De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, relativo a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a vigilar que las opciones educativas sean de calidad para los jóvenes que no obtienen un lugar en los concursos de selección de educación superior en el Valle de México, ciclo escolar 2010-2011
Honorable Asamblea:
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182 numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.
I. Antecedentes
A la comisión que suscribe de Educación Pública y Servicios Educativos le fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo en la que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a vigilar que las opciones educativas sean de calidad para los jóvenes que no obtienen un lugar en los concursos de selección de educación superior en el Valle de México, ciclo escolar 2010-2011, presentada por el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, el 28 de abril de 2010.
En esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis correspondiente.
II. Descripción de la proposición
En la proposición presentada por el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, manifiesta su preocupación ante la creciente demanda de jóvenes por ingresar a las instituciones de educación superior (IES), en específico de los jóvenes de la zona metropolitana del Valle de México (ZMVM). De acuerdo con sus consideraciones, la ZMVM “concentra la mayor proporción tanto de demanda como de oferta de matrícula en educación superior en el país”. Representan “20 por ciento del total nacional”.
Los jóvenes que son rechazados de las instituciones de educación superior, deben tener opciones educativas de calidad. El promovente menciona el esfuerzo que año con año realiza la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Subsecretaria de Educación Superior por ofrecer espacios a los jóvenes que no fueron aceptados en su primera opción educativa, sin embargo, se requiere de una mayor atención para generar estrategias que permitan que los jóvenes ingresen a una educación de calidad para que desarrollen de manera pertinente sus competencias en el ámbito profesional.
Por tanto, el diputado solicita al pleno de esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo:
Único. Por el que se exhorta al secretario de Educación Pública federal a vigilar que las opciones educativas que se ofrecerán a los jóvenes que no obtengan un lugar en los concursos de selección para ingresar a la educación superior en el ciclo escolar 2010-2011, en la zona metropolitana del Valle de México; sean en programas reconocidos por su buena calidad, tanto en las instituciones públicas de educación superior como en las particulares.
III. Consideraciones de la comisión
1. Los miembros de esta comisión reconocen la importancia de ofrecer espacios educativos de calidad para la creciente demanda en el país, ya que “todo individuo tiene derecho a recibir educación” 1 y esta educación debe prestarse con “mayor pertinencia, calidad y eficiencia” (artículo 22 de la Ley General de Educación 2 ). En el mismo tenor, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 menciona que los jóvenes tienen derecho a acceder a una educación de calidad y que a su vez ésta responda a las exigencias que el mundo laboral les plantea. Por lo que las escuelas de todos los niveles de educación deben elevar su calidad, comprendiendo los rubros de cobertura, equidad, eficacia, eficiencia y pertinencia. Para esto, los mecanismos de evaluación deben generar “una valoración de los procesos y sistemas curriculares como una forma de rendir cuentas de manera objetiva” (Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, pág. 183).
2. Francisco Gama Tejeda menciona que la creciente demanda en educación superior, origina que las personas que no tuvieron acceso a la educación pública y a la educación privada –de costos elevados–, sean un potencial para ingresar a escuelas que no tienen reconocimiento de validez oficial o su calidad está mermada –poca eficacia, eficiencia y pertinencia– 3 . Gama Tejeda en conformidad con los autores Fresán y Taborga (1998), “en México existe un vasto universo de IES, y dada su naturaleza heterogénea y dispar, resulta adecuado el diseño y la aplicación de políticas, reglas, proyectos, valoraciones o estímulos, que tomando en cuenta su singularidad institucional, propicien el mejoramiento de la calidad de los programas académicos y de los servicios que ofrecen” 4 .
3. La Ley General de Educación establece como facultad de las autoridades educativas, la inspección y vigilancia de los servicios educativos de las escuelas particulares con reconocimiento de validez oficial (artículo 58 de la Ley General de Educación), sin embargo, en el caso de las escuelas públicas de educación superior con autonomía, tienen la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas.
4. De acuerdo con la división geoestadística, la zona metropolitana del Valle de México abarca delegaciones del Distrito Federal, del estado de México y un municipio de Hidalgo. En esta zona, las leyes de educación, marcan lo siguiente:
a. En el estado de México, el organismo público descentralizado de carácter estatal, denominado Servicios Educativos Integrados al Estado de México, se encarga de “planear, desarrollar, dirigir, vigilar y evaluar los servicios de educación básica y normal transferidos” (artículo 3o., fracción I). 5
b. La Secretaría de Educación del Distrito Federal tiene entre sus atribuciones: “planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los servicios del sistema educativo del Distrito Federal” (artículo 13, fracción V) 6 . Además en su artículo 74, se menciona que:
“El gobierno del Distrito Federal promoverá, en coordinación con las autoridades federales y dentro del ámbito de su competencia, el mejoramiento de las instituciones públicas de educación superior, con el objetivo de formar a los profesionistas que demanda la sociedad e incidir en el desarrollo económico, social y cultural de la entidad”.
5. En resumen, la comisión dictaminadora está de acuerdo que una de las facultades de las autoridades educativas federal y locales, es vigilar los servicios educativos que ofrece dentro del ámbito de su competencia; sin embargo, no procede debido al tiempo establecido para su vigilancia –ciclo escolar 2010 al 2011–.
En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos solicita a la Mesa Directiva que la presente proposición con punto de acuerdo sea archivada como asunto total y definitivamente concluido mediante el siguiente
Acuerdo
Primero . Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública, vigile las opciones educativas que se ofrecerán a los jóvenes que no obtengan un lugar en los concursos de selección para ingresar a la educación superior en el ciclo escolar 2010-2011, en la zona metropolitana del Valle de México, presentada por el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, el 28 de abril de 2010.
Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.
Notas
1. Primer párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Ley General de Educación.
3. Gama Tejeda, Francisco A. (2010) “Desarrollo de una tipología de las instituciones de educación superior privada en Jalisco”. Revista de la Educación Superior , vol. XXXIX (1), número 153, enero-marzo de 2010, páginas 65-84. ISSN: 0185-2760.
4. Ídem. Pág. 67.
5. Ley que crea el organismo público descentralizado denominado Servicios Educativos integrados al Estado de México.
6. Ley de Educación del Distrito Federal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2011.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío, Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat, Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez, Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Blanca Soria Morales (rúbrica).
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, concerniente a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la SEP a instruir a las universidades públicas para que incluyan en la licenciatura en derecho las asignaturas relacionadas con la implantación del sistema acusatorio
Honorable Asamblea:
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) a g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 85, 176 y 182, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen:
I. Antecedentes
1. Con fecha 11 de noviembre de 2010 fue presentada por el diputado Alfonso Jesús Martínez Alcázar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a instruir a las universidades públicas para que incluyan en la licenciatura en derecho las asignaturas relacionadas con la implantación del sistema acusatorio.
2. En la misma fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la proposición con punto de acuerdo y ordenó su turno a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, mediante el expediente número 3251.
3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la proposición.
I. Descripción de la proposición con punto de acuerdo
El diputado Martínez Alcázar señala que el derecho procesal mexicano ha encontrado un avance doctrinario reflejado en el decreto publicado el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que dispone la inclusión de un sistema preponderantemente acusatorio y oral.
Respecto a la trascendencia de la reforma en las universidades, el legislador considera que se detecta en éstas una fuerte insuficiencia de material bibliográfico y acceso a fuentes de información, así como deficiencias en los programas de estudio que conceden poca importancia a la “formación dirigida al desempeño de los futuros abogados”.
Asimismo, señala que en la actualidad, como resultado de un sistema jurídico totalmente escrito, en las universidades no se enseña retórica ni oratoria, necesarias para llevar a cabo los juicios orales y que, por su parte, los planes de estudio dividen las materias en “ramas” del derecho separadas e inconexas, donde la cátedra magistral predomina y los docentes educan a través del formalismo y el análisis abstracto del sistema normativo, sin atender los problemas prácticos que emergen en la vida cotidiana ni desarrollar destrezas como la comunicación, el trabajo en equipo o la investigación.
En opinión del diputado, si os planes de estudio de las universidades públicas comprendieran asignaturas relacionadas con los juicios orales, los estudiantes serían introducidos en el ámbito judicial de manera más rigurosa que las pasantías y prácticas, las que califica de “insuficientes y rebasadas por las complejas e intrincadas características del proceso judicial moderno”, y además se les inculcarían “valores de transparencia, ecuanimidad, diligencia y lealtad procesal”.
Finalmente, y con base en las consideraciones vertidas en su exposición de motivos, la proposición del diputado Alfonso Jesús Martínez Alcázar contiene los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a instruir en el ámbito de su competencia a las universidades públicas del país para que incluyan en los planes de estudio de la carrera de derecho, dentro de un plazo no mayor de seis meses, las asignaturas relacionadas con la implantación del sistema acusatorio establecido en la Constitución el 18 de junio de 2008.
Segundo. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Justicia a considerar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos para implantar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, establecido en la Constitución mediante la reforma publicada en el DOF el 18 de junio de 2008.
II. Consideraciones
Como señala el diputado Martínez Alcázar, el 18 de junio de 2008 se publicó en el DOF el decreto por el que se reforman los artículos 16 a 22, y las fracciones XXI y XXIII del artículo 73, VII del artículo 115 y XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La aprobación de estas reformas tiene como finalidad mejorar el funcionamiento de las instituciones que integran el sistema de justicia penal en México, encargadas de la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, y la reinserción social.
De los cambios constitucionales aprobados respecto al sistema de justicia penal mexicano, destaca en el subsistema de impartición de justicia el relativo a la introducción de los juicios orales. Ésta implica una modificación de los componentes que integran el sistema de justicia penal, en virtud de la sustitución del modelo penal mixto por uno predominantemente acusatorio y oral, regido por los principios procesales de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20; y 21, párrafo séptimo, de la Carta Magna.
Los integrantes de la comisión dictaminadora comprendemos que las universidades que impartan la licenciatura en derecho habrán de considerar en los planes y programas de estudio las reformas constitucionales de referencia y que su planta docente habrá de encontrarse familiarizada con el tema. Sin embargo, observamos que no es facultad de la Secretaría de Educación Pública instruir a las universidades públicas respecto a sus planes y programas de estudios, ya que esta determinación vulnera la autonomía universitaria, contenida en la fracción VII del artículo 3o. constitucional, que a la letra dice:
VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el Apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere; y
De esa manera, los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos consideramos que los puntos de acuerdo contenidos en la proposición del diputado Sergio González Hernández son improcedentes en razón de su inconstitucionalidad.
En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos solicita a la Mesa Directiva que la presente proposición con punto de acuerdo sea archivada como asunto total y definitivamente concluido, mediante los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a instruir a las universidades públicas del país para que incluyan en los planes de estudio de la carrera de derecho asignaturas relacionadas con los juicios orales, presentada por el diputado Alfonso Jesús Martínez Alcázar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 11 de noviembre de 2010.
Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 16 de marzo de 2011.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío, Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat, Beatriz Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez, Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Blanca Soria Morales (rúbrica).
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, relativo a la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a comparecer ante la comisión para dar a conocer el análisis de los resultados de ENLACE
Honorable Asamblea:
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen:
I. Antecedentes
1. Con fecha 8 de octubre de 2009 fue presentada por el diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación a comparecer ante la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dar a conocer el análisis de los resultados de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE).
2. En esa misma fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la proposición con punto de acuerdo y ordenó su turno a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos mediante el expediente número 317.
3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la proposición.
II. Descripción de la proposición con punto de acuerdo
El diputado Rosas González expresa sus inquietudes respecto de la educación como componente de la calidad de vida de los mexicanos, herramienta para mejorar la situación familiar, motor del desarrollo social y medio de incorporación a la vida productiva; y agrega que las mayores economías del mundo lo son precisamente, por el impulso que le han dado a la educación, porque han visto en ésta una oportunidad para el progreso equitativo de los habitantes de sus naciones.
El legislador hace referencia a los resultados de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares, presentados por el titular de la Secretaría de Educación Pública, donde éste expresó que la prueba es objetiva y estandarizada, que en 2009, la prueba se aplicó a más de 13 millones de estudiantes de educación básica de escuelas públicas y privadas del país, y que se trataba de un ejercicio analítico, universal y censal para fortalecer la evaluación, la transparencia y la rendición de cuentas como un factor clave en la calidad de la educación en México.
En la presentación, el secretario señaló que difundir los resultados era un ejercicio autocritico, de reflexión colectiva, necesario para identificar lo que se está “haciendo bien” y en qué áreas se deben llevar a cabo esfuerzos adicionales para mejorar.
Al respecto, el proponente señala que no basta con conocer los resultados, sino que es necesario, un mayor compromiso, así como hacer públicas las medidas que se tomarán al respecto, para lo cual propone que el titular de la Secretaría se presente ante el órgano constitucionalmente facultado.
Asimismo asegura que la prueba ENLACE debe traer como resultado la implementación de políticas públicas efectivas, ante lo cual se cuestiona cuáles son las medidas que se han tomado y quién ha evaluado el cumplimiento de éstas desde 2006.
Finalmente señala que la proposición que presenta es un tema de Estado, sin distingo de grupos parlamentarios que debe permitir a los integrantes de la Cámara de Diputados asumir una posición responsable para que se tomen medidas y se direccione conjuntamente acciones que permitan ofrecer educación de calidad y revertir los resultados arrojados por la prueba ENLACE.
III. Consideraciones
Los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos comprendemos las preocupaciones del diputado Óscar Román Rosas y coincidimos en la importancia que tienen las evaluaciones sistemáticas a la calidad de nuestro sistema educativo y, principalmente, el valor de hacer públicos los resultados.
Reconocemos también que las evaluaciones públicas deben transparentarse ya que es necesario encontrar soluciones colectivas, así como someterse al escrutinio público, coincidimos también en que la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares es un instrumento perfectible y que sus resultados deben ser analizados para efecto de poner en práctica las políticas públicas que necesita la educación en México.
Respecto de la propuesta concreta del diputado Rosas González, cabe señalar que el artículo 93 constitucional faculta a la Cámara de Diputados a convocar a los secretarios de Estado a dar cuenta del estado que guardan sus respectivos ramos, sin embargo el procedimiento que se seguirá para los citatorios a comparecencia se encuentra detallado en el artículo 45, numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:
4. Las comisiones ordinarias cuya materia se corresponde con los ramos de la administración pública federal harán el estudio del informe a que se refiere el primer párrafo del artículo 93 constitucional, según su competencia. Al efecto, formularán un documento en el que consten las conclusiones de su análisis. En su caso, podrán requerir mayor información del ramo, o solicitar la comparecencia de servidores públicos de la dependencia ante la propia comisión. Si de las conclusiones se desprenden situaciones que por su importancia o trascendencia requieran la presencia en la Cámara del titular de la dependencia, la comisión podrá solicitar al presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que el secretario del despacho o jefe de departamento administrativo correspondiente comparezca ante el pleno. Asimismo, se estará a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 93 constitucional.
A mayor abundamiento, el Reglamento de la Cámara de Diputados señala en su artículo 79, numeral 3 que:
3. Las solicitudes de gestión, de ampliación de recursos, de información a una dependencia gubernamental, o peticiones para citar a comparecer a algún servidor público del Poder Ejecutivo Federal, no serán consideradas como proposiciones. Éstas se sustanciarán de la siguiente manera:
Y precisa, en su fracción IV, que las peticiones para que una comisión se reúna con algún funcionario público del Poder Ejecutivo Federal, deberán hacerse conforme a lo establecido en la Ley.
De esta manera, los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos observamos que el exhorto contenido en la proposición con punto de acuerdo no es jurídicamente viable ya que contraviene lo dispuesto en el marco normativo de la Cámara de Diputados.
En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos solicita a la Mesa Directiva que la presente proposición con punto de acuerdo sea archivada como asunto total y definitivamente concluido mediante los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo al análisis de los resultados de la prueba ENLACE, así como las medidas que tomará el gobierno federal para mejorar la calidad de la educación básica en México, presentada por el diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 8 de octubre de 2009.
Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2011.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío, Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat, Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez, Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldua (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Blanca Soria Morales (rúbrica).
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a actualizar el Reglamento de Cooperativas Escolares
Honorable Asamblea:
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.
Antecedentes
1. Con fecha 29 de abril de 2010, fue presentada por el diputado Sergio González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a actualizar el Reglamento de Cooperativas Escolares.
2. En esa misma fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la Proposición con Punto de Acuerdo y ordenó su turno a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos mediante el expediente número 2384.
3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la Proposición.
Descripción de la proposición con punto de acuerdo
De acuerdo con el diputado González Hernández, en México el cooperativismo escolar no ha podido desarrollarse, ya que no existe transparencia en el uso y destino de los recursos provenientes de las cooperativas escolares y además que su funcionamiento es discrecional, generando abusos por parte de integrantes de asociaciones de padres de familia o directores de los planteles.
El legislador hace referencia a las denuncias por los abusos y robos en las cooperativas de las escuelas de educación básica del país, en las que se recaudan grandes cantidades a través de “cuotas voluntarias” y que, asegura, son destinadas a beneficio personal, o incluso sustraídos por integrantes de asociaciones de padres de familia o directores de los planteles.
Por esta razón, califica de urgente que el titular del Ejecutivo federal establezca lineamientos claros sobre la organización y funcionamiento de las cooperativas de las escuelas del nivel básico, a través de la actualización y modernización del Reglamento de Cooperativas Escolares, vigente desde 1982.
Por otra parte, el diputado señala su preocupación respecto de lo que se vende en las cooperativas y tiendas escolares, y que ha dado origen a que nuestro país ocupe el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil, ya que las cooperativas escolares priorizaron en su oferta productos altamente calóricos. Por lo que considera que el Reglamento de Cooperativas Escolares debería contemplar:
a. El fomento de los valores del cooperativismo.
b. Acciones para cambiar los hábitos alimenticios de los alumnos.
c. Establecer lineamientos claros sobre la participación de los padres de familia en las escuelas y la implantación de mecanismos de transparencia en la recaudación, uso y destino de los recursos extraordinarios.
Finalmente y con base en las consideraciones contenidas en su exposición de motivos, la proposición del diputado Sergio González Hernández contiene los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a efecto de que a la mayor brevedad actualice el Reglamento de Cooperativas Escolares vigente desde 1982.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a efecto de que en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas formulen y desarrollen programas de educación para la salud, en los que se genere un cambio de los hábitos alimenticios de los alumnos, se privilegie la alimentación saludable y se promueva un consumo responsable, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la Ley General de Salud.
Consideraciones
Como bien señala el proponente, el 2 de junio de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de reforma que adicionó una fracción XI (actualmente XII) al artículo 14 de la Ley General de Educación; el precepto establece como atribución de las autoridades educativas federal y locales “Promover prácticas cooperativas de ahorro, producción y consumo...”, por su parte el artículo segundo transitorio del decreto dice a la letra:
“Segundo. El Ejecutivo federal deberá actualizar y modernizar el Reglamento de Cooperativas Escolares vigente desde 1982, utilizando para tal fin el esquema de participación sectorial que más convenga a la dependencia, en un plazo no mayor a sesenta días a partir de la publicación del presente decreto.”
Sin embargo, si bien los diputados integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos consideramos pertinente y legalmente sustentado el exhorto contenido en la Proposición con Punto de Acuerdo, cabe señalar que el pleno de esta comisión ha aprobado ya el dictamen de la proposición de los diputados Heladio Verver y Vargas Ramírez y Leticia Quezada con el siguiente punto de acuerdo:
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal –a través del titular de la Secretaría de Educación Pública, maestro Alonso Lujambio Irazábal– a actualizar a la brevedad y publicar en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de Cooperativas Escolares, a fin de prevenir y combatir la obesidad infantil y así garantizar la alimentación correcta en las escuelas de educación básica de todo el país, y dar cumplimiento al artículo segundo transitorio del decreto de reforma a la Ley General de Educación del 2 de junio de 2006.
Respecto del segundo punto de acuerdo contenido en la proposición, se observa que éste hace referencia al artículo 113 de la Ley General de Salud que a la letra dice:
Artículo 113. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de educación para la salud, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población.
Como señala el diputado González Hernández, el sobrepeso y la obesidad constituyen graves problemas de salud, no sólo en México sino que a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud señala 1 los siguientes datos:
• Según los cálculos del 2008, existían en el mundo aproximadamente mil 500 millones de adultos con sobre peso y más de 500 millones de personas con obesidad.
• En 2010 había en todo el mundo alrededor de 43 millones de menores de 5 años con sobrepeso.
• En razón del crecimiento, en 2015 habrá aproximadamente 2 mil 300 millones de adultos con sobrepeso y más de 700 millones con obesidad.
Cabe señalar que la prevención del sobrepeso y la obesidad requiere de acciones que van más allá del sector salud y del sector educativo, de esta manera, las secretarías de Salud y Educación Pública, con la participación activa de otros representantes del sector público, así como social y privado, suscribieron, el 25 de enero de 2010, el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria y asumieron la puesta en marcha de la Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad, mediante una coordinación nacional de acciones dirigidas especialmente a los menores de edad.
El Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad, incluye los siguientes programas:
1. Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimento y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica (SEP y SSA).
2. Programa de Acción en el Contexto Escolar (SEP y SSA).
3. Manual para la preparación e higiene de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica (SEP y SSA).
4. Orientaciones para la regulación del expendio de alimentos y bebidas en las escuelas de educación básica. Guía para directivos y docentes (SEP y SSA).
5. Cómo preparar el refrigerio escolar y tener una alimentación correcta. Manual para madres y padres y toda la familia (SEP y SSA).
6. Lista de alimentos y bebidas industrializadas que podrán venderse en las tiendas escolares pues cumplen con los criterios establecidos por las Secretarías de Salud y Educación Pública para el ciclo escolar 2010-2011 (Sagarpa, SEP y SSA).
De esta manera, los diputados integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos consideramos que los puntos acuerdos contenidos en la proposición del diputado Sergio González Hernández se encuentran ya atendidos.
En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos solicita a la Mesa Directiva que la presente proposición con punto de acuerdo sea archivada como asunto total y definitivamente concluido mediante los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a que actualice el Reglamento de Cooperativas Escolares, vigente desde 1982, presentada por el diputado Sergio González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 29 de abril de 2010.
Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.
Notas
1 Organización Mundial de la Salud (2011), Nota descriptiva número 311 .
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D.F., a 16 de marzo de 2011
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío, Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat, Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez, Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Besaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Blanca Soria Morales (rúbrica).