny Guylaine Cortés León (rúbrica), José M. Torres Robledo (rúbrica), Reyes Tamez Guerra (rúbrica), David Hernández Vallín (rúbrica), Manuel Márquez Lizalde, Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Enrique Ibarra Pedroza, María Guadalupe García Almanza.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ampliar y, en su caso, emitir declaratorias de emergencia por las graves heladas ocurridas en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Durango y Nuevo León; y a integrar un fondo económico especial para que dichos estados atiendan los daños, a cargo del diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida, del Grupo Parlamentario del PRI, y suscrita por integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
Los suscritos, legisladores federales de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 79, numerales 1, fracción II, 2, fracciones I, III, IV y V del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, la que se sustenta en los siguientes
Considerandos
Que los días 2, 3, 4 y 5 de febrero pasado, se registraron en el norte del país heladas que por sus dimensiones afectaron gravemente la agricultura, tanto de riego, como de temporal, la ganadería, la pesca ribereña y otras actividades económicas del sector, particularmente en los estados de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Durango y Nuevo León, y que por sus dimensiones, por el tamaño de las pérdidas de las cosechas, los daños patrimoniales y por el tiempo estimado de recuperación, deben ser calificados y atendidos como una emergencia nacional.
Que las entidades federativas citadas son las principales productoras agropecuarias del país y que los daños provocados por las heladas ponen en riesgo la seguridad alimentaria de los mexicanos si no se atiende con urgencia esta contingencia, pues representan una reducción del inventario agroalimentario y un desabasto, sobre todo de maíz blanco, insumo utilizado principalmente en la producción de tortillas, alimento básico del pueblo mexicano, lo que generará un alza en los precios de los productos.
Que además, las heladas afectaron gran parte de las cosechas, provocando que miles de campesinos, ejidatarios, productores y trabajadores agrícolas, ganaderos y pescadores hayan perdido sus fuentes de empleo, corriéndose el riesgo de que se incorporen a la pobreza extrema.
Que el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 no consideró la posibilidad de integrar fondos de atención a esta clase de emergencias y que el gobierno federal continúa sin instrumentar y poner en práctica las medidas económicas emergentes para atender esta grave situación.
Que la economía del país se verá seriamente afectada por la situación que priva en estos estados, y las afectaciones a los productores y trabajadores del campo agudizaran las condiciones de desigualdad de amplios sectores de la población que han quedado sin trabajo o sin medios para producir.
Que la soberanía nacional se concibe, entre otros, en términos de la seguridad alimentaria de la población y que el Estado tiene la obligación de intervenir para atenuar las graves consecuencias que enfrentan estos estados y su población y que se harán extensivos a toda la población al enfrentar carestía y falta de alimentos básicos.
Que en una situación de carácter excepcional como ésta, en la que el campo, la población y la economía nacional corren graves riesgos, se impone que el Estado intervenga de manera decidida e inmediata para superar los efectos de la contingencia sufrida.
Que si bien el Poder Ejecutivo federal brindó una respuesta oportuna pero que no ha resultado del todo suficiente, la Cámara de Diputados, integrada por representantes populares no puede permanecer inactiva observando las severas consecuencias del fenómeno natural que afecta directamente la seguridad alimentaria del país y habrá de tener mayores y más graves consecuencias en el futuro inmediato.
Que con plena responsabilidad histórica, ante la respuesta del Ejecutivo federal que no ha cubierto la totalidad de las demandas, en ejercicio legítimo de sus facultades, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea proposición, de urgente y obvia resolución, con los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que en coordinación con los gobiernos estatales de Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Durango, revise y, en su caso, amplíe el alcance de las declaratorias de emergencia por las heladas severas ocurridas del 2 al 5 de febrero de 2011, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 15, 21 y 25 de febrero de 2011, a todos los municipios afectados por dichas heladas.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que en coordinación con los gobiernos estatales de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, emita declaratoria de emergencia por las heladas severas ocurridas del 2 al 5 de Febrero de 2011 en dichas entidades.
Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que destine al fondo que corresponda en la declaratoria de emergencia recursos por quince mil millones de pesos para atender los daños ocasionados por las contingencias climatológicas acaecidas los días 2, 3, 4 y 5 de febrero del año en curso en los estados de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Durango y Nuevo León; sin que para ello se afecten los recursos aprobados por la Cámara de Diputados para los programas presupuestarios contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, a 5 de abril de 2011.
Diputados: Jesús Alfonso Navarrete Prida, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Georgina Trujillo Zentella, Rolando Rodrigo Zapata Bello, Felipe Enríquez Hernández, Mario Moreno Arcos, Jesús Alberto Cano Vélez, Vidal Llerenas Morales, María del Rosario Brindis Álvarez, Pedro Vázquez González, Pedro Jiménez León, David Penchyna Grub, Cruz López Aguilar, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, María Esther de Jesús Scherman Leaño, Óscar Guillermo Levin Coppel, Óscar Javier Lara Aréchiga, Claudia Ruíz Massieu Salinas, Claudia Edith Anaya Mota, Emiliano Velázquez Esquivel, Juanita Arcelia Cruz Cruz (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a asignar por la SCT recursos para la reconstrucción y el mantenimiento de carreteras y puentes del sur de Veracruz, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, apartado 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito, diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, somete a consideración de la honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a instruir al Secretario de Comunicaciones y Transportes para que asigne los recursos necesarios y suficientes para la reconstrucción, mantenimiento y ampliación de las carreteras federales, estatales y municipales del sur del Estado de Veracruz, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El artículo 2o. apartado B, fracción IV de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de la Federación, los Estados y los municipios de construir y extender las redes de comunicaciones y transportes del país. La infraestructura carretera no ha recibido en los últimos años la atención que requiere; el esquema de concesiones ha sido insuficiente y no ha logrado atraer las inversiones necesarias, que han sido suplidas parcialmente con recursos fiscales.
Durante los meses de agosto y septiembre de 2010 el estado de Veracruz fue azotado por los huracanes denominados Karl y Matthew los cuales dejaron una serie de afectaciones económicas, de vivienda, carreteras y otros. En mérito de ello, resulta imprescindible la reconstrucción y mantenimiento de las vías de comunicación antes de que la temporada de lluvias, frentes fríos y huracanes de éste año comience. En caso de no proceder en la reparación se provocará más afectaciones de las ya existentes por la mala situación en que se encuentran las carreteras.
Por citar un ejemplo, el huracán Karl dejó un millón de personas damnificadas, 150,000 evacuados, afectaciones a la agricultura, el comercio, puentes, carreteras, escuelas, etc. Aunados a estos fenómenos, los factores climáticos y de uso provocan que las importantes vías de comunicación sufran desgaste y deterioro constante.
De dichos huracanes resultaron afectadas las carreteras Matamoros-Puerto Juárez, tramo Acayucan-Juan Díaz Covarrubias (180). Deslave de la superficie de la cinta asfáltica así como el puente en toda su estructura y rodamiento en ambos carriles. En el kilómetro 211+000 del Camino Nacional (180) Matamoros- Puerto Juárez, tramo Acayucan Juan Díaz Covarrubias, se socavó la carpeta asfáltica y el puente en toda su estructura de aproximadamente 10 metros de ancho por quince metros de largo. En el kilómetro 059+000 de la carretera (145) La Tinaja-Sayula, tramo límites de los estados Veracruz/Oaxaca-Rodríguez Clara, donde se ubica el puente El Salvador. Autopista (145 D) en sus tramos Coatzacoalcos-Acayucan-Cosamaloapan y Cosamaloapan-La Tinaja.
El desarrollo integral de cualquier comunidad o centro poblacional requiere de una efectiva red de comunicaciones. Las carreteras y los caminos rurales, significan no sólo un rápido desplazamiento de mercancías, bienes y servicios, que generan condiciones básicas para el desarrollo económico de una sociedad, sino también, el mejoramiento de las condiciones de vida (acceso a los servicios básicos como educación, salud, cultura, ciencia, deporte, recreación) y el desarrollo regional.
La importancia de contar con caminos y carreteras en óptimas condiciones resulta clave importante para el desarrollo económico del país, fundamentalmente por ser un factor indispensable en la integración de todas las zonas y regiones de México.
Veracruz es un estado que sobresale por su vocación agrícola, forestal y pesquera, pero también cuenta con una gran estructura productiva industrial que lo coloca como líder nacional en ramas como la petroquímica básica, que equivale al 93.2 por ciento del total nacional, y la generación de energía eléctrica.
La infraestructura carretera del sur del estado se considera como un corredor económico de gran importancia; representa la zona productora agrícola, ganadera, la industria metálica básica, los alimentos, bebidas, tabaco, petroquímica y electricidad, además de ser un área de pesca, de captura y de cultivo en sus lagunas entre muchos otros, siendo el paso de mercancías y productos entre Estados Unidos y Centroamérica.
La creación de infraestructura requiere de una constante renovación, adecuación y mantenimiento para estar a la altura de las nuevas necesidades de la sociedad. La creación de infraestructura, como lo son las carreteras, caminos y puentes deben ser tomadas como una inversión, lo cual reportará importantes beneficios en el mediano y largo plazo.
Por ello, es imperante que los recursos federales asignados para fortalecer y eficientar la red carretera y de caminos de la entidad se concentren en modernizar y rescatar las carreteras federales, estatales y municipales, haciendo especial énfasis en su construcción, mantenimiento, ampliación, conservación o reconstrucción, por su carácter estratégico en el mediano y largo plazos.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que instruya al secretario de Comunicaciones y Transportes para que asigne los recursos necesarios y suficientes para la reconstrucción y mantenimiento de las carreteras y puentes del sur del estado de Veracruz que son: Matamoros-Puerto Juárez, tramo Acayucan- Juan Díaz Covarrubias (180). Deslave de la superficie de la cinta asfáltica así como el puente en toda su estructura y rodamiento en ambos carriles. En el kilómetro 211+000 del Camino Nacional (180) Matamoros-Puerto Juárez, tramo Acayucan Juan Díaz Covarrubias, se socavó la carpeta asfáltica y el puente en toda su estructura de aproximadamente 10 metros de ancho por quince metros de largo. En el kilómetro 059+000 de la carretera (145) La Tinaja-Sayula, tramo límites de los estados Veracruz/Oaxaca-Rodríguez Clara, donde se ubica el puente El Salvador. Autopista (145 D) en sus tramos Coatzacoalcos-Acayucan-Cosamaloapan y Cosamaloapan-La Tinaja.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2011.
Diputado Antonio Benítez Lucho (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a suspender las alzas de las gasolinas y del diesel en lo que resta de 2011 para evitar mayor afectación al sector productivo y a la población en general, a cargo de la diputada Sandra Méndez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, Sandra Méndez Hernández y Armando Neyra Chávez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79 del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, formulan proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Exposición de Motivos
Es innegable el incremento generalizado y progresivo de los precios de la canasta básica, propiciado principalmente por el incremento de los precios y tarifas de los energéticos, destacando el gas, las gasolinas y diesel, lo cual ha afectando de manera crítica a la población de menores ingresos y a los procesos productivos en su conjunto.
Hasta el cierre de enero, la inflación estaba siendo presionada no por las leyes naturales de oferta y demanda, sino por acciones que el mismo sector público hace sobre la economía, mediante acciones y medidas que, muchas veces, hacen posible la existencia de inicuas sobrerregulaciones, recayendo en los excesos de la irresponsabilidad.
Lo anterior ha propiciado manifestaciones de rechazo y repudio de la sociedad en su conjunto por los constantes incrementos de los precios de las gasolinas y del diesel, lo cual hace necesario conocer el comportamiento que éstos han tenido desde el 1 de diciembre de 2006. Con el Ejecutivo federal, Felipe Calderón, ya que a prácticamente cinco años de distancia, se refleja una anarquía en los métodos y procedimientos para fijar estos precios oficiales al consumidor, de acuerdo con lo siguiente:
En efecto el Ejecutivo federal no ha instrumentado o delineado ninguna política salarial que permita restituir o cuando menos mantener el poder adquisitivo de la población, lo cual se hace evidente desde hace años y que ahora se profundiza de manera preocupante por el creciente incremento de los precios.
El incremento de precios en los energéticos, provoca alzas naturales y artificiales en los precios. Varios estudios reportan que el alza en los precios de las gasolinas han impactado los precios de los productos básicos en forma desproporcionada, en lo que va del año.
Los incrementos en la gasolina y el diesel no sólo afectan el bolsillo de los propietarios de los vehículos, sino que repercuten en los servicios de pasaje y de carga, y por consecuencia en el precio final de los productos de primera necesidad, de ahí la importancia de evitar que continúe el constante incremento de tarifas y costos en perjuicio de la capacidad de compra de la población y del mercado interno.
Adicional y paralelamente a esto, otro problema que detona inflación son los desastres naturales, como son el caso de Sinaloa, las heladas las modificaciones hechas a la política tributaria, las cuales impactan los costos de las empresas y en consecuencia los precios de los bienes y servicios proporcionados por ellas a lo largo y ancho del país.
La política económica se considera contradictoria ya que por una parte el gobierno federal pretenda lograr una inflación de 3.0 por ciento en 2011 y por otro toma medidas que atentan contra este objetivo, como son el aumento en los precios de energéticos producidos y distribuidos por empresas públicas, como son las gasolinas y el diesel, productos, que necesariamente impactan en los costos y por consecuencia en los precios de toda las cadenas productivas y de distribución de la economía nacional.
La inflación anual en México se situó como la cuarta más alta entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ello como consecuencia de los aumentos en partículas de los precio de los combustibles ya que tienen efectos directos sobre el comportamiento de la inflación, pues aumentan los precios de los artículos y el costo del transporte en general.
Es de señalar que el impuesto más costoso para la clase trabajadora es el inflacionario y en México sigue siendo un problema estructural que no ha podido solucionarse
Uno de los incrementos más significativos por su efecto en cadena en amplios sectores productivos y de la población son los combustibles automotores, toda vez que impactan a un universo de usuarios estimado para 2011 en 24 millones de propietarios de automóviles, de los cuales casi 95 por ciento utilizan gasolinas Magna y Premium.
El incremento de los precios de los combustibles incide directamente en el poder de compra de los sueldos de los trabajadores”. Los incrementos a los salarios únicamente cubren una parte del aumento de los precios de las gasolinas, el diesel y el gas; los incrementos en los precios de los otros bienes y servicios ya no pueden ser alcanzados por el aumento salarial, disminuyendo su poder de compra.
En 2010, los precios de la Magna, de la Premium y del diesel fueron incrementados en 12 ocasiones, el segundo sábado de cada mes, sin oficio, sin metodología y con el único afán de desorientar al público consumidor, la Magna se inicia con 7.80 pesos, subió 96 centavos para quedar en 8.76 pesos. El efecto fue de 12.3 por ciento, muy superior a la inflación anual de 3.8 por ciento, reportada por el Banxico. A febrero de 2011, el nuevo precio es ya de a 8.92 pesos por litro, en su segundo aumento anual.
La gasolina Premium inició en enero de 2010 con un precio de 9.57 pesos el litro, subió 53 centavos para terminar en 10.10 pesos, un efecto de 5.5 por ciento. A febrero de 2011 cuesta ya 10.18 por litro.
El diesel costó al inicio de 2010, 8.16 pesos el litro, subió 96 centavos, para finalizar en 9.12 pesos, lo cual refleja 11.8 por ciento de incremento. Para 2011 el diesel también presenta un incremento ya que al mes de febrero ya tiene un costo de 9.28 pesos por litro, derivado de dos aumentos mensuales.
En los últimos cuatro años las gasolinas en México han subido en 73 ocasiones: 9 aumentos en el 2007; 33 en 2008; 17 en 2009; 12 en 2010; y 2 en lo que va de 2011, que impactaron en un 62.2 por ciento en el precio del diesel, 31.95 por ciento de la gasolina Magna y de 22.5 por ciento de la Premium. En tanto que el índice de inflación aumento un 18.75 por ciento en dicho periodo.
De prevalecer los mismos aumentos en lo que resta del año (8 centavos para la gasolina Magna y diesel y 4 para la Premium), el diesel y las gasolinas de bajo y alto octanaje registrarían hacia diciembre de 2011 incrementos anuales de 11.8 por ciento y 5.0 por ciento
En el caso de 2011, de continuar la tendencia de incrementar el precio 1 por ciento al mes, el aumento de precios será de nuevo del orden de 12 por ciento anual, de nuevo por encima de la inflación estimada por el Banco de México, de 3 por ciento para este año.
Los incrementos en la gasolina y el diesel no sólo afectan el bolsillo de los propietarios de los vehículos, sino que repercuten en los servicios de pasaje y de carga, y por consecuencia en el precio de los productos de primera necesidad, de ahí la importancia de evitar que continúe el constante aumento en perjuicio de la capacidad de compra de la población y del mercado interno.
Es así como un previsible aumento en los precios de bienes y servicios públicos al iniciar 2011 tendría un gran impacto lesivo en la economía familiar, así como en el sector productivo. Tal es el caso de las gasolinas, el diesel, el gas. Este impacto contribuiría sin duda a una mayor inflación y disminución del ingreso familiar, lo cual aunado al creciente desempleo afectara por lo menos 70 por ciento de los cerca de 28 millones de hogares mexicanos. Aún más, esto adelgazaría el consumo retrasando aún más la consolidación de la economía.
Por tal motivo se estima de la mayor relevancia que el precio de los combustibles y servicios públicos se mantengan en su precios actuales al menos en los primeros dos trimestres del año en curso.
El incremento del precio de las gasolinas, del diesel y del gas seguirá afectando en forma directa la economía familiar y lesionando el poder adquisitivo de los trabajadores. El alza de los combustibles es el principal factor para provocar inflación, pues genera incremento en todos los productos y servicios.
En el caso del diesel y la gasolina Magna, representan 95 por ciento de los combustibles que se consumen en el país, el efecto inflacionario fue de 12 por ciento en números cerrados, 3 veces más que la inflación oficial del Banxico. Los precios fueron desfasados respecto a la realidad económica de los sectores de la producción y el servicio del país.
Mención especial lo representa el diesel, mismo que ha registrado un alza de 62.23 por ciento por ciento en lo que va de la administración de Felipe Calderón.
De no detenerse los incrementos en el precio del diesel, carburante que utiliza 80 por ciento del autotransporte de carga y pasajeros, así como las flotas pesqueras y el sector agrícola, se pondrán en riesgo fuentes de trabajo.
Es de señalar que en México 82 por ciento de la carga, tanto nacional como internacional, se traslada por las carreteras que enlazan el territorio nacional.
Más de 4 millones de familias dependen de dicha actividad que, además, “constituye un factor fundamental para la competitividad del país”.
Cabe aclarar también que el incremento en los combustibles ha elevado el costo en la generación de electricidad, que unido al aumento en la tasa de los altos impuestos, impide el desarrollo de las empresas en México y con ello la generación de empleos que requiere el país.
Adicionalmente el precio del gas LP para uso doméstico se ha disparado de igual manera, lo cual ha sido de consecuencias muy graves para las familias de escasos recursos. Si bien los incrementos pueden ser absorbidos por los segmentos de altos ingresos, un sector minoritario de la población del país, para la mayoría el incremento continuo del precio limita aún más su de por sí reducido poder de compra.
Esto representa un problema, además de económico, de tipo social, que no se debe permitir.
Para el Grupo Parlamentario del PRI no sólo es prioritario proteger el poder adquisitivo de los consumidores, sino también reactivar el aparato productivo del país, lo cual tendrá un efecto multiplicador en el mercado interno y un impacto, en la economía en su conjunto. Por ello, proponemos al Ejecutivo federal congelar el precio del diesel y de las gasolinas en lo que resta del año 2011, como medida de apoyo real al empleo y crecimiento económico.
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a suspender el incremento en los precios de las gasolinas y del diesel para lo que resta del 2011, con el propósito de disminuir el impacto que provoca el costo desmedido del transporte en los sectores agrícola, ganadero, pesquero, industrial, comercial y del transporte público en general.
Segundo. Se exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaria de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, instrumenten de manera urgente, las medidas necesarias para proteger el deterioro del poder adquisitivo de la clase trabajadora, consecuencia del alza de las gasolinas, el diesel y los combustibles en nuestro país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2011.
Diputados: Sandra Méndez Hernández, Armando Neyra Chávez, Emilio Chuayffet Chemor, Héctor Guevara Ramírez, Fausto Sergio Saldaña del Moral, J. Eduardo Yáñez Montaño, Rodrigo Reina Liceaga, Felipe Borja Texocotitla, Guillermina Casique Vences, Omar Rodríguez Cisneros, Israel Reyes Ledesma Magaña, Sergio Mancilla Zayas, José Luis Velasco Lino, Héctor Pedroza Jiménez, Elvia Hernández García, Francisco Lauro Rojas San Román, Inocencio Ibarra Piña, Armando Corona Rivera, Jorge Hernández Hernández, Fernando Ferreyra Olivares, Noé Martín Vázquez Pérez, David Ricardo Sánchez Guevara, Raúl Domínguez Rex, Amador Monroy Estrada, José Alfredo Torres Huitrón, José Luis Soto Oseguera (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a retirar los residuos tóxicos y dar a conocer las operaciones de traslado en los terrenos de Cytrar, así como a analizar aquéllos y sus potenciales efectos nocivos en la salud; a la Ssa, a informar sobre la incidencia de enfermedades asociadas a esa fuente de contaminación; y a los gobiernos federal y de Sonora, a aplicar las medidas disciplinarias correspondientes, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII, 6, numeral 1, fracciones I y VIII, 62, numeral 2, 65, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, 82 numeral 2, fracción I, 100, 113 y 139, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el de la voz, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Diputado Federal por el Estado de Sonora, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXI Legislatura, presenta a esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El predio Las Víboras en el municipio de Hermosillo, Sonora, destinado en un principio para el tratamiento de residuos no peligrosos, se ha convertido en una amenaza a la salud pública al ser operado como centro de tratamiento y confinamiento de residuos tóxicos, violando las normas en la materia.
El 7 de diciembre de 1988 el Instituto Nacional de Ecología otorgó a nombre de “Parques Industriales de Sonora”, una autorización con duración de cinco años para operar exclusivamente residuos regionales generados por la planta armadora de vehículos de la marca Ford. Al término de la vigencia de esta autorización, y tras un proceso de licitación pública 1 convocada por el gobierno del estado a través del organismo público descentralizado municipal Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, en noviembre de 1997, la empresa Técnicas Medioambientales de México, SA de CV, se adjudicó el predio. A su vez, la empresa Cytrar, SA de CV, adquirió mediante contrato de compraventa con la empresa Técnicas Medioambientales de México el predio mencionado. De esta manera, la empresa Técnicas Medioambientales, dueña del 100 por ciento del capital social de Cytrar, obtuvo una licencia federal para la operación del confinamiento de residuos peligrosos mediante esta última.
Sin embargo, la empresa titular del permiso, ante la imposibilidad para operar la planta, debido a razones ajenas a ella, abandona las instalaciones del confinamiento, iniciando un procedimiento de solución de controversias en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones en contra del gobierno mexicano, en el cual obtuvo laudo favorable por un monto de 7 y medio millones de dólares.
Así, debido a este abandono, las 300 000 toneladas de basura tóxica ahí expuestas, en combinación con las condiciones del clima cálido de la zona, con temperaturas que ascienden a más de 36° C, y las características desérticas del suelo, han provocado filtraciones en el subsuelo y contaminación del aire. Ante esta situación, el Consejo Ciudadano de Protección al Medio Ambiente de Sonora, AC, solicitó a la empresa canadiense Proeco Corporation, habilitada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para realizar un estudio que dictaminara si el manejo de los residuos había sido el adecuado y, en caso negativo, el tipo de contaminación generada. 2 Este estudio demostró que existe grave contaminación por el mal manejo de los residuos, a continuación se presentan los contaminantes encontrados:
Suelo y subsuelo: Hidrocarburos totales de petróleo (TPH)
Almacén temporal: Arsénico, TPH, y bifenilos policlorados (PCB)
Laguna de evaporación: Cromo y arsénico
Macrocelda 1: Arsénico e hidrocarburos líquidos
Macrocelda 2: Plomo, cadmio, níquel, tolueno, TPH y PCB
Pozo de agua: Plomo, manganeso, aluminio, hierro, sodio
Fuente: Consejo Ciudadano de Protección al Medio Ambiente de Sonora
De esta manera, tenemos que la ciudad de Hermosillo está siendo contaminada por las sustancias mencionadas, provocando problemas de salud entre la población. Prueba de ello es que en el sector Cuauhtemoc de Hermosillo, una de las colonias más cercanas al confinamiento, existen casos documentados de mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer, enfrentándose tanto a casos de remoción de uno o ambos senos, como a tratamientos complicados contra el cáncer cérvico-uterino. Asimismo, la presencia de bifenilos policlorados han ocasionado enfermedades cutáneas entre la población que van desde acné o quistes de 1 a 10 milímetros, que parecen ronchas rojas, hasta hiperpigmentación.
Los bifenilos son parte de las 12 sustancias altamente tóxicas que no se encuentran de forma natural en el ambiente, sino que han sido creados por el hombre. Se utilizaban principalmente como refrigerantes de transformadores eléctricos, hasta que fueron prohibidos en 1977. Estos desechos yacen en este lugar, emanando de transformadores, equipo médico y focos fluorescentes viejos. Una vez sueltos, la tierra los absorbe pero no los puede eliminar.
A pesar del dictamen mencionado, aún es necesaria la práctica de estudios focalizados para determinar el grado de contaminación específico por agente y su mejor tratamiento; sin embargo, el gobierno local se ha negado a su realización.
Ante este panorama negativo, tanto las autoridades ambientales estatales como las de carácter federal, se han mostrado indiferentes y omisas en la solución de este grave problema que afecta a un amplio sector de la sociedad sonorense. Por lo que es urgente remediar cuanto antes este problema de salud pública de la mayor importancia, terminando con la práctica alejada de los más elementales estándares de funcionamiento que son aplicables a estos sitios.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, acudo a este Honorable Pleno para solicitar su respaldo a la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a efecto de que, de manera urgente, retire los residuos tóxicos e informe acerca de las operaciones de traslado de desechos provenientes de actividades industriales que tienen como destino los terrenos en los que se ubicó el confinamiento y tratamiento de residuos Cytrar; así como proceder al análisis de la naturaleza de los mencionados desechos industriales y establezca su capacidad actual y potencial para generar efectos nocivos en la salud.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud a efecto de que se sirva informar sobre la incidencia de enfermedades -cáncer entre ellas- asociadas a esta fuente de contaminación provocada, en forma directa o indirecta, por los desechos a los que se refiere el presente Punto de Acuerdo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
Tercero. Se solicita al gobierno federal y al del estado de Sonora que, ante la evidente falta de atención al problema aquí planteado, se apliquen las medidas disciplinarias que legalmente correspondan, con motivo de posibles omisiones oficiales que sean constitutivas de responsabilidad, incluyendo entre ellas, la separación del cargo de aquellos funcionarios que resulten responsables.
Notas
1 Convocatoria para la privatización de terrenos, construcciones y activos intangibles del parque industrial de Hermosillo y del confinamiento controlado de residuos peligrosos denominado “Confinamiento Controlado Parque Industrial Hermosillo”.
2 Página web del Consejo Ciudadano de Protección al Medio Ambiente de Sonora, caso Cytrar: http://www.ecosonora.org/caso_cytrar.htm
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de abril del año 2011.
Diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rubrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a retirar los retenes militares de las carreteras, a cargo de la diputada Blanca Estela Jiménez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en lo establecido en el artículo 79, numerales 1, fracción III, y 3, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la suscrita, diputada del Grupo Parlamentario del PRI por el distrito 09 de la ciudad de Puebla, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución.
Objetivo general
Que los ciudadanos mexicanos que transitamos por las carreteras de nuestra república, ya lo hacemos con temor de encontrarnos algún reten militarizado aun cuando sabemos que estos son anticonstitucionales, y que se encuentran integrados por las fuerzas armadas de nuestra nación; y al sólo verlos nos causa temor, pues nos sentimos desprotegidos y atemorizados, toda vez que debería de ser todo lo contrario pues su objetivo es darnos paz y seguridad.
Antecedente
Históricamente, las Fuerzas Armadas conforman un Ejército de paz y protección para el territorio nacional; pero en lo que va de el mandato del presidente de la república, efectúa actos violatorios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que su constante lucha contra el crimen organizado ha permitido la salida del Ejército, cuando este no tiene por qué estar patrullando estados, ciudades y carreteras.
Exposición de Motivos
En materia legislativa los artículos 1, fracción. II, en sus últimos párrafos nos señala lo siguiente: las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Aquí lo subrayo y lo transcribo con mayúsculas para el entendimiento de este punto de acuerdo. Por parte del Ejecutivo: el artículo XI, nos marca la libertad de tránsito, y el artículo XVI, de esta misma Constitución invocada en su párrafo final, a la letra dice: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, si no en virtud de mandato escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Examinando estos artículos es notorio la violación de las Garantías y los Derechos que esta Ley nos otorga en la Seguridad y el Libre tránsito por las carreteras de la República, toda vez que a los Ciudadanos Mexicanos no se nos olvida los crímenes perpetrados por el Ejercito en los mencionados retenes, que no es otra cosa si no la falta de capacidad y de sensatez para que un Militar tenga la sensibilidad de cómo tratar a los Ciudadanos que por trabajo, por diversión, o paseo tenemos la necesidad de tomar las carreteras.
Se somete a consideración de este pleno, punto de acuerdo de urgente u obvia resolución
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, como comandante de las fuerzas supremas del glorioso Ejército nacional, a retirar de inmediato los retenes ubicados en las carreteras nacionales.
Segundo. Que en estas acciones que el Ejecutivo realiza, considere que está cometiendo actos violatorios en contra de los ciudadanos mexicanos que transitamos por las carreteras de la República Mexicana.
Palacio Legislativo, a 5 de abril de 2011.
Diputada Blanca Estela Jiménez Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SCT, de la SHCP y de Capufe a encontrar procedimientos coordinados para disminuir el peaje en la caseta Puente Carmen-Zacatal, que afecta a los residentes de Ciudad del Carmen, Campeche, a cargo del diputado Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI
Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, diputado coordinador del estado de Campeche e integrante de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 76 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía la propuesta que contiene punto de acuerdo a efecto de exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Dirección General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a solucionar la problemática respecto del pago del peaje de la caseta del puente Carmen-Zacatal que afecta a los residentes de Ciudad del Carmen, Campeche, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En 2002 la entonces senadora Aracely Escalante Jasso propuso a consideración un punto de acuerdo para la exención del pago de peaje de la caseta del puente Carmen-Zacatal, sin que la propuesta fuera dictaminada, quedando los habitantes de Ciudad del Carmen con la problemática y la afectación continua de su economía.
A fin de resolver mediante un análisis exhaustivo que a través de un comité técnico especializado determine alternativas de solución para que los habitantes de Ciudad del Carmen, Campeche enfrenten la problemática que les resulta de estar realizando constantemente el pago del peaje de la caseta del puente Carmen-Zacatal.
La situación económica que se ha presentado en el país durante los últimos años aunada a factores externos como la última recesión de Estados Unidos de América misma que nos afectó directamente, ha disminuido los ingresos de las familias mexicanas significativamente debido a que nuestra economía es dependiente primordial de dos factores: la extracción de petróleo y las remesas provenientes del país vecino.
A estos factores debemos agregar que las zonas en donde se produce la explotación de hidrocarburos se convierten en zonas con un elevado costo de vida, que según la tipificación de salarios mínimos de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social todos los municipios del estado de Campeche se encuentran en la zona C.
Los habitantes del municipio de Carmen, en Campeche, han resentido los efectos mencionados con anterioridad; en particular, debido al uso del puente Carmen-Zacatal, cuyo trayecto es de tan sólo 3.861 kilómetros, y tiene un costo de sesenta y cinco pesos, los pobladores de Carmen se ven en la necesidad de cruzar este puente en varias ocasiones al día por motivo de solución de trámites de índole particular, administrativos, escolares, etcétera, afectando este recorrido su economía de manera significativa.
Por este medio pongo a consideración de este pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Dirección General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos para que, en coordinación, encuentren mecanismos para disminuir el costo del peaje por el uso del puente Carmen-Zacatal a los automóviles que sean propietarios los residentes de Ciudad del Carmen.
México, DF, a 7 de abril de 2011.
Diputado Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a suspender la aplicación de la prueba ENLACE 2011 en las zonas indígenas, a cargo de la diputada María Isabel Pérez Santos, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, María Isabel Pérez Santos, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6o., fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la Cámara de Diputados proposición de urgente resolución con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Educación Pública a suspender la aplicación de la prueba Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) 2011 en las zonas indígenas del país, al tenor de los siguientes
Considerandos
I. ENLACE es una prueba del sistema educativo nacional que se aplica desde hace cinco años a planteles públicos y privados del país. Es un instrumento que se aplica en el sistema de educación básica a niños de tercero a sexto de primaria y jóvenes de primero, segundo y tercero de secundaria, en función de los planes o programas de estudio oficiales en las asignaturas de español y matemáticas.
II. La prueba ENLACE no distingue las condiciones y los programas multilingües que se llevan a cabo en las zonas indígenas del país, y sólo evalúa a los alumnos desde una perspectiva centralista y urbana la adquisición del conocimiento.
Los resultados del más reciente censo poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalaron que en México viven 6 millones 695 mil 228 personas de 5 años y más que hablan lengua indígena. Casi 1 millón de ellos no hablan español. En el mismo conteo, 15.7 millones dijeron ser de origen indígena, mientras que 400 mil hablantes de alguna lengua originaria declararon no sentirse indígenas.
Los niños de las zonas indígenas son forzados a tomar esta prueba sin conocer plenamente el idioma y los objetivos del instrumento. Los profesores que se esmeran en proporcionar una educación multicultural son forzados a atender contenidos que serán examinados obligatoriamente. Los niños indígenas no pueden apreciar el valor de la lengua materna, ya que son obligados a atender contenidos y temas para cumplir los márgenes de estandarización que la prueba ENLACE y sus evaluadores nacionales exigen a cada escuela en el país, sin distinción de condición socioeconómica o lingüística.
III. El 22 de febrero pasado, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en cumplimiento de los artículos 79, 83 y 84 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, y 93 de su Estatuto Orgánico, emitió 14 recomendaciones vinculantes a la Secretaría de Educación Pública para que aceptara los señalamientos donde se establece que la prueba ENLACE ejerce una “discriminación indirecta” al sistema de educación indígena. Esta resolución fue promovida por docentes de una escuela primaria, localizada en una zona indígena de Chiapas.
Después de un proceso de más de dos años, la resolución del Conapred señala que tiene como finalidad esencial que el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Educación Pública federal, garantice el ejercicio pleno y en igualdad de trato y de oportunidades del derecho a la educación de la población infantil indígena del país, sin ningún tipo de discriminación con motivo de su lengua, su condición social, o su origen étnico, y a que privilegie el principio del interés superior de los niños indígenas a través de la adopción de medidas progresivas que permitan el respeto intrínseco de su autodeterminación, de su interculturalidad y de su diversidad cultural.
Entre los puntos relevantes de la resolución se encuentran os siguientes:
Primero. Que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las áreas de educación intercultural y bilingüe y de educación indígena, efectúe las acciones pertinentes, preferentemente incorporando la colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y del Inegi para realizar un estudio documental y de campo respecto a las lenguas maternas que predominan por ubicación geográfica en el país (comprendido por región, estado, municipio y localidad), así como la vitalidad lingüística de cada una de esas lenguas y el contexto cultural en que se desenvuelve cada una de esas comunidades, a fin de actualizar el catálogo de lenguas indígenas nacionales y el contexto sociocultural en que se imparten las clases y comunican los profesores con los alumnos en las escuelas de nivel primaria y secundaria de los pueblos y las comunidades indígenas del país.
Segundo. Se hagan las adecuaciones a los reactivos de la prueba ENLACE de manera progresiva, procurando que su diseño y contenido estén basados en el contexto y entorno cultural de los grupos y las comunidades indígenas, evitando la tendencia a lo urbano o prácticas citadinas con las cuales los niños indígenas no estén familiarizados.
Séptimo. La SEP ejecutará acciones progresivas para que se fortalezca que los maestros que imparten clases en las comunidades infantiles indígenas del país tengan acceso a cursos y programas de capacitación permanente basados en la diversidad y el contexto cultural, que les permitirán estar actualizados con base en los currículos de enseñanza nacionales, a fin de que brinden educación de calidad a los niños indígenas.
Octavo. La SEP deberá considerar en las acciones que implante las recomendaciones que, en su momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó al Estado mexicano a través del Informe sobre la situación de los derechos humanos de los indígenas de las Américas, en el sentido de adoptar las medidas y políticas públicas requeridas, a fin de atender adecuadamente las necesidades de la población indígena mexicana, especialmente en áreas como la salud y la educación; continuar las inversiones y mejora de las condiciones, en general en el sector de la educación, con el propósito de aumentar los índices de atención escolar y así revertir progresiva y efectivamente las condiciones inicuas que viven los niños indígenas.
Décimo. La SEP deberá enviar de manera periódica las evidencias y los resultados de la realización de las acciones planeadas en 2009 y 2010 que fueron enunciadas en diversas respuestas ante el Conapred, a fin de “mejorar el nivel de aprendizaje de los alumnos de los pueblos o las comunidades indígenas del país con respeto y cuidado de su pertinencia cultural y lingüística”.
Decimocuarto. A fin de garantizar el cumplimiento de los puntos resolutivos, la SEP deberá enviar al Conapred de manera cuatrimestral la información y documentación que avalen el cumplimiento e implantación de manera progresiva de cada uno de los siguientes resolutivos.
IV. Sin embargo, los puntos resolutivos son insuficientes para detener la discriminación gubernamental y las erróneas políticas unidimensionales del sistema educativo nacional. La respuesta deseable sería suspender la prueba ENLACE para las escuelas que pertenecen a las comunidades indígenas, ya que su aplicación nos está llevando irremediablemente a la destrucción del conocimiento ancestral y del entorno social de las comunidades indígenas, así como de su conocimiento y forma de vida.
La prueba ENLACE provoca un daño moral sobre niños y educadores indígenas en la medida en que es un instrumento estandarizado que no responde a la lengua ni a la cultura ni a los contextos educativos. La pertinencia de la educación debe adaptarse a los contextos de las comunidades indígenas para evitar un retroceso en la calidad del sistema educativo y evitar la discriminación. Los contenidos que se enseñen y evalúen deben ser pertinentes y adecuados a las comunidades indígenas. Estos contenidos deberían ser consultados con las comunidades indígenas para lograr un consenso sobre la cosmovisión y el futuro de las comunidades.
V. El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio Irazábal, señaló ante diversos medios de comunicación que la respuesta que dará al Conapred será un “análisis cuidadoso de las condiciones en que se brinda el servicio educativo en el área indígena del país”. Esta respuesta es insuficiente y no detiene los actos de discriminación en las escuelas indígenas del país. La discriminación debe ser atacada suspendiendo el acto que la origina. Es decir, debe suspenderse la aplicación de la prueba ENLACE en las escuelas de las zonas indígenas del país.
Además, es de justicia social brindar mejor infraestructura educativa, contenidos idóneos y mejor capacitación a los profesores que se esfuerzan por educar a los niños indígenas del país.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al secretario de Educación Pública a suspender la prueba ENLACE 2011 en las zonas indígenas del país, hasta dar pleno cumplimiento a los 14 puntos del resolutivo emitido por el Consejo para Prevenir la Discriminación, pues estimaron que la evaluación es “discriminatoria” porque no considera la lengua materna ni el contexto cultural de los pueblos.
Segundo. Se exhorta al secretario de Educación Pública a informar a esta soberanía acerca de las acciones concretas emprendidas para eliminar la discriminación y dar impulso al multiculturalismo en las escuelas de las zonas indígenas del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2011.
Diputada María Isabel Pérez Santos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a congelar el precio del diesel en todo el país; y a los de la SHCP y de la Sagarpa, a modificar las Reglas de Operación de los Programas de Subsidio del Diesel Agropecuario y Marino, y de la Gasolina Ribereña para que el subsidio del precio por litro sea de 49 por ciento, igual que en 2003, a cargo del diputado Héctor Fernández Aguirre, del Grupo Parlamentario del PRI
Los que subscriben, diputados Ricardo Sánchez Gálvez, Felipe Borja Texocotitla, Felipe Cervera Hernández, Aarón Irízar López, Genaro Mejía de la Merced, Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Alberto Esquer Gutiérrez, José Luis Iñiguez Gámez, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Federico Ovalle Vaquera, Samuel Herrera Chávez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los numerales 1 y 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acuden ante el pleno de esta soberanía a presentar proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, mediante la cual se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que congelen el precio del diesel en todo el territorio nacional y realicen las modificaciones correspondientes a las reglas de operación del programa de subsidio al diesel agropecuario y marino, así como de la gasolina ribereña, para que el porcentaje de subsidio al precio por litro se sitúe en el mismo monto porcentual que tuvo en 2003, al tenor de los siguientes
Considerandos
Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) un porcentaje mayoritario del sector agropecuario se vio afectado de manera sensible al enfrentar una competencia desigual con sus contrapartes de los países firmantes debido a las marcadas asimetrías que existían y que prevalecen hasta hoy día entre los productores rurales de los tres países.
En virtud de lo anterior, los países firmantes del TLCAN negociaron una desgravación arancelaria diferenciada para los países involucrados y en sus diversas ramas productivas.
En el año 2003 se dio una mayor apertura, con la desgravación a tasa cero de las importaciones de un amplio grupo de productos provenientes de Estados Unidos y Canadá por lo que el gobierno de México a fin de que nuestros productores enfrentaran dicha apertura comercial en mejores condiciones, incluyó un conjunto de programas tendientes a mejorar la competitividad de los productores agropecuarios, entre los que se encontraban el Programa de Apoyos Compensatorios, como el diesel agropecuario, el cual en su momento representó un gran beneficio para dichos productores.
Para 2010, el Programa de Diesel Agropecuario, Marino y la Gasolina Ribereña se insertó en el Programa de Atención a Problemas Estructurales considerados como “apoyos compensatorios”, cuyo objetivo era contribuir a que los productores agropecuarios y pesqueros incrementen sus márgenes de operación, mediante la entrega de apoyos temporales que compensen sus ingresos y los costos de los insumos energéticos.
Para el presente año hubo una restructuración de los programas que opera la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y el diesel agropecuario se incluyó en el Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario Procampo para vivir Mejor, que considera los siguientes componentes: a) Procampo: Para vivir Mejor; b) Diesel agropecuario/modernización de la maquinaria agropecuaria; c) Diesel marino; d) Fomento productivo del café; y e) Gasolina ribereña.
En 2003 el precio del diesel se situaba en 5.01 pesos por litro y para marzo de 2011 el precio es de 9.36 pesos, es decir, 4.35 pesos más que en el año de referencia, lo que representa un incremento acumulado del 87 por ciento.
Por otra parte, el subsidio de este combustible en 2003 fue de 2.42 pesos por litro, lo que representaba el 49 por ciento del precio. Para 2011 el subsidio disminuyó a 2 pesos por litro, con una reducción de 4 centavos al mes; por lo que en la actualidad dicho subsidio sólo representa el 21.4 por ciento del precio final del diesel pagado por el productor.
De acuerdo con los datos anteriores, el subsidio al precio del diesel desde su entrada en vigor a la fecha se redujo en poco menos de la mitad, con la consecuente afectación de los productores del campo.
Por otra parte, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 enviado a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre ya no se contemplaba este programa de apoyo.
Ante ello y considerando que las condiciones de competitividad de nuestros productores no han cambiado, y tomando en cuenta la intención del gobierno federal por mantener el precio de los energéticos a la alza, los diputados de los diferentes grupos parlamentarios, particularmente los del sector agrario, impulsamos la inclusión de dicho programa con recursos crecientes. Así, en el proceso de aprobación del paquete económico para el año en curso, se logró un monto de 3 mil 100 millones de pesos para subsidiar el diesel agropecuario y el marino además de la gasolina ribereña, es decir, 650 millones de pesos más que en 2010, lo que representó un incremento del 26.5 por ciento.
La situación expuesta anteriormente fue abordada en la reunión ordinaria de la Comisión Especial de seguimiento a las evaluaciones practicadas a los programas que conforman el Programa Especial Concurrente para el Campo el pasado 17 de febrero, la cual está integrada por legisladores de los diversos grupos parlamentarios representados en esta soberanía, habiéndose aprobado en el pleno de la misma la presentación del punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución.
Por lo expuesto, acudimos a esta asamblea para presentar la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que congele el precio del diesel en todo el territorio nacional.
Segundo. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que realicen las modificaciones correspondientes a las reglas de operación del programa de subsidio al diesel agropecuario y marino así como de la gasolina ribereña para que el porcentaje del subsidio al precio por litro se sitúe en el 49 por ciento, tal como inició en 2003.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2011.
Diputados: Federico Ovalle Vaquera, Héctor Fernández Aguirre, Alberto Jiménez Merino, Moisés Villanueva de la Luz, Narcedalia Ramírez Pineda, Ricardo Sánchez Gálvez, José Narro Céspedes, Genaro Mejía de la Merced, Jorge Rojo García de Alba, Óscar García Barrón, José Luis Íñiguez Gámez, Felipe Cervera Hernández, Cruz López Aguilar, Gerardo Sánchez García, Rosalina Mazari Espín, José Luis Álvarez Martínez, José Manuel Agüero Tovar, Jaime Sánchez Vélez, Tereso Medina Ramírez, Hugo Martínez González, Noé Fernando Flores Garza, Francisco Saracho Navarro (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a suspender de inmediato el dragado en los canales de Tóbari y Lobos, en Sonora, en tanto el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste no concluya sus trabajos y evalúe el estudio de impacto ambiental presentado por el Comité pro Dragado de la Bahía del Tóbari, a cargo de José Luis Marcos León Perea y suscrita por Felipe Cervera Hernández, diputados del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados federales Felipe Cervera Hernández y José Luis Marcos León Perea, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad concedida por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de los siguientes:
Antecedentes
Sonora es el estado que tiene el litoral más extenso de todo el territorio nacional con un área de 1,207.80 kilómetros. Colinda con el Mar de Cortés, el cual recibe el nombre de Acuario del Mundo, cuyo mar territorial abarca una superficie de 33 mil 451 metros cuadrados. Esta característica, por lo tanto, favorece el desarrollo tanto de la pesca como de la acuacultura siendo líder al aportar el 58 por ciento de la producción nacional (cifras del 2008) de productos marinos y acuícolas, que representa más de 70 mil toneladas con un valor superior a los 4 mil 300 millones de pesos, ubicando a esta actividad como uno de los sectores económicos más importantes de esta entidad federativa.
En virtud de la existencia de 51 mil 700 hectáreas de lagunas litorales, se ha desarrollado fuertemente la actividad acuícola, primordialmente el cultivo de camarón, más que en ninguna otra región de México. En poco más de 10 años, la acuicultura vino a dar solución al decremento de la actividad pesquera de camarón en el Mar de Cortés y a la vez crear mecanismos de producción alternativos para el campo, creándose parques acuícolas para la integración de 64 centros de población ejidal.
En Sonora existe la mayor extensión de granjas acuícolas para cultivo de camarón que constituyen más de 23 mil hectáreas en los municipios costeros, de donde dependen más de 8 mil empleos directos por ciclo y 20 mil indirectos. Por tanto, el cultivo de camarón representa el 90 por ciento del valor de la producción total de pesca y acuacultura, lo que demuestra la gran aceptación que el llamado “oro rosado” tiene en los mercados internacionales debido a sus altos estándares de sanidad.
Operan en el litoral 134 granjas acuícolas, agrupadas en 18 juntas de sanidad pertenecientes a los sectores social y privado, infraestructura que tiene un valor estimado de 293.5 millones de dólares; la sanidad es un factor determinante para el desarrollo de la acuicultura en Sonora, ya que ha alcanzado altos niveles de eficiencia que permiten al producto entrar en los mercados internacionales.
La importancia de este recurso radica en el hecho de que el mismo ha significado para México uno de los productos que mayores divisas genera al país por su exportación; así, durante la década de los setenta y ochenta, México fue el principal abastecedor del crustáceo al mercado de Estados Unidos de América.
La actividad acuícola por tanto reviste una gran importancia no sólo para la entidad sino para el país, por ser fuente de alimento, empleo y captador de divisas, lo que hace necesario se tomen las medidas convenientes a fin de proteger la actividad.
Al respecto se menciona, que en días pasados se ha anunciado la necesidad de dragar los canales de las bahías del Tobari y de Lobos en Sonora, siendo su principal objetivo la restauración de la zona considerada como perturbada por la construcción de diversas infraestructuras al recibir 530 metros cúbicos anuales de pesticidas, defoliantes, fertilizantes, químicos farmacéuticos y metales pesados, todo ello, al menos desde hace tres décadas, por lo que la acumulación de desechos hace imperativa la acción de dragado.
Aunado a lo anterior, el proyecto contempla la construcción de 11 isletas ecológicas, con reforestación de mangle negro, blanco o rojo, a lo largo de dos años. Es decir que al rehabilitarse la zona, se podría mejorar la economía de los pescadores de Paredón, Paredoncito y Aceitunitas.
Sin embargo, dicha acción puede resultar contraproducente para 92 de las 173 granjas del área, las cuales pertenecen en su mayoría al sector social y que representan el 40 por ciento de la capacidad instalada en el estado de Sonora. Por su lado, los productores acuícolas sostienen que, de realizarse el dragado en este momento, la afectación a sus cultivos sería grave; por ello proponen que los trabajos se hagan cuando no haya actividad productiva y durante el espacio en donde se realiza el mantenimiento de las granjas acuícolas, lo cual sería durante los meses de octubre a febrero.
En este sentido y a fin de conciliar las partes, se contrató el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) para que realizara un muestreo del sedimento del lecho marino que se pondría en suspensión al simular el dragado, y así evaluar la situación. Siendo el Cibnor la parte académica, es prudente que se tomen en cuenta los resultados de sus estudios y en tanto no se termine con éstos, no se debe iniciar ningún tipo de dragado.
Por lo expuesto y en apoyo al punto de acuerdo presentado en Hermosillo, Sonora, el pasado 5 abril de los corrientes, por diputados del PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista, presentamos ante esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la suspensión inmediata de dragado en los canales de Tobari y Lobos en Sonora, en tanto los trabajos del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste no sean concluidos, y sea evaluado por dicha institución el estudio de impacto ambiental presentado por el Comité pro Dragado de la Bahía del Tobari.
Diputados: Felipe Cervera Hernández, José Luis León Perea, Aarón Irízar López (rúbricas).
Con punto de acuerdo, para que se averigüe sobre la situación legal que guarda el predio UDU SA-18, en la reserva territorial Atlixcayotl-Quetzalcóatl, Puebla, transferido por el gobierno local por donación onerosa a Inmobiliaria Hena, SA de CV, mediante la escritura número 20628, pasada ante la fe del notario número 31 del estado, así como diversas violaciones graves de las garantías individuales de personas morales y físicas domiciliadas en la entidad, a cargo del diputado Eviel Pérez Magaña y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la proposición con puntos de acuerdo siguiente:
Consideraciones
En 2004, mediante la escritura pública número 20628, pasada ante la fe del notario público 31 de Puebla, Inmobiliaria Hena, SA de CV, recibió en donación onerosa del gobierno del estado el predio UDU SA-18, con una superficie de 187 mil 207 metros cuadrados.
Entre las mismas partes, en 2006 se celebró convenio modificatorio de la donación onerosa indicada.
El predio fue segregado de una superficie mayor, situado en la reserva territorial Atlixcayotl-Quetzalcóatl, Puebla.
A la firma de la escritura citada, la empresa donataria, en términos y en cumplimiento de la cláusula quinta del contrato relativo, transfirió en favor del fideicomiso público de la reserva territorial Atlixcayotl-Quetzalcóatl la cantidad de 10 millones de pesos.
La empresa inmobiliaria invirtió otros 9 millones de pesos para dotar de servicios al predio indicado, como son red eléctrica, agua y pavimentación, y posteriormente edificar ahí el centro de recreación Valle Fantástico, que operó durante cinco años.
De esa forma, Inmobiliaria Hena, SA de CV, cumplió cabalmente las condiciones establecidas para realizar la donación onerosa y sus modificaciones.
Así fue entendido por dos gobiernos poblanos, los de Melquiades Morales y Mario Marín, quienes respetaron tanto el principio de certeza jurídica de la propiedad privada como el de seguridad de la inversión realizada por la donataria.
Ambos gobiernos actuaron institucionalmente. El primero donó el predio onerosamente y el segundo dio validez y continuidad a los compromisos legales asumidos por el Estado en el correspondiente contrato y su convenio modificatorio.
Empresa y gobierno cumplieron su parte.
Hasta principios de 2010 todo se encontraba en orden. Sin reclamos, sin desconfianza, sin afectaciones arbitrarias al desarrollo de la zona o la actividad empresarial de Puebla.
Sin embargo, no tardarían en surgir los problemas para Inmobiliaria Hena, SA de CV, respecto al inmueble transferido por donación onerosa.
Éstos comenzaron en la campaña electoral del actual gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas.
A finales de mayo o principios de junio de 2010, Ricardo Henaine Mezher, administrador único de Inmobiliaria Hena, a su vez presidente del diario El Heraldo de Puebla, recibió las primeras presiones para que, en abierta violación de la libertad de prensa, orientara la línea editorial de ese medio de comunicación escrita para favorecer al entonces candidato Moreno Valle y a la coalición que lo postulaba.
Las presiones pasaron luego a las amenazas.
En el periodo de transición, que fue de su declaratoria como gobernador electo hasta su toma de posesión, Moreno Valle, a través de un emisario, actualmente secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública del gobierno del estado, exigió a Inmobiliaria Hena que regresara el predio donado, pues de otra manera se lo quitaría, pondría en la cárcel al administrador Ricardo Henaine y revocaría el comodato del inmueble que desde hace años ocupa El Heraldo de Puebla.
Como esas amenazas no lograron que la empresa donataria cediera, el 11 de marzo próximo pasado elementos de Seguridad Pública y de la Policía Ministerial de Puebla, sin derecho, sin mediar juicio y sin razón, se posesionaron por la fuerza del inmueble conocido como “Valle Fantástico”.
Toda la fuerza del Estado –así sea arbitraria, unilateral y caprichosa–, contra una empresa, contra un ciudadano.
La voluntad de un hombre, el gobernador Moreno Valle, sobre las instituciones, el estado de derecho, las libertades, los tribunales.
El despojo violento, el uso faccioso de las policías, la coacción y manipulación de jueces, por un conflicto personal derivado de una negativa a convertir un medio de comunicación en ariete de campaña, en promotor del voto, en fabricante de estadistas.
Ante hechos como el aquí sucintamente narrado, que dañan la democracia, que pervierten la política, que deterioran la empresa mexicana, que vulneran la propiedad privada, que ahuyentan la inversión de particulares, que afectan fuentes de trabajo, esta representación nacional no puede ni debe permanecer indiferente.
Por una parte, en términos del segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados debe pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que averigüe los hechos, pues constituyen una grave y reiterada violación de garantías individuales.
Por otra parte, es preciso que los diputados, con objetividad e imparcialidad, internamente, también desentrañemos la verdad y ubiquemos a cada quién como corresponde.
Como representantes populares y de la nación, debemos investigar denuncias como la que se describe en este documento y, en su caso, contribuir, en el terreno de lo político, a dar certeza y seguridad jurídica a los gobernados.
En razón de ello, sometemos a consideración de esta soberanía, con la solicitud de que se tramiten como de urgente u obvia resolución, toda vez que la aplicación de más medidas intimidatorias por el gobierno de Puebla contra Ricardo Henaine son inminentes, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo prescrito en el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nombre comisionados especiales para que averigüen sobre los sucesos a que refiere el presente documento, los cuales constituyen graves violaciones de las garantías individuales de personas morales y físicas domiciliadas en Puebla.
Segundo. Se instruye a la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara para que constituya un grupo plural de trabajo con el propósito de investigar la situación legal que guarda el predio UDU SA-18, situado en la reserva territorial Atlixcayotl-Quetzalcóatl, Puebla, y transferido por el gobierno del estado por donación onerosa a la empresa Inmobiliaria Hena, SA de CV, mediante la escritura número 20628, pasada ante la fe del notario público 31 del estado.
Tercero. La Comisión de Derechos Humanos establecerá los acuerdos necesarios para definir la integración plural y proporcional del grupo de trabajo y para determinar la presidencia de éste.
Cuarto. El grupo de trabajo deberá reportar bimestralmente sus actividades y alcances a la Comisión de Derechos Humanos y, por conducto de ésta, a la Junta de Coordinación Política; y estará vigente hasta que considere que el objeto de su creación ha concluido.
Quinto. Los recursos necesarios para el desarrollo de las labores del grupo provendrán de los de la Comisión de Derechos Humanos.
Transitorio
Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el pleno y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2011.
Diputados: Héctor Pablo Ramírez Puga, Heliodoro Díaz Escárraga, Eviel Pérez Magaña, Elpidio Concha Arellano, Heriberto Ambrosio Cipriano, Emilio Mendoza Kaplan, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, José Antonio Yglesias Arreola, Margarita Liborio Arrazola, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del DF a resolver la problemática que aqueja a trabajadores suyos contratados por honorarios, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Fernando Espino Arévalo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6 y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por medio del cual este órgano legislativo exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que en el ámbito de sus atribuciones resuelva inmediatamente la problemática que aqueja a los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal que se encuentran contratados bajo el régimen de honorarios, de acuerdo a la siguiente:
Exposición de Motivos
Las relaciones laborales entre el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores están determinadas a partir de lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo correspondiente, disposiciones que de forma por demás arbitraria pretenden pasar por alto las autoridades de la administración pública del Distrito Federal, sin más argumento que sus mal entendidos ahorros y disminución del gasto.
Durante los meses de febrero y marzo del año en curso, algunos trabajadores del Gobierno del Distrito Federal se presentaron ante un servidor, para expresar su preocupación e inconformidad, por la clara y flagrante violación de sus derechos laborales, de entre los que se destaca la falta de pago a sus servicios, así como la contratación solo por 11.5 meses, de aquellos servidores públicos contratados bajo el régimen de honorarios en la Administración Pública local, problema que han venido arrastrando desde el último bimestre del año próximo pasado.
A pesar de que dichos trabajadores han acudido a las oficinas de gobierno correspondientes para que les informen la fecha del pago respectivo, sólo han recibido como respuesta el que deben esperar hasta que se autorice la liberación de los recursos asignados a este concepto conforme a las disposiciones administrativas legales.
No podemos pasar por alto que medidas como las señaladas en los párrafos anteriores necesariamente habrán de orillar a las personas en algunos casos a tomar la decisión de separarse de las instituciones o dependencias, tornándose esto en una contradicción si consideramos que la prestación de los servicios públicos exige conservar en la Administración Pública, en especial la del Distrito Federal, a los hombres y mujeres más capacitados y experimentados que le permitan satisfacer de manera eficiente y oportuna, las necesidades de carácter general y particular de la ciudadanía.
Las autoridades de la administración pública del Distrito Federal están obligadas a observar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, profesionalización y eficacia en la prestación del servicio público, y por lo mismo deben respetar la estabilidad del empleo de los trabajadores sin distingo de la calidad laboral que ostenten, en virtud de que son quienes tienen a su cargo las funciones técnicas, operativas y administrativas de las instituciones o dependencias, circunstancias que hoy, por decisiones carentes de sustento se busca desestimar.
No podemos olvidar que lo anterior es una obligación insoslayable de dichas autoridades, porque para la formación de tales cuadros han transcurrido lustros de capacitación, que ha resultado sumamente costosa para los ciudadanos del Distrito Federal, porque se trata de personal calificado y especializado.
Por tanto sí las autoridades del Gobierno del Distrito Federal desconocen y pretenden ignorar lo anterior, no solo incurrirían en abuso de poder, sino en actos que pueden comprometer potencialmente la viabilidad y sustento de las instituciones.
Para comprender a profundidad esta problemática, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 2 de febrero del año 2011, se publicaron los “Lineamientos para la autorización de programas de contratación de prestadores de servicios con cargo a la partida presupuestal específica 1211 1 honorarios asimilables a salarios, para el ejercicio presupuestal 2011”; por los cuales las dependencias, delegaciones, órganos desconcentrados y entidades del Distrito Federal, deberán primeramente, hacer entrega del Programa Anual de Contratación de Prestadores de Servicios correspondiente a la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal durante los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal vigente.
Bajo esta lógica, los órganos de gobierno en comento no pueden efectuar pago alguno con cargo a esta partida presupuestal si no cuentan con la autorización de esta Dirección General, la cual es dependiente de la Oficialía Mayor de la administración pública del Distrito Federal.
Cabe señalar que para obtener dicha autorización, las dependencias, delegaciones, órganos desconcentrados y entidades del Distrito Federal, deberán entregar a esta Dirección la documentación señalada en tales lineamientos como el oficio de solicitud para la contratación de prestadores de servicios en las que se especifique la partida presupuestal a ejercer; la cantidad de contratos; la justificación, vigencia y monto de los mismos, entre otros aspectos.
Además, será necesario anexar la autorización de la Coordinación General de Modernización Administrativa para los contratos cuyo importe bruto mensual sea equivalente o superior al tabulador aplicable al personal de estructura a partir de su nivel más bajo que actualmente es de 12 mil 646 pesos.
Asimismo, los programas anuales de contratación de prestadores de servicios sólo podrán autorizarse para un periodo máximo de 11 meses y medio; lo que ha despertado el malestar de los trabajadores pues, esta medida deja entrever que dichos trabajadores percibirán un ingreso por el lapso referido, sin embargo debido a la importancia de sus funciones, serán obligados a laborar el año completo, dejando de tener percepciones y las prestaciones que la ley señala.
Aunado a ello, en esta misma Gaceta fueron publicadas las “Normas para la contratación de prestadores de servicios (personas físicas) honorarios asimilables a salarios en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la administración pública del Distrito Federal para los meses de enero y, febrero del ejercicio 2011”; las cuales condicionan la cantidad mensual de contratación con cargo a la partida 1211 “Honorarios asimilables a salarios”, que resulte menor entre:
• “El monto mensual de su programa anual de honorarios autorizado en el ejercicio 2010.
• Un treceavo del presupuesto original 2011 notificado por la Secretaría de Finanzas en la partida 1211”. 2
Cabe agregar que la remuneración de estos trabajadores se basará en un sistema de 19 niveles con ingresos brutos mensuales que van de los 2 mil pesos (correspondiente al primer nivel) hasta los 91 mil pesos (relativo al último nivel).
Con estas medidas, algunos trabajadores por honorarios calculan “una reducción de hasta 50 por ciento de sus salarios que percibían en el año anterior, además de contraerse el bono extraordinario de fin de año o aguinaldo”, 3 lo que sin duda representaría una baja en sus condiciones normales de vida. Aunado a lo anterior, con la contratación por tiempo inferior a un año, se les limita a estos trabajadores contratados por un periodo inferior a un año, su derecho a ser incorporados integralmente al régimen de seguridad social en términos de lo previsto en el artículo cuadragésimo tercero transitorio de la Ley del ISSSTE vigente, lo que constituye un atropello mas a un derecho universal, como lo es el de la seguridad social.
Por otro lado, los trabajadores afirman que son absurdas las excusas por las cuales no les han pagado, a tal grado que ahora “están condicionando... los pagos con la justificación de que hay que cambiar palabras en los Manuales de Funciones, ejemplo: En lugar de decir ‘dirigir’ ahora deberá decir ‘coordinar’, entonces, habría que cambiarse palabras en los Manuales, luego enviarse, revisarse y de aprobarse, aceptarían pagar”. 4
Es lamentable observar que ante el malestar que ha generado esta situación entre el personal de honorarios, es recurrente escuchar su negativa a denunciar los atrasos en el pago de su salario por el temor a no ser nuevamente contratados por el Gobierno del Distrito Federal. Además, se les ha hecho pensar que no pueden hacer nada porque en esas condiciones se les hizo firmar un contrato.
Sin embargo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, que es también de observancia general para los titulares y trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, establece en su artículo 14 la nulidad de las condiciones que inclusive los trabajadores admitiesen expresamente, relacionadas a:
“IV. Un salario inferior al mínimo establecido para los trabajadores en general, en el lugar donde se presten los servicios, y
”V. Un plazo mayor de quince días para el pago de sus sueldos y demás prestaciones económicas”. 5
Derivado de lo anterior, la propuesta en comento pretende exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que en el ámbito de sus atribuciones, agilice los procedimientos necesarios para remunerar a los trabajadores bajo el régimen de honorarios que han prestado o que siguen prestando sus servicios en la administración pública del Distrito Federal.
Asimismo, se le solicita respetuosamente, analizar y evaluar detenidamente los lineamientos y normas relacionadas a la contratación del personal bajo este régimen con el objeto de que no se vean afectados sus derechos laborales.
No hay que olvidar que desde hace muchos años es bien sabido que el régimen de trabajo por honorarios no cuenta con suficientes prestaciones de ley además de estar sujeto a la terminación del contrato sin renovación o al despido inmediato.
Asimismo, es importante señalar que de no resolverse esta problemática, podrían presentarse efectos negativos no sólo en el desempeño de estos trabajadores, que necesariamente se verían reflejados en el bienestar general de la población.
Es decir, si el personal de honorarios no recibiera el ingreso que por ley le corresponde, es lógico que poco a poco empezará a buscar otro empleo desatendiendo sus funciones que ejerce actualmente, afectando inevitablemente su nivel de productividad y en consecuencia, en un mal servicio al público usuario.
Al respecto, sólo basta mencionar que de los 20 mil trabajadores inscritos bajo este régimen, un alto porcentaje se encuentra involucrado en los programas sociales como “Prepa Sí, el Seguro de Desempleo, Red Ángel, Ayuda a Adultos Mayores, Seguro contra la Violencia Familiar”, 6 entre otros; por lo que sin duda estos programas podrían verse afectados por el maltrato que recibe el personal de honorarios del gobierno local.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, el suscrito, diputado Fernando Espino Arévalo, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por medio del cual este órgano legislativo exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que en el ámbito de sus atribuciones, resuelva inmediatamente la problemática que aqueja a los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal que se encuentran contratados bajo el régimen de honorarios, para lo cual se emite el siguiente
Acuerdo
Primero. Este órgano legislativo exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva inmediatamente y de forma favorable la problemática que enfrentan los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal contratados bajo el régimen de honorarios.
Segundo. Se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que a través de la Oficialía Mayor, Contraloría General y la Secretaría de Finanzas de la administración pública del Distrito Federal, revisen, evalúen y, según sea el caso, realicen las modificaciones pertinentes a los lineamientos y normas relacionadas con la contratación del personal bajo el régimen de honorarios con el objeto de no afectar sus derechos laborales.
Notas
1 A través del clasificador por objeto del gasto del Distrito Federal, esta partida constituye las asignaciones destinadas a cubrir el pago por la prestación de servicios contratados con personas físicas, como profesionistas, técnicos, expertos y peritos, entre otros; por estudios, obras o trabajos determinados que correspondan a su especialidad.
2 Oficialía Mayor, Contraloría General y Secretaría de Finanzas de la administración pública del Distrito Federal, Normas para la contratación de prestadores de servicios (personas físicas) “honorarios asimilables a salarios” en las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la administración pública del Distrito Federal para los meses de enero y febrero del ejercicio 2011, Gaceta Oficial del Distrito Federal, Décima Séptima Época, No. 1025, 2 de febrero de 2011.
3 Rosales Hernández, Mariano, “Ciudad, cifras y datos ¿Dónde está la seguridad laboral del gobierno del DF? (opinión), 7 de marzo de 2011. Recuperado de: http://www.puntoporpunto.com/opinion/-ciudad-cifras-y-datos-mariano-ros ales-hernandez/ciudad_cifras_y_datos_donde_es.php
4 Sánchez, Baños, Víctor, “La libertad de expresión debe ser ¡total! Sin censuras o autocensuras”, 28 de marzo de 2011. Recuperado en: http://columnas.ejecentral.com.mx/poderydinero/2011/03/28/la-libertad-d e-expresion-debe-ser-%C2%A1total-sin-censuras-o-autocensuras/
5 Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, artículo 14, fracciones IV y V. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1963. Última reforma publicada en este Diario: 3 de mayo de 2006.
6 Rosales Hernández, Mariano, “Ciudad, cifras y datos ¿Dónde está la seguridad laboral del gobierno del DF? (opinión), 7 de marzo de 2011. Recuperado de: http://www.puntoporpunto.com/opinion/-ciudad-cifras-y-datos-mariano-ros ales-hernandez/ciudad_cifras_y_datos_donde_es.php
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2011.
Diputado Fernando Espino Arévalo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP a solicitar a la Semarnat, a la Conapred y a Pemex información sobre la perforación de cinco pozos petroleros en el área de protección de flora y fauna Laguna de Términos, Campeche, suscrita por los diputados Carlos Oznerol Pacheco Castro y Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Motivos
El área de protección de flora y fauna Laguna de Términos se localiza en la zona costera de Campeche, entre el río San Pedro y San Pablo, al occidente, y comprende los municipios de El Carmen, Palizada y Champotón. Es el sistema lagunar estuario de mayor volumen de descarga de agua dulce y sedimentos terrígenos, y el más extenso en el país. La región forma parte del complejo ecológico de la planicie costera que controlan los procesos deltaicos del sistema de ríos Grijalva-Usumacinta. El sistema de pantanos o humedales, con los de la reserva Pantanos de Centla, forma la unidad ecológica costera más importante de Mesoamérica por su productividad natural y biodiversidad.
En el área se presenta un mosaico de asociaciones vegetales acuáticas y terrestres, hábitat crítico para especies pesqueras de interés comercial, y una importante zona de anidación para tortugas marinas y aves migratorias.
La declaratoria de área natural protegida se dio mediante decreto de fecha 4 de junio de 1994, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del mismo año, y totaliza una superficie de 707 16 hectáreas.
La Laguna de Términos es la de mayor volumen en el Golfo de México. Es somera, con una profundidad promedio de 4 metros, y tiene 2 bocas de conexión con el mar: la de Puerto Real y la de El Carmen (Contreras, 1993). La superficie de la cuenca, incluyendo los sistemas fluvio-lagunares, es de aproximadamente 2.007 kilómetros cuadrados. La boca de Puerto Real tiene un ancho estimado de 3.2 kilómetros y una profundidad de 14 metros; y la boca de El Carmen, un ancho promedio de 3.8 kilómetros y profundidad de 18 metros (Gómez-Pompa et al. 1995; De La Lanza y Cáceres 1994).
El sistema de humedales, con el de Tabasco, forma la unidad ecológica costera más importante de Mesoamérica (Chávez, y otros, 1988).
La problemática inició cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó un proyecto de Petróleos Mexicanos (Pemex) para perforar cinco pozos en el área de protección de flora y fauna Laguna de Términos (APFFLT), de Campeche, lo que viola la legislación ambiental y atenta contra el equilibrio ecológico de tan delicado ecosistema.
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que administra la APFFLT, se opuso totalmente al proyecto porque no cumple la información técnica necesaria y viola la legislación ambiental:
... El proyecto no es ambientalmente procedente... porque la información técnica sobre el subsistema hidrológico es insuficiente y no permite conocer el efecto que sobre los ecosistemas tendrán las obras propuestas, particularmente el impacto de la perforación direccional y su efecto en los flujos hidrológicos; y por contravenir el artículo 28 de la LGEEPA en materia de impacto ambiental, por el inicio de obra sin contar con autorización, así como no apegarse a lo establecido en la NOM-022-SEMARNAT-2001 y en el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre.
La Conanp también mencionó que el proyecto viola el decreto de creación del área de protección de flora y fauna Laguna de Términos, en el artículo decimotercero, que prohíbe la modificación de las condiciones naturales de los acuíferos, cuencas hidrológicas, cauces naturales de corrientes, manantiales y riberas:
... No se puede tener certeza de la manera que se afectaría la hidrodinámica, además de contravenir lo establecido en el artículo decimotercero del decreto de creación del área de protección de flora y fauna Laguna de Términos.
Pese a todo lo anterior, Pemex ha seguido el “acondicionamiento de camino de acceso y pera del pozo ribereño 1, para la perforación de los pozos ribereños 33, 11, 31, 13 y 35”, sin medir las consecuencias inevitables de daño al ambiente, como siempre, y afectando al sector turístico de Campeche.
Punto de Acuerdo
Primero. Se propone a las Comisiones de la Función Pública, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados que emitan un exhorto a la Secretaría de la Función Pública a fin de solicitar información a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y a Petróleos Mexicanos sobre los permisos, autorizaciones, factibilidades o cualquier otro documento exigido por ley para los trabajos de perforación de cinco nuevos pozos petroleros en el área de protección de flora y fauna Laguna de Términos, Campeche.
Ello, con la finalidad de propiciar un desarrollo adecuado y salvaguardar la garantía constitucional de que toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, que consagra el artículo 4o.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2011.
Diputados: Carlos Oznerol Pacheco Castro, Óscar Román Rosas González (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que audite entidades de la administración pública federal y de Baja California que intervinieron en la autorización, los permisos y demás documentos otorgados respecto a la instalación de Energía Costa Azul, S de RL de CV, propiedad de Sempra Energy, en Ensenada, Baja California, suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
Los suscritos, diputados Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila, María Araceli Vázquez Camacho, Ernesto de Lucas Hopkins, María Dina Herrera Soto y Alejandro Carabias Icaza; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a la consideración del pleno proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, lleve a cabo una auditoría a las diversas entidades de la administración pública federal y de Baja California que intervinieron en la autorización, permisos y demás documentos, otorgados y relacionados con la instalación de la empresa Energía Costa Azul, S de RL, de CV, propiedad de Sempra Energy en Ensenada, Baja California, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El 11 de febrero de 2011 el XX ayuntamiento de Ensenada Baja California, decidió realizar la clausura total temporal de la operación de la Terminal de Gas Natural Licuado Energía Costa Azul Sempra Energy, ubicada en las costas de este municipio. El gobierno municipal toma esta decisión al derivar una serie de irregularidades y violaciones flagrantes a la Ley que la empresa ejecuto, para instalarse en una de las zonas aledañas al corredor turístico Tijuana-Rosarito-Ensenada, Baja California. Se argumenta la clausura realizada por el municipio, la violación a los artículos 1, 4, 5, 6, 47, 83, 84, 85, 136, 138 y 140 de la Ley de Desarrollo Urbano para Baja California e incumplimiento de lo dispuesto en los puntos 3.1., 3.2., 3.3. y 3.4. del Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada (Cocotren).
2. Por mandato del pleno de la honorable Cámara de Diputados se conformó la Subcomisión para el Seguimiento de la Problemática de la Regasificadora Energía Costa Azul, S de RL, de CV, que ha concluido la investigación y consulta sobre el seguimiento de las actividades de la regasificadora.
3. En el informe final de la Subcomisión para el Seguimiento de la Problemática de la Regasificadora Energía Costa Azul, S de RL, de CV, se menciona que de la documentación proporcionada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales por parte de la empresa Energía Costa Azul, S de RL, de CV, así como del gobierno federal, y el gobierno de Baja California, se concluye en términos generales que tanto la empresa Costa Azul como las autoridades federales y estatales, no atendieron puntualmente preceptos legales que ocasionaron irregularidades, e inconsistencias en los procedimientos.
4. Por ello es importante destacar que en el uso de las facultades que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la Entidad Superior de Fiscalización para efectos de ser auditadas, las autoridades implicadas en estas irregularidades e inconsistencias en los procedimientos para la instalación de la empresa, y que en este punto de acuerdo se solicita sean auditadas por la Auditoria Superior de la Federación, son la siguientes:
a) La Secretaría de Energía,
b) La Secretaría de Economía,
c) La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
d) La Comisión Reguladora de Energía, y
e) El gobierno de Baja California.
Lo anterior con el fin de revisar escrupulosamente la legalidad de los actos y procedimientos y transparentar la operación de la empresa Energía Costa Azul Sempra Energy.
5. A pesar de las violaciones a las leyes federales, estatales y municipales que se hayan cometido, no es la intención de esta propuesta la reubicación de la empresa ni su salida del lugar donde operan, la intención es dar seguridad a la zona y los habitantes alrededor de las instalaciones de Energía Costa Azul, la protección al ambiente, y que se cumpla cabalmente las leyes que rigen la actividad que se realiza.
6. Esta solicitud propone que el resultado de esta auditoria sirva para que sea establecida en esta honorable Cámara de Diputados, mesas de negociación que sean integradas por autoridades federales, estatales y municipales, y representantes de Energía Costa Azul Sempra Energy, siendo testigos de las mismas, los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y demás interesados, para esclarecer y resolver los siguientes conflictos.
a) Esclarecer las controversias existentes sobre la tenencia de la tierra y posesión legal del terreno donde se encuentra ubicada la empresa Energía Costa Azul-Sempra. Así como aclarar las controversias existentes entre los residentes de Bajamar, Ramón Sánchez Ritchie, y los deudos de la señora Elodia Gómez Castañón y, en su caso, de ser posible una indemnización a los afectados.
b) Lo que respecta al municipio, se establezca una mesa de negociación con el presidente municipal de Ensenada contador público Enrique Pelayo Torres, para resolver los conflictos y omisiones en trámites, leyes y reglamentos municipales, buscando la concordia y la participación entre la autoridad y la empresa.
7. Otro aspecto y uso de esta auditoría servirá para conocer los incidentes en los tramites y violaciones a las leyes para notificar a las autoridades judiciales correspondientes, las faltas que se hayan incurrido en la instalación de la empresa y ejecutar las sanciones que deriven.
8. Ante la problemática social, política, ecológica y administrativa con la empresa Energía Costa Azul-Sempra Energy se solicita que esta proposición sea de urgente y obvia resolución para transparentar la autorización, permisos y demás documentos, otorgados y relacionados con la instalación de la empresa Energía Costa Azul S de RL, de CV, propiedad de Sempra Energy en la búsqueda de solucionar el conflicto entre las autoridades involucradas, la sociedad civil y la empresa. Apoyado lo anterior en el informe final de la Subcomisión para el Seguimiento de la Problemática de la Regasificadora Energía Costa Azul, S de RL de CV.
9. En virtud de las anteriores consideraciones y con fundamento a lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, realice una auditoria a la Secretaria de Energía, la Secretaria de Economía, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaria de Relaciones Exteriores, la Comisión Reguladora de Energía, y al gobierno de Baja California, en la autorización, permisos y demás documentos, otorgados y relacionados con la instalación de la empresa Energía Costa Azul, S de RL, de CV, propiedad de Sempra Energy en Ensenada, Baja California.
Segundo. Se establezca una mesa de negociación entre la empresa Energía Costa Azul, S de RL, y la presidencia municipal de Ensenada, Baja California, para resolver los conflictos y omisiones en trámites, leyes y reglamentos municipales, buscando la concordia y la participación entre la autoridad y la empresa. Así como determinar la aportación de la empresa al Municipio de Ensenada Baja California, por el pago de riesgo con carácter retroactivo a la fecha de instalación y lo subsecuente.
Tercero. Se conforme una comisión especial para que se indemnice a los habitantes del complejo Bajamar así como a los propietarios afectados que colindan con las instalaciones de la empresa Energía Costa Azul, S de RL.
Dado en el Palacio Legislativo, el 29 de abril de 2011.
Diputados: Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), María Dina Herrera Soto (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica).