- De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar las averiguaciones previas sobre los hechos violentos registrados el 1 y 12 de febrero último en la zona metropolitana de Guadalajara
- De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo relativos a la publicación del decreto de área natural protegida de la isla de Cozumel, Quintana Roo
- De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a iniciar el trámite a fin de emitir la norma oficial mexicana que establezca requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros y límites permisibles por observarse en el uso sustentable del agua para vivienda
- De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a integrar en el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales los resultados obtenidos en el monitoreo de la calidad del agua en las cuencas de los ríos Atoyac, Zahuapan y Alseseca, en Tlaxcala y Puebla
- De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dirigir –por la Secretaría de Economía– los programas a su cargo en la región fronteriza norte a diversificar la economía, promover las vocaciones productivas, estimular el desarrollo de cadenas productivas e impulsar el modelo de franquicias de las empresas de la región en el territorio nacional y en el extranjero
De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar las averiguaciones previas sobre los hechos violentos registrados el 1 y 12 de febrero último en la zona metropolitana de Guadalajara
Honorable Asamblea:
La Comisión de Justicia de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El 10 de marzo de 2011, el diputado Salvador Caro Cabrera, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó proposición con punto de acuerdo, suscrita por el diputado David Hernández Pérez, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó con el número de oficio DGPL 61-II-3-1144, la presente proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Justicia para estudio y dictamen.
Contenido de la proposición
El diputado propone la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar las averiguaciones previas sobre los hechos violentos registrados el 1 y el 12 de febrero último en la zona metropolitana de Guadalajara, protagonizados por la delincuencia organizada, para detener a los líderes y operadores de las agrupaciones responsables; y a comunicar de manera pública si se investiga a funcionarios del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco o a familiares suyos que pudieran estar vinculados con las organizaciones criminales autoras de los sucesos violentos en el estado.
Se justifica la propuesta en los siguientes hechos:
“El país vive actualmente una delicada situación de violencia y desbordamiento de los hechos delictivos, particularmente relacionados con la comisión de homicidios y la delincuencia organizada, lo que ha implicado serios desafíos, tanto a la capacidad de respuesta de las instancias de gobierno encargadas de la seguridad pública en todos los niveles de gobierno, como en el planteamiento de nuevas políticas, estrategias y líneas de acción en el combate a la inseguridad pública. En este sentido, en Jalisco durante 2010 se contabilizaron 505 muertes tipificadas como ejecuciones; sin embargo, en las últimas semanas ha existido un súbito y acentuado aumento en la violencia, donde se han verificado una serie de ejecuciones, ataques con granadas y enfrentamientos a plena luz del día, que han afectado de manera grave a los ciudadanos pacíficos de la entidad.
“Así las cosas, en los últimos cuatro días del mes de noviembre del año pasado sucedieron en diferentes municipios de Jalisco un total de catorce asesinatos, todos con características propias de ejecución; en este sentido, diarios de circulación nacional dieron cuenta, en sendas reseñas, de los acontecimientos de esos 4 días.
”Por otra parte, un suceso de gravedad ocurrió el 11 de enero del presente año en Guadalajara, Jalisco, cuando un grupo de sujetos armados arribó a una tienda situada en el cruce de las calles Fresno y Encino de la colonia El Fresno, e intentó levantar a varios sujetos que se encontraban en el interior de una tienda de abarrotes; al momento de la agresión murieron dos niñas de entre ocho y trece años de edad que se encontraban en el lugar y resultaron heridas cuatro personas más, entre ellos tres hombres y una mujer.
”Asimismo el martes 15 de enero, varios hombres armados realizaron un bloqueo en la carretera Guadalajara-Chapala, casi a la altura de la carretera a El Salto. En este lugar lanzaron granadas a varios vehículos, quemaron dos de ellos y parcialmente el remolque de un tráiler de una empresa refresquera. Al día siguiente, hubo en el estado de Jalisco diversos ataques con armas de grueso calibre y granadas de fragmentación que dejaron tres muertos, un herido y cuantiosos daños materiales. Los acontecimientos sucedieron en los municipios de Guadalajara y de Chapala; en éste último municipio, la casa del director de Seguridad Pública fue atacada con una granada.
”El martes 1 de febrero se verificaron granadazos, balaceras y bloqueos en siete puntos de Guadalajara, entre ellos, se suscitó un bloqueo en la carretera a Chapala, a la altura del parque Montenegro, y un bloqueo en la confluencias de López Mateos y Lázaro Cárdenas, a un costado del puente atirantado, donde se prendió fuego a un minibús; por otra parte, en Zapopan, en la avenida Vallarta y Eje Central, en la colonia Ciudad Granja, fue lanzada una granada contra vehículos particulares que quedaron bloqueando la vialidad; no hubo heridos. Según información preliminar de autoridades estatales, otros dos bloqueos ocurrieron antes de las 22 horas, uno en la confluencia de la avenida López Mateos y Las Fuentes, y otro en la autopista que lleva al municipio de Acatic.
”El más reciente hecho violento acontecido en la ciudad de Guadalajara, fue el ataque perpetrado contra personas que se encontraban en la madrugada del sábado 12 de febrero en el bar con razón social Butter Club, situado en la avenida López Mateos de la ciudad de Guadalajara, el cual costó la vida a seis personas y heridas a 37 más. Trascendió públicamente que un agente del Ministerio Público federal inició las investigaciones por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, delincuencia organizada y los que resulten, tras el ataque al bar Butter Club y que la Procuraduría General de la República, a través de su delegación estatal, se encuentra coadyuvando con la Procuraduría General de Justicia de Jalisco, a fin resolver el hecho.
”Por otra parte, han aparecido de manera constante en diversos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, mantas cuya autoría se adjudica a grupos del crimen organizado, en las que se hacen señalamientos a funcionarios de la administración estatal, a los que se les atribuye parcialidad en su actuar y vinculación con algunas de las organizaciones delincuenciales en pugna. Asimismo, se han publicado investigaciones y notas periodísticas realizadas por la revista Proceso, que vinculan al procurador de justicia de la entidad con la delincuencia organizada, así como al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, entre otros funcionarios y servidores públicos.
”Debido a la gravedad y naturaleza de los actos violentos perpetrados en las últimas semanas en el estado de Jalisco, es necesaria la urgente intervención de la Procuraduría General de la República para que en uso de sus facultades legales, realice las averiguaciones previas respecto a los hechos violentos sucedidos en las últimas semanas en el estado de Jalisco, protagonizados por la delincuencia organizada, a fin de que se proceda a la detención de los líderes de las organizaciones criminales responsables de dichos eventos. y comunique de manera pública si actualmente en dicha dependencia se realiza alguna investigación respecto a funcionarios del estado de Jalisco, que pudieran estar vinculadas con las organizaciones criminales responsables de los sucesos violentos de las últimas semanas en el estado de Jalisco.”
Consideraciones
La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis del planteamiento contenido en la proposición con punto de acuerdo objeto de este dictamen, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar éste.
1. Esta comisión estima procedente de forma parcial la proposición en estudio. Como lo establece el artículo 79 numeral 1 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo versa sobre la delicada situación de violencia y desbordamiento de hechos delictivos no sólo en el estado de Jalisco, sino en varios más, por tanto es un asunto de interés general, social y nacional para el país.
2. Como lo refiere el proponente, “la Constitución señala en su artículo 21 primer y segundo párrafo, que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función; de igual manera, el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público”. Derivado de esto, esta comisión se pronuncia respetuosa del mandato constitucional contenido en el artículo 40, que señala que los estados son libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; el artículo 41 establece la forma en cómo el pueblo ejercerá dicha soberanía por medio de los Poderes de la Unión.
3. Asimismo el artículo 49 establece claramente la división de los poderes de la Federación y en el marco jurídico del Congreso, no se encuentra la facultad de éste para poder invadir esferas, esto es, que no es competente para “exhortar al titular de la Procuraduría General de la República para que gire las instrucciones correspondiente a efecto de que la dependencia a su cargo, en uso de sus atribuciones legales, realice las siguientes acciones: “Inicie las averiguaciones previas respecto a los hechos violentos sucedidos los días 1 y 12 de febrero en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, protagonizados por la delincuencia organizada, a fin de que se proceda a la detención de los líderes y operadores de las organizaciones criminales responsables de dichos eventos”. Toda vez que por cuestiones de la naturaleza propia de esta Institución, resulta obvio que habrá alguna investigación ya, acerca de los hechos descritos en el cuerpo de la proposición.
Mucho menos el Congreso tiene facultad para exhortarla a que:
“Comunique de manera pública si actualmente en dicha dependencia se realiza alguna investigación respecto a funcionarios del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia, todos del estado de Jalisco, o sus parientes, que pudieran estar vinculados con las organizaciones criminales responsables de los sucesos violentos de las últimas semanas en el estado de Jalisco.” Toda vez que en primer lugar si la Cámara de Diputados se pronunciara en sentido afirmativo frente a este planteamiento, la Procuraduría General de la República estaría impedida a dar dicha información de manera pública y en cualquier sentido, ya que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en sus artículos 13 y 14 que a continuación se señalan, establece cual es la información reservada:
Artículo 13. Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión pueda:
I a IV. ...
V. Causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado.
Artículo 14. También se considerará como información reservada:
I y II. ...
III. Las averiguaciones previas;
IV. Los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado;
De lo anterior se deduce que esta información si existe es de carácter reservado mientras no se emita alguna resolución.
Por otra parte, para que una dependencia gubernamental dé información, es a través de lo establecido por el artículo 79 numeral 3, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, por tanto no será por medio de una proposición con punto de acuerdo la vía para que la Procuraduría General de la República brinde la información requerida.
No obstante, por la gravedad que representa el asunto, esta Comisión de Justicia considera pertinente los siguientes
Acuerdos
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a continuar con sus investigaciones respecto de los hechos relatados.
Segundo. De acuerdo al artículo 124 numeral 2, fracción II, se solicita al procurador general de la República que nos informe de acuerdo a lo que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que en su momento proceda por cuanto hace al contenido de la proposición con punto de acuerdo del proponente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2011.
Así lo acuerdan los integrantes de la Comisión de Justicia de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión.
La Comisión de Justicia
Diputados: Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Sergio Lobato García, Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez, María Florentina Ocegueda Silva (rúbrica), Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), secretarios; Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinosa, Nancy González Ulloa, Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Gregorio Hurtado Leija, Israel Madrigal Ceja (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz, Carlos Alberto Pérez Cuevas, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica), Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo relativos a la publicación del decreto de área natural protegida de la isla de Cozumel, Quintana Roo
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnado para estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente número 4207, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a suspender la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del decreto por el que se crea el área natural protegida (ANP), con la categoría de área de protección de flora y fauna, Isla de Cozumel, Quintana Roo; y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a observar la propuesta original formulada, presentada por el diputado Gustavo Ortega Joaquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).
Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 79, 80, numeral 1, 82, numeral 1, 84, numeral 1, 85, 100 y 157 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta asamblea el presente punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes
Antecedentes
Primero. El 10 de marzo de 2011, el diputado Gustavo Ortega Joaquín, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a suspender la publicación en el DOF del decreto por el que se crea el área natural protegida, con la categoría de área de protección de flora y fauna, Isla de Cozumel, Quintana Roo; y a la Semarnat y a la Conanp, a observar la propuesta original formulada.
Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a las Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
El presente dictamen tiene por objeto atender la solicitud del diputado Ortega Joaquín, quien manifiesta en el punto de acuerdo que el decreto que la Conanp remitió al Ejecutivo federal para publicación en el que se decreta como ANP, con categoría de área de protección de flora y fauna, la isla de Cozumel, Quintana Roo, reduce la extensión del área de 49 mil 664 a 37 mil 829 hectáreas, sin la fundamentación y motivación científica y ambiental. Asimismo, señala que en el polígono que se excluyó se localiza el banco norte de arena, lugar propicio para el desarrollo del caracol rosado, y que modificar el polígono propuesto originalmente omite lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Ecológico local.
En virtud de lo anterior, el diputado promovente sugiere los siguientes resolutivos:
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a suspender la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se crea el área natural protegida, con la categoría de área de protección de flora y fauna, Isla de Cozumel, Quintana Roo, en la que se comprenden las 49 mil 664 hectáreas del territorio insular establecidas en la propuesta inicial, hasta en tanto no se apeguen y respeten en todos sus puntos la propuesta original presentada.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que se apeguen y respeten en todos sus puntos a la propuesta original que se hizo al Ejecutivo federal para crear el área natural protegida, con la categoría de área de protección de flora y fauna, Isla de Cozumel, Quintana Roo, que comprende 49 mil 664 hectáreas del territorio insular.
En atención de dicha solicitud, la comisión legislativa que elabora el presente dictamen procede a iniciar su análisis.
En México, un país megadiverso, 1 la determinación de ANP es un instrumento eficaz para la preservar y restaurar los ecosistemas; salvaguardar los entornos naturales; conservar los espacios propicios para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas; o bien, para generar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, 2 sometiendo esos espacios a un régimen jurídico especial que garantiza la protección del capital natural.
Las áreas naturales protegidas son definidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) como las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, donde los ambientes originales no han sido significativamente modificados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas. 3
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobó la propuesta presentada por el diputado promovente para exhortar al Ejecutivo federal a publicar el decreto por el que se determina como ANP la zona norte de la isla de Cozumel, por las características ambientales e importancia para la conservación de los ecosistemas y la preservación del equilibrio ecológico. 4
En dicho dictamen se hace referencia a que en la isla de Cozumel ya se han decretado como ANP dos áreas: la zona Arrecifes de Cozumel se decretó como parque marino nacional en 1996, 5 en tanto que la costa occidental de la isla se decretó zona de refugio para la protección de la flora y fauna marinas en 1980. 6
Sin embargo, atendiendo a la importancia ambiental de la isla, se han realizado gestiones en los distintos órdenes de gobierno que han sido respaldados por la sociedad civil, a efecto de que la parte norte de Cozumel sea decretada área natural protegida, con la categoría de área de protección de flora y fauna.
En 2007, el diputado Gustavo Ortega Joaquín, en ese entonces presidente municipal de Cozumel, Quintana Roo, signó la petición al Ejecutivo federal, a través de la Conanp, sobre la creación del área natural protegida en la parte norte de la isla, con una con una extensión de 49 mil 664 hectáreas.
Así, el 19 de febrero de 2008 se publicó en el DOF el aviso por el que se informó al público la disposición de los estudios previos justificativos para la expedición del decreto. 7 Asimismo, el 28 de abril de 2009 la Semarnat remitió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) el aviso de publicación de los estudios, a efecto de emitirse la manifestación de impacto regulatorio, para promover la transparencia, remitiendo la Cofemer oficio de fecha 12 de mayo de 2009 en el que señala que no emitirá dictamen alguno, en términos del artículo 69-J de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en razón de que no hay observaciones en materia de mejora regulatoria, y –en consecuencia– la Semarnat podía proceder a la publicación del anteproyecto.
En el anteproyecto presentado ante la Cofemer, con número de archivo electrónico 151177.59.1 Isla de Cozumel-Cozumel.doc, la Conanp menciona que el área natural por proteger es de 49 664.98-66.07 hectáreas.
La comisión legislativa que elabora el presente dictamen exhortó a la Semarnat a agilizar la publicación del decreto de área natural protegida terrestre de la zona norte de Cozumel.
A partir de ese exhorto, el comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas remitió al diputado promovente el oficio número F00.-83, de fecha 28 de febrero de 2011, por el que informa que la Semarnat, a través de la Conanp, había concluido las gestiones para expedir el decreto y, en consecuencia, se había remitido al Ejecutivo federal para su publicación. Asimismo, remitía al diputado promovente copia del mapa final del proyecto en el cual se determinó reducir la extensión de 49 mil 664 a 37 mil 829 hectáreas.
El oficio en comento a la letra señala:
En atención de sus similares GOJ/ 050/ 10 y GOJ/ 051/ 10, referentes al punto de acuerdo del pleno de la Cámara de Diputados, mediante los cuales se remite exhorto para la pronta promulgación del decreto por el que se crea el área natural protegida, con categoría de área de protección de flora y fauna, Isla de Cozumel.
Me permito informar a usted que la Semarnat, a través de la Conanp, ha concluido las gestiones para la expedición del proyecto de decreto referido, por lo cual ha sido remitido al presidente de la República, licenciado Felipe de Jesús Hinojosa, solicitando su pronta publicación en el Diario Oficial de la Federación...
Por lo anterior, anexo envío el mapa final del proyecto de decreto para el área de protección de flora y fauna Isla de Cozumel.
...
Mapa adjunto: superficie total 37 mil 829 hectáreas.
Al respecto, el diputado promovente refiere que la Conanp no proporcionó información ambiental y científica que sustente tal determinación. Más aún, en los estudios previos justificativos y en la consulta pública realizada se determinó que la zona por proteger de la Isla de Cozumel tenía una extensión de 49 mil 664 hectáreas.
La decisión adoptada por la Semarnat en dichos estudios fue respaldada el 7 de abril de 2008 por el cabildo del ayuntamiento de Cozumel, que autorizó homologar el Plan de Ordenamiento Ecológico local a la propuesta. Asimismo, en el proceso de consulta pública la sociedad civil manifestó su aprobación e interés por promover acciones y políticas ambientales que garanticen la integridad de la población, el equilibrio ambiental, el flujo de las especies marinas y el cuidado de los litorales, acciones necesarias para garantizar el turismo en particular y en general el desarrollo sustentable de la zona.
Asimismo, el diputado promovente refiere que el área que se omitió es la zona en que se localiza el banco de arena, lugar donde se reproduce el caracol rosado y del que se ha extraído arena para la recuperación de playas en Cancún y en Playa del Carmen, omitiendo la oposición de la sociedad y sin implantar medidas preventivas.
En ese contexto, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales estima procedente emitir un respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo federal a suspender la publicación del decreto de área natural protegida, con categoría de área de protección de flora y fauna, Isla de Cozumel, hasta que la Semarnat no justifique, funde y motive la exclusión de casi 13 mil hectáreas del proyecto inicialmente determinado en los estudios previos justificativos y aprobado en la consulta pública y que se omitieron en el mapa final enviado al Ejecutivo.
Por las consideraciones expuestas, los integrantes de la comisión nos permitimos someter a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a suspender la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se crea el área natural protegida, con la categoría de área de protección de flora y fauna, Isla de Cozumel, Quintana Roo, hasta en tanto no se justifiquen y publiquen las causas de la reducción de la superficie por decretar.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a justificar, fundar y motivar por qué se redujo la extensión por proteger de 49 mil 664 a 37 mil 829 hectáreas. Asimismo, remita la información a esta soberanía.
Notas
1 México es considerado un país megadiverso porque posee un amplio número de especies, así como por su diversidad genética y de ecosistemas. Se estima que en el país se encuentra entre 10 y 12 por ciento de las especies conocidas por la ciencia. México ocupa uno de los primeros lugares en diversidad de plantas, anfibios y reptiles.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo, 2008, página 50.
2 El artículo 45 de la LGEEPA establece puntualmente los objetivos de la determinación de áreas naturales protegidas en México.
3 Artículo 3, fracción II de la LGEEPA.
4 Punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en sesión del 14 de octubre de 2010. Dictamen disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/oct/20101014-VI.html#Dict amenaD4
5 Decreto publicado en el DOF el 19 de julio de 1996. Disponible en http://www.conanp.gob.mx/sig/decretos/parques/Arrecifescozumel
6 Decreto publicado en el DOF el 11 de junio de 1980.
7 Aviso por el que se informa al público en general que están a su disposición los estudios realizados para justificar la expedición del decreto de creación del área natural protegida, con el carácter de área de protección de flora y fauna, en la zona conocida como “isla de Cozumel”, localizada en Cozumel, Quintana Roo. Disponible en http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5030 118&fecha=19/02/2008&cod_diario=21311
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 28 de abril de 2011.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo, Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), César Daniel González Madruga, José Ignacio Pichardo Lechuga, Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica).
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a iniciar el trámite a fin de emitir la norma oficial mexicana que establezca requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros y límites permisibles por observarse en el uso sustentable del agua para vivienda
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 2809, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que inicie el procedimiento para emitir la norma oficial mexicana que establezca los requisitos, las especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en el uso sustentable del agua para vivienda, así como para que integre el grupo de trabajo correspondiente, presentada por el diputado Rafael Pacchiano Alamán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 79, 80, numeral 1, 82, numeral 1, 84, numeral 1, 85, 100, 157 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada el día 26 de enero de 2011, el diputado Rafael Pacchiano Alamán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que inicie el procedimiento para emitir la norma oficial mexicana que establezca los requisitos, las especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en el uso sustentable del agua para vivienda, así como para que integre el grupo de trabajo correspondiente.
Segundo. En esa misma fecha, la Comisión Permanente turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
El diputado promovente señala en su proposición que el desabasto de agua es un problema complejo y con implicaciones considerables; asimismo, señala que la demanda de vivienda y el crecimiento de ese sector agudizará la situación, lo que demanda la creación de un instrumento de observancia general que establezca las especificaciones y parámetros, para el uso del agua en sector vivienda.
Por lo anterior propone el siguiente exhorto:
Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a iniciar el procedimiento para emitir la norma oficial mexicana que establezca los requisitos, las especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en el uso sustentable del agua para vivienda y formar el grupo de trabajo correspondiente.
La demanda de agua se ha triplicado a lo largo de la última mitad del siglo. La población futura ejercerá mayor presión sobre los sistemas de agua, en un contexto climático complicado que no se debe eludir.
La principal fuente de abastecimiento de agua es la que se bombea del subsuelo y que de acuerdo con especialistas del Centro de Investigaciones para América del Norte, 104 de los 653 acuíferos del país se encuentran en un estado crítico debido a un mal manejo de extracción, en consecuencia se puede señalar que estamos ante una situación crítica, que la misma Comisión Nacional del Agua (Conagua) reconoce y admite se agudizará en el año 2030.
De conformidad con algunas proyecciones, en ciertas regiones la disponibilidad de agua podría alcanzar niveles de escasez, basta mencionar que en 2006 la disponibilidad promedio del líquido por habitante del país fue de 4 mil 416 metros cúbicos, mucho menor a los 18 mil 035 metros cúbicos que se tenían por habitante en 1950.
México es un país particularmente vulnerable a los impactos del cambio climático. La adaptación es un elemento imprescindible para ajustarnos ante la variabilidad del clima con el fin de moderar el daño. El Instituto Nacional de Ecología ha elaborado proyecciones al año 2025 con datos de población/demanda de agua y encuentran probable que en nuestro país se experimenten procesos de desertificación y/o aridez en algunos estados del norte y la zona central, aumentando enormemente las condiciones de vulnerabilidad en el consumo de agua.
Se estima que la disponibilidad del recurso hídrico se reducirá del orden de 10 por ciento anual hasta 2030 con respecto al 2000. Esta baja en la disponibilidad hará cada vez más difícil satisfacer la demanda de la creciente población, demanda que hoy por hoy está bajo presión por la sobreexplotación del acuífero y la creciente contaminación de los cuerpos de agua.
Las áreas o estados que pueden considerarse de alta vulnerabilidad desde la perspectiva del incremento en el consumo de agua son Chihuahua, Baja California Sur, Chiapas, México y Jalisco. En cuanto a vulnerabilidad por el elevado costo que significará la búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento de agua, destacan sobre todo, el Distrito Federal y el estado de México.
La relación entre agua y energía es frecuentemente ignorada, pues el proceso de extracción de agua de la superficie o del subsuelo para llevarla a las plantas de tratamiento para asegurar sus estándares de calidad de consumo humano y luego entregarla a usuarios residenciales y comerciales demanda mucha energía, principalmente por los costos energéticos de bombeo y de tratamiento. En los Estados Unidos el sector agua consume el 3 por ciento de la energía eléctrica generada. Se debe entonces mantener en perspectiva que los sistemas de reúso y de captación de agua sustituyen al agua potable y reducen la presión sobre el recurso, de tal suerte que la reducción en la demanda se traduce inmediatamente en ahorro de energía.
Limitar la demanda de energía es significativo, por el impacto que puede tener en la reducción de emisiones de gases efecto invernadero y las reducciones asociadas con la captación pluvial del agua son, sin duda, de importancia pues la conexión entre el uso de agua potable y demanda de energía eléctrica puede ser relevante: es primordial que el uso del agua se aprecie no sólo desde el punto de vista de la disponibilidad, sino que también se pondere como un elemento clave para el desarrollo sustentable, en el que la energía es un componente de primera línea.
De acuerdo a las Estadísticas Ambientales 2009 del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales el volumen total promedio de agua que se obtiene por precipitación es de 1 488 mil 192 millones de metros cúbicos; sin embargo, la falta de inversión en infraestructura para el aprovechamiento del agua ha provocado que 73 por ciento de la lluvia se evapore sin haber sido utilizada, con lo que se pierde una fuente de abastecimiento.
La captación de agua de lluvia, o cosecha de agua, es una técnica presente desde hace milenios, pero no ha sido muy utilizada por las sociedades industrializadas, pues se confían principalmente al sistema de distribución central.
Actualmente, ante la disminución de los recursos hídricos, el papel de la captación del agua de lluvia debe ser reconsiderado, pues ofrece beneficios importantes:
• Proporciona una fuente alternativa de agua que requiere un tratamiento mínimo.
• Reduce la presión y demanda sobre el agua suministrada.
• Reduce la erosión en los medios urbanos.
• Reduce la sobrecarga de los drenajes urbanos y evita inundaciones en zonas bajas.
De acuerdo a estas experiencias, para motivar la captación de agua de lluvia y el reúso del agua, es preciso contar con la regulación específica que permitan desarrollar una guía nacional para su captación en la que se establezcan los límites y requerimientos, características y especificaciones para la aplicación de todas las medidas de ahorro, de reutilización, de reciclaje, de conservación y de reúso ambiental seguro del agua para su consumo doméstico en vivienda y que atiendan las preocupaciones de salud pública.
Ahora bien, la demanda de vivienda para el próximo cuarto de siglo requerirá construir 650 mil viviendas por año, en promedio. Específicamente, la política nacional de vivienda prevé el financiamiento de 3.9 millones de viviendas nuevas en el periodo 2007–2012 destinando para ello subsidios por sesenta mil millones de pesos. 1 Considerando el total de viviendas nuevas en el periodo y con un estimado de cuatro habitantes por vivienda, la demanda de agua incrementaría en 2340 millones de litros diarios, que supera por ejemplo los 1405 millones de litros al día que consume a nivel nacional la educación media superior.
Ante la fuerte presión que existe sobre el líquido y la necesidad de establecer especificaciones y parámetros que regulen el uso del agua en vivienda, el diputado propone crear un instrumento de observancia general que marque los parámetros y límites al uso del agua en vivienda. Esta disposición técnica ambiental promoverá el desarrollo de innovaciones tecnológicas que sustituirán a los medios tradicionales de aprovisionamiento de agua y dará paso a sistemas que promueven la captación, el control, el aprovechamiento, el uso, reúso y el reciclaje del agua pluvial y suministrada en las viviendas nuevas, como una medida para el uso sustentable del agua.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) prevé en su artículo 1° que su objeto es propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para, entre otras, el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas; la prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo.
Por su parte, el artículo 36 de la LGEEPA establece que para garantizar la sustentabilidad de las actividades económicas, la Secretaría emitirá normas oficiales mexicanas en materia ambiental y para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, que tengan por objeto:
“...
I. Establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en regiones, zonas, cuencas o ecosistemas, en aprovechamiento de recursos naturales, en el desarrollo de actividades económicas, en el uso y destino de bienes, en insumos y en procesos;
II. Considerar las condiciones necesarias para el bienestar de la población y la preservación o restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente;
III. Estimular o inducir a los agentes económicos para reorientar sus procesos y tecnologías a la protección del ambiente y al desarrollo sustentable;
IV. Otorgar certidumbre a largo plazo a la inversión e inducir a los agentes económicos a asumir los costos de la afectación ambiental que ocasionen, y
V. Fomentar actividades productivas en un marco de eficiencia y sustentabilidad.
La expedición y modificación de las normas oficiales mexicanas en materia ambiental, se sujetará al procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
La LGEEPA invoca el principio preventivo, consistente en el conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del ambiente para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, así lo señala en su artículo 15. Asimismo, en su capítulo III, De la prevención y control de la contaminación del agua y de los ecosistemas acuáticos del título cuarto, protección al ambiente, artículos 117 y 118, establece que los criterios para la prevención y control de la contaminación del agua serán considerados en:
I. La expedición de normas oficiales mexicanas para el uso, tratamiento y disposición de aguas residuales, para evitar riesgos y daños a la salud pública;
II. La formulación de las normas oficiales mexicanas que deberá satisfacer el tratamiento del agua para el uso y consumo humano, así como para la infiltración y descarga de aguas residuales en cuerpos receptores considerados aguas nacionales;
Por su parte, la Ley de Aguas Nacionales señala:
Artículo 8. Son atribuciones del secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales:
V. Expedir las normas oficiales mexicanas en materia hídrica en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a propuesta de “la Comisión”, y
Artículo 9. “La comisión” es un órgano administrativo desconcentrado de “la secretaría”, que se regula conforme a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de su Reglamento Interior.
En suma, corresponderá a la Semarnat a través de sus subsecretarías elaborar el proyecto de NOM, y podrá enriquecerlo con las experiencias de otros países, a efecto de determinar las condiciones necesarias para el bienestar de la población y establecer los lineamientos para reorientar procesos y tecnologías que favorezcan al desarrollo sustentable. Con ello se dará viabilidad a la adaptación de dispositivos, materiales o tecnologías aplicables a los sistemas de captación, de control y aprovechamiento del agua de lluvia, así como la instalación de equipamientos que puedan reintensificar la reutilización del agua y que puedan generar ahorros mayores al 50 por ciento en el consumo de agua.
De acuerdo con lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión Legislativa que suscriben el presente dictamen, coinciden con el interés de diputado y en someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Resolutivo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que inicie el procedimiento para emitir la norma oficial mexicana que establezca los requisitos, las especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en el uso sustentable del agua para vivienda, así como para que forme el grupo de trabajo correspondiente y la integre al Programa de Mejora Regulatoria.
Nota
1 Programa Específico para el Desarrollo Habitacional Sustentable ante el Cambio Climático, Conavi 2008 página 56.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados, el jueves 28 de abril del 2011.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), César Daniel González Madruga, José Ignacio Pichardo Lechuga, Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica).
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a integrar en el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales los resultados obtenidos en el monitoreo de la calidad del agua en las cuencas de los ríos Atoyac, Zahuapan y Alseseca, en Tlaxcala y Puebla
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 3693, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a los gobiernos de los estados de Tlaxcala y Puebla, hagan pública la investigación referente a la contaminación de los ríos Atoyac, Zahuapan y Alseseca, así como las medidas que están llevando a cabo por ser éste un problema de salubridad general, presentado por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numeral 1, 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 79, 80 numeral 1, 82 numeral 1, 84 numeral 1, 85, 100, 157 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2010, por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentaron una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a los gobiernos de los estados de Tlaxcala y Puebla, hagan pública la investigación referente a la contaminación de los ríos Atoyac, Zahuapan y Alseseca, así como las medidas que están llevando a cabo por ser este un problema de salubridad general.
Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó el primer resolutivo de la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
El diputado promovente expone los impactos al medio ambiente y a la población, ocasionados por las principales fuentes de contaminación procedentes de las descargas de aguas residuales vertidas en los ríos Atoyac, Zahuapan y Alseseca, ubicados en los estados de Tlaxcala y Puebla; resaltando en consecuencia, la importancia de conocer la información derivada de los estudios realizados por el Instituto Politécnico Nacional en dicha zona.
En su proposición plantea dos resolutivos, turnándose el primero de ellos a esta comisión dictaminadora, el cual a la letra señala:
Primero. Se exhorta al gobierno federal, por conducto de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales, Pesca y Alimentación, así como a los gobiernos de los Estados Libres y Soberanos de Tlaxcala y Puebla para que haga pública la información que obre en su poder, respecto de la contaminación de los ríos Atoyac, Zahuapan y Alseseca, así como de las medidas que se están llevando a cabo, por ser un problema de salubridad general.
En relación a lo expuesto por el diputado promovente, es preciso señalar que la cuenca del Río Alto Atoyac está conformada por 69 municipios, 22 de ellos en el estado de Puebla y 47 en el estado de Tlaxcala. Los ríos Zahuapan, Atoyac y Alseseca, forman parte de la cuenca del Alto Atoyac; comprenden la parte central de los estados de Puebla y Tlaxcala y confluyen en la presa Manuel Ávila Camacho, también conocida como Valsequillo.
El río Zahuapan cruza de forma directa por 25 de los 60 municipios de Tlaxcala y, de forma indirecta, 20 realizan descargas, a través de sus drenajes, aguas residuales sin tratamiento previo y sin ningún tipo de control. Esto significa que el río Atoyac, durante su trayectoria, transporta aguas residuales sin tratamiento previo, con sustancias para el tratamiento de la tela, cloroformo, cloruro de metileno (detergentes), metales pesados, sólidos suspendidos y coliformes fecales, así como sustancias tóxicas, provocando altos grados de contaminación ambiental y degradación ecológica, tanto en los ríos como en la presa.
El Tribunal Latinoamericano del Agua, realizó una publicación titulada: Contaminación Industrial en los ríos Atoyac y Xochiac, estados de Tlaxcala y Puebla. República Mexicana. Dentro del cual se mostraron estudios que afirman la presencia de grasas y aceites por encima de los límites permitidos, así como sólidos suspendidos y sedimentados y una demanda bioquímica de oxígeno que supera los límites máximos, que ha provocado una disminución del oxígeno necesario para la vida acuática normal.
Dicho tribunal reconoce la responsabilidad de las industrias textiles asentadas en el Corredor industrial Quetzalcóatl, en la cuenca del río Atoyac, que descargan sus aguas servidas del proceso industrial; sin embargo, señala que no se ha identificado un nexo causal entre la contaminación y las empresas asentadas en la zona.
Por su parte, la Comisión Nacional del Agua, señala que en su publicación denominada Estadísticas del Agua 2008, Región Hidrológico Administrativa IV, Balsas, que la cuenca del río Atoyac-Zahuapan, ha sido catalogada como “contaminada” y “fuertemente contaminada.”
Como es de notar, tal problemática ha tenido un fuerte impacto. A esta comisión dictaminadora el día 1 de diciembre de 2009, le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Sergio González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para exhortar al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con los gobiernos de los estados de Puebla y Tlaxcala, emprendan acciones para el saneamiento de la cuenca del río Atoyac-Zahuapan. El dictamen y resolutivos fueron aprobados por el pleno de la Cámara de Diputados el 2 de marzo de 2010.
Ahora bien, la proposición con punto de acuerdo, objeto del presente dictamen, versa sobre la importancia de conocer los resultados derivados de los estudios hechos por el Instituto Politécnico Nacional referente al grado de contaminación de los ríos Atoyac, Zaguapan y Alseseca, ya que el 8 de septiembre de 2010, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos determinó reservar la información durante 10 años por “secreto comercial”.
Efectivamente, la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional, elaboró dos estudios, el primero, Diagnóstico Integral para el Saneamiento de la Cuenca del Alto Atoyac (Zahuapan-Atoyac) en el estado de Tlaxcala , realizado para el gobierno de estado de Tlaxcala, a través de la Coordinación General de Ecología. El segundo, estudio de clasificación del río Zahuapan, Puebla-Tlaxcala, realizado para la Comisión Nacional del Agua, entregado a la Gerencia Regional del Balsas, ubicada en Cuernavaca, Morelos. 1
Esta comisión coincide con lo expuesto por los legisladores, en relación a que la problemática ambiental generada por el aumento en los niveles de contaminación existentes en la cuenca de los ríos Atoyac, Zahuapan y Alseseca, requiere de la implementación de acciones que promuevan el uso eficiente del agua.
No obstante lo anterior, esta comisión dictaminadora no es competente para dirimir una controversia que con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010, es competencia del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, si es recurso de revisión o ante el Poder Judicial de la Federación, si es resolución de dicho Instituto, tal y como lo señalan los siguientes artículos:
Artículo 49. El solicitante a quien se le haya notificado, mediante resolución de un comité: la negativa de acceso a la información, o la inexistencia de los documentos solicitados, podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, el recurso de revisión ante el instituto o ante la unidad de enlace que haya conocido el asunto, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación. La unidad de enlace deberá remitir el asunto al instituto al día siguiente de haberlo recibido.
Artículo 59. Las resoluciones del instituto serán definitivas para las dependencias y entidades. Los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la federación.
Los tribunales tendrán acceso a la información reservada o confidencial cuando resulte indispensable para resolver el asunto y hubiera sido ofrecida en juicio. Dicha información deberá ser mantenida con ese carácter y no estará disponible en el expediente judicial.
Ahora bien, si el objetivo de la proposición en comento es que los resultados obtenidos de los estudios señalados se publiquen para el diseño de políticas públicas que enfrenten los impactos ambientales ocasionados por las descargas de aguas residuales vertidas en los ríos Atoyac, Zahuapan y Alseseca, es de señalar que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente señala en el capítulo II Derecho a la Información Ambiental de su Título Quinto, denominado de Participación Social e Información Ambiental , lo siguiente:
Capítulo IIDerecho a la información ambiental
Artículo 159 Bis. La secretaría desarrollará un Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales que tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la información ambiental nacional, que estará disponible para su consulta y que se coordinará y complementará con el Sistema de Cuentas Nacionales a cargo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
En dicho sistema, la secretaría deberá integrar, entre otros aspectos, información relativa a los inventarios de recursos naturales existentes en el territorio nacional, a los mecanismos y resultados obtenidos del monitoreo de la calidad del aire, del agua y del suelo, al ordenamiento ecológico del territorio, así como la información señalada en el artículo 109 Bis y la correspondiente a los registros, programas y acciones que se realicen para la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
La secretaría reunirá informes y documentos relevantes que resulten de las actividades científicas, académicas, trabajos técnicos o de cualquier otra índole en materia ambiental y de preservación de recursos naturales, realizados en el país por personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, los que serán remitidos al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales.
Los estados, los municipios y el Distrito Federal, participarán con la secretaría en la integración del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales.
Con base a lo anterior, esta comisión legislativa considera viable exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que integre la información relativa a los resultados obtenidos del monitoreo de la calidad del agua en los ríos Atoyac, Zahuapan y Alseseca, ubicados en los estados de Tlaxcala y Puebla, así como los programas y acciones que han realizado para la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
Por lo que hace a exhortar a los gobiernos de los estados, esta comisión no es competente, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala específicamente las atribuciones de la comisión, dentro de las cuales no se encuentran exhortar a gobiernos locales, atendiendo a que los Estados son Libres y Soberanos.
El artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:
Artículo 93. Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.
Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los secretarios de estado, al procurador general de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.
Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo federal.
Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.
El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus reglamentos.
El artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, señala las atribuciones de las comisiones:
Artículo 39.
1. Las comisiones son órganos constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.
2. La Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura y son las siguientes:
...
XXIV. Medio Ambiente y Recursos Naturales;
...
3. Las comisiones ordinarias establecidas en el párrafo anterior, tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 93 constitucional, y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la administración pública federal.
Por último, es de señalar que se harán modificaciones en relación a la denominación de la secretaría del ramo, pues a partir de decreto del 30 de noviembre del 2000 se denomina Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
De acuerdo con lo antes expuesto, los integrantes de la comisión dictaminadora legislativa que suscriben el presente, se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que integre al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales los resultados obtenidos del monitoreo de la calidad del agua en las cuencas de los ríos Atoyac, Zahuapan y Alseseca, ubicados en los estados de Tlaxcala y Puebla, así como los programas y acciones que han realizado para la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
Notas
1. http://www.transparencia.ipn.mx/resolucionesComite/2008/resolucion11171 00034708.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril del 2011.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), César Daniel González Madruga, José Ignacio Pichardo Lechuga, Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica).
De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dirigir –por la Secretaría de Economía– los programas a su cargo en la región fronteriza norte a diversificar la economía, promover las vocaciones productivas, estimular el desarrollo de cadenas productivas e impulsar el modelo de franquicias de las empresas de la región en el territorio nacional y en el extranjero
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68, de su Reglamento, le fue turnado para su estudio y dictamen el siguiente
“Punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Economía para que enfoque los programas a su cargo, a diversificar la economía en la región de la frontera norte del país, así como para promover y fomentar las vocaciones productivas de dicha región, e impulsar el desarrollo de las cadenas productivas de los estados del norte, y difundir e impulsar el modelo de franquicias de empresas del norte del país en el territorio nacional y en el extranjero”, presentado por la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en fecha 24 de febrero de 2011.
La Comisión de Economía, con fundamento en los artículo 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 66, 68, 95, 157 y 158, inciso 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se abocó al estudio y análisis del punto de acuerdo mencionado al tenor de los siguientes:
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el día 24 de febrero de 2011, los ciudadanos secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de esta soberanía del punto de acuerdo que se mencionó en el exordio del presente dictamen.
Segundo. El ciudadano Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.
Tercero. La Legisladora propone en resumen lo siguiente:
“Para alcanzar un mayor crecimiento económico en el país se requiere fortalecer e impulsar el desarrollo de nuestras empresas; se requiere hacerlas competitivas en los mercados nacionales e internacionales y promover su crecimiento a partir del desarrollo de las vocaciones productivas y de las ventajas comparativas de las distintas regiones de México.
El desarrollo de las vocaciones productivas y de las ventajas comparativas de cada región son determinantes para lograr un mayor crecimiento. Por tanto, se requiere de la creación de las condiciones necesarias para que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) puedan formarse, desarrollarse y transformarse de acuerdo con el ritmo que marcan los rápidos cambios, atendiendo las necesidades y oportunidades particulares que surgen de los sectores productivos y de las vocaciones locales y regionales.
Una estrategia viable para el fomento del desarrollo del sector de las Mipyme es promover el fortalecimiento de las vocaciones productivas locales y regionales, la integración de cadenas productivas y de agrupamientos empresariales.
En este sentido, las líneas de acción deben ser las siguientes:
• La promoción de esquemas de asociación empresarial;
• El desarrollo de proveedores y distribuidores; y
• El desarrollo regional y sectorial, así como el impulso a la inversión productiva en las áreas potenciales de cada región.
Una de las condiciones fundamentales para impulsar y asegurar el desarrollo sostenido de una economía radica en la generación de círculos virtuosos constituidos por inversión productiva, crecimiento económico, empleos bien remunerados y ahorro. Para cumplir con este propósito, los gobiernos están obligados a diseñar y utilizar herramientas de política pública altamente eficaces, con visión y oportunidad, con responsabilidad y eficacia.
Los retos económicos que se viven en la actualidad en la frontera norte del país exigen redoblar esfuerzos entre las Mipyme y el gobierno, para dinamizar y consolidar el desarrollo de la región, a través de una mayor productividad, producción con valor agregado, empleo y competitividad.
El reto para los próximos años, es la generación sostenida de empleos, que sean suficientes para cubrir la demanda de los jóvenes que se incorporan año con año al mercado laboral, para lo cual se requerirá propiciar un mayor crecimiento en la región fronteriza.
Es importante señalar, que la mera voluntad política no basta para asegurar niveles adecuados de crecimiento económico. Por ello, es necesario imprimir mayor dinamismo a las principales potencialidades productivas de cada región, y de manera particular de la frontera norte de nuestro país.
Bajo este contexto, es necesario que la Secretaría de Economía intensifique la aplicación de políticas públicas para diversificar la economía en la región norte del país, así como promover y fomentar las vocaciones productivas de dicha región, e impulsar el desarrollo de las cadenas productivas, y difundir e impulsar el modelo de franquicias de empresas del norte del país en el territorio nacional y en el extranjero.
Bajo este escenario, y en atención a las demandas de las Mipyme del norte de nuestro país, solicito a esta honorable Cámara de Diputados que tenga a bien aprobar la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Economía para enfocar los programas a su cargo a diversificar la economía en la región norte del país, así como promover y fomentar las vocaciones productivas de dicha región, e impulsar el desarrollo de las cadenas productivas de los estados del norte, y difundir e impulsar el modelo de franquicias de empresas del norte del país en el territorio nacional y en el extranjero”.
Consideraciones
Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición de Punto de Acuerdo presentada por la ciudadana diputada Norma Leticia Salazar Vázquez.
Segunda. Que con base en los antecedentes indicados por la ciudadana diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, la Comisión de Economía, con las atribuciones señaladas, se abocó de forma respetuosa y responsable a dictaminar la proposición con punto de acuerdo referida.
Tercera. Que las condiciones económicas se han afectado particularmente a la región de la frontera norte, reflejándose en la caída del PIB 1 en dichos estados durante el período 2008-2009, siendo esta mayor a la registrada a nivel nacional, haciendo necesario tomar medidas para mejorar dichas condiciones.
Cuarta. Que, con respecto a las preocupaciones de la proponente en el tema del empleo, debe decirse que la situación laboral actual en el país es la siguiente: 2
De la comparación de los datos presentados en la tabla con los observados antes de la crisis financiera 2008-2009, donde en el primer trimestre de 2008 la desocupación fue de 1,779,344 (3.9%), se observa que aún no se han recuperado los niveles de ocupación, teniendo un aumento de 871,630 personas desocupadas en total. Así mismo, es de destacar que los jóvenes desocupados son más del 40%.
Prosiguiendo con los datos expuestos, la subocupación es un indicador de la demanda laboral y de la actividad económica, según datos del Inegi 3,045,272 (80%) de las personas subocupadas perciben 3 salarios mínimos o menos. Analizando el desarrollo histórico de esta población, notamos que ha disminuido desde sus niveles del segundo trimestre de 2009, 8 donde alcanzó un máximo histórico, 4,827,376 de personas, sin embargo ha mostrando una alta volatilidad 9 así como diversos repuntes en los últimos meses evidenciando las dificultades para controlar esta situación.
De igual manera, entre las características de la población empleada, vemos que la ocupación debida a las actividades informales es cercana a la cuarta parte de las personas en edad económicamente activa y cerca del 10% de la población nacional total, agravando este fenómeno está el hecho de que el número de personas involucradas en la economía informal muestra una tendencia creciente en los últimos años. 10 La economía informal tiene asociados problemas de diversos órdenes como la falta de higiene, de seguridad o el impacto negativo en la recaudación de impuestos.
Mientras tanto, en el aspecto de las remuneraciones reales el sueldo promedio 11 publicado por el Inegi nos indica que en 2010 el nivel de este índice fue de 103.96 mientras que en 2009 y 2008 fue de 104.6 mostrando esto una disminución en las remuneraciones percibidas por los trabajadores en nuestro país. Los datos presentados atestiguan la problemática vigente dentro del ámbito laboral tanto en cantidad como en calidad de empleos. 12
Quinta. Continuando con los elementos de la exposición de motivos, la Comisión de Economía, coincide con la legisladora en que la diversificación de las actividades productivas permite tener un menor nivel de riesgo y susceptibilidad a las variaciones económicas nacionales e internacionales, ayudando a disminuir los efectos adversos del entorno mundial. Profundizando lo anterior en la teoría financiera dentro de la administración de riesgos, la teoría de optimización de carteras de inversión de Markowitz 13 ejemplifica lo anterior; en la misma se señala que se pueden obtener menores niveles de riesgo, sin disminuir el nivel de ganancia esperada, mediante una diversificación en las inversiones.
Sexta. Aunado a lo anterior, debe decirse que el modelo de franquicia es una opción empresarial que ofrece diversos beneficios como la disminución en los riesgos inherentes al inicio de un nuevo negocio mediante una serie de procedimientos probados, estándares de calidad e insumos pre-fabricados así como la expansión de la cobertura e impacto de una empresa exitosa con un menor capital por parte de los dueños de la misma, lo que lo hace un modelo que puede ser parte del impulso de la economía local.
Séptima. Ahora bien, el fundamento legal para las acciones mencionadas en la propuesta proviene en primera instancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 25, donde se hace referencia a la participación del Estado en el fomento del crecimiento económico y el empleo para garantizar la integridad y sustentabilidad del Estado mexicano.
Octava. Asimismo, debe decirse que las líneas de acción descritas por la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, y que se mencionan a continuación, se encuentran contempladas en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (LDCMPyME):
• La promoción de esquemas de asociación empresarial;
• El desarrollo de proveedores y distribuidores; y
• El desarrollo regional y sectorial, así como el impulso a la inversión productiva en las áreas potenciales de cada región.
En efecto, en la fracción VIII del artículo 3 de la referida ley de promoción de las pequeñas y medianas empresas, define las cadenas productivas como “Sistemas productivos que integran conjuntos de empresas que añaden valor agregado a productos o servicios a través de las fases del proceso económico”.
Asimismo, el inciso f) fracción II del artículo 4 de la LDCMPyME establece como objetivo de la misma el promover “Las condiciones para la creación y consolidación de las Cadenas Productivas”.
Por su parte, la fracción III del artículo 11 de la ley de referencia, establece que en la ejecución de las políticas y acciones en la materia, deberán de considerarse programas de “Formación, integración y apoyo a las Cadenas Productivas, Agrupamientos Empresariales y vocaciones productivas locales y regionales”.
Y se establece como obligación de la Secretaría de Economía, en la fracción VIII del artículo 12 de la ley antes mencionada, en materia de coordinación y desarrollo de las MIPYMES, el “Desarrollar a través de los instrumentos con que cuenta y los que genere, un sistema general de información y consulta para la planeación sobre los sectores productivos y Cadenas Productivas”.
De lo anterior, se puede concluir que el marco legal vigente ya promueve el establecimiento y promoción de las cadenas productivas.
Novena. Más aún, el establecimiento de vocaciones productivas así como su promoción son parte importante del desarrollo económico pues fomentan la existencia de una planta laboral capacitada y especializada del sector en el cual participan; siendo esto uno de los pilares para el éxito de las actividades empresariales, generando incentivos para la inversión nacional y extranjera. Dada la importancia de las vocaciones en materia productiva el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 en su eje de Economía competitiva y generadora de empleos establece la educación y capacitación profesional de los mexicanos como uno de sus objetivos.
Décima. Ahora bien, las evaluaciones realizadas sobre los programas de la secretaría de Economía mencionan, en algunos casos, recomendaciones similares a las de la iniciativa como se presentará a continuación.
Con relación al Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) se tienen las siguientes recomendaciones: 14
1. Definir claramente el problema focal del Fondo PyME, del que se deriven los problemas particulares por segmento o tipo de apoyo.
7. Determinar el impacto esperado en función de la evidencia técnica y científica disponible para cada segmento o programa de apoyo. Redefinir las metas de acuerdo al contexto económico regional, sectorial y los impactos de largo plazo.
8. Focalizar los apoyos a los segmentos de la población que tuvieron impactos (Formación de emprendedores y creación de empresas, y Proyectos productivos).
31. Realizar una evaluación de impacto con metodologías rigurosas para validar los resultados del programa que permita medir adecuadamente la generación de empleos y la competitividad de empresas apoyadas.
En el caso de la evaluación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (Fonaes), se señala: 15
1. El Fonaes no cuenta con un diagnóstico en que se defina de forma adecuada el problema que se busca resolver y que brinde datos relativos a la situación actual de dicho problema, incluyendo una cuantificación de la Población Potencial y Objetivo.
2. El Programa no cuenta con un plan estratégico de corto, mediano y largo plazo
En cuanto al Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (Prologyca), mismo que impacta directamente sobre las cadenas productivas, se señala: 16
5. Se recomienda continuar con el proceso de planeación estratégica del programa, con la participación de actores clave, a fin de que este instrumento sea más efectivo, consistente y enfocado.
7. Se sugiere focalizar los recursos y esfuerzos solamente a la solución del problema focal, a través de las vías de su competencia: fomentar y apoyar a la inversión; favorecer la obtención de créditos bajo condiciones accesibles; promover la adopción de mejores prácticas; apoyar a la certificación de procesos logísticos; desarrollar infraestructura dedicada al monitoreo, control, optimización e información de procesos y servicios logísticos; promover la educación y creación de empleos en materia logística; y generar conocimiento en torno a las características y necesidades de los servicios logísticos en el país.
Las evaluaciones sobre los programas de la Secretaría de Economía, como los mencionados en este considerando, muestran aspectos a mejorar para cumplir con los propósitos con los cuales fueron creados. Las recomendaciones coinciden, en más de un caso, con la exposición de motivos y las líneas de acción propuestas por la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez.
Décima Primera. Por lo que en virtud de lo expuesto:
La Comisión de Economía acuerda:
Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Economía para enfocar los programas a su cargo a diversificar la economía en la región de la frontera norte del país; promover y fomentar las vocaciones productivas; impulsar el desarrollo de estas; así como difundir e impulsar el modelo de franquicias de dicha región en el territorio nacional y en el extranjero.
Notas
1 Según información de Banco de México tuvieron el siguiente desempeño: Baja California -9.09%, Chihuahua -9.81%, Coahuila -12.32%, Sonora -4.64, Tamaulipas -10.32% y Nuevo León -9.22 siendo en todos los casos excepto en el de Sonora contracciones mayores a las del nivel nacional de -6%.
2 Elaborado a partir de datos del Inegi, IMSS y OIT, al tercer trimestre de 2010.
3 Con respecto a la población en edad económicamente activa.
4 Según datos emitidos por la Organización internacional del Trabajo, considerando joven a las personas entre 18 y 24 años de edad. El porcentaje se obtiene con respecto al total de la población económicamente activa.
5 La población subocupada se refiere a aquellos que trabaja menos de 35 horas semanales. El porcentaje es con respecto a la población ocupada total.
6 De los trabajadores asegurados reportados por el IMSS.
7 De acuerdo con encuesta del Inegi. El porcentaje se considera con respecto a la población ocupada.
8 Esto es acorde con la recuperación vivida en nuestro país, recordando que en 2009 tuvimos un decrecimiento y en 2010 un crecimiento en el PIB.
9 Teniendo una desviación estándar de 568077.7 (1.3 en términos porcentuales), en el período 2007 a 2010.
10 La media del crecimiento de personas en actividades económicas informales trimestral es 0.488% desde 2000 a 2010 y de 0.655% de 2007 a 2010, siendo en ambos casos positiva y acelerándose en el último período.
11 Calculado a partir de las remuneraciones reales promedio del año 2005 como base.
12 Misma que ha sido reconocido como un fenómeno internacional, llevando a la Organización Internacional del Trabajo a la adopción unánime de un pacto global de trabajos en 2009.
13 Ganador del Premio Nobel de Economía en 1990.
14 Del Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Derivados de las Evaluaciones Externas 2010 realizado por Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública.
15 En el Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010.
16 Del Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Derivados de las Evaluaciones Externas 2010 realizado por Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de abril de 2011.
La Comisión de Economía
Diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes, Norma Sánchez Romero, Indira Vizcaíno Silva, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Pavel Díaz Juárez (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo, Ramón Jiménez López, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), María Florentina Ocegueda Silva (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Enrique Salomón Rosas Ramírez (rúbrica), Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), David Ricardo Sánchez Guevara, Víctor Roberto Silva Chacón.