De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, relativo a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al gobierno de Baja California Sur a colaborar en la solución de los conflictos que vive la universidad estatal
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura fue turnada, para su estudio y análisis, la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al gobierno de Baja California Sur a colaborar en la solución de los conflictos que vive la universidad estatal, a cargo de la diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.
1. Antecedentes
A. En sesión ordinaria celebrada por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 8 de octubre de 2009, la diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al gobierno de Baja California Sur a colaborar en la solución de los conflictos que vive la universidad estatal.
B. En esta misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la proposición de referencia a la Comisión señalada, para su estudio y dictamen correspondiente.
II. Descripción de la proposición
La proponente expone que en la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) se generan cada año conflictos que agudizan el rezago en la educación superior de dicha entidad federativa. Agrega que en 2009 la UABCS presentó graves problemas sociales y financieros debido a recortes presupuestales realizados por la federación –10 por ciento– y por el estado –20 por ciento–, así como también presenta adeudos por aportaciones y retenciones al fondo de jubilaciones.
Señala que en agosto de 2009 el Sindicato Único de los Trabajadores Administrativos de la Universidad se declaró en huelga manifestando violaciones al contrato colectivo de trabajo y por malversaciones en el manejo del fondo de jubilaciones por parte de las autoridades universitarias. Asimismo, agrega, el Sindicato del Personal Académico de la propia universidad se manifestó públicamente por las medidas tomadas por el gobierno federal y estatal.
Así también, manifiesta que debido al paro de labores se han visto afectados más de cinco mil estudiantes de todo el estado los que cuales han vendió exigiendo a los gobiernos estatal y federal una solución al conflicto. Por otra parte, reseña que los miembros del Consejo General Universitario se comprometieron en presentar una propuesta de programa emergente de reestructuración institucional para generar los recursos necesarios y hacer frente a los compromisos de deuda que presenta dicha institución.
La diputada destaca que “durante más de 10 años se ha privilegiado a los vicios de corrupción y canonjías de grupos internos de la máxima casa de estudios confabulados con grupos de poder del estado (...) rechazando en todo momento programas de mejora y reestructuración para posesionar a la UABCS en una universidad de calidad y vanguardia”. Por lo anterior, la diputada Ponce Beltrán propone los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal y al gobierno del estado para que solucionen de inmediato los conflictos históricos sociales y financieros de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.
Segundo. Que la Comisión de Educación y la Secretaria de Educación Pública programen, previas auditorías, mayores recursos para los programas de mejora institucional y de inversión que permitan impulsar a la universidad sudcaliforniana a un sistema de educación superior de calidad y de vanguardia.
III. Consideraciones de la comisión
Esta comisión reconoce que toda persona tiene derecho a recibir educación, ya que ésta es un medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, asegurando la participación activa del educando, estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social, como lo estipula el artículo 2o. de la Ley General de Educación. Además de la persecución de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De igual manera, la comisión comparte con la promovente la preocupación de que los conflictos sociales y financieros que vive la UABCS ponen en riesgo el desarrollo académico de los estudiantes incumpliendo con su labor social de formar profesionistas.
A juicio de esta comisión, es indiscutible el objetivo que persiga la propuesta de la diputada Ponce Beltrán ya que contribuye a resolver los problemas que enfrenta actualmente la UABCS. Sin embargo, cabe señalar que el asunto ya fue atendido. 1
En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos solicita a la Mesa Directiva que la presente proposición con punto de acuerdo sea archivada como asunto total y definitivamente concluido mediante los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al gobierno de Baja California Sur a colaborar en la solución de los conflictos que vive la universidad estatal, por tratarse de un asunto atendido.
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 13 de abril de 2011.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar, José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Besaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Blanca Juana Soria Morales.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobernador de Jalisco que instruya al titular de la Secretaría de Educación de dicha entidad federativa a efecto de proceder a la regularización y, en su caso, a la integración de las cuotas correspondientes por servicios efectuados de las compañías aseguradoras inscritas en el Programa Seguro Personal contra Accidentes Escolares y, asimismo, realizar las acciones necesarias a efecto de ampliar la población escolar protegida por la legislación local
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura fue turnada, para estudio y análisis, la proposición con punto de acuerdo que solicita al gobernador de Jalisco que instruya al secretario de Educación a fin de regularizar y, en su caso, integrar las cuotas correspondientes por servicios efectuados por las distintas compañías aseguradoras inscritas en el Programa Seguro Personal contra Accidentes Escolares y, asimismo, amplié la población escolar del programa, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.
I. Antecedentes
A. En sesión ordinaria celebrada por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 22 de abril de 2010, el diputado Salvador Caro Cabrera presentó la proposición con punto de acuerdo por el que solicita al gobernador de Jalisco que instruya al titular de la Secretaría de Educación para que proceda a la regularización y, en su caso, a la integración de cuotas correspondientes a las compañías aseguradoras inscritas en el Programa Seguro Personal contra Accidentes Escolares; asimismo, amplié la población escolar.
B. En esta misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición de referencia a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y dictamen correspondiente.
II. Descripción de la proposición
En su exposición de motivos, el diputado Caro Cabrera manifiesta que la instrucción escolar, conjuntamente con la seguridad y la salud, es el principal motor de desarrollo de las naciones. Agrega que la calidad y aprovechamiento escolar mantiene una relación directa con el entorno donde es impartida, por ello, señala que los accidentes personales en las escuelas son considerados un problema que requiere de la atención de las autoridades escolares de los diferentes niveles de gobierno.
Señala que la Ley de Educación del estado de Jalisco considera la contratación de un seguro escolar contra accidentes escolares para los educandos matriculados que cursen la educación básica (artículo 151), así como la disposición de un fondo subsidiario por parte del Poder Ejecutivo para la contratación de éste, el cual deberá estar considerado en los Presupuestos de Egresos respectivos (artículo 152).
El legislador añade que en abril de 2008 se publicó en el periódico oficial del estado de Jalisco el acuerdo que establece las bases, los términos y el procedimiento para la contratación del seguro escolar referido. En él se señala el proceso en que las asociaciones de padres de familia podrán, de forma optativa, contratar el seguro escolar en la compañía aseguradora que ellos determinen.
El legislador subraya que el acuerdo comenzó a operar a partir del ciclo escolar 2007-2008 y continuó vigente en el ciclo escolar 2008-2009. Refiere que de 9 mil escuelas de educación básica que hay en el estado, aproximadamente 30 por ciento de ellas tienen cobertura del seguro escolar contra accidentes personales para su alumnado.
Destaca que, de conformidad con las bases del acuerdo, existen cuatro compañías aseguradoras que proveen la cobertura de éste, donde una de ellas, Grupo AB Seguros de Fianzas, cubre aproximadamente 420 escuelas, con una población cercana a los 120 mil alumnos.
Relata que, previo acuerdo con el entonces secretario de Educación de Jalisco, la compañía citada cobraría de manera directa con la secretaría a través de la Dirección de Previsión Social para evitar la triangulación de recursos con las sociedades de padres de familia de los planteles escolares. No obstante a lo anterior, la compañía aseguradora no ha recibido ningún pago por parte de las autoridades educativas del estado. Por tal motivo, diversas sociedades de padres de familia han expresado su preocupación por el perjuicio que puede llegar a causar esta situación a los alumnos.
Bajo esta argumentación, el diputado Caro Cabrera propone que el pleno de la Cámara de Diputados solicite al gobernador del estado de Jalisco para que instruya al titular de la Secretaría de Educación de esa entidad federativa a efecto de proceder a la regularización y, en su caso, integrar las cuotas correspondientes por los servicios efectuados a las compañías aseguradoras inscritas en el Programa Seguro Personal contra Accidentes Escolares, así como realizar las acciones necesarias a efecto de ampliar su cobertura a la población escolar.
III. Consideraciones de la comisión
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con base en los propósitos que orientan la Iniciativa descrita en el punto anterior, da cuenta de la preocupación del legislador con relación a la importancia que adquiere el seguro escolar para los educandos que cursan la educación básica, ya que tiene el propósito de contribuir con su desarrollo integral.
La comisión comparte sus preocupaciones y reconoce que dicho problema requiere de las acciones y la atención por parte de las autoridades del gobierno estatal con el objetivo de que se preserve la integridad física de los menores de edad que cursan la educación básica.
No obstante al loable fin que persigue el presente exhorto, es de señalar que el Acuerdo referido precisa, en sus clausulas 4ª y 5ª, el procedimiento que deberán realizar las asociaciones de padres de familia debidamente constituidas para solicitar el pago del monto subsidiario, así como la documentación que deben presentar.
Por su parte, la fracción XXVIII del artículo 14 de la Ley de Educación del Estado de Jalisco establece como facultad del Ejecutivo estatal, por conducto de la Secretaría de Educación, el “cumplir y hacer cumplir la ley y sus disposiciones reglamentarias”.
En consecuencia, esta comisión dictaminadora considera no procedente el exhorto ya que no es competencia de la Cámara de Diputados el cumplimiento de un contrato signado entre la Secretaría de Educación Pública de Jalisco y un particular.
En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos solicita a la Mesa Directiva que la presente proposición con punto de acuerdo sea archivada como asunto total y definitivamente concluido mediante los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo que solicita al gobernador de Jalisco instruya al titular de la Secretaría de Educación de dicha entidad federativa a efecto de proceder a la regularización y, en su caso, a la integración de las cuotas correspondientes por servicios efectuados de las distintas compañías aseguradoras inscritas en el Programa Seguro Personal contra Accidentes Escolares y, asimismo, realice las acciones necesarias a efecto de ampliar la población escolar protegida por la legislación local.
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de abril de 2011.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar, José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldua (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Blanca Soria Morales.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, referente a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar un informe sobre la distribución de un libro de texto no autorizado en el estado de Guanajuato; y a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a realizar una investigación sobre los recursos utilizados en la impresión del libro
Honorable Asamblea:
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182 numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.
I. Antecedentes
1. Con fecha 28 de abril de 2010 fue presentada por la diputada Margarita Gallegos Soto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar un informe sobre la distribución de un libro de texto no autorizado en el estado de Guanajuato y a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos a realizar una investigación sobre los recursos utilizados en la impresión del libro.
2. En esa misma fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la proposición con punto de acuerdo y ordenó su turno a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la proposición.
II. Descripción de la proposición con punto de acuerdo
La diputada Margarita Gallegos Soto hace referencia, respecto del marco normativo que sustenta su propuesta, al artículo 3o. fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala entre los criterios que deben orientar a la educación nacional a la laicidad. Asimismo, menciona que la Ley General de Educación, establece la facultad exclusiva de las autoridades educativas federales para determinar planes, programas de estudio y contenidos para la educación preescolar, primaria y secundaria en toda la república.
En otro orden de ideas, señala que el gobierno de Guanajuato, sin autorización de la Secretaría de Educación Pública, distribuyó a bibliotecas, preparatorias y centros estratégicos, 90 mil libros de biología de primer grado de secundaria. A consideración de la legisladora, el contenido del libro presenta una visión prejuiciada, dogmática, lejana de los principios científicos, y que censura además valores que grupos conservadores consideran despreciables.
La diputada menciona que lo que más le preocupa es la omisión de la Secretaría de Educación Pública que no ordenó el retiro inmediato de los ejemplares distribuidos a los alumnos que cursan el primer año de secundaria en esa entidad federativa, por lo que considera que se trata de una “grave afrenta que debe enmendarse de inmediato”.
Y concluye que la política educativa no debe estar sujeta a interpretaciones fragmentadas o posturas ideológicas de cualquier signo partidario, sino lograr la esencia de la educación, esto es, el proceso de transmisión de conocimientos y habilidades.
Finalmente y con base en las consideraciones contenidas en su exposición de motivos, la proposición de la diputada Margarita Gallegos Soto contiene los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Que por conducto de la presidencia de la Mesa Directiva se solicite a la Secretaría de Educación Pública un informe amplio sobre la distribución de un libro de texto no autorizado en el estado de Guanajuato, y las medidas de vigilancia y sanción que habrá de tomar para evitar una nueva violación al espíritu del artículo 3o. constitucional.
Segundo. Exhortar a la Comisión de Educación de esta honorable Cámara de Diputados a fin de realizar una investigación a fondo sobre los recursos que se usaron para imprimir dicho texto de biología objetado por la Secretaría de Educación Pública.
III. Consideraciones
Los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, al analizar la proposición de la diputada Gallegos Soto, observamos dos aspectos: por un lado la distribución de los libros de texto no autorizados y por el otro la fuente de los recursos con los que se obtuvieron los ejemplares.
Respecto de la distribución de los libros, es un hecho notorio que la Secretaría de Educación del estado de Guanajuato llevó a cabo, en agosto de 2009, la distribución del libro de texto de ciencias Biología I , propuesto para el ciclo escolar 2010 – 2011, esto sin que mediara la autorización de la Secretaría de Educación Pública (SEP), cómo la diputada lo señala, el libro fue calificado por diversos grupos sociales y políticos como un texto “con visión sesgada y confesional”.
En razón de estas expresiones, el 21 de septiembre de 2009, la Secretaría de Educación de Guanajuato emitió un comunicado en el que reconocía que, por error, el libro de texto había sido distribuido sin que mediara la autorización de la SEP y que la solicitud de evaluación y autorización del mismo se encontraba en trámite, por lo cual procedería, en forma inmediata, a retirar el libro de texto de las escuelas.
En este orden de ideas, comprendemos las inquietudes de la diputada Gallegos Soto y reconocemos la importancia de vigilar, mediante las instancias técnicas y educativas pertinentes, que la elaboración de los planes y programas de estudio para la educación básica, así como los materiales didácticos se ajusten a principios científicos.
Sin embargo se observa que, respecto de la distribución de los materiales, la falta administrativa ha quedado superada, ya que la propia Secretaría de Educación del estado procedió a retirar los ejemplares y a proporcionar aquellos que se encontraban autorizados por la SEP, de manera que exhortar a la secretaría a señalar las medidas de vigilancia que tomará sería redundante.
Por otra parte, respecto de la fuente de los recursos que fueron utilizados para la impresión del texto, esta comisión dictaminadora considera que no es competente para realizar una investigación al respecto, ya que las labores de análisis y averiguación en lo correspondiente a presuntas malversaciones de recursos públicos es competencia de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
De esta manera, los integrantes de esta comisión consideramos que los puntos de acuerdo contenidos en la proposición de la diputada Margarita Gallegos Soto no son de aprobarse por encontrarse superados y por no ser competencia de este órgano de apoyo legislativo.
En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública solicita a la Mesa Directiva que la presente proposición con punto de acuerdo sea archivada como asunto total y definitivamente concluido mediante los
Acuerdos
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar un informe sobre la distribución de un libro de texto no autorizado en el estado de Guanajuato y a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos a realizar una investigación sobre los recursos utilizados en la impresión del libro.
Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de abril de 2011.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica en contra), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica en abstención), Roberto Pérez de Alva Blanco, Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar, José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Blanca Soria Morales.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, sobre la implantación de la asignatura de medio ambiente y equidad de género en educación básica
Honorable Asamblea:
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la honorable asamblea el presente dictamen.
I. Antecedentes
A la comisión que suscribe de Educación Pública y Servicios Educativos le fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo en la que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, sobre la implantación de la asignatura de medio ambiente y equidad de género en educación básica, presentada por el diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 29 de abril de 2010.
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la Proposición en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis correspondiente.
II. Descripción de la proposición
En la proposición presentada por el diputado Juan Carlos Natale López, manifiesta que es importante crear en el ser humano desde temprana edad, “conductas responsables con el medio ambiente y la equidad de género”.
En cuanto a equidad de género, la mujer ha trabajado para obtener los mismos derechos que los hombres, sin embargo, a pesar de los avances que se han logrado, aún persiste una desigualdad de género. Por consiguiente, se requiere “procesos específicos que ayuden a incorporar la diversidad y la inclusión como valores y principios pedagógicos en las familias, aulas y en los medios de comunicación”, y así generar la igualdad en derechos.
En lo que respecta al medio ambiente, continúan la “deforestación y degradación de suelos, la contaminación de cuencas, ríos y lagunas, la aceleración del calentamiento global”, entre otros problemas ambientales.
Por tanto, el diputado solicita al pleno de esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo:
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, a efecto de que rinda a esta soberanía un estudio integral sobre la viabilidad técnica, educativa y presupuestal respecto a la implementación a los planes y programas de estudios de una nueva asignatura enfocada específicamente a la importancia del cuidado y protección del medio ambiente y de la garantía al respeto sobre la equidad de género desde la educación básica inicial.
III. Consideraciones de la comisión
1. Los miembros de la comisión dictaminadora, reconocen la importancia de ofrecer dentro de los planes y programas de estudio, los temas en educación ambiental y equidad de género, ya que se consolida lo establecido en el artículo 3ero. constitucional sobre la igualdad de derechos de todos los hombres (fracción II, inciso c) y uno de los fines de la educación:
“Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales” y (artículo 7, fracción VIII, de la LGE 1 ).
2. La educación, es un “es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social” (artículo 2 de la Ley General de Educación).
3. De manera específica, en la Ley General de Educación, en el artículo 12, fracción I, se establece de manera exclusiva de la autoridad educativa federal el “determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación en los términos del artículo 48”. El artículo 48 de la misma Ley, determina lo siguiente: “La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de conformidad a los principios y criterios establecidos en los artículos 7 y 8 de esta ley (...)”. Por lo que la Secretaría de Educación Pública no puede rendir a esta soberanía un estudio de viabilidad técnica, educativa y presupuestal respecto a la implementación de una nueva asignatura sobre medio ambiente y equidad de género.
4. La comisión dictaminadora está de acuerdo que la educación ambiental y la equidad de género forme parte del aprendizaje del ser humano; sin embargo, en los planes y programas de educación básica, se contemplan los temas sobre medio ambiente y equidad de género, debido a que forman parte de los propósitos fundamentales de la educación básica del país” 2 . Por tanto, no procede el exhorto.
En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos solicita a la Mesa Directiva que la presente proposición con punto de acuerdo sea archivada como asunto total y definitivamente concluido mediante los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, sobre la implementación de la asignatura de medio ambiente y equidad de género en educación básica.
Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.
Notas
1 Ley General de Educación.
2 Dirección General de Desarrollo Curricular, SEP (2011). Planes y programas de estudio de educación básica. Extraído el día 15 de marzo de 2011, desde http://basica.sep.gob.mx /dgdc/sitio/start.php?act=rieb
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2011.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar, José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Besaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Blanca Soria Morales.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, respecto a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Jalisco a proporcionar a la Universidad de Guadalajara las contrapartes económicas otorgadas a través del Fondo de Incremento de Matrícula en Educación Superior, ampliación de la oferta educativa del nivel superior y de reconocimientos de plantilla de 2007 a 2010, y de la partida de resarcimiento de 2008
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXI Legislatura fue turnada para estudio y análisis la proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Jalisco a proporcionar a la Universidad de Guadalajara las contrapartes económicas otorgadas a través de diversos fondos para la educación superior y para reconocimientos de plantilla de 2007 a 2010, así como de la partida de resarcimiento de 2008, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 85, 176 y 182, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen:
I. Antecedentes
A. En sesión ordinaria celebrada por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 19 de octubre de 2010, el diputado Arturo Zamora Jiménez presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Jalisco a proporcionar a la Universidad de Guadalajara las contrapartes económicas otorgadas a través de diversos fondos para la educación superior y para reconocimientos de plantilla de 2007 a 2010, así como de la partida de resarcimiento de 2008.
B. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición de referencia a la comisión señalada para estudio y dictamen correspondiente.
II. Descripción de la proposición
El proponente da cuenta de la importancia que tiene la Universidad de Guadalajara por ser la segunda más antigua y grande de México. Destaca que ésta cuenta con una serie de indicadores –profesores en Promep, cuerpos académicos, programas académicos registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, número de investigadores en el SNI, transparencia, investigación– que la ubican como uno de los primeros centros educativos del país.
Señala que en 2007 la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó diversos fondos federales para apoyar a las instituciones públicas de educación superior del país, los que fueron publicados en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación a través del Diario Oficial. Asimismo, agrega, la Secretaría de Educación Pública emitió diversas convocatorias para los fondos de concurso, como el concurrente para el incremento de la matrícula, ampliación de oferta educativa, ambos de educación superior de las universidades públicas estatales, así como el de reconocimiento de plantilla de las universidades públicas estatales. Manifiesta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se hizo cargo de la partida de resarcimiento de 2008.
El promovente destaca que conforme a las convocatorias descritas, el gobierno de Jalisco adquirió la obligación de otorgar las contrapartes económicas correspondientes al recurso aprobado por la federación, mediante cartas compromiso a favor de la Universidad de Guadalajara. No obstante, la actual administración del gobierno de Jalisco ha sido omisa en sus compromisos de proporcionar a la universidad los recursos, por 701 millones 194 mil 823.69 pesos, equivalentes a los otorgados por el gobierno federal.
Ante la gravedad de la situación financiera de la Universidad de Guadalajara y la negativa del Ejecutivo estatal de entregar los recursos que por derecho le corresponden, el diputado Zamora pone a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno de Jalisco a proporcionar inmediatamente a la Universidad de Guadalajara las contrapartes económicas otorgadas a través de los fondos de incremento de matrícula en educación superior, de ampliación de la oferta educativa de nivel superior y de reconocimiento de plantilla, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2007, 2008, 2009 y 2010, así como de la partida de resarcimiento de 2008, cuyos montos suman 701 millones 194 mil 823.69 pesos, con objeto de que dicha casa de estudios tenga certeza financiera y pueda cumplir sus actividades y funciones sustantivas.
III. Consideraciones de la comisión
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos comparte con el proponente la preocupación de que los conflictos financieros que vive la Universidad de Guadalajara ponen en riesgo sus diversas actividades sustantivas, compromisos y programas institucionales, así como el patrimonio universitario y el de sus trabajadores académicos, administrativos. Asimismo, incumple su labor social de formar profesionales.
A juicio de esta comisión, es indiscutible el objetivo que persiga la propuesta del diputado Zamora, ya que contribuye a resolver los problemas que enfrenta actualmente la Universidad de Guadalajara. Asimismo, contribuye a propiciar certidumbre y tranquilidad en Jalisco. Sin embargo, cabe señalar que el gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara ya resolvieron en definitiva el diferendo que sostenían sobre recursos y presupuesto, mediante la intermediación de las Secretarías de Gobernación, y de Educación Pública federal. Lo anterior fue señalado mediante la publicación de un comunicado de prensa presentado por la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado de Jalisco el 23 de diciembre de 2010.*
En virtud de lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos solicita a la Mesa Directiva que la presente proposición con punto de acuerdo sea archivada como asunto total y definitivamente concluido mediante los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Jalisco a proporcionar a la Universidad de Guadalajara las contrapartes económicas otorgadas a través del fondo de incremento de matrícula en educación superior, ampliación de la oferta educativa del nivel superior y de reconocimientos de plantilla de 2007 a 2010, y de la partida de resarcimiento de 2008, por tratarse de un asunto atendido.
Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.
Nota
* Comunicado conjunto de prensa de la Universidad de Guadalajara y del gobierno del estado. Universidad de Guadalajara, recuperado el 11 abril 2011 desde http://www1.udg.mx/noticias/comunicado-conjunto-de-prensa-de-la-univers idad-de-guadalajara-y-el-gobierno-del-estado#
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 13 de abril de 2011.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco, Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar, José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Blanca Soria Morales.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, referente a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos federal, estatal y municipales a fortalecer las acciones necesarias a fin de crear fondos específicos con objeto de dotar de computadoras a todos los estudiantes de educación media superior y superior de las escuelas públicas del país
Honorable Asamblea:
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.
I. Antecedentes
1. Con fecha 13 de diciembre de 2010 fue presentada por el diputado Miguel Martínez Peñaloza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos federal, estatal y municipales a realizar las acciones necesarias a fin de crear fondos específicos destinados a dotar de computadora a todos los estudiantes de educación media superior y superior de las escuelas públicas del país.
2. En esa misma fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la proposición con punto de acuerdo y ordenó su turno a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos mediante el expediente número 3506.
3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la proposición.
II. Descripción de la proposición con punto de acuerdo
El diputado Miguel Martínez Peñaloza sustenta su proposición en la necesidad de las computadoras para las actividades académicas, señalando entre los beneficios que brindan:
• El ahorro de tiempo al realizar sus tareas.
• Potenciar la experiencia educativa de los alumnos.
• Los alumnos se vuelven más productivos con menor esfuerzo.
• Plantear diversas estrategias de solución y llevarlas a cabo, comparando sus resultados y ventajas de procesamiento de datos.
• Facilitar la creación o uso de modelos matemáticos que describan los fenómenos estudiados.
• Los alumnos conocen y manejan paquetes de cómputo que serán semejantes a los que usarán en cursos posteriores o en el ejercicio profesional.
Respecto del acceso que los estudiantes de los sistemas de educación media superior y Superior tienen a los equipos de cómputo, el Legislador reconocer el esfuerzo de la Secretaría de Educación Pública al suscribir, el 3 de febrero de 2009, un acuerdo con Microsoft a fin de dar financiamiento de entre 12 y 18 meses a estudiantes becados de educación media superior para comprar computadoras con Internet, con un descuento de 60 por ciento del valor real, en el marco del programa Educación con Tecnología, sin embargo, califica esta medida de insuficiente, ya que considera que el porcentaje de alumnos becado es muy bajo y que el proyecto deja fuera a los alumnos que no se encuentran becados por la federación.
Observa también, respecto del acceso, que los niveles de equipamiento de los planteles de educación básica han crecido más rápido que los de bachillerato, donde además las aulas equipadas son utilizadas para enseñar computación, lo cual reduce las oportunidades de los estudiantes de usarlas de forma directa.
Por otra parte señala que para la población que no dispone de una computadora personal hay la posibilidad de acceder a la red mediante el uso de los servicios de un “cibercafé”, en el cual el usuario puede acceder de forma rápida y eficiente a los servicios que en Internet se ofrecen, sin embargo, el uso de estos locales representa un gasto significativo que para la mayoría de las familias mexicanas resulta un lujo.
Respecto de los beneficios que su propuesta traería, el diputado asegura que este tipo de fondos constituirían un “aliciente para los estudiantes, que la profesionalización de los jóvenes sería más práctica al dotarlos de la herramienta que les permitirá entrar en contacto con los programas propios de su profesión desde antes de iniciar sus labores”.
Asimismo, reconoce que este tipo de políticas no se ha materializado por su alto costo económico; sin embargo, considera que su inclusión en los programas sociales vigentes puede llevarse a cabo si los tres órdenes de gobierno ponen de su parte, especialmente si cada uno de ellos es responsable de las fórmulas necesarias para acceder a este tipo de beneficios de forma discrecional.
Finalmente, y con base en las consideraciones contenidas en su exposición de motivos, la proposición del diputado Miguel Martínez Peñaloza contiene el siguiente punto de acuerdo:
Único. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos federal, estatales y municipales a efecto de que, en el ámbito de sus competencias, instauren o, en su caso, fortalezcan las acciones necesarias a fin de crear fondos específicos con objeto de dotar de computadora a todos los estudiantes de educación media superior y superior de las escuelas públicas del país.
III. Consideraciones
Los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos comprendemos el interés del diputado Martínez Peñaloza y coincidimos en que los equipos de computo son herramientas importantes en la vida académica de los estudiantes de los niveles medio superior y superior, asimismo, reconocemos que las tecnologías de información y comunicación son instrumentos de gran importancia para el sistema educativo, cuando son aplicados adecuadamente.
El legislador hace especial énfasis en la importancia de que los estudiantes de los niveles educativos de media superior y superior cuenten con acceso no solamente a una computadora, sino que a la información que el internet brinda, sin embargo, la propuesta del legislador consiste únicamente en la dotación de equipos de computo a los estudiantes, sin considerar que estos tengan o no acceso a internet.
Respecto del acceso que actualmente tienen los jóvenes a los equipos de cómputo en los planteles educativos, el proponente asegura que sólo el 10 por ciento de los alumnos que asisten al bachillerato en instituciones públicas cuentan con computadora en la escuela, cifra que se obtiene si se asume que cada uno de los equipos de las instituciones educativas está asignado de manera restringida a un solo estudiante, sin embargo, de las propias cifras presentadas por el diputado Martínez Peñaloza se desprende que de las 8 mil 637 escuelas públicas de nivel medio superior del país, cerca del 84 por ciento cuentan con sala de cómputo y, de éstas, casi el 64 por ciento cuentan con servicio de Internet.
Por otra parte, como el legislador lo señala, una característica elemental de los equipos de cómputo, es que son instrumentos cuya innovación es constante, de manera que para el Estado es presupuestalmente imposible garantizar que los estudiantes contarán con equipos actualizados y con el soporte técnico necesario a lo largo de sus estudios de nivel medio superior y superior, que pueden tomar desde tres hasta 12 años aproximadamente, tiempo suficiente para que las necesidades tecnológicas se renueven.
Cabe señalar también que la propuesta del Legislador contempla como población objetivo del beneficio a todos los estudiantes de educación media superior y superior de las escuelas públicas del país, sin establecer criterios que diferencien a los jóvenes que no poseen equipos de cómputo de los que ya cuentan con ellos, ya sea en casa o portátiles, o bien que asistan a instituciones educativas con suficientes computadoras disponibles para la población estudiantil.
Asimismo, se desconoce el tipo de tecnología con el que se buscaría dotar a los alumnos, por lo que contemplar un estimado del impacto presupuestal que la propuesta implicaría es complicado.
Sin embargo, si se considera que, de acuerdo con las cifras de la Presidencia de la República citadas por el promovente, los alumnos de ambos niveles educativos que son atendidos por instituciones de sostenimiento público, suman un total de 5 millones siete mil 688 alumnos y considerando que los equipos de cómputo oscilan actualmente entre los 5 mil y los 18 mil pesos aproximadamente, aun cuando los recursos se obtuvieran de acuerdo a las reglas establecidas por cada entidad federativa, el gasto público a comprometer sería sumamente elevado.
De esta manera, los diputados integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos consideramos que el punto de acuerdo contenido en la proposición del diputado Miguel Martínez Peñaloza es improcedente en razón de las repercusiones presupuestarias que conlleva y debido a que su población objetivo no se encuentra debidamente delimitada.
En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos solicita a la Mesa Directiva que la presente proposición con punto de acuerdo sea archivada como asunto total y definitivamente concluido mediante los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos federal, estatal y municipales a fortalecer las acciones necesarias a fin de crear fondos específicos con objeto de dotar de computadora a todos los estudiantes de educación media superior y superior de las escuelas públicas del país.
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 13 de abril de 2011.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar, José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Besaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Blanca Juana Soria Morales.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a garantizar el efectivo cumplimiento de los Lineamientos Generales para el Expendio o Distribución de Alimentos y Bebidas en los establecimientos de educación básica
Honorable Asamblea:
Las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182 numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen.
I. Antecedentes
1. Con fecha 19 de enero de 2011 fue presentada, por el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implantar las medidas que garanticen el efectivo cumplimiento de los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar.
2. En esa misma fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la proposición con punto de acuerdo y ordenó su turno a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública mediante el expediente número 3825.
3. Las Comisione Unidas dieron trámite de recibo e iniciaron el análisis de la proposición.
II. Descripción de la proposición con punto de acuerdo
El diputado Ríos Vázquez señala que el pasado lunes 10 de enero, ocurrió un “novedoso” regresaron a clases para la educación básica, ya que se empezaron a aplicar los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar y cooperativas de los planteles de educación básica. De esta manera, los planteles escolares deberán contar con alimentos y bebidas con alto valor nutricional y no el contenido exhibido en los empaques que sustituyen los nutrimentos necesarios para complementar la dieta diaria de nuestros infantes.
Señala además que ambas Cámaras del Congreso de la Unión aprobaron reformas a la Ley General de Salud y a la Ley General de Educación para prever en ellas una serie de disposiciones para fomentar una vida sana partiendo del entorno escolar, entre las niñas y los niños mexicanos.
Ante este marco de acciones por parte del Estado, el diputado observa que las empresas productoras mostraran una férrea resistencia a que los productos que elaboran y venden fueran regulados y prohibido su consumo dentro de los planteles escolares, por lo que tuvo lugar una campaña que denostaba al Congreso pretendía obstaculizar la aprobación de los cambios en las leyes.
Desde el punto de vista del diputad Ríos Vázquez, los lineamientos dados a conocer “son sólo un paliativo, una medida parcial al problema de fondo, que es modificar los hábitos alimenticios de la niñez mexicana”, ya que ahora las empresas comercializan sus productos no necesariamente con una modificación a los contenidos nutrimentales de lo que ofrecen, sino sencillamente, surten para su venta productos con menores cantidades de envasado, ante lo que se pregunta “¿qué va a suceder si (los niños) consumen varias de estas porciones?
Con base en estas consideraciones señala que se deben tomar medidas de fondo para atender el problema del sobrepeso y la obesidad infantil, entre las que propone:
1. Instaurar en los planteles escolares públicos, áreas de comedores donde los alumnos puedan recibir una alimentación balanceada posible.
2. Que en dichos comedores puedan intervenir directamente los padres en la elaboración, el control y la supervisión del suministro de los alimentos.
El legislador finaliza puntualizando que con su propuesta no busca desproteger a las industrias productoras de los alimentos procesados, sino garantizar que la alimentación de los niños sea lo más completa y balanceada posible.
En este orden de ideas y con base en las consideraciones contenidas en su exposición de motivos, la proposición del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez contiene el siguiente punto de acuerdo:
Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar las medidas correspondientes para garantizar el efectivo cumplimiento de los Lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica.
III. Consideraciones
Los diputados integrantes de esta comisión damos cuenta de las preocupaciones del Diputado Ríos Vázquez y reconocemos que, si bien el problema de sobre peso infantil en México es multifactorial, debe ser atendido por parte de las autoridades a través de acciones concretas que tengan repercusiones favorables en los jóvenes y niños. Asimismo, entendemos también que los hábitos alimenticios es uno de los factores con mayor responsabilidad en el inusitado aumento de peso en los últimos años en México, pero que los patrones de alimentación son modificables y la escuela es un ambiente que puede ser aprovechado con este fin.
Consideramos importante señalar que no es sólo en el ámbito escolar donde se puede fomentar una nutrición óptima, ya que los padres juegan un papel fundamental al promoverles el hábito de desayunar antes de ir a la escuela, enviarlos con refrigerios que sean adecuados a su edad y actividad, y darles de comer y cenar a horas establecidas, asimismo, deben fortalecer la vigilancia de lo que consumen tanto en la casa, como fuera de ella, orientándolos al consumo de una alimentación en la que incluyan frutas, verduras, granos enteros y agua simple potable.
Respecto de los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica, estos fueron establecidos en el marco del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, suscrito el 25 de enero de 2010 por las Secretarías de Salud, y de Educación Pública, con la participación activa de otros representantes del sector público, así como social y privado con la finalidad de crear una política integral de Estado a través de la cual se desarrollen estrategias multisectoriales, intersectoriales y multinivel, de igual manera, asumieron la puesta en marcha de la estrategia contra el sobrepeso y la obesidad, mediante una coordinación nacional de acciones dirigidas especialmente a los menores de edad, que logre en la población mexicana cambios significativos en los patrones de alimentación y actividad física.
En este orden de ideas, los lineamientos fueron emitidos habiendo observado que los esfuerzos realizados por los gobiernos de las entidades federativas, mediante reformas a sus respectivas leyes de educación y de salud, y la emisión de ordenamientos secundarios para regular la comercialización de alimentos y bebidas en las escuelas, no han sido suficientes en razón de que la normatividad no es uniforme, ya que en algunos casos se permiten y prohíben de manera expresa ciertos alimentos y bebidas, en otros casos sólo se realizan recomendaciones generales y en otros más, no existen normas específicas para el expendio de alimentos y bebidas en las escuelas.
Entre las acciones señaladas en los lineamientos se encuentran las siguientes:
• Favorecer la disponibilidad de alimentos y bebidas que faciliten llevar una dieta correcta,
• Impulsar la realización de actividades físicas en las escuelas,
• Contar con establecimientos de consumo escolar donde estén disponibles alimentos y bebidas recomendables,
• Practicar acciones cotidianas saludables en las escuelas que generen hábitos alimentarios sanos.
Asimismo, el acuerdo señala entre sus propósitos el establecer acciones que promuevan una alimentación y entorno saludables e impulsen una cultura de hábitos alimentarios que favorezca la adopción de una dieta correcta para la prevención del sobrepeso y la obesidad, así como constituirse en un instrumento jurídico de observancia obligatoria en las escuelas de educación básica de todo el país, en el marco del Programa Escuela y Salud, para establecer los criterios que regulan el tipo de alimentos y bebidas que son recomendables para su consumo y expendio en los establecimientos de consumo escolar, así como aquellos que no deben ser distribuidos en los centros escolares.
Cabe señalar que el acuerdo está referido de manera obligatoria a todos los tipos de establecimientos de consumo escolar, incluidas las tiendas, cooperativas, espacios o centros de expendio y cualquier otro tipo y con fines similares existentes en las escuelas de educación básica del sistema educativo nacional para ofrecer a los educandos, durante su estancia en la misma, alimentos y bebidas dentro de sus instalaciones, sin importar su denominación o naturaleza jurídica.
Finalmente, consideramos relevante destacar que, como lo menciona el proponente, los Lineamientos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto pasado y de acuerdo con su artículo tercero transitorio, estos serían obligatorios en todas las escuelas de educación básica a partir del primero de enero de 2011, de esta manera, los integrantes de esta Comisión coincidimos en que un instrumento como éste, que abarca variados objetivos, implica diferentes cambios administrativos en las instituciones educativas, involucra a diversos actores sociales y tiene aplicación a nacional, requiere de un periodo razonable para ser observado y evaluado, asimismo, creemos que a menos de medio ciclo escolar cursado con los lineamientos en vigor, no es tiempo aún para determinar su efectividad.
De esta manera, si bien comprendemos que el cumplimiento puntual de los compromisos adquiridos es de suma importancia para el beneficio de los educandos, como ya se ha expresado en el presente dictamen, consideramos pertinente conceder un tiempo prudente que permita observar los avances de las acciones y el desarrollo de las metas.
En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública solicita a la Mesa Directiva que la presente proposición con punto de acuerdo sea archivada como asunto total y definitivamente concluido mediante los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a garantizar el efectivo cumplimiento de los Lineamientos Generales para el Expendio o Distribución de Alimentos y Bebidas en los establecimientos de educación básica.
Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2011.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar, José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Besaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Blanca Soria Morales.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, respecto a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades educativas federales y locales a realizar acciones encaminadas a la atención de la problemática de violencia entre los alumnos de educación básica de todo el país
Honorable Asamblea:
Las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182 numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.
I. Antecedentes
1. Con fecha 8 de febrero de 2011 fue presentada por la diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades educativas federal y locales a que realicen acciones encaminadas a la atención de la problemática de violencia entre los alumnos de los establecimientos escolares de educación básica de todo el país.
2. En esa misma fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la proposición con punto de acuerdo y ordenó su turno a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos mediante el expediente número 3854.
3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la proposición.
II. Descripción de la proposición con punto de acuerdo
La diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa refiere en la exposición de motivos de su proposición que la violencia o acoso escolar está presente en las instituciones educativas a pesar de las disposiciones de diversos instrumentos internacionales que buscan asegurar la protección de los niños y adolescentes y la lucha contra la discriminación.
Entre los instrumentos internacionales a los que la diputada hace referencia se encuentran la Convención sobre los Derechos del Niño y el Estudio Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (Talis, por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
La diputada cita algunos datos de la OCDE, del Consejo Nacional para Combatir la Discriminación y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acerca de la violencia escolar, de entre los cuales se rescatan los siguientes:
• México ocupa el primer lugar con el ambiente escolar más violento de entre 23 países
• Los más discriminados y segregados en las escuelas son los que padecen una discapacidad, enfermedad crónica o terminal, los indígenas, pobres, obesos, los de lento aprendizaje, coeficiente intelectual alto o que no responden a los roles de género establecidos.
• México cuenta con los maestros con menos preparación y más faltistas.
• La violencia es una conducta aprendida, es el uso de formas coercitivas o indebidas de poder para dañar, presionar o someter la voluntad de las personas en función de los intereses personales o instituciones que tienen el poder.
La legisladora señala que las desigualdades de poder abren el espacio para el ejercicio de la violencia y que los efectos de ésta son bajo rendimiento, fobia de ir al colegio (ausentismo), tristeza o depresión, pérdida de autoestima y deserción escolar.
Sin embargo, considera que una educación bien encaminada y dirigida servirá como factor determinante para el desarrollo social del educando y ayudará al fortalecimiento de su seguridad y de sus valores humanos, enfatizando el reconocimiento de las diferencias, la tolerancia y el respeto, y añade que una mejor educación significa también un ambiente propicio para esta, donde tanto los alumnos como el personal se sientan seguros y puedan desarrollar al máximo sus capacidades.
Finalmente y con base en las consideraciones contenidas en su exposición de motivos, la Proposición de la Diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa contiene el siguiente punto de acuerdo:
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades educativas federal y locales, para que realicen acciones programáticas específicas encaminadas a la atención y resolución de la problemática de violencia verbal, física, psicológica y social (bullying) entre los alumnos de los establecimientos escolares de educación básica de todo el país.
III. Consideraciones
Los diputados integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos comprendemos las inquietudes expuestas por la legisladora y coincidimos con ella en que los temas que le preocupan tienen impacto en la educación.
Respecto del tema particular de violencia en los centros escolares, cabe señalar que el problema de indisciplina conocido como bullying o acoso escolar, no es un tema reciente ni desconocido, el doctor en psicología Dan Olweus, creador del término bullying, sostiene que el acoso escolar ha existido siempre y lo definió por vez primera en los años 70 al referir que “un estudiante está siendo acosado (bullied) o victimizado cuando él o ella es expuesto, de forma repetitiva y por un periodo de tiempo, a acciones negativas por parte de uno o más estudiantes”, agrega además que al hacer referencia a acciones negativas, se refiere no sólo a violencia física, sino que también a ofensas verbales, exclusión e inclusive gestos, y que no debe confundirse con la ocasional pelea de dos estudiantes de aproximadamente la misma fuerza (física o psicológica), ya que en el bullying existe siempre una relación asimétrica de poder 1 .
En otro orden de ideas, consideramos importante señalar que no todos los casos de indisciplina deben ser considerados violencia o abuso escolar, y que dejar la labor únicamente en las manos de los profesores puede ser contraproducente para la calidad educativa. Alfredo Furlán señala que los estudiosos de la educación califican de “peligroso” el desplazamiento de la noción de indisciplina a la de violencia, pues con esta los profesores se ven imposibilitados para abordar las conductas de los estudiantes y para llevar el control de grupo, disminuyendo así la capacidad de trabajo pedagógico 2 .
Es necesario observar también que las causas del problema son multifactoriales, por lo que reconocemos necesario que se lleven a cabo actividades que orienten a los niños a cuidar de sí mismos, a resolver conflictos de forma no violenta y a identificar y manejar situaciones de riesgo; a los padres de familia o tutores a prevenir y detectar cuando sus hijos o pupilos son víctimas de violencia escolar; y a los profesores a identificar los efectos del abuso, reconocer las características de los estudiantes agresores y a propiciar ambientes escolares seguros.
De esta manera, comprendemos la importancia de una convivencia pacífica, de la cultura de la paz y el respeto a los derechos humanos, es por esto que coincidimos en la importancia que tienen las actividades llevadas a cabo por las autoridades educativas respecto de los casos de violencia en las escuelas y que los programas, campañas informativas, cursos y conferencias preventivas, así como otras líneas de acción, deben ser implementadas a nivel nacional, de manera generalizada, pero atendiendo las necesidades particulares de cada grupo social.
Sin embargo, si bien se comprende la complejidad de la problemática, consideramos que deben reconocerse también los esfuerzos realizados por las autoridades educativas enfocados a la atención de la violencia en centros escolares, como es el caso del Programa Nacional Escuela Segura que desde 2007 opera enfocándose particularmente en situaciones de riesgo para el bienestar y la convivencia escolar, tales como las manifestaciones de violencia, el consumo de sustancias adictivas así como prácticas delictivas.
En el mismo sentido, existen entidades federativas que se han ocupado del tema de prevención y atención de la violencia en los planteles escolares, es el caso de Baja California Sur que desde julio de 2009 cuenta con una Ley de Seguridad Escolar; por su parte la Secretaría de Educación Jalisco a principio del año 2010 dio a conocer los programas “Escuela Segura”, “Desarrollo y Bienestar Escolar” y la “Red de Acciones Educativas a favor de la Equidad”, todos ellos enfocados al combate a la violencia escolar; asimismo, el gobierno del Distrito Federal publicó, a inicios del año pasado, las “reglas de operación del Programa por una cultura de no violencia y buen trato en la comunidad educativa, dirigido a los diferentes actores que la conforman, específicamente hacia las niñas, niños y jóvenes de los centros escolares de educación básica en el Distrito Federal”.
Las inquietudes de la Iniciante y de las autoridades educativas que han puesto en práctica las acciones mencionadas, no es ajena a las labores legislativas de esta Cámara de Diputados, ya que se observa que a lo largo de la presente LXI Legislatura han sido presentadas diversas propuesta de reforma que tienen como objetivo principal atender el problema de disciplina escolar, conocido como bullying.
Precisamente con la finalidad de fortalecer el marco jurídico general, necesario para que las normas reglamentarias sean adaptadas a las necesidades actuales de los educandos, los Diputados integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos hemos aprobado en fechas recientes el Proyecto de Decreto que reforma los artículos 8, 14, 42 y 49 la Ley General de Educación con la finalidad de que los casos de violencia e indisciplina escolar sean atendidos observando cada caso de manera particular y dentro del marco legal que rige a las instituciones educativas.
La reforma aprobada por el Pleno de esta Comisión establece, de manera sintetizada los siguientes aspectos:
a. Que el criterio que orientará a la educación se basará en la cultura de la paz.
b. Que entre las atribuciones concurrentes de las autoridades educativas se contemplará la creación de mecanismos de prevención, detección y atención de casos de violencia escolar.
c. Que se dé seguimiento oportuno a los casos de violencia escolar en cualquiera de sus manifestaciones, y
d. Que el proceso educativo se basará en principios que aseguren relaciones armónicas, de respeto e igualdad.
De esta manera, si bien los diputados integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos comprendemos la importancia de la propuesta, como se ha expresado en el presente dictamen, consideramos que el punto de acuerdo contenido en la proposición de la diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa debe ser desechado por encontrarse atendido por parte de este órgano de apoyo legislativo a través de diversas reforma aprobadas.
En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública solicita a la Mesa Directiva que la presente proposición con punto de acuerdo sea archivada como asunto total y definitivamente concluido mediante los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades educativas federal y locales a que realicen acciones encaminadas a la atención de la problemática de violencia entre los alumnos de los establecimientos escolares de educación básica de todo el país.
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Notas
1. Cfr. OLWEUS Dan (2002). Bullying at school: what we know and what we can do, Reino Unido, 8a edición, Blackwell Publishers Inc., páginas 9-10.
2. Cfr. FURLÁN, Alfredo (2005), Problemas de Indisciplina y Violencia en la Escuela. México. Revista Mexicana de Investigación Educativa. Número
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2011.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar, José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Blanca Soria Morales.