- De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP a revisar de manera exhaustiva el proceso de evaluación de la calidad de los programas de las escuelas normales
- De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al INAH a informar sobre la actualización del registro de monumentos y zonas arqueológicos e históricos
- De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP a vigilar que en las escuelas particulares de nivel básico se utilicen los libros de texto gratuitos
- De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal actualizar el Reglamento de Cooperativas Escolares y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación
- De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la SEP a declarar –por el INAH– Tamazula, Durango, zona de patrimonio histórico y cultural de México; y la casa donde vivió Guadalupe Victoria, monumento histórico y cultural
- De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular de la SEP a establecer lo conducente a abatir el analfabetismo y el rezago educativo del país
- De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Juventud y Deporte, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias del gobierno federal y al Poder Ejecutivo de los estados a invertir en la construcción de instalaciones deportivas en los planteles públicos de nivel superior
- De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promover por la Comisión Nacional del Agua la innovación tecnológica y la reubicación de los instrumentos de medición climatológicos
- De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y del Trabajo y Previsión Social a instaurar medidas que incidan positivamente en la próxima determinación de los salarios mínimos generales
- De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a reclasificar a partir de 2011 del área geográfica C a la B los municipios de San Luis Potosí
- De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a fijar éstos con base en el costo real de la canasta básica
- De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT a colocar bandas de alerta en las autopistas de cuota
- De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aumentar el número de operaciones para que el autotransporte de carga que circula por las carreteras federales en Tamaulipas cumpla la normativa en materia de pesos y dimensiones
- De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la SCT y al gobierno de Baja California a agilizar la construcción del aeropuerto civil en Ensenada
- De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a entregar con la mayor brevedad la concesión del aeropuerto Ingeniero Juan Guillermo Villasana
- De la Comisión de Defensa Nacional, con punto de acuerdo, por el que se solicita se conforme un grupo de trabajo plural de legisladores, integrado preferentemente por aquellos que han de participar en la “L Reunión Interparlamentaria México- Estados Unidos
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP a revisar de manera exhaustiva el proceso de evaluación de la calidad de los programas de las escuelas normales
Honorable Asamblea:
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.
I. Antecedentes
A la comisión que suscribe, de Educación Pública y Servicios Educativos, le fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo en la que se exhorta a la SEP a la revisión exhaustiva del proceso de evaluación de la calidad de los programas de las escuelas normales, presentada por el diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el 11 de marzo de 2010.
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis correspondiente.
II. Descripción de la proposición
En la proposición presentada por la diputada, manifiesta su preocupación ante la evaluación que se está realizando a las escuelas normales a través de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior.
El problema radica en que muchas de las escuelas normales “aún no terminan por consolidarse como instituciones de educación superior” y muchas de ellas no han cumplido el requisito de tener un “orden organizacional en su interior”.
Es importante que la Secretaría de Educación Pública realice un seguimiento permanente de la calidad de los servicios educativos de educación básica, específicamente de las escuelas normales. Por lo que la diputada hace una puntual proposición, “que otorguen el reconocimiento de calidad sólo si se diseñan mecanismos de evaluación específicos para este tipo de instituciones, se fomenta la investigación educativa, se da una mejora sustantiva en la capacitación y actualización de los docentes en servicio y se rediseñan los programas educativos, a fin de que atiendan las necesidades de la realidad educativa actual”.
Por tanto, la proponente solicita al pleno de esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo:
Único. Se exhorta al secretario de Educación Pública federal a realizar una revisión exhaustiva del reciente proceso de evaluación de la calidad de las escuelas normales públicas del país, a fin de evitar que un ejercicio tan trascendental para este subsistema se convierta en uno de simulación y no en uno que permita la identificación de aciertos y de errores para emprender acciones sólidas en el mediano plazo en favor de la mejora continua de sus programas educativos, que lo lleven a ser un subsistema de calidad acreditada.
III. Consideraciones de la comisión
1. Los miembros de esta comisión dictaminadora consideran de gran importancia la evaluación de los servicios educativos. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 menciona que los jóvenes tienen derecho a acceder a una educación de calidad y que a su vez ésta responda a las exigencias que el mundo laboral les plantea. Por lo que las escuelas de todos los niveles de educación deben elevar su calidad, comprendiendo los rubros de cobertura, equidad, eficacia, eficiencia y pertinencia. Para esto, los mecanismos de evaluación deben generar “una valoración de los procesos y sistemas curriculares como una forma de rendir cuentas de manera objetiva” (PND 2007-2012, página 183).
2. La evaluación es un término usado y aplicado con gran frecuencia en la práctica educativa para conseguir información sobre aprendizajes logrados y para tomar decisiones, con la finalidad de mejorar o conseguir el objetivo y las metas preestablecidas en la escuela. Por tanto, la evaluación se entiende como “un proceso permanente que permite mejorar de manera gradual la calidad académica”. 1 El proceso de evaluación implica para los evaluadores llevar a cabo diversas habilidades como la de reflexionar, sistematizar e indagar constantemente el contexto, rigiéndose a través de modelos, principios y ética. Se requiere que el evaluador tome una “posición de análisis crítico en torno a las acciones que se realizan conjuntamente con las intenciones que se persiguen. Es decir, se hace necesario definir qué se pretende, qué valores están involucrados, cómo se realiza, qué efectos tiene, qué papel asumen, etcétera.” 2 House (1994), ante estas posturas de llevar a cabo la evaluación menciona que el evaluador debe ser una “persona preocupada, interesada y sensible a los argumentos pertinentes. Debe ser más imparcial que simplemente objetivo.” 3
3. La situación que presentan actualmente las escuelas normales, es que “aún no se tiene una visión del docente como profesional, los planes de estudio de las normales padecen un empirismo exacerbado, el trato de las normales como instituciones de educación superior no debe ser el mismo que las universidades” 4 . Sandoval Flores (2010) menciona que las escuelas normales son instituciones de educación superior pero no universidades, falta fortalecer la vida colegiada, la innovación pedagógica, se tiene como retos defender el normalismo, recuperar la formación de maestros con conciencia crítica” 5 .
4. Por lo anterior, la Secretaría de Educación Pública debe dar seguimiento puntual de las evaluaciones que las escuelas normales realicen para la mejora de la calidad educativa. De acuerdo con el artículo 12, fracción XII, de la Ley General de Educación, corresponde de manera exclusiva a la autoridad federal “realizar la planeación y la programación globales del sistema educativo nacional, evaluar a éste y fijar los lineamientos generales de la evaluación que las autoridades educativas locales deban realizar”.
En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 180, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al secretario de Educación Pública federal a realizar una revisión exhaustiva del reciente proceso de evaluación de la calidad de las escuelas normales públicas del país, a fin de evitar que un ejercicio tan trascendental para este subsistema se convierta en uno de simulación y no en uno que permita la identificación de aciertos y de errores para emprender acciones sólidas en el mediano plazo en favor de la mejora continua de sus programas educativos, que lo lleven a ser un subsistema de calidad acreditada.
Notas
1 Carrión, Carmen (2001). Valores y principios para evaluar la educación. México: Paidós, página 28.
2 Evaluación, nuevas concepciones en: http://www.monografias.com/trabajos11/conce/ conce.shtml, consultado el 27 de febrero de 2006.
3 House, E. R. (1994). Evaluación, ética y poder. España: Morata, página 90.
4 Ángel Díaz Barriga (2010) La profesionalización de maestros de educación básica: desafíos para la educación normal. Congreso Retos y Perspectivas de las Escuelas Normales. Extraído el 2 de marzo de 2011, desde: http://www.densev.gob.mx/congreso/memoria/inicio.html
5 Etelvina Sandoval Flores (2010) Presente y futuro de la educación normal en México. Congreso Retos y Perspectivas de las Escuelas Normales. Extraído el 2 de marzo de 2011, desde: http://www.densev.gob.mx/congreso/memoria/inicio.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2011.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío, Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat, Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez, Alejandro Bahena Flores (rúbrica en contra), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Besaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Blanca Soria Morales (rúbrica).
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al INAH a informar sobre la actualización del registro de monumentos y zonas arqueológicos e históricos
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio y análisis la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al INAH a informar sobre la actualización del registro de monumentos y zonas arqueológicos e históricos, a cargo del diputado Manuel De Esesarte Pesqueira, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182 numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.
I. Antecedentes
A. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 29 de abril de 2010, el Diputado Manuel de Esesarte Pesqueira presentó la proposición con punto de acuerdo por el se exhorta al INAH a informar sobre la actualización del registro de monumentos y zonas arqueológicos e históricos.
B. En esta misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la proposición de referencia a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y dictamen correspondiente.
II. Descripción de la proposición
El diputado proponente expone que la protección del patrimonio arqueológico, histórico y cultural del país debe ser un objetivo prioritario de la política cultural de México ya que representa el relato histórico y el origen que nos identifica como nación. Considera que es una obligación de los legisladores establecer los mecanismos legales para que las instituciones correspondientes puedan proteger el patrimonio mexicano, y con ello, disuadir conductas que incidan en su destrucción o pérdida.
Relata que en fechas recientes se ha tenido conocimiento de la exportación ilegal de diversos bienes, entre ellos, un manuscrito colonial en lengua chinateca, así como un códice. Lo anterior, no obstante que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos prohíbe la exportación de monumentos arqueológicos, salvo en casos específicos como son los canjes o donativos a gobiernos o institutos científicos extranjeros, por acuerdo del presidente de la República.
Finalmente, señala que ha sido insuficiente la actuación del Instituto Nacional de Antropología e Historia para proteger y preservar el patrimonio arqueológico, histórico y cultural del país, de tal manera que considera necesario exhortar a dicho instituto para que informe a esta soberanía sobre el registro público de monumentos y zonas arqueológicos e históricos, su última actualización y detalle la ubicación de los bienes en manos de particulares.
III. Consideraciones de la comisión
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos realizó el estudio y análisis correspondiente de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo aludida a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Esta comisión dictaminadora comparte la preocupación del proponente y se adhiere a su planteamiento en lo referente a la importancia de preservar y garantizar la protección del patrimonio arqueológico, histórico y cultural del país.
Al respecto, es importante señalar que conforme lo establecen los artículos 44 y 45 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, es competencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia la preservación del patrimonio mexicano en materia de monumentos arqueológicos e históricos; así como es competencia del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura la preservación del patrimonio mexicano en materia de monumentos y zonas de monumentos artísticos.
Asimismo, la ley de referencia establece como obligación del Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y del Registro Público de Monumentos y Zonas Artísticos, dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la inscripción de monumentos arqueológicos, históricos o artísticos y hacer las declaratorias de zonas respectivas (artículos 21, 22 y 23, Capitulo II, Del Registro).
Conforme a los elementos legales expuestos, esta comisión dictaminadora considera procedente efectuar el exhorto, a efecto de que las autoridades competentes instrumenten las acciones procedentes conforme a sus esferas de atribuciones, a fin de proteger y preservar el patrimonio arqueológico, histórico y cultural del país.
En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 180, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia informe a esta soberanía sobre la actualización y detalle el registro de monumentos y zonas arqueológicos e históricos, así como la ubicación de los bienes en posesión de particulares.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2011.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío, Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat, Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez, Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Besaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Blanca Soria Morales (rúbrica).
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP a vigilar que en las escuelas particulares de nivel básico se utilicen los libros de texto gratuitos
Honorable Asamblea:
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182 numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.
I. Antecedentes
A la comisión que suscribe de Educación Pública y Servicios Educativos le fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo en la que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a vigilar que en las escuelas particulares de educación básica se utilicen los libros de texto gratuito, presentada por el diputado Emilio Andrés Mendoza Kaplan, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 7 de abril de 2010.
En esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis correspondiente.
II. Descripción de la proposición
En la proposición presentada por el diputado Emilio Andrés Mendoza Kaplan, manifiesta su preocupación ante la no utilización de los libros de texto gratuito en las escuelas particulares que imparten educación básica.
El libro de texto gratuito es una de las herramientas pedagógicas que permiten llevar a cabo los principios y criterios del artículo tercero de la Constitución Política de nuestro país. Por tanto, se debe “destacar y fomentar la importancia que éste ha tenido en la formación de la sociedad”.
Es importante que la Secretaría de Educación Pública cumpla con la responsabilidad de vigilar que todas las escuelas de educación básica utilicen el Libro de Texto Gratuito en el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos.
Por tanto, el diputado solicita al pleno de esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo:
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a implementar de manera inmediata las estrategias y los mecanismos necesarios para vigilar que en todas las escuelas particulares que impartan educación básica se utilicen los libros de texto gratuito e informe a esta soberanía de los resultados obtenidos.
III. Consideraciones de la comisión
1. Los miembros de esta comisión reconocen la importancia de los libros de texto gratuito, los cuales cumplen un papel importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de educación básica. Con los libros de texto gratuito se da garantía del derecho a la educación a través de tres postulados: laicidad, gratuidad y obligatoriedad.
2. La educación forma parte fundamental en el desarrollo integral del ser humano en todos los momentos de su vida, ya sea en el seno familiar, en la escuela, en la comunidad o en actividades sociales. La educación es un “medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad” (artículo 2 de la Ley General de Educación). Por tanto, los libros, materiales didácticos y contenidos educativos proporcionados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) deben ser conforme a lo establecido en el artículo tercero constitucional y a los artículos 7 y 8 de la Ley General de Educación.
3. En cuanto a la función social educativa, la autoridad educativa federal –SEP-, debe elaborar y autorizar los libros de texto gratuito a las escuelas de educación básica, es decir, las instituciones educativas establecidas por el estado, por sus organismos descentralizados y los particulares (artículo 12 de la Ley General de Educación).
4. De acuerdo con la Ley General de Educación, las escuelas particulares forman parte del Sistema Educativo Nacional y, por tanto, están sujetas a las disposiciones respecto al uso de los libros de texto que la misma ley establece. En este sentido, el artículo 75 señala lo siguiente:
Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:
I. a III. ...
IV. No utilizar los libros de texto que la secretaría autorice y determine para la educación primaria y secundaria;
...
5. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública la vigilancia del cumplimiento de la Ley General de Educación y de lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política. Por consecuencia, se considera procedente el exhorto motivo de este dictamen.
En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 180, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a implementar de manera inmediata las estrategias y los mecanismos necesarios para vigilar que en todas las escuelas particulares que impartan educación básica se utilicen los libros de texto gratuito, e informe a esta soberanía de los resultados obtenidos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2011.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío, Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza, Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat, Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez, Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Blanca Soria Morales (rúbrica).
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal actualizar el Reglamento de Cooperativas Escolares y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación
Honorable Asamblea:
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.
I. Antecedentes
1. Con fecha 7 de abril de 2010 fue presentada por los diputados Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez y Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a actualizar y publicar en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de Cooperativas Escolares.
2. En esa misma fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la proposición con punto de acuerdo y ordenó su turno a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos mediante el expediente número 1808.
3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la proposición.
II. Descripción de la proposición con punto de acuerdo
Los proponentes expresan sus inquietudes respecto del grave problema de sobrepeso y obesidad que vive el país, señalando que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en 2006, 4 millones 158 mil 800 niños en el país de entre 5 y 11 años padecen de éstas enfermedades.
Entre la información respecto del tema a que hacen referencia los legisladores se encuentran los siguientes datos:
• El número de padecimientos de obesidad y sobrepeso infantil crece anualmente a tasas del 1.1 por ciento en México (SSA).
• Con la cifra actualizada se obtiene que, cerca de 5 millones de niños padecen sobrepeso y obesidad, lo cual nos coloca en el primer lugar del ranking mundial de obesidad infantil.
• De acuerdo con la Asociación Mexicana para la Prevención de la Insuficiencia Cardiaca, el 40 por ciento de los niños entre 9 y 10 años tienen obesidad e hipertensión arterial.
• Más del 85 por ciento de los niños que cursan la primaria no hacen ejercicio, además de pasar por lo menos 4 horas diarias frente al televisor o jugando con equipos electrónicos (IMSS).
Asimismo, hacen referencia a las enfermedades crónicas que el sobrepeso y la obesidad pueden llevar, tales como la hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, ateroesclerosis, osteoartritis, hipercolesterolemia, trastornos del aparato digestivo, algunos tipos de cáncer y problemas cardiovasculares entre otros.
Como fundamento jurídico al acuerdo que presentan los proponentes, hacen referencia a la reforma a la Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio de 2006, cuyo artículo segundo transitorio establece la obligación del Ejecutivo federal a actualizar y modernizar el Reglamento de Cooperativas Escolares vigente desde 1982.
Finalmente señalan que la actualización del reglamento “permitirá que éstas cumplan un fin adecuado y conveniente sin menoscabo de la salud de las niñas y niños que acuden a la escuela”.
III. Consideraciones
Como señalan los diputados Verver y Vargas Ramírez y Quezada Contreras, el sobrepeso y la obesidad constituyen graves problemas de salud, no sólo en México sino que a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala los siguientes datos:*
• Según los cálculos del 2008, existían en el mundo aproximadamente 1500 millones de adultos con sobre peso y más de 500 millones de personas con obesidad.
• En 2010 había en todo el mundo alrededor de 43 millones de menores de 5 años con sobrepeso.
• En razón del crecimiento, en 2015 habrá aproximadamente 2300 millones de adultos con sobrepeso y más de 700 millones con obesidad.
De manera particular, en México el sobrepeso, la obesidad y sus complicaciones se encuentran entre los problemas de salud pública más importantes. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2006 reporta que la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad se presenta en uno de cada cuatro niños (26 por ciento), mientras que uno de cada tres adolescentes la padecen (31 por ciento).
Cabe señalar que la prevención del sobrepeso y la obesidad requiere de acciones que van más allá del sector salud y del sector educativo, de esta manera, las secretarías de Salud y Educación Pública, con la participación activa de otros representantes del sector público, así como social y privado, suscribieron, el 25 de enero de 2010, el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria y asumieron la puesta en marcha de la Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad, mediante una coordinación nacional de acciones dirigidas especialmente a los menores de edad.
Como mencionan los diputados Verver y Vargas Ramírez y Quezada Contreras, el 2 de junio de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma que adicionó una fracción XI (actualmente XII) al artículo 14 de la Ley General de Educación; el precepto establece como atribución de las autoridades educativas federal y locales “promover prácticas cooperativas de ahorro, producción y consumo”; por su parte el artículo segundo transitorio del decreto dice a la letra:
“Segundo. El Ejecutivo federal deberá actualizar y modernizar el Reglamento de Cooperativas Escolares vigente desde 1982, utilizando para tal fin el esquema de participación sectorial que más convenga a la dependencia, en un plazo no mayor a sesenta días a partir de la publicación del presente decreto.”
Finalmente, el 23 de agosto de 2010 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica, en cuyos considerandos se señala que el acuerdo “está referido a todos los tipos de establecimientos de consumo escolar, incluidas las tiendas, cooperativas, espacios o centros de expendio y cualquier otro tipo y con fines similares existentes en las escuelas de educación básica del Sistema Educativo Nacional para ofrecer a los educandos, durante su estancia en la misma, alimentos y bebidas dentro de sus instalaciones, cualquiera que sea la denominación o naturaleza jurídica que adopten”.
De esta manera, los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos consideramos pertinente y legalmente sustentado el exhorto contenido en la proposición con punto de acuerdo presentada por los legisladores.
En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 180, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal —a través del titular de la Secretaría de Educación Pública, maestro Alonso Lujambio Irazábal— a actualizar con la brevedad posible y publicar en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de Cooperativas Escolares, a fin de prevenir y combatir la obesidad infantil y así garantizar la alimentación correcta en las escuelas de educación básica de todo el país, y dar cumplimiento al artículo segundo transitorio del Decreto de reforma a la Ley General de Educación del 2 de junio de 2006.
Nota
* Organización Mundial de la Salud (2011), nota descriptiva número 311.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 16 de marzo de 2011.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío, Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat, Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez, Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldua (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Blanca Soria Morales (rúbrica).
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la SEP a declarar –por el INAH– Tamazula, Durango, zona de patrimonio histórico y cultural de México; y la casa donde vivió Guadalupe Victoria, monumento histórico y cultural
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura fue turnada, para su estudio y análisis, la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la SEP a declarar, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a Tamazula, Durango, zona de patrimonio histórico y cultural de México; y la casa donde vivió don Guadalupe Victoria, monumento histórico y cultural, a cargo del diputado José Ricardo López Pescador, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen:
I. Antecedentes
A. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 06 de octubre de 2010, el diputado José Ricardo López Pescador presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la SEP a declarar, a través del INAH, a Tamazula, Durango, zona de patrimonio histórico y cultural de México; y la casa donde vivió don Guadalupe Victoria, monumento histórico y cultural.
B. En esta misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición de referencia a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y dictamen correspondiente.
II. Descripción de la proposición
El proponente manifiesta que los festejos del bicentenario de inicio de la Independencia nacional son una ocasión precisa y oportuna para rendir un justo homenaje a los héroes y heroínas que nos heredaron patria y libertad.
Subraya que si bien la lista de personajes ilustres es numerosa, es su interés referirse en particular a José Miguel Ramón Adaucto y Félix, conocido históricamente como Guadalupe Victoria, oriundo de la villa de Tamazula, Durango, quien fue el primer presidente de la República Mexicana y declarado en su tiempo como Benemérito de la Patria. Asimismo, el proponente resalta su actitud conciliadora y el destacado papel que desempeñó en el proceso de lucha independentista, los cuales, entre otros múltiples factores, fueron motivo para ocupar el honroso cargo de presidente de la naciente República.
Enfatiza, además, su gran vocación de hombre de firmes principios y con visión de Estado. Relata que como primer mandatario, imprimió signos de modernidad a la gestión pública, impulsó medidas de beneficio social, declaró la abolición de la esclavitud, dio un gran impulso a la educación pero sobre todo, hizo propios los idearios libertarios de hombres ilustres que trabajaron a favor de un movimiento eminentemente de libertad y justicia social; entre ellos, destaca a Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Josefa Ortiz, José María Morelos, Vicente Guerreo.
El proponente argumenta que por “ésos y muchos otros considerandos contenidos en las vastas páginas de la historia en la cuales se da cuenta de la obra y del ideario siempre vigente de don Guadalupe Victoria lo motivan a presentar, en nombre del pueblo y gobierno de Tamazula, Durango, una propuesta para seguir rindiendo justo homenaje a la figura de un moderno estadista que supo enfrentar con valentía, decisión, arrojo y talento los retos de su tiempo”.
Por lo señalado, el diputado López Pescador propone que el Pleno de la Cámara de Diputados exhorte a la SEP para que declare, a través del INAH, Tamazula, Durango, zona de patrimonio histórico y cultural de México. Asimismo, declare monumento histórico y cultural de México la casa donde nació y vivió don Guadalupe Victoria, en Tamazula, Durango.
III. Consideraciones de la comisión
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos realizó el estudio y análisis correspondiente de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo señalada a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Esta comisión dictaminadora comparte la preocupación del proponente y participa de su intención debido a la importancia que significa para el país salvaguardar su patrimonio arqueológico, histórico y cultural toda vez que la zona que pretende ser declarada se encuentra relacionada con un suceso nacional relevante.
Al respecto, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura refiere en el Informe de México sobre los Sistemas Nacionales de Cultura que:
“La vastedad y riqueza del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de la nación constituye un ejemplo, quizás el más palpable, de la pluralidad cultural de México. Así, monumentos, edificios y bienes culturales de diversos órdenes ofrecen testimonios de nuestro panorama histórico, signo del rostro múltiple de la identidad nacional. De ahí que la preocupación por investigar, conservar y difundir tal patrimonio tenga una larga tradición en el país y que, desde la Independencia, haya sido un objetivo prioritario de la política cultural.”
En ese sentido, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos señala que es competencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia el identificar, investigar, recuperar, proteger, restaurar, rehabilitar, vigilar y custodiar el patrimonio mexicano en materia de monumentos arqueológicos, históricos o artísticos, así como los bienes asociados a éstos, conforme lo establece la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su reglamento (artículos 2o., 44,45).
Asimismo, la propia ley establece como obligación del Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y del Registro Público de Monumentos y Zonas Artísticos, dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la inscripción de monumentos arqueológicos, históricos o artísticos y hacer las declaratorias de zonas respectivas (artículos 21, 22 y 23).
Por otra parte, una zona arqueológica, histórica y cultural representa una gran oportunidad para reactivar la actividad económica de la región, ya que repercute directamente en la comunidad, permite generar fuentes de empleo, fomenta el desarrollo de las comunidades locales, y fortalece los valores regionales de identidad.
Conforme a los elementos legales expuestos, esta Comisión Dictaminadora considera procedente efectuar el exhorto, a efecto de que las autoridades competentes instrumenten las acciones procedentes conforme a sus esferas de atribuciones, a fin de salvaguardar el patrimonio histórico del país. Lo anterior, toda vez que la zona que pretende ser declarada se encuentra relacionada con un suceso nacional relevante, como lo señala la propia ley (artículo 41).
En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 180, numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública y por conducto del Instituto Nacional de Antropología e Historia declare Tamazula, Durango, zona de patrimonio histórico y cultural de México.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública, y por conducto del Instituto Nacional de Antropología e Historia, declare monumento histórico y cultural de México, la casa donde vivió y nació don Guadalupe Victoria, en Tamazula, Durango.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 16 de marzo de 2011.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío, Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat, Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez, Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Besaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Blanca Juana Soria Morales (rúbrica).
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular de la SEP a establecer lo conducente a abatir el analfabetismo y el rezago educativo del país
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para estudio y análisis la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta al secretario de Educación Pública a establecer lo conducente a fijar un plazo máximo no mayor de 10 años para concluir la educación secundaria, primaria, y alfabetización de la población mayor de 15 años que no ha completado estos niveles, a cargo del diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 80, 85, 176 y 182, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen:
I. Antecedentes
A. En sesión ordinaria celebrada por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 29 de octubre de 2009, el diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta al secretario de Educación Pública a establecer lo conducente a fijar un plazo máximo no mayor de 10 años para concluir la educación secundaria, primaria, y alfabetización de la población mayor de 15 años que no ha completado estos niveles.
B. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición de referencia a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para estudio y dictamen correspondiente.
II. Contenido de la proposición
En la exposición de motivos, el proponente señala que en la actualidad el país presenta gran rezago en los niveles de educación básica y altos índices de analfabetismo. Al respecto, aporta datos relevantes de informes del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y del Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo.
Entre los datos que presenta enuncia la existencia de 6 millones de personas que no saben leer ni escribir, 10 millones que no han concluido la primaria y 17 millones que no han concluido la secundaria. En síntesis, considera que aproximadamente “33 millones de mexicanos mayores de 15 años no tienen la escolaridad mínima que les pudiera permitir una vida digna y decorosa”, y presentan altos índices de pobreza.
El proponente señala que es preocupante el rezago educativo existente en el país y manifiesta la urgencia de que la Secretaría de Educación Pública, con otras instancias, instaure acciones para mejorar el nivel de escolaridad de acuerdo con problemas de la realidad socioeconómica del país.
De acuerdo con el promovente, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos no ha respondido a la realidad nacional que enfrentan las personas mayores de 15 años. Ante tal situación, el diputado solicita al pleno de esta soberanía que se exhorte a la Secretaría de Educación Pública a establecer un plazo máximo de 10 años para resolver el rezago educativo y analfabetismo de la población adulta. Asimismo, para que se revisen los contenidos educativos para que se capacite para la vida a dicha población. Finalmente, solicita que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asegure recursos suficientes en forma multianual de acuerdo con la meta para combatir el rezago educativo.
III. Consideraciones de la comisión
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos comparte la preocupación del legislador sobre la realidad nacional que impera en materia educativa, especialmente respecto a la educación para adultos.
Asimismo, considera que el analfabetismo y el rezago educativo implican mayor marginación y pobreza entre quienes los padecen, con los consiguientes problemas sociales, y coincide con el planteamiento de que sólo una mejor y más completa instrucción educativa permitirá a los individuos el acceso a mayores niveles de bienestar.
La comisión destaca que si bien se han tenido avances importantes en la materia, falta mucho por hacer. Por ello comparte con el proponente la necesidad de que la SEP, con otras instancias, instaure las acciones necesarias para mejorar el nivel educativo del país.
Actualmente, el rezago educativo lo forman 33 millones de personas mayores de 15 años que no han terminado la educación básica obligatoria. De la población de 15 años o más, poco menos de 10 por ciento es analfabeta, 17 por ciento no ha terminado la primaria y 28 por ciento terminó la primaria pero no la secundaria. En total, el rezago representa más de 55 por ciento de la población de 15 años o más.
El problema central es el rezago educativo que se genera año con año en los diferentes niveles del sistema educativo, específicamente en el secundario, donde la deserción es de cerca de 20 por ciento de los matriculados que, cuando cumplen 15 años, pasan a formar parte del rezago en cuestión. En ese sentido, debe ser prioridad concentrarse en atender a los jóvenes de entre 15 y 30 años de edad, especialmente los que concluyeron la primaria.
Al respecto, estadísticas oficiales 1 sobre rezago educativo de la población de 15 años y más señalan que el INEA durante el periodo 2008-2009 registró y atendió 2 millones 901 mil 273 jóvenes y adultos en todos los niveles educativos (alfabetización, primaria y secundaria), logrando un índice de conclusión de estudios 2 de 24.6 por ciento. Es decir, de las personas registradas, sólo 713 mil 713 concluyeron sus estudios satisfactoriamente.
Es importante señalar que actualmente el perfil de las personas analfabetas hace más difícil abatir este problema, ya que se trata de campesinos, en particular de indígenas mayores de 60 años que viven prioritariamente en poblaciones indígenas dispersas, trabajadores migrantes, albañiles y trabajadoras domésticas. Es decir, el rezago educativo lo forma la parte más pobre y vulnerable de la población.
En cuanto al rezago educativo, un estudio del Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (Siteal) 3 señala que en México –como en América Latina– se observa que los sistemas educativos formales vienen mostrando un proceso de ampliación de la cobertura de cada nivel educativo. Sin embargo, persisten obstáculos para lograr una plena universalización, en su acceso, y permanencia.
Los principales obstáculos para que los niños y los adolescentes tengan acceso a la educación y logren terminarla son variados: van desde una falta de eficiencia del sistema educativo, problemas de acceso, de aprendizaje, reprobación y deserción. Estos problemas inciden en la finalización del nivel escolar, ya que no todos logran completarla, interrumpiendo tempranamente las trayectorias educativas. En este proceso de pérdida de alumnos, de desescolarización, la escuela muestra dificultades para retenerlos.
Otro aspecto que dificulta la incorporación y la permanencia de los niños y adolescentes a lo largo de la educación formal es la sobreedad. Es decir, una mayor asistencia de niños y adolescentes cuya edad es más avanzada que la que oficial y teóricamente deberían tener para cada nivel educativo (alumnos que asisten con atraso) genera que a medida que se va creciendo en edad se deja de asistir a la escuela. Este aspecto, más que mostrar una dificultad en la captación, parece más una dificultad en la retención.
Otros factores importantes son las diferentes dimensiones de la vida social, los aspectos económicos, productivos y demográficos existentes en el país. En apariencia, con la expansión del acceso de la escolarización que se viene dando desde la década de los noventa, los grupos sociales más desfavorecidos ahora acceden a la escuela, pero no la terminan; permanecen más años en la escuela, pero la abandonan.
Como se aprecia, los problemas existentes para lograr universalizar el acceso a la educación básica y abatir el rezago educativo existente son complejos y diversos. Para superarlos, como señala la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, 4 “se requiere la implantación de acciones y estrategias multisectoriales, como son universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad, prestar atención prioritaria al aprendizaje centrando en la adquisición de conocimientos útiles, desarrollo de la capacidad de raciocinio y de aptitudes y valores, ampliar los medios y el alcance de la educación básica, mejorar el ambiente para el aprendizaje, y fortalecer la concertación de acciones”, entre otras, como parte integrante de los esfuerzos de un desarrollo global.
Por otra parte, el INEA cuenta con el programa Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (Mevyt), diseñado con el objetivo de que las personas mayores de 15 años que no han terminado la educación básica puedan acreditar la educación primaria, secundaria, además de certificarse para el trabajo ya que el programa ofrece un conjunto de módulos orientados a capacitarse para mejorar el desempeño laboral, buscar un empleo o generar su propio trabajo. 5
En tanto, el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (Conevyt) se encarga de organizar, coordinar, promover y evaluar programas, mecanismos y servicios de educación para la vida y el trabajo, y a través del Programa Educación para tu Trabajo ofrece un conjunto de cursos básicos gratuitos para mejorar la actividad laboral o para obtener un mejor trabajo. 6 Por tanto, se considera necesario revisar dichos programas y sus contenidos educativos a efecto de poder combatir los problemas señalados, especialmente de la población adulta.
Asimismo, esta dictaminadora considera necesario que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública analice la viabilidad de asegurar los recursos suficientes en forma multianual para poder alcanzar las metas establecidas y abatir el rezago educativo.
En virtud de lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 180, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a establecer lo conducente a que se ponga un plazo máximo no mayor de 10 años para resolver el problema de escolaridad que asegure el nivel secundaria, primaria y alfabetización de la población adulta.
Segundo. Que la Secretaría de Educación Pública revise los contenidos educativos para que se capacite para la vida a la población objetivo que hoy está en condiciones de baja escolaridad, garantizando la atención de los problemas apremiantes de las familias y su entorno.
Tercero. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asegure los recursos suficientes en forma multianual de acuerdo con la meta para combatir el rezago educativo, asegurando la educación del nivel secundaria y primaria, y alfabetización de la población adulta en el país.
Notas
1 Presidencia de la Republica (2009). Tercer Informe de Gobierno, México, páginas 461 y 462.
2 La conclusión de estudios en el INEA es equivalente a la eficiencia terminal en el sistema escolarizado. Ídem.
3 Sourroville, Florencia (2009). Obstáculos a la plena escolarización y configuraciones educativas en América Latina. Distintas formas que asume la desigualdad, cuaderno 2, Siteal. Disponible en http://www.siteal.iipe-oei.org
4 Declaración Mundial sobre Educación para Todos y Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje (1990), Jomtien, Tailandia.
5 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, consultado en http://www.inea.gob.mx/index.php?option=com_content&view=articl e&id=71&Itemid=308
6 Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo, consultado en http://www.conevyt.org.mx/mision/mision.html
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 16 de marzo de 2011.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío, Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat, Beatriz Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez, Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Blanca Soria Morales (rúbrica).
De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Juventud y Deporte, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias del gobierno federal y al Poder Ejecutivo de los estados a invertir en la construcción de instalaciones deportivas en los planteles públicos de nivel superior
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura fue turnada, para estudio y análisis, la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) a considerar como proyecto prioritario para el desarrollo integral de la educación superior tecnológica y para el alto rendimiento deportivo en el sureste del país, la construcción de una pista de tartán en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Mérida , a cargo del diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182 numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.
I. Antecedentes
A. En sesión ordinaria celebrada por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 27 de abril de 2010, el diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello presentó la proposición con punto de acuerdo por el exhorta a la SEP y a la Conade a considerar como proyecto prioritario para el desarrollo integral de la educación superior tecnológica y para el alto rendimiento deportivo en el sureste del país, la construcción de una pista de tartán en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Mérida .
B. En esta misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la Proposición de referencia a las Comisiones Unidas señaladas para su estudio y dictamen correspondiente.
II. Descripción de la proposición
En su argumentación, el promovente expone que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 y el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, contemplan como tema prioritario la atención de la educación superior tecnológica. Señala que ambos incluyen metas ambiciosas entre las que destacan el fomento y la promoción de actividades deportivas y culturales.
Asimismo, destaca que dentro de los objetivos incluidos en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2007-2012 se contempla un incremento en la participación de actividades deportivas y culturales superior al 20 por ciento.
En este contexto, refiere que el Instituto Tecnológico de Mérida es una institución pública de educación superior y de posgrado, con una población de aproximadamente 6 mil alumnos; responsable de la formación integral de profesionales para el servicio de la sociedad. Institución fundada en el año 1961, a partir del cual ha venido sirviendo a la comunidad estudiantil y que hoy en día cuenta con la participación activa de los alumnos en actividades de atletismo, por lo que el legislador considera perentorio realizar proyectos de aumento y mejoramiento de espacios deportivos; y agrega que en ámbito deportivo el Instituto ha sido semillero de grandes deportistas que han puesto en alto el nombre de la Institución y de Yucatán.
Por lo anterior, el promovente justifica la necesidad de construir una pista de tartán para fomentar acciones positivas en los jóvenes del sureste, impulsando su calidad deportiva, orientada a actividades que los desvincule de la delincuencia y de malos hábitos; así como elevar el nivel competitivo del país.
Por tales razones, el diputado Zapata Bello propone que el pleno de la Cámara de Diputados exhorte a la SEP y a la Conade para que se considere como un proyecto prioritario para el desarrollo integral de la educación superior tecnológica y el alto rendimiento deportivo en el sureste del país, la construcción de una pista de tartán en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Mérida.
III. Consideraciones de las Comisiones
Las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Juventud y Deporte coinciden con el proponente y manifiestan que el deporte y otras expresiones de cultura física son instrumentos sumamente útiles en la promoción, incremento y recuperación de la salud física, aportan decisivamente en la prevención y atención de conductas antisociales y tienen un alto impacto positivo en la productividad, además de que reducen los accidentes laborales y sus consecuencias.
Las Comisiones Unidas, consideran que invertir en el desarrollo del deporte y a sus actividades afines tiene un impacto significativo en la población, ya que reducen los gastos y la inversión en otros rubros, apoya en las tareas de prevención de enfermedades y de conductas delictivas, reduce las consecuencias de la depresión y otros padecimientos mentales o psicológicos, fortalece los grupos sociales, entre muchos otros beneficios.
La Dictaminadora expresa que para impulsar el desarrollo del deporte, el gobierno federal pone especial atención en políticas públicas que incidan en el deporte y otras expresiones culturales, al considerarlas actividades prioritarias para la salud y vitalidad de la sociedad, y prevé como estrategias fundamentales en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 impulsar la práctica del deporte en sus diversas manifestaciones así como el desarrollo de infraestructura física.
Las comisiones unidas estiman conveniente fortalecer al deporte escolar en todos sus niveles y ámbitos, como estrategia que, en efecto, incide en la salud, en el rendimiento escolar, la inducción de hábitos positivos y crea las bases para un mejor nivel deportivo nacional. Además, ambas comisiones reconocen la conveniencia de destinar mayores recursos al deporte para aprovechar en beneficio del país el gran potencial de los estudiantes, así como la infraestructura y programas de las instituciones educativas tanto para el apoyo y estímulo de la juventud que atienden, como para estimular y elevar el alto rendimiento deportivo.
Por lo anterior, las comisiones dictaminadoras determinan hacer un llamado a las autoridades competentes de los gobiernos federal y estatal para que, en el marco de sus atribuciones y obligaciones, consideren el beneficio y la viabilidad para invertir en la construcción de instalaciones deportivas que beneficien a la comunidad, concretamente en las instituciones públicas de educación superior, considerando las regiones prioritarias del país.
En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 180, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Juventud y Deporte someten a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sensible de la incidencia positiva del deporte en la sociedad y de la importancia que juega la infraestructura deportiva para su desarrollo, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte del gobierno federal, y a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados para que consideren, dentro del ámbito de sus atribuciones, la prioridad de invertir en la construcción de instalaciones deportivas en las instituciones públicas de educación superior estratégicas de las diferentes regiones del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 16 de marzo de 2011
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío, Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat, Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez, Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldua (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Blanca Soria Morales (rúbrica).
La Comisión de Juventud y Deporte
Diputados: José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), presidente; Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Sandra Méndez Hernández (rúbrica), Nely Edith Miranda Herrera (rúbrica), Juan José Cuevas García (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), Sixto Alfonso Zetina Soto (rúbrica), Carlos Torres Piña (rúbrica), Juan Carlos Natale López, secretarios; Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes, Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Jesús Gerardo Cortés Mendoza (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Ilich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Diego Guerrero Rubio, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Andrés Aguirre Romero, Noé Martín Vázquez Pérez, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Rolando Bojórquez Gutiérrez (rubrica), Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Martín Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Laura Felícitas García Dávila, Yulenny Guylaine Cortés León, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza (rúbrica).
De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promover por la Comisión Nacional del Agua la innovación tecnológica y la reubicación de los instrumentos de medición climatológicos
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente que contiene la Proposición con Punto de Acuerdo, relativo a la instalación de estaciones climatológicas en diversos municipios Guanajuatenses de uso exclusivo de medición para reclasificar y determinar tarifas de electricidad en zonas rurales, a cargo del diputado Rubén Arellano Rodríguez del Grupo Parlamentario del PAN.
En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157 numeral I, fracción I, 158, numeral I, fracción IV, y 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes
I. Antecedentes
1. Con fecha 28 de octubre del 2010 el diputado Federal Rubén Arellano Rodríguez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, sometió a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo, relativo a la instalación de estaciones climatológicas en diversos municipios guanajuatenses de uso exclusivo de medición para reclasificar y determinar tarifas de electricidad en zonas rurales.
2. En esa misma fecha se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su posible dictamen y fue turnado nuevamente para que se atienda en tiempo, conforme al nuevo reglamento el 1 de marzo de 2011.
II. Consideraciones
Primera. Sin duda alguna, el suministro de energía eléctrica es uno de los principales servicios en las sociedades modernas; la generación, su abastecimiento eficiente, así como la calidad en el servicio, son responsabilidad de los órdenes de gobierno, ya que este sector repercute directamente a la creación de empleos, el desarrollo regional, las finanzas públicas, el ingreso de las familias, la calidad de vida de los habitantes y la equidad social, no obstante lo anterior, en nuestra realidad, tales principios no han encontrado aún su pluralidad, ya que en las zonas rurales, la sociedad, se enfrenta con costos altos en el consumo de la energía eléctrica, además de continuas fallas y escasez del servicio lo que lo que dificulta el acceso a servicios básicos como agua potable, alumbrado público y conlleva al poco crecimiento económico de dichas regiones agrarias y al incremento en la marginación, la pobreza y la desigualdad existente en nuestro país.
De manera que, un número importante de agroproductores, en particular guanajuatenses, se han visto en la necesidad de suspender el pago de la energía eléctrica que consumen en las unidades de producción que trabajan, ocasionando con esto que se acumulen adeudos por demás fuertes y considerables con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y por consecuencia la paraestatal reaccione realizando cortes de energía en los pozos agrícolas, ocasionando que los productores se encuentren imposibilitados en el desarrollo de sus negocios y segundo, en el pago de sus deudas por el servicio.
Segunda. En conocimiento que los instrumentos de medición de las Estaciones Climatológicas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la región del estado de Guanajuato que comprende los municipios de Celaya, Jaral del Progreso, Cortazar y Valle de Santiago, en la mayoría de los casos se encuentran instaladas en los ríos, presas y áreas boscosas, por lo tanto, la temperatura que dichas estaciones registran, es varios grados centígrados inferior a las reales condiciones climatológicas de los estados y municipios, con el lógico perjuicio para sus habitantes ya que con esas temperaturas no tienen acceso a otras tarifas con subsidio mayor por parte de la CFE.
Puesto que el Sistema Metereológico Nacional no cuenta con un centro de formación en meteorología y climatología y de capacitación profesional, ni mucho menos información por cuenca hidrológica, los beneficiarios del agua recurren a las facultades mencionadas en este punto de acuerdo. Por otro lado los técnicos interesados en elevar su nivel académico y participativo en el tema tienen que recurrir por iniciativa a la superación personal para atender las responsabilidades que les confiere la Conagua.
Tercera. Con forme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que establece: “Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal, y de Comercio y Fomento Industrial, y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público y el racional consumo de energía. A través del procedimiento señalado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas”.
Así como la Ley de Planeación en su artículo 15, fracción V “Artículo 15. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le corresponde: Considerar los efectos de la política monetaria y crediticia, así como de los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, en el logro de los objetivos y prioridades del plan y los programas.”
Asimismo, y con fundamento en lo que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se considera oportuno, se publicite el registro de las temperaturas a efecto, de que la población interesada se informe de este resultado.
Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Recursos Hidráulicos somete a la consideración de la honorable asamblea los siguientes
III. Acuerdos
Primero. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua, a la instalación de estaciones climatológicas en los municipios de Celaya, Jaral del Progreso, Cortazar y Valle de Santiago, en el estado de Guanajuato, para uso exclusivo de medición para la reclasificación y determinación de tarifas por el consumo de energía eléctrica en las zonas rurales.
Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que a través de la Comisión Nacional del Agua, se promueva la innovación tecnológica y reubicación de los instrumentos de medición climatológicos que permitan determinar en forma más precisa las temperaturas y niveles de humedad que se presentan y con ello precisar más adecuadamente, la reclasificación y determinación de las tarifas eléctricas para los distintos usuarios a nivel nacional.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los días del mes de abril del año 2011.
La Comisión de Recursos Hidráulicos
Diputados: Óscar Javier Lara Aréchiga (rúbrica), presidente; Emilio Andrés Mendoza Kaplan, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Silvia Isabel Monge Villalobos (rúbrica), José Manuel Marroquín Toledo (rúbrica), José María Valencia Barajas (rúbrica), Guillermo Cueva Sada (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villlalva (rúbrica), Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), José Manuel Marroquín Toledo (rúbrica), César Burelo Burelo, Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), secretarios; Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Héctor Franco López, Jorge Rojo García de Alba (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Fausto Sergio Saldaña del Moral (rúbrica), Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Rolando Zubia Rivera (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Ramón Merino Loo (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Domingo Rodríguez Martell (rúbrica), Antonio Benítez Lucho, Laura Viviana Agundiz Pérez (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y del Trabajo y Previsión Social a instaurar medidas que incidan positivamente en la próxima determinación de los salarios mínimos generales
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social le fue turnada el día 13 de diciembre de 2010 por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y de Trabajo y Previsión Social para que instrumenten todas las medidas necesarias para incidir positivamente en la próxima determinación de los salarios mínimos generales, a cargo del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, fracción I, 65, numeral 4, 67, fracción I, 68, 79 numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción III, 80, numeral 1, fracción VI, 84, 85, 158, fracción IV, 182, numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta el siguiente dictamen conforme a los siguientes
Antecedentes
1. En fecha 13 de diciembre de 2010, el diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó al pleno la proposición con punto de acuerdo al rubro en cita para su consideración.
2. En esa misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la proposición con punto de acuerdo en cita, para su correspondiente dictamen.
3 .- La proposición con punto de acuerdo en estudio se fundamenta y razona en las siguientes consideraciones:
Consideraciones
Se ha realizado un estudio y análisis acerca de la proposición con punto de acuerdo del diputado Gerardo del Mazo Morales. El argumento toral del punto de acuerdo en tratamiento, se refiere a que ante el incremento de los precios de la canasta básica y de bienes y servicios administrados y concertados como las gasolinas, el diesel, la electricidad, y otros productos y precios clave que impactan todas las cadenas productivas y de distribución de la economía nacional, pero sobre todo, el poder adquisitivo y de compra del salario mínimo general, es necesario que el Estado mexicano compense, proteja y detenga el grave deterioro del ingreso de los trabajadores y sus familias, creando expectativas económicas que le den estabilidad, mejorando el perfil de distribución de la renta hacia un esquema más equitativo y favorable para los trabajadores.
El Banco de México ha informado que durante varios meses del año de 2010, la inflación ha estado sobre niveles de 3.5%, debido precisamente a los referidos aumentos en la energía, electricidad, productos básicos, los que aumentaron en dicho año más de 25 por ciento.
Efectivamente, las condiciones laborales, económicas y sociales de los trabajadores mexicanos han disminuido significativa mente, toda vez que han aumentado los precios de los productos de consumo básico, no solamente a lo largo del año de 2010, sino que al empiezo de 2011, han seguido aumentando en forma constante y dramática. Tan solo ver que el Índice Nacional de Precios al Consumidor subió 0.17 por ciento en la primera quincena de enero de 2010.
El poder adquisitivo de los mexicanos se ha reducido terriblemente en los últimos 60 años, impactando negativamente sus salarios, ya que de acuerdo a un estudio realizado por el especialista Enrique Santana (publicado en el diario Reforma del 25 de enero del año en curso), con un día de salario de 1950 (11.58 pesos como salario medio) se compraban 38.6 kilos de tortilla, que entonces costaba 30 centavos.
Hoy, con el salario medio del sector formal (236 pesos diarios) alcanza para comprar 26 kilos de tortilla. Es decir, en términos de poder adquisitivo medido en tortillas tenemos un retroceso de 32 por ciento en 60 años. Por lo que no se ven avances en relación al poder adquisitivo del salario medio, menos en relación al poder adquisitivo del salario mínimo.
Ante la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del 37 por ciento durante el actual sexenio y ante la eventual crisis en la producción, importación, exportación de los alimentos básicos a nivel nacional e internacional, así como el aumento en los precios de los bienes y servicios en general, resulta necesario que la Cámara de Diputados exhorte a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, instrumentar todas medidas necesarias y suficientes para sugerir en forma positiva la próxima determinación de los salarios mínimos generales, con el fin de compensar su creciente deterioro, ante el aumento galopante de la inflación.
El país se encuentra dividido en 2 mil 456 divisiones políticas: 2 mil 440 municipios y 16 delegaciones, de las cuales, el 2.65 por ciento de dichas divisiones políticas, 65, se ubican en el área geográfica A; el 2.24 por ciento, 55, en el área geográfica B; y el 95.11 por ciento, 2 mil 336, en el área geográfica C.
La forma en que se encuentra dividida la República Mexicana para efectos de los salarios mínimos, no es muy equilibrada y equitativa, toda vez que en muchos Municipios de alta actividad productiva o en donde se explotan determinados yacimientos, se encuentran limitados a la zona o área geográfica C, a veces, cuyo alto costo de la vida resulta ser contradictorio con la zonificación que se les otorga.
Además, la mayor parte de dichos municipios, que se encuentran dentro de las divisiones políticas en la que se divide la República Mexicana, están en el área geográfica C.
El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó otorgar un aumento general a los salarios mínimos de las tres áreas geográficas para el 2011 de 4.1 por ciento. Los nuevos salarios mínimos que rigen partir del 10 de enero de 2011 son los siguientes: para el área geográfica A: 59.82 pesos diarios; para el área geográfica B: 58.13 pesos diarios; y, para el área geográfica C: 56.70 pesos diarios. El aumento dictaminado y aprobado por dicho Consejo de Representantes a los salarios mínimos es bastante insuficiente y raquítico, debido a que el alza de los pecios de los productos de la canasta básica están muy por encima del aumento decretado para los salarios mínimos, incluso para el salario medio.
De conformidad y en concordancia con los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 90 de la Ley Federal del Trabajo, el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.
El exhorto que se hace a las Secretarías de Hacienda y Crédito, de Economía, y del Trabajo y Previsión Social, se lleva a cabo dentro del ámbito de colaboración entre poderes, para el efecto de sugerir que instrumenten todas las medidas necesarias y suficientes para sugerir positivamente en la próxima determinación de los salarios mínimos generales de 2012, compensando su creciente deterioro.
En primer lugar, se ha considerado oportuno, correcto y prudente que el sentido del exhorto se lleve cabo a través de la “sugerencia” a dichas dependencias de la administración pública federal, en vez de realizarla por medio del vocablo y verbo “incidir”, ya que el término “incidir” significa, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, “cometer error, recalcar, repercutir, chocar contra algo o alguien, insistir”, lo cual conlleva la idea de repetir o insistir sobre las facultades legales que tienen las dependencias públicas ya aludidas. Es mejor y más conveniente utilizar el término “sugerir”, toda vez que éste significa de acuerdo al Diccionario antes mencionado, “insinuar o inspirar una idea a otra persona de manera sutil; proponer o aconsejar algo”, lo cual va más acorde y en congruencia con lo que se desea en este exhorto.
En segundo lugar, las dependencias públicas federales ya citadas, poseen facultades jurídicas para poder instrumentar todas aquellas medidas necesarias y suficientes para llevar a cabo la sugerencia en forma positiva a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y ésta pueda determinar en forma favorable para los trabajadores sus salarios mínimos generales. En ese sentido, la fracción XIV del Artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de proyectar y calcular los egresos del gobierno federal y de la administración pública paraestatal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas del desarrollo nacional.
La fracción VII del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que a la Secretaría de Economía corresponde el despacho de establecer la política de precios, y con el auxilio y participación de las autoridades locales, vigilar su estricto cumplimiento, particularmente en lo que se refiere a artículos de consumo y uso popular, y establecer las tarifas para la prestación de aquellos servicios de interés público que considere necesarios, con la exclusión de los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal; y definir el uso preferente que deba darse a determinadas mercancías. Asimismo, la fracción VIII de dicho Artículo determina que a la Secretaría de Economía le corresponde el regular, orientar y estimular las medidas de protección al consumidor.
En lo que respecta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone en su fracción I que a ésta le corresponde vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos; en tanto que en su fracción II, dispone que le corresponde procurar el equilibrio entre los factores de la producción, de conformidad con las disposiciones legales relativas.
Ante la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del 37 por ciento durante el actual sexenio y ante la eventual crisis en la producción, importación, exportación de los alimentos básicos a nivel nacional e internacional, así como el aumento en los precios de los bienes y servicios en general, resulta necesario que la Cámara de Diputados exhorte a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, instrumentar todas medidas necesarias y suficientes para sugerir en forma positiva la próxima determinación de los salarios mínimos generales, con el fin de compensar su creciente deterioro, ante el aumento galopante de la inflación.
Además, es también necesario que dentro de ese ámbito de colaboración entre poderes federales, las dependencias de la administración pública que han de sugerir en forma positiva la determinación de los salarios mínimos generales, informen oportunamente a la Cámara de Diputados acerca de los resultados obtenidos para dicha determinación.
Por lo tanto, y ante las consideraciones antes vertidas, la Comisión de Trabajo y Previsión Social dictamina lo siguiente:
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el fin de que instrumenten todas las medidas necesarias y suficientes para sugerir positivamente en la próxima determinación de los salarios mínimos generales para el año 2012, con el fin de compensar su creciente deterioro.
Segundo . Se informe a esta soberanía de los resultados obtenidos.
Así lo acuerdan los diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 17 del mes de marzo de 2011.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Tereso Medina Ramírez (rúbrica), presidente; Israel Reyes Ledesma Magaña, Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio, secretarios; Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Julián Francisco Velázquez y Llorente (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Laura Piña Olmedo (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), María Florentina Ocegueda Silva, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), César Octavio Madrigal Díaz (rúbrica), Valdemar Gutiérrez Fragoso, María Felicitas Parra Becerra (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales (rúbrica), Isaías González Cuevas (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Jesús Alfonso Navarrete Prida, Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica en contra).
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a reclasificar a partir de 2011 del área geográfica C a la B los municipios de San Luis Potosí
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social le fue turnada el día 25 de noviembre de 2010 por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, para su estudio y dictamen de urgente y obvia resolución correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a reclasificar, a partir de 2011, los municipios del estado de San Luis Potosí del área geográfica “C” al área geográfica “B”, en materia de salarios mínimos, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del PRI.
Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 65, numeral 4, 67, fracción I, 68, 79 numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción III, 80, numeral 1, fracción VI, 84, 85, 158, fracción IV, 182, numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta el siguiente dictamen conforme a los siguientes
Antecedentes
1. En fecha 25 de noviembre de 2010, la diputada Delia Guerrero Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó al pleno la proposición con punto de acuerdo al rubro en cita para su consideración.
2. En esa misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la proposición con punto de acuerdo en cita, para su correspondiente dictamen.
3. La proposición con punto de acuerdo en estudio se fundamenta y razona en las siguientes
Consideraciones
Se ha realizado un estudio y análisis acerca de la proposición con punto de acuerdo de la diputada Delia Guerrero Coronado. El argumento toral del punto de acuerdo en tratamiento, se refiere a que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos deba dar un tratamiento especial a los municipios del estado de San Luis Potosí, para el efecto de reclasificar a los que se encuentran en el área geográfica C al área geográfica B, en materia de salarios mínimos, para el año de 2011, beneficiando a los trabajadores y familias potosinas, toda vez que se registra una pérdida del poder adquisitivo acumulada.
Se menciona en la proposición con punto de acuerdo en estudio, que en el estado de San Luis Potosí los efectos de la crisis económica del 2009 y la débil actividad económica de 2010, generó una importante caída en la capacidad adquisitiva de la población de la entidad, retrasándose por ello su propio desarrollo social.
Es preciso señalar que durante 2010 el producto interno bruto (PIB) nacional obtuvo un ligero y leve crecimiento, que no pudo ser igual o mayor a lo esperado, debido a la crisis económica de 2009; sin embargo, y pese a ello, no se ha podido recuperar la capacidad adquisitiva no solamente de la población del estado de San Luis Potosí, sino de la República Mexicana.
De conformidad y en concordancia con los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 90 de la Ley Federal del Trabajo, el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. En tal virtud, es preciso y necesario que sean reclasificados los municipios del estado de San Luis Potosí, del área geográfica C al área geográfica B, en materia de salarios mínimos, toda vez que el ingreso de los trabajadores potosinos no permite en forma debida satisfacer las necesidades apremiantes de ellos y sus familias.
El país se encuentra dividido en 2 mil 456 divisiones políticas: 2 mil 440 municipios y 16 delegaciones, de las cuales, el 2.65 por ciento de dichas divisiones políticas, 65, se ubican en el área geográfica A; el 2.24 por ciento, 55, en el área geográfica B; y el 95.11 por ciento, 2,336, en el área geográfica C.
La forma en que se encuentra dividida la República Mexicana para efectos de los salarios mínimos, no es muy equilibrada y equitativa, toda vez que en muchos municipios de alta actividad productiva o en donde se explotan determinados yacimientos, se encuentran limitados a la zona o área geográfica C, a veces, cuyo alto costo de la vida resulta ser contradictorio con la zonificación que se les otorga.
Además, la mayor parte de dichos municipios, que se encuentran dentro de las divisiones políticas en la que se divide la República Mexicana, están en el área geográfica C.
Es preciso solicitar y exhortar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos lleve a efecto todos aquellos estudios técnicos y económicos para determinar y establecer la reclasificación de los salarios mínimos generales y profesionales para el año 2012 en los municipios de San Luis Potosí, del área geográfica C al área geográfica B, haciendo acorde su situación salarial, económica y laboral a la realidad existente; por lo que solicitar dicha reclasificación para el año 2011 ya no es procedente, debido a que el honorable Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ya procedió a fijar los salarios mínimos generales y profesionales en el mes de diciembre del año próximo pasado, mismos que ya entraron en vigor en la República Mexicana a partir del primero de enero de 2011.
Por lo tanto, y ante las consideraciones antes vertidas esta Comisión de Trabajo y Previsión Social dictamina lo siguiente:
Único. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que realice los estudios técnicos y económicos pertinentes para reclasificar, a partir del año 2012, los municipios del estado de San Luis Potosí, del área geográfica C al área geográfica B, en materia de salarios mínimos, con el fin de favorecer a los trabajadores y familias potosinas que registran una pérdida del poder adquisitivo acumulada.
Así lo acuerdan los diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2011.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Tereso Medina Ramírez (rúbrica), presidente; Israel Reyes Ledesma Magaña, Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio, Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Julián Francisco Velázquez Llorente (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Laura Piña Olmedo (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica en abstención), María Florentina Ocegueda Silva, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales (rúbrica), Isaías González Cuevas (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Jesús Alfonso Navarrete Prida, David Hernández Pérez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), César Octavio Madrigal Díaz (rúbrica), Valdemar Gutiérrez Fragoso, María Felicitas Parra Becerra (rúbrica).
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a fijar éstos con base en el costo real de la canasta básica
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social fue turnada el 15 de diciembre de 2010 por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, para estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a fijar el salario mínimo en torno del costo real de la canasta básica, satisfaciendo con ello las necesidades normales de la vida en el orden material, social y cultural de la clase trabajadora, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 67, fracción I, 68, 79, numeral 1, fracción II, 80, numeral 1, fracción VI, 84, 85, 158, fracción IV, y 182, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta este dictamen, conforme a los siguientes
Antecedentes
1. En fecha 15 de diciembre de 2010, la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó al pleno la proposición con punto de acuerdo al rubro en cita para su consideración.
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la proposición con punto de acuerdo en cita para su correspondiente dictamen.
3. La proposición con punto de acuerdo en estudio se fundamenta y razona en las siguientes
Consideraciones
Se ha realizado un estudio y análisis acerca de la proposición con punto de acuerdo de la diputada Leticia Quezada Contreras. El argumento toral del punto de acuerdo en tratamiento se refiere a que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, organismo público descentralizado del gobierno federal, debe establecer las bases y los elementos para que la fijación de los salarios mínimos generales y profesionales eleve el nivel de vida del trabajador y su familia, propiciando la equidad y la justicia entre los factores de la producción, reconociendo y validando éstos la dignidad del trabajador y de su familia, así como fijar y revisar los salarios mínimos generales y profesionales, procurando asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con las condiciones económicas y sociales del país.
El país se formas por 2 mil 456 divisiones políticas: 2 mil 440 municipios y 16 delegaciones. El 2.65 por ciento de dichas divisiones políticas, 65, se ubica en el área geográfica A; 2.24 por ciento, 55, en la B; y 95.11, 2 mil 336, en la C.
La forma en que se encuentra dividida la República Mexicana para efectos de los salarios mínimos no es muy equilibrada y equitativa, toda vez que en muchos municipios de alta actividad productiva o donde se explotan determinados yacimientos se encuentran limitados a la zona o área geográfica C, a veces, cuyo alto costo de la vida resulta contradictorio con la zonificación que se otorga. Además, la mayor parte de dichos municipios, que se encuentran en las divisiones políticas en que se divide la República Mexicana, están en el área geográfica C.
El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó otorgar un aumento general a los salarios mínimos de las tres áreas geográficas para 2011 de 4.1 por ciento. Los nuevos salarios mínimos que rigen partir del 1 de enero de 2011 son los siguientes: para el área geográfica A, 59.82 pesos diarios; para el área geográfica B, 58.13 pesos diarios; y para el área geográfica C, 56.70 pesos diarios. El aumento dictaminado y aprobado por dicho consejo de representantes a los salarios mínimos es bastante insuficiente y raquítico, debido a que el alza de los productos de la canasta básica está muy por encima del aumento decretado para los salarios mínimos, incluso para el salario medio.
Efectivamente, las condiciones laborales, económicas y sociales de los trabajadores mexicanos han disminuido significativamente, toda vez que han aumentado los precios de los productos de consumo básico, no solamente a lo largo de 2010 sino que al empiezo de 2011 han seguido aumentando en forma constante y dramática.
El poder adquisitivo de los mexicanos se ha reducido terriblemente en los últimos 60 años, impactando negativamente sus salarios, ya que de acuerdo con un estudio realizado por el especialista Enrique Santana (publicado en el diario Reforma del 25 de enero del año en curso), con un día de salario de 1950 (11.58 pesos como salario medio) se compraban 38.6 kilos de tortilla, que entonces costaba 30 centavos.
Hoy, con el salario medio del sector formal (236 pesos diarios) alcanza para comprar 26 kilos de tortilla. Es decir, en términos de poder adquisitivo medido en tortillas tenemos un retroceso de 32 por ciento en 60 años, por lo que no se ven avances con relación al poder adquisitivo del salario medio, menos con relación al poder adquisitivo del salario mínimo.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ve con seria preocupación el aumento del precio de los alimentos básicos a escala internacional, cuyo nivel máximo fue en diciembre de 2010, lo que podría traer consecuencias para los mercados alimentarios en los países vulnerables, como el nuestro, pero peor aún, según pronósticos de la organización en cita, es probable que a mediados de 2011 nuevamente aumenten dichos precios. Ante tal panorama desalentador para México, es necesario que todos los actores involucrados, y sobre todo las autoridades facultadas y competentes para el caso, creen conciencia y establezcan y ejecuten las soluciones favorables para la nación y sus sectores más desprotegidos.
Ante la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, de 37 por ciento en el actual sexenio y ante la eventual crisis en la producción, importación, exportación de los alimentos básicos a nivel nacional e internacional, así como el aumento de sus precios, resulta indudablemente procedente incrementar en términos reales el salario mínimo, estableciendo un salario por arriba de la inflación, que sea suficiente y digno para atender todas las necesidades de los trabajadores y sus familias.
De conformidad con los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 90 de la Ley Federal del Trabajo, el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.
En tal virtud, es preciso solicitar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que lleve a efecto los estudios técnicos y económicos para fijar una reclasificación del salario mínimo general para 2012 y sea ajustado para establecer una canasta básica de satisfactores para las tres áreas geográficas, haciendo acorde su situación salarial, económica y laboral con la realidad existente; por lo que solicitar dicha reclasificación para 2011 ya no es procedente, debido a que el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ya procedió a fijar los salarios mínimos generales y profesionales en diciembre del año próximo pasado, los que ya entraron en vigor en la República Mexicana a partir del 1 de enero de 2011.
Por tanto, y ante las consideraciones vertidas, la Comisión de Trabajo y Previsión Social dictamina lo siguiente:
Único. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a llevar a efecto todos los estudios técnicos y económicos para fijar una reclasificación del salario mínimo general para 2012 ajustándolo para establecer una canasta básica de satisfactores de las tres áreas geográficas, beneficiándose así a los trabajadores del país, cantidad que contribuiría a cubrir con mayor solvencia los gastos necesarios en el orden material, social y cultural.
Así lo acuerdan los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2011.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Tereso Medina Ramírez (rúbrica), presidente; Israel Reyes Ledesma Magaña, Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio, Francisco Hernández Juárez (rúbrica), secretarios; Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales (rúbrica), Isaías González Cuevas (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Jesús Alfonso Navarrete Prida, María Florentina Ocegueda Silva, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), César Octavio Madrigal Díaz (rúbrica), Valdemar Gutiérrez Fragoso, María Felícitas Parra Becerra (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Julián Francisco Velázquez y Llorente (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Laura Piña Olmedo (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Porfirio Muñoz Ledo.
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT a colocar bandas de alerta en las autopistas de cuota
Honorable Asamblea:
La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85, 87, 157, 158 y 167, numeral 4, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen:
Antecedentes
1. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el 22 de febrero de 2011, el diputado Javier Gil Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluya de manera obligatoria en sus normas, referencias técnicas y manuales, que para tal efecto expide, especificaciones para la colocación de bandas de alerta en las autopistas de cuota de la red nacional carretera.
2. En la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, 67 y 68 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Mesa Directiva acordó turnar la proposición que nos ocupa a la Comisión de Transportes, para su estudio y dictamen, mediante oficio DGPL 61-II-2-991.
Derivado de lo anterior, esta comisión realizó diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada proposición, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.
Contenido de la proposición
Expone el diputado Javier Gil en su proposición, que los accidentes viales en nuestro país son un problema de salud pública, tanto por su contribución a la carga en mortalidad como en discapacidad, ya que anualmente mueren 24 mil personas por esta cusa y más de 40 mil padece alguna discapacidad consecutiva a lesiones producto de dichos eventos, por lo que México ocupa el tercer lugar en el mundo en accidentes viales, generando con esto un gasto anual para el sector salud por 126 mil millones de pesos.
Agrega también, que el 70 por ciento de los accidentes que suceden en la red carretera federal son provocados por “el factor humano”, es decir, el exceso de velocidad, el cansancio y la distracción del automovilista, cuando expertos en la materia sugieren que 9 de cada 10 accidentes pueden ser evitados y en todos ellos sus efectos adversos pueden ser atenuados, como el efecto perjudicial percibido en los conductores a consecuencia del cansancio e indebido esfuerzo por mantenerse frente al volante por más de seis horas continuas.
Asimismo, el diputado Gil Ortiz indica que más de 60% de los siniestros ocurre cuando el vehículo sale del camino, por lo que propone que la Secretaría de Comunicaciones y transportes promueva la implementación de un dispositivo de seguridad conocido como Bandas de Alerta, que provocan una vibración del vehículo para informar que éste sale de circulación y va en camino al acotamiento.
Consideraciones de la comisión
La comisión que dictamina coincide con el diputado proponente, en el sentido de que, durante las últimas décadas, el desarrollo del sistema vial de nuestro país y el uso creciente del autotransporte se ha traducido en un constante incremento de los viajes por carretera, al grado que los usuarios de caminos dependen cada día en mayor medida de la existencia de dispositivos de control de tránsito para su protección e información.
Cabe mencionar que el autotransporte terrestre constituye en México, un agente multiplicador para el desarrollo y crecimiento del país, ya que transporta el 58% de la carga que se mueve por nuestro territorio (451 mil toneladas) y al 97% de los pasajeros (3 mil millones de viajes) al año.
Asimismo, la red nacional carretera suma en la actualidad 366 mil 341 kilómetros de extensión a lo largo y ancho del territorio nacional, de los cuales 8 mil 156 son caminos federales de cuota y 40 mil 716 son tramos libres federales. Además, por las autopistas de cuota se desplazan en promedio, 1 millón 28 mil vehículos diarios, entre automóviles, autobuses y camiones.
Es necesario reconocer que la modernización del sistema carretero nacional es un elemento indispensable para el desarrollo económico de nuestro país, en el cual debe garantizarse la eficiencia y la seguridad para reducir las pérdidas materiales y humanas.
Como expone el diputado Gil Ortiz, el principal motivo de accidentes carreteros está directamente relacionado con la fatiga, el consumo de alcohol y drogas, lo que ocasiona que el conductor salga del camino. Según datos de la Clínica del Sueño de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1 de cada 3 personas padecen alguna anomalía del sueño, padecimiento que pasa desapercibido y que representa un grave peligro, tanto para el conductor como para el resto de los conductores que transitan por una misma vía.
A pesar de los significativos avances que se han logrado con la implementación de diversos operativos y la adopción de medidas en la materia por las dependencias federales competentes, los percances en carreteras nacionales siguen representando un elevado costo, por lo que no se debe soslayar la introducción de medidas encaminadas a brindar un mejor servicio a los usuarios en términos de seguridad.
En México, el 79 por ciento de los accidentes son atribuidos a fallas del conductor; el 6 por ciento a fallas mecánicas; en otro 6 por ciento a las condiciones del vehículo; el 5 por ciento son provocados por pasajeros y peatones, y el 4 por ciento restante se atribuye a agentes naturales. Asimismo, del total de los accidentes ocasionados por fallas del conductor, el 60 por ciento son salidas del camino, generando 920 millones de pesos en pérdidas económicas y cerca de 2 mil 500 muertes.
En ese sentido, esta comisión dictaminadora considera conveniente la propuesta del diputado Javier Gil, de introducir en todas las carreteras de cuota un dispositivo que causa vibración y ruido cuando las llantas del automóvil se acerca a la orilla del camino con la finalidad de alertar al conductor y que éste realice una acción correctiva antes de salirse. Además, esta medida serviría de apoyo a los conductores en zonas de lluvia, tolvaneras o neblina, cuando las condiciones climatológicas impidan la correcta visibilidad del camino.
La introducción de este dispositivo en las carreteras Estados Unidos produjo una disminución de accidentes de entre 22 y 88 por ciento, lo que trasladado al caso de nuestro país, significaría reducir en 24 mil el número de accidentes anuales, abatiendo también el número de lesionados en 16 mil y de hasta 2 mil muertes al año; además, se evitarían pérdidas económicas por 810 millones de pesos.
Al respecto, la Dirección General de Servicios Técnicos, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, edita el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras, mismo que contiene la normatividad que, en materia de señales informativas, restrictivas y preventivas, así como marcas, obras y dispositivos diversos, dispositivos para protección en obras, semáforos y letras y números para señales de tránsito, se establecen para el control de los flujos vehiculares, y el cual sirve de referencia para la construcción y mantenimiento de las carreteras en el país.
Por ello, en consideración de la Comisión que dictamina, la introducción del dispositivo propuesto al manual antes señalado y su ejecución generalizada, representaría un avance importante para incrementar la seguridad vial en las carreteras del país, generando desde luego, beneficios a todos los usuarios de esas vías de comunicación, tanto en el ámbito económico, como en su propia integridad física.
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Transportes consideramos que es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo en análisis, por lo que sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en uso de sus atribuciones legales, incluya de manera obligatoria en las normas, referencias técnicas y manuales que para tal efecto expide, especificaciones para la colocación de bandas de alerta en todas las autopistas de cuota que operan actualmente, así como en los proyectos que se promuevan en lo futuro.
Sala de Comisiones de la honorable Cámara de Diputados, a 30 de marzo de 2011.
La Comisión de Transportes
Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Cuauhtémoc Salgado Romero, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González, Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villareal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aumentar el número de operaciones para que el autotransporte de carga que circula por las carreteras federales en Tamaulipas cumpla la normativa en materia de pesos y dimensiones
Honorable Asamblea:
La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85, 87, 157, 158 y 167, numeral 4, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen:
Antecedentes
1. En sesión ordinaria de fecha 24 de febrero de 2011, la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometió a consideración de esta Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a aumentar el número de operativos para que el autotransporte de carga que circula por las carreteras federales en el Estado de Tamaulipas, cumpla con la normatividad en materia de pesos y dimensiones.
2. En la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva acordó turnar la proposición con punto de acuerdo, que nos ocupa a la Comisión de Transportes, para su estudio y dictamen, mediante oficio D.G.P.L. 61-II-3-1075 .
Derivado de lo anterior, esta comisión realizó diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada proposición con punto de acuerdo, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.
Descripción del punto de acuerdo
El autotransporte de carga representa para las empresas u organizaciones un eslabón determinante dentro de las cadenas productivas, debido a que a través de esta modalidad se trasladan grandes cantidades de insumos, materias primas o productos terminados que se entregan a las empresas, industrias o clientes en los distintos mercados. Además de que contribuye a agregar valor a la carga que transporta cuando estos se entregan en tiempo y forma cumpliendo con estándares de calidad.
Para efecto de mejorar los niveles de seguridad en la vida y patrimonio de las personas que hacen uso de los caminos y carreteras federales, así como el disminuir los daños a la infraestructura del país, se requiere que se cumplan con las características y especificaciones de las unidades, en cuanto al límite máximo de peso y dimensiones que deben observar los vehículos de autotransporte que circulan por los caminos y puentes que forman parte de las vías generales de comunicación, de acuerdo con las características físicas y especificaciones técnicas que tiene la infraestructura carretera nacional.
La regulación del peso y dimensiones de los vehículos que transitan por las carreteras y puentes de jurisdicción federal comprende la atención de diversos temas como son: los riesgos a que son expuestas las personas que las utilizan; el daño a pavimentos y puentes; problemas de tránsito, así como el uso eficiente de la infraestructura y del transporte.
Sin embargo, el autotransporte en el afán de disminuir sus costos logísticos rebasan los límites establecidos en la normatividad en relación a los pesos y dimensiones, circulando por carreteras que por sus características geométricas y estructurales no deben transitar, provocando daños severos a la carpeta asfáltica, lo que pone en riesgo a los usuarios de la red carretera, además de generar pérdidas económicas.
Consideraciones de la comisión
Primera. La infraestructura es fundamental para el desarrollo económico y social y provee el fundamento de la actividad económica moderna. México tiene rezagos en infraestructura que afectan la calidad de vida de la población y reducen la competitividad de su economía.
Segunda. La regulación de la infraestructura pública en México es un tema que requiere mayor atención, toda vez que en la economía nacional, el sector de transporte y las comunicaciones, ofrecen retos formidables para su crecimiento. Inexplicablemente la regulación en materia de infraestructura pública no ha sido modernizada.
Tercera. El 25 de marzo de 2008, el Comité Consultivo de Normalización de Transporte Terrestre, aprobó la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008, la cual tiene como objeto, establecer las características y especificaciones, así como regular los pesos y dimensiones máximos con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal.
Cuarta. De la norma anteriormente citada, esta comisión que suscribe, considera que la aplicación de la misma ha sido incorrectamente, toda vez que actualmente es manifiesto el deterioro de nuestra infraestructura carretera, misma que favorece al desarrollo de la actividad económica y es la que permite la comunicación entre las diferentes zonas del estado y del país.
Quinta. Es por ello, que esta comisión dictaminadora considera necesario aprobar la presente propuesta, toda vez que en la misma se solicita que se intensifiquen los operativos en las carreteras federales, respecto a la normatividad existente en relación a los pesos y dimensiones, a fin de que el autotransporte de carga que circula por los caminos federales en el Estado de Tamaulipas, cumplan con las disposiciones oficiales en la materia.
Por lo expuesto, la Comisión de Transportes somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados hace un atento exhorto al Ejecutivo federal para que aumente el número de operativos a fin de que el autotransporte de carga que circula por las carreteras federales en el estado de Tamaulipas cumpla con la normatividad en materia de pesos y dimensiones.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 30 de marzo de 2011.
La Comisión de Transportes
Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Cuauhtémoc Salgado Romero, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Mary Telma Guajardo Villareal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).
De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la SCT y al gobierno de Baja California a agilizar la construcción del aeropuerto civil en Ensenada
Honorable Asamblea:
La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85, 87, 157, 158 y 167, numeral 4 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.
Antecedentes
1. En sesión ordinaria de fecha 22 de febrero de 2011, el diputado Francisco Arturo Vega de la Madrid del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), sometió a consideración de esta Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al gobierno del estado de Baja California, para que se concluya la construcción del aeropuerto civil, en la ciudad de Ensenada, Baja California.
2. En la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva acordó turnar la proposición con punto de acuerdo, que nos ocupa a la Comisión de Transportes, para su estudio y dictamen, mediante oficio D.G.P.L. 61-II-5-1434.
Derivado de lo anterior, esta comisión realizó diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada proposición con punto de acuerdo, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.
Contenido del punto de acuerdo
Que la ciudad de Ensenada, Baja California, se encuentra localizada a más de 90 kilómetros de distancia del aeropuerto más cercano, siendo éste, el internacional de Tijuana, Baja California; traducido en tiempo de viaje, esta terminal aérea se encuentra a casi 2 horas de distancia, que se tienen que recorrer en carretera, o bien, con traslados en transportes privados que duran más del tiempo en mención en hacer el recorrido.
Que Ensenada es uno de los puntos con mayor afluencia turística dentro del estado de Baja California, y el de mayor infraestructura portuaria y uno de los más importantes en todo el país; sin embargo, a la fecha no cuenta con aeropuerto civil alguno.
Es un hecho, que la ciudad de Ensenada tiene una necesidad imperante de contar con un aeropuerto civil y de carga que provea de los servicios básicos para la población del norte del estado de Baja California y para el sur de Ensenada.
El principal incentivo, que motiva la realización de este aeropuerto, son las derramas económicas que el turismo y el desarrollo regional, nos pueden ofrecer. Quienes estamos interesados en la región, sabemos, que este proyecto será el detonante para algunos otros proyectos que se han empezado a desarrollar y que a la fecha, por falta de infraestructura, no se han concluido.
En el año 2007 el presidente de la República, Felipe Calderón, dio a conocer que dentro su administración se construirían tres nuevos aeropuertos, uno en puerto Peñasco, otro en la Riviera Maya, y el tercero en la meseta del Tigre, ubicada en la ciudad de Ensenada, Baja California.
Lo anterior, fue dado a conocer, durante el informe del Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, el monto total para la inversión de estos nuevos aeropuertos, se fijó en 35 mil millones de pesos, de los cuales 20 mil millones provendrían de la iniciativa privada, para el caso específico del aeropuerto de Ensenada.
Consideraciones de la comisión
Primera. Del Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, se considera a la infraestructura como sinónimo de desarrollo económico, social y humano. A través del mismo se establecen los objetivos, metas y las acciones que impulsará el gobierno federal para aumentar la cobertura, calidad y la competitividad en este sector estratégico para el desarrollo nacional. Dicho programa asume el reto de construir una infraestructura sólida, actualizada y extendida en beneficio de las generaciones, es por ello que define acciones con una visión integral y de largo plazo.
Segunda. La comisión que suscribe, considera a la infraestructura como un requisito imprescindible para elevar la competitividad de las regiones, toda vez que reduce costos y tiempos de transporte, facilita el acceso a mercados distantes, fomenta la integración de cadenas productivas e impulsa la generación de empleos. Es un instrumento idóneo para contar con insumos energéticos suficientes, de calidad y a precios competitivos.
Tercera. De conformidad con el Foro Económico Mundial, por la competitividad de su infraestructura, México se ubica en el lugar 64 de 125 países y a nivel sectorial, se ubica en el 55, respecto a los aeropuertos.
Es por ello que la comisión dictaminadora considera que para alcanzar los objetivos y metas propuestos, es necesario llevar a cabo un conjunto de cambios y reformas de carácter estructural que permitan elevar la rentabilidad social y económica de la inversión. Asimismo, impulsar a que se cumplan los objetivos determinados por el gobierno federal, específicamente en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012.
Es por ello que esta Comisión de Transportes considera viable la propuesta en análisis, toda vez que la parte medular de la misma propone llevar a cabo la construcción del aeropuerto civil en Ensenada, Baja California, por las razones expuestas.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Transportes, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cumplir con lo establecido en el Plan Nacional de Infraestructura 2007-2012, en lo relativo a la construcción del aeropuerto de Ensenada, en el estado de Baja California.
Segundo. Se exhorta al titular del gobierno del estado de Baja California a implementar la coordinación necesaria con el municipio de Ensenada, y la inversión privada, con la finalidad de que se agilice la construcción del aeropuerto en la ciudad de Ensenada.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2011.
La Comisión de Transportes
Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Cuauhtémoc Salgado Romero, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González, Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a entregar con la mayor brevedad la concesión del aeropuerto Ingeniero Juan Guillermo Villasana
Honorable Asamblea:
La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85, 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
1. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados celebrada el 1 de marzo de 2011, Paula Angélica Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregue con la mayor brevedad la concesión del aeropuerto Ingeniero Juan Guillermo Villasana, por situarse en el corredor Pachuca-Tizayuca, Hidalgo.
2. En la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva acordó turnar la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa a la Comisión de Transportes, para estudio y dictamen, mediante el expediente número DGPL 61-II-1-1270.
Derivado de lo anterior, esta comisión realizó diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada proposición con punto de acuerdo, con objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.
Descripción de la proposición con punto de acuerdo
La legisladora señala que tras el desplome de una avioneta en Hidalgo, la cual salió del aeródromo Guillermo Villasana, en donde lamentablemente perdieron la vida dos personas y otra persona resulto con heridas de gravedad, así como el despiste de otra avioneta más, la cual se despistó al interior del aeródromo, se han expresado diversas inquietudes de parte de las autoridades estatales, municipales y sociedad civil de Hidalgo, en el sentido de que es necesario e inaplazable que se entregue la concesión para el aeropuerto de la zona metropolitana de Tizayuca, Hidalgo.
Por otra parte, el actual aeródromo Ingeniero Juan Guillermo Villasana, de Pachuca de Soto, da servicio aéreo nacional de transporte no regular, servicio privado a empresas y demás servicios aéreos.
El actual aeródromo no tiene posibilidades de expansión, el número de pasajeros atendidos en los últimos tres años promedian los 6 mil 695 pasajeros por año, y el número de operaciones las 3 mil 983 anuales, por lo anterior, se debe garantizar la seguridad de cada uno de los usuarios y no permitir accidentes que le cobren la vida a más ciudadanos.
El gobierno de Hidalgo adquirió mil 500 hectáreas para la construcción del aeropuerto y ha realizado todos los estudios de factibilidad requeridos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuenta con estudios de demanda, técnica, integración, medio ambiente, financieros y económicos, los cuales han establecido la viabilidad del proyecto. Sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha otorgado la concesión para la creación de un aeropuerto que ofrezca certidumbre a las necesidades de los ciudadanos.
El proyecto del Programa Maestro de Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Ingeniero Juan Guillermo Villasana cumple todos los requisitos técnicos, basados en normas internacionales de seguridad y concuerdan con los estándares de calidad.
Consideraciones de la comisión
Primera. Que un aeródromo es un campo de vuelo de pequeño tamaño y con servicios, como pueden ser la disponibilidad de taxis, alquiler de vehículos, y otros, incluso de aduanas, reducidos o inexistentes. Igualmente, en el caso de la aviación militar, un aeródromo es, normalmente, un aeropuerto en el que no existen aeronaves basadas de forma permanente. Por extensión, un campo de vuelos, aunque es la parte de un aeródromo o aeropuerto que comprende las pistas de rodaje y despegue y aterrizaje, se suele usar también para aeródromos dedicados a la aviación privada, deportiva y ultraligera y/o con pistas no preparadas, de tierra o hierba.
Los aeropuertos son estaciones para los pasajeros de las aerolíneas y para el transporte de mercancías. En ellos, los aviones reciben combustible, mantenimiento y reparaciones.
Asimismo, debe distinguirse este término del de aeródromo, palabra que se utiliza frecuentemente de forma inadecuada como sinónimo, así en muchos periódicos y también en los noticiarios de radio y televisión, en una misma información, se usan indistintamente las dos palabras.
Los grandes aeropuertos cuentan con pistas de aterrizaje pavimentadas de uno o varios kilómetros de extensión, calles de rodaje, terminales de pasajeros y carga, plataformas de estacionamiento y hangares de mantenimiento.
En un aeropuerto, desde el punto de vista de las operaciones aeroportuarias, se pueden distinguir dos partes: el denominado “lado aire” y el llamado “lado tierra”. La distinción entre ambas partes se deriva de las distintas funciones que se realizan en cada una.
En el “lado aire”, las operaciones se aplican sobre las aeronaves y todo se mueve alrededor de lo que éstas necesitan; en el “lado tierra”, los servicios giran alrededor de los pasajeros y sus necesidades.
En el lado tierra, los edificios terminales tienen como función la conexión entre los modos de transporte terrestre (vehículos, autobuses, tren, metro) y el modo de transporte aéreo. El volumen de pasajeros y el tipo de tráfico condicionan la configuración de la terminal, pero en general todas las terminales tienen las siguientes dependencias: vestíbulos de salidas y llegadas, control de pasaportes, salas de embarque, zonas de ocio, control de aduanas.
El lado aire, también llamado “área de movimiento”, está integrado por el área de maniobras (pistas y calles de rodaje) y las plataformas de terminal y las plataformas remotas. Su función es el rodaje de las aeronaves hasta/desde las pistas y el despegue y aterrizaje de las aeronaves.
Segunda. Que los aeropuertos son infraestructuras de primer nivel que generan un elevado valor añadido para el territorio y que tienen un impacto económico y empresarial directo a través de sus actividades intrínsecas, así como un impacto indirecto generado por las actividades logísticas en su zona de influencia.
Tercera. Que la importancia del aeropuerto para un área metropolitana como Pachuca-Tizayuca no puede ser subestimada. En la actualidad el aeropuerto de una ciudad o región es su puerta al mundo.
En primer lugar, es crucial para que una región atraiga sedes empresariales y servicios a las empresas, puesto que se ha demostrado que la disponibilidad de un aeropuerto con un centro de distribución de vuelos importante aumentaba de forma significativa la capacidad de la región para atraer sedes empresariales.
En segundo lugar, el aeropuerto es importante para consolidar las actividades de innovación en una región dado que el capital humano calificado necesita tener conexión rápida con otros centros de conocimiento.
En tercer lugar, la ciudad como espacio de turismo necesita buenas comunicaciones. 1
Cuarta. Que los aeropuertos son centros muy importantes de generación de empleo. Por cada persona empleada directamente por un explotador aeroportuario, otras once trabajan en el aeropuerto. Esto significa también que, en promedio, cada mil pasajeros generan un empleo en el aeropuerto. 2
Derivado de lo anterior, el otorgamiento de la concesión del aeropuerto Ingeniero Juan Guillermo Villasana, será un catalizador para la economía de la región, por lo que esta Comisión de Transportes estima viable la proposición con punto de acuerdo en estudio.
Quinta. Que la cercanía del nuevo aeropuerto Ingeniero Juan Guillermo Villasana, con la zona industrial de la zona metropolitana del valle de México y el desarrollo vial que se está generando en esta área permitirá ubicarlo de manera estratégica para el manejo de carga de la región.
Los rubros en la proyección de carga y pasajeros se manejaron de manera conservadora, considerando la conectividad vial proyectada, el crecimiento del PIB y su elasticidad, la dinámica de crecimiento industrial y poblacional, obteniendo la siguiente demanda: 3
Asimismo, el terreno donde se proyectaron las instalaciones del aeropuerto tiene una capacidad de soporte de 35 toneladas por metro cuadrado.
El polígono del aeropuerto se encuentra en el lugar idóneo para operaciones seguras ya que está libre de obstáculos en su aproximación y despegue.
Asimismo, del nuevo aeropuerto con su entorno, en el Programa de Desarrollo Regional lo hace con el nodo urbano Ciudad Industrial con el proyecto Platah, 4 motor principal del desarrollo de la región. Esta excelente localización, permitirá que mediante un sistema adecuado de transporte se geste una eficiente localización permitirá que mediante un sistema adecuado de transporte se geste una eficiente comunicación entre este centro generador de empleo y las áreas habitacionales de las nuevas ciudades.
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Transportes de la LXI Legislatura sometemos a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a entregar con la mayor brevedad al gobierno de Hidalgo, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la concesión del aeropuerto Ingeniero Juan Guillermo Villasana, por situarse en el corredor Pachuca-Tizayuca.
Notas
1 Vives, Xavier. El futuro de El Prat, Debate, España, marzo de 2007.
2 Los aeropuertos como catalizadores vitales del crecimiento económico, OACI, agosto de 2007.
3 Programa Maestro de Desarrollo, Compañía Aeroportuaria Hidalguense, diciembre de 2008.
4 Plataforma Logística Hidalgo (Platah), que consta de las 500 hectáreas de puerto seco que se prevé será la zona de actividad logística e industrial más grande del centro del país y una ciudad del transporte con base para ferrocarriles que será la puerta de entrada y salida del Golfo al Pacífico y del norte al sur de México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2011.
La Comisión de Transportes
Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Cuauhtémoc Salgado Romero, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González, Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).
De la Comisión de Defensa Nacional, con punto de acuerdo, por el que se solicita se conforme un grupo de trabajo plural de legisladores, integrado preferentemente por aquellos que han de participar en la “L Reunión Interparlamentaria México- Estados Unidos
Honorable Asamblea
La Comisión de Defensa Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes:
Antecedentes
En sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el día 6 de abril de 2011, el Diputado Pablo Escudero Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política, conforme un grupo plural de legisladores, integrado preferentemente por aquellos que han de participar en la “L Reunión Interparlamentaria México- Estados Unidos” que se celebrara en esa nación en los próximos meses, a efecto de que se reúnan con sus contrapartes de la Cámara de Representantes del Congreso Norteamericano y del Gobierno Federal de esa Nación, para ampliar y fortalecer los mecanismos de control y seguimiento parlamentario al tráfico de armas, y analizar otros temas de la agenda común relativos a la seguridad regional que puedan ser analizados conjuntamente en dicho mecanismo bilateral.”
En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23 fracción f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen”
Contenido de la Proposición
En su exposición de motivos, el texto del punto de acuerdo establece que:
• Se conforme un grupo plural de legisladores, integrado preferentemente por aquellos que han de participar en la “L Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos que se celebrara en esa nación en los próximos meses, a efecto de que se reúnan con sus contrapartes de la Cámara de Representantes del Congreso Norteamericano y del Gobierno Federal de esa nación, para ampliar y fortalecer los mecanismos de control y seguimiento parlamentario al tráfico de armas, y analizar otros temas de la agenda común relativos a la seguridad regional que puedan ser analizados conjuntamente en dicho mecanismo bilateral.
• En el contexto del operativo “Rápido y furioso”, se propone que durante la “L Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos” se entregue un expediente de las 65,000 armas norteamericanas decomisadas, incluyendo la pistola con la que fue asesinado en San Luis Potosí, el agente Jaime Zapata del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, y pedazos de las armas destruidas por la Secretaría de la Defensa de manera simbólica.
• México vive tiempos de violencia, la cual sería inexplicable sin las armas que se trafican a nuestro país, provenientes de los Estados Unidos de América.
• La operación del crimen organizado en México, se realiza con armas adquiridas en los Estados Unidos de América.
• El gobierno estadounidense realizó un programa encubierto de tráfico de armas, sin participar de ello a las autoridades mexicanas.
• La ausencia de normas internacionales, contribuye al desvío de armas al crimen organizado, facilita su violencia, la violación de los derechos humanos y amenaza la seguridad mundial.
Consideraciones
Esta Comisión considera que es innegable que el problema de la inseguridad en nuestro país, ha llegado a un punto en el que la paz pública ha sido perturbada gravemente; ello debido al incremento de la actividad por parte de la delincuencia organizada.
El tráfico de armas es un fenómeno que inhibe lograr sociedades más prósperas y cohesionadas.
México es una sociedad que evoluciona de acuerdo a la dinámica global, lo que implica retos y corresponsabilidades, tanto bilaterales como multilaterales, y entre las que se incluye a la seguridad, siendo ésta un compromiso de gobierno.
Razonamos que el compartir información, y de manera específica en materia de seguridad, es fundamental para construir entre dos naciones la confianza mutua para la solución de un problema común.
Estamos convencidos que la unidad de todos los grupos parlamentarios frente al problema del tráfico de armas en todos los escenarios, tanto nacionales como internacionales, es una demanda unánime de la sociedad; y una obligación de todos los que defendemos la democracia y la libertad.
En este orden de ideas, coincidimos plenamente con el proponente, en el sentido de que este flagelo es contrario a los más elementales derechos humanos y valores democráticos.
Así entonces, esta Comisión ha reflexionado que la “L Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos”, a celebrarse en Washington D.C en junio del 2011, es una nueva oportunidad para analizar los problemas que implican cooperación bilateral y llegar a acuerdos que se materialicen en hechos.
Esta Comisión considera correcto, solicitar a la Junta de Coordinación Política conformar la delegación de legisladores aludida, de manera que se tome en cuenta la actual pluralidad de la Cámara de Diputados, y con ello dar voz y presencia a todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara.
Reiteramos nuestra más firme condena a la violencia generada por la delincuencia organizada, y reafirmamos nuestra determinación de realizar lo que sea posible para erradicarla de nuestro territorio nacional.
Sin duda todos deseamos entornos más favorecedores, pero ante la realidad que vive nuestro país, debemos afrontar el escenario presente empleando todos los instrumentos del Estado de Derecho disponibles, así como reconocer y corregir los errores que se cometan.
Estamos convencidos que la voluntad de progresar en la instrumentación de políticas de seguridad, mediante el establecimiento de objetivos compartidos, hará que nuestra tarea legislativa sea aún más eficaz; al actuar de una manera conjunta, coordinada y provechosa en el seno de las relaciones bilaterales entre México y los Estados Unidos de América.
Deseamos dejar constancia que el presente Proyecto de Dictamen es el fruto de la reflexión, sometiendo a su consideración una propuesta meditada y discutida.
En concordancia con lo anteriormente expuesto, la Comisión de Defensa Nacional presenta a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente:
Acuerdo
Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política, conforme un grupo de trabajo plural de legisladores, con base en criterios de proporcionalidad, e integrado preferentemente por aquellos que han de participar en la “L Reunión Interparlamentaria México- Estados Unidos” que se celebrara en esa nación en los próximos meses; a efecto de que se reúnan con sus contrapartes de la Cámara de Representantes del Congreso Norteamericano y del Gobierno Federal de esa Nación, para ampliar y fortalecer los mecanismos de control y seguimiento parlamentario al tráfico de armas, y analizar otros temas de la agenda común relativos a la seguridad regional que puedan ser analizados conjuntamente en dicho mecanismo bilateral.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 26 de abril de 2011.
La Comisión de Defensa Nacional
Diputados: Rogelio Cerda Pérez (rúbrica), presidente; Roberto A. Albores Gleason (rúbrica), Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Luis A. Guevara Cobos (rúbrica), Bernardo M. Téllez Juárez (rúbrica), Pablo Escudero Morales (rúbrica), Armando Meza Castro (rúbrica), secretarios; Víctor H. Benítez Treviño, Manuel Cadena Morales, Luis C. Campos Villegas (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), Jorge Franco Vargas (rúbrica), Miguel A. Terrón Mendoza, Francisco A. Moreno Merino (rúbrica), Canek Vázquez Góngora (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Jesús Ramírez Rangel (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Sergio A. Torres Santos (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Adriana Fuentes Cortés (rúbrica), Sergio Gama Dufour, José Cesar Nava Vázquez, Estela Damián Peralta, Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan E. Ibarra Pedroza (rúbrica), Pavel Díaz Juárez (rúbrica), Elsa María Martínez Peña.