De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la SEP a rendir un informe sobre el programa Escuelas de Tiempo Completo
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXI Legislatura fue turnada para estudio y análisis la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta al secretario de Educación Pública a rendir un informe respecto al programa Escuelas de Tiempo Completo, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 85, 176 y 182, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen:
I. Antecedentes
A. En sesión ordinaria celebrada por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 17 de marzo de 2010, la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta al secretario de Educación Pública a rendir un informe respecto al programa Escuelas de Tiempo Completo.
B. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición de referencia a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para estudio y dictamen correspondiente.
II. Contenido de la proposición
La proponente señala que la educación en un país es la base del desarrollo y el crecimiento humano, contribuyendo a lograr mejores estándares de vida. Así también, resalta que el artículo 3o. constitucional establece el derecho de todos los mexicanos a tener una educación pública, laica y gratuita.
Manifiesta que las escuelas de tiempo completo constituyen una alternativa pedagógica de apoyo para el aprendizaje de los educandos con la finalidad de favorecer el desarrollo de las competencias para la educación básica. Sin embargo, refiere que el programa opera en forma piloto en diversas entidades federativas, atendiendo a una población de 75 mil educandos, según cifras de la SEP.
Describe que uno de los objetivos que persigue el programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) es ampliar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos, tanto las dedicadas al logro de los propósitos y al estudio de los contenidos como al impulso de otras líneas de trabajo. Reconoce que el programa ETC brinda una mejor y más completa formación educativa y cultural a los estudiantes, convirtiéndose en una opción para los hijos de familias uniparentales y de madres trabajadoras que requieren apoyo institucional; por lo cual plantea que debe ofrecerse como una opción educativa creciente para que propicie una equidad educativa, atajando las brechas sociales en favor de la niñez mexicana.
Expresa que para atender la demanda que tiene la SEP, el sistema –automático– de inscripción y distribución asigna los espacios disponibles, desconociéndose la forma y los criterios utilizados para ello.
Considera que derivado de la gran demanda que tienen los planteles escolares de tiempo completo, se requiere conocer cuál ha sido el comportamiento del programa desde su creación, así como su impacto social. También se requiere conocer el posible déficit en el cumplimiento de la demanda de estos planteles y la población escolar que queda fuera de esta opción educativa.
Por ello somete a consideración del pleno solicitar a la SEP información sobre la población escolar beneficiada con el programa ETC durante los ciclos escolares en que se ha aplicado, los casos de asignación de escuela distinta de la de tiempo completo solicitada por los padres y el avance que han tenido las entidades federativas con mayor demanda de este tipo de escuelas, así como la cantidad de solicitudes de preinscripción registradas para el ciclo escolar 2010-2011 en las escuelas de tiempo completo.
III. Consideraciones de la comisión
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos coincide con la diputada proponente en el aspecto de que la educación es la base del desarrollo y la mejor inversión que se puede hacer en un país para lograr mejores estándares de vida.
La dictaminadora reconoce que una preocupación fundamental en México es mejorar la calidad de los servicios de educación pública, particularmente la dirigida a los sectores sociales más vulnerables, con el objetivo de cerrar las brechas existentes en términos de conocimiento y desarrollo de competencias e impulsar la calidad.
La comisión comparte el planteamiento de la promovente de que las escuelas de tiempo completo o de horario ampliado en educación básica constituyen una alternativa pedagógica que permite ampliar las oportunidades educativas, contribuyendo a la formación integral de los estudiantes.
Con ese sentido, el gobierno federal a través de la SEP implantó desde 2007 Escuelas de Tiempo Completo, el cual funciona como programa piloto para atender diversas necesidades sociales y educativas, y contribuir a elevar la calidad de la educación. El programa ETC está dirigido a la educación del nivel básico y se propone ampliar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos, tanto en las dedicadas al logro de los propósitos y al estudio de los contenidos como al impulso de otras líneas de trabajo a través de la ampliación gradual del tiempo dedicado al horario escolar. Además, busca apoyar a las familias y fortalecer su participación en la tarea educativa de las escuelas, lo que implica una participación corresponsable a favor de la calidad educativa. De igual forma, ofrece la posibilidad de atender necesidades sociales surgidas en los últimos 25 años relacionadas con los cambios en la estructura familiar por la incorporación de las mujeres al mercado laboral. 1
Las escuelas de tiempo completo, además de un horario extendido, ofrece a los educandos un tiempo enriquecido con actividades múltiples y diversas, como son el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación, aprendizaje del idioma inglés, fortalecimiento de la educación física y artística, entre otras, donde cada escuela, desde sus características y necesidades, determina cuales talleres y actividades se deben implantar para cumplir sus objetivos. 2
El programa ETC, aunque es de cobertura nacional, está dirigido a escuelas públicas de educación básica, preferentemente a aquellas que atienden población en condiciones desfavorables en contextos urbanos marginales, indígenas o migrantes. Tiene el compromiso de mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, particularmente de aquellos que presentan condiciones de mayor vulnerabilidad, niños y adolescentes que no progresan al ritmo esperado debido a su desventaja de origen. Sin embargo, la población objetivo a que va dirigido el programa (indígenas, migrantes, urbano marginales) muestra los resultados más bajos en las evaluaciones estandarizadas realizadas, como los exámenes para la calidad y el logro educativos. Por ello es importante dar prioridad a la ampliación de oportunidades de aprendizaje a dicha población y ofrecerle mayores posibilidades de mejorar su calidad de vida a fin de que las diferencias sociales, culturales, de capacidad e intereses no generen mayores desigualdades educativas. 3
En virtud de lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 180, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración de esta asamblea los siguientes
Acuerdos
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar cuál ha sido la población escolar que ha beneficiado el programa Escuelas de Tiempo Completo durante los ciclos escolares en que se ha aplicado.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar cuántos han sido los casos en que el sistema automático de inscripción y distribución ha asignado una escuela distinta de la de tiempo completo que han solicitado los padres o tutores de la menor o el menor.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar del avance que han tenido en las entidades federativas con mayor demanda de las escuelas de tiempo completo.
Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar, de conformidad con el sistema automático de inscripción y distribución, cuántas solicitudes de preinscripción tiene registradas para el ciclo escolar 2010-2011 en las escuelas de tiempo completo.
Notas
1 Programa Escuelas de Tiempo Completo. Bases de Operación del Programa Nacional de Escuelas de Tiempo Completo de 2007 y 2008 [en línea], México, DF, disponible en
http://basica.sep.gob.mx/tiempocompleto/start.php?act=op ortunidades [20 de julio].
2 Los retos que nos plantean las escuelas de tiempo completo . Reunión Nacional Escuelas de Tiempo Completo, junio de 2008 [en línea], Guadalajara, México. Disponible en http://basica.sep.gob.mx/tiempocompleto/pdf/memoriasjunio/PonenciaMaric elaSanchez.pdf [2010, 20 de julio].
3 SEP. Programa Escuelas de Tiempo Completo. Orientaciones pedagógicas para las Escuelas de Tiempo Completo, 2009 [en línea], México, DF. Disponible en http://www.tiempocompletomorelos.com/MATERIALESPETC/Orientaciones_traba jo_ETC.pdf [2010, 2 de noviembre].
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2011.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco, Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar, José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Blanca Soria Morales.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública, y de Gobernación a promover y reforzar las acciones en favor de una cultura de respeto de las diferencias y de no discriminación entre los miembros de las comunidades escolares
Honorable Asamblea:
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.
I. Antecedentes
A la comisión que suscribe de Educación Pública y Servicios Educativos le fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo en la que se exhorta a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Gobernación, docentes y trabajadores de la educación, a promover y reforzar las acciones a favor de una cultura de respeto y no discriminación, presentada por la diputada Gloria Romero León, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, el 17 de marzo de 2010.
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis correspondiente.
II. Descripción de la proposición
En la proposición presentada por la diputada Gloria Romero León, manifiesta su preocupación por “proteger la integridad física y mental de todos aquellos estudiantes que por diferentes circunstancias, son objeto de maltrato por parte de sus compañeros de escuela, de los padres y hasta del personal docente”.
La promovente menciona que los casos de violencia se han acrecentado en nuestro país, “el 32 por ciento de las niñas y niños entre 6 y 9 años de edad, aseguran que los tratan con violencia en la escuela, de acuerdo con la consulta infantil y juvenil realizada por el Instituto Federal Electoral”.
Asimismo, en el año 2009, México, como miembro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “presentó los niveles más altos en discriminación, robos, agresividad verbal y física de los alumnos de educación secundaria hacia sus compañeros, agresividad verbal de los profesores y personal de apoyo hacia los alumnos, así como en la posesión y uso de drogas y alcohol”.
Por tanto, la diputada solicita al pleno de esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo:
Único. Se exhorta respetuosamente a las autoridades de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Gobernación, a promover y reforzar las acciones en favor de una cultura de respeto a las diferencias y a la no discriminación entre los miembros de las comunidades escolares, docentes, trabajadores de la educación y estudiantes; favoreciendo la sana convivencia y el cumplimiento de la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de los objetivos educativos.
III. Consideraciones de la comisión
1. Los miembros de esta Comisión reconocen la importancia de que “la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano” 1 . Por tanto, se debe asegurar “un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad” 2 de todos los niños, niñas y adolescentes.
2. El Informe Nacional sobre Violencia de Género 2009, señala que los niños de sexto grado y los de secundaria, reciben agresión física principalmente de los compañeros y en segundo término de los profesores 3 . De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), alude que tres de cada 10 estudiantes del nivel primaria han sido víctimas de una agresión por parte de los compañeros 4 . Por tanto, es imprescindible reforzar acciones que permitan erradicar este problema.
3. La educación que impartan el Estado, debe difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercitarlos (artículo 7, fracción XV). Así como luchar en contra de la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado (artículo 8, primer párrafo).
4. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes: evaluar que las y los educadores y autoridades educativas son personas aptas para relacionarse con las y los educandos y que su trato corresponda al respeto de los derechos consagrados en la Constitución, los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano y demás legislación aplicable de las niñas, niños y adolescentes (artículo 12, fracción VII).
En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 180, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a las autoridades de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Gobernación, a promover y reforzar las acciones en favor de una cultura de respeto a las diferencias y a la no discriminación entre los miembros de las comunidades escolares, docentes, trabajadores de la educación y estudiantes; favoreciendo la sana convivencia y el cumplimiento de la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de los objetivos educativos.
Notas
1 Artículo 3o. constitucional.
2 Artículo 3o. de la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
3 Secretaría de Educación Pública/ UNICEF. (2009) Informe Nacional sobre Violencia de Género. Extraído el día 10 de abril de 2011, desde: www.sep.gob.mx/work/appsite/basica/ informe_violenciak.pdf
4 El Informador (2011) Tres de cada 10 estudiantes de primaria, víctimas de bullying. Extraído el día 17 de abril de 2011, desde: http://www.informador.com.mx/mexico/2011/285885/6/tres-de-cada-10-estud iantes-de-primaria-victimas-de-bullying.htm
Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de abril de 2011.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar, José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Besaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Blanca Soria Morales.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación y al Congreso de Guerrero a analizar la posibilidad de abrir y rehabilitar el Centro Infantil de Recreación, Ciencia y Cultura
Honorable Asamblea:
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182 numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.
I. Antecedentes
A la comisión que suscribe de Educación Pública y Servicios Educativos le fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo en la que se exhorta a la Secretaría de Educación de Guerrero y al Congreso de la entidad para abrir nuevamente el Centro Infantil de Recreación, Ciencia y Cultura, presentada por el Diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 18 de marzo de 2010.
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis correspondiente.
II. Descripción de la proposición
En la proposición presentada por el diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, manifiesta su preocupación por el cierre del Centro Infantil de Recreación, Ciencia y Cultura (Crcyc), el cual permitía que los niños, niñas, jóvenes y público en general del estado de Guerrero, “divulgar y despertar el interés por la lectura, la ciencia, la tecnología y la educación ambiental desde temprana edad”.
En la actualidad, el desarrollo de la ciencia y la tecnología resulta fundamental para crecer de manera importante en el ámbito social, económico y cultural del país. En un contexto de alta competitividad mundial, la ciencia y la tecnología se han convertido en parteaguas para crear avances que contribuyan a la creación de nuevos procesos y productos que faciliten la existencia del ser humano.
Si bien es cierto, en México, se han realizado diversas acciones para generar una cultura científica y tecnológica en las personas, principalmente en los niños, niñas y jóvenes, pero aún es mínima y/o deficiente. De acuerdo a un estudio publicado por la OCDE, México en el manejo de la ciencia, ocupa el “lugar número 30 de 30, y en la muestra ampliada, el 48 de 57” países.
En Guerrero, “la ciencia y la tecnología en esta entidad son temas de los que pocas personas tienen conocimiento”. Sin embargo, como una forma de despertar el interés en los guerrerenses sobre la ciencia y la tecnología, se abre en 1995, el Centro Infantil de Recreación, Ciencia y Cultura (Crcyc), en el municipio de Chilpancingo. En el Centro había “laboratorio de ciencias naturales, salas de medios educativos e informática (Red Edusat, Red Escolar, videoteca), sala de ecología (jardín botánico), sala de audiovisual (planetario), sala de lectura y recreación, cubús lúdico (ludoteca), estación Cyrcyc (vagón de la ciencia y sala de exposiciones) y un espacio de cultura del agua”. Pero en 2007 cerró sus puertas.
Por tanto, el diputado solicita al pleno de esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo:
Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación de Guerrero y al Congreso de la entidad a analizar la posibilidad de abrir y rehabilitar nuevamente el Centro Infantil de Recreación Ciencia y Cultura (Crcyc).
III. C onsideraciones de la comisión
1. Los miembros de esta comisión reconocen la importancia de generar en las personas una cultura científica y tecnológica para el desarrollo del país. En el artículo 3o. constitucional se establece que la educación deberá ser basada “en los resultados del progreso científico”. Además establece que el Estado “apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”. Y en particular, en la Ley General de Educación (LGE) se determina como uno de los fines de la educación, el “fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas” (artículo 7). Por tanto, el aprendizaje de la ciencia y la tecnología, resulta fundamental para el progreso del país.
2. De acuerdo con el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés), la comprensión científica es una competencia fundamental para que el alumno adquiera nuevos conocimientos para comprender, innovar y explicar el mundo que nos rodea 1 . Las cifras que arrojó la prueba de PISA en el año 2009 para México, es que un porcentaje alto de estudiantes se encuentra ubicado en el nivel 2 y 1 de desempeño de la ciencia (33.6 y 32.8 por ciento respectivamente). Por tanto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) junto con las autoridades educativas locales, deben implementar estrategias que permitan “impulsar el desarrollo de la enseñanza tecnológica y de la investigación científica y tecnológica” (artículo 14, LGE).
3. En Guerrero, para impulsar la ciencia, la tecnología y la educación ambiental de una manera didáctica y creativa para los niños, niñas y jóvenes, se crea en 1995, el Centro Infantil de Recreación, Ciencia y Cultura (Crcyc). Dicho centro contaba con: laboratorio de ciencias naturales, sala de medios educativos e informática (Red Edusat, Red Escolar, videoteca), sala de Ecología (jardín botánico), sala de audiovisual (Planetario), sala de lectura y recreación, cabús Lúdico (Ludoteca), estación Circyc (Vagón de la ciencia y sala de exposiciones) y un espacio de cultura del agua. En 2006, atendió un total de 68 mil personas, siendo los estudiantes de básica sus principales beneficiarios. Sin embargo, por un problema político-sindical con (CETEG) en el 2007, el Centro cerró sus puertas al público 2 .
En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 180, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación de Guerrero y al Congreso de la entidad a analizar la posibilidad de abrir y rehabilitar nuevamente el Centro Infantil de Recreación Ciencia y Cultura (Crcyc).
Notas
1 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). México en PISA 2009. Extraído el 03 de marzo de 2011, desde: http://www.inee.edu.mx/index.php/ component/ content/article/4834
2 Información proporcionada por la Mtra. Ángela Memije Alarcón, Coordinadora estatal de divulgación científica en educación básica del Estado de Guerrero.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2011.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar, José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Besaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Blanca Soria Morales.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los secretarios de Educación Pública federal y estatales, así como a las autoridades municipales, a revisar el procedimiento de participación social en instituciones de nivel básico
Honorable Asamblea:
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182 numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.
I. Antecedentes
A la Comisión que suscribe de Educación Pública y Servicios Educativos le fue turnado para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo en la que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública federal y estatales, y a las autoridades municipales, para que lleven a cabo la revisión del mecanismo de participación social en instituciones de educación básica, presentada por el diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, el 7 de abril de 2010.
En esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis correspondiente.
II. Descripción de la proposición
En la proposición presentada por el diputado Gerardo del Mazo Morales, manifiesta la importancia de que en las escuelas de educación básica se implemente de manera adecuada el ejercicio de participación social.
La participación social es una de las acciones que se han venido promoviendo con mayor énfasis en el gobierno federal y municipal. “La participación social, como un ejercicio de promoción y organización para fortalecer la construcción del sistema democrático de nuestro México, es indispensable en todos los ámbitos en que el ciudadano puede contribuir con el fomento al desarrollo nacional”.
Para generar este ejercicio, en las escuelas se crean Consejos de Participación Social como organismos que vinculan el ámbito escolar con la comunidad. En su función de rendición de cuentas, “convocan a la sociedad civil a participar y vigilar lo que hacen las instituciones educativas y, con ello, a hacer propuestas para que la política educativa que se implementa en dichas instituciones sea más integral, que beneficie a más estudiantes y que mejore el sistema educativo nacional”.
Este ejercicio de participación ciudadana, tiene su origen en el “Programa de Escuelas de Calidad, a partir del cual se evidenció que el aprovechamiento escolar depende, además de otros factores, de la participación social y la rendición de cuentas”.
Sin embargo, los Consejos de Participación Social en las escuelas, han sido cuestionados ampliamente, sobre la intervención del gobierno federal y/o estatal; la poca incentivación a la calidad educativa, el desconocimiento del papel de los integrantes, el que no funja como espacio de debate, entre otros.
Por tanto, el diputado solicita al pleno de esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo:
Primero. Se exhorta respetuosamente al secretario de Educación Pública para que sea revisada la estrategia de participación social en las instituciones educativas del nivel básico nacional, que se encuentra consagrada en la sección 2 de la Ley General de Educación, artículos 68 al 73.
Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública federal y a los titulares de las secretarías de educación de cada uno de los estados de la república y a las autoridades municipales, a que lleven a cabo de manera coordinada un estudio del estado y funcionamiento actual de todos los consejos establecidos en las instituciones educativas del nivel básico de la República Mexicana, en el marco de la sección 2 de la Ley General de Educación, cuyo fin es el de fomentar la participación social. Asimismo, de manera respetuosa se solicita que se haga llegar a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos los resultados de dicha investigación, a fin de contar con un diagnóstico respecto a las bondades y debilidades encontradas, que permita legislar en la materia, a favor de la calidad integral de la educación.
Tercero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a que gire las instrucciones necesarias a fin de que se lleve a cabo una revisión del diseño del programa Escuelas de Calidad, conforme a la existencia de Consejos Escolares, con el fin de que se genere una evaluación exhaustiva respecto a su correcto funcionamiento y no la mera instalación a fin de cumplir con los lineamientos del programa.
III. Consideraciones de la comisión
1. Los miembros de esta comisión reconocen la importancia de generar espacios de participación social dentro de las escuelas de educación básica, ya que la participación social
“juega una función educadora, desarrolla la conciencia cívica de los vecinos, refuerza los lazos de solidaridad y hace más comprensible la noción de interés general, permite que los individuos y grupos más activos intervengan en la gestión pública municipal; la participación es a la vez, un medio y un objetivo democrático, que reconoce el derecho de intervención de todos los ciudadanos, produce conocimientos, nuevas modalidades de acción y persigue fines igualitarios para la sociedad” 1 .
2. Con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), en 1992, se realizaron diversas reformas educativas con el fin de promover y mejorar la calidad de la educación. Una de las líneas estratégicas del ANMEB, fue el impulso de la participación social, la cual se concibe como un ejercicio prioritario para la articulación de la comunidad con la escuela, ya que genera “una mayor atención en el correcto funcionamiento de la escuela, sus instalaciones, su mobiliario, el material didáctico de que disponen sus maestros, y el cumplimiento de los planes y programas de estudio” 2 . Esto permitiría una nueva estructura de organización escolar, que parta de la escuela –interacción entre maestros, alumnos y padres de familia- y se extienda a los niveles de gobierno municipal, estatal y federal.
3. A partir de este acuerdo nacional, se llevó a cabo la creación de los consejos escolares, municipales y estatales, los cuales son el “instrumento principal para la promoción de la participación social en México” 3 . En la Ley General de Educación se establecen los lineamientos de operación de los Consejos de Participación Social. Los consejos escolares, municipales y estatales deben ser representados por padres de familia, maestros, directivos de la escuela, representantes de la sociedad civil, cuyo objeto social sea la educación 4 . Y estos consejos se “abstendrán de intervenir en los aspectos laborales de los establecimientos educativos y no deberán participar en cuestiones políticas ni religiosas” 5 .
4. En este ejercicio de participación ciudadana tiene su origen el Programa de Escuelas de Calidad (PEC), el cual plantea como estrategia “la participación de la comunidad en el diseño del “proyecto escolar” y en la administración de los recursos destinados al financiamiento del mismo” 6 . De ahí la importancia de que el programa consolide los consejos de participación social escolares como organismos que exijan la calidad en la educación y la rendición de cuentas.
5. La situación que presentan los consejos escolares, municipales y estatales y el Programa de Escuelas de Calidad, no es muy favorable, ya que enfrentan situaciones que influyen de manera negativa para su buen funcionamiento.
Los Consejos Estatales y Municipales , que existen y que operan de modo regular
“no logran cumplir sus funciones en la coordinación y articulación de múltiples acciones concernientes a la participación que atraviesan los niveles del sistema educativo. La singular historia de los consejos municipales y estatales ha sido irregular tanto por factores educativos, como por otros de tipo político, social e, inclusive, geográfico” 7 .
En los Consejos Escolares , se tiene poca información sobre los propósitos y funciones de los Consejos, se presentan tensiones en el uso de los fondos,
“la desarticulación entre las políticas públicas y los programas educativos vinculada con la participación y los Consejos de diferente o igual nivel (...); la desconexión de los programas educativos que impulsan la participación con los de otras agencias gubernamentales y no gubernamentales llevados a cabo en las escuelas que también tienen un componente basado en la participación; y, finalmente, la excesiva carga de trabajo académico y administrativo que recae en las escuelas por el funcionamiento simultáneo de numerosos programas estratégicos, federales, estatales y de otras dependencias gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales.” 8
Asimismo, el Programa de Escuelas de Calidad (PEC) , en cuanto a los Consejos de Participación Social Escolar (CPSE), “sí ha impulsado la creación y “consolidación” de los CPSE. Sin embargo, en los estados visitados (Colima, Zacatecas y Puebla), los CPSE no están operando en conformidad con lo previsto en la Ley y/o en las Reglas de Operación del PEC. Se podría hablar incluso, de cierta simulación” 9 .
6. Por otra parte, los miembros de la comisión dictaminadora, reconocen que el tema de la evaluación es de gran importancia en la práctica educativa, ya que debe generar “una valoración de los procesos y sistemas curriculares como una forma de rendir cuentas de manera objetiva” (PND 2007-2012, pág. 183). Por tanto, la evaluación es un término usado y aplicado, para conseguir información sobre aprendizajes logrados y para tomar decisiones, con la finalidad de mejorar o conseguir el objetivo y las metas preestablecidas en la escuela. Es decir, la evaluación es un “proceso permanente que permite mejorar de manera gradual la calidad académica” 10 .
7. En resumen, los miembros de esta comisión consideran que la Secretaría de Educación Pública debe dar seguimiento puntual de los Consejos de Participación Social y del Programa Escuelas de Calidad con el fin de mejorar y mantener la calidad educativa. De acuerdo con el artículo 12, fracción XII de la Ley General de Educación, corresponde de manera exclusiva a la autoridad federal evaluar el sistema educativo “y fijar los lineamientos generales de la evaluación que las autoridades educativas locales deban realizar”.
En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 180, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al secretario de Educación Pública para que sea revisada la estrategia de participación social en las instituciones educativas del nivel básico nacional, que se encuentra consagrada en la sección 2 de la Ley General de Educación, artículos 68 al 73.
Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública federal y a los titulares de las secretarías de educación de cada uno de los estados de la república y a las autoridades municipales, a que lleven a cabo de manera coordinada un estudio del estado y funcionamiento actual de todos los consejos establecidos en las instituciones educativas del nivel básico de la República Mexicana, en el marco de la sección 2 de la Ley General de Educación, cuyo fin es el de fomentar la participación social. Asimismo, de manera respetuosa se solicita que se haga llegar a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos los resultados de dicha investigación, a fin de contar con un diagnóstico respecto a las bondades y debilidades encontradas, que permita legislar en la materia, a favor de la calidad integral de la educación.
Tercero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a que gire las instrucciones necesarias a fin de que se lleve a cabo una revisión del diseño del Programa Escuelas de Calidad, conforme a la existencia de Consejos Escolares, con el fin de que se genere una evaluación exhaustiva respecto a su correcto funcionamiento y no la mera instalación a fin de cumplir con los lineamientos del programa.
Notas
1. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed). La participación social. Extraído el 10 de abril de 2011, desde: http://www.inafed.gob.mx/wb2/ELOCAL/ELOC_La_participacion_socia1
2. Secretaría de Educación Pública (1992) Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Extraído el 10 de abril de 2011, desde: http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/131833/1/07104.htm
3. Zurita Rivera, Úrsula (2011) Los desafíos del derecho a la educación en México a propósito de la participación social y la violencia escolar. RMIE, enero-marzo 2011, vol. 16, núm. 48, PP. 131-158 (ISSN: 14056666). Extraído el 10 de abril de 2011, desde: http://www.comie.org.mx/v1/revista/portal.php?idm=es&sec=SC03&sub=SBC&criterio=participaci%F3n+social&opc=1&btnBuscar=Buscar
4. Sección 2 de la Ley General de Educación, referente a los Consejos de Participación Social.
5. Artículo 73 de la Ley General de Educación.
6. Carlos Muñoz-Izquierdo / Rolando Magaña Rodríguez. Un acercamiento a la eficacia de los programas del gobierno federal orientados a mejorar la calidad de la educación básica. RMIE, 2008, VOL. 13, NÚM. 39, PP. 1165-1194. Extraído el 10 de abril de 2011, desde: http://www.comie.org.mx/v1/revista/portal.php?idm=es&sec=SC03&sub=SBC&criterio=participaci%F3n+social&opc=1&btnBuscar=Buscar
7. Zurita Rivera, Úrsula (2011) Los desafíos del derecho a la educación en México a propósito de la participación social y la violencia escolar. RMIE, enero-marzo 2011, vol. 16, núm. 48, PP. 131-158 (ISSN: 14056666). Extraído el 10 de abril de 2011, desde: http://www.comie.org.mx/v1/revista/portal.php?idm=es&sec=SC03&sub=SBC&criterio=participaci%F3n+social&opc=1&btnBuscar=Buscar
8. Ídem.
9. Arcelia Martínez Bordon, Teresa Bracho González y Osiris Martínez Valle. (2007) Los Consejos de Participación Social en la Educación y el Programa Escuelas de Calidad: ¿Mecanismos sociales para la rendición de cuentas? Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Extraído el día 10 de abril de 2011.
10. Carrión, Carmen (2001). Valores y principios
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2011.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar, José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Blanca Soria Morales (rúbrica).
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la SEP a recuperar y restaurar los vestigios del sitio arqueológico del Cerro de Moctezuma
Honorable Asamblea:
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.
I. Antecedentes
1. Con fecha 27 de abril de 2010 fue presentada por el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la SEP a que disponga la recuperación y restauración del sitio arqueológico denominado Cerro de Moctezuma, situado en Naucalpan de Juárez.
2. En esa misma fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la proposición con punto de acuerdo y ordenó su turno a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos mediante el expediente número 2065.
3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la proposición.
II. Descripción de la proposición con punto de acuerdo
El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar inicia haciendo referencia al decreto de 1938 mediante el cual se declaró “parque nacional” con la denominación de “Los Remedios” a la zona del municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, abarcando los linderos que inician en el cerro de Moctezuma, llegan al cerro Chiluca, continúan al cerro de Tenantongo, de ahí a la loma de Tepalcapa, siguen al lugar conocido como Cruz de Vicenteco, hasta el paraje denominado El Repartidor.
Asimismo, señala que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) catalogó en 1992 al cerro de Moctezuma como zona arqueológica, luego del hallazgo de una pirámide, un monolito grabado y una piedra de sacrificios en la cúspide de esta montaña.
En el mismo sentido, menciona que en diciembre de 2007 la Subdirección de Protección de Salvamento Arqueológico emitió un oficio en el que ratifica el dictamen del 28 de septiembre de 2001, expresando que: “en el área señalada como ‘zona arqueológica’ (del cerro de Moctezuma) queda totalmente prohibida la realización de obra alguna, abarcando la modificación de uso de suelo e inclusive el sembrado de algún tipo de vegetación [...] en el resto de la poligonal envolvente se deberá no autorizar obra alguna para evitar que se restrinja o ponga en riesgo la ‘zona arqueológica’ incorporando dicha determinación al plan parcial de desarrollo municipal”.
Entre las inquietudes del diputado, se destaca que en años recientes diversas comunidades han realizado asentamientos en las faldas del cerro de Moctezuma y al realizar trabajos de construcción, se han localizado vestigios hispánicos, por esta razón y desde hace ocho años, existen grupos vecinales que han solicitado ante el INAH y el gobierno del estado de México que se realicen los estudios arqueológicos que permitan delimitar con certeza la zona que deberá ser objeto de protección.
En razón de estas demandas, en septiembre de 2008, el INAH encontró en una inspección de la zona, vestigios arqueológicos tales como vasijas prehispánicas, un molcajete y piedras que formaban parte de un basamento, lo que condujo a que el 11 de septiembre del mismo año, la delegación del INAH en el estado de México, ordenara a los propietarios de 14 lotes ubicados en las faldas del cerro, suspender y no iniciar trabajos de construcción hasta que se hiciera un estudio a profundidad en dicha zona.
Pese a esta advertencia, el legislador sostiene que el 12 de septiembre de 2008, el arqueólogo Ernesto Rodríguez Sánchez, director de Salvamento Arqueológico del INAH emitió un oficio a la supuesta propietaria de uno de los predios objeto de la suspensión, por el que informó “la no presencia de petrograbados o edificios prehispánicos en dicha obra” por lo que no existía inconveniente por parte de esa dirección para que continuaran los trabajos de construcción.
La inquietud del diputado Vázquez Aguilar radica en que para determinar la inexistencia de vestigios arqueológicos, debe mediar un estudio profundo de la zona, y que este análisis habrá de esclarecer si en los catorce lotes mencionados en la suspensión existen o no vestigios con valor relevante, lo anterior con el fin de rescatar y preservar nuestro patrimonio cultural prehispánico.
En este orden de ideas y en razón de los años que ha durado la problemática, el Legislador considera que esta Soberanía debe exhortar a la autoridad competente a revisar el caso para resolverlo con apego a la ley y evitar así conflictos de intereses entre particulares, el Estado, ciudadanos y asociaciones defensoras del patrimonio cultural del país.
Finalmente y con base en las consideraciones contenidas en su exposición de motivos, la proposición del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar contiene el siguiente punto de acuerdo:
Único. Se exhorta al secretario de Educación Pública del Poder Ejecutivo federal a fin de que instruya al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que disponga la realización de una investigación con la finalidad de recuperar y restaurar los vestigios encontrados en el sitio arqueológico del cerro de Moctezuma, situado en Naucalpan de Juárez, estado de México, que está registrado por la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos del INAH, con el número de clave E14A3915002 y número de identificación 12725 de fecha 27 de septiembre de 1988. Se pide esclarecer las irregularidades de construcción de casas habitación que invaden la “zona arqueológica” que protege el registro referido, para hacer valer el estado de derecho y la aplicación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Es importante precisar que no es condicionante la presencia de vestigios o restos arqueológicos de cualquier tipología para que se cumpla cabalmente la ley y así preservar en su totalidad el territorio que comprende la “zona arqueológica”, en tanto poligonal envolvente, tal y como lo establece el plano inscrito en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos.
III. Consideraciones
Los diputados de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos damos cuenta del punto de acuerdo presentado por el diputado Vázquez Aguilar y comprendemos sus inquietudes respecto de la necesidad de encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación del patrimonio histórico, cultural y natural de la nación.
El marco jurídico al que se adscribe el patrimonio cultural bajo las figuras de monumentos y zonas de monumentos le otorga una condición jurídica que, en el caso de los bienes arqueológicos, por disposición expresa de la ley, los hace propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles y, en el caso de los bienes artísticos y los bienes históricos, los sujeta a modalidades de uso, conservación y traslado de dominio con el propósito esencial de garantizar su salvaguarda, con independencia de si se trata de bienes públicos o de propiedad particular.
Con el propósito de salvaguardar la personalidad jurídica que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos le confiere a éstos bienes, el INAH cuenta con el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas, instrumento al que, desde el 27 de septiembre de 1988, pertenece el basamento piramidal localizado en la cúspide del Cerro de Moctezuma. Cabe señalar que la pieza arqueológica no cuenta con la declaratoria oficial de zona de monumentos en términos de los artículos 5 y 37 de la ley.
Como lo señala el legislador, en los documentos emitidos por el INAH se salvaguarda la integridad de los vestigios que ocupan la cúspide del cerro de Moctezuma, toda vez que son plenamente reconocidos como elementos del patrimonio cultural de la entidad y del patrimonio histórico monumental de la nación.
En el mismo sentido, el decreto presidencial por el que la zona conocida como “Los Remedios” fue declarada parque nacional, destaca la necesidad de mejorar las condiciones del lugar, buscando dotar de mayor atractivo a la zona, ya que constituye un lugar de interés para el turismo en general, y precisa que la conservación de la región no podrá tener lugar si se abandona a los intereses privados.
En este orden de ideas, esta comisión dictaminadora coincide con el proponente en que el Estado debe ser garante de una política sustentada en el interés social y el orden público, que busque la defensa de los elementos considerados la expresión de la historia, identidad y riqueza nacionales, garantizando la permanencia en el tiempo del patrimonio de la nación.
De esta manera, los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos consideramos que el punto de acuerdo contenido en la proposición del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar debe ser aprobada para efecto de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia atienda la problemática de los asentamientos ubicados en el las faldas del Cerro de Moctezuma y mantenga el afianzamiento de los programas de conservación, protección y difusión del patrimonio arqueológico de la zona que deba ser protegida.
En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 180, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaria de Educación Pública a instruir al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que disponga la realización de una investigación con la finalidad de recuperar y restaurar los vestigios encontrados en el sitio arqueológico del cerro de Moctezuma, situado en Naucalpan de Juárez, estado de México, registrado por la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos del INAH, con clave E14A3915002 y número de identificación 12725, de fecha 27 de septiembre de 1988.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a esclarecer las irregularidades de construcción de casas habitación que invaden la zona arqueológica del cerro de Moctezuma, que protege el registro de referido, para hacer valer el estado de derecho y la aplicación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 13 de abril de 2011.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica en abstención), Óscar Lara Salazar, José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldua (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Blanca Soria Morales.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a las autoridades estatales del sector a analizar la viabilidad de incorporar la licenciatura en puericultura en el sistema de educación pública
Honorable Asamblea:
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen:
I. Antecedentes
1. Con fecha 25 de noviembre de 2010 fue presentada por la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la SEP a analizar la viabilidad de incorporar el sistema de educación pública la licenciatura en puericultura.
2. En esa misma fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la Proposición con Punto de Acuerdo y ordenó su turno a la Comisión de Educación Pública y Servicios.
3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la Proposición.
II. Descripción de la Proposición con Punto de Acuerdo
La diputada Gallegos Camarena señala en su exposición de motivos que los sistemas públicos que brindan cuidados a los niños en México, la Legisladora señala que de una población de aproximadamente 14, 400,669 niños entre 0 y 6 años de edad, se estima que 509,337 son cuidados en guarderías o estancias infantiles del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Secretaría de Desarrollo Social.
Acerca de las personas que en estas y otras instituciones, capacitadas para brindar cuidados a los niños, la Legisladora señala que la puericultura busca identificar las características cognoscitivas y sociales del niño, valorando los trastornos del desarrollo y discapacidades para determinar su atención; aplica programas para desarrollar habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes tomando en cuenta la edad del menor. Señala a demás que el estudio de la puericultura capacita para la prevención de enfermedades, la atención de los accidentes más comunes en la infancia y la aplicación de programas educativos, nutricionales y didácticos.
Respecto de la capacitación que los técnicos en puericultura reciben, señala que el programa se imparte en 448 horas en el nivel de educación media superior, por lo que considera que los niños están en realidad bajo el cuidado de jóvenes con una preparación básica, cuando es responsabilidad del Estado asegurar el bienestar de la infancia, sector social que debe ser atendido por personal con un mayor nivel de formación.
Es con base en esta inquietud, que la diputada Gallegos Camarena considera necesario solicitar a la Secretaría de Educación Pública que realice un análisis detallado en el cual se contemple la viabilidad de la creación e incorporación, al sistema de educación pública, de la carrera profesional de puericultura a nivel de licenciatura.
Finalmente, sustenta su exhorto en la obligación que tiene el Estado mexicano de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de la niñez y de velar por el interés superior de la infancia en cumplimiento con lo estipulado en el párrafo sexto del artículo 4o. cuarto de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual prevé en su artículo 18 que “Los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas”.
III. Consideraciones
Los diputados integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos comprendemos las preocupaciones de la diputada Lucila Gallegos Camarena acerca de los cuidados que deben ser dispensados a los niños y de la capacitación de las personas que les atienden, asimismo, reconocemos que existe una gran diversidad de prestadores de servicios de guarderías, estancias infantiles, centros de desarrollo, clínicas y hospitales de carácter público y privado dedicadas al cuidado de los niños y que el crecimiento en la demanda de estos servicios llama la atención de los legisladores respecto de la necesidad de profesionalizar al personal que en ellos labora.
Como la diputada lo menciona, la capacitación en puericultura se lleva a cabo en un total de 448 horas, divididas en dos módulos, el primer módulo consta de cinco submódulos con una duración total de 272 horas, y el último módulo de 176 horas, está formado por tres submódulos.
Los submódulos por los que la capacitación está compuesta se dividen de la siguiente manera:
• Intervenir en el cuidado del niño en las etapas de puericultura y asistir al aseo de los niños y las niñas en centros de atención infantil. (64 horas).
• Facilitar el desarrollo de actividades con los niños y las niñas en centros de atención infantil para su bienestar integral I. (48 horas).
• Aplicar la estimulación lúdica para el desarrollo del niño lactante (48 horas).
• Contribuir a que la educación inicial y preescolar incida en una experiencia de calidad. (48 horas).
• Asistir el aseo personal, el sueño, descanso y consumo de alimentos de los niños y las niñas en centros de atención infantil. (48 horas).
• Facilitar el desarrollo de actividades con los niños y las niñas en centros de atención infantil para su bienestar integral II. (64 horas).
• Aplicar estimulación lúdica para el desarrollo del niño maternal y actividades pedagógicas. (64 horas).
• Operar programas de pedagogía y didáctica así como los programas educativos vigentes. (64 horas).
Entre las competencias profesionales que los estudiantes de puericultura desarrollan, se encuentran las siguientes:
• Fomentar el crecimiento óptimo del niño sano.
• Proporcionar atención a los niños y a las niñas en centros de atención infantil.
• Ejecutar programas para el desarrollo integral del niño.
• Realizar planes de acción para los niños considerando los referentes educativos y psicológicos.
• Atender al niño con problemática social y de educación especial.
De esta manera, si bien se observa que el bachillerato técnico en puericultura cuenta actualmente con una planeación adecuada, comprendemos que en razón del crecimiento de la demanda es pertinente analizar la viabilidad de la capacitación a nivel superior, ya que se observa que la propuesta podría traer beneficios a los jóvenes al brindarles una nueva opción para su formación profesional, al capacitarse para un campo laboral que está en desarrollo y crecimiento.
Por otra parte, se considera importante señalar que la propuesta de la diputada Gallegos Camarena no vulnera la autonomía universitaria establecida en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el exhorto no instruye ni vincula a las universidades públicas a establecer en sus planes y programas de estudio la licenciatura en puericultura, sino que solicita a las autoridades educativas el análisis de los beneficios que a la sociedad traería la incorporación de la carrera.
En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 180, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas estatales a analizar la viabilidad de incorporar al sistema de educación pública la licenciatura en puericultura.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de abril de 2011.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar, José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Besaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Blanca Juana Soria Morales.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Yucatán y a sus autoridades educativas y culturales a reforzar, apoyar y articular todas las acciones de preservación, difusión y enseñanza de la lengua maya
Honorable Asamblea:
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182 numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.
I. Antecedentes
A la comisión que suscribe, de Educación Pública y Servicios Educativos, le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo en la que se exhorta al gobierno de Yucatán y a sus autoridades educativas y culturales a reforzar, apoyar y articular todas las acciones de preservación, difusión y enseñanza de la lengua maya, presentada por el diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el 30 de noviembre de 2010.
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la Proposición en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis correspondiente.
II. Descripción de la proposición
En la proposición presentada por el diputado Gerardo del Mazo Morales, manifiesta su preocupación por conservar la lengua maya en el Estado de Yucatán, ya que es la zona con más hablantes en esta lengua “con 800 mil personas, de las cuales el 18.5 por ciento (150 mil) de estás, es la única lengua”.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), señala la importancia de preservar el patrimonio cultural, no sólo tangible, sino también la que se transmite de generación en generación de manera oral. Éste organismo, entre los proyectos que maneja, está uno para salvaguardar las lenguas en peligro.
En la esfera pública, el gobierno de Yucatán ha realizado acciones para preservar la lengua maya a través del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya). Sin embargo, “su labor se ha limitado a la promoción cultural y a la difusión del trabajo artístico y educativo de la lengua maya”.
En la sociedad civil, la Academia de la Lengua Maya, lengua maya, desde 1937 ha emprendido acciones para la conservación de la lengua, una de ellas, es “la creación de un instituto de lengua maya para el estado”, pero no se ha podido concretar el proyecto.
Por tanto, el diputado solicita al pleno de esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo:
Único. Se exhorta al gobierno de Yucatán y a sus autoridades educativas y culturales a reforzar, apoyar y articular todas las acciones de preservación, difusión y enseñanza de la lengua maya emprendidas por la sociedad civil, así como la investigación y la formación de maestros de esta lengua, como parte de una estrategia de protección del patrimonio cultural intangible del país.
III. Consideraciones de la comisión
1. Los miembros de esta Comisión reconocen la importancia de la máxima establecida en la Constitución Política del país, la cual a la letra dice: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación”. 1 Por lo que todos los habitantes deben tener las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional.
2. Uno de los fines de la educación es que se debe “promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas”. 2 Se debe respetar y preservar las particularidades de los pueblos indígenas. Por consiguiente, el educador tiene que “certificar su bilingüismo en la lengua indígena que corresponda y el español”. 3
3. En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), seis de cada 100 habitantes de 5 años y más hablan alguna lengua indígena. 4 Una de las principales lenguas indígenas del país, es la maya. Ésta representa, la segunda lengua más importante del país, con 786 mil 113 habitantes que la hablan, 5 siendo Yucatán uno de los estados con mayor población que habla la lengua maya.
4. El gobierno de Yucatán , a través de la Dirección General de Educación Indígena –federal- y la Dirección de Educación Indígena del Estado, han realizado algunas acciones para conservar la educación indígena, como la implementación de la asignatura Construcción del Programa de Estudios de Lengua Maya y el Español como Segunda Lengua de Educación Primaria Bilingüe, y la Normalización de la Escritura de Lengua Maya. 6 Asimismo, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya), ha llevado a cabo acciones para defender los derechos del pueblo maya y promocionar la cultura de este pueblo. En cuanto a la sociedad civil , existen diversas organizaciones que realizan proyectos para conservar la lengua maya, una de estas asociaciones con 60 años de existencia, es la Academia de la Lengua Maya, lengua maya, la cual ha “editado libros, ha hecho programas de enseñanza de la lengua maya, ha impartido clases de lengua maya, ha asesorado a un gran número de personas (profesores e investigadores) en diversos proyectos culturales y lingüísticos, entre otras”. 7
5. Sin embargo, en el Programa Estatal de Desarrollo del Pueblo Maya 2007-2012 se señala que la educación indígena no ha contribuido, de manera contundente, en un proceso de enseñanza de pluralidad lingüística, ya que no se produce el suficiente “material didáctico que apoye el proceso de enseñanza-aprendizaje (...) y se contribuye a un proceso, más bien de castellanización. Esto origina que muchos niños mayas se incorporen a niveles de enseñanza mayor, como la secundaria y preparatoria, con notables desventajas, generándose frustración y deserción escolar”. 8
6. De acuerdo con un diagnóstico realizado por el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán, deben “revisarse objetivos, programas, capacitación de docentes y recursos destinados” a la conservación de la lengua maya, a fin de que se cumpla con lo establecido en la Ley General de Educación sobre la educación bilingüe. 9 Por tanto, se considera pertinente fortalecer y articular las acciones que tanto el Estado como la Sociedad Civil, han venido realizando a favor de la lengua maya.
En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 180, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno de Yucatán y a sus autoridades educativas y culturales a reforzar, apoyar y articular todas las acciones de preservación, difusión y enseñanza de la lengua maya emprendidas por la sociedad civil, así como la investigación y la formación de maestros de esta lengua, como parte de una estrategia de protección del patrimonio cultural intangible del país.
Notas
1. Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2 Artículo 7 de la Ley General de Educación. Segundo párrafo del artículo 21 de la Ley General de Educación.
3 Inegi. Cuéntame...Población. Extraído el 10 de abril de 2011, desde: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/lindigena.aspx?tema=P#uno
4 Inegi. Sociedad. Lengua indígena. Extraído el 10 de abril de 2011, desde: http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=2 1702
5 Gobierno del estado de Yucatán. Secretaría de Educación. (2009) Diagnóstico de la Educación Indígena del Estado de Yucatán.
6 Yucatán, identidad y Cultura Maya. Academias de la Lengua Maya. Extraído el 10 de abril de 2010, desde: http://www.mayas.uady.mx/institutos/ins_04.html
7 Programa Estatal de Desarrollo del Pueblo Maya 2007-2012. Extraído el 10 de abril de 2010, desde: http://www.indemaya.gob.mx/sobre-indemaya/programa-estatal-desarrollo.p hp
8 Situación histórica y actual del pueblo maya diagnóstico del instituto para el desarrollo de la cultura maya del estado de Yucatán. Extraído el 10 de abril de 2010, desde: www.indemaya.gob.mx/.../diagnostico-del-pueblo-maya.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de abril de 2011.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Roberto Pérez de Alba Blanco, Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica en contra), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica en abstención), Óscar Lara Salazar, José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Besaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Blanca Juana Soria Morales.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a realizar la declaratoria del Panteón de Dolores como zona de monumentos históricos
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio y análisis la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a declarar el Panteón de Dolores zona de monumentos históricos, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182 numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.
I. Antecedentes
A. En sesión ordinaria celebrada por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 9 de diciembre de 2010, la diputada Gabriela Cuevas Barron presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a declarar el panteón de Dolores zona de monumentos históricos.
B. En esta misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la proposición de referencia a la comisión señalada, para su estudio y dictamen correspondiente.
II. Descripción de la proposición
La proponente expone que el panteón de Dolores, ubicado en el Bosque de Chapultepec, es considerado el más grande de América Latina. Señala que en su interior se encuentra la Rotonda de los Hombres Ilustres con más de 100 personalidades del arte, la literatura, la política, el ejército, así como artistas.
Resalta que su mantenimiento y conservación se encuentran a cargo de la Secretaría de Gobernación; asimismo, resalta que sus condiciones contrastan con el resto del panteón que frecuentemente presenta un deterioro en su interior, ya que por sus dimensiones resulta difícil de mantener en perfectas condiciones.
Destaca que como pieza arquitectónica, el panteón presenta toda una gama de estilos en sus tumbas que reflejan diversas etapas de la historia, ya que se encuentran desde construcciones de granito macizo de finales del siglo XIX, hasta mármol y acero del siglo XX, las cuales vale la pena rescatar y preservar como verdaderas piezas escultóricas y de valor artístico.
La proponente declara que en menos de 15 años se ha acabado con el arte existente de más de un siglo. Señala que para el 2000 había desaparecido 20 por ciento de los más de 600 monumentos artísticos existentes en 1993. Manifiesta que al día de hoy prevalecen la mitad o menos.
Finalmente, enfatiza que no obstante a todos los argumentos señalados, el panteón de Dolores no ha sido considerado como un elementos que merezca recate y conservación. Por tanto, plantea que se solicite al Instituto Nacional de Antropología e Historia que se dé continuidad al trámite ya iniciado para declararlo como zona de monumentos históricos, con lo cual se busca obtener una valoración de los cementerios y de la arquitectura funeraria como patrimonio cultural, logrando su protección y conservación.
III. Consideraciones de la comisión
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos realizó el estudio y análisis correspondiente de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo señalada a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Esta comisión dictaminadora comparte la preocupación del proponente y participa de su intención debido a la importancia que significa para el país salvaguardar su patrimonio arqueológico, histórico y cultural.
Al respecto, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura refiere en el Informe de México sobre los Sistemas Nacionales de Cultura que:
“La vastedad y riqueza del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de la nación constituye un ejemplo, quizás el más palpable, de la pluralidad cultural de México. Así, monumentos, edificios y bienes culturales de diversos órdenes ofrecen testimonios de nuestro panorama histórico, signo del rostro múltiple de la identidad nacional. De ahí que la preocupación por investigar, conservar y difundir tal patrimonio tenga una larga tradición en el país y que, desde la Independencia, haya sido un objetivo prioritario de la política cultural.”
En ese sentido, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos señala, que de acuerdo a sus atribuciones, es competencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia el identificar, investigar, recuperar, proteger, restaurar, rehabilitar, vigilar y custodiar el patrimonio mexicano en materia de monumentos arqueológicos, históricos o artísticos, así como los bienes asociados a éstos, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su reglamento, (artículos 2o., 44,45).
Asimismo, la propia ley establece como obligación del Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y del Registro Público de Monumentos y Zonas Artísticos, dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la inscripción de monumentos arqueológicos, históricos o artísticos y hacer las declaratorias de zonas respectivas (artículos 21, 22 y 23).
Conforme a los elementos legales expuestos, esta comisión dictaminadora considera procedente efectuar el exhorto, a efecto de que las autoridades competentes instrumenten las acciones procedentes conforme a sus esferas de atribuciones, a fin de salvaguardar el patrimonio arqueológico, histórico y cultural del país.
En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 180, numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a realizar la declaratoria del panteón de Dolores como zona de monumentos históricos e implementar un programa de rescate, a fin de preservar sus características originales y otorgar el mantenimiento de los elementos que lo componen.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2011.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo, Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar, José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Blanca Soria Morales (rúbrica).
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a implantar un programa de capacitación en las secundarias con población indígena
Honorable Asamblea:
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182 numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la honorable asamblea el presente dictamen.
I. Antecedentes
A la comisión que suscribe de Educación Pública y Servicios Educativos le fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo en la que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para que implanten un programa de capacitación en las secundarias con población indígena, presentada por la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 15 de diciembre de 2010.
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis correspondiente.
II. Descripción de la proposición
En la proposición presentada por la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, manifiesta su preocupación por la equidad de la educación en la población indígena del país. La promovente menciona que la población indígena representa un 10 por ciento de la población total de la República Mexicana. De esta minoría “el 60.4 por ciento de los individuos vive en municipios con alta y muy alta marginación”.
Tomando en consideración lo que menciona el artículo 2o. constitucional Apartado B, fracción II, la federación, los estados y los municipios “para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas” Además las autoridades educativas
“I. Atenderán de manera especial las escuelas en que, por estar en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas o comunidades indígenas, sea considerablemente mayor la posibilidad de atrasos o deserciones, mediante la asignación de elementos de mejor calidad, para enfrentar los problemas educativos de dichas localidades” (artículo 33, fracción I).
En secundaria, la población indígena presenta un índice de deserción importante, debido a que “los jóvenes de entre 12 y 15 años de edad que aspiran a ingresar al primer año de secundaria, se encuentran con maestros que desconocen su lenguaje étnico, y por ello, al no poder continuar su educación y por no contar con un profesor bilingüe, optan por el abandono de sus estudios generando un mayor analfabetismo en nuestro país y negando la posibilidad de aspirar a la oportunidad de un mejor futuro”.
Por tanto, la diputada solicita al pleno de esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo:
Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para que, en conjunto, implementen un programa de capacitación en las secundarias con población indígena, con el fin de que los educadores aprendan el dialecto de la región y combatir de esta forma la falta de educadores en estos planteles.
III. Consideraciones de la comisión
1. Los miembros de esta comisión reconocen que la educación es un proceso que contribuye de manera permanente en el desarrollo integral de la persona y un derecho que todo individuo debe recibir. Por tanto, la comisión dictaminadora está de acuerdo que se debe atender las poblaciones de localidades aisladas, zonas urbanas marginadas o comunidades indígenas, con el fin de lograr mayor equidad en educación, así como “la igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos” (artículo 32 Ley General de Educación).
2. La población indígena representa un 6.15 por ciento del total de la población mexicana, es decir, 6 millones 913 mil indígenas, de éstos, 1 millón 331 mil son niños de 5 a 14 años de edad. En 2010, el 94.7 por ciento asistió a la escuela 1 . De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012), “los alumnos de telesecundaria, educación comunitaria e indígena son quienes obtienen los puntajes más bajos” 2 .
3. En cuanto a características de la educación indígena se pude observar que existe una calidad deficiente, altos índices de deserción y reprobación, y “falta de pertinencia cultural y lingüística de la educación que México ofrece a esta población” 3 . En este último aspecto, “ la mayor parte de las escuelas indígenas del país predomina la castellanización directa (sólo el 63 por ciento de los maestros indígenas hablan una lengua indígena), hay una desubicación lingüística (maestros que hablan una lengua indígena pero que trabajan en una comunidad que habla otra) cercana al 20 por ciento, o bien prevalece el uso instrumental de la lengua indígena (se maneja sólo mientras los alumnos adquieren suficiente español como para proseguir las clases en esta lengua)”.
4. En la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Educación Indígena, lleva a cabo programas para la profesionalización de docentes, personal directivo y apoyo técnico de educación indígena. Sin embargo, el apoyo está enfocado principalmente a los subsistemas de educación preescolar y primaria, debido a que dentro del sistema de educación escolarizada, se establece el preescolar y la primaria indígena 4 .
5. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que la Federación, los Estado y Municipios deben:
“II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior” (artículo 2o. constitucional).
6. La Secretaría de Educación Pública, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley General de Educación, deberá proporcionar “los medios que le permitan realizar eficazmente su labor y que contribuyan a su constante perfeccionamiento”. Asimismo, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como órgano sectorizado en la SEP, y cuyo objetivo es la conservación de las lenguas indígenas del país, tiene la atribución de “promover programas, proyectos y acciones para vigorizar el conocimiento de las culturas y lenguas indígenas nacionales” 5 . Por tanto, se considera pertinente crear un programa que apoye a los docentes de secundaria con población indígena.
En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 180, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para que, en conjunto, implementen un programa de capacitación en las secundarias con población indígena, con el fin de que los educadores aprendan el dialecto de la región y combatir de esta forma la falta de educadores en estos planteles.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2011.
Notas
1 Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Censos de población y vivienda 2010.
2 Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República (2007) Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Página 178.
3 Observatorio ciudadano de la Educación. La educación indígena en México: inconsistencia y retos. Extraído el día 14 de abril de 2011, desde http://www.observatorio.org/comunicados/ EducDebate15_EducacionIndigena_3.html
4 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2009) Panorama Educativo de México 2009. Página 37. Extraído el día 11 de abril de 2011, desde: http://www.inee.edu.mx/ BuscadorDocs/ detallePub;jsessionid= C1C806EEE21A44890F00BFA3AE73A2A6?clave= INEE-20090553
5 Artículo 14, inciso b, de la Ley General de Derecho Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío, Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco, Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar, José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Besaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Blanca Soria Morales.