De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, numeral 2, 85, 176 y 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 11 de febrero de 2010 fue presentada por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 14 y 30 de la Ley General de Educación.

2. En la misma fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la iniciativa con proyecto de decreto y ordenó su turno a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos mediante el expediente número 1301.

3. Con fecha 8 de abril de 2010 fue presentada por el diputado Gerardo del Mazo Morales la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 14, 33 y 42 de la Ley General de Educación.

4. En esa fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la iniciativa con proyecto de decreto y ordenó su turno a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos mediante el expediente número 1849.

5. Con fecha 14 de septiembre de 2010 fue presentada por la diputada Caritina Sáenz Vargas la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 8, 33 y 49 de la Ley General de Educación.

6. En esa fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la iniciativa con proyecto de decreto y ordenó su turno a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos mediante el expediente número 2691.

7. Con fecha 30 de septiembre de 2010 fue presentada por la diputada María Joann Novoa Mossberger la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 42 de la Ley General de Educación.

8. En la misma fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la iniciativa con proyecto de decreto y ordenó su turno a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos mediante el expediente número 2789.

9. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis conjunto de las iniciativas, por coincidir en el tema que abordan.

II. Descripción de las iniciativas

A. Iniciativa del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari

Las inquietudes contenidas en la exposición de motivos del diputado Kahwagi Macari se enfocan en los problemas de agresión y acoso que tienen lugar en las escuelas públicas y privadas de México.

El iniciante cita los resultados de la Encuesta sobre las Condiciones de Trabajo de los Profesores y el Ambiente Educativo de las Escuelas 2007 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al señalar que en México existe un ambiente escolar de violencia, con factores como la intimidación verbal o abuso entre estudiantes en un 61.2 por ciento, agresión física en un 57.1 por ciento, robo en un 56 por ciento, e intimidación verbal o abuso a los maestros y al personal en un 47.2 por ciento.

Citando a diversos autores, el diputado señala entre otras cosas, que los maltratos físicos o emocionales que se presentan en la vida escolar están relacionados con formas tradicionales de castigo, ineficaces para lograr la disciplina necesaria en el trabajo escolar y que para llevar a cabo los cambios que las circunstancias actuales exigen se requiere la redefinición de los roles de educandos y maestros, dando a los estudiantes un papel más activo en su propia educación.

El legislador observa que los países de la OCDE que ha intensificado sus programas dedicados a erradicar cualquier forma de violencia escolar y que impulsan programas que inciden directamente en las escuelas se caracterizan por involucrar a la escuela y a su comunidad y por ofrecer a sus maestros sólidas opciones de actualización y de familiarización con innovaciones pedagógicas de punta.

Si bien se reconoce en la exposición de motivos la labor del Estado mexicano al asumir las recomendaciones internacionales para prevenir y combatir el maltrato y el abuso de los menores, se señala también que “enfrentar los desafíos requiere un amplio compromiso de toda la sociedad” y que “suprimir el maltrato, la violencia y el consumo de drogas requiere una estrategia de múltiples frentes, que garantice a las jóvenes generaciones posibilidades para su desarrollo y para un futuro productivo”.

Desde el punto de vista del diputado Kahwagi Macari, las autoridades federales y las locales no cuentan con las bases para implantar programas que diagnostiquen, prevengan, controlen y erradiquen “la violencia escolar” como parte integrante de la educación por la paz.

Finalmente y de acuerdo con las consideraciones expuestas por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, la iniciativa contiene el proyecto de decreto que reforma los artículos 14 y 30 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 14. ...

I. a XII. ...

XIII. Establecer los lineamientos para que cada centro escolar implemente programas para diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar la violencia en el ámbito escolar ;

XIV. Las demás que con tal carácter establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 30. ...

...

Sin menoscabo de lo señalado en los párrafos anteriores, las instituciones a que se refiere este artículo están obligadas a generar indicadores sobre su avance en la aplicación de programas para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación y de violencia, con la finalidad de que sean sujetas a evaluación sobre la materia. Tales indicadores serán de dominio público y se difundirán por los medios disponibles.

...

B. Iniciativa del diputado Gerardo del Mazo Morales

Por su parte, el diputado Gerardo del Mazo Morales deja ver también en la exposición de motivos de la iniciativa su preocupación por los índices de delincuencia, violencia y adicciones que, señala, se han trasladado a los planteles educativos.

El iniciante plantea que las escuelas de México se han convertido en lugares en donde la violencia y el hostigamiento están presentes diariamente y cita el estudio sobre disciplina, violencia, y consumo de sustancias nocivas a la salud en primarias y secundarias de la República Mexicana, realizado por Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), al señalar que más de la tercera parte de los alumnos y alumnas de escuelas primarias y secundarias son víctimas de violencia.

El diputado del Mazo Morales cita los resultados de la Encuesta Nacional de Exclusión, Tolerancia y Violencia en Escuelas, así como el estudio Diagnóstico sobre la violencia en la educación media superior y las relaciones entre estudiantes y docentes para la promoción de los Derechos Humanos y las relaciones igualitarias, a continuación se rescatan los datos relevantes en razón de la propuesta presentada:

• 16.3 por ciento de los estudiantes consideran que la violencia forma parte de la naturaleza humana.

• 13 por ciento aceptó que los hombres le pegan a las mujeres por instinto.

• 44.6 por ciento de los hombres y 26. 2 por ciento de las mujeres reconocieron haber abusado de sus compañeros.

• 52 por ciento de los estudiantes reciben maltrato por parte del personal del plantel (insultos, expresiones obscenas, castigos o solicitudes de dinero y favores sexuales).

• 51 por ciento de las alumnas se sienten maltratadas por sus compañeros en clase.

• 15 por ciento de las entrevistadas se han sentido presionadas para realizar una actividad sexual a fin de agradar a alguien o ser aceptadas.

• 20 por ciento de los estudiantes han maltratado a algún profesor (burlas, amenazas y daño a sus pertenencias).

El diputado del Mazo Morales asegura que establecer en el artículo 14 de la Ley General de Educación que será atribución concurrente de las autoridades educativas federal y locales elaborar mecanismos de prevención, detección y canalización de violencia escolar es necesario en virtud de que las características de la sociedad, que considera altamente violenta, se ven reproducidas en los planteles escolares, por lo que se debe “crear un ambiente que proporcione la atención necesaria para detectar y canalizar actos violentos en cualquiera de sus manifestaciones”.

Por otra parte, sostiene que para garantizar un efectivo respeto de los derechos humanos, las autoridades educativas deberán impartir, al personal educativo, programas en materia de detección de casos de violencia y de educación en derechos humanos y asimismo que los programas de educación para la salud deben formar parte de la capacitación de los docentes ya que considera que esto beneficiará la prevención y solución de los accidentes, la obesidad, la anorexia, la bulimia, la transmisión de enfermedades sexuales y los embarazos no deseados.

Señala también que como parte de estas acciones de prevención, y atención de violencia, las instituciones educativas deberán atender y dar seguimiento a toda queja o denuncia por violencia escolar o abuso físico, psicológico o sexual que pueda presentarse dentro y fuera de las escuelas siempre que los casos estén relacionados con la vida escolar y afecten a las y los alumnos o a otros miembros de la comunidad educativa.

Finalmente, y de acuerdo con las consideraciones expuestas por el diputado Gerardo del Mazo Morales, la iniciativa contiene el proyecto de decreto que reforma los artículos 14, 33 y 42 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I. a XI. ...

XII. Promover prácticas cooperativas de ahorro, producción y consumo, de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia y el Reglamento de Cooperativas Escolares;

XIII. Elaborar mecanismos de prevención, detección y canalización de la violencia escolar y abuso en cualquier de sus manifestaciones; y

XIV. Las demás que con tal carácter establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables.

...

Artículo 33. Para cumplir lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. a XI. ...

XII. Concederán reconocimientos y distinciones a quienes contribuyan a la consecución de los propósitos mencionados en el artículo anterior;

XIII. Realizarán las demás actividades que permitan ampliar la calidad y la cobertura de los servicios educativos, y alcanzar los propósitos mencionados en el artículo anterior;

XIV. Apoyarán y desarrollarán programas destinados a que los padres y/o tutores apoyen en circunstancias de igualdad los estudios de sus hijas e hijos, prestando especial atención a la necesidad de que aquellos tomen conciencia de la importancia de que las niñas deben recibir un trato igualitario y que deben recibir las mismas oportunidades educativas que los varones; y

XV. Impartirán programas a todo el personal educativo en materia de educación en derechos humanos, educación para la salud y detección de violencia escolar y abuso en cualquiera de sus manifestaciones.

...

Artículo 42. En la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica, sexual y social sobre la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad.

Las instituciones educativas establecidas por el Estado, por sus organismos descentralizados y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios atenderán y darán seguimiento a toda queja o denuncia por violencia escolar o abuso físico, psicológico o sexual que pueda presentarse dentro de la comunidad escolar y en los que se vean involucrados alumnos, maestros, directivos y empleados escolares.

C. Iniciativa de la diputada Caritina Sáenz Vargas

La diputada Caritina Sáenz Vargas hace referencia en la exposición de motivos a los tipos de acoso escolar, conocido como bullying, señala que el tipo de violencia dominante es el emocional y se da principalmente en el aula y patio de los centros escolares, siendo las víctimas más comunes de este tipo de violencia niños en proceso de entrada en la adolescencia.

Menciona que si bien la Secretaría de Educación Pública asegura que más de 70 por ciento de los estudiantes han padecido maltrato escolar, no existen cifras exactas acerca de éste ya que su detección es complicada por la falta de compromiso por parte de las autoridades educativas, así como por la falta de atención de muchos padres de familia que no perciben que sus hijos están siendo víctimas de bullying.

Hace particular referencia al ciberbullying, acoso escolar que realizan los jóvenes haciendo uso de las tecnologías de información, señala que para el Instituto en Investigación en Psicología Clínica y Social (IIPCS), este tipo de agresiones tienen el mismo impacto que las tradicionales, sin embargo, el alcance y el nivel de propagación de la primera la hace más intimidante por el acceso abierto e ilimitado a Internet.

La diputada Sáenz Vargas asegura que es imprescindible que las autoridades educativas federales y estatales implanten acciones que contengan el avance de las conductas violentas entre estudiantes, ya que existen programas dirigidos a los padres o tutores, sin embargo, considera que si bien es cierto que la familia es la principal fuente de educación de los niños, es en las escuelas en donde se pueden prevenir, detectar y corregir las conductas violentas de niños, adolescentes y jóvenes.

Por esa razón señala que las escuelas deben estar abiertas a las quejas y sugerencias del alumnado y padres de familia y reforzar los valores en la formación de los estudiantes y que por su parte, las autoridades educativas tienen que avanzar en líneas de acción para frenar la violencia escolar y no quedarse sólo en campañas para prevenir estos abusos.

La legisladora sostiene que su propuesta de reforma es motivada por su preocupación e interés para mejorar la convivencia educativa y prevenir la violencia en las escuelas, para lo que considera necesario enseñar a los niños y adolescentes a resolver conflictos de forma constructiva por medio de programas de prevención de violencia escolar que incluyan la mediación y la negociación como métodos de resolución de conflictos sin violencia.

Finalmente, y de acuerdo con las consideraciones expuestas por la diputada Sáenz Vargas, la iniciativa contiene el proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 8, 33 y 49 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 7. ...

I. a VI. ...

VII. Promover la convivencia de respeto y de armonía en condiciones de igualdad y libre de cualquier forma de maltrato físico, psicológico o verbal entre estudiantes;

VIII. Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas;

IX. Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la nación;

X. Estimular la educación física y la práctica del deporte;

XI. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto;

XII. Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad;

XIII. Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general;

XIV. Fomentar los valores y principios del cooperativismo;

XV. Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo;

XV Bis. Promover y fomentar la lectura y el libro;

XVI. Difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercitarlos.

Artículo 8. ...

I. y II. ...

III. Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios y la discriminación de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Así como la promoción de una cultura de paz, libre de cualquier forma de maltrato físico, psicológico o verbal.

Artículo 33. ...

I. a VIII. ...

IX. Desarrollar de manera permanente, programas especializados, a fin de prevenir y atender casos de cualquier tipo de maltrato entre los estudiantes, evitando el acoso y la discriminación escolar.

X. Efectuarán programas dirigidos a los padres de familia, que les permitan dar mejor atención a sus hijos;

XI. Otorgarán estímulos a las asociaciones civiles y a las cooperativas de maestros que se dediquen a la enseñanza;

XII. Promoverán mayor participación de la sociedad en la educación, así como el apoyo de los particulares al financiamiento y a las actividades a que se refiere este capítulo;

XIII. Concederán reconocimientos y distinciones a quienes contribuyan a la consecución de los propósitos mencionados en el artículo anterior; y

XIV. Realizarán las demás actividades que permitan ampliar la calidad y la cobertura de los servicios educativos, y alcanzar los propósitos mencionados en el artículo anterior.

XV. Apoyarán y desarrollarán programas destinados a que los padres y/o tutores apoyen en circunstancias de igualdad los estudios de sus hijas e hijos, prestando especial atención a la necesidad de que aquellos tomen conciencia de la importancia de que las niñas deben recibir un trato igualitario y que deben recibir las mismas oportunidades educativas que los varones.

El Estado también llevará a cabo programas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas de salubridad y demás medidas tendientes a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Artículo 49. El proceso educativo se basará en los principios de libertad y responsabilidad que aseguren la convivencia de respeto y armonía en condiciones de igualdad y libre de cualquier forma de maltrato entre escolares y educadores, y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas.

Además, estará sujeto a los fines y criterios dispuestos en los artículos 7 y 8 del presente ordenamiento, para lo cual se brindará capacitación al personal docente para que éste, a su vez, transmita esa información a los educandos, así como a los padres de familia.

D. Iniciativa de la diputada María Joann Novoa Mossberger

Por su parte, la diputada María Joann Novoa Mossberger señala que en razón del valioso instrumento que la educación constituye, ésta debe desarrollarse dentro de un ambiente óptimo donde todos los que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje estén atentos para prevenir y atender cualquier abuso del que pudieran ser objeto.

La legisladora hace referencia a la Convención de los Derechos del Niño, de noviembre de 1989, ratificada y aprobada por México y señala que el Estado está comprometido a realizar todas las acciones necesarias para proteger a la niñez en su dignidad e integridad física y en razón de que es en la escuela donde pasan gran parte de su día, es necesario que todo el personal escolar esté en alerta y con la capacidad de detectar abusos contra los menores.

Asimismo, se refiere a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde el Estado se compromete a proteger a niños y niñas de toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño o la niña en cuestión se encuentra bajo custodia de sus padres, de un representante legal o de cualquier persona que lo tenga a su cargo.

Respecto de la violencia, señala que ésta trasforma a los niños, ya sea que ellos sean las víctimas o bien que sean testigos de violencia en el hogar o en su entorno; añade que cuando los niños son expuestos a la violencia desde temprana edad, se afectan sus capacidades cognoscitivas, emocionales y sociales.

La diputada considera que los docentes, por tener un contacto continuo con el alumnado, “deben saber si existe algún tipo de violencia”, ya que muchas veces, los profesores están más preocupados por la indisciplina o el abuso físico, perdiendo así la oportunidad “de detectar la violencia encubierta”; de acuerdo con ella los profesores debería observar factores como ausencias reiteradas a clase, bajo rendimiento escolar, dificultad para concentrarse, búsqueda afectuosa con los maestros, docilidad excesiva o actitudes agresivas.

Agrega que quienes trabajan en instituciones educativas deben estar comprometidos en resolver las disputas entre alumnos, aunque señala, que en algunos casos éstas son tan reiteradas que “parecen imposibles de resolver”, al respecto refiere que el pasado mayo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos comunicó que uno de cada cuatro jóvenes sufre violencia escolar.

Ya que el auxilio de las autoridades educativas es un factor importante para detener el maltrato infantil, considera necesario que éstas y la comunidad escolar “coadyuven en la integración de una sociedad participativa sin dejar a un lado los valores cívicos y morales”.

Finalmente, y de acuerdo con las consideraciones expuestas por la diputada María Joann Novoa Mossberger, la iniciativa contiene el proyecto de decreto que reforma el artículo 42 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 42. ...

Los educadores que detecten lesiones que permitan presumir que se ha ejercido violencia física en contra de un menor u obtenga información de que es sometido a violencia psicológica o acoso, se auxiliarán de las autoridades educativas a fin de dar parte a la autoridad competente;

...

III. Consideraciones

Los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, en virtud del espíritu que guardan las iniciativas que se describen en el punto anterior, comprendemos las inquietudes expuestas por los legisladores y coincidimos con ellos en que los temas que les preocupan tienen impacto en la educación.

Desafortunadamente, como manifiestan los diputados Kahwagi y Del Mazo en las iniciativas, en los últimos años el país entero se ha visto inmerso en una ola de violencia alarmante. Y no sólo eso, sino que la violencia, además de incrementarse cuantitativamente y en su grado de peligrosidad, es cada vez más precoz. Especialistas afirman que las edades de iniciación en el crimen tienen una tendencia a reducirse, de manera que cada vez tenemos delincuentes más jóvenes. 1

Respecto del tema particular de violencia en los centros escolares, cabe señalar que el problema de indisciplina conocido como bullying o acoso escolar, no es un tema reciente ni desconocido, el doctor en psicología Dan Olweus, creador del término bullying, sostiene que el acoso escolar ha existido siempre y lo definió por vez primera en los años 70’s al referir que “un estudiante está siendo acosado (bullied) o victimizado cuando él o ella es expuesto, de forma repetitiva y por un periodo de tiempo, a acciones negativas por parte de uno o más estudiantes”, agrega además que al hacer referencia a acciones negativas, se refiere no sólo a violencia física, sino que también a ofensas verbales, exclusión e inclusive gestos, y que no debe confundirse con la ocasional pelea de dos estudiantes de aproximadamente la misma fuerza (física o psicológica), ya que en el bullying existe siempre una relación asimétrica de poder. 2

Cabe señalar que en el acoso escolar tanto la víctima pasiva como el acosador pueden resultar afectados por la situación, de acuerdo con Olweus, los estudiantes acosados son ansiosos e inseguros, se convierten en niños callados que sufren de baja autoestima y tienen una visión negativa de sí mismos y de su situación, 3 y por su parte los niños acosadores tienden, más que el resto de sus compañeros, a verse envueltos en peleas, dejar el sistema escolar, cargar armas o ser heridos en disputas. 4

Comprendemos también, como menciona la diputada Sáenz Vargas, que las causas del problema son multifactoriales, por lo que reconocemos necesario que se lleven a cabo actividades que orienten a los niños a cuidar de sí mismos, a resolver conflictos de forma no violenta y a identificar y manejar situaciones de riesgo; a los padres de familia o tutores a prevenir y detectar cuando sus hijos o pupilos son víctimas de violencia escolar; y a los profesores a identificar los efectos del abuso, reconocer las características de los estudiantes agresores y a propiciar ambientes escolares seguros.

Asimismo, reconocemos la importancia de una convivencia pacífica, de la cultura de la paz y el respeto de los derechos humanos. Por esto coincidimos en la importancia que tienen las actividades llevadas a cabo por las autoridades educativas respecto de los casos de violencia en las escuelas y que los programas, campañas informativas, cursos y conferencias preventivas, así como otras líneas de acción, deben ser implementadas a nivel nacional, de manera generalizada, pero atendiendo las necesidades particulares de cada grupo social.

Respecto de la indisciplina escolar, los integrantes de esta comisión sabemos que la labor de los profesores es fundamental, la doctora Cecilia Fierro señala que el comportamiento de disciplina en la escuela se basa en obediencia y respeto, donde la obediencia supone tres normas fundamentales dentro del aula: guardar silencio, poner atención y trabajar sentado en su lugar de acuerdo con las indicaciones del docente, y el respeto a su vez consiste en dirigirse de forma respetuosa y considerada hacia los compañeros y autoridades, así como hacía sus pertenencias, prescindiendo de insultos, golpes, burlas, destrucción o robo de objetos ajenos, maltrato del inmobiliario o instalaciones escolares. 5

Sin embargo, consideramos importante señalar que no todos los casos de indisciplina deben ser considerados violencia o abuso escolar, y que dejar la labor únicamente en las manos de los profesores puede ser contraproducente para la calidad educativa. Alfredo Furlán señala que los estudiosos de la educación califican de “peligroso” el desplazamiento de la noción de indisciplina a la de violencia, pues con esta los profesores se ven imposibilitados para abordar las conductas de los estudiantes y para llevar el control de grupo, disminuyendo así la capacidad de trabajo pedagógico. 6

Cabe señalar que a través de los sistemas estatales de formación continua, los maestros en servicio llevan a cabo diplomados divididos en módulos, de los cuales los módulos 2, 3 y 4 están enfocados a los temas de “Educación en derechos humanos”, “Género, salud y sexualidad” y “Convivencia escolar y formación de valores”, respectivamente. La Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio pone además, a disposición de los profesores material bibliográfico de diversos autores, entre los que se encuentran “Discriminación y tolerancia” de Salazar Carrión, “Educación. Formación cívica y ética en México” de Gutiérrez Espíndola, “Educación y Derechos Humanos” de Luis de la Barreda y “Escuela y derechos humanos” de Trejo Delarbe, entre otros.

IV. Consideraciones particulares

En razón de que el presente dictamen analiza las cuatro propuestas de reforma detalladas en el apartado I, los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos hemos procurado considerar el espíritu de cada una de las reformas en el proyecto de decreto aprobado, por lo que es necesario hacer las siguientes precisiones:

Propuesta de reforma del artículo 7o.

La iniciante propone agregar una fracción al artículo 7o. de la Ley General de Educación para que uno de los fines educativos sea promover el respeto, la armonía, la igualdad y la ausencia de maltrato, sin embargo, se observa que todos éstos términos se encuentran contenidos en la fracción VI de dicho numeral, ya sea de manera expresa o bien indirectamente a través de la cultura de la paz y la no violencia.

Propuesta de reforma del artículo 8o.

Se busca a través de la Iniciativa que entre los criterios que orientan a la educación se evite la discriminación y que se observe la cultura de la paz y la ausencia de maltrato, cabe señalar que de éstos términos, únicamente es procedente el de la cultura de la paz, ya que, como es el caso de la propuesta anterior, se observa que la lucha contra la discriminación y el maltrato se encuentran contemplados en el párrafo primero del mismo artículo.

Propuesta de reforma del artículo 14

Los legisladores proponen que entre las atribuciones de las autoridades educativas federal y locales se contemple la creación de mecanismos para prevenir, detectar y atender los casos de violencia y abuso escolar, los integrantes de esta comisión consideramos que las propuestas son adecuadas y jurídicamente viables, de modo que se realiza una fusión de ambas y se contiene como una nueva fracción XIII en el proyecto de decreto del presente dictamen.

Propuesta de reforma del artículo 30

El iniciante busca que se modifique el segundo párrafo, para que las instituciones educativas generen indicadores sobre su avance en la aplicación de programas para prevenir y eliminar la discriminación y violencia, en lugar del texto vigente que contiene la palabra “métodos”; la propuesta se considera improcedente ya que el texto vigente da la pauta a todas las instituciones educativas para aplicar diversos métodos enfocados a la prevención, atención y eliminación de cualquier forma de violencia y discriminación, incluyendo programas de acción, ciclos de conferencias, talleres, pláticas y conferencia informativas, etcétera.

Propuesta de reforma del artículo 33

Los diputados proponen que se agregue una fracción al artículo para que las autoridades educativas lleven a cabo programas, dirigidos al personal educativo, en materia de derechos humanos y detección de violencia. Cabe hacer mención de que el artículo 33 comienza de la siguiente manera: “Para cumplir lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas [...]”, el artículo 32 hace referencia a las medidas que las autoridades educativas tomarán para efecto de garantizar el derecho a la educación, la equidad en el servicio y la igualdad en oportunidades de acceso y permanencia, asimismo señala en su segundo párrafo, que dichas medidas estarán dirigidas preferentemente a la atención del rezago educativo. De esta manera, entre las fracciones contenidas en el artículo 33 se encuentran acciones dedicadas a este fin, como es el caso de los programas de apoyo a los maestros que realicen su servicio en localidades aisladas o en zonas urbanas marginadas, los servicios que atiendan a quienes abandonaron el sistema regular, la distribución de materiales educativos en lenguas indígenas, etcétera.

De modo que se observa que la propuesta no atiende a los objetivos considerados en el artículo precedente y con el que se encuentra estrechamente vinculado, además, desde el punto de vista jurídico el planteamiento de la propuesta resulta inviable y redundante ya que el artículo 12 señala como atribución de la autoridad educativa federal la regulación de un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros de educación básica y en concordancia con esto, el artículo 13 establece como obligación exclusiva de las autoridades educativas locales la prestación de los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica. Asimismo, el artículo 20 de la ley reitera la participación de las autoridades educativas, dentro del ámbito de sus competencias legalmente establecidas, en la constitución del sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros.

Propuesta de reforma del artículo 42

Las iniciativas que contienen esta reforma buscan asegurar que se de seguimiento a los casos de violencia escolar o acoso; esta comisión considera que el espíritu de las propuestas es procedente y con el fin de dar claridad a la redacción y no ocasionar una “hiperregulación” que repita lo establecido en el párrafo segundo del propio artículo 42, se propone integrar una fusión de ambos textos a este párrafo.

Propuesta de reforma del artículo 49

La legisladora propone que se agregue al artículo que el proceso educativo asegurará el respeto, la armonía, la igualdad y la ausencia de maltrato entre escolares y educadores; la propuesta se considera adecuada por lo que se ajusta al texto vigente y por tratarse de una ley general se omite la frase “libre de cualquier forma de maltrato”, ya que los términos “respeto” y “armonía” engloba actitudes de consideración y tolerancia como la ausencia de violencia.

Cabe mencionar que, aunado a la reforma propuesta, el acuerdo número 96 de la Secretaría de Educación Pública establece la organización y funcionamiento de las escuelas primarias, y respecto del orden y disciplina que debe guardarse en los planteles escolares, señala entre las responsabilidades del personal docente: “cuidar de la disciplina de los educandos en el interior de los salones y en los lugares de recreo, así como durante los trabajos o ceremonias que se efectúen dentro o fuera del plantel”, asimismo señala que los alumnos habrán de “guardar la consideración debida a los maestros y demás personal que labora en la escuela, así como a sus compañeros” y que tienen además el derecho de ser tratados con respeto por parte de la autoridades, maestros y demás personal que labora en el plantel.

El acuerdo dedica un capítulo entero al tema de la disciplina, donde se señala que el orden del plantel y de cada grupo escolar corresponde al personal docente y a los alumnos y que el director por su parte, entre otros aspectos, establecerá las medidas para mantener el respeto y la buena conducta entre el personal de la escuela y los alumnos y todas las necesarias para el orden y buen funcionamiento de la escuela y mantendrá en constante actividad y bajo vigilancia a los grupos escolares.

De esta manera, se considera que de ser votado favorablemente el proyecto de decreto aprobado por esta Comisión dictaminadora, se fortalecerá el marco normativo general, necesario para que las normas reglamentarias sean adaptadas a las necesidades actuales de los educandos.

Finalmente, los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos consideramos que ni la indisciplina ni la violencia son dinámicas diarias que forman parte del proceso de aprendizaje como señalan los Iniciantes, sino que son actitudes de los alumnos que deben ser atendidas observando cada caso de manera particular y dentro del marco reglamentario de las instituciones educativas.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72, fracción a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta asamblea que se remita a la Cámara de Senadores el presente proyecto de decreto, que reforma la Ley General de Educación, a efecto de que las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados sean discutidas por el Senado de la República en su calidad de Cámara revisora.

Por lo anterior, y una vez analizadas las iniciativas materia de este dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de prevención y atención de violencia en las escuelas

Artículo Único. Se reforman los artículos 8o., fracción III; 42, segundo párrafo y 49, primer párrafo; y se adiciona una fracción XIII, recorriéndose la actual XIII para ser XIV al artículo 14 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 8o. ...

I. y II. ...

III. Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, el aprecio por la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad y la cultura de la paz , cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

Artículo 14. ...

I. a XI. ...

XII. Promover prácticas cooperativas de ahorro, producción y consumo, de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia y el Reglamento de Cooperativas Escolares;

XIII. Promover mecanismos de prevención, detección y atención de casos de violencia y abuso escolar en cualquiera de sus manifestaciones; y

XIV. Las demás que con tal carácter establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables.

...

Artículo 42. ...

En caso de que las y los educadores así como las autoridades educativas, tengan conocimiento de casos de violencia, de abuso en cualquiera de sus manifestaciones, o de la comisión de algún delito en agravio de las y los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad competente .

Artículo 49. El proceso educativo se basará en los principios de libertad y responsabilidad que aseguren relaciones armónicas, de respeto e igualdad entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas. De igual manera se fomentará el uso de todos los recursos tecnológicos y didácticos disponibles.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo federal publicará las reformas conducentes al acuerdo que establece la organización y funcionamiento de las escuelas primarias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 1982.

Notas

1 Rodríguez Manzanera, Luis (2009). Criminología, Porrúa, México, página 507.

2 Cfr. Olweus Dan (2002). Bullying at school: what we know and what we can do, octava edición, Blackwell Publishers Inc., Reino Unido, páginas 9 y 10.

3 Olweus, Dan (1995). “Peer abuse or bullying at school: basic facts and school-based intervention programme”, en Prospects, Quarterly Review of Comparative Education, volumen XXV, número 1, marzo de 1995, UNESCO, Francia, página 134.

4 Nansel, Overpeck, Haynie, Ruan y Sceidt (2003). “Relationships between bullying and violence among US youth”, en Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, volumen 157, número 4, American Medical Association, páginas 348-353.

5 Fierro, María Cecilia (2005). “El problema de la indisciplina desde la perspectiva de la gestión directiva en escuelas públicas del nivel básico”, en Revista Mexicana de Investigación Educativa, número 27, volumen X, México, página 1135.

6 Cfr. Furlán, Alfredo (2005). “Problemas de indisciplina y violencia en la escuela”, en Revista Mexicana de Investigación Educativa, número 26, volumen X, México, página 634.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2011.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Roberto Pérez de Alva Blanco, Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar, José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Blanca Soria Morales.