Con punto de acuerdo, relativo a las prácticas monopólicas de empresas extranjeras en el país, a cargo del diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Grupo Parlamentario del PVEM

Carlos Samuel Moreno Terán, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción primera, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, que contiene exhorto al Ejecutivo federal, en su calidad de titular de la administración pública federal, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al presidente de la Comisión Federal de Competencia y a la Secretaría de Economía para que envíe a esta soberanía información relativa a lo que mundialmente fue conocido como el vitamins case (“caso vitaminas”), el caso del cártel de fijación monopólica de precios más grande de la historia, a fin de desentrañar sus efectos reales en la economía nacional.

Lo anterior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Antecedentes

1. Derivado de acercamientos con los agentes del gremio relacionados con la industria de los laboratorios farmacéuticos en nuestro país, y de información pública internacional disponible en diversos medios, se encontró que las empresas extranjeras trasnacionales F. Hoffman-La Roche Ltd., de Suiza, Basf Aktiengesselschaft de Alemania y Rhone-Poulenc, SA, de Francia, a través de sus múltiples filiales en todo el mundo, han vendido las Vitaminas A, E, B2 (riboflavina) B5 (Cal Pan), C, betacaroteno y premezclas vitamínicas a nivel mundial desde antes del 1 de enero de 1990. El Departamento de Justicia de Estados Unidos de América llevó a cabo una investigación que se denominó en su tiempo “caso vitaminas”.

Este es el caso de la fijación monopólica de precios más grande de la historia del mundo. Las acciones de fijación de precios operaron a nivel mundial a través de las matrices y sus filiales en cada país de dichas empresas mencionadas, cuando menos desde el 1 de enero de 1990 hasta el 28 de febrero de 1999.

Dichas empresas son las siguientes:

F. Hoffman-La Roche Ltd., de Suiza, hoy conocida y operando en México como Productos Roche, SA de CV, y Syntex, SA de CV, y Grupo Roche Syntex, SA de CV;

Basf Aktiengesellschaft de Alemania, conocida y operando en México a través de Basf Mexicana, SA de CV; y

Rhone Poulenc SA, de Francia, hoy conocida mundialmente como Sanofi Aventis, SA, conocida y operando en México como Sanofi Aventis, SA de CV.

2. Las dos primeras compañías confesaron voluntariamente su participación criminal en dicho Cártel a nivel mundial ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América.

A la tercera compañía mencionada en el inciso 1 de la presente exposición de motivos, amén de que fue la que delató dicha acción monopólica internacional, se le encontró asimismo culpable de participar en dicho cártel.

Ello consta en los expedientes números 3:99-CR-184-R , que contiene la Acusación del Departamento de Justicia del Estados Unidos de América, del 20 de mayo de 1989, contra F. Hoffman-La Roche, Ltd., ante la Corte Federal del Distrito Norte del Estado de Texas, en Estados Unidos de América, y del expediente 3:99-CR-200-R , que contiene la Acusación del Departamento de Justicia del Estados Unidos de América, del 20 de mayo de 1989, contra Basf Aktiengesellschaft (Basf AG), ante la Corte Federal del Distrito Norte del Estado de Texas, en Estados Unidos de América, de cuyos expedientes se deriva que, además de ambas empresas, también la entonces Rhone Poulenc, SA, ahora conocida como Sanofi-Aventis, SA, también participó en dicho cártel monopólico, y fue la que lo delató ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América.

3. Como resultado de dichos procesos legales seguidos en Estados Unidos de América, según se sabe con la información disponible en medios, a las dos primeras empresas se sancionó y pagaron (según consta en información pública) la cantidad de 500 millones de dólares cada una, 225 millones de dólares la tercera, como multas impuestas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América, amén de que se les obligó a crear un fondo por mil millones de dólares más, por concepto de restitución de daños a terceros (empresas americanas que hubiesen comprado de tales empresas las vitaminas mencionas). Estas sanciones económicas han sido las más altas de que se tiene registro mundialmente por casos de actividades monopólicas.

Igualmente, las tres compañías han pagado cuantiosas multas, así como daños y perjuicios a terceros, en Canadá y en la Unión Europea.

En lo que toca a nuestro país, existe copia certificada y apostillada de las confesiones de las empresas antes mencionadas, mismas que obran dentro del Expediente IO-09-99, levantado con tal motivo en la Comisión Federal de Competencia de (CFC), organismo desconcentrado de la Secretaría de Economía, que es la autoridad encargada o facultada para poder prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones, en términos de la Ley Federal de Competencia Económica; esta autoridad administrativa el 13 de mayo de 2002 dictó un Oficio de Presunta Responsabilidad, acreditando en todos sus términos los hechos antes mencionados, y ordenando citar a las tres empresas a través de sus filiales en México.

Ese proceso administrativo, por alguna causa que no es públicamente conocida, intentó abarcar una investigación desde el año de 1999 –cuando en realidad tuvo que ser desde 1990– respecto de los efectos en México de las prácticas monopólicas absolutas cometidas por el Cártel de Vitaminas que operó a nivel mundial, mismo al que se hizo referencia en la parte introductoria del presente documento.

La Investigación de Oficio mencionada, se presume se realizó en virtud de que las tres compañías transnacionales mencionadas en el antecedente 1 de la presente exposición, tenían cuatro subsidiarias o filiales en el país durante el período en que accionó el cártel, y en que se revelaron las irregularidades en otros países de Norteamérica y Europa.

Dicho procedimiento, como se ha dicho, se que sabe inició en la expedición del oficio de presunta responsabilidad, emitida por la Comisión Nacional de Competencia, en el cual se encontraron a todos y a cada una de las siete empresas descritas, como presuntos responsables de la comisión en territorio mexicano de las prácticas monopólicas absolutas previstas en la fracción I del artículo 9o. de la Ley Federal de Competencia Económica.

4. Según se sabe, en 2002 la Comisión Federal de Competencia habría recibido los compromisos escritos de las tres compañías europeas mencionadas en el inciso 1 del presente escrito y de sus cuatro subsidiarias o filiales en México, respectivamente:

a) Productos Roche, SA de CV, y Syntex, SA de CV;

b) Basf Mexicana, SA de CV; y

c) Rhone-Poulenc Animal Nutrition, SA de CV, luego conocida como Aventis Animal Nutrition, SA de CV.

El compromiso escrito que se conoce extraoficialmente consistió en “no volver a realizar las prácticas monopólicas absolutas que nunca habían realizado”, así como de mantener informada a la Comisión Federal de Competencia sobre cualquier irregularidad al respecto, lo cual se sabe, a la fecha no ha sucedido .

5. Lo anterior sucedería después de haber sido requeridas por la Comisión Federal de Competencia las siete compañías mencionadas, para manifestar lo que a su derecho conviniera en relación con haber sido encontradas, según se conoce extraoficialmente, Presuntos Responsables de la comisión de prácticas monopólicas absolutas descritas en el Oficio de Presunta Responsabilidad mencionado.

Las siete compañías, según se sabe de manera informal, contestaron negando haber realizado las prácticas monopólicas absolutas mencionadas, pero no ofrecieron ninguna prueba de su dicho. Después de esto, tales compañías pagaron las multas impuestas por la Comisión Federal de Competencia , que increíblemente, se sabe de manera extraoficial, fueron sólo quinientos mil pesos a cada uno de las tres, y asimismo se infiere asumieron los compromisos mencionados “de no volver a hacer lo que no habían hecho”, y de cuyo cumplimiento a la fecha no se sabe que hubieren informado al órgano regulador; cabe mencionar que esas multas las habrían pagado sin mayor impugnación legal, lo cual se traduciría en una admisión expresa ante la Comisión Federal de Competencia de las prácticas monopólicas absolutas mencionadas.

6. De ese expediente, según se conoce de modo no oficial, se derivó que la cantidad en daños y perjuicios derivados de los resultados de la operación de dicho cártel de vitaminas en México asciende a más de 100 millones de dólares, conforme a la cuantificación del daño a la Economía Pública y al Consumo y Riqueza Nacionales hecha por una ex Directora General Adjunta de Investigaciones de la Comisión Federal de Competencia, con base en las confesiones de los Presuntos Responsables ante el organismo desconcentrado, dentro del expediente abierto para efecto de procedimiento administrativo, más la tasa de interés mercantil del seis por ciento anual, tomando en cuenta también los datos de las confesiones de los presuntos responsables europeos en la Corte Federal de Estados Unidos de América, ya que, entre otras cosas, se infiere que se acreditaron dos sobreprecios en la vitamina A (Palmitate), uno de origen y otro dentro del territorio de la República Mexicana, llegando presumiblemente a un sobreprecio total aproximado de 50 por ciento sobre su valor original.

Consideraciones

Primera. Es innegable que las prácticas monopólicas absolutas mencionadas debieron haber causado daños y perjuicios no solamente a la economía pública y al consumo y riqueza nacionales, sino también a las familias mexicanas directamente, puesto que tales empresas, con la información pública internacional disponible, se ha acreditado en los expedientes descritos, que han vendido a sobreprecio pactado entre ellas materias primas (vitaminas) necesarias para elaborar artículos de consumo necesario o generalizado a nivel nacional, como lo son, entre otras, las tortillas y el pan, los cuales todos los habitantes de México consumen diariamente; incluyendo especialmente la leche, tanto la que se entrega diariamente a los niños de las escuelas públicas de México a través de Liconsa y también a los niños mexicanos a través del DIF Nacional o de los sistemas DIF de las entidades federativas, como la que venden empresas privadas lecheras en el país, a la población en general.

Segunda. Por si no fuera suficiente, de ser cierta la información disponible, las vitaminas dolosamente sobrepreciadas que dichas empresas vendieron en México, también se usaron y probablemente siguen usándose en la alimentación y crianza de los animales (ganado porcino, vacuno y avícola) que en grado alimenticio la población mexicana consume todos los días.

Tercera. Con las copias certificadas que mediante este punto de acuerdo se requieren tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como de la Comisión Federal de Competencia Económica, la Cámara de Diputados tendría elementos suficientes para llegar a sus propias conclusiones, pues si tal información confirma la operación en México del Cártel de Vitaminas , se podría arribar a la conclusión de que entonces esa clara acción abierta y confesamente monopólica, desenmascararía ante los ojos de los mexicanos y públicamente la reputación con que tales empresas se ostentan al día de hoy, en que se postulan como empresas cuyo supuesto único interés es el desarrollo científico y de la investigación para encontrar nuevos medicamentos a favor de la salud de los mexicanos, y se presumen como empresas socialmente responsables, e incluso una de ellas, Grupo Roche Syntex, SA de CV, se ha proclamado pomposamente que lleva varios años designados como great place to work (“el mejor lugar para trabajar” en México), en lo que sería una franca e irritante ironía con los vergonzosos hechos monopólicos que ellas mismas confesaron, y que con tal información, de confirmar lo dicho, esta Soberanía podría toma en el campo de sus más estrictas responsabilidades ante la nación, la decisión que crea pertinente.

Cuarta. Como puede fácilmente entenderse, señores legisladores, este asunto es verdaderamente relevante, pues de llegarse a confirmar con la información que se solicita, que tales empresas vendieron presumiblemente sus vitaminas hasta en un 50 por ciento más de lo que realmente les costó producir, dichas empresas entonces obtuvieron en todo el mundo, pero en lo que nos corresponde, en nuestro país, un lucro ilegal que puede considerarse incluso realmente incalculable.

Sin importar el partido político en que se milite, como representantes populares, es innegable afirmar que, si la información solicitada en este punto de acuerdo lo confirma, esos hechos monopólicos confesados constituirían entonces un insulto a la inteligencia, dignidad y decoro del pueblo de México.

Es muy importante la información requerida a las dependencias del Ejecutivo federal, pues si de su contenido se desprende la certeza de que la Comisión Federal de Competencia les hubiese cuantificado administrativamente a pagar entre las tres empresas trasnacionales mencionadas el daño causado en la inédita cantidad de 1 millón 500 mil pesos, cuando solamente en Estados Unidos de América, nuestro vecino del norte, se les condenó al pago de 2 mil 250 millones de dólares, algo así como 2 billones 745 millones de pesos, estaríamos hablando entonces de un abierto atropello a los alcances de las instituciones mexicanas peritas de la materia económica, y de un daño irreversible y directo a la economía de las familias mexicanas, tolerado –quizá sin saber– por el gobierno de México.

Quinta. Tales hechos, de ser confirmados con la información solicitada, además de exhibir las deficiencias institucionales y legales de la Comisión Federal de Competencia, nos urgirá como legisladores en la encomienda de aprobar a la brevedad la nueva Ley Federal de Competencia, que le permita a ese órgano administrativo tener mejores y mayores facultades de acción y de sanción, de tal forma que los daños a pagar por actos deliberadamente monopólicos, sean exactamente proporcionales a las ganancias obtenidas indebidamente por dichas conductas lesivas monopólicas.

Pero independientemente de la discusión que pueda sostenerse acerca de que tenga o no suficiente fuerza sancionadora, si la información solicitada a las dependencias del Ejecutivo federal resulta cierta, entonces tendríamos un adicional elemento como órgano legislativo federal para cuestionar válidamente a la Comisión Federal de Competencia, y a quien en su momento fue su presidente, del por qué, a pesar de que se halló indubitablemente la existencia de una conducta monopólica por parte de dichas empresas a través de sus filiales mexicanas, en agravio de instituciones gubernamentales (Liconsa), y por ende de gobierno y pueblo de México, al grado incluso de que las multaría por ello, con todo, no dio entonces cumplimiento a la obligación señalada en el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales, de que como funcionario público tenía el deber de denunciar oficialmente, a nombre de dicha Comisión Federal de Competencia ante la Procuraduría General de República, tal conducta monopólica en agravio de la nación mexicana. En ello, de ser así las cosas, no habría justificación legal, pero sí quizá de otras índoles muy ajenas al derecho; por ello la relevancia de que esta Cámara de Diputados obtenga la información solicitada en este punto de acuerdo.

Sexta. Pero todo este caso del cártel de vitaminas, si la información solicitada a las dependencias del Ejecutivo federal en este documento legislativo así lo indicase, también entonces se evidenciaría la facilidad con que las empresas trasnacionales, que así se lo proponen, eluden y burlan su responsabilidad social en los países a los cuales extienden, a través de filiales, sus operaciones. Y es justamente por eso que se solicitan lo documentos relacionados en la presente proposición, pues si de ellos resultasen ciertas las actitudes monopólicas premeditadas, eventualmente confesadas y acreditadas –ya no serían meras especulaciones–, entonces la Cámara de Diputados tendría suficientes e irrefutables argumentos para concluir que tales conductas se practicaron a expensas del daño económico de las familias mexicanas y del propio gobierno de México, y desde luego estaría en su más estricta responsabilidad determinar en base a sus atribuciones legales, pero siempre de frente ante los ojos de los mexicanos, cual hubieren de ser las medidas políticas que deban de asumirse para intentar resarcir, eventualmente, el daño causado a la sociedad mexicana.

Es pues vital la información solicitada al las Dependencias del Ejecutivo Federal, pues tales elementos, de llegar a ser ciertos, nos obligaría a que independientemente del agotamiento o no de las instancias judicial y administrativa que tal caso vitaminas pudiese haber llevado, quedaría a nuestra entera responsabilidad el aspecto del campo político, que es de nuestro alcance y competencia legislativa, para tomar las decisiones que en esta materia deban asumirse en este caso de alcances internacionales, porque entonces estaría confirmado que dichas tres empresas matrices, por conducto de sus filiales en México habrían causado un daño incalculable a la economía nacional, a las familias mexicanas y al desarrollo integral de nuestra niñez, privándoles a ellos y a los adultos mayores de un fácil acceso a la alimentación, pues, al parecer, con los sobre precios que aplicaron obtuvieron ganancias multimillonarias, y habrían impedido que, por ejemplo, en lugar de que un niño tomase dos vasos de leche fortificada a los que tenía derecho, se tendría que haber bebido solamente uno.

Séptima. Los documentos solicitados a las dependencias del Ejecutivo federal se tornan muy importantes, pues de ser ciertos los hechos que confirmarían la existencia y operación del cártel de vitaminas en México, y sus nocivos efectos económicos para los mexicanos y su gobierno, estaríamos entonces ante un hecho que no escaparía al conocimiento del que suscribe, de que seguramente en nuestro país existen otras empresas del ramo de los laboratorios farmacéuticos que, aún cuando también sus matrices están en otros países y operan en el territorio nacional a través de filiales, se sentirían incómodas por la actitud de las empresas expuestas en la presente proposición, y no sería en forma alguna justo para ellas que atento a su genuino y limpio desempeño a favor de la sociedad mexicana, ante la opinión pública no se les distinguiese de aquéllas confesas, con la información de que se disponga, y se llegase a pensar equívocamente que se trata de una actitud reprobable generalizada en el gremio de los laboratorios farmacéuticos.

Octava. Es por todo esto que la Cámara de Diputados, en esta tesitura, debe solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que a su vez pida a la Embajada de Estados Unidos de América, y ésta, en última instancia, al Departamento de Justicia de Estados Unidos de América, copias oficiales apostilladas o certificadas de los expedientes ya juzgados y condenados llevados a cabo en aquél país, y de igual forma es importante que a la brevedad la Comisión Federal de Competencia Económica remita a esta Soberanía copias certificadas de todo lo actuado en el expediente que al efecto levantó sobre este caso conocido mundialmente como “Cártel de Vitaminas”.

Por lo expuesto, el que suscribe, Carlos Samuel Moreno Terán, diputado de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que

Primero. Se sirva instruir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 28 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, solicite de su similar en Estados Unidos de América, copias debidamente certificadas y apostilladas de los expedientes números 3:99-CR-184-R , que contiene la Acusación del Departamento de Justicia del Estados Unidos de América, del 20 de mayo de 1989, contra F. Hoffman-La Roche, Ltd., ante la Corte Federal del Distrito Norte del Estado de Texas, en Estados Unidos de América, y del expediente 3:99-CR-200-R , que contiene la Acusación del Departamento de Justicia del Estados Unidos de América, del 20 de mayo de 1989, contra Basf Aktiengesellschaft (BASF AG), ante la Corte Federal del Distrito Norte del Estado de Texas, en Estados Unidos de América; de ambos expedientes se deriva que, además de esas dos empresas, la entonces Rhone Poulenc, SA, ahora conocida como “Sanofi-Aventis, SA”, también participó en dicho cártel monopólico, y fue la que lo delató oficialmente ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América;

Segundo. También para que instruya a la Secretaría de Economía a que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 34 fracciones I, VII y XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación directa con los artículos 39 numeral 3 y 45 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 158 numeral 1 fracción VII del Reglamento de la Cámara de Diputados, requiera a su vez de la Comisión Federal de Competencia, órgano desconcentrado de la Dependencia a su cargo, copias debidamente certificadas y completas del Expediente de la Investigación de Oficio No. IO-09-99. iniciado conforme a la publicación respectiva en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de junio de 1999; referente a la fijación e incremento de precios en los mercados de “las vitaminas más comunes utilizadas como suplementos alimenticios y para enriquecer la comida, tanto de consumo humano como animal” en México, por los efectos extensivos de las conductas realizadas por las empresas F. Hoffman-La Roche Ltd., de Suiza, Basf Aktiengesselschaft de Alemania y Rhone-Poulenc, SA, de Francia., para que a su vez, sean remitidas a éste órgano legislativo para los efectos a que haya lugar.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de abril de 2011.

Diputado Carlos Samuel Moreno Terán (rúbrica)