- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, al ISSSTE, a la SHCP y a la SFP a resolver el problema de 250 trabajadores del primero en Morelos, por lo que se refiere a la actualización de su sueldo base y compensación garantizada para efectos de cotización en el régimen de pensiones y jubilaciones, a cargo del diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos federal, estatales y municipales a implantar procedimientos de participación social y ciudadana en la prestación de servicios públicos, a cargo del diputado Adolfo Rojo Montoya, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal la emisión de una carta de crédito por la banca de desarrollo por mil 500 millones de pesos en calidad de capital de trabajo para posibilitar la reestructura de Compañía Mexicana de Aviación, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico, y restablecer las actividades de la empresa de servicio público en México, a cargo de Francisco Hernández Juárez y suscrita por José Luis Jaime Correa y José Narro Céspedes, diputados del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar por la SCT el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares para prohibir en el transporte de pasajeros la proyección de películas, documentales o videogramas con violencia o contrarios a los valores básicos de la convivencia humana, a cargo de la diputada Caritina Sáenz Vargas, del Grupo Parlamentario del PVEM
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar acciones que promuevan la investigación biológica, ecológica y pesquera de los tiburones en aguas marinas y continentales del país, que generen la conciencia de conservación y que eviten la caza indiscriminada, a cargo del diputado Ángel Aguirre Herrera
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a implantar una campaña de difusión de la cultura de consumo de vinos mexicanos, a cargo de los integrantes de la Comisión Especial para impulsar el desarrollo de la industria vitivinícola y productos de la vid
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la CNDH sobre la completa instauración y presentación de informes acerca del convenio Red Nacional de Atención Integral para Jóvenes, firmado con la Asociación Civil Convivencia sin Violencia, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, a fin de que la Secretaría de Economía acelere el procedimiento para expedir la NOM aplicable a los productos y servicios de las compañías de telefonía fija y móvil en México, a cargo de la diputada Tomasa Vives Preciado, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP y a la ASF a practicar una auditoría fiscal y administrativa a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para conocer el estado de la administración de los recursos públicos y programas de ésta, a cargo del diputado Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a reconocer como centro regional de alta especialidad el hospital central Doctor Ignacio Morones Prieto, de San Luis Potosí, a cargo del diputado César Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar una enérgica campaña contra el cáncer de próstata, a cargo de la diputada Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas locales y a esta soberanía a realizar o completar las reformas constitucionales y legales necesarias para establecer el deber de que las penas sean impuestas y modificadas por autoridad judicial, conforme al párrafo tercero del artículo 21 constitucional, a cargo del diputado César Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ampliar el beneficio marco del decreto por el que se hace deducible el pago de colegiaturas en los niveles preprimaria, primaria, secundaria y educación media superior a quienes cursan la educación superior y a los que realizan estudios de posgrado en territorio nacional o en el extranjero, a cargo del diputado Hugo Héctor Martínez González, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas locales a realizar o completar las reformas constitucionales y legales necesarias para establecer la responsabilidad patrimonial del Estado, conforme al párrafo segundo del artículo 113 constitucional, a cargo del diputado César Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la CFE a reclasificar las tarifas eléctricas de San Pedro, Francisco I. Madero, San Buenaventura, Frontera y Sierra Mojada, Coahuila, según las mediciones efectuadas por las estaciones meteorológicas instaladas en la entidad, a cargo del diputado Hugo Héctor Martínez González, del Grupo Parlamentario del PRI
Efemérides
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, al ISSSTE, a la SHCP y a la SFP a resolver el problema de 250 trabajadores del primero en Morelos, por lo que se refiere a la actualización de su sueldo base y compensación garantizada para efectos de cotización en el régimen de pensiones y jubilaciones, a cargo del diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados a la LXI Legislatura, José Manuel Agüero Tovar, Luís Félix Rodríguez Sosa y Jaime Sánchez Vélez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presentan ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua es un organismo público descentralizado que es coordinado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene su ubicación en el municipio de Jiutepec, Morelos. Es el único organismo de su tipo en el país que realiza investigaciones en torno al mayor aprovechamiento de un recurso que se ha vuelto estratégico: el agua.
Este Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) se aboca a enfrentar los retos nacionales y regionales asociados con el manejo del agua, y a perfilar nuevos enfoques en materia de investigación y desarrollo tecnológicos para proteger el recurso y asignarlo de manera eficiente y equitativa entre los distintos usuarios.
Ubicado sobre una superficie de 20 hectáreas, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua cuenta con 23,000 metros cuadrados de instalaciones.
Su moderna infraestructura incluye 14 laboratorios especializados, un centro de capacitación y un área de educación ambiental. Cuenta además con el Centro de Conocimiento del Agua, punto de referencia obligado para la obtención de información técnica relacionada con el recurso. Dentro del área que ocupa el Instituto se encuentra también el Campus Morelos del Posgrado en Ingeniería de la UNAM.
Para sus fines, el IMTA dispone de capacidades y competencias específicas que le dan una ventaja competitiva y le permiten agregar valor a los productos y servicios que aporta a sus clientes y usuarios.
Entre estas competencias destacan las siguientes:
• Más de 300 especialistas altamente capacitados en la atención de la problemática prioritaria del sector, muchos de ellos con más de 20 años de experiencia.
• Enfoque integral y por lo tanto multidisciplinario de los problemas del agua, pues sus recursos humanos e infraestructura cubren un amplio espectro de especialidades.
• Importante caudal de conocimiento implícito, que no se encuentra en ninguna otra organización de México, y cuya adecuada canalización para un aprovechamiento eficiente lo hace un pilar del desarrollo sustentable del sector agua en el propio país.
• Infraestructura de laboratorios, software y documental única en México.
• Ventaja competitiva a partir de las atribuciones que le otorgan el decreto de creación y la Ley de Aguas Nacionales.
• Posibilidades de participar en el establecimiento de las prioridades y metas nacionales del sector, y de constituirse en el principal asesor tecnológico de la Comisión Nacional del Agua.
Y entre sus importantes Servicios están los siguientes:
Tecnológicos
• Reducir costos de producción mediante la incorporación de tecnologías para el ahorro y uso eficiente del agua.
• Mejorar la calidad de sus productos y servicios al integrar a los procesos productivos tecnologías apropiadas.
• Cumplir con normas oficiales relacionadas con el cuidado y protección del medio ambiente.
• Aumentar su competitividad al lograr que sus productos satisfagan diversos estándares de calidad.
• Preservar el recurso para garantizar su aprovechamiento presente y futuro, y
• Fortalecer el compromiso del sector productivo con el medio ambiente y la calidad de vida.
Educativos
• Programa de Capacitación para el Subsector Agua Potable y Saneamiento
• Sistema de Capacitación a Distancia e-Learning
• Posgrado IMTA
• Posgrado UNAM - IMTA
• Educación Ambiental
• Centro de Capacitación Jiutepec
El caso que nos atrae es el de 250 trabajadores investigadores compuestos de especialistas en hidráulica II, III, IV y VI del IMTA tienen una situación grave respecto de su salario, prestaciones y cotización para efectos de jubilación; al tenor de las siguientes:
Consideraciones
1. Los trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, se rigen bajo lo previsto en:
a) El artículo 123 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
b) El Manual de Organización del mismo instituto.
c) El Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y
d) El Reglamento Interno del IMTA.
2. En lo que corresponde a su régimen de pensiones al haber sido contratados antes de entrar en vigor la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado el 31 de marzo del 2007, es el régimen de pensiones que les es aplicable, es le previsto en el Capítulo V Titulo Segundo de la Ley del ISSSTE de 1983, conforme al resolutivo del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las Jurisprudencias 110/2008, 111/2008 y 192/2008 y así como lo establecido en el reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley del ISSSTE.
3. El estatuto orgánico del IMTA señala en su artículo sexto, que sus trabajadores estarán incorporados al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE, de tal manera que en lo correspondiente a las cotizaciones que realice el IMTA al ISSSTE, para los efectos de la jubilación de los trabajadores conforme a lo establecido en la Ley del ISSSTE de 1983, en su artículo 15, se les considerará el sueldo básico el cual contempla el sueldo presupuestal, el sobresueldo y la compensación.
En el entendido de los siguientes conceptos conforme al artículo 15:
El sueldo presupuestal es la remuneración ordenada señalada en la designación o nombramiento del trabajador en relación con la plaza o cargo que desempeña.
El “sobresueldo” es la remuneración adicional concedida al trabajador en atención a circunstancias de insalubridad o carestía de la vida, del lugar en que presta su servicio.
La “compensación” es la cantidad adicional al sueldo presupuestal y al sobresueldo; que se otorga discrecionalmente en cuanto a su monto y duración a un trabajador en atención a las responsabilidades o trabajos extraordinarios relacionados con su cargo o por servicios especiales que desempeñe y que se cubra con cargo a la partida específica denominada “compensaciones adicionales por servicios especiales”.
El propio estatuto orgánico del IMTA, señala en cuanto a su objeto lo siguiente:
“Que tiene como objeto realizar investigación, desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar servicios tecnológicos y preparar recursos humanos calificados para el manejo, conservación y rehabilitación del agua, a fin de contribuir al desarrollo sustentable del país”.
De lo anterior se desprende que por las funciones de los trabajadores del IMTA, las mismas corresponden a la caracterización que hace la Ley del ISSSTE de 1983, acerca de la “compensación”, ya que sus responsabilidades se refieren a trabajos extraordinarios y a servicios especiales.
Por lo que la prestación que perciben con el nombre de “compensación garantizada”, debe cotizar al ISSSTE, para efectos de la jubilación, ya que los quinquenios, por su monto mínimo no repercuten en gran medida en las pensiones a la hora de la jubilación, además de que por sus características ésta también conocida como quinquenio, se otorga durante la vigencia de la relación laboral a los trabajadores que han acumulado cierto número de años de servicio, a partir del quinto año como un estimulo a la antigüedad en el empleo.
“El artículo 34 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en su párrafo segundo establece lo siguiente: “Por cada año de servicios efectivos prestados hasta llegar a veinticinco, los trabajadores tendrán derecho al pago de una prima como complemento del salario. En los presupuestos de egresos correspondientes, se fijara oportunamente el monto o proporción de dicha prima”.
De lo precedente se deduce que los quinquenios:
a) Constituyen una prestación que se otorga a los trabajadores durante la vigencia de la relación laboral con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, a partir del quinto año de la prestación de sus servicios.
b) Son un complemento salarial y por tanto un factor de aumento del mismo, debido a que se incrementa cada cinco años de actividad laboral.
c) Pero su cuantía se limita a que se cumplan veinticinco años de servicio por lo que los años posteriores no serán acumulables para aumentar su percepción y en consecuencia no se incrementan las aportaciones al ISSSTE en este concepto una vez cumplidos los veinticinco años de servicio, esto significa que quedan congeladas desde ese momento las aportaciones al ISSSTE por este concepto.
4. Por otro parte en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2003, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el punto III.1.1.2. Informe de la Auditoria de desempeño, III.1.1.2.1. Evaluación de las percepciones ordinarias y extraordinarias de los mandos medios y superiores del gobierno federal, se establece que los trabajadores de las entidades paraestatales que rigen su relación laboral por el apartado B), regula sus relaciones laborales por lo dispuesto por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como por la Ley del ISSSTE y por la Ley del Fondo de la Vivienda del ISSSTE, en lo relativo a la seguridad social.
Señala el mismo documento, “por lo que hace a los trabajadores sujetos del apartado B) que son básicamente los adscritos a dependencias y órganos desconcentrados se apegan, en materia de pensiones a lo establecido en la Ley del ISSSTE que señala que las cotizaciones establecidas en la propia ley se efectuaran sobre el sueldo básico, hasta por una cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y que será el propio sueldo básico, hasta por la suma cotizable, el que se tomará en cuenta para determinar el monto de las pensiones.
5. Igualmente se refiere que en la Ley del ISSSTE, para calcular el monto de las cantidades que corresponden por pensión, se tomara en cuenta el promedio del sueldo básico disfrutado en el último año inmediato a la fecha de la baja del trabajador; el cual no considera la compensación garantizada, lo que determina que como máximo, un trabajador reciba un 12.9% de sus salario en activo, cuando se jubila”.
Expuesto lo anterior se desprende que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en relación a las cuotas de seguridad social que se aportan al ISSSTE, no considera a la compensación garantizada como parte del sueldo básico, por lo que en el momento de la jubilación se obtienen pensiones reducidas hasta un 77% en relación al salario que devengaban como trabajadores en activo, resultando injusto tras haberse desempañado durante más de 30 años.
Es claro que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el ISSSTE, deben de informar cuáles son las claves y sus respectivos conceptos de las aportaciones recibidas por el ISSSTE, para efecto de que el Instituto, considere que las aportaciones que se hacen a la seguridad social, deben de actualizarse, en virtud de que se han violado las garantías laborales al mantener congelado el sueldo base, concepto 107, prácticamente desde el año 2001 y formalmente desde el año 2004, sin haber incorporado el porcentaje promedio de los incrementos anuales a los salarios mínimos, mismos que por ley se deben actualizar año con año y que actualmente están congelados, como se puede observar en los recibos de pago, donde el concepto 107 sueldo base, permanece congelado.
Al respecto se presentan las siguientes tablas de los casos de los trabajadores con puesto de Especialista en Hidráulica III y Especialista en Hidráulica IV, donde se apreciara como han permanecido sin incremento desde el año 2004.
En tabla anterior se observa cómo a partir del año 2007 se pasó una cantidad de la compensación garantizada al sueldo base, mismo que siguió sin incremento hasta la fecha actual, pero obviamente no hubo incremento en la percepción final.
Como se puede observar en las tablas anteriores que 1) por lo menos durante los últimos 7 años no se ha tenido incremento salarial para el Especialista en Hidráulica III y IV lo mismo sucede con hidráulica VI y los demás puestos; y 2) que aparentemente han existido incrementos al sueldo base, pero lo que se ha hecho en algunos de estos años es burlar la ley quitándole a la compensación garantizada una parte para que al final las percepciones sean las mismas.
Se concluye que al no incrementarse el sueldo base en la proporciones que se marcan en la tabla primera de este punto, han quedado congeladas las aportaciones al ISSSTE para efecto de la jubilación, en consecuencia el monto de las pensiones a las que tienen derecho los trabajadores, actualmente se encuentran realmente reducidas en más de un 30% como consecuencia de la omisión en el incremento anual del sueldo base al que tienen derecho y que lamentablemente permanece congelado.
Derivado de los anterior, si resulta que solo se cotiza sueldo base congelado por parte del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, al ISSSTE para las prestaciones de Seguridad Social en particular para el sistema de pensiones con las partidas que tienen las claves: 107, sueldo base y 1A4, Prima Quinquenal, entonces se tiene que las pensiones a la hora de estar en el supuesto de la jubilación se reducen hasta en más del 50% del salario que disfrutaban en activo, por lo que dichas pensiones afectan a los pensionados del IMTA en comparación con los de otras dependencias del gobierno federal, las cuales no tienen congelado el sueldo base.
Asimismo tenemos que en la “Hoja Única de Servicios” que expide el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, solo considera dos conceptos que aportan al fondo de pensiones del ISSSTE y que son el “sueldo (Cotizable) y “Quinquenios”.
A todo lo anterior debemos considerarle los incrementos generales a los salarios mínimos desde esa fecha a la actual se han incrementado de acuerdo como lo estableció la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en la siguiente forma
Año Porcentaje
2005 4.5%
2006 4.0%
2007 3.9%
2008 4.0%
2009 4.6%
2010 4.85%
2011 4.1%
En el caso de los Trabajadores del IMTA en sus recibos de pago quincenales, se aprecia que en su caso no han recibido tales incrementos en su sueldo base.
Por lo antes expuesto, someto al pleno de esta soberanía el siguiente Punto de Acuerdo que exhorta al:
A. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua:
1. A que restituyan en su sueldo base, los incrementos que por ley se deben aumentar anualmente a los salarios generales desde el año 2004 en cumplimiento a sus derechos asentados en los artículos, 123 apartados A Y B, así como el 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Que restituya la parte proporcional en el aguinaldo y prima vacacional, en razón de los incrementos omitidos a su sueldo base.
3. Se respete la inclusión de la compensación garantizada, como una de las prestaciones que coticen para efectos de la jubilación.
4. Informe a los trabajadores del fundamento legal con el que se hace desglose de dichas aportaciones al ISSSTE, para efectos la pensión considerada en la “Hoja Única de Servicios”.
5. Informe a los trabajadores del por qué el concepto sueldo base (sueldo tabular), con el que cotizan al ISSSTE no ha sido actualizado en el pago de las cotizaciones a dicho Instituto con los incrementos de los salarios generales de los años 2004 a la fecha, ya que de no haberse actualizado, entonces se verían afectados en el cálculo que hace el ISSSTE para la pensión en el momento de la jubilación, en virtud de que a la fecha suman una cantidad de 30% en relación al sueldo base de estar actualizado.
B. Al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado:
Informe a los trabajadores del porcentaje en que cada año se han incrementado las cotizaciones al ISSSTE desde el año 2004 a la fecha, por parte del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en el rubro de pensiones, en virtud que si el sueldo base ha sido prácticamente el mismo desde antes del año 2004, en consecuencia, el incremento en el monto de las cotizaciones al ISSSTE en el régimen de pensiones no se ha venido realizando por parte del IMTA, y explique cómo les afectara para su jubilación o pensión.
C. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública:
Intervengan a efecto de que se determine la responsabilidad en la que se ha incurrido, cuando le quitan a una prestación como lo es la compensación garantizada a efecto de aparentar que hay incremento al sueldo base, cuando lo que en realidad se está haciendo es la omisión de los incrementos al salario base cada año como lo determina la ley
Palacio Legislativo, a 12 de abril del 2011.
Diputados: José Manuel Agüero Tovar, Luís Félix Rodríguez Sosa, Jaime Sánchez Vélez.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos federal, estatales y municipales a implantar procedimientos de participación social y ciudadana en la prestación de servicios públicos, a cargo del diputado Adolfo Rojo Montoya, del Grupo Parlamentario del PAN
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal para que implementen mecanismos de participación social y ciudadana en la prestación de servicios públicos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Para Acción Nacional es un compromiso estar cerca de la gente y decidir las cuestiones públicas en función de sus necesidades concretas.
La única forma de conocer lo que le aqueja a los personas, es escucharlas con atención y para ello debe haber canales que permitan esa comunicación, es urgente que las decisiones de gobierno previamente perciban y ponderen las exigencias de los gobernados, sólo así habrá comunidad política entre la clase política y los ciudadanos.
Aunque tradicionalmente se habla de referéndum, consulta y plebiscito, como medios de participación ciudadana por antonomasia, tales figuras se refieren a grandes decisiones políticas o legislativas que requieren el aval ciudadano.
Sin embargo, de lo que versa este exhorto es sobre la utilización de medios más ágiles y flexibles para poder conocer el sentir y la necesidad de la población en cuanto a la correcta prestación de los servicios públicos más esenciales, como son el agua, drenaje, suministro eléctrico, educación, parques, recolección de basura; que son temas de la vida cotidiana que interesan a toda la población sin excepción y que son problemas que viven a diario.
Es común que las autoridades realicen obras o presten servicios públicos, con graves afectaciones a los particulares, o bien que estos servicios sean prestados en forma deficiente y con baja calidad, por lo que debemos defender el derecho de los ciudadanos para que participen y opinen en la mejora de tales servicios públicos.
Sólo aquel ciudadano que recibe el servicio está en la posición de opinar sobre el mismo, por tanto se trata de una vigilancia social sumamente valiosa, y que representa una fuente de retroalimentación para las autoridades, y que sobre todo resuelve el grave distanciamiento entre quien gobierna y los gobernados.
Para que quede claro, si en algún municipio hay un parque público donde la población vecinal que acude es esencialmente de la tercera edad, y el Presidente Municipal decide quitar una zona verde para que se convierta en una zona de concreto con juegos infantiles, sería una decisión de gobierno equivocada, o en su caso, quitar un parque para establecer en ese terreno un centro comercial, sin previa consulta de la ciudadanía, son solamente algunos casos que impulsan al Partido Acción Nacional para que defendamos el derecho de los ciudadanos para opinar sobre los servicios públicos que reciben.
Por tanto, es un deber de todas las autoridades federales, locales, y principalmente municipales para que en las decisiones en materia de servicios públicos se considere la voz y el sentir de los ciudadanos, a través de: consultas, recibiendo y contestando sugerencias y quejas, estableciendo consejos de participación con ciudadanos libres.
Finalmente, los diputados proponentes, esperamos que este exhorto, encuentre eco y oídos entre las autoridades e implementen a la brevedad mecanismos de participación social ágiles y flexibles para que su toma de decisiones se oriente hacia un gobierno más cercano a la gente.
Por lo anterior se presenta el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de los Poderes Ejecutivos federal, estatal y principalmente municipal, para que implementen mecanismos de participación social y ciudadana en la prestación de los servicios públicos a su cargo.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 6 de abril de 2011.
Diputado Adolfo Rojo Montoya (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal la emisión de una carta de crédito por la banca de desarrollo por mil 500 millones de pesos en calidad de capital de trabajo para posibilitar la reestructura de Compañía Mexicana de Aviación, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico, y restablecer las actividades de la empresa de servicio público en México, a cargo de Francisco Hernández Juárez y suscrita por José Luis Jaime Correa y José Narro Céspedes, diputados del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo de Trabajo de seguimiento al proceso de adquisición y reestructuración de la Compañía Mexicana de Aviación, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se solicita al Poder Ejecutivo la emisión de una carta de crédito por parte de la banca de desarrollo por mil 500 millones de pesos en calidad de capital trabajo para posibilitar la reestructura de la Compañía Mexicana de Aviación, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico, a fin de restablecer inmediatamente las actividades de esta vital empresa de servicio público en México, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que Mexicana de Aviación es una aerolínea emblemática de México que ha prestado el servicio concesionado de transporte aéreo por más de 90 años, siendo un pilar de la conectividad de nuestro país con el resto del mundo
2. Que en diciembre de 2005 se concretó la venta del Grupo Mexicana desincorporándola de Cintra por un precio de 165.5 millones de dólares, cuando el IPAB la valuó en 1,456 millones de dólares; cantidad que se redujo con 997 millones de dólares por arrendamiento de aviones; una deuda neta de 29 millones de dólares y pasivos laborales por 265 millones de dólares; que adicionalmente en 2006, la nueva administración obtuvo una devolución de 15 millones de dólares, por créditos fiscales, por lo que el precio final de venta fue de 150.5 millones de dólares.
3. Que debido a la deficiente administración de Grupo Mexicana, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico, esta empresa suspendió operaciones desde el pasado mes de agosto de 2010, estando imposibilitada para cumplir con el servicio público de transporte aéreo objeto de la concesión y que se encuentra en riesgo de quiebra, lo que significaría la cancelación de 8,687 empleos directos, y a nivel nacional entre 80,000 y 100,000 empleos indirectos perdidos (85 proveedores de Nuevo Grupo Aeronáutico, transportación terrestre, equipajeros, hoteles, restaurantes, locales comerciales, agencias de viajes, arrendadoras de autos, etcétera).
4. Que para garantizar la reestructura de la empresa y su puesta en funcionamiento, se requiere de una inversión de 150 millones de dólares.
5. Que el artículo 25 de nuestra Carta Magna justifica con mucho que el gobierno realice una inversión de tal magnitud, no sólo para preservar las fuentes de empleo, sino también para recuperar los préstamos que se otorgaron a dicha aerolínea, ya que dicho precepto establece que:
Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación.
6. Que ya en otras circunstancias de emergencia se ha aprobado medidas de apoyo también emergentes, pudiéndose mencionar, entre otras y sólo a título de ejemplo, las proporcionadas a raíz de la crisis ocasionada por la pandemia de la influenza A (H1N1), en la cual el 5 de mayo del 2009, el gobierno federal otorgó medidas fiscales de carácter general y apoyos específicos –fiscales y financieros– a los sectores más perjudicados, y dónde las medidas sumaron un total de alrededor de 17 mil 400 millones de pesos, con las cuáles se buscó garantizar condiciones favorables para apuntalar la actividad económica e inducir una rápida recuperación en los sectores más afectados. En el caso del sector de la aeronáutica, dichas medidas fueron las siguientes:
• Se otorgó a las líneas aéreas un descuento de 50% a los derechos por los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano durante el periodo de abril a junio, sujeto a que se encuentren al corriente en sus pagos de estos derechos y los correspondientes a Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Ello implicó una reducción en las erogaciones por derechos del sector de 250 millones de pesos.
• Por otro lado, Bancomext apoyó a las líneas aéreas a través de créditos y garantías hasta por 3 mil millones de pesos mediante el uso de contra garantías sujeto a que se observase un ajuste estructural en el sector que le diese viabilidad de largo plazo. Asimismo, el financiamiento requirió del apoyo de los principales accionistas de las aerolíneas y garantías reales.
Medidas a las cuáles se hizo acreedora Mexicana de Aviación, parte del Nuevo Grupo Aeronáutico (antes Grupo Mexicana), del cual forman parte también las aerolíneas: Mexicana Click y Mexicana Link, entre otras subsidiarias.
7. Que con base en las leyes orgánicas de la banca de desarrollo en donde se otorgaran préstamos o créditos se propicie el otorgar carta de crédito a favor de la compañía aérea de acuerdo con lo siguiente:
Artículo 6. ...
VIII Bis.- Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia para las personas, empresas y organizaciones productivas y de comercialización, en pueblos y comunidades indígenas, en materia de comercio exterior con otras instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares del crédito y con los sectores social y privado;
Por lo expuesto y fundado, se pone a consideración de este cuerpo colegiado, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero . La Cámara de Diputados solicita al Poder Ejecutivo la emisión de un carta de crédito por mil 500 millones de pesos que se otorgará en calidad de capital trabajo por parte de la banca de desarrollo para posibilitar la reestructura de la Compañía Mexicana de Aviación, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico, a fin de restablecer inmediatamente las actividades de esta vital empresa de servicio público en México
Segundo. Exhortar al Poder Ejecutivo federal para que el gobierno participe en la capitalización de los pasivos respectivos en el proceso de reestructura de la unidad de negocios.
Tercero. Exhortar al Poder Ejecutivo federal para que el gobierno negocie los términos de la reestructura de la deuda a favor del gobierno federal.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 7 de Abril de 2011
Diputado Francisco Hernández Juárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar por la SCT el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares para prohibir en el transporte de pasajeros la proyección de películas, documentales o videogramas con violencia o contrarios a los valores básicos de la convivencia humana, a cargo de la diputada Caritina Sáenz Vargas, del Grupo Parlamentario del PVEM
La que suscribe, diputada Caritina Sáenz Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, para que en su calidad de titular de esa dependencia realice las modificaciones correspondientes al Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, a fin de que en todo transporte de pasajeros durante la prestación de este servicio se prohíba explícitamente la proyección de videogramas, películas y/o documentales, cuyo contenido tenga escenas de cualquier tipo de violencia y que atenten contra los valores básicos de la convivencia humana, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Actualmente los niños y adolescentes están expuestos a una inmensidad de mensajes con contenido violento, toda vez que el país vive una ola de violencia generalizada., además de que de manera permanente se les proporciona información de contenido violento a través de los diversos medios de comunicación tales como; revistas, periódicos, radio, cine, Internet, así como en los video juegos.
Dada la importancia creciente del papel social asumido por los medios de comunicación de masas y, especialmente, debido a la influencia que tienen sobre sus miembros más jóvenes –que son psicológicamente más frágiles y socialmente más inseguros– el preocuparse por atraer la atención de la gente hacia el impacto social de la violencia televisiva (así como de otros medios de comunicación de masas y medios de entretenimiento) ya no puede considerarse como algo meramente ingenuo que tiene que ver con la moralidad y la buena conducta.
Cabe destacar que diversos trabajos empíricos realizados por psicólogas y psicólogos, han puesto de manifiesto que posiblemente las imágenes sean más imperativas que la escritura porque imponen la significación en bloque, sin análisis ni dispersión de los elementos que las componen. La imagen, la música y el espacio doméstico en el que tienen lugar los hechos juegan un papel primordial en este proceso de identificación de los héroes, ya que permite al niño concretar la idea al dejar de imaginarla. De esta manera, las primeras concepciones se especifican, se materializan y para el niño forman parte de la realidad.
Estudios recientes a nivel internacional confirman que está incrementándose el número de escenas con violencia física, psicológica y sexual en las películas y series de televisión. Asimismo con frecuencia estas escenas están descontextualizadas y propician la corrosión y disolución de los valores sociales y culturales más íntegros de la persona y dignidad humana.
Por otra parte, muchos de los contenidos del cine y la TV, emplean códigos de conducta basados en relaciones de poder y conjuntos de valores, no siempre compatibles con una sociedad democrática que se esfuerza por alcanzar un futuro en el que la justicia social prevalezca. De esta manera, el cine y la televisión funcionan en la sociedad actual como medios que proporcionan experiencias y conjuntos de valores de referencia por medio de los cuales, el individuo interpreta y organiza la información que tiene sobre la sociedad y es esta información la que le orienta en su vida cotidiana.
Asimismo, la presencia frecuente de los diferentes tipos de violencia en las películas, ha supuesto efectos negativos en la educación de las niñas y los niños. En reiteradas ocasiones los psicólogos han manifestado cómo dichos efectos se podrían dividir en función de los mecanismos que “dispararan”, y que en líneas generales son cuatro: “imitación”, (siempre imitamos lo que vemos, y dicha imitación se incrementa si lo que vemos implica recompensas para sus actores); “identificación” (no sólo imitamos, sino que los personajes violentos se convierten en nuestros héroes); “efecto disparador” (término que se aplica a las mentes que podríamos denominar “desequilibradas”, y que supondrá que las escenas violentas en algunas personas, provoquen una imitación total al no separarse la ficción de la realidad) y “desensibilización” (la visión de la violencia provoca inexorablemente en todos que nos hagamos insensibles ante la misma); con respecto a esta última cuestión, hemos de tener en cuenta que un menor ve a la semana, como media, unos 670 homicidios; y como expresión de esto, en los datos de una encuesta realizada en Suecia, los niños postulaban como primera causa de muerte un disparo en la cabeza.
Cabe destacar que factores tales como; la familia disgregada, los medios masivos de comunicación social, la caída de un concepto razonable de la responsabilidad, la crisis de la escuela, la falta de oportunidades laborales para los jóvenes y las reacciones que se producen crecientemente en torno a la violencia infantil y juvenil, del consumo de alcohol o de droga, han coadyuvado con el incremento en los índices delictivos en nuestro país.
Ante el lamentable clima de inseguridad que se vive en nuestro país, cabe reflexionar sobre las circunstancias en las que nos encontramos, lo cual, nos lleva a señalar que resulta de manera urgente y fundamental, promover una cultura de no violencia a las familias mexicanas, y de manera particular a los miles de mexicanos que van acompañados de menores de edad y, que hacen uso del autotransporte.
Por ello, debemos de reconocer que cada vez hay más actos de violencia gratuita en los contenidos de las películas que se producen en la actualidad, y ante este escenario, es nuestro deber garantizar el desarrollo integral de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a través del establecimiento de bases normativas que regulen la calidad de los contenidos de audiovisuales que contribuyan a formar ciudadanos responsables y con sentido de justicia, respeto, tolerancia, solidaridad, honestidad e igualdad en beneficio del bienestar social.
Sin duda, la familia es la célula básica de nuestra sociedad, y por ello, los Diputados y Diputadas del PVEM, reconocemos el papel fundamental de los padres de familia en la enseñanza y transmisión de los valores y principios éticos y morales fundamentales para una convivencia pacífica en sociedad.
Asimismo, reconocemos nuestro deber ante la ciudadanía de impulsar leyes a favor de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes quienes son los principales promotores de la paz, y quienes conllevan al desarrollo y a la paz social.
Cabe destacar que resulta fundamental fomentar en todo mexicano una educación implícita hacia el respeto, la igualdad, la tolerancia y la promoción de los valores. Estos factores, podrán coadyuvar de manera fundamental en la formación de ciudadanos respetuosos y con un alto sentido del civismo y amor a México. Además de que se debe implementar una campaña de sensibilización hacia la violencia, así como fomentar la conciencia ciudadana de la importancia de supervisar y evitar a los niños y jóvenes, la exposición de videogramas, películas y/o documentales con contenido de violencia.
Por lo señalado, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos de manera fundamental promover en la sociedad mexicana, la generación y fortalecimiento de una cultura de no violencia que coadyuve al cambio de las conductas y comportamientos en el corto, mediano y largo plazo, así como el fomento a los valores cívicos y de paz en nuestra sociedad mexicana.
Por lo expuesto y ante la potencial severidad de las consecuencias sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, para que en su calidad de titular de esta dependencia realice las modificaciones correspondientes al Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, a fin de que en todo transporte de pasajeros durante la prestación de este servicio, se prohíba explícitamente la proyección de videogramas, películas y/o documentales, cuyo contenido tenga escenas de cualquier tipo de violencia y que atenten contra los valores básicos de la convivencia humana.
Dado en el Palacio de San Lázaro, a 12 de abril de 2011.
Diputada Caritina Sáenz Vargas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar acciones que promuevan la investigación biológica, ecológica y pesquera de los tiburones en aguas marinas y continentales del país, que generen la conciencia de conservación y que eviten la caza indiscriminada, a cargo del diputado Ángel Aguirre Herrera
El que suscribe Ángel Aguirre Herrera, diputado sin partido de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracciones I y III, 113 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a instrumentar acciones que promuevan la investigación biológica, ecológica y pesquera de los tiburones presentes en las aguas marinas y continentales de nuestro país, así como implantar acciones que generen la conciencia de conservación y eviten la caza indiscriminada de tiburones en México, con fundamento en las siguientes
Consideraciones
En 1994, la novena Conferencia sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) reconoció la importancia ecológica, biológica y comercial de los tiburones, e hizo una solicitud formal a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y demás entidades internacionales de ordenación pesquera, para establecer programas que permitieran compilar información sobre las especies de condrictios del mundo.
En abril de 1998 se realizó una reunión de expertos de la FAO para la elaboración del Plan de Acción Internacional de Tiburones (PAI Tiburones) que fue adoptado por el comité de pesca de la FAO (COFI) en 1999. Dicho documento está en conformidad con el código de conducta para la pesca responsable abarcando todas las pesquerías de peces cartilaginosos (captura directa, incidental, industrial y artesanal) y los programas de pesca destinados a reducir los riesgos de ataques de los tiburones a las personas.
El PAI Tiburones se ha convertido en un plan estratégico propuesto para ser aplicado en todas las regiones del mundo y facilitar los procesos que contribuyan a la conservación y ordenación de todas las especies registradas en las aguas territoriales de un país. Este plan tiene por objeto asegurar la conservación y ordenación de los tiburones y su aprovechamiento sostenible a largo plazo. Al respecto, en nuestro país, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), ha establecido medidas de manejo en el país con el propósito de reducir la pesca incidental de éstos y prohibir el aleteo.
Asimismo, ha implantado políticas de ordenación pesquera sobre la base del aprovechamiento sustentable, establecidos en el título tercero de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y por lo que respecta a la caza de tiburones, en la Norma Oficial Mexicana NOM-029-PESC-2006, “Pesca Responsable de Tiburones y Rayas”; sin embargo, en la actualidad el reducido conocimiento sobre las poblaciones de tiburones, la falta de estadísticas y las prácticas empleadas en su pesca, causan graves problemas de conservación y ordenamiento pesquero.
De acuerdo a la Sagarpa, la pesquería dirigida al tiburón está representada por tres unidades de pesquería: la ribereña artesanal, que se lleva a cabo a lo largo de los dos litorales marinos con embarcaciones menores de menos de 10.5 metros de eslora, que contribuye con aproximadamente el 40 por ciento de la producción nacional; la de mediana altura, que se lleva a cabo con embarcaciones de entre 10 y 27 metros de eslora en aguas costeras de ambos litorales, pero principalmente en la zona costera de Tamaulipas y Veracruz, Sonda de Campeche y Quintana Roo, y en el Golfo de California y Golfo de Tehuantepec, en el litoral del Océano Pacífico; y la pesca de altura, en donde operan embarcaciones de más de 27 metros de eslora, que capturan tiburón tanto en aguas costeras como en aguas oceánicas dentro de la zona económica exclusiva del Océano Pacífico.
La producción de tiburones ha ocupado en los últimos años alrededor del décimo lugar en la producción pesquera nacional, considerando inclusive a los recursos pesqueros para consumo humano indirecto y para uso industrial. Del total de la producción nacional de tiburones, aproximadamente el 60 por ciento corresponde a grandes tiburones y el 40 por ciento es de especies pequeñas y juveniles, que se registran como “cazón”. El Océano Pacífico es el litoral más importante, ya que se ha estimado una contribución de aproximadamente 62 por ciento, correspondiendo el resto al Golfo de México y Mar Caribe.
Debido a las características biológicas de los tiburones como su baja fecundidad y largo periodo de gestación, que determinan su escaso potencial reproductivo; bajo ritmo de crecimiento y gran longevidad (que determinan bajas tasas de crecimiento poblacional); las relaciones entre la población disponible a pesca y el reclutamiento; su compleja estructura espacial (por tamaños y segregación por sexos) y los prolongados periodos de reacción a los efectos de las medidas de ordenación, los tiburones requieren ser explotados a partir de puntos de referencia biológicos que varían por especie o por grupos de especies.
Lamentablemente, la caza de tiburones se realiza de manera indiscriminada y la caza de sus aletas es una práctica terriblemente destructiva que involucra atrapar a un tiburón, cortarle las aletas y desechar el resto del animal, que a menudo es nuevamente lanzado en el agua para que muera. Unos 100 millones de tiburones mueren de esta manera anualmente, lo que causa un gran daño en la población de tiburones. Las aletas de tiburones son consideradas una exquisitez en algunas partes del mundo, sobre todo en el este de Asia, convirtiendo a los tiburones en criaturas muy rentables para los pescadores, lo que implica que la demanda por ellos aumente a medida que crece la población asiática.
Algunos países, entre los que destaca Estados Unidos, han prohibido durante los últimos años la caza de aletas, pero estas prohibiciones son complicadas de monitorear en cualquier parte del mundo, especialmente gracias al hecho de que los tiburones emigran regularmente a través de las fronteras internacionales.
De acuerdo a investigaciones científicas del Instituto de Ciencias Marinas de la Universidad de Carolina del Norte evidencian que la eliminación de tiburones atenta contra el equilibrio del medio ambiente y contra la biodiversidad con consecuencias devastadoras para el planeta y para casi todas las formas de vida.
Los tiburones son piezas claves dentro del ecosistema marino, se alimentan de meros (los cuales se encuentran en aumento), estos a su vez de peces loro, quienes se alimentan de las algas de los acantilados. Sin la cantidad suficiente de peces loro, no existe especie alguna que mantenga limpios los acantilados de algas, lo que puede derivar en la pérdida del hábitat esencial de incontables especies.
La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) evidenció que las poblaciones de tiburones han sido diezmadas a nivel mundial, y que veinte especies de tiburones se encuentran en peligro de extinción, lo que provoca además que 47 especies estén seriamente amenazadas, debido al negocio multimillonario de las industrias farmacéutica (cartílago), cosmética (hígados) y la alimentaria (aletas de tiburón y carne).
La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), evidenció en 2009, que 758.498 toneladas métricas de tiburones y rayas fueron capturadas en todo el mundo; Países de la Unión Europea como España y Francia son algunas de las naciones más importantes en la pesca de tiburones. Según datos de la FAO, los países de la UE capturaron 93.860 toneladas de tiburones y rayas en 2009.
En México, el Océano Pacífico es el litoral más importante en la captura de tiburones, ya que ahí se pesca cerca de 62 por ciento; el resto corresponde al Golfo de México y al Caribe. A pesar de la relativa estabilidad de la producción nacional de tiburón y cazón (tiburones pequeños), entre los años 1990 y 2010 ha caído la captura en muchas zonas.
De las aproximadamente 104 especies que viven en aguas mexicanas, 39 son las que con mayor frecuencia son capturadas. Afortunadamente, las estadísticas revelan una significativa caída de esta pesquería, reportando que en estados como en Sonora la pesca se redujo en 68 por ciento, en Yucatán 73 por ciento, en Colima 59 por ciento y en Veracruz 57 por ciento, sin embargo, estos porcentajes aún no son suficientes y es necesario que se trabaje para evitar la caza indiscriminada de tiburones y prohibir y sancionar el aleteo.
Por estas razones, es necesario que como legisladores trabajemos en coordinación con el Ejecutivo Federal y Estatal para establecer una regulación eficiente, eficaz y sustentable que evite el aleteo y permita la protección del tiburón ballena, peregrino, blanco, pez sierra, azul, cartón, zorro, ángel, mamón, broche, gata, mako, martillo, puntas negras, limón y tintorera, con el objeto de estar acordes con la ordenación pesquera internacional que tiene por objeto asegurar la conservación y ordenación de los tiburones y su aprovechamiento.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Educación Pública a instrumentar acciones que promuevan la investigación biológica, ecológica y pesquera de los tiburones, presentes en las aguas marinas y continentales de nuestro país; así como, elaborar y estructurar programas educativos y divulgativos para todo el territorio, a nivel básico, medio y superior que generen la conciencia de conservación y eviten la caza indiscriminada de tiburones en México.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informe sobre la expedición de permisos otorgados a empresas extranjeras para la pesca de tiburones en territorio nacional, así como los permisos negados a embarcaciones mexicanas.
Tercero. Esta soberanía exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en ejercicio de sus atribuciones, instruya a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para que desarrolle e implante programas de conservación que permitan fortalecer la captura sustentable de tiburón ballena (Rhincodon typus ), tiburón peregrino (Cetorhinus maximus ), tiburón blanco (Carcharodon carcharias ), pez sierra (Pristis pectinata, P. perotteti y P. microdon) y mantarrayas gigantes (Manta birostris, Mobula japanica, M. thurstoni, Mobula munkiana, Mobula hypostoma y Mobula tarapacana ).
Cuarto. Se solicita a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca que informe a esta soberanía sobre el registro de las capturas, esfuerzo pesquero y exportación de tiburones, a nivel de especie en la pesca artesanal e industrial del país; así como las áreas de reproducción, crianza, migraciones, refugio o zonas naturales que requieren protección especial para la sostenibilidad de las poblaciones de tiburones en las costas mexicanas.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados, a 12 de abril de 2011.
Diputado Ángel Aguirre Herrera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a implantar una campaña de difusión de la cultura de consumo de vinos mexicanos, a cargo de los integrantes de la Comisión Especial para impulsar el desarrollo de la industria vitivinícola y productos de la vid
Los suscritos, diputados federales a la LXI Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 6 y 79 del Reglamento para la Cámara de Diputados, se permiten poner a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes
Antecedentes
1. La industria vitivinícola del país ha tenido un auge importante a partir de los últimos 15 años, razón por la cual los empresarios que se dedican a este ramo han retomado un significativo crecimiento, más sin embargo, aún falta que se les apoye desde el ámbito gubernamental, entendido como tal a los poderes de la Unión y no sólo al Ejecutivo Federal.
2. Entre las demandas principales del sector vitivinícola se encuentra el esquema impositivo del vino mexicano, el sistema de crédito que otorgan las dependencias federales, la escaza competitividad en difusión y distribución del vino mexicano en el extranjero, el fomento del turismo enológico de las regiones y el nivel de consumo que se tiene al interior del país.
Según datos del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de esta Cámara de Diputados, entre los años 2000 al 2008 se ha incrementado en un 65 por ciento el consumo de vinos de mesa en el País, sin embargo, de ese incremento, se ha incrementado hasta en un 74 por ciento el consumo del vino importado.
3. El consumo de vino importado en México representa un 70 por ciento del total interno, tenemos la preferencia por el consumo de los vinos chilenos y españoles, en cuanto al perfil de los consumidores ha bajado la edad de quienes consumen vino de mesa y el nivel socioeconómico del mismo.
Anteriormente los consumidores de vinos de mesa se centraban en el sexo masculino, mayores a los 35 años, actualmente se ha segmentado a jóvenes de ambos sexos a partir de los 20 años y a las mujeres ejecutivas, según el CESOP, 24 por ciento de los mexicanos que consumen vino de mesa, han tomado algún curso o cata de vinos.
4. Los mitos sobre el maridaje del vino de mesa, ha perdido valor ideológico y en la actualidad empieza a cambiar el consumo de los vinos e incluso se consumen, con diferentes tipos de comida y horarios de consumo.
Como uno de los acuerdos tomados en el primer Foro nacional para impulsar la industria vitivinícola y productos de la vid, se estableció la necesidad en que el gobierno federal integre un programa de imagen del producto mexicano, que permita posicionar al vino mexicano en el mercado, acorde a las expectativas y objetivos de los productores integrados en el sector.
Es por ello, que se vuelve cada vez más imperante que esta Cámara de Diputados solicite de manera formal, a través de un exhorto, al Ejecutivo federal, que lance una campaña de consumo de vino mexicano, sabemos de la existencia de un acuerdo con el Consejo Mexicano Vitivinícola, sin embargo, estamos pidiendo la apertura de las campañas de consumo de vino mexicano hacia toda la producción nacional y no sólo a quienes integran el Consejo Mexicano Vitivinícola.
Esta campaña deberá financiarse, con recursos federales, locales y de los propios productores en las regiones que se consideren de alto consumo y en los estados con producción vitivinícola, encaminándose a elevar el consumo del vino mexicano, cuidando en todo momento las recomendaciones que se tengan para no causar adicción o elevar el consumo en los productos en general.
Por lo expuesto y fundamentado, quien suscribe se permite proponer con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo federal, a través de las instancias correspondientes, con la finalidad de que se implemente un programa abierto para la difusión sobre la cultura en el consumo del vino mexicano, encaminado a elevar el porcentaje del consumo de vino nacional en el país.
Palacio de San Lázaro, a 12 de abril de 2011.
Diputados: Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Francisco Armando Meza Castro (rúbrica), Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Héctor Fernández Aguirre, David Hernández Vallin (rúbrica), Tomasa Vives Preciado (rúbrica), César Mancillas Amador, Raúl Gerardo Cuadra García, Silvia Puppo Gastélum (rúbrica), Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica), Adriana Fuentes Cortés (rúbrica), Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Jaime Arturo Vázquez Aguilar (rúbrica), Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Kenia López Rabadán (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jesús Ramírez Rangel (rúbrica), César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), Julián Francisco Velázquez y Llorente (rúbrica), Oralia López Hernández (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Cruz López Aguilar (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica), Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Laura Viviana Agúndiz Pérez (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), Ramón Merino Loo (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la CNDH sobre la completa instauración y presentación de informes acerca del convenio Red Nacional de Atención Integral para Jóvenes, firmado con la Asociación Civil Convivencia sin Violencia, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII; 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el de la voz, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, diputado por de Sonora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, presenta a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La mayor riqueza con que cuenta un país radica en su población y, de manera especial, en los jóvenes, quienes representan la parte vital sobre la que reposa el futuro del país. Por jóvenes podemos entender, de acuerdo con la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, la población cuya edad quede comprendida entre 12 y 29 años.
En el país, la población de jóvenes ha aumentado considerablemente en los últimos años. El Censo de Población y Vivienda realizado en 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestra que el grupo de entre 10 y 29 años de edad abarca 40 millones 646 mil 497 personas, lo que representa 36 por ciento de la población en México.
Los jóvenes del país son un grupo poblacional vulnerable por diversas situaciones y problemas, como el hambre, la pobreza, la falta de acceso a la educación, al empleo y a los centros de salud, la falta de educación sexual, la falta de un ambiente sano, el uso indebido de drogas y la delincuencia juvenil, que afectan gravemente la esfera de sus derechos fundamentales.
Por eso debemos encontrar la forma de brindar todo el apoyo que las instituciones encargadas de la protección y promoción de los derechos humanos puedan darles, haciendo un esfuerzo por cuidar que se respeten de manera puntual todos los derechos de los jóvenes consagrados en la Constitución.
Entre éstos tenemos el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a un ambiente sano, los derechos políticos y el derecho a tener una vivienda digna.
De esa forma, se les ayuda a tener a su alcance un futuro lleno de posibilidades y de desarrollo tanto personal como económico; tomando en cuenta que el progreso de México está influenciado en gran medida por la juventud.
Lamentablemente, la situación en México en estos últimos años no ha permitido que la juventud mexicana goce plenamente de sus derechos humanos.
El último informe rendido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos muestra que se presentaron numerosas quejas en materia de seguridad, salud, migración, trata de personas y acoso escolar. Además de las quejas presentadas ante ese organismo autónomo, el panorama nacional deja muy claro que se necesita hacer un mayor esfuerzo en la materia.
Uno de los mayores problemas es la deserción escolar. En el tema, el Instituto Mexicano de la Juventud, en su programa de mediano plazo 2008-2012 da a conocer que sólo una mínima parte de los jóvenes se encuentran inserta en el sistema educativo nacional después de los 16 años, cuando la mayoría abandona la escuela según las estadísticas de la Encuesta Nacional de la Juventud 2005.
Además, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, organismo público federal, se encargó de presentar los indicadores que dan una referencia más clara de las cifras manejadas desde el punto de vista oficial acerca del estado que guarda la educación básica.
Así, la tasa de deserción que el organismo presentó en su informe revela que 21.8 por ciento de los jóvenes mexicanos no concluye la secundaria. Dejar la escuela antes del tiempo establecido significa el riesgo de continuar el aprendizaje predominantemente en las calles, truncando de manera drástica las capacidades y oportunidades de los jóvenes y aumentando también los riesgos de salud.
Otro problema latente es el originado por la falta de educación sexual, lo cual provoca que el número de madres adolescentes vaya en aumento. El Censo de Población y Vivienda de 2010 indica que 18.3 por ciento de los nacimientos registrados es de madres adolescentes menores de 20 años, de las que 35.6 por ciento cursaba estudios de secundaria.
Datos importantes que hay que tomar en cuenta son que 55.2 por ciento de los jóvenes mexicanos es pobre, mientras que 1 de cada 5 tiene ingresos familiares y personales tan bajos que no bastan para cubrir siquiera la alimentación básica. Esta condición de pobreza ocasiona marginalidad en los jóvenes que, en consecuencia, se convierten en víctimas de la explotación sexual. Se estima que en México, 16 mil adolescentes, en su gran mayoría mujeres, son víctimas de este lacerante delito.
La falta de orientación y de oportunidades ha provocado que aumenten los decesos de los jóvenes en México. Según estimaciones del Unicef, en 2007 cada semana fueron asesinados 8 jóvenes, mientras que otros 8 cometían suicidio.
En materia de empleo, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la población económicamente activa representa 58.1 por ciento de la que tiene 12 años y más. Sin embargo, la tasa de desocupación entre los jóvenes mexicanos alcanza altos niveles: 8.6 por ciento no encuentra trabajo.
Los jóvenes también han sido llamados a las filas de la delincuencia. Se habla de que en 2008, el total de presuntos responsables de la comisión de delitos del fuero común fue de 177 mil 261, de los que 47.4 por ciento corresponde a jóvenes, mientras que en el fuero federal ascendieron a 34 mil 856 presuntos responsables, de los que 41.4 por ciento fue cometido por personas de 15 a 29 años.
Las circunstancias profundamente desfavorables por las que atraviesan los jóvenes mexicanos han provocado la violación de sus derechos humanos.
Por esa razón, en 2010 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la asociación civil Convivencia sin Violencia firmaron un convenio donde sentaron las bases para implantar la Red Nacional de Atención Integral para Jóvenes. Dicha red tiene entre sus principales objetivos proponer programas de vinculación institucional con organismos públicos y privados que permitan ampliar la atención de los derechos humanos de los jóvenes.
Pese a los esfuerzos realizados por la CNDH por combatir la vulneración de los derechos fundamentales de la juventud, la situación no parece mejorar: como se observa, el panorama en México nos deja muy claro que este sector se encuentra en graves condiciones de vulnerabilidad y marginalidad.
Por esa razón se requiere a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la completa instauración y la presentación de informes acerca del convenio mencionado, con la finalidad de analizar la situación y determinar si se está cumpliendo con los compromisos contraídos, y no permitir que se sigan violentando de esta manera tan grave los derechos humanos de tantos jóvenes mexicanos.
Por lo expuesto, comparezco ante esta soberanía para presentar la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a efectuar la completa instauración y la presentación de informes acerca del convenio Red Nacional de Atención Integral para Jóvenes, firmado con la asociación civil Convivencia sin Violencia.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2011.
Diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que la Secretaría de Economía acelere el procedimiento para expedir la NOM aplicable a los productos y servicios de las compañías de telefonía fija y móvil en México, a cargo de la diputada Tomasa Vives Preciado, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Tomasa Vives Preciado, diputada federal en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo a fin de que la Secretaría de Economía expida la NOM aplicable para los servicios que ofrecen las compañías de telefonía móvil y fija, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece las pautas a seguir en materia de creación de normas, así como los conceptos y atribuciones de las autoridades, esto en los siguientes dispositivos:
Artículo 2o. Esta ley tiene por objeto:
II. En materia de normalización, certificación, acreditamiento y verificación:
a) Fomentar la transparencia y eficiencia en la elaboración y observancia de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas...
c) Establecer un procedimiento uniforme para la elaboración de normas oficiales mexicanas por las dependencias de la administración pública federal;
d) Promover la concurrencia de los sectores público, privado, científico y de consumidores en la elaboración y observancia de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas;
e) Coordinar las actividades de normalización, certificación, verificación y laboratorios de prueba de las dependencias de administración pública federal...
Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:
X-A. Norma o lineamiento internacional: la norma, lineamiento o documento normativo que emite un organismo internacional de normalización u otro organismo internacional relacionado con la materia, reconocido por el gobierno mexicano en los términos del derecho internacional;
XI. Norma oficial mexicana: la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación...
Artículo 38. Corresponde a las dependencias según su ámbito de competencia:
I. Contribuir en la integración del Programa Nacional de Normalización con las propuestas de normas oficiales mexicanas;
II. Expedir normas oficiales mexicanas en las materias relacionadas con sus atribuciones y determinar su fecha de entrada en vigor;
III. Ejecutar el Programa Nacional de Normalización en sus respectivas áreas de competencia;
IV. Constituir y presidir los comités consultivos nacionales de normalización...
Artículo 39. Corresponde a la Secretaría, además de lo establecido en el artículo anterior:
...
V. Expedir las normas oficiales mexicanas a que se refieren las fracciones I a IV, VIII, IX, XII, XV y XVIII del artículo 40 de la presente ley, en las áreas de su competencia...
Artículo 40. Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer:
...
III. Las características y/o especificaciones que deban reunir los servicios cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal o el medio ambiente general y laboral o cuando se trate de la prestación de servicios de forma generalizada para el consumidor...
XII. La determinación de la información comercial, sanitaria, ecológica, de calidad, seguridad e higiene y requisitos que deben cumplir las etiquetas, envases, embalaje y la publicidad de los productos y servicios para dar información al consumidor o usuario...
XVIII. Otras en que se requiera normalizar productos, métodos, procesos, sistemas o prácticas industriales, comerciales o de servicios de conformidad con otras disposiciones legales, siempre que se observe lo dispuesto por los artículos 45 a 47.
Los criterios, reglas, instructivos, manuales, circulares, lineamientos, procedimientos u otras disposiciones de carácter obligatorio que requieran establecer las dependencias y se refieran a las materias y finalidades que se establecen en este artículo, sólo podrán expedirse como normas oficiales mexicanas conforme al procedimiento establecido en esta ley...
Desde 2007 se habla de la necesidad de que sea creada una norma oficial mexicana para regular los servicios y productos ofrecidos por las empresas de telefonía en México, especialmente celular. Aunque debe decirse que dicha norma por fuerza debe abarcar el espectro de las empresas que prestan servicios de telefonía fija, esto porque el abanico de ofertantes creció y pasó de ser prácticamente sólo uno a más de 6 proveedores, entre otros: Telmex, Axtel, Maxcom, Alestra, Megacable, Avantel Y Bestel; además de las que proveen servicios de telefonía móvil: Telcel, Movistar, Unefon, Iusacell y Nextel.
En un principio la competencia trajo a nuestro país beneficios que eran de esperarse, como disminución de precios y costos en los servicios, mejor calidad y paquetes muy atractivos de opciones para el consumidor. Sin embargo, las cosas han cambiado con el tiempo; ahora la voracidad de estas empresas por captar mercado y clientes ha desatado una ola gigantesca e imparable de abusos de todo tipo contra el consumidor, algo así como tratar de ganar un peso más cada día al costo y, con las estrategia que sea, aunque se trate de formas arbitrarias, fraudes y engaños.
Las empresas de telefonía tanto fija como celular, aprovechan un enorme vacío de regulación en nuestro sistema jurídico: la falta de una norma oficial mexicana que establezca controles claros y precisos para los servicios que estas empresas ofrecen al público, una norma que les imponga deberes, controles y obligaciones en materia de calidad, transparencia, publicidad, certeza y seguridad jurídica para el consumidor y un sistema que permita la adecuada vigilancia de parte de las autoridades competentes.
En las estadísticas de la Profeco, las empresas de telefonía han ocupado desde hacer varios años el nada envidiable primer lugar en quejas y denuncias, y lo peor es que la tendencia lejos de revertir sigue a la alza, los abusos crecen año con año, y estas empresas gozan de una impunidad casi total, limitando a organismos como la propia Procuraduría Federal del Consumidor, a defender a los afectados con escasas opciones legales, y mayormente en base a las disposiciones generales de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Las empresas de telefonía ya citadas, cometen los abusos amparados en tres grandes debilidades jurídico-institucionales:
I. No están obligadas a publicar o registrar sus contratos de adhesión.
II. Ofrecen sus servicios en base a contratos de letra pequeña, y en la mayoría de los casos, se trata de “contratos” verbales, un vil ardid donde de forma oral ya sea en persona o por teléfono, se le ofrecen al clientes todas las bondades de un plan de servicios, para luego no cumplir con lo prometido y aplicar cobros o tarifas que no fueron las “pactadas”.
III. Aprovechan la ignorancia del consumidor en cuanto a sus derechos y con relación a que es mejor no aceptar este tipo de convenios verbales y exigir que sean por escrito.
Entre los abusos más comunes denunciador por los clientes de estas empresas se encuentran los siguientes:
• Empresas de telefonía fija
I. Mal servicio en cuanto a la señal: se corta, falla con los cambios de clima, tardan mucho en reparar el problema.
II. Abuso y cobros indebidos en las tarifas: lo que dicen en la publicidad o lo que menciona el “asesor” que ofrece el servicio a la persona, no es lo mismo en los hechos; cobran llamadas que no se hicieron, cobran servicios como el buzón de voz, y la llamada en espera, cuando le habían dicho al consumidor que serían servicios gratuitos.
III. Incumplimiento del plan contratado (una de las más comunes, sino es que casi la más frecuente)
III. Cobran por llamadas que no contestaron los destinatarios.
IV. Imponen penalizaciones por rescindir el contrato antes de tiempo, a pesar de hacerlo por causas atribuibles al proveedor.
V. Imponen seguros de vida, seguros de asistencia en el camino y otras “prestaciones” sin que tú lo hayas autorizado.
VI. Cobran aunque el servicio haya estado fallando por varios días o semanas.
Entre otros.
• Empresas de telefonía celular
I. Mala señal y mala cobertura.
II. Abuso y cobros indebidos en las tarifas.
III. Incumplimiento del plan contratado.
IV. Robo de tiempo aire comprado
V. Promociones engañosas de tiempo aire: lo cortan aunque no se haya usado, se desaparece el saldo remanente y cobran minutos de más.
VI. Incumplimiento o mal servicio de Internet, y de otros adicionales.
VII. Cambian de plan sin avisarle al usuario y sin su permiso; y
VIII. No respetan la garantía del aparato en caso de falla.
Entre otras.
Lo que hace poco era una ventaja para los mexicanos, hoy ha dejado de serlo, los clientes y usuarios de la mayoría de estas empresas de servicios de telefonía han tenido que aprender a ser víctimas de la opacidad, la falta de seguridad jurídica y el perjuicio económico.
Urge que de inmediato o al menos en breve tiempo sea creada la norma oficial mexicana que meta en cintura a estos proveedores
Por lo expuesto y se?lado, proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Economía acelerar el procedimiento para expedir la norma oficial mexicana aplicable a los productos y servicios que ofrecen las empresas de telefonía fija y móvil en México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2011.
Diputada Tomasa Vives Preciado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP y a la ASF a practicar una auditoría fiscal y administrativa a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para conocer el estado de la administración de los recursos públicos y programas de ésta, a cargo del diputado Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila, del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito, Víctor Manuel Galicia Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a consideración de la honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En mi calidad de diputado federal plurinominal con residencia en Ensenada, Baja California, han llegado a mi persona, por pescadores y entidades dependientes del sector pesquero de la zona, diversas inquietudes en el manejo de los recursos, programas y proyectos a cargo de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca), encabezada desde septiembre de 2003 por el ingeniero Ramón Corral Ávila.
En estas peticiones manifiestan constantemente un presunto manejo discrecional de los programas por la Conapesca, donde la constante de los pescadores es el favoritismo en el otorgamiento de permisos de pesca de especies de alto valor comercial a organizaciones de dudosa honorabilidad, la inducción a la compra de motores de determinada marca, supuestas detenciones de pescadores que realizan su actividad para consumo propio y el manejo de los recursos de los programas de la comisión en favor de grupos privilegiados.
Los desatinos de la Conapesca en Baja California han causando enfrentamientos entre los pescadores, las autoridades locales y las federales y los comerciantes que dependen del ramo, los que agudizan la crisis económica y social de la zona.
Por la tensa problemática que atraviesa el sector pesquero, someto a consideración de esta soberanía que se exhorte a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a practicar una auditoria para conocer el estado financiero y de la administración de los recursos públicos y programas de apoyo manejados por la Conapesca.
Con esta solicitud de auditoría podremos conocer resultados precisos, documentación, registro y operaciones efectuadas por la Conapesca para comprobar que los recursos públicos se hayan destinado de acuerdo con las normas que regulan la administración pública.
Esto, a fin de conocer los errores administrativos que mantienen al sector en crisis económica y con ello encontrar un instrumento para legislar en la búsqueda de errores en el manejo de los recursos y programas, así como fincar responsabilidades a los funcionarios y entes privados que hayan hecho uso indebido de recursos destinados al progreso del sector pesquero.
Es importante para el sector pesquero que se investigue el estado patrimonial, financiero y reditual de la institución que debe dar desarrollo a quienes dependen de la pesca, se presenten datos precisos para conocer a quienes han beneficiado los programas y apoyos manejados por la comisión y conocer la sanidad de las finanzas de dicha entidad.
Esta auditoría nos serviría para prevenir los errores presupuestales, para dar al ramo recursos a rubros que generen oportunidades y desarrollo para quienes se dedican a la pesca, además de poder conocer las faltas administrativas que puedan surgir de esta administración.
También nos servirá para ubicar los puntos de conflicto que, como en Baja California, se presentan en todo el país, y que se pueda proceder en el seguimiento legislativo y penal de las anomalías que presentara la Conapesca, institución que debe generar productividad y unidad para los pescadores mexicanos, no problemas y conflictos.
Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría fiscal y administrativa a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para conocer el estado de la administración de los recursos públicos y programas de dicha institución.
Dado en el Palacio Legislativo, a 12 de abril de 2011.
Diputado Víctor Manuel Galicia Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a reconocer como centro regional de alta especialidad el hospital central Doctor Ignacio Morones Prieto, de San Luis Potosí, a cargo del diputado César Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito diputado César Octavio Pedroza Gaitán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, fracción I y 79, apartado 1, fracción II y apartado 2, así como los demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados vigente, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
1. Que de acuerdo con el artículo 77 Bis 10 de la Ley General de Salud los regímenes estatales de protección social en salud deberán destinar los recursos necesarios para la inversión en infraestructura médica, de conformidad con el plan maestro elaborado por la Secretaría de Salud.
2. Que de acuerdo con el artículo 77 Bis 30, primer párrafo de la Ley General de Salud es competencia de la Secretaría de Salud determinar las unidades médicas que reúnen los requisitos para ser considerados centros regionales de alta especialidad.
3. Que de acuerdo con el artículo 77 Bis 30, primer párrafo de la Ley General de Salud, el objetivo del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos es fortalecer la infraestructura médica de alta especialidad y su acceso o disponibilidad regional.
4. Que de acuerdo con el artículo 77 Bis 30, tercer párrafo de la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud emitirá los lineamientos para determinar los fondos que recibirán los centros de alta especialidad.
5. Que de acuerdo con el artículo 77 Bis 30, cuarto párrafo de la Ley General de Salud, los servicios estatales de salud y los regímenes estatales de protección social en salud se sujetarán al plan maestro de infraestructura emitido por la Secretaría de Salud.
6. Que de acuerdo con el artículo 77 Bis 30, cuarto párrafo de la Ley General de Salud, las instalaciones médicas deben contar con el certificado de necesidad, emitido por la Secretaría de Salud, y ser incluidas en el plan maestro de infraestructura para poder recibir aportaciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
7. El hospital central Doctor Ignacio Morones Prieto, es reconocido como hospital de tercer nivel y centro de atención regional al brindar 10 por ciento de los servicios a población de los estados de Zacatecas, Jalisco, Hidalgo, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro.
8. Que cuenta con el certificado de hospital de especialidades desde el año 2000 y fue recertificado en el año 2005 como tal. Motivos por los cuales se exhorta para que se le reconozca como Centro Regional de Alta Especialidad.
9. Que en la actualidad está acreditado para atención del Seguro Popular y centro de referencia estatal del gasto catastrófico.
Por lo expuesto, someto a su consideración, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud del Ejecutivo federal a reconocer al hospital central Doctor Ignacio Morones Prieto, de la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, como centro regional de alta especialidad. De igual forma, exigimos respetuosamente que, además de que sea reconocido como hospital regional de alta especialidad, se le asignen los recursos acorde con la naturaleza y funciones que actualmente realiza en beneficio no sólo de los ciudadanos más necesitados de San Luis Potosí, sino también de los ciudadanos de la zona centro del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2011.
Diputado César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar una enérgica campaña contra el cáncer de próstata, a cargo de la diputada Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada Ana Estela Duran Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a que implemente una enérgica campaña contra el cáncer de próstata con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
La salud es un asunto de especial importancia para la sociedad y al gobierno en sus distintos órdenes. La atención a este rubro precisa una corresponsabilidad en las tareas de detección de necesidades, organización y planeación, prestación de servicios de salud, seguimiento y evaluación del impacto de las acciones emprendidas dentro de las políticas públicas de la salud.
Desgraciadamente, en los últimos años podemos apreciar el incremento de las enfermedades crónico-degenerativas, como el cáncer en sus distintos tipos. Es evidente que ciertos tipos cáncer afectan más a diversos grupos de la población, como es el caso de próstata, el cual es exclusivo de los hombres.
En los hombres, el cáncer de próstata ocupa el (15.7 por ciento) entre los enfermos con tumores cancerígenos. En 2007 se presentaron 4 mil 435 defunciones por este tumor, en mayores de 65 años, lo que representa una tasa de 170.4 por cada 100 mil hombres del grupo de edad.
El número de pacientes con cáncer de próstata en México se ha incrementado 30 por ciento, al registrarse al año un promedio de nueve mil 650 casos nuevos, en especial en hombres mayores de 40 años según datos de la Sociedad Mexicana de Urología.
Estas cifras, indican que aún nuestro país no cuenta con la cultura suficiente de la prevención y revisión para atención de este cáncer, ello debido a que existe desinformación y falta de conciencia. La incidencia de cáncer avanzado es más frecuente que el localizado, porque hay una baja incidencia en buscar una revisión o chequeo periódico, lo que refleja que los mexicanos actualmente no tienen conciencia de lo importante que es la revisión para evitarlo ya que por machismo o prejuicio, no acuden al médico a hacerse un tacto rectal para detectar el antígeno prostático, que según citan fuentes médicas es más certero y contribuye a corroborar el examen de sangre y el ultrasonido.
Es visto como una enfermedad de hombres mayores, aunque su prevalencia esta incrementándose en hombres jóvenes. Estudios recientes han encontrado importantes aumentos en hombres menores de 60 años.
En el caso del país, desafortunadamente, se ha dicho que debido a la mala información, prejuicios y falta de cultura, son pocos los casos en que los hombres acuden periódicamente a revisión, y es todavía menos común que se sometan a un examen para determinar si están en riesgo de enfermarse o, incluso, si ya padecen alguna enfermedad prostática.
El sistema de salud debe contribuir al bienestar general de la población, apoyar el desarrollo social y coadyuvar en la prevención. Entendiendo que una población saludable produce desarrollo social y a su vez el desarrollo social genera mejores condiciones de salud de la población.
Es urgente integrar y ejecutar acciones que nos permitan transitar de un tratamiento tardío a evitar las enfermedades y las muertes que de ellas se deriven. Por ello es menester que el gobierno federal impulse una campaña con la misma fuerza que impulsa la prevención de otras enfermedades, hacia la atención de este mal que afecta a un importante número de hombres de nuestro país, así como destinar recursos específicos para atender a esta enfermedad silenciosa, que por prejuicios en ocasiones no se detecta ni se trata a tiempo.
Consecuente con lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a instrumentar –a través de la Secretaría de Salud– una enérgica campaña permanente contra el cáncer de próstata, así como a que se destinen en un rubro específico para el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación recursos para prevención y atención de esta enfermedad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2011.
Diputada Ana Estela Durán Rico (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas locales y a esta soberanía a realizar o completar las reformas constitucionales y legales necesarias para establecer el deber de que las penas sean impuestas y modificadas por autoridad judicial, conforme al párrafo tercero del artículo 21 constitucional, a cargo del diputado César Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, César Octavio Pedroza Gaitán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, apartados 1, fracción II, y 2, así como los demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados vigente, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
1. Que en el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 se reformó el párrafo tercero del artículo 21 de la Constitución, con lo cual se estableció expresamente y de manera exclusiva la competencia para la modificación de las sentencias penales al Poder Judicial.
Estados como Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, México, Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas han reconocido en su cuerpo normativo secundario la figura del juez de ejecución de sentencias penales, de ejecución de la pena o el juez de vigilancia penitenciaria.
Si bien la Constitución federal establece que la modificación de la pena será exclusiva del Poder Judicial, esto no ha impedido que estados como Baja California, Chihuahua, Durango, México y Sinaloa ampliaran las facultades del Poder Judicial para realizar visitas y supervisar los centros de reinserción, a fin de constatar el respeto de los derechos fundamentales y penitenciarios de los internos.
Mientras, estados como Oaxaca y Guanajuato recocieron en el proceso de reforma del sistema de justicia penal la figura del juez de ejecución de sentencia en sus códigos de procedimientos penales. Sin embargo, les falta adecuar su norma específica de ejecución de sentencias a lo establecido en la reforma de sus códigos penales.
Por otro lado, en Tamaulipas se establece la facultad de modificar las sanciones, penas y medidas sustitutivas al juez de la causa, en lugar de crear la figura de juez de ejecución de sentencias penales o su similar.
2. De acuerdo con el artículo quinto transitorio del multicitado decreto, las legislaturas locales cuentan con tres años, contados a partir de la publicación del decreto, para adecuar su marco normativo y la entrada en vigor de éste de acuerdo con la reforma. El plazo vence el 18 de junio de 2011.
Como se desprende del considerando anterior, la mayoría de las entidades federativas aún no han realizado las adecuaciones necesarias para cumplir este deber constitucional en tiempo y forma.
Entre los estados que aún no adecuan sus cuerpos normativos se encuentran Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Mientras, Oaxaca y Guanajuato necesitan adecuar la legislación específica de ejecución de sentencias para dar vigencia a esta figura.
Considerando que aún no vence el término, es de esperar que las entidades federativas concluyan sus procesos legislativos para que puedan cumplir este deber constitucional.
3. Que de acuerdo con el considerando anterior, de igual forma esta soberanía debe establecer la reforma en el cuerpo normativo federal a más tardar el 18 de junio de 2011. En este tenor se cuenta con dos antecedentes para el juez de ejecución de sentencias para adultos, así como la creación del juez de ejecución en adolescentes.
Las iniciativas presentadas para crear la figura de juez de ejecución en adultos son las siguientes:
• Proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Ejecución de Sanciones Penales; se adicionan la fracción IV al artículo 50 y el artículo 50 Quáter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se reforma el artículo 30 Bis, fracción XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se abroga la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, presentada por el diputado José Luis Ovando Patrón, del Grupo Parlamentario del PAN, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 25 de junio de 2010 y turnada para dictamen a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
• Proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del PRD, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 11 de noviembre de 2010 y turnada para dictamen a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Por otro lado, la iniciativa presentada para crear la figura de juez de ejecución en adolescentes, por medio de la expedición de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, es la siguiente:
• Proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes; adiciona una fracción VI al artículo 1o., adiciona un artículo 50 Quáter y uno 50 Quintus a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; adiciona la fracción XXV al artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; adiciona un inciso d) al artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y reforma los artículos 4o., fracción I, 10, y adiciona uno 12 Bis a la Ley Federal de Defensoría Pública, presentada por el diputado José Luis Ovando Patrón, del Grupo Parlamentario del PAN, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 24 de mayo de 2010 y turnada para dictamen a la Comisión de Justicia.
Estos tres proyectos se encuentran pendientes para ser dictaminados y, de esa forma, continuar el proceso legislativo para que esta Soberanía cumpla en tiempo y forma su deber constitucional.
Por lo expuesto, se somete a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las legislaturas locales y a esta soberanía a realizar o completar las reformas constitucionales y legales para establecer el deber de que las penas sean impuestas y modificadas por autoridad judicial de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2011.
Diputado César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ampliar el beneficio marco del decreto por el que se hace deducible el pago de colegiaturas en los niveles preprimaria, primaria, secundaria y educación media superior a quienes cursan la educación superior y a los que realizan estudios de posgrado en territorio nacional o en el extranjero, a cargo del diputado Hugo Héctor Martínez González, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Hugo Héctor Martínez González, en nombre de los diputados de Coahuila del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado 14 de febrero, el presidente de la República dio a conocer un decreto mediante el cual se hacen deducibles los pagos de colegiaturas a los estudiantes que cursan la educación básica y la educación media superior.
Dicho decreto considera conveniente otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes que realizan estos pagos, a efecto de que en el cálculo de su impuesto sobre la renta anual puedan deducir los pagos efectuados por concepto de los servicios de enseñanza que realicen para sí, para su cónyuge o para la persona con quien vivan en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, para los tipos de educación básico y medio superior, cuando dichos pagos se realicen a instituciones educativas privadas del país que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial.
Recibimos este anuncio con las reservas necesarias, dado que el titular del Ejecutivo ha comenzado a tomar decisiones que corresponderían analizar y aprobar al Poder Legislativo, y al parecer son meramente electoreras.
Cabe mencionar que este decreto sólo viene a reafirmar lo que hemos venido diciendo: el gobierno federal actúa tardíamente ante los hechos que más vulneran a la sociedad.
En la legislatura pasada se presentaron diversas iniciativas en ese sentido. Y, ¿cuál fue la respuesta de la Secretaría de Hacienda? Que no era viable. En esta legislatura se han presentado varias en ese sentido, una de ellas es la del diputado Miguel Ángel Riquelme Solís, la cual solicitaba que los pagos que realizan los contribuyentes por concepto de colegiaturas fueran deducibles de impuesto, así como que también se aplicara la deducibilidad a las cuotas que por concepto de becas están obligadas a otorgar las escuelas particulares. Dichas iniciativas, igual que otras que versan en el mismo sentido, se encuentran en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Por otro lado, hay que mencionar que dicho anuncio alivia un poco la situación de cierto sector de la población, pero también es cierto que el decreto propuesto por el Ejecutivo se queda corto, lo que demuestra la falta de criterio del Ejecutivo, el problema de la educación en México no sólo se da en la educación básica, la falta de cobertura, infraestructura, calidad de la educación y evaluación se da en la educación superior y los posgrados.
Según declaraciones del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el país tuvo para el ciclo 2010-2011 una cobertura 3 millones 32 mil 824 estudiantes, lo que equivale a 30.5 por ciento de la solicitud de matrícula en educación superior; es decir, que 7 de cada 10 jóvenes que aspiren a estudiar un nivel superior no tendrán acceso a una carrera universitaria. Eso nos coloca 4 puntos porcentuales por debajo de la media de los países que integran América Latina; ni qué decir de países como Argentina, que tiene una cobertura de 70 por ciento, Incluso Chile y Venezuela tienen 52 por ciento de cobertura, mientras que Panamá, Colombia, Perú y Brasil rebasan los niveles de México. Esta falta de cobertura trae como consecuencia que sólo 12 por ciento de la población que ingresa en primaria termine los estudios superiores.
Son varias las causas para este fenómeno. Una de ellas, tal vez la principal, es la falta de infraestructura y oportunidad de continuar sus estudios, es por esto que los estudiantes tienen que recurrir a instituciones de educación privadas de cualquier tipo, con el fin de terminar sus estudios y es así que los padres o ellos mismos tienen que realizar un esfuerzo por solventar los gastos que se generan.
Todo esto, en un ambiente de supuesta recuperación económica, donde la situación por la que atraviesa el país no es alentadora. Basta ver que la crisis que 2008 afectó principalmente a los jóvenes con un nivel de educación bajo, generando un aumento de cerca de 5 puntos porcentuales de la tasa de desempleo entre 2008 y 2009 para los alumnos que no completaron los estudios de preparatoria. De igual manera, 45 por ciento de jóvenes de entre 15 y 19 años que se encuentran fuera del sistema educativo estaba desempleado en 2008 o no formaba parte de la fuerza laboral.
Esto es sólo parte del problema de uno mayor, ya que el hecho de terminar una carrera profesional no garantiza encontrar un empleo, pues el gobierno federal no ha realizado su trabajo tanto en la generación de empleo como en garantizar las condiciones necesarias para que empresas extranjeras inviertan en México. Basta ver el incremento de los índices de desempleo.
Por eso, los pocos que tienen la oportunidad de terminar una carrera, se encuentran ante un panorama negro al salir a buscar un empleo. Son aun menos los que cuentan con la oportunidad de seguir estudiando un posgrado, por lo que consideramos que este beneficio otorgado a la educación básica y a la educación media superior debería ser ampliado a la educación superior y a los alumnos que cursan posgrados. Con ello estaríamos ampliando las posibilidades de que más estudiantes pudiesen realizar especializaciones y elevar el nivel de capacitación de los profesionales.
Los primeros pasos para elevar el nivel de competitividad del país y, por ende, la calidad de los mexicanos es elevar la posibilidad de que la mayor parte de la población tenga acceso a los servicios de educación, además que está demostrado que las inversiones en educación son las más rentables y aumentan los beneficios para los individuos, las economías y los contribuyentes.
Por lo expuesto me permito someter a consideración de la asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a ampliar el beneficio del decreto por el que se hacen deducibles los pagos por concepto de colegiaturas en educación básica y educación media superior para los estudiantes que cursan la educación superior y los que realizan estudios de posgrado en territorio nacional o en el extranjero.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2011.
Diputados: Hugo Héctor Martínez González, Francisco Saracho Navarro, Melchor Sánchez de la Fuente, Diana Patricia González Soto, Josefina Rodarte Ayala, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez, Noé Garza Flores (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas locales a realizar o completar las reformas constitucionales y legales necesarias para establecer la responsabilidad patrimonial del Estado, conforme al párrafo segundo del artículo 113 constitucional, a cargo del diputado César Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado César Octavio Pedroza Gaitán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, apartado 1, fracción II, y apartado 2, así como los demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados vigente, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
1. Que de acuerdo al decreto por el que se aprueba el diverso por el que se modifica la denominación del Título Cuarto y se adiciona un segundo párrafo al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado el 14 de junio de 2002 en el Diario Oficial de la Federación establece con la adicción del segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Federal la Responsabilidad Patrimonial del Estado por una actividad administrativa irregular.
Con lo cual, se reconoce el derecho de la población para solicitar la indemnización por daños causados por la actividad administrativa irregular de los tres órdenes de gobierno. Ya que anterior a la reforma constitucional el particular solamente podía reclamar daños y perjuicios por una acción solidaria dentro del proceso de responsabilidad de los servidores públicos, debiendo en todo caso demostrar la actuación ilegal y no solamente la irregularidad de la acción.
Es decir, esta adición establece que la responsabilidad de los órdenes de gobierno por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.
2. Que de acuerdo al único transitorio del decreto por el que se aprueba el diverso por el que se modifica la denominación del título cuarto y se adiciona un segundo párrafo al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado el 14 de junio de 2002 en el Diario Oficial de la Federación la Federación, las entidades federativas y los municipios deben reformar las Constituciones locales y adecuar las disposiciones jurídicas secundarias para establecer la responsabilidad patrimonial del estado a más tardar el 1 de enero de 2004, siguiendo los siguientes criterios:
a) El pago de la indemnización se efectuaría después de seguir los procedimientos para determinar que al particular efectivamente le corresponde dicha indemnización; y
b) El pago de la indemnización estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal de que se trate.
3. Que se ha detectado que solamente los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luís Potosí y Tamaulipas han concluido su proceso de reforma constitucional de acuerdo a la reforma federal en comento, así como la adecuación de sus normas secundarias.
Por otro lado, los estados de Querétaro y Veracruz cuentan con la normativa secundaria sobre la Responsabilidad Patrimonial del Estado, pero aún es necesaria la adecuación de sus constituciones locales.
Por último, los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas a la fecha no han realizado la reforma constitucional y la adecuación de su marco jurídico secundario de acuerdo a los elementos del único transitorio del multicitado decreto. Considerando que los órdenes de gobierno tienen como término 1 de enero de 2004, se observa que gran cantidad de estados están en incumplimiento de un deber constitucional.
Limitando el derecho de las personas para ser indemnizadas por la actuación indebida de las autoridades.
Por lo expuesto, someto a su consideración, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las legislaturas locales a realizar o completar las reformas constitucionales y legales para establecer la responsabilidad patrimonial del estado de acuerdo al párrafo segundo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2011.
Diputado César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la CFE a reclasificar las tarifas eléctricas de San Pedro, Francisco I. Madero, San Buenaventura, Frontera y Sierra Mojada, Coahuila, según las mediciones efectuadas por las estaciones meteorológicas instaladas en la entidad, a cargo del diputado Hugo Héctor Martínez González, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Hugo Héctor Martínez González, en nombre de los diputados de Coahuila del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Antecedentes
Diversos sectores de la sociedad coahuilense se han manifestado públicamente contra los excesivos cobros de las tarifas eléctricas que cada bimestre se reflejan en sus recibos de luz, argumentando que afecta directamente la economía de sus familias y particularmente a las de menores ingresos.
La población más afectada es la que habita en regiones donde las condiciones climáticas la obligan a utilizar, en mayor medida, sistemas de ventilación y aire acondicionado para mitigar los efectos de la temperatura ambiental, lo que implica mayor consumo de electricidad.
Legisladores por Coahuila se dieron a la tarea de presentar ante la Cámara de Diputados el 23 de marzo de 2010 proposiciones con punto de acuerdo cuyo objetivo fue exhortar a las instancias federales correspondientes a reclasificar las tarifas eléctricas en Monclova, Castaños, Candela, Sacramento, Abasolo, Escobedo, Progreso, Juárez, Allende, Morelos, Villa Unión, Cuatro Ciénegas, Lamadrid, Nadadores, Ocampo, San Buenaventura, San Pedro, Sierra Mojada y Francisco I. Madero.
Después del proceso legislativo correspondiente, el 20 de abril de 2010 la Comisión de Energía aprobó tres puntos de acuerdo con resolutivos que realizaban exhortos a la Comisión Federal de Electricidad a revisar la clasificación tarifaria y evaluar la viabilidad de considerar la temperatura de sensación y la humedad en el costo de las tarifas eléctricas. También se exhortó a la Comisión Nacional del Agua a evaluar la posibilidad de modernizar la infraestructura empleada para la medición de la temperatura en la fijación de tarifas.
Consideraciones
Primera. A un año de haber sido realizados por esta soberanía ambos exhortos, tanto a la CFE como a la Conagua, desafortunadamente la población de Coahuila sigue padeciendo los excesivos cobros de luz eléctrica.
Segunda. Fueron adquiridas nueve estaciones meteorológicas, con el objetivo de demostrar a las instancias federales lo extremo de las temperaturas en muchas de las localidades de Coahuila y así estar en posibilidades de que se incremente el subsidio en electricidad. Las mediciones arrojadas por las estaciones sustentan la necesidad de que se realice una reclasificación de las tarifas en beneficio de la población.
Tercera. Coahuila genera 15 por ciento de la energía eléctrica del país mediante la carboeléctrica situada al norte del estado, con los pasivos que ello causa en materia de contaminación y el riesgo de los mineros que extraen el carbón para producir energía. Es injusto que en muchos de municipios con clima extremo tengan una tarifa eléctrica más cara que algunas ciudades del centro del país.
Cuarta. Desde el 7 de febrero de 2002, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expidió el decreto que autorizaba el ajuste, la modificación y la reestructuración de las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, y reducía el monto del subsidio a las tarifas domésticas. Afectó directamente el bolsillo de miles de coahuilenses, particularmente a los de la región carbonífera.
Quinta. Los municipios de la región centro, norte y carbonífera de Coahuila registran en época de verano e invierno temperaturas verdaderamente inclementes, obligando con ello a altos consumos de electricidad, con el riesgo de que de no hacerlo se ponga en peligro la propia vida, especialmente la de niños y de personas de la tercera edad.
Sexta. En marzo pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció la reducción de tarifas eléctricas para Ocampo, Cuatro Ciénegas, La Madrid, Sacramento y Nadadores.
Por lo expuesto resulta oportuno que una vez más los legisladores por Coahuila levantemos la voz para someter a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a reclasificar tarifas eléctricas de San Pedro, Francisco I. Madero, San Buenaventura Frontera y Sierra Mojada, Coahuila.
Lo anterior, en virtud de la reducción tarifaria de Ocampo, Cuatro Ciénegas, La Madrid, Sacramento y Nadadores, que cuentan con un clima semejante a los municipios para los cuales solicitamos que esa disminución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2011.
Diputados: Hugo Héctor Martínez González, Francisco Saracho Navarro, Diana Patricia González Soto, Tereso Medina Ramírez, Héctor Franco López, Héctor Fernández Aguirre, Noé Garza Flores, Josefina Rodarte Ayala, Melchor Sánchez de la Fuente (rúbricas).
Con motivo del 7 de abril, Día Mundial de la Salud, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD
“La primera riqueza es la salud.”
Emerson
El 7 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Salud. En todos los rincones del planeta, cientos de eventos conmemoran la importancia de la salud para una vida productiva y feliz.
El Día Mundial de la Salud se celebra en esta fecha porque en un mismo día del mes de abril, pero del año de 1948 entró en vigor la Constitución de la Asamblea Mundial de la Salud, que fue firmada por 61 países entre ellos México, con ello quedó conformada la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el fin de recordar lo importante que es apoyar a las personas de todos los rincones del mundo en el cuidado y protección de su salud.
La salud derecho elemental de hombres y mujeres por igual, ha sido definida por la Organización de las Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades, 1 esto quiere decir que una persona saludable es la que tiene un organismo que funciona bien, se relaciona bien con los demás, es productiva y tiene las condiciones para hacerlo.
Por estas razones, proteger y conservar la salud es principalmente una responsabilidad de cada ser humano, pero lo es también del Estado quien debe prevenir y procurar que cada uno de los hombres y mujeres a los que sirve gocen cabalmente de salud.
El estado de la salud es un importante indicador del nivel de satisfacción de las necesidades básicas, representadas por la calidad de: la alimentación, la cobertura médica, la vivienda, el trabajo, la educación y el ambiente. La imposibilidad de acceder a las necesidades básicas es sinónimo de deterioro de la salud y pronóstico de peligro y daño. A partir de ello se desprende la ineludible e indelegable necesidad de generar los mecanismos a través de los cuales se brinden las posibilidades del acceso a la salud con calidad a todo ser humano.
Otro indicador del bienestar de la población, lo constituye la esperanza de vida al nacer, en la actualidad de acuerdo a cifras oficiales se tiene una línea base de 75-77 años, 2 lo cual si bien es un avance significativo, nos lleva también a reflexionar cual es la calidad de vida de los mexicanos desde que nacemos hasta la etapa de la vejez, etapas en la que los cuidados deben ser más esmerados.
Mucho se escucha a través de la publicidad oficial sobre un mayor número de construcciones y equipamiento de infraestructura hospitalaria sin embargo la calidad de vida de los mexicanos es hoy más paupérrima con un aumento notable de casos de alcoholismo y drogadicción que vulneran la integridad de las familias mexicanas y de la sociedad en su conjunto.
El acceso de los ciudadanos a los sistemas de salud pública no esta garantizado, pese a la construcción de nuevas clínicas y hospitales el denominado seguro popular resulto ser una carga excesiva para la infraestructura existente al momento de ejecutarse este programa, el cual a la fecha sigue demeritando el servicio para los derechohabientes de la seguridad social,
Que decir de los grupos señalados dentro del rango de vulnerabilidad como lo son las mujeres que a temprana edad se embarazan producto de condiciones de miseria e ignorancia y a las cuales los prejuicios de una sociedad basada en una moral retrograda les niega el derecho a suspender su embarazo cuando ellas no desean continuarlo, estamos ciertos que jamás les llego platica alguna de sexualidad; o de los enfermos contagiados del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida quienes tienen hoy que vivir en la zozobra ante la necesidad de medicamentos que no se encuentran en el cuadro básico para la atención de su enfermedad y cuyo trato por parte de los propios servidores de salud es de rechazo cuando menos; y también que decir de los jóvenes que ante la falta de atención no sólo de sus padres sino del propio estado canalizan su potencial en sustancias tóxicas que les llevan a evadir una realidad llena de ignominia y que les llevan a engrosar el índice de mexicanos con alguna enfermedad mental.
Se ha señalado insistentemente que en materia de salud lo más conveniente es una cultura de la prevención, la cual debe ser piedra angular de cualquier política pública en el tema. El acceso a la seguridad social y a los servicios públicos de salud es una exigencia de derechos fundamentales. El acceso a la salud, se encuentra interrelacionada con otras necesidades de primer orden, como el empleo, la vivienda, la alimentación adecuada y la educación; que nos permitan hablar no solo de personas sanas sino de una sociedad saludable.
Por ello en esta ocasión que el mundo celebra el Día Mundial de la Salud, queremos unirnos a la conmemoración, recordando que hay mucho que atender y mucho que se ha dejado de hacer para que este nuestro querido México cuente con niveles de salud optima.
Este año la OMS, dedica la conmemoración al combate de la resistencia a los antibióticos, nos encontramos en el inicio de una lucha contra la enfermedad en sí y frente a la necesidad de fortalecer el acceso a la salud en forma universal.
Notas
1 www.httpsaludintegral.grilk.com. Fecha de ingreso 4 abril de 2011.
2 http://portal.salud.gob.mx/descargas/pdf/plan_sectorial_salud.pdf. Fecha de ingreso 4 abril de 2011
Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)