Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a estimular la inversión en el turismo de cruceros y el desarrollo de terminales portuarias en la modalidad de home ports, a cargo del diputado Éric Luis Rubio Barthell, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Éric Rubio Barthell, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 6o., numeral 1, fracción I y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo con arreglo a las siguiente
Exposición de Motivos
El pasado 8 de abril de 2011, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, encabezó en Acapulco, Guerrero la ceremonia de inauguración de la primera línea de cruceros de pasajeros mexicana Ocean Star Cruices, que cuenta con el permiso de navegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como garantiza que en la prestación del servicio, se sujeta a las normas de seguridad y navegación internacionales. Así también, cuenta con el certificado Det Norske Veritas, distinción que avala a los cruceros para navegar en cualquier mar del mundo.
Con este evento, se pretende que México deje de ser sólo consumidor de servicios de cruceros y posicionar a nuestro país, como impulsor de esta industria clave del turismo nacional.
Cabe destacar la aportación visionaria de esta primera empresa naviera turística nacional, que con recursos e inversión privada, le apuesta a un mercado potencial como el mexicano, que derive en una expansión de la oferta turística, y con ello fortalecer el desarrollo económico del país.
Reconocemos el esfuerzo de un consorcio de mexicanos, que genera empleos para los mexicanos.
Como es del conocimiento público, el crucero que tiene capacidad superior a los mil pasajeros se encontraba en su segundo recorrido en las inmediaciones de las costas de Oaxaca, cuando se presentó una falla mecánica el pasado 15 de abril.
Ante la contingencia, se tomaron todas las medidas de seguridad a fin de preservar la integridad de los quinientos pasajeros a bordo, con la evacuación de cada uno de ellos, sin presentarse afectación o daño alguno.
En los hechos mencionados, las autoridades de protección civil del estado de Oaxaca, reconocieron la actuación oportuna y eficiente de la tripulación en el procedimiento de desalojo, garantizando con ello la seguridad de todos los usuarios.
A través de un comunicado conjunto de la SCT y de Turismo se confirmó que el incidente se encontraba bajo control y que la seguridad de todos los turistas estaba plenamente garantizada.
Asimismo, la SCT anunció por su parte la realización de una revisión exhaustiva, para determinar el origen del desperfecto, a fin de garantizar plenamente la seguridad y las condiciones óptimas del servicio.
El navío fue remolcado al puerto de Salina Cruz, Oaxaca; donde está siendo reparada la pieza afectada.
En razón de lo expuesto y fundado, someto a consideración de la soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados, exhorta al gobierno federal, para que a través de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Turismo, promueva y estimule la inversión en el turismo de cruceros por parte de prestadores de servicios mexicanos.
Asimismo, supervise que los servicios sean de calidad, accesibilidad y precio, salvaguardándose en todo momento la seguridad de los turistas.
Segundo. Que las instituciones mencionadas, diseñen medidas y propicien mecanismos para impulsar el desarrollo de terminales portuarias en la modalidad de Home Ports, que vendrán a fortalecer el desarrollo económico regional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2011.
Diputado Éric Rubio Barthell (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, por la SHCP, a la CNBV, a la Condusef y a los gobiernos locales a coordinar acciones y prevenir operaciones violatorias del sistema financiero mexicano, a cargo del diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, numeral 2 del artículo 79 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, en los términos de la siguiente
Exposición de Motivos
En México se ha dado un crecimiento significativo del sistema financiero en los últimos años, los usuarios tienen mayores opciones para contratar un producto o servicio financiero, se han planteado diversas reformas a las leyes del sector de ahorro y crédito popular con el objeto de que este servicio llegue a más poblaciones del territorio nacional.
Sin embargo, en toda la republica se han presentado de manera dramática fraudes que han perjudicado directamente la economía de personas de clase media y baja, miles de personas han sido víctimas de criminales de cuello blanco que aprovechándose de la necesidad de los ciudadanos, desarrollan actividades encaminadas a la obtención de recursos económicos a base de campañas publicitarias engañosas.
Dichas campañas publicitarias se basaron en prometer jugosos intereses y rendimientos altos, por encima de lo manejado por instituciones bancarias, captando de este modo el interés de personas que vieron una oportunidad para hacer crecer sus ahorros de manera rápida y segura; sin saber que con el paso del tiempo cerrarían sus puertas sin más ni más y negándoles la devolución de su dinero provocando un grave deterioro en la economía personal y familiar de miles de personas.
Dentro de las entidades de ahorro y crédito popular, se encuentran aquellas que están sujetas al marco normativo de Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), son supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) o bien están afiliadas a una federación quien las evalúa con el objetivo de obtener su autorización, cuentan con un fondo de protección para sus ahorradores, pueden ser consultadas en el la página web como “entidades de ahorro y crédito popular” y áreas de atención de Condusef.
Sin embargo, hay otro grupo de sociedades que operan al margen de la ley, principalmente en los estados de Oaxaca, Puebla, Guerrero, Veracruz y Chiapas; que no forman parte del sistema financiero mexicano, no están autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ni tampoco se encuentran en proceso de regularización, no son competencia de Condusef, ni de ninguna autoridad financiera federal. Estas entidades y sociedades representan en estos momentos un grave problema económico y social.
El universo del fraude es a nivel nacional, existen diversas denuncias por fraude, destacándose por el numero de defraudados, principalmente en los estados de Baja California, Distrito Federal, Puebla, Veracruz, Aguascalientes, estado de México, Tlaxcala, Jalisco, Morelos, Querétaro, Guanajuato, Nuevo León, entre otros que han generado un decremento en la economía de mexicana, que ahora desesperadamente buscan apoyo de los gobiernos estatales y federal.
Esta situación merece la reflexión sobre la responsabilidad en el funcionamiento de estas instituciones financieras por parte de las entidades federativas y del gobierno federal a través de sus respectivas secretarías, que dentro de sus facultades y atribuciones se encuentran las de vigilar, sancionar e incluso impedir el funcionamiento de empresas que ofrecen servicios financieros y que no otorgan ningún tipo de garantía para sus clientes.
Compañeros legisladores, dimensionado el problema, es menester brindar solución a las miles de familias que han perdido todos los ahorros de su vida, teniendo especial cuidado en el monitoreo de tasas de interés por encima del mercado que llevan invariablemente al fraude y quiebra de las entidades.
Se debe brindar mayor transparencia y educación financiera en el sector de ahorro y crédito popular, se requiere la colaboración entre autoridades supervisoras, instituciones financieras y gobiernos locales para la prevención de malas prácticas y delitos.
Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), así como a los gobiernos locales, para coordinar acciones y prevenir que se efectúen operaciones irregulares, que violan el Sistema Financiero Mexicano.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2011.
Diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversos secretarios de Estado y a las instituciones públicas de educación superior respecto al tema de patentes científicas y tecnológicas, a cargo de la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Elsa María Martínez Peña, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en lo previsto en los artículos 6.1.I y 79.2.I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de diversas secretarías de Estado y a las instituciones de educación superior públicas respecto al tema de patentes científicas y tecnológicas, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
1. El capital humano e intelectual con que cuenta el país, aunque se ha incrementado con los años, aún no es el necesario para despuntar el desarrollo. Por si dicha situación fuera menor, los pocos científicos e investigadores con los que cuenta el país se encuentran sumidos en una dinámica casi burocrática que mucho los ha alejado de los fines para los que fueron agrupados al interior de un sistema.
2. Son los científicos e investigadores nacionales quienes tienen el compromiso con México de producir innovaciones en diversas áreas del conocimiento. Sobre todo si junto a esta premisa consideramos el aspecto económico: De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), “el Conacyt ejerció en el SNI 2, 097,408.9 miles de pesos”, de los cuales poco más del 90 por ciento correspondió al pago de estímulos para los investigadores.
Si bien es cierto que, en general, el recurso que se destina a este sector en comparación con otros países es mínimo; no se puede negar que el presupuesto asignado al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) debe tener resultados visibles para el desarrollo nacional.
3. El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, dado a conocer en 2011, refiere que para la revisión correspondiente al SNI se analizaron las siguientes variables: planeación y programación; eficiencia; economía y eficacia.
4. Respecto a la eficacia, citan que “Se analizó el cumplimiento de los objetivos del SNI, en cuanto a la generación de conocimiento científico y tecnológico; la productividad de los investigadores del SNI; la contribución en la formación y consolidación de investigadores y el incremento del bienestar social, para finalizar con el análisis de la posición de México en 2009 en el ranking mundial de competitividad”.
5. En el mismo informe se reporta la existencia de 15,565 investigadores inscritos al SNI, de los cuales 17.4 por ciento son candidatos y 82.6 por ciento ya cuentan con la categoría de investigador. De éstos últimos el 55 por ciento pertenece al Nivel I, 19.6 por ciento al nivel II y sólo 8 por ciento al nivel III.
6. El SNI debería garantizar que el desarrollo de patentes fuera de amplio espectro, ya que la distribución de los investigadores miembros, por área del conocimiento, es diversa: 16.6 por ciento pertenecen al área I, físico-matemáticas y ciencias de la tierra; 17.4 por ciento al área II, biología y química; 9.3 por ciento al área III de medicina y ciencias de la salud; 15.4 por ciento al área IV de humanidades y ciencias de la conducta; 15.9 por ciento al área V de ciencias sociales; 11 por ciento al área VI de biotecnología y ciencias agropecuarias, y, finalmente, 14.4 por ciento al área VII de ingenierías.
7. Por desgracia, el principal indicador con que los miembros del SNI dan cuenta de su productividad científica y capacidad innovadora es a través de la publicación de artículos científicos.
En el informe de la ASF “se determinó que la producción registrada por los investigadores del SNI se concentró de manera predominante en las publicaciones (artículos, libros y capítulos de libros) con el 99.1% del total de productos generados en el periodo 1984-2009; por su parte, las patentes registraron una presencia del 0.9 por ciento...”
8. En el mismo sentido se concluye que “De los siete diferentes productos que se deben generar, no se identificaron registros sobre productos relacionados con desarrollos tecnológicos, innovaciones y transferencias tecnológicas, los cuales deben ser promovidos por el sistema”.
9. De acuerdo a la UNESCO, México no logrará posicionarse en el desarrollo si no fortalece, tal como lo hace actualmente Brasil, y si no considera a la propiedad industrial y al registro de desarrollos, como un indicador fundamental para la medición de la productividad de ciencia, tecnología e innovación.
10. La Ley Orgánica del Conacyt, en su artículo 4, establece que de los 13 miembros que conforman la Junta de Gobierno, deberá haber un representante de cada una de las siguientes secretarias: Hacienda y Crédito Público; Economía; Educación Pública; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Agricultura; Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y Salud.
Además, establece que “Los representantes propietarios de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán ser los Subsecretarios o nivel equivalente, que tengan la responsabilidad de las funciones de promoción de la investigación científica y desarrollo tecnológico en dichas dependencias y entidades”.
11. Por su parte, el artículo 6, fracción II señala como facultad de la Junta de Gobierno “autorizar y expedir las reglas de operación de los programas sustantivos” dentro de los cuales se encuentra el SNI.
En el mismo sentido, la fracción IV le otorga la facultad de “Analizar y, en su caso, aprobar las reglas de operación y reglamentación interna del Sistema Nacional de Investigadores que para tal efecto le presente el Director General;”.
12. Atendiendo a lo señalado, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza consideramos que una de las acciones que se deben emprender desde el legislativo para impulsar la investigación científica y tecnológica, así como la innovación, es exhortar a quienes la ley otorga competencias respecto al tema.
En ese sentido, resulta urgente que, quienes toman las decisiones respecto a lo que deben hacer los científicos e investigadores del país, posicionen como prioridad en el reglamento del SNI la generación y registro de patentes como parte fundamental de la producción científica, tecnológica y de innovación.
13. Finalmente, es importante considerar que, además de lo que el propio Conacyt puede hacer, están todas aquellas instituciones de Educación Superior (IES), quienes cuentan con la facultad de determinar la forma en que reconocerán la labor de sus científicos e investigadores. La mayoría toman como un referente fundamental la pertenencia al SNI.
Es así que las IES son también un actor fundamental en el fomento, apoyo y promoción del ejercicio de registro de los diversos desarrollos que sus científicos e investigadores adscritos al SNI obtengan como resultado de su labor.
14. Un país que cuenta con pocas patentes refleja la debilidad de sus sistemas de ciencia e investigación y un futuro poco promisorio en diversos espacios como el económico, productivo, competitivo, y educativo; lo que por ende implica la presencia de bajos niveles de desarrollo nacional.
Por las consideraciones expuestas y fundadas, las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público; Economía; Educación Pública; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Agricultura; Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y Salud a que instruyan a los servidores públicos de la Secretaría a su cargo –que hayan sido designados para formar parte de la junta de gobierno del Conacyt– para que en función de las facultades que les otorga la Ley Orgánica del Conacyt, en su artículo 6, fracción II, posicionen como prioridad en el reglamento que rige al Sistema Nacional de Investigadores, la generación y registro de patentes como parte fundamental de la producción científica, tecnológica y de innovación de los candidatos y miembros del SNI.
Segundo. Se exhorta a todas las Instituciones de Educación Superior Públicas que cuenten con investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores a fomentar, promover y apoyar entre estos, la generación y registro de patentes como parte fundamental de la producción científica, tecnológica y de innovación de sus instituciones y del país.
Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 28 de abril de 2011.
Diputada Elsa María Martínez Peña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al gobierno de Guerrero y a los ayuntamientos de la Costa Chica a realizar acciones que promuevan la creación de ciudades rurales sustentables, a cargo del diputado Ángel Aguirre Herrera
El que suscribe, Ángel Aguirre Herrera, diputado sin partido de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracciones I y III, 113 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al gobierno del estado de Guerrero y de los municipios de la Costa Chica a realizar acciones que promuevan la creación de ciudades rurales sustentables en la Costa Chica, con fundamento en las siguientes
Consideraciones
La Declaración del Milenio, aprobada por 189 países, entre ellos México, contempla los “ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio”, que reconocen y promueven la relación entre el crecimiento, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible. Uno de estos ocho objetivos, se centra en cómo lograr el desarrollo sostenible mediante la erradicación de la pobreza.
Según datos de la Guía general para la aplicación de la Declaración del Milenio, en los próximos años la población urbana del mundo se incrementará de 2.500 millones a 5.000 millones de personas. Casi todo ese aumento se registrará en los países en desarrollo, situación preocupante, ya que actualmente una cuarta parte de la población mundial que vive en las ciudades, carece de viviendas adecuadas y a menudo no dispone de servicios sociales básicos, tales como el acceso a agua potable y salubre y el saneamiento.
A fin de reducir la pobreza y promover el desarrollo de manera significativa es esencial lograr un crecimiento económico sostenido y de base amplia. En estos ocho objetivos, se destacan algunas de las esferas prioritarias que se deberán encarar para eliminar la pobreza extrema.
El desarrollo sustentable tiene como objetivo central la preservación de los recursos naturales, con base en tres aspectos conceptuales: el bienestar humano, basándose en la salud, educación, vivienda, seguridad y protección de los derechos de la niñez; el bienestar ecológico, implementando acciones en torno al cuidado y preservación del aire, agua y suelos; y las interacciones establecidas a través de políticas públicas en materia de población, equidad, distribución de la riqueza, desarrollo económico, producción, consumo y ejercicio de gobierno.
Desde el ámbito local, el desarrollo sustentable debe buscar el mejoramiento de la calidad de vida, centrándose en la comunidad y sus miembros, teniendo en cuenta los objetivos y metas que se busquen lograr a través de la fuerza y gestión comunitaria, preservando su propia cultura y formas autónomas de convivencia.
Vale la pena tomar este concepto, como principio rector para el progreso de los estados más necesitados y olvidados de nuestro país, igualmente, es prioritario garantizar la buena gestión pública y la planificación en las zonas urbanas, por lo que es inexcusable que los Objetivos de Desarrollo del Milenio se observen en todo momento para aumentar la coherencia y analogía de las políticas y los programas nacionales relacionados al tema.
Por ello, el desarrollo humano sustentable debe continuar siendo una prioridad en las tareas del gobierno federal y de los gobiernos estatales, buscando la creación de una atmosfera donde todos los mexicanos puedan incrementar sus capacidades y oportunidades; donde se garantice la satisfacción de sus necesidades fundamentales como la alimentación, la salud, la educación, el trabajo y la vivienda, y donde las oportunidades para las generaciones actuales puedan ampliarse, evitando que su desarrollo comprometa el de las siguientes.
Indudablemente, las ciudades rurales sustentables son una estrategia de combate a la dispersión poblacional, erradicación de la pobreza extrema y prevención de riesgos, con un enfoque territorial que complementa otros programas, como los que ya impulsa el gobierno federal por medio de Oportunidades y los centros proveedores de servicios.
El esquema contiene muchos de los elementos de las políticas que han resultado exitosas en otras latitudes, como descentralización, participación de la sociedad civil, fortalecimiento del gobierno local, empoderamiento de la población reubicada, desarrollo regional y coordinación intergubernamental, entre otros.
Lo más destacable de este esquema de política pública es que su diseño y aplicación parten del consenso de la población y del reconocimiento de las particularidades culturales, históricas, económicas, geográficas y sociales de las localidades beneficiarias, así como de la participación social en cada una de las etapas de la constitución y desarrollo de las ciudades rurales, además de la aplicación de políticas públicas para mejorar el aprovechamiento de las zonas de origen.
Existe una correlación entre la concentración, cada vez mayor, de la población y la actividad económica en las metrópolis de los países en desarrollo, y el aumento de la pobreza y los asentamientos precarios.
Las zonas marginadas que carecen de servicios municipales básicos tales como agua, saneamiento, recolección de desechos y sistemas de desagüe, ejercen una gran presión sobre los ecosistemas, el medio y los recursos locales y crean la necesidad de contar con servicios sociales, transporte, gestión de residuos y control de la contaminación que estén bien organizados y sean eficientes.
De acuerdo a las cifras de la Secretaría de Desarrollo Social, 210 mil 331 hogares concentran los mayores índices de pobreza en el país. Su marginación es catalogada como muy alta. Estos hogares se ubican, de manera decreciente, en siete entidades mexicanas: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Nayarit y Durango.
De los más de 210 mil hogares en situaciones extremas, Guerrero tiene 35 mil 565, Veracruz 34 mil 6, Puebla 17 mil 42, Nayarit 5 mil 113 y Durango 4 mil 726.
Un dato alarmante es que Guerrero tiene 37 municipios con comunidades en la categoría de muy alta marginación y 36, en alta marginación, los cuales se ubican en las costas Chica y Grande, la Montaña y la Sierra e incluso colonias populares de Acapulco.
Si se toma en cuenta sólo el número de hogares y los rangos ya mencionados de marginación, Cochopa, Guerrero, es el municipio con menos desarrollo humano dónde el 96.9% se encuentra en pobreza alimentaria, el 97.6% en pobreza de capacidades y un 98.1% en pobreza de patrimonio.
Según el último reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha señalado que dicho Municipio de Cochopa El Grande, es el municipio más pobre de México, con altos niveles de miseria, desnutrición, enfermedades y analfabetismo, situación que ha sido comparada con pueblos de iguales carencias en el África Subsahariana.
Por ello, un candidato ideal para la aplicación del esquema de Ciudades Rurales Sustentables y de políticas afines, es el Estado de Guerreo, dónde es urgente conjugar acciones del Gobierno Federal y del Gobierno Local, próximo a un cambio, situación que podría reflejar un periodo óptimo para diseñar y aplicar políticas públicas eficientes a tal efecto.
Como ustedes saben, la dispersión es una realidad en el Estado de Guerrero y causa de la pobreza. La enorme distancia que hay entre familias y personas hace imposible acercar los servicios básicos de agua, drenaje, educación, salud, vivienda, empleo digno y remunerado.
La distribución territorial de la población continúa siendo bipolar con una creciente concentración en los centros urbanos y una gran dispersión de la población rural en localidades pequeñas y aisladas.
Es así que el modelo de ciudad rural sustentable representa un marco referencial conveniente para la eficiente planificación de comunidades sustentables guerrenses, impulsando de este modo el desarrollo social y económico, primordialmente de los municipios de la Costa Chica, Costa Grande y la Montaña, cuya población sufre de condiciones económicas precarias, lo que los convierte en doblemente vulnerables.
De los más de tres millones 200 mil guerrerenses, alrededor de 600 mil son indígenas náhuatl, mixtecos, tlapanecos, amuzgos, así como “afromexicanos” que sobreviven en condiciones de extrema pobreza.
Naciones Unidas ha señalado que el 96 por ciento de la población indígena en Guerrero no tiene acceso a servicios de salud, por falta de hospitales con personal calificado y con equipamientos básicos.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia señala que la mortalidad infantil es particularmente elevada en algunos municipios como Cochoapa El Grande, Metlatonoc, Alcozauca, Tlapa y Chilapa. Ha advertido que mueren 89 niños por cada mil nacidos vivos, mientras el promedio es de 28 en México y de seis en los países industrializados. Muchos niños mueren de enfermedades fáciles de curar, en países del primer mundo.
El campo se encuentra en una situación crítica y familias completas migran a las ciudades y al país vecino del norte; la drogadicción y el narcotráfico amenazan la estabilidad social y la gobernabilidad; la corrupción e impunidad expresan la descomposición del Estado.
Un informe del Consejo Nacional de Población, publicado en 2010, destaca que Guerrero es el estado con más alta marginación: uno de cada cuatro habitantes carece de drenaje; uno de cada tres habita viviendas con piso de tierra, y tres de cada 10 no tiene agua entubada, y más de la mitad de la población vive en hacinamiento.
Asimismo, 27 mil 964 forman parte de la población indígena que percibe menos de un salario mínimo mensual, lo que provoca altos niveles de migración a estados como Sinaloa, Sonora, Baja California y Morelos, donde trabajan como jornaleros agrícolas.
De acuerdo con un análisis de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, se ubica a Guerrero como el estado con mayores niveles de marginación y se añade que en las zonas urbanas guerrerenses también hay datos alarmantes, pues en Acapulco hay más de 43 mil familias con muy alto grado de marginación.
Tomando estas referencias, es urgente encaminar acciones plausibles que deriven en el cambio progresivo a las comunidades más necesitadas de éste Estado, con el fin de erradicar su actual y menesteroso escenario.
La política pública de ciudades rurales sustentables, debe ser aplicada en las regiones con más altos índices de dispersión, como es el caso de Guerrero y llevar a la población nuevas oportunidades de vivienda digna y servicios básicos de calidad; agua potable; planta potabilizadora; drenaje y alcantarillado; plantas de tratamiento de aguas residuales; electricidad y alumbrado público mediante celdas solares; torre de comunicaciones con telefonía fija y celular; acceso a internet y redes de información; centros de educación básica integral equipado con tecnología de punta y centros de salud con servicios ampliados.
En este sentido, es de reconocer el esfuerzo del gobierno federal, el gobierno del estado de Chiapas y la iniciativa privada al atender y dar respuesta a la dispersión y a la pobreza vivida en ciertas zonas, mediante la política pública de ciudades rurales sustentables.
Bajo este esquema de colaboración, en el caso de Nuevo Juan del Grijalva la inversión alcanzó los 481.7 millones de pesos, de los cuales 84.8 por ciento provino del Gobierno Federal, a través del Ramo 23 y la Conavi; 14.1 por ciento aportado por el sector empresarial y bancario con mayor relevancia en el país; y 1.1 por ciento del gobierno del estado.
Las 410 y las 468 viviendas que constituyen a Nuevo Juan del Grijalva y Santiago el Pinar respectivamente, conjugan servicios públicos garantes de calidad de vida, infraestructura para la preservación del medio ambiente y programas productivos que contribuyen al desarrollo social y económico de sus habitantes.
Ambas ciudades, cuentan con viviendas de 60 metros cuadrados de construcción ubicadas dentro de predios de 300 metros cuadrados, edificadas con materiales térmicos, habilitadas con estufas ecológicas, con plantas de tratamiento de aguas residuales y potabilizadora de agua, con alumbrado fotovoltaico, con una red subterránea de instalaciones hidráulicas y sanitarias, con conectividad a telefonía local y celular e Internet, con servicios urbanos que incrementan la calidad de vida de sus habitantes como una terminal de transporte, un centro de atención infantil, una agencia municipal, una comandancia, una biblioteca, un corredor de micronegocios, y una posada para hospedaje turístico en el caso de Nuevo Juan del Grijalva.
Por lo anterior, es de inmediata aplicación este tipo de modelos habitacionales en las zonas marginadas guerrerenses.
Las buenas prácticas y los modelos exitosos, como la reubicación de la comunidad San Juan del Grijalva lograda en Chiapas, deben ser experiencias inspiradoras a otras regiones que así lo necesiten.
Por ello, el esquema de Ciudades Rurales Sustentables, debe ser aprovechado no solo por el gobierno guerrerense, sino por todos aquellos que lo demandan, para que la reubicación y reconstrucción de las viviendas de las familias mexicanas se logre bajo un esquema de desarrollo sustentable, adecuado a sus propias condiciones, necesidades y particularidades.
Para tal efecto, resulta conveniente tener en cuenta el Programa Especifico para el Desarrollo Habitacional Sustentable ante el Cambio Climático de la Conavi, con el cual se busca establecer nuevas orientaciones de sustentabilidad energética y ambiental en las políticas y acciones del sector vivienda, mediante la utilización de nuevos sistemas constructivos con materiales y tecnologías de eficiencia energética y de minimización de impactos ambientales, entre otros aspectos. Cabe la pena destacar que este instrumento prevé una metodología para evaluar la vivienda sustentable en México, aprobada por el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto de la ONU, siendo la primera metodología de esta naturaleza en el mundo.
En este sentido y bajo estas consideraciones, solicito el apoyo de esta Soberanía para que ésta proposición con punto de acuerdo, se convierta en una herramienta que contribuya a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Estado de Guerrero y se implemente la política pública de ciudades rurales sustentables, como un mecanismo de vida digna, que brinde la alternativa para construir sociedad, gobernanza e identidad.
Todo esfuerzo encaminado a conseguir el desarrollo sostenible exige una acción coordinada y como legisladores tenemos el compromiso y la obligación de coadyuvar con los esfuerzos del gobierno federal y estatal y romper con la realidad de dispersión y pobreza.
Para ello, es imprescindible que los tres órdenes de gobierno y el sector privado nos unamos en aras de otorgarle a los mexicanos las condiciones necesarias que impulsen un desarrollo económico sustentable, ofreciéndoles áreas territoriales que conjunten servicios públicos de calidad e igualdad de oportunidades, lo que permitirá garantizarles una vida de calidad y por ende un desarrollo humano sustentable.
En virtud de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Comisión Nacional de Vivienda participe en el diseño e instrumentación de un modelo de ciudad rural sustentable para los habitantes de los municipios de la Costa Chica en el Estado de Guerrero, con respeto y apego a sus necesidades y a las características geográficas, económicas, ambientales, culturales y de costumbres propias de la zona.
Segundo. Esta soberanía exhorta respetuosamente a los gobiernos del estado de Guerrero y de los municipios de la Costa Chica, a que realicen acciones conjuntas que promuevan la creación de Ciudades Rurales Sustentables, involucrando al sector privado en la construcción de la misma.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados, a 12 de abril de 2011.
Diputado Ángel Aguirre Herrera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que asigne una partida de 3 mil 600 millones de pesos, de recursos petroleros excedentes o subejercicios del presente año, al Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, con objeto de entregar el apoyo social pendiente de pago, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos aportados por los ex trabajadores mexicanos braceros
La Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los ex Trabajadores Mexicanos Braceros, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56 y 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, asigne una partida por tres mil seiscientos millones de pesos, de recursos de excedentes petroleros o subejercicios del presente año, para el Fideicomiso 2106 que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, con el objeto de entregar el apoyo social a ex braceros pendientes de pago.
Antecedentes
Como resultado de los trabajos de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos aportados por los ex trabajadores mexicanos braceros, en esta LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, se demuestra que ha prevalecido un acuerdo constante entre sus integrantes para lograr el compromiso de pagar a la totalidad ex braceros que faltan por cobrar su apoyo social y que la Secretaría de Gobernación los tiene como viables de pago. Contribuyendo con ello a hacerles justicia y por lo tanto gocen de un derecho que esperan desde hace más de sesenta años.
Cuando los ex braceros dejaron a sus familias para buscar un trabajo y bienestar en otro país con la promesa de que recibirían el diez por ciento retenido del producto de su trabajo, mismo que sería regresado al termino de la relación laboral, la verdad es que a más de sesenta años de iniciada las primeras relaciones laborales, la mayoría de los ex braceros no han recibido absolutamente nada; y dadas las condiciones difíciles en nuestra economía no pueden seguir esperando a que esos recursos que les corresponden se posterguen por más tiempo, es por ello que los integrantes de la comisión plantean una solución definitiva y expedita para cubrir el pago de 38 mil pesos que les confiere la ley.
Para cumplir con el fideicomiso la Secretaría de Gobernación integró un padrón de ex trabajadores migratorios, que deberían acreditar con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942 a 1964.
Consideraciones
Hasta el 2010 se han realizado los siguientes movimientos:
De la primera y segunda convocatorias son 188,913 beneficiarios, así como de la lista de ex braceros registrados en Estados Unidos de América son 5,089, a razón de 38 mil pesos por beneficiario dando un total de 7 mil 372 millones 76 mil pesos.
*Nota: La lista de ex braceros registrados en Estados Unidos de América, aún no ha sido publicada.
De la primera y segunda convocatoria se han pagado un total de 2 mil 171 millones 322 mil pesos; para el año 2011 se contempla pagar un mil 870 millones 193 mil pesos, por lo tanto ambas cantidades dan un total de 4 mil 41 millones 322 mil pesos.
Para liquidar la totalidad de los ex trabajadores braceros, así como para el pago de gastos de operación se requiere una cantidad de 3 mil 600 millones de pesos.
De los datos mencionados se desprende que no se ha pagado ni siquiera a la cuarta parte del total de beneficiarios publicados. Ante ello los integrantes de la comisión solicitan de manera respetuosa al titular del Ejecutivo Federal asigne una partida especial por 3 mil 600 millones de pesos para el Fideicomiso 2106 que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, con el objeto de entregar el apoyo social a ex braceros pendientes de pago.
En este punto de acuerdo todos los integrantes de la comisión, de diferentes representaciones partidarias, están en la mejor disposición de que se pague el total del apoyo social a todos los beneficiarios publicados, tanto a los que no han cobrado o les falta alguna parte, no sólo por los argumentos antes referidos, sino porque consideramos que las personas que recibirán el recurso, son personas de más de 80 o 90 años de edad, muchas con problemas de salud física o mental, con una situación económica precaria, en la pobreza total, alejados de la sociedad, soportando malos tratos, humillaciones y discriminación por parte de servidores públicos. Ya que cuando acuden a cobrar se les ve y da un trato como ciudadanos de segunda. Ellos viven con la esperanza de tener en sus manos el dinero que algún día ahorraron cuando se fueron a trabajar a otro país y que, sin embargo gobiernos sin escrúpulos los despojaron de su derecho, dejándolos en estado de indefensión; hoy los integrantes de esta comisión queremos que esas personas que en un momento de su existencia dieron parte de su vida laboral trabajando en un país que no era el suyo reciban su derecho; para estas personas esperar un año es vivir bajo la angustia y la zozobra, con un coraje de no tener la certeza de que recibirán el pago de su ahorro, por lo que no rehuyeron a dejar a sus familias, con la ilusión de dejar un legado a sus descendientes de servir a la nación aun en otro país.
Por otro lado, la bonanza petrolera que México está disfrutando en los últimos meses permitiría usar los recursos excedentes del petróleo para financiar el pago para el Fideicomiso 2106 que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, es una oportunidad histórica para revertir muchos de los rezagos cometidos en las economías de nuestros ex braceros. Es por ello que solicitamos que con los recursos excedentes del petróleo o de los subejercicios del presente año se asigne la partida por tres mil seiscientos millones de pesos para el Fondo el Fideicomiso 2106 que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, con el objeto de entregar el apoyo social a ex braceros pendientes de pago.
Lo antes expuesto no sería un gasto, sería una inversión, sería la oportunidad de hacer justicia a miles de ex braceros, por otra parte el gobierno federal cumpliría de manera cabal con una gran número de nacionales y los Legisladores lograrían cumplir con la visión de la comisión al lograr mejores condiciones para los ex braceros, mejorando su calidad de vida, así como cumplir como verdaderos garantes de los derechos de sus representados, o sea, los ciudadanos, trascendiendo el gobierno federal y la Legislatura LXI en la historia de nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito se someta a la consideración de este honorable cuerpo legislativo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que asigne una partida por tres mil seiscientos millones de pesos para el Fideicomiso 2106 que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, de recursos de excedentes petroleros o subejercicios del presente año, para el Fideicomiso 2106 que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, con el objeto de pagar el apoyo social a ex braceros pendientes de pago, en este año 2011, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su fracción I, en donde los excedentes de ingreso que resulten de la Ley de Ingresos distintos a lo previsto en las fracciones II y III de lo previsto en el artículo 20, deberán destinarse en primer término a compensar el incremento en el gasto no programable, respecto al presupuestado por concepto de participaciones, costo financiero, derivado de modificaciones en la tasa de interés o el tipo de cambio; adeudos de ejercicios fiscales para cubrir ...
Con base en el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2o., 3o., 5o. y 6o. de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre del 2010, en su artículo transitorio segundo que a la letra dice: se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se opongan al presente decreto.
Artículo quinto transitorio de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, que a la letra dice: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las previsiones necesarias, a fin de que a los beneficiarios se les otorgue el apoyo social establecido en la fracción segunda del artículo quinta de esta Ley, en un plazo no mayor de 180 días contados a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones a los trece días del mes de abril del año 2011.
Diputados: José Antonio Arámbula López (rúbrica), presidente, María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), secretarios; Diputado Alfredo Francisco Lugo Oñate (rúbrica), David Hernández Vallín (rúbrica), José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), Manuel Márquez Lizalde (rúbrica), María Isabel Merlo Talavera (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León (rúbrica), María. Sandra Ugalde Basaldua (rúbrica), José M. Torres Robledo (rúbrica), Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Reyes Tamez Guerra (rúbrica), María Gudalupe García Almanza.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar montos suficientes para resolver los problemas generados, particularmente incendios forestales, por las condiciones climáticas, y prever en el PEF mayores partidas a fin de que la Conafor esté en mejores circunstancias de enfrentar los siniestros que afectan los recursos forestales, suscrita por los diputados Héctor Franco López y Hugo Héctor Martínez González, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, integrantes de la Coordinación de la Diputación Federal de Coahuila, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
En México existe una gran diversidad de bosques y selvas, se estima que éstas cubren aproximadamente 64.5 millones de hectáreas en México, lo que representa el 33 por ciento del territorio nacional.
El fuego desempeña un importante rol dentro del ciclo vital de los ecosistemas forestales al igual que otros fenómenos naturales, sin embargo en los últimos años el número de repeticiones de éstos y las condiciones climáticas prevalecientes han ocasionado considerables aumentos y amenazas severas a los ecosistemas.
Los incendios afectan de manera negativa al medio ambiente por la deforestación, la erosión, la pérdida de la biodiversidad y la generación de bióxido de carbono (CO2) que afectan al paisaje y al hábitat de la fauna silvestre. La prevención del fuego es de vital importancia para evitar que se provoquen incendios forestales y minimizar sus consecuencias una vez declarados.
El riesgo de incendios forestales durante las temporadas de sequía aumenta debido a la acumulación combustible orgánico seco en los bosques y selvas; asimismo señala la Secretaría de medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que la principal causa se refiere a la acción humana representando más del 90 por ciento de los incendios, debido a las prácticas tradicionales de uso inadecuado del fuego para la agricultura y quemas intencionales por diversas razones en zonas forestales.
Hoy los grandes incendios son más frecuentes e intensos debido al aumento de las temperaturas y la prolongación de las olas de calor.
Muestra de lo anterior se refleja en la siguiente gráfica elaborada con información de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en la que se observa que sólo en el periodo de enero a marzo de 2011 sólo se ha superado el número de incendios de los últimos 11 años.
Años
La Semarnat reporta que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 se registraron 6,125 incendios forestales en 32 entidades federativas, afectando una superficie de 114 mil 723.38 hectáreas, de esta superficie el 89.32 por ciento correspondió a áreas con pastos, arbustos y matorrales y el 10.68 por ciento a áreas arboladas. Las entidades federativas con mayor número de incendios fueron: México, Distrito Federal, Michoacán, Chihuahua, Puebla, Chiapas, Baja California, Oaxaca, Veracruz y Jalisco, que representan el 78.91 por ciento del total nacional.
Las entidades federativas con mayor superficie afectada fueron: Baja California, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Puebla, Quintana Roo y Sonora, que representan el 72.60 por ciento del total nacional.
Por otra parte, tan sólo en el periodo del primero de enero al 7 de abril de 2011 de acuerdo con el reporte semanal de resultados de incendios forestales, se han registrado 5, 743 incendios forestales en 30 entidades federativas, afectando una superficie de 100,108.61 hectáreas, de esta superficie el 94.27 por ciento correspondió a áreas con pastos, arbustos y matorrales y el 5.73 por ciento a áreas arboladas.
Los datos anteriores muestran el creciente número de incendios en nuestro país, y los incendios del estado de Coahuila han rebasado el número de hectáreas afectadas en todo el 2010.
Coahuila, desde el mes de marzo, ha sido afectado por fuertes incendios forestales en los cerros del norte del estado que hasta el 12 de abril habían afectado un total: 99 mil 85 hectáreas de las cuales 56 mil 400 corresponden a pastizales, 41 mil 295 a arbustos y matorrales y mil 390 a arbolado adulto. Por espacio geográfico, en El Bonito están afectadas 36 mil hectáreas, en La Sabina 45 mil, en Palos Blancos 18 mil y en El Coahuilón 85 hectáreas afectado un total y tan sólo en esos incendios al 12 de abril.
En el combate a estos incendios participan formalmente un total 864 de los cuales Conafor participa con 55, Sedena 178, gobierno del estado y municipios 209, sector social y privado 162, CNA 2, PFP 250 y Conanp 8.
El control del incendio se ha dificultado a los vientos sostenidos de 30 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora con dirección cambiante y a la topografía que dificulta el acceso a los frentes de combate.
Cabe destacar que a la fecha en los incendios de El Bonito y La Sabina las autoridades ya hablan de una afectación de más de 193 mil 222 hectáreas, de las cuales 125 mil 440 corresponden pastizales (65 por ciento), 62 mil 874 a arbustos (33 por ciento) y matorrales y 4 mil 908 a arbolado adulto (3 por ciento).
Adicionalmente a estas cifras, en el incendio de Palos Blancos se tiene una superficie afectada de 22 mil 800 hectáreas y en el de El Coahuilón se tiene una superficie afectada de 85 hectáreas. En este sentido, la superficie total afectada por los incendios en Coahuila es de 216 mil 107 hectáreas.
El gobernador del Estado Jorge Torres López señaló que desde el inicio de los incendios forestales en Acuña, Ocampo y Múzquiz que se dieron entre el 16 y 17 de marzo el Gobierno del Estado de Coahuila no ha escatimado recursos humanos y materiales para apagar los incendios en cuyo combate se han invertido recursos estatales, sin embargo éstos fueron insuficientes.
Debido a la gravedad del fenómeno, con fecha 31 de marzo, y siendo la primera declaratoria por Incendios, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) solicitó la emisión de una declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de los incendios forestales en Coahuila, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de abril del año en curso, ese día, fueron solicitados recursos en carácter de apoyos parciales inmediatos (Apin) por 103.3 millones de pesos, los cuales fueron autorizados el 8 de abril de 2011.
Con fecha 19 de abril de 2011, la Conafor realizó una segunda solicitud de recursos bajo la figura de APIN por 137.6 millones de pesos, mismos que fueron autorizados el 20 de abril del presente año. Con lo anterior, al día de hoy se han autorizado 240.9 millones de pesos para atender los daños ocasionados por los incendios forestales de los últimos días.
Hoy la administración pública demuestra desconocimiento, falta de sensibilidad y de criterio para definir una real política en este ámbito, particularmente para diseñar medidas preventivas en contra de los incendios forestales. En tal razón, literalmente se atienden los problemas de nuestro país sólo con bomberazos.
Año con año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la propia Semarnat demuestran su falta de previsión en cuanto a las soluciones de fondo de los problemas ambientales; muestra de ello es el presupuesto destinado por la Conafor al combate de los incendios forestales ya que resulta insuficiente, así tenemos que para el 2010 se aprobaron 5 mil 371.7 millones de pesos (mdp) para la Conafor y de esos se asignaron 640.4 mdp para el combate a los incendios forestales en todo el país, lo que representó el 11.9 del presupuesto total de la comisión y para el 2011 a la Conafor se le asignaron 6 mil 482.8 mdp es decir un 20 por ciento más que en 2010, sin embargo, para el combate a los incendios forestales sólo se le asignaron 619.3 mdp, es decir, 21.1 mdp menos que en 2010, lo que representó un 3.3 por ciento menos. Asimismo sólo representó el 9.6 por ciento del presupuesto total de la Conafor. También es de destacar que en la discusión y aprobación del presupuesto de cada año esta Soberanía ha ampliado de manera considerable los recursos para la Conafor y los destinados al combate a los incendios forestales.
Los datos anteriores y a la luz de la infinidad de literatura existente y de las diversas propuestas para mejorar nuestro entorno ambiental, muestran la falta de compromiso del Ejecutivo federal y sus funcionarios para con los crecientes problemas ambientales que enfrenta nuestro país, y peor aún, que en el ámbito internacional se emiten discursos para mejorar el medio ambiente, olvidando atender de manera eficaz los problemas que se tienen al interior.
En atención a todo lo anteriormente descrito y en coincidencia con expertos y propietarios afectados por los incendios forestales en nuestro país, creemos que siempre será menos costoso implantar medidas preventivas en contra de los incendios así como en cualquier otro ámbito de actividad.
Es por eso que acudimos a esta tribuna para solicitar su respaldo a la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que dadas las condiciones de siniestrabilidad de que ha registrado nuestro país en los últimos años, considere los recursos suficientes para hacer frente a los problemas generados por las condiciones climáticas, particularmente en lo relacionado con los incendios forestales, así como para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se considere mayores recursos para que la Conafor esté en mejores condiciones de enfrentar los siniestros que afectan nuestros recursos forestales.
Segundo. Se exhorta a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional Forestal para que en el diseño de la política ambiental de nuestro país, se privilegien las medidas y acciones preventivas, particularmente para enfrentar los problemática relacionada con los incendios forestales.
Tercero. Se exhorta a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal a invertir en mayor infraestructura para el combate a los incendios forestales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de abril de 2011.
Diputados: Héctor Franco López, Hugo Héctor Martínez González (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a emprender acciones conducentes al cumplimiento de las recientes reformas del artículo 48 de la Ley General de Educación respecto a los programas de educación normal y demás para la formación de profesores de nivel básico, a cargo de la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Elsa María Martínez Peña, diputada integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en lo previsto en los artículos 6.1.I y 79.2.I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a emprender las acciones pertinentes para dar cumplimiento a las recientes reformas al artículo 48, de la Ley General de Educación, respecto a los programas de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Las escuelas normales, sus alumnos y docentes, son elementos fundamentales para la consolidación de la calidad del sistema educativo nacional.
2. Éstas se fundaron para ser la base de la construcción de una política educativa para el país, que se adecuaría a las necesidades que su contexto demandaba.
3. Fueron pensadas como el espacio y mecanismo idóneo para emprender la labor de expansión educativa de un México analfabeta y con necesidad de una ciudadanía educada. Aunque, con los años, los objetivos que dieron origen a estas instituciones educativas fueron casi alcanzados en su totalidad, no por ello su importancia se vio disminuida.
4. El contexto en el que éstas surgieron mutó, al igual que el tipo de demanda educativa. Las zonas rurales, que fueron absorbidas por las grandes ciudades, disminuyeron gradualmente los niveles de analfabetismo; presenciamos un desarrollo vertiginoso de la ciencia y la tecnología, su difusión y aplicación; y vivimos cambios en la estructura de la pirámide demográfica.
5. Todos estos elementos generaron la exigencia para que los docentes –quienes educan a nuestros niños y jóvenes– obtuvieran una formación de calidad, pues sólo así es posible que contemos con un capital humano competitivo en el mediano y largo plazo.
6. El mejoramiento de la calidad de las escuelas normales y demás para la formación de maestros de educación básica, pasa sin duda alguna por la revisión y reforma de sus planes y programas de estudio. Atendiendo a esta inquietud, la firma de la Alianza por la Calidad de la Educación considera mejorar sustancialmente la formación de profesores y reformular los programas de superación académica y profesional del personal docente.
7. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza consideramos que las escuelas normales y demás para la formación de maestros, se encuentran ante una oportunidad de redefinición del rumbo que quieren y deben tomar.
8. El 28 de enero de 2011, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la modificación al artículo 48 de la Ley General de Educación, que corresponde a la sección 2, de los Planes y Programas de Estudio. Al respecto se especificó que “La Secretaría realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas de los planes y programas a que se refiere el presente artículo, para mantenerlos permanentemente actualizados. En el caso de los programas de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica serán revisados y evaluados, al menos, cada cuatro años”.
9. Es del conocimiento de esta Cámara de Diputados que las escuelas normales se han sometido de manera reciente a un proceso de evaluación de sus planes y programas de estudio. Sin embargo, éste ha sido parte de una estrategia que responde al Programa Sectorial de Educación 2007-2012.
10. Reconocemos que se ha emprendido desde 2010 un proceso de evaluación de los programas de estudio de las escuelas normales por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), al igual que había ocurrido ya en muchas otras instituciones de educación superior de los diversos subsistemas.
11. La página web de dicho comité reporta que, hasta febrero de 2011, han sido evaluados 3,690 programas de 175 escuelas normales públicas (de las 268 existentes), ubicándose 67.3 por ciento en el nivel I, 24.7 por ciento en el nivel II, y 8 por ciento en el nivel III.
12. Sin embargo, se debe considerar que esta acción, de acuerdo a lo señalado en el artículo 48 de la Ley General de Educación, debe ser emprendida para todos y cada uno de los programas de educación de las escuelas normales y demás para la formación de maestros. Además que el objetivo de lo plasmado en la Ley General de Educación es, entre otros, hacer de ésta una práctica que trascienda periodos sexenales.
13. Además de ello, se estableció un tope mínimo de tiempo en el cual deberá llevarse a cabo el ejercicio de revisión y evaluación de los programas. Sin embargo, el resto de instituciones de educación superior someten a evaluación sus programas de forma anual.
14. Por lo tanto, y sin menosprecio de los logros obtenidos hasta hoy con las evaluaciones emprendidas a los programas de las escuelas normales en la presente administración, en Nueva Alianza consideramos prioritario que se reinicie el proceso para que éste arranque de manera uniforme en todas y cada una de las escuelas normales y demás para la formación de maestros; y que su evaluación sea lo más periódica posible, dentro de los márgenes establecidos por la ley. El objetivo es que dicha actividad quede calendarizada y no forme parte de las numerosas acciones que existen sólo en el texto de la ley.
15. Adicionalmente consideramos necesaria la intervención de pedagogos y normalistas en dicho proceso, debido a que la educación normal es por demás compleja y responde a dinámicas diversas y diferenciables del resto de las instituciones de educación superior que han sido evaluadas por los CIEES.
16. Dada la importancia de la educación normal y la formación de los futuros docentes de la educación básica, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos prioritario que la reforma al artículo 48 de la Ley General de Educación, en comento, sea aplicada a la brevedad y que en el proceso se incorpore la participación de personal altamente calificado en el espacio pedagógico-normalista para dar buen término a la identificación de áreas de oportunidad y debilidades en los programas de educación normal y demás para la formación de maestros en educación básica.
Por las consideraciones expuestas y fundadas, las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, sometemos a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a emprender las acciones pertinentes para que a partir del ciclo escolar 2011-2012 se inicie el proceso de revisión y evaluación de todos los planes y programas de estudio de la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, en cumplimiento a la reciente reforma al artículo 48 de la Ley General de Educación; así como a incorporar en el proceso a personal altamente calificado en el espacio pedagógico y normalista.
Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a establecer una calendarización nacional para dicho proceso.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2011.
Diputada Elsa María Martínez Peña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a realizar por la Sectur medidas para mantener en Acapulco, Guerrero, el Tianguis Turístico, a cargo del diputado Ángel Aguirre Herrera
El que suscribe Ángel Aguirre Herrera, diputado sin partido de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción I y III, 113 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Turismo se realicen e implementen las medidas necesarias para mantener el Tianguis Turístico en el puerto de Acapulco, Guerrero, con fundamento en las siguientes
Consideraciones
En los últimos años, el turismo en el mundo ha crecido a tasas superiores que la economía en su conjunto. Esta característica, coloca a las actividades relacionadas con las diferentes prácticas turísticas y los servicios que implica, en una situación de auge económico, en virtud de que para muchos países, o regiones dentro de ellos, como es el caso de México, se convierte en una de sus principales actividades económicas.
Es decir, la industria turística representa un factor determinante en la economía de cualquier país que busca un crecimiento elevado y sostenido de productividad, lo que indudablemente conduce a un aumento de los niveles de vida para los habitantes de esa región.
Bajo esta perspectiva, es importante destacar que el estado de Guerrero, principalmente Acapulco, ha sido la cuna y el impulsor de la actividad turística en México. Ha representado la imagen de nuestro país en el mundo y también ha contribuido a posicionarnos como un destino con atractivas playas y un adecuado clima.
Magnates, artistas de cine, radio y televisión, políticos y todo el segmento de la alta sociedad nacional e internacional hicieron de Acapulco, un destino de excelencia mundial, situación que valió para que desde el año de 1975, invariablemente, se lleve a cabo el Tianguis Turístico, evento que se ha consolidado como un foro de negocios especializado y vanguardista, permitiendo posicionar a México en el entorno turístico mundial.
El Tianguis Turístico, es un emblema del turismo mexicano. Es la plataforma promocional de turismo más importante de la región latinoamericana, por la que, a través de la labor conjunta de los diversos actores de la industria, ha permitido consolidar la promoción y comercialización de los destinos, productos y servicios turísticos nacionales.
Este evento reúne las principales empresas dedicadas a la industria, pero a diferencia de las principales ferias turísticas mundiales, donde se promueven los destinos internacionales, el Tianguis Turístico de Acapulco sólo vende uno: México, por lo que brinda la oportunidad de constituirse como un foro único de negocios, donde compradores nacionales e internacionales se reúnen con las más de 500 empresas prestadoras de servicios turísticos de nuestro país, lo que demuestra que este encuentro se consolida como un instrumento promocional que ha permitido impulsar, desde hace más de tres décadas, la comercialización de los diferentes destinos y productos turísticos que ofrece México al mundo.
Como ustedes bien saben, el Tianguis Turístico de Acapulco se ha venido fortaleciendo como una sólida plataforma de negocios y un evento de importancia económica para la denominada industria sin chimeneas, toda vez que contribuye a fomentar la competitividad en este sector.
Los resultados de sus valiosas 36 ediciones, han demostrado que el Tianguis Turístico de Acapulco es el escenario para concretar acuerdos comerciales, brindar opciones a los proveedores y promocionar al país.
De igual manera, ha contribuido a cumplir los objetivos trazados por la actual administración de convertir a México en una potencia turística que tiene mucho que ofrecer a los visitantes nacionales y extranjeros
Por lo anterior, es importante señalar que el Tianguis Turístico fue concebido por y para Acapulco y será injusto, que en el Año del Turismo, el gobierno federal, a través de su secretaría, prive a nuestro destino de este apoyo, sin tomar en cuenta los tiempos y eventos que actualmente vivimos a nivel nacional, decisión poco consensada, al señalar la intención de que dicho evento salga de este reconocido y maravilloso puerto, y se realice de forma itinerante.
Esta postura se toma como lamentable, después de que la Secretaría de Turismo reconoció que el Tianguis Turístico es el evento más importante de México y que actualmente cobra una mayor importancia en el marco del Acuerdo Nacional por el Turismo, que suscribió el presidente Felipe Calderón, así como gobernadores, legisladores, empresarios, académicos y demás representantes del sector.
Por estas razones, las acciones del gobierno federal han originado que la sociedad guerrerense, empresarios, trabajadores turísticos, autoridades estatales y municipales, así como legisladores locales y federales, rechacemos energéticamente que el Tianguis Turístico salga de Acapulco.
Cabe señalar, que los dirigentes de la Confederación Nacional Turística y de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, han referido que ellos tampoco fueron consultados para sacar el Tianguis de Acapulco y lamentan que en esta decisión no sea tomado en cuenta el punto de vista del sector, por lo que ahora proponen un acuerdo entre los gobiernos federal y estatal y se fijen las actividades necesarias, con el objeto de que se quede en Acapulco tal evento.
En un posicionamiento sobre la decisión tomada por el gobierno federal, el líder de los hoteleros advirtió que la idea de hacer itinerante dicho tianguis, debió madurarse y generar reglas específicas, en vez de anunciarse y luego crear los mecanismos, pues es claro que de llevar a cabo tal disposición, se generará una división en el sector turístico nacional, contradicción al mismo pronunciamiento gubernamental para la unidad del sector turístico nacional, puesto que con esta medida, el efecto será la animadversión y división, en lugar de unidad de propósitos y trabajo coordinado.
Asimismo, diversos sectores del ramo turístico, señalaron que el Tianguis Turístico es un evento organizado por la federación, con 36 años de realizarse en Acapulco, por lo que consideran de extrema importancia que el gobierno federal consulte esa disposición con el sector turístico de esa localidad. Tal es el caso del Festival Internacional Cervantino, que si bien organiza el gobierno federal, se sabe de antemano que es de Guanajuato y hacerlo itinerante sería una mala decisión. Compañeros legisladores: ¿no es acaso que nuestra tarea legislativa, entre muchas otras cosas, debe ser encaminada al progreso de las regiones y a la satisfacción de las necesidades de sus habitantes? ¿Alguno de ustedes sabe en qué lugar del mundo se realizan ferias itinerantes? Las ferias más importantes como Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid con 31 años de existencia; Feria Mundial y Congreso de la industria de viajes (ITB) en Berlín con 45 años; Borsa Internazionale del Turismo (BIT) en Milán con 31 años, SITV en Montreal con 22 años, y ABAV en Río de Janeiro con 38 años consecutivos entre otras importantes en el mundo, se han consolidado y se mantienen vigentes en sus lugares de origen. Sin duda, la medida tomada por el Ejecutivo federal, atenta con el principio de lograr un equilibrio en el desarrollo económico regional del país y profundiza la brecha entre los estados ricos y los de menos recursos. Guerrero vive del turismo y esta industria contribuye con 10 por ciento del producto interno bruto (PIB).
Por ello, los exhorto a pronunciarse en contra de esta medida. Debemos recordar que la promoción turística de Acapulco es un asunto especializado y complejo, que requiere grandes esfuerzos y cuantiosos recursos para competir con eficacia, frente a otros destinos de playa en México y del extranjero.
Debemos trabajar de manera coordinada y los diputados por el estado de Guerrero, sin importar la ideología o plataforma política, debemos trabajar a favor de la actividad económica más importante del puerto: el turismo. Lograrlo requiere del apoyo y la unidad de todos los sectores para colocar no sólo a Acapulco, sino al estado de Guerrero en el nivel que todos queremos.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Esta soberanía exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Turismo se realicen e implementen las medidas necesarias para mantener el Tianguis Turístico en el puerto de Acapulco, Guerrero.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Turismo a diseñar e implementar medidas de política pública que fortalezcan la promoción turística en el país y en el extranjero, para mejorar significativamente la imagen de México como destino competitivo y para difundir su amplia y diversa oferta turística.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Turismo, a la Secretaría de Economía y a ProMéxico a fomentar la inversión pública y privada y facilitar el financiamiento al sector turístico, con medidas de política pública eficientes y eficaces que incentiven el flujo de recursos para el desarrollo de los destinos turísticos y estimulen el crecimiento y la participación de las pequeñas y medianas empresas en el sector.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2011.
Diputado Ángel Aguirre Herrera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener y a Pemex a tomar medidas preventivas y evitar la circulación, el estacionamiento y las maniobras de unidades de carga doblemente articuladas en zonas habitacionales o comerciales y en el centro histórico de Puerto Vallarta, así como para evitar ahí desastres por sustancias químicas peligrosas y combustibles, suscrita por integrantes de la Comisión Especial en materia de protección civil
Los diputados Fernando Morales Martínez, Rafael Yerena Zambrano, Onésimo Mariscales Delgadillo, Enrique Torres Delgado, Avelino Méndez Rangel, como integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, y legisladores de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, suscriben el presente documento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Energía y a PEMEX para tomar las medidas preventivas y evitar la circulación, estacionamiento y maniobras de unidades de carga doblemente articuladas en las zonas habitacionales, comerciales y en el centro histórico del municipio de Puerto Vallarta, así como para prevenir desastres que se pudieran ocasionar por sustancias químicas peligrosas y combustibles en dicho municipio, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
En 2008 en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco se genera una campaña denominada “Por una vialidad segura”, esta campaña detecta el ingreso de camiones tipo Full (articulados de un promedio de 60,000 litros de combustible) al centro de la ciudad, lo cual no está permitido por la leyes de tránsito. Producto de esta misma campaña y derivado de la denuncia ciudadana se detecta la existencia de patios de maniobras y talleres donde se almacenan clandestinamente productos.
Después de varias reuniones entre empresarios gasolineros, Protección Civil municipal, Tránsito municipal, diputados, etc., el Congreso del estado de Jalisco, promovió una iniciativa que permitía vigilar y corregir este tipo de hechos.
El 10 de marzo de 2009 se suscitó un accidente en una gasolinera en Puerto Vallarta, a la cual había ingresado una pipa cargada con más de 60,000 litros de combustible, la que al salir de la misma y yendo aun cargada con combustible, se le desprendió el segundo tanque causando un incidente grave y poniendo en riesgo a la población.
Ante tal incidente los diputados locales decidieron acelerar la emisión de un acuerdo legislativo que se promovió desde 2008, y que aun y cuando fue terminado el día 26 de marzo de ese año, no fue sino hasta la sesión ordinaria número 14 del Congreso del estado de Jalisco celebrada el día 30 de junio de 2009 que se sometió a discusión dicho asunto, según lo establece el punto de acuerdo 5.14.
El 30 de junio de 2009 se aprobó en el pleno del Congreso del estado de Jalisco con numero de decreto No. 777, la iniciativa de acuerdo legislativo mediante el cual se exhorta a diversas autoridades para tomar las medidas preventivas y evitar la circulación, estacionamiento y maniobras de unidades de carga doblemente articuladas en las zonas habitacionales, comerciales y en el centro histórico del municipio de Puerto Vallarta, así como para prevenir desastres que se pudieran ocasionar por sustancias químicas peligrosas y combustibles en dicho municipio.
Ante este exhorto el día 22 de julio de 2009 se presentó en las instalaciones de la empresa Distribuidora Central de Diesel de Vallarta, SA de CV, ubicada en Av. Francisco Medina Ascencio, personal de Pemex Refinación para realizar una visita de inspección de acuerdo a las instrucciones que recibieron por parte del Congreso de estado, generando esta visita observaciones menores según el oficio PXR-SC-GVM-SCI-677-2009, del día 10 de agosto.
Al día siguiente, el 23 de julio de 2009, la empresa Distribuidora Central de Diesel de Vallarta, SA de CV, ubicada en Av. Francisco Medina Ascencio de Puerto Vallarta, fue revisada por Protección Civil municipal con el acta circunstanciada No. 530 de misma fecha, en la que cabe aclarar que la revisión fue vigilada por el Departamento Jurídico del municipio de Puerto Vallarta, sin encontrar irregularidad alguna y solo señalando pequeñas observaciones para ser atendidas.
El día 25 de agosto de 2009 se tuvo conocimiento que existía en el Congreso del estado de Jalisco una iniciativa de ley que buscaba dejar sin efectos el Acuerdo 777, previamente señalado. En la iniciativa se argumentaba que la seguridad, que es lo que se pretendía supervisar, era un conflicto entre particulares y que tales actividades ya están normadas, reguladas y vigiladas por la normatividad vigente en la materia.
No obstante que el artículo 21 del Capítulo VII del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional señala: “La Secretaría y la Comisión Reguladora de Energía, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las disposiciones administrativas de carácter general a que deberán sujetarse los Organismos Descentralizados para la realización de las actividades de transporte, almacenamiento y distribución...” de esta manera se desprende que contrario a lo que los Diputados Locales argumentaron, no existe tal normatividad.
El día 26 de agosto de 2009 se reunió en sesión de pleno el Congreso del estado de Jalisco, en donde se discutiría el punto de acuerdo 777, previo a esta reunión se había comentado el asunto entre algunos diputados integrantes del Congreso, comentando que no era factible lo que se estaba solicitando en la iniciativa que contradecía al mencionado punto de acuerdo, ya que no se trataba de un asunto entre particulares sino de un tema de seguridad.
La iniciativa para dejar sin efectos el acuerdo legislativo 777 fue votada por unanimidad a favor, para dejar sin efectos el mencionado acuerdo. El diputado Alfredo Zárate Mendoza, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y de Protección Civil, también voto a favor de la iniciativa, siendo él quien firmara la misma, al igual que los ponentes diputado Ignacio Guzmán García y el diputado Francisco Javier Padilla Mancilla. El diputado Jorge Alberto Salinas Osornio, candidato por el PAN a la presidencia municipal de Guadalajara, mismo que perdió las elecciones, fue en el momento de la sesión, el principal promotor de esta iniciativa.
Es necesario señalar, como se pudo notar en las imágenes bajadas del portal del Congreso del estado de Jalisco, que el acuerdo 777 tenía fecha de entrada de 15 de octubre de 2008 y fue aprobado el 30 de junio de 2009, lo cual demuestra que el mismo fue estudiado tanto por el Congreso como por las comisiones correspondientes. Sin embargo, el acuerdo 785 tiene fecha de entrada del 26 de agosto de 2009 y también fue aprobado el mismo 26 de agosto de 2009.
Asimismo se detectaron por la prensa del estado de Jalisco, en publicaciones del 27 y 28 de abril de 2009, terrenos que almacenaban combustibles de manera clandestina y sin medidas de seguridad, sin que esto afectara a la decisión del Congreso del estado de Jalisco.
El día 30 de marzo de 2011 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones administrativas para la distribución y comercialización de petrolíferos, publicadas por la Secretaría de Energía en las cuales establecen en su artículo 11 la obligación de elaboración de los proyectos de NOM que permiten garantizar la seguridad de las instalaciones, las personas y sus bienes, así como para contribuir al combate del mercado ilícito de combustibles, y se establece que dichas normas deberán de estar listas a más tardar el 15 de agosto del 2012, las cuales no han sido obedecidas hasta la fecha.
Con base en lo anterior las preguntas básicas serían: ¿Quién protege y garantiza la integridad física de los vallartenses y de todos los mexicanos? y ¿Quién nos garantiza que los terribles sucesos ocasionados por una toma clandestina que ocasionó la muerte de 28 personas en San Martín Texmelucan, Puebla, no ocurran en los distintos centros de almacenaje clandestino que se ubican en este municipio?, ya que es fecha que aunque no existen las citadas disposiciones y/o normas necesarias para garantizar la seguridad de los vallartenses, contrario a lo que estipula al acuerdo legislativo 785 y contrario a la responsabilidad de las autoridades en este sentido.
Por lo anteriormente expuesto, consideramos pertinente exhortar a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos para tomar las medidas preventivas y evitar la circulación, estacionamiento y maniobras de unidades de carga doblemente articuladas en las zonas habitacionales, comerciales y en el centro histórico del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, así como para prevenir desastres que se pudieran ocasionar por sustancias químicas peligrosas y combustibles en dicho municipio.
No podemos permitir que los intereses comerciales y políticos que se gestan al margen de estos negocios en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, pongan en peligro la seguridad de los habitantes, la cual estamos obligados a preservar, y desde esta soberanía deseamos ser los primeros en apuntalar.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos para tomar las medidas preventivas y evitar la circulación, estacionamiento y maniobras de unidades de carga doblemente articuladas en las zonas habitacionales, comerciales y en el centro histórico del municipio de Puerto Vallarta, así como para prevenir desastres que se pudieran ocasionar por sustancias químicas peligrosas y combustibles en dicho municipio, y
Segundo. Existe el distribuidor “A” que puede brindar el servicio de transporte necesario, para que con el orden, la seguridad y la confianza, se pueda realizar el servicio de transporte, almacenamiento y distribución, de forma ágil y segura preservando la seguridad e integridad de los habitantes de la región y de este destino turístico tan importante como es Puerto Vallarta, por lo que se solicita respetuosamente a Pemex Refinación lo utilice de forma obligatoria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2011.
Diputados: Fernando Morales Martínez, Rafael Yerena Zambrano, Manuel Humberto Cota Jiménez, Onésimo Mariscales Delgadillo, Jorge Humberto López Portillo Basave, Efraín Ernesto Aguilar Góngora, Joel González Díaz, Enrique Torres Delgado, Agustín Carlos Castilla Marroquín, Camilo Ramírez Puente, Avelino Méndez Rangel, Rosario Brindis Álvarez, Nazario Norberto Sánchez, Alejandro Bahena Flores, Pedro Vázquez González, Laura Piña Olmedo (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer público por la Secretaría de Economía y Pemex el proceso de autorización para la inversión neutra en la industria petrolera del país, a cargo del diputado Francisco Javier Gil Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRI
De conformidad con el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito, Javier Gil Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a hacer público por la Secretaría de Economía y Petróleos Mexicanos (Pemex) el proceso de autorización para la inversión neutra en la industria petrolera del país, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
México ha reservado a los nacionales, a través de su legislación y de aplicación de diversas políticas, ciertos sectores estratégicos que influyen directamente en la economía y soberanía nacionales, entre ellos el de la explotación comercial de embarcaciones para la navegación interior y cabotaje, con objeto de que los beneficios económicos que se generen a través de dicho sector sean directamente aprovechados en México y se fomente de esta manera el crecimiento de la economía nacional.
La Ley de Inversión Extranjera reserva a mexicanos la participación en el mercado de navegación interior y cabotaje, limitando la participación extranjera hasta en 49 por ciento.
De conformidad con la Ley de Inversión Extranjera, existe la figura de inversión neutra, que limita a los tenedores la toma de decisiones en la sociedad, con objeto de que la operación y administración de dichas sociedades no estén a cargo de extranjeros, lo que fue ampliamente discutido por el Congreso de la Unión durante la formulación de la ley promulgada en 1993.
La naturaleza de la inversión neutra es la de ser una inversión “complementaria”, ya que completa el capital mexicano como mecanismo “alternativo” para permitir mayor flujo de capital de procedencia extranjera.
En virtud de la importancia y trascendencia de la inversión neutra en el país y la posibilidad de que sea utilizada por extranjeros como una herramienta de acceso y control directo a mercados estratégicos, como la navegación interior y de cabotaje, la Ley de Inversión Extranjera exige que la sociedad que desee favorecerse con este tipo de inversión obtenga de la Secretaría de Economía una autorización específica.
No obstante, se ha observado que desde la creación de dicha figura, empresas extranjeras han abusado de ella y prácticamente extranjeros han venido tomando el control de sociedades mexicanas que participan en mercados y sectores nacionales estratégicos para el país, como el de la explotación comercial de embarcaciones para la navegación interior y cabotaje.
Es inconcebible que la inversión neutra represente 99 por ciento del capital de una sociedad mexicana, como sucede en esos casos.
Nos enfrentamos a una realidad que afectando directamente el mercado mexicano de la navegación interior y el cabotaje y, en consecuencia, la economía nacional. Esto es porque en dicho sector participan algunos agentes económicos que abusan de la figura de la inversión neutra que se ha descrito con anterioridad y tienen así 99 por ciento del capital social de sociedades dedicadas a la explotación comercial de embarcaciones para la navegación interior y cabotaje, trayendo como consecuencia que los beneficios económicos por la explotación de estos servicios en territorio nacional no sean invertidos nuevamente en México, y que la totalidad de utilidades generadas en nuestra nación o cuando menos la mayor parte de ellas, se transfieran al extranjero, inhibiendo el desarrollo nacional.
Tal es el caso de la sociedad estadounidense Hornbeck Offshore Services, Inc., la cual –como mencionan sus reportes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos de América y a sus accionistas– ingresa directamente en el mercado mexicano de navegación interior y cabotaje, abanderando embarcaciones en territorio nacional.
La principal razón por la cual Hornbeck busca acceso al mercado de navegación interior y de cabotaje en México es porque la actual política en Estados Unidos ha restringido el mercado petrolero a raíz de los lamentables derrames de crudo en el Golfo de México en abril de 2010, y por tanto se ha limitado el uso de embarcaciones en ese país, orillando a Hornbeck a tener anclados en su país de origen los barcos abastecedores, sin obtener de ellos ningún provecho y registrando altos costos por mantenimiento.
Ya que Hornbeck no puede movilizar sus embarcaciones en su país, lo hace en México, desplazando a los competidores mexicanos que prestan el servicio de barcos abastecedores y ofreciendo a Pemex precios por debajo de los de mercado, trayendo consigo un desequilibrio y daños irreparables al mercado mexicano de la navegación interior y cabotaje, violando con ello la Constitución General de la República, que restringe la intromisión de extranjeros en las materias que ésta reserva exclusivamente a los mexicanos.
Asimismo, se espera que los contratos que Hornbeck ha celebrado y busca celebrar en un futuro con Pemex le dejen alto rango de utilidad, pero dichas ganancias, por ser Hornbeck una sociedad extranjera, se transferirán directamente a los mercados extranjeros, donde también opera, dejando a México sin beneficio alguno y permitiendo una vez más que extranjeros, abusando de la legislación mexicana y con la connivencia de algunas instituciones gubernamentales, se enriquezcan para beneficio particular, afectando directamente a los mexicanos.
Aunado a lo anterior, es importante resaltar que no hay reciprocidad en materia de navegación comercial entre México y Estados Unidos, en virtud de que los comerciantes mexicanos que participan en el sector de la navegación no tienen acceso al mercado de dicho país, ya que en Estados Unidos de América también se han reservado la participación de extranjeros en su mercado; sin embargo, en comparación con lo que sucede en nuestro país, a través de mecanismos jurídicos y políticos bien establecidos, dicha prohibición sí es efectiva.
Con esta premisa, ¿podríamos entonces concluir que un extranjero, abusando de la figura de la inversión neutra, puede venir a México y participar de manera directa en el mercado naviero, afectando considerablemente el equilibrio de ese mercado y el interés económico de la sociedad, y por el contrario, un mexicano está imposibilitado para acudir a Estados Unidos de América y participar en su mercado? ¿El país vecino sí protege su industria naviera y nosotros no?
Debe quedar claro que dejar el sector estratégico de la navegación interior y cabotaje en las condiciones que se han explicado, no sólo desplaza al competidor mexicano de un mercado que le ha sido reservado legalmente, sino que deja esta industria fuertemente relacionada con la explotación petrolera en manos extranjeras, con la relevancia que ésta tiene en la economía y soberanía nacionales.
En virtud lo anterior, me permito someter a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a hacer público por la Secretaría de Economía y Petróleos Mexicanos el proceso de autorización a extranjeros para la inversión neutra en un sector estratégico como el de embarcaciones al servicio de la industria petrolera del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2011.
Diputado Javier Gil Ortiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer programas y acciones dirigidos al desarrollo de los pueblos indígenas para evitar la migración a Estados Unidos de América, a cargo del diputado Ángel Aguirre Herrera
El que suscribe Ángel Aguirre Herrera, diputado sin partido de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción I y III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instrumentar y operar programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas con el fin de evitar la migración de los indígenas mexicanos a los Estados Unidos de América.
Consideraciones
Son múltiples los aspectos sociológicos del fenómeno migratorio. Uno de ellos es la formación cultural del migrante. Estadísticas españolas señalan que cerca del 80 por ciento de los argentinos que llegan a trabajar a la península ibérica han cursado estudios secundarios y el 46 por ciento terciarios. Igual sucedió con los flujos que de Cuba llegaron a Miami, forzados por la situación política, muchos de ellos poseían una formación profesional avanzada, lo que les permitió abrirse paso en poco tiempo dentro del mercado laboral de ese país.
No es ese por desgracia el caso de México, buena parte de los emigrantes con un grado elemental de instrucción, desplazados del campo por la miseria, la corrupción, y la falta de empleo cruzan la frontera soñando sin ningún fundamento que en otras latitudes tendrán un trato mejor. Se enfrentan desde el principio con viejas y nuevas formas de exclusión, negación de derecho, discriminación racial, rechazo y con frecuencia, el mismo desempleo que encontraron en su país.
La falta de acceso a trabajos formales, a los sistemas de salud, de educación o de vivienda, agudizan el sentimiento de desarraigo y la pérdida de un estado de identidad que los hacía solidarios con el resto de sus congéneres.
Para su país de origen, en este caso México, este movimiento se traduce por una sangría que no compensa las remesas que mes con mes envían los migrantes a los suyos. Baste considerar que la edad media del migrante fluctúa entre los 25 y 40 años, en la mejor época de su productividad laboral.
Mucho se habla en la actualidad de la política migratoria entre México y Estados Unidos, tema inevitable en la relación bilateral con todos sus matices y niveles en el cual pocos han sido los resultados concretos.
Lo primero que es necesario convenir, es el hecho de que el problema implica una responsabilidad compartida entre el país de origen y el de destino, aunque yo, como legislador, me inclino a pensar que toca al primero, el país de origen una incidencia mayor en su responsabilidad y brindar de esta manera, las herramientas necesarias para que nuestros indígenas se queden en nuestro país y nos enriquezcan con su gran diversidad cultural.
Por ello, como representantes de nuestras entidades debemos trabajar de manera coordinada para ofrecerles las condiciones económicas, sociales y políticas que impidan su escape en busca de mejores oportunidades. El mexicano no tiene un espíritu migratorio. Por el contrario, en general se define por un ser apegado a su tierra, a sus costumbres y tradiciones. Un ejemplo de ello, son nuestros indígenas.
En el caso de los mixtecos, grupo con una tradición migratoria y el más numeroso en Estados Unidos, según el Programa de Desarrollo Integral de las Mixtecas, emigran a los Estados Unidos porque en su lugar de origen no hay las posibilidades para poder sobrevivir, como las hay en lugares como Estados Unidos.
Para miles de indígenas mexicanos, aproximadamente 21.000 según las últimas estadísticas, el sueño americano, se convierte en un infierno, es meterse sin querer y sin saber en una pesadilla de la que resulta muy difícil salir o despertarse.
En este contexto, el país receptor, Estados Unidos, atenta a intereses egoístas de escasa valoración social y que con frecuencia se muestra incapaz de reconocer las aportaciones económicas y sociales de los indígenas y se niegan a comprometerse en políticas migratorias abiertas que reconozcan los derechos legales de los trabajadores foráneos y faciliten su incorporación legal al país al que acuden, un ejemplo de esto es la iniciativa SB 1070, que mostró la actitud del Gobierno y Congreso de Arizona en contra de los migrantes, así como otras de carácter similar que se están generando en diversos estados del país vecino del norte.
La asociación entre delincuencia e inmigrantes es común en las sociedades receptoras de población irregular y presenta formas variadas y ambiguas. Por un lado, se entiende que la pobreza, la ausencia de oportunidades y las privaciones económicas y sociales de sus países natales los han forzado a emigrar; pero, por otro, son acusados de abaratar el precio de la fuerza de trabajo y de apoderarse de los empleos que pertenecen a los nativos, aunque sean denigrantes, mal pagados y nadie los quiera ocupar.
Por añadidura son sospechosos de albergar malévolas intenciones. Se piensa que por su misma pobreza son proclives a la delincuencia, se les categoriza como “ilegales” en una deliberada vinculación con el quebrantamiento de las leyes y se les acusa de todos los crímenes imaginables.
Los penales de los Estados Unidos están repletos de miles de indígenas procedentes de México que se estrellaron contra un sistema legal que desconocen y que son portadores de costumbres ancestrales que no tienen nada que ver con las normas del país al que llegan y con el que chocan inevitablemente.
En las circunstancias de nutrido trasiego de población entre dos Estados nacionales con acusadas asimetrías, los migrantes indígenas mexicanos se encuentran constantemente expuestos a agresiones, explotación, racismo, hostilidad, xenofobia y a un creciente peligro de perder la vida.
Anclados culturalmente en su pasado, los indígenas se enfrentan contra un futuro que no existe, y que se imaginaban promisorio, lejos de sus comunidades en México, dejando atrás su vida y el abandono sistemático de unas autoridades mexicanas que se olvidan en levantar la penuria de sus gentes y que en ocasiones no se brinda la protección consular debida para proteger sus derechos humanos.
Según cifras señalan que si en el año 2005 y según la Secretaría de Relaciones Exteriores los procesos legales contra mexicanos en Estados Unidos eran de 14.622; a finales de 2009 ascendieron a 19.782. Prácticamente 20.000 indígenas están tras las rejas actualmente en diferentes estados de la Unión Americana y presos de un sistema legal desconocido para ellos.
De cada cien mexicanos encarcelados en los Estados Unidos, diez son indígenas, procedentes especialmente de los estados de Guerrero y Oaxaca una de las regiones más pobres no solo de México, sino de América Latina.
No podemos seguir permitiendo que nuestro país siga siendo la principal fuente de mano de obra barata en los Estados Unidos y que los indígenas mexicanos sigan presos en los penales en ese país. La población mexicana es la más numerosa entre las minorías extranjeras, documentadas o no, que residen en el país del norte y la tendencia tiende a aumentar en la misma proporción que aumentan las causas de la deserción.
Por ello, el fenómeno migratorio es un proceso de extrema complejidad, que ofrece múltiples aristas políticas, económicas, demográficas, sociales, culturales y éticas. Si a ello sumamos un carácter indocumentado e irregular, como es el caso de la migración laboral de mexicanos a la Unión Americana, la polarización de intereses, apreciaciones, discursos y prácticas se agudiza aún más, en tanto que las repercusiones que acarrea se manifiestan desde las esferas más íntimas de la vida familiar, hasta las políticas nacionales y multilaterales de los Estados involucrados.
Es claro que una relación tan asimétrica como la que existe entre México y Estados Unidos, coloca al primero en un plano de subordinación a los intereses de su vecino del norte, el cual, por su parte, puede jugar con diversas posiciones de acuerdo con sus necesidades del momento. A ello sumamos que tal condición parece estar recrudeciéndose aún más y no se vislumbra una solución a mediano plazo que regule la situación laboral de los mexicanos en esa nación.
Debemos tener claro que migrar no es un delito. No puede serlo, aunque la tendencia en Estados Unidos parezca encaminarse hacia una definición legal que así lo considere.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Esta soberanía exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a instrumentar y operar programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas con el fin de evitar la migración de los indígenas mexicanos a los Estados Unidos de América.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de los Consulados de México en los Estados Unidos de América, se trabaje de manera conjunta en la promoción y defensa de los derechos humanos de los migrantes indígenas mexicanos.
Tercero. Se solicita a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas informe a esta soberanía sobre los programas de subsidio del Ramo Administrativo 6 destinados a promover el desarrollo integral de las personas, comunidades y familias, la generación de ingresos y de empleos, y el desarrollo local y regional de dichos pueblos.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados el día 28 de abril de 2011.
Diputado Ángel Aguirre Herrera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a conferir prioridad al destino de recursos económicos a los municipios de Veracruz, Tamaulipas, Tabasco y Campeche que padecieron una contingencia ambiental, social y económica por desastres naturales en 2010, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de seguimiento y análisis del daño ecológico, impacto social y económico generado por Pemex
Los que suscriben, Óscar Román Rosas González (PRI), Silvia Isabel Monge Villalobos (PAN), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (PRD), Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (PAN), Alejandro Carabias Icaza (PVEM), Laura Itzel Castillo Juárez (PT), Luciano Cornejo Barrera (PRD), León Pedro Jiménez (Convergencia), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (PRI), Luis Antonio Martínez Armengol (PRI), Elsa María Martínez Peña (Nueva Alianza), Nelly del Carmen Márquez Zapata (PAN), Carlos Oznerol Pacheco Castro (PRI) y José Ignacio Seara Sierra (PAN), diputados federales de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes de diversos grupos parlamentarios, con fundamento en los artículos 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60, fracción 1, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Es bien sabido por todos nosotros que Petróleos Mexicanos (Pemex) cuenta con cuatro organismos subsidiarios para llevar a cabo las actividades que abarca la industria petrolera (Refinación, Gas y Petroquímica Básica, Exploración y Producción y Petroquímica). Tan sólo Pemex Refinación, en 2010, tiene una infraestructura de 8, 958 kilómetros de poliductos, 5, 201 kilómetros de oleoductos, 15 terminales marítimas, 6 refinerías y 8, 351 estaciones de servicio (en franquicia), en las cuales del proceso del petróleo crudo se obtienen gasolinas, turbosina/kerosina, diesel, asfalto, entre otros. Es innegable la magnitud del organismo, el impacto e importancia que el órgano tiene para la economía y desarrollo social, y en lo particular, en las localidades en las cuales dicha paraestatal tiene su centro principal de operaciones y actividades.
En economía existe un concepto que se conoce como “externalidad”. Se define a la externalidad como una acción de un productor o consumidor (una persona), que afecta de manera positiva o negativa a otras. 1 Sin duda, Pemex por su calidad de empresa dentro en una economía de mercado y su tamaño genera externalidades. Éstas son positivas cuando de forma directa e indirecta genera empleos o con su actividad incrementa el número de técnicos especializados habitantes en una localidad. No obstante, una afectación negativa de su quehacer cotidiano es el daño ecológico e impacto social y económico desfavorable que provoca a los municipios identificados como prioritarios.
Ya que la cantidad de infraestructura mencionada como son los oleoductos, poliductos y demás instalaciones, pone en constante e inminente peligro a las comunidades con actividad preponderantemente petrolera. Tan solo en Veracruz, en octubre del presente año, según los boletines informativos de la entidad, se han detectado tomas clandestinas en Amatlán y Maltrata. Asimismo, cabe recordar los derrames de crudo a inicios de año en Tecolutla y otros municipios que han afectado gravemente la economía, los ecosistemas y a los ciudadanos de las localidades.
Las Constitución indica en el artículo 4, párrafo 4, que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”. Es evidente que el medio ambiente y la calidad de vida de las personas se ve afectada por la actividad de Pemex. Es tarea y responsabilidad de los diputados, y de quienes integramos la Comisión de Seguimiento y Análisis del Daño Ecológico, Impacto Social y Económico generado por Pemex, procurar un “desarrollo sustentable” de las zonas y comunidades impactadas por la actividad petrolera.
La práctica y la experiencia internacional nos indican que el concepto de “desarrollo sustentable o sostenible” tiene tres pilares principalmente: ambiental, económico y social. 2
La legislación mexicana está destinada a regular el desarrollo sostenible de Pemex en el ámbito económico tanto al interior del órgano como los afectos de su actividad en la economía nacional y de las localidades en las cuales se establece su actividad. Asimismo, sus efectos sociales en varios aspectos como las condiciones de los trabajadores, su nivel salarial, la relación con proveedores y la sociedad en general. El aspecto económico y social debe ser compatible con la preservación de la biodiversidad y los ecosistemas. Es una garantía constitucional que la actividad económica y social de Pemex esté en concordancia con el desarrollo de un medio ambiente óptimo para el desarrollo y bienestar de la población.
Los desastres naturales estrepitosamente rompen el equilibro entre el medio ambiente, la actividad financiera de Pemex y la población, por tanto, se frena el “desarrollo sostenible”, se pone en situación de crisis a las comunidades petroleras, las cuales requieren de la asistencia y apoyo del organismo para salir adelante.
En este sentido, el Estado mexicano debe intervenir cuando sus ciudadanos están en circunstancias apremiantes y se ha afectado negativamente el bienestar social. Es así que la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió durante septiembre y octubre de 2010 declaratoria de emergencia para los municipios localizados en el estado de Veracruz, consecuencia de las lluvias provocadas por Matthew y ante los efectos ocasionados por el paso del Huracán Karl, el cual ingresó a esa entidad con categoría 3, impactando con vientos de 185 kilómetros por hora, lluvias severas y provocando inundaciones. 3
La declaratoria de emergencia debe ampliarse para otras comunidades con base en el análisis y seguimiento que las dependencias federales continúan haciendo en la entidad, así, es importante el caso del municipio de Vega de Alatorre, Veracruz, en esta localidad, por motivo de las lluvias y deslaves, varios poliductos y oleoductos de Pemex han quedado al descubierto poniendo en alto riesgo a la población aledaña y a los pobladores del municipio en general. Es apremiante su atención.
Es indiscutible que las redes de distribución, instalaciones e infraestructura de Pemex están a lo largo del territorio Veracruzano, y de los estados de Tamaulipas, Tabasco y Campeche. La responsabilidad de Pemex no sólo se limita específicamente aquellos municipios en los cuales se encuentran las obras más sobresalientes, también es responsabilidad del organismo la ayuda aquellas localidades que por su territorio y carreteras se realizan directa e indirectamente las actividades de la petrolera; municipios y comunidades ahora afectados por lluvias.
Sabemos que las acciones de Petróleos Mexicanos en materia de desarrollo social tienen por objeto apoyar la operación de la industria petrolera y coadyuvar a mejorar las condiciones de vida de la población de los estados y municipios petroleros.
Petróleos Mexicanos apoya principalmente bajo el esquema de donativos, donaciones y obras de beneficio mutuo. Los donativos (en efectivo) se destinan principalmente al fortalecimiento de infraestructura, vivienda y servicios, fomento a la producción, salud, asistencia social y medio ambiente. Las donaciones (en especie, bienes muebles e inmuebles en desuso) se destinan fundamentalmente a infraestructura y transporte. Asimismo, las obras de beneficio mutuo son obras de infraestructura que realiza Pemex Exploración y Producción con las cuales se beneficia a las comunidades cercanas.
De esta manera, con base en las cifras reportadas por el propio organismo, de enero a septiembre de 2010, las entidades con mayor actividad de petróleos mexicanos (Campeche, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz) recibieron alrededor de 686 680 800 pesos entre donativos y donaciones.
Los estados y municipios considerados como prioritarios para la operación de Pemex y sus organismos subsidiarios son sujetos autorizados para recibir apoyos con base en los “lineamientos en materia de donativos y donaciones de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios”, los cuales tienen por objeto regular la dictaminación, autorización, documentación, otorgamiento y seguimiento de donativos y donaciones que efectúen Petróleos Mexicanos y los organismos subsidiarios.
Para concluir, como se mencionó, es una garantía constitucional que la actividad económica y social de Pemex esté en concordancia con el desarrollo de un medio ambiente óptimo para el progreso y bienestar de la población. La magnitud de infraestructura, logística, y distribución de sus productos de Pemex es grande y sus efectos económicos, sociales y medioambientales son tanto negativos como positivos. No obstante, la situación de peligro contundente que genera la actividad cotidiana del organismo se agrava cuando ocurren desastres naturales como huracanes y lluvias atípicas producto del cambio climático. Es un compromiso, y desde nuestra perspectiva, una obligación del organismo la atención necesaria y urgente de dichos municipios afectados.
Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a Pemex a través de su director general, y con base en sus acciones de responsabilidad social, a priorizar el destinos de los recursos económicos de este rubro, a los municipios que le son prioritarios en los estados de Veracruz, Tamaulipas, Tabasco y Campeche que padecieron una contingencia medio-ambiental, social y económica a consecuencia de desastres naturales acontecidos en 2010.
Notas
1 Véase, Mankiw, NG, Principios de economía, McGraw-Hill, Madrid, tercera edición, 1998.
2 El concepto se desarrolló, en gran medida, con base en una decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre el “caso relativo al proyecto Gabcikobo-Nagymaros (Hungría contra Eslovaquia), opinión separada del vicepresidente Weeramantry”, fallo del 25 de septiembre de 1997. Así, los conceptos de desarrollo sustentable y principio de precaución se filtraron como principios de derecho internacional, y éstos también, a su vez, se retomaron en legislaciones estatales.
3 Declaratoria de emergencia (Segob); municipios de Veracruz: Atoyac, Agua Dulce, Actopan, Alto Lucero, Carrillo Puerto, Chiconquiaco, Coacoatzintla, Comapa, Cosautlán de Carvajal, Coyutla, Cuitláhuac, Jalacingo, Jalcomulco, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano, Moloacán, Nautla, Paso del Macho, Paso de Ovejas, Perote, Puente Nacional, Soledad de Doblado, Tatatila, Tecolutla y Tlaltetela, ante los efectos ocasionados por el paso de la tormenta tropical Matthew, además, los municipios de Ángel R. Cabada, Acajete, Acatlán, Actopan, Acultzingo, Alpatláhuac, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Amatlán de los Reyes, Apazapan, Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, Atzacan, Boca del Río, Calcahualco, Camarón de Tejeda, Camerino Z. Mendoza, Carrillo Puerto, Chiconquiaco, Chocamán, Coacoatzintla, Coatzintla, Coetzala, Colipa, Comapa, Córdoba, Coscomatepec, Cuichapa, Cuitláhuac, Catemaco, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Cotaxtla, Emiliano Zapata, Fortín, Gutiérrez Zamora, Hidalgotitlán, Huatusco, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Jalcomulco, Jamapa, Jáltipan, Jilotepec, Juchique de Ferrer, La Antigua, Las Choapas, La Perla. Así como para los municipios de Magdalena, Maltrata, Mariano Escobedo, Martínez de la Torre, Medellín, Minatitlán, Misantla, Mixtla de Altamirano, Naolinco, Naranjal, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Nogales, Omealca, Orizaba, Oteapan, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Poza Rica de Hidalgo, Puente Nacional, Rafael Delgado, Rafael Lucio, Río Blanco, San Andrés Tenejapan, Santiago Sochiapan, Soledad Atzompa, Soledad de Doblado, Tecolutla, Tehuipango, Tenampa, Tenochtitlán, Teocelo, Tepatlaxco, Tequila, Texhuacán, Texistepec, Tezonapa, Tihuatlán, Tomatlán, Tlacotepec de Mejía, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Tlapacoyan, Tlaquilpa, Tlilapan, Tlalixcoyan, Tomatlán, Úrsulo Galván, Veracruz, Xalapa, Xoxocotla, Yanga, Yecuatla, Zentla y Zongolica, por el paso del Hurcán Karl.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2011.
Diputados: Óscar Román Rosas González, Silvia Isabel Monge Villalobos, Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, Alejandro Carabias Icaza, Laura Itzel Castillo Juárez, Luciano Cornejo Barrera, Pedro Jiménez León, Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Luis Antonio Martínez Armengol, Elsa María Martínez Peña, Nelly del Carmen Márquez Zapata, Carlos Oznerol Pacheco Castro, José Ignacio Seara Sierra (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a intensificar las acciones y la incorporación del idioma inglés a los planes y programas de estudio en regiones turísticas del país, a cargo del diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Carlos Joaquín González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII, 6 fracción I, 62 numeral 2, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El turismo es una de las actividades económicas más dinámicas y con mayor potencial de crecimiento a nivel mundial, es una actividad compleja en la que interactúan un gran número de elementos, a partir de los cuales se desarrollan una serie de actividades cuyo objetivo principal es el abastecimiento de la demanda de bienes y servicios de los visitantes. Para poder dar abasto a esta demanda es necesario que los prestadores de servicios turísticos cuenten con las herramientas necesarias para poder prestar un servicio de calidad y más competitivo. Una de las herramientas más importantes en las regiones turísticas del país es el idioma inglés debido a que el turismo extranjero es uno de los principales componentes en la actividad turística.
La globalización obliga al sector turismo a generar condiciones que permitan que nuestro país ocupe una mejor posición en materia de competitividad. Para poder lograr esa meta es necesario que el sistema educativo se actualice mediante la inclusión del idioma inglés en los planes y programas educativos que deben ser aplicables y obligatorios a la educación primaria en las regiones turísticas del país. Estos planes son determinados por la Secretaría de Educación Pública, estableciendo de esta manera, herramientas indispensables en el desarrollo de las capacidades de los estudiantes. La enseñanza del idioma inglés brinda grandes oportunidades en el mercado laboral y de esta manera, los alumnos en regiones turísticas del país, al concluir sus estudios pueden desarrollarse de mejor manera en el sector turístico.
La educación desempeña un papel fundamental para la formación de los seres humanos, y en este sentido, la educación bilingüe se presenta como una vía de transformación individual y colectiva que permite acceder a una vida con mayores oportunidades. La educación de calidad es relevante para el mundo productivo en todos los niveles de formación y es necesario que se complemente con las herramientas necesarias para que alcance esa calidad. La educación bilingüe en México, como parte de la política educativa actual, se enmarca en el esfuerzo por construir una sociedad equitativa, constituye una pieza importante de la ecuación social que da como resultado el logro de una educación de calidad.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece la economía competitiva y generadora de empleos en su Eje 2. La finalidad de la política económica es lograr un crecimiento sostenido más acelerado y generar los empleos formales que permitan mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Sin oportunidades de empleo, y de participación plena en la marcha económica del país, no es posible alcanzar un desarrollo humano integral. De esta manera la ampliación de las capacidades de los individuos contribuye directamente al crecimiento, al bienestar y al desarrollo social. A su vez, promover la igualdad de oportunidades es un imperativo social. Para participar plenamente en las actividades productivas los ciudadanos deben contar con un nivel mínimo de bienestar. Una educación de calidad y equitativa facilita a los individuos que su esfuerzo se traduzca en mayores ingresos y les permite una mayor libertad de elección.
Es necesario contemplar en la acción educativa, programas y planes de estudio que incluyan el idioma inglés para responder a las aspiraciones de los habitantes en regiones turísticas del país. La educación bilingüe se postula, de esta manera, como uno de los pilares centrales que coadyuvarán para establecer las condiciones idóneas, a fin de que los prestadores de servicios turísticos se puedan desempeñar mejor y tengan las herramientas suficientes para entrar al mercado laboral y elevar su competitividad.
Quien suscribe el presente punto de acuerdo considera la importancia y trascendencia que representa para la sociedad en su conjunto la implementación del idioma inglés en los planes y programas de estudio que establece la Secretaría de Educación Pública.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que intensifique las acciones y la implementación del idioma inglés en los planes y programas de estudio en regiones turísticas del país, con el propósito de brindar las herramientas necesarias para desarrollo de los estudiantes, así como para que instrumente programas para la actualización de los libros de texto gratuito en educación básica integrando un segmento para el idioma inglés y demás materiales educativos complementarios mediante la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2011.
Diputado Carlos Manuel Joaquín González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Conagua y del Servicio Meteorológico Nacional a instalar estaciones climatológicas en Matamoros, Reynosa, Río Bravo, San Fernando y Valle Hermoso, Tamaulipas, de uso exclusivo de medición para reclasificar y determinar tarifas domésticas de electricidad, a cargo del diputado Edgardo Melhem Salinas, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Edgardo Melhem Salinas, perteneciente a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y del Servicio Meteorológico Nacional a instalar estaciones climatológicas en los municipios de Matamoros, Reynosa, Río Bravo, San Fernando y Valle Hermoso, en el estado de Tamaulipas, para uso exclusivo de medición para la reclasificación y determinación de tarifas por el consumo doméstico de energía eléctrica, al tenor de lo siguiente:
La petición reiterada de reducción de tarifas eléctricas, bien sean domésticas o las vinculadas a la producción, tienen como propósito promover el mejoramiento del ingreso de las familias o la creación de empleos mediante condiciones de mayor competitividad en el suministro y costo de la energía eléctrica, insumo básico para el fomento productivo.
En la fijación de tarifas eléctricas ha prevalecido, de manera más acentuada recientemente, el criterio de costos en la generación de la energía; sin embargo, sostenemos que siendo la energía eléctrica indispensable para la mejoría de las condiciones de la familia, es necesario que se reconsideren las tarifas como un instrumento más para atenuar las desigualdades sociales que prevalecen en la población y en ciertas regiones del país.
La sociedad se enfrenta con costos altos en el consumo de la energía eléctrica, lo que con el poco crecimiento económico, es difícil atenuar las desigualdades sociales de nuestro país. Cada vez más, la energía eléctrica junto con los alimentos incrementan sustancialmente los gastos que debe realizar una familia.
Adicionalmente, en la región comprendida por los municipios de Matamoros, Reynosa, Río Bravo, San Fernando y Valle Hermoso, en el estado de Tamaulipas, ha incidido de manera acentuada el problema de inseguridad, que ha afectado a las diversas fuentes productivas y de manera destacada al empleo, disminuyendo consecuentemente el ingreso de las familias.
Estas circunstancias motivan la necesidad de plantear la reclasificación de las tarifas eléctricas en estos municipios, conforme a los procedimientos establecidos para ello.
En este orden, y con el propósito de tener una medición más precisa de de los factores que determinan el cálculo de las tarifas eléctricas, específicamente las temperaturas, consideramos necesario que se realice una medición que no tenga únicamente como propósito los elementos de producción agrícola, sino que se tenga en cuenta el comportamiento climático también en las zonas urbanas.
Es necesario tener en consideración que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es el organismo encargado de proporcionar información sobre el estado del tiempo a escala nacional y local en nuestro país. El Servicio Meteorológico Nacional, depende de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la cual forma parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Actualmente, el Sistema Meteorológico Nacional cuenta con estaciones de medición automática en Matamoros, Valle Hermoso y San Fernando, en el estado de Tamaulipas; en la franja norte del estado cuenta con estaciones en El Morrillo y Nuevo Progreso, entre otras, distribuidas en toda la entidad. En todos los casos, su ubicación es en zonas rurales. Lo cual influye determinantemente en los resultados que arroja el seguimiento de los factores que miden.
Destacamos esto porque la Comisión Federal de Electricidad toma como referencia las mediciones que realizan las estaciones meteorológicas de la Comisión Nacional del Agua, las cuales en la mayoría de los casos se encuentran instaladas en los ríos, presas y áreas boscosas, por lo tanto, la temperatura que dichas estaciones registran, es varios grados centígrados inferior a las reales condiciones climatológicas de los estados y municipios.
En este contexto, consideramos de la mayor relevancia la instalación de estaciones climatológicas en los municipios de Matamoros, Reynosa, Río Bravo, San Fernando y Valle Hermoso, en el estado de Tamaulipas, para uso exclusivo de medición de las temperaturas que exige la Comisión Federal de Electricidad para establecer la correspondiente tarifa eléctrica a los usuarios del servicio y a su vez, la reclasificación de las tarifas eléctricas.
Conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que “la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal, y de Comercio y Fomento Industrial, y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público y el racional consumo de energía. A través del procedimiento señalado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas”.
Así como la Ley de Planeación, en su artículo 15, fracción V: “Artículo 15. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le corresponde considerar los efectos de la política monetaria y crediticia, así como de los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, en el logro de los objetivos y prioridades del plan y los programas.”
Por lo expuesto, se somete a consideración de la asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y del Servicio Meteorológico Nacional a instalar estaciones climatológicas en los municipios de Matamoros, Reynosa, Río Bravo, San Fernando y Valle Hermoso, en el estado de Tamaulipas, para uso exclusivo de medición para la reclasificación y determinación de tarifas domésticas por el consumo de energía eléctrica.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2011.
Diputado Edgardo Melhem Salinas (rúbrica)
Con motivo del 30 de abril, Día del Niño, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del PRI
La infancia es el sueño de la razónJean Jacques Rosseau (1712-1778), filósofo suizo
El 30 de abril de cada año se celebra el Día del Niño. En todos los rincones del mundo, miles de actos conmemoran la importancia de la niñez.
El Partido Revolucionario Institucional centra su pensamiento y acción en la primacía de la persona humana, buscando el ejercicio responsable de la libertad de la democracia que conduzca a la justicia y a la igualdad de oportunidades para la consecución del bien común.
México celebra hoy uno de los mejores días de su historia. Saludamos a todas las niñas y a los niños. Aunque para muchas personas resulte sólo una oda al consumismo, la historia detrás del Día del Niño tiene un origen muy bien definido.
El Día Mundial del Niño se celebra en esta fecha en nuestro país, aunque la idea de festejar el Día del Niño surgió el 20 de noviembre de 1959, cuando la Asamblea General de la ONU tuvo una reunión en Ginebra, Suiza, en la aprobó una resolución a través de la cual se establecería el Día Universal del Niño, a fin de promover anualmente un día consagrado a la fraternidad y entendimiento entre las niñas y los niños del mundo entero, reafirmando los derechos de los niños universalmente. El organismo encargado para desarrollar ese proyecto fue el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).*
Desde entonces, aunque la celebración mundial es el 20 de noviembre, más 100 países celebran la fecha. Cada país ha elegido un día especial de acuerdo con el lugar para celebrar y organizar actividades, a fin de ayudar a desarrollar el bienestar de los pequeños en todo el país.
En México, en 1924 se señaló el 30 de abril como Día del Niño, siendo presidente de la República el general Álvaro Obregón y ministro de Educación Pública el licenciado José Vasconcelos.*
A partir de entonces, cada año se hacen grandes festejos, en casa y en instituciones públicas o privadas.
Por lo general, se organiza una serie de actividades culturales y de entretenimiento y expresión artística, además de distribución de juguetes entre las poblaciones más necesitadas, aunque el propósito vaya mucho más lejos.
Definitivamente, con esto se ha demostrado que los pequeños han sido, son y serán los reyes de la casa y la alegría del mundo.
El Día del Niño es una oportunidad para llamar la atención de los entes gubernamentales por lo que se refiere a las necesidades infantiles y de los padres para que estén al tanto de lo que pueden exigir.
Igualmente, se busca informar a los niños para que sepan cuándo son víctimas de algún abuso o si no están recibiendo lo que por derecho les corresponde: educación, vivienda y alimentación sana, entre otras cosas.
Es importante señalar que estos derechos pertenecen sin excepción de ningún tipo a todos los miembros de la población infantil, que en México aumenta considerablemente cada año.
Por estas razones, proteger y conservar a la niñez es principalmente una responsabilidad de cada ser humano, pero lo es también del Estado, que debe prevenir y procurar que cada niño, que algún día será ciudadano, goce cabalmente de sus derechos.
Se ha señalado insistentemente que en materia de niñez lo conveniente es una cultura de la prevención, la cual debe ser piedra angular de cualquier política pública en el tema. El acceso a la seguridad social y a los servicios públicos de educación es una exigencia de derechos fundamentales, como otras necesidades de primer orden, como el empleo: vivienda, alimentación adecuada o educación, que nos permitan hablar no solo de niños sanos sino de una niñez feliz y saludable.
Aprovechemos entonces este día y no sólo este día sino cada momento para festejarlos, pero también para demostrarles nuestro afecto y nuestro respeto.
Por lo anterior, compañeras diputadas y diputados, en virtud de que todos los partidos políticos representados en la Cámara se han pronunciado en favor de los festejos del Día del Niño, es un deber de los padres y un derecho de los más pequeños quienes a través de este estímulo y del reconocimiento de su valor como forjadores de un futuro no muy lejano serán capaces de ofrecer a los demás armonía y amor por las demás generaciones y una labor con muchos frutos, festejemos en grande a los pequeños de nuestro país.
¡Feliz Día del Niño!
Nota
* http://diadelniño.yaia.com/historia.htm/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2011.
Diputada María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica)