De la Comisión del Distrito Federal, relativa a novena reunión ordinaria, celebrada el viernes 11 de febrero de 2011

Siendo las 12:00 horas del 11 de febrero de 2011, en la zona C del edificio G de la Cámara de Diputados, ubicada en la avenida Congreso de la Unión número sesenta y seis, colonia El Parque, se reunieron los legisladores integrantes de la Comisión del Distrito Federal.

La diputada Gabriela Cuevas Barron, en su calidad de presidenta de la comisión, hizo uso de la palabra para proponer a los presentes que, en razón de no existir el quórum reglamentario para dar inicio formal a la reunión, se pudiera ir avanzando en la discusión de los dictámenes que estaban programados en el orden del día para que, una vez reunido el quórum, se pudieran votar para su aprobación.

Asimismo, la presidenta comentó que los proyectos de dictámenes habían sido previamente distribuidos entre los integrantes, motivo por el cual únicamente se enunciarían los títulos de los ocho puntos de acuerdo que se encontraban enlistados en el orden del día a fin de abrir la discusión de cada uno de ellos.

El primero de los puntos de acuerdo proponía exhortar a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal (DF) a informar con qué tecnología cuenta para la prevención de sismos, así como a coordinarse con la Secretaría de Gobernación para hacer extensivo el sistema de alerta temprana a las entidades federativas con riesgo sísmico.

El secretario, diputado Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, preguntó a los integrantes de la comisión si alguno tenía comentarios sobre el particular. Al no haber participaciones, se dio lectura al siguiente punto de acuerdo por el que se proponía exhortar a las autoridades competentes del gobierno del DF a balizar los carriles de circulación del tramo de la carretera México-Toluca, conocido como La Puerta, a la avenida Constituyentes. La presidenta de la comisión puntualizó que este punto se desechaba porque las autoridades ya habían emprendido las acciones correspondientes.

El secretario abrió la discusión para la participación de los integrantes de la comisión y, no existiendo ningún comentario adicional, se pasó al siguiente asunto.

El tercer punto de acuerdo planteaba exhortar al gobierno del Distrito Federal y a los jefes delegacionales a cumplir cabalmente con la normatividad vigente en la capital. La presidenta de la comisión señaló que la propuesta de dictamen era en sentido negativo y abrió la participación de los integrantes de la comisión. Al no haber ninguna intervención se pasó al siguiente asunto.

La presidenta expresó que el cuarto punto de acuerdo contenía un exhorto al titular del gobierno del Distrito Federal para que diera cumplimiento a la entrega del subsidio para la seguridad pública de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (Subsemun) con la finalidad de que las 16 delegaciones puedan ejercer estos recursos de manera autónoma conforme a la fórmula que refleja los criterios establecidos por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010. Acto seguido, manifestó que la propuesta del dictamen contenía algunas modificaciones y abrió la discusión del mismo.

Al no haber oradores en contra, se pasó al siguiente asunto, el cual proponía exhortar al jefe de gobierno del Distrito Federal a recibir en audiencia a los vecinos afectados por la construcción del proyecto vial Súper Vía Poniente, con la finalidad de proporcionarles la información completa respecto a la afectación que ocasionaría el desarrollo de dicha obra. La presidenta de la comisión precisó que este punto de acuerdo fue presentado por la diputada Leticia Quezada y que el proyecto de dictamen se había sustentado, principalmente, en la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, razón por la cual se proponía aprobar el punto de acuerdo. Acto seguido, el secretario abrió la discusión del mismo.

En el uso de la palabra, el diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), comentó que en este tema deberían participar todos los integrantes de la comisión por ser un tema preocupante. Explicó que no sólo los vecinos directamente afectados, sino de todo el Distrito Federal, tienen derecho a manifestarse y expresar si están o no de acuerdo con alguna obra que les afecte. Además, propuso la integración de un grupo de trabajo para poder dialogar, tener toda la información sobre el proyecto y hacer todo lo posible para resolver los conflictos que se habían generado.

Después de esta intervención, la presidenta puntualizó que hay sólo dos resolutivos en el dictamen: el primero, exhortar al jefe de gobierno para que reciba en audiencia a los vecinos afectados por la obra y, el segundo, exhortarlo a realizar una consulta ciudadana. Enfatizó que en ninguno de los resolutivos se prejuzga sobre las virtudes o defectos de la obra y que tampoco se recomienda la suspensión de la obra. Subrayó que en el proyecto de dictamen se solicita una audiencia pública y una consulta ciudadana, tal y como lo establece la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.

Ahondando en este tema, la diputada Gabriela Cuevas señaló que el diálogo no se le puede negar a nadie, por lo que pidió el apoyo de los compañeros del PRD. Acotó que es un exhorto muy respetuoso y que como representantes populares, tienen el deber de impulsar una cultura más profunda de audiencias, de consultas, de participación vecinal. Por último, la presidenta se sumó a la propuesta del diputado Emilio Serrano para generar un grupo de trabajo sobre este tema.

Posteriormente, el secretario dio la palabra al diputado Miguel Ángel Luna Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI), quien apoyó las participaciones anteriores y manifestó que la información que se pudiera recabar sería útil para poder brindar un mejor apoyo, considerando que las obras ayudan, que se necesitan y que se requieren explicar a los vecinos.

En el uso de la palabra, el diputado Armando Jesús Báez Pinal, del Grupo Parlamentario del PRI, solicitó invitar a las personas que están encargadas de esta obra para que expliquen cuál es la negociación que están haciendo con los vecinos en cuanto a la compra de predios y cuál es la inconformidad de los vecinos; razón por la cual, también se sumó a la propuesta del diputado Emilio Serrano Jiménez.

En su oportunidad, el diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), se sumó al dictamen propuesto por la presidencia de esta comisión porque condensa varias de las inquietudes que se han originado en torno a este tema: primero, la falta de diálogo que, de haberse dado en un inicio, hubiera inhibido la molestia con relación a este tema; segundo, la transparencia del proyecto, es decir, que se conozcan los impactos que la obra tendría en la zona y que, de una u otra manera, la información esté al alcance no solamente de los integrantes de la comisión, sino de los vecinos que tienen inconformidades. Manifestó que como representantes de los ciudadanos, muchas veces los diputados son un vehículo por el cual se pueden expresar sus inquietudes. Por lo anterior, retomó dos propuestas: la primera fue la entrega de la información con relación al proyecto –como ya se había manifestado– y la segunda, lo señalado por el diputado Emilio Serrano, a lo que añadió el tema relativo a la información, a fin de que el grupo de trabajo sirva como un instrumento de comunicación con los vecinos afectados por esta obra.

El diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del PVEM, expresó que a nombre de su grupo parlamentario está de acuerdo y considera que la obra es un proyecto que desde el principio generó cierta incertidumbre al no estar clara la información de la misma. Asimismo, felicitó al diputado Emilio Serrano Jiménez por la propuesta del grupo de trabajo y reiteró su apoyo para trabajar en equipo.

El secretario cedió el uso de la palabra a la diputada Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del PAN, quien comentó que en la estructura del dictamen se contemplaba la recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos, lo que daba referencia sobre el sentir de esta comisión y, en su caso, de la Cámara de Diputados. Recordó que el dictamen cuenta con dos resolutivos, una consulta ciudadana y una audiencia pública, enfatizando que lo segundo es algo que no tendría por qué solicitarse, ya que los gobiernos deberían escuchar a los vecinos como un acto natural. También consideró necesario establecer un tercer resolutivo en el punto de acuerdo que permitiera que la creación de la mesa de trabajo pudiera ser conocida y coordinada con el gobierno del Distrito Federal; así como un cuarto punto que estableciera la creación de una subcomisión de trabajo.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD, externó en primer término que estaba de acuerdo con los diputados que habían comentado sobre la necesidad de que el gobierno del Distrito Federal abriera mesas de trabajo, espacios para escuchar a los vecinos. Lamentó mucho que un grupo de vecinos estuviera afectado por una obra que tiene dimensiones, no solamente estatales, sino nacionales; que es un momento de enrarecimiento político y que desafortunadamente está siendo manipulado por ciertos partidos políticos.

En su oportunidad, el diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín precisó que es fundamental insistir en el acatamiento de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y que son muy puntuales, como la suspensión de la obra en tanto no se conozca la opinión de los vecinos. Celebró que esta comisión exhortara al gobierno del Distrito Federal a convocar a una consulta ciudadana y que se estuviera planteando la posibilidad de una mesa de trabajo que buscara soluciones integrales. Comentó que como vecino de Magdalena Contreras se preguntaba lo siguiente: ¿en dónde o cómo van a desahogar la afluencia de 35 mil vehículos nuevos sobre Luis Cabrera?, ¿Cuál va a ser efectivamente la afectación ambiental y cuáles son las medidas de mitigación?, ¿Cuáles van a ser las medidas que se van a implementar para que todos los vecinos, tanto de Cuajimalpa como de Magdalena Contreras puedan utilizar la vialidad?

Expresó que, de acuerdo a los propios estudios de OHL, la empresa concesionaria, el viaje costaría alrededor de 28 pesos cada vez, es decir que serían 56 pesos por un viaje redondo. Manifestó que esto, para la mayoría de la población, no resulta atractivo porque no tienen los recursos para poder utilizar o pagar el peaje, por lo que es necesario conocer si hay un proyecto alternativo de transporte público. Finalmente, se pronunció a favor de la propuesta que hizo la presidencia de la comisión y recomendó que el análisis del tema fuera objetivo, porque no es con obsesiones como se van a lograr los consensos. Finalmente señaló que los diputados deben ser muy cuidadosos para no polarizar a la población, porque esto puede incluso generar conatos de violencia que serían muy lamentables.

Después de esta intervención, el secretario de la comisión, el diputado Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, informó a los integrantes que se tenía quórum para poder iniciar la sesión de manera formal.

La presidenta manifestó que se daría la palabra a dos diputados más para agotar la discusión del punto de acuerdo y que, posteriormente, se comenzarían a votar los asuntos que ya habían sido abordados, toda vez que se había integrado el quórum con la asistencia de los siguientes diputados: Gabriela Cuevas Barron, Jesús Ricardo Enriquez Fuentes, Agustín Guerrero Castillo, Emilio Serrano Jiménez, Armando Jesús Báez Pinal, Jorge Hernández Hernández, Miguel Ángel Luna Munguía, Rodrigo Reina Liceaga, Marco Antonio García Ayala, Kenia López Rabadán, Silvia Esther Pérez Ceballos, Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Agustín Carlos Castilla Marroquín, María Araceli Vázquez Camacho y Rafael Pacchiano Alamán.

Por instrucciones de la presidencia, el secretario manifestó que se iniciaba de manera formal la reunión y otorgó el uso de la palabra al diputado Emilio Serrano, quien manifestó no estar de acuerdo con la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en cuanto a la suspensión de la obra. Comentó que no se puede parar la obra porque existe un contrato y porque detenerla costaría millones de pesos. Además, le señaló al diputado que le antecedió en el uso de la palabra que no se obligará a la gente a transitar por la vialidad de peaje y que hay opciones de movilidad. Puso como ejemplo que para ir a Toluca existen dos alternativas: la libre y la de cuota; que la gente que quiere sentirse más cómoda y más segura se va por la de cuota, que es una de las autopistas más caras del mundo y que, sin embargo, se usa. Sostuvo que sí se debe de formar un grupo de trabajo que tenga como fin dialogar con los vecinos y escucharlos, pues es importante la comunicación, así como también es importante que se lleven a cabo los trabajos de la Súper Vía.

El diputado Agustín Guerrero Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD, propuso ver a la Ciudad de México como un organismo vivo y que, como toda ciudad, requiere permanentemente estar realizando obras en materia de vialidades, en materia de hospitales, de escuelas. Expresó que no hay nada peor que oponerse al desarrollo y que el grupo parlamentario al que pertenece está a favor de la obra.

Argumentó que hoy existen más de tres millones y medio de vehículos que transitan por la Ciudad de México, por lo que hay nudos por muchos lados y que lo ideal sería resolverlos de la noche a la mañana, pero no se puede. Al término de su intervención apuntó que un gobierno que sabe de las afectaciones que se pueden ocasionar a los comercios tiene que constituir un fondo de mitigación. Comentó que en esta obra se tuvo la oportunidad de conocer los proyectos, porque son varios y se han ido ajustando. La decisión de buscar una salida, un desfogue a la población de las zonas altas del poniente de la ciudad de las delegaciones Cuajimalpa y Álvaro Obregón, es un asunto que se trae por lo menos desde hace 15 años, apuntó.

En atención a lo dictado previamente, la presidenta instruyó al secretario para que diera lectura al orden del día y sometiera a votación el primero de los asuntos que habían sido discutidos.

El secretario dio lectura al orden del día: 1. Registro de asistencia y declaración de quórum; 2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día; 3. Lectura, discusión y aprobación del acta correspondiente a la octava reunión ordinaria; 4. Lectura, discusión y aprobación del acta correspondiente a la primera reunión extraordinaria; 5. Lectura, discusión y votación de ocho proyectos de dictamen; 6. Asuntos generales; y 7. Clausura. Posteriormente, preguntó a los integrantes si se dispensaba la lectura del primero de los puntos de acuerdo, así como su discusión, lo que fue aprobado por unanimidad.

El secretario informó que en votación económica se aprobó el proyecto de dictamen en sentido positivo, por lo que la presidenta instruyó a la secretaría técnica de la comisión entregase los documentos originales de dichas actas para recabar las firmas de los integrantes.

Acto seguido, la presidenta enunció el siguiente punto de acuerdo y solicitó al secretario que consultara si se dispensaba la lectura. En votación económica se dispensó la lectura del dictamen y se sometió a discusión el proyecto de dictamen. No habiendo oradores para manifestarse en contra, en votación económica se aprobó el proyecto de dictamen en sentido negativo. La presidenta instruyó a la secretaría técnica de la comisión entregase los documentos originales de dichas actas para recabar las firmas de los integrantes.

El siguiente proyecto que se enunció fue el relativo al punto de acuerdo para exhortar al gobierno del Distrito Federal y a los jefes delegacionales a cumplir con la normatividad vigente en el D.F. La presidenta de la comisión les recordó a los integrantes que la propuesta del dictamen era en sentido negativo. En votación económica, el secretario preguntó si se dispensaba la lectura, lo que fue aprobado por unanimidad. Se sometió a discusión el proyecto y al no existir ningún integrante que hiciera uso de la palabra, en votación económica se aprobó el dictamen en sus términos. La presidenta instruyó a la secretaría técnica de la comisión entregase los documentos originales de dichas actas para recabar las firmas de los integrantes.

La presidenta comentó que el siguiente proyecto de dictamen era el relativo al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del gobierno del Distrito Federal a dar cumplimiento a la entrega del Subsemun, solicitando al secretario que consultara si se omitía la lectura del mismo, toda vez que había sido previamente distribuido. En votación económica se dispensó la lectura del dictamen y se sometió a discusión el proyecto de dictamen. Al no existir oradores para manifestarse, en votación económica se aprobó por unanimidad el proyecto de dictamen en sentido positivo.

La diputada Gabriela Cuevas anunció que el siguiente proyecto de dictamen era el relativo al punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe de gobierno a recibir en audiencia los vecinos afectados por la construcción de la Súper Vía Poniente. Una vez más, la presidenta aclaró que los resolutivos que se sometían a aprobación eran la realización de una audiencia y de una consulta, y que se añadiría un tercer resolutivo a fin de dar a conocer la creación del grupo de trabajo que propuso el diputado Emilio Serrano Jiménez. Asimismo, indicó que ya se contaba con una propuesta de redacción en los términos siguientes: “Tercero. La Comisión del Distrito Federal integrará un grupo de trabajo sobre la obra denominada Súper Vía Poniente, cuyos objetivos serán la obtención de información, el acercamiento a reuniones de trabajo con todas las partes involucradas y la búsqueda de soluciones a los conflictos que se han generado.” La presidenta precisó que este tema no tendría por qué incluirse al dictamen, pero a fin de dar certeza a todas las partes se proponía la adición de este resolutivo. En votación económica se dispensó la lectura y se sometió a discusión el proyecto de dictamen.

En el uso de la palabra, el diputado Miguel Ángel Luna Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI, manifestó que se debe dar audiencia a los vecinos para explicarles el proyecto pero que se debería continuar con los trabajos de la supervía. Recalcó no estar a favor de que se hicieran consultas de algo que ya se está ejecutando, pues eso no es óbice para que cada quien continúe ejerciendo su derecho. Se pronunció porque se les dé audiencia a los vecinos para que se les brinde información, pero que se continúen los trabajos.

El secretario, diputado Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, puntualizó la propuesta por parte del diputado Miguel Ángel Luna Munguía, en el sentido de someter a consideración de la asamblea si se generaría una consulta o no.

Por su parte, el diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del PAN, insistió en que en los resolutivos se estableciera la realización de una consulta pública, señalando que el hecho de que se esté llevando a cabo la obra no significa que se limite la posibilidad de conocer la opinión de los ciudadanos, lo que tampoco coarta la posibilidad de que cualquier ciudadano solicite y ejerza su derecho de audiencia. Recalcó que este tema no se puede reducir a un asunto de dinero y que desde el inicio de la obra se solicitó que se llevaran a cabo mesas de trabajo para ver cuál era la mejor opción de solución vial. Sin embargo –desde el punto de vista del diputado– ha habido empecinamiento de parte de las autoridades del gobierno del Distrito Federal por continuar los trabajos de la supervía. En adición a lo anterior, el diputado Agustín Castilla comentó que si este proyecto hubiera estado plenamente sustentado seguramente se estarían discutiendo las medidas para que las molestias de la obra fueran las menores, pero insistió en que hay muchas dudas respecto a este proyecto, por lo que es importante conocer la opinión de todos. También comentó que en cada uno de los predios expropiados habitaban hasta 10 familias, las cuales quedaron en el desamparo. Por último, enfatizó que no se debe criminalizar ningún movimiento social, haciendo un llamado para que las autoridades del gobierno del DF y del gobierno delegacional tomen cartas en el asunto y protejan la integridad física de todos los actores involucrados en este proyecto.

Para una moción, se dio el uso de la palabra al diputado Emilio Serrano Jiménez, quien manifestó que era conveniente aclarar que jamás comparó a los vecinos que están protestando con delincuentes, que él manifestó que la CNDH, en sus inicios, sirvió para proteger a delincuentes. Declaró que no está de acuerdo en que la Comisión de los Derechos Humanos del DF apoye caprichos y también que no está de acuerdo en que se suspenda la obra por la recomendación que emitió dicho organismo, el cual debería pagar los costos económicos que implicaría el retraso de la obra. Insistió que hace falta información, por lo que propuso nuevamente la formación de un grupo de trabajo para platicar con todas las partes a fin de conocer el proyecto y evitar que se tome como bandera partidista.

En uso de la palabra, el diputado Agustín Guerrero Castillo comenzó reiterando lo comentado en su intervención anterior: que la obra es positiva y que habrá que dialogar con todos los vecinos a lo largo del proceso de construcción. Precisó que hasta ahora, de lo que se tuvo que expropiar para la construcción, de las 218 familias de Álvaro Obregón y las 59 de Magdalena Contreras, ninguna de ellas recurrió a un amparo administrativo contra el decreto de expropiación. Afirmó que son vecinos no directamente afectados por la expropiación los que han manifestado una opinión distinta, incluso contraria a la obra y que, no obstante, habría que atenderlos. También consideró que la resolución de la Comisión de los Derechos Humanos del DF se excede en sus atribuciones. Por otro lado, coincidió en que se debe hacer una consulta, pero no porque sea una recomendación de la Comisión de los Derechos Humanos, sino porque una obra de esta dimensión, que cruza varias delegaciones, requiere recoger la opinión de los vecinos. Sobre la recomendación de la Comisión de los Derechos Humanos, expresó que no quedaba claro cuál era el derecho humano que se había afectado, ya que muchos de los vecinos que presentaron la queja ni siquiera viven en las zonas donde se está realizando la obra.

Continuó diciendo que la Comisión de Derechos Humanos argumentaba que se había alterado la tranquilidad de los vecinos en la zona, por lo que ese era el derecho humano por salvaguardar en la recomendación y afirmó que dicho organismo no cuenta con facultades para suspender obras. Abundando en el tema expresó: “La Comisión de Derechos Humanos está para salvaguardar los derechos de los ciudadanos en los debidos procesos. Pero éste no es el caso. Es un exceso de la Comisión de los Derechos Humanos decir que se haga una consulta, y en lo que se hace que se pare la obra. No tiene esa facultad. En un estado de derecho todos tienen salvaguardados su derecho de petición, su derecho de audiencia”. Argumentó que de manera política procede una consulta, pero no a toda la ciudad sino sólo a los habitantes de las zonas por donde se va a realizar la obra. Respecto a la instalación de la mesa de trabajo, se pronunció a favor y concluyó manifestando que es una obra que se ha polemizado pero que, finalmente, es parte de la transformación de la ciudad y que habrá que entenderla en esa lógica y garantizar efectivamente el derecho de cualquier interesado a documentarse sobre la misma.

La presidenta externó que este tema es polémico en sí mismo y que ha generado un amplio debate público, por lo que una vez más dejaría en claro lo que se estaría votando: 1) Solicitar al jefe de gobierno que reciba en audiencia a los vecinos afectados por la obra; 2) Solicitar que se realice una consulta pública de acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, aclarando que este no es un tema de partidos sino un asunto que se centra en lo estipulado por una ley local y que constituye una petición del todo razonable; y 3) Solicitar la incorporación de un grupo de trabajo.

Precisó que no se alude a la suspensión de la obra, sino sólo a incorporar al dictamen un tercer resolutivo para dar a conocer la creación del grupo de trabajo que propuso el diputado Emilio Serrano y sobre el cual todos habían expresado su beneplácito.

Una vez explicado lo anterior, la diputada señaló que la redacción quedaría de la siguiente forma: “Tercero. La Comisión del Distrito Federal integrará un grupo de trabajo sobre la obra denominada Supervía Poniente, cuyos objetivos serán la obtención de información, el acercamiento en reuniones de trabajo con todas las partes involucradas y la búsqueda de soluciones a los conflictos que se han generado”, aclarando que cualquier otro tipo de facultad o atribución que se le quisiera dar al grupo de trabajo no necesitaba incluirse en el dictamen, toda vez que la comisión tiene plenas facultades para ello.

La presidenta reiteró que en ningún momento se estipulaba suspender la obra, como tampoco se prejuzgaba sobre las virtudes o defectos de la misma, ni se daba la razón a ninguna de las partes. Lo único que se pretendía era allegarse la información oportuna para tener un criterio más formado.

En su turno, la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos expresó estar a favor del desarrollo en el Distrito Federal en cuanto a temas de infraestructura, pero manifestó que se debe considerar la opinión de los ciudadanos y que si ésta se hubiera considerado desde un principio, no se tendría que analizar la manera sobre cómo se va a recuperar el dinero que ya está aplicado. También manifestó su conformidad por la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos y comentó que los diputados federales están para salvaguardar los intereses de los ciudadanos.

Puntualizó que las mesas de trabajo deben ser publicitadas para que asistan todos los afectados y que el tema tratado no es un tema electoral, como muchos lo quieren hacer ver, sino que es un tema de justicia social para la gente que está siendo afectada en un tema que es de relevancia, como la vivienda y el tránsito. Por último, comentó que asistió a algunas reuniones con secretarios de despacho, en particular con la Secretaría de Medio Ambiente, en donde se planteó la presentación de un proyecto de investigación para que se manifestaran las afectaciones que la supervía tendría en el medio ambiente y que después de seis meses no se había recibido dicho proyecto. Por lo anterior, manifestó que estaba de acuerdo en que se citara al jefe de gobierno, ya que como cabeza de todos los secretarios puede dar respuesta a los ciudadanos y a los integrantes de esta comisión para ver de qué manera se da una respuesta a los afectados. El secretario de la comisión informó a la presidencia que no había más oradores registrados para este punto.

La presidenta instruyó a la secretaría para que sometiera a votación si el asunto se encontraba suficientemente discutido. Una vez aprobada esta propuesta, la presidenta solicitó al secretario someter a consideración del pleno de esta comisión la votación en lo general del dictamen, dejando como reservado el resolutivo segundo.

El secretario de la comisión, el diputado Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, preguntó si se aprobaba el proyecto de dictamen correspondiente a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe de gobierno para que celebre una audiencia pública con vecinos afectados por la construcción de la Supervía Poniente con el propósito de que se les proporcione la información completa respecto a la afectación que ocasionará el desarrollo de dicha obra; asimismo, para que someta a consulta ciudadana la obra con el propósito de conocer la opinión de los ciudadanos afectados y beneficiados por la misma. Después de la lectura de los resolutivos, la presidenta nuevamente indicó que se anexaría un resolutivo tercero en los términos previamente señalados.

El secretario precisó que se haría la votación en lo general, considerando la reserva que hizo el diputado Miguel Ángel Luna respecto al resolutivo segundo, consultando en votación económica si se aprobaba en lo general el punto de acuerdo, mismo que fue aprobado por unanimidad.

La presidenta instruyó al secretario someter a consideración del pleno de la comisión, la discusión y, en su caso, la aprobación del resolutivo segundo del dictamen.

El secretario sometió a discusión el resolutivo segundo del dictamen, otorgando el uso de la palabra al diputado Emilio Serrano Jiménez, quien consideró que es muy importante que se tome en cuenta lo que digan los vecinos, comentando que pueden tener razón o no pero que conviene escucharlos, razón por la cual se manifestó en favor de la consulta.

Acto seguido, el secretario dio la palabra al diputado Miguel Ángel Luna Munguía, quien opinó que la obra y todo lo que se maneja tiene tiempos y circunstancias para que se puedan ejecutar, así como el ejercicio de determinados derechos que, desde su punto de vista, ya habían caducado por el transcurso del tiempo.

El secretario manifestó que había tres oradores más, a quienes les concedió la palabra.

El diputado Emilio Serrano Jiménez, aclaró al diputado Miguel Ángel Luna Munguía que en efecto tiene razón y acepta sus razonamientos. Debido a que la obra ya está avanzando y no se puede detener, por lo que la obra debería seguir, pero que también se debería hacer la consulta simultáneamente.

Por su parte, el diputado Agustín Guerrero Castillo precisó que en la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del DF no se establece el sentido de la consulta, pero reconoció que falta información y que no se pueden negar a que se realice una consulta, siempre y cuando el asunto no sea detener la obra, porque eso no se puede hacer a estas alturas.

La diputada Kenia López Rabadán afirmó que es entendible que se han iniciado la obra; sin embargo, consideró necesario que el jefe de gobierno escuche a los vecinos, recordando que el punto de acuerdo fue propuesto por una diputada del grupo parlamentario del mismo partido del titular del ejecutivo local.

Consideró una obligación ética, además de legal, solicitar que los ciudadanos del Distrito Federal sean escuchados por su autoridad y que si esto se respalda desde la Cámara de Diputados evidentemente sería un acto congruente, en función de quienes viven en el DF y de las personas a quienes representan.

En uso de la palabra, la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos manifestó estar en el mismo sentido, pero externó su preocupación de que únicamente se hablara de la obra y que ya se puso en marcha. Señaló que por ser representantes de los ciudadanos deben de preocuparse porque éstos externen sus opiniones y no sólo preocuparse por el dinero de la obra.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho suscribió lo que habían mencionado sus compañeros. Puntualizó que los secretarios comparecieron y se comprometieron a llevar a cabo acciones de mitigación, por lo que les va a exigir que se lleven a cabo puntualmente dichas acciones. Señaló que la Secretaría de Medio Ambiente comentó que parte de un porcentaje del pago de peaje iba a estar destinado a medio ambiente y que la circulación no solamente iba a ser para automóviles particulares, sino que iba a haber camiones de pasajeros que no iban a pagar, cosas que exigirá porque es un compromiso que adquirió y difundió en su distrito.

El diputado Jesús Ricardo Enríquez Fuentes indicó que después de la participación del compañero Rodrigo Reina, se preguntaría a la asamblea si el tema estaba suficientemente discutido.

En uso de la palabra, el diputado Rodrigo Reina Liceaga, hizo referencia a los tres puntos abordados: primero, que en ningún momento se detiene la obra; segundo, que la obra ya se lleva a cabo y que, como toda obra, genera afectaciones; y tercer punto, la creación de un grupo de trabajo que será permanente por la duración de la obra. Acotó que no estaban hablando de tener un ahorro, sino de que la obra pudiera tener modificaciones a fin de enriquecer el proyecto y beneficiar no sólo a quienes se trasladan por la necesidad de movilidad de la capital, sino también a los vecinos que por su misma dinámica tendrán una afectación en su forma de vida, lo que es natural porque ha cambiado la dinámica de movilidad de crecimiento de la Ciudad de México.

Por lo anterior, pidió a la presidencia que el punto de acuerdo se votara tal cual, con los tres puntos y que en cuestiones de la consulta, se precisara que ésta se realizaría para conocer la opinión de los ciudadanos, ya que el preguntarle a la gente si está de acuerdo en que se construya la supervía, está totalmente fuera de tiempo. Señaló que estaban ante un problema de sintaxis que podía resolverse para que se entendiera que no estaban preguntando si la gente está o no de acuerdo en que se lleve a cabo la obra.

La presidenta precisó que en la medida en que se metan a definir cómo quieren la consulta, entonces, se estaría violando la autonomía del jefe de gobierno. Lo que dice la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, continuó, es que se consulte sin establecer los cómos. Comentó que había escuchado en algunos medios que el gobierno de la ciudad ya estaba en la disposición de hacer una consulta y que sólo estaban discutiendo los medios.

El secretario solicitó una moción de orden en aras de no hacer diálogo y consultó a la asamblea si el tema estaba suficientemente discutido. Lo que se aprobó por unanimidad.

La presidenta instruyó a la secretaria someter a consideración del pleno si era de aprobarse el segundo resolutivo del punto de acuerdo.

La secretaría consultó a la asamblea si se aprobaba el segundo resolutivo del dictamen, el cual fue aprobado por mayoría con dos abstenciones.

La presidenta manifestó la aprobación del dictamen agradeciendo a los diputados del Partido de la Revolución Democrática, ya que el gobierno de la ciudad está encabezado por dicho partido. Detalló que en esta ocasión se había buscado conciliar tanto a las autoridades como a los ciudadanos, tomando en cuenta que ésta es precisamente la tarea de los diputados.

Acto seguido, expresó que existían tres dictámenes pendientes, por lo que propuso que se votara la dispensa de la lectura de esos dictámenes dado que habían sido previamente distribuidos. Instruyó para ello a la secretaría, lo que fue aprobado por unanimidad.

La diputada Gabriela Cuevas reiteró que la dispensa de la lectura era respecto a los dictámenes siguientes: el primero era el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF a hacer públicas las recomendaciones de dicha dependencia para los desarrollos habitacionales en las 16 delegaciones, manifestando que la propuesta en el dictamen era desechar este punto de acuerdo porque la legislación ya establece la obligación de que se publiquen las recomendaciones de la procuraduría y, además, porque este organismo tiene una página de Internet donde se puede acceder a las mismas.

El segundo era el exhorto al jefe de gobierno para que analice la posibilidad de exentar del programa Hoy No Circula a los vehículos con permiso de internación temporal, aclarando que el sentido de este dictamen era en sentido positivo.

El tercer punto era el exhorto a la Asamblea Legislativa del DF a que analice y, en su caso, deseche o modifique el proyecto de iniciativa por el cual se expide la nueva Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal. Sobre el particular señaló que se proponía desecharlo porque la Asamblea Legislativa ya había aprobado la ley respectiva.

La presidenta instruyó al secretario diputado para que sometiera a consideración del pleno cada uno de los dictámenes.

El secretario, por instrucciones de la presidenta, puso a discusión el primero de dichos dictámenes. No existiendo ninguna participación, sometió a consideración del pleno el punto de acuerdo, mismo que fue aprobado por unanimidad.

La presidenta solicitó al secretario someter a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo que tenía que ver con el programa Hoy No Circula. El secretario, por instrucciones de la presidenta, sometió a consideración el punto de acuerdo, el cual fue aprobado por unanimidad.

La diputada Gabriela Cuevas solicitó al secretario someter a consideración del pleno el último dictamen, relativo al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa a analizar y, en su caso, desechar o modificar el proyecto de iniciativa de la Ley de Desarrollo Urbano. El secretario sometió a consideración el punto de acuerdo, aprobándose por unanimidad.

Continuando con el orden del día, asuntos generales, la presidenta consultó a los legisladores si alguien deseaba hacer uso de la palabra, obteniendo respuesta del diputado Agustín Guerrero Castillo.

El diputado comunicó a los compañeros y a las compañeras integrantes de la comisión que el lunes próximo el Grupo Parlamentario del PRD presentaría una iniciativa de reforma constitucional en materia de reforma política del Distrito Federal y que solicitaría a la Mesa Directiva que se turnara a esta comisión para que pudieran discutirla y, en su caso, aprobarla. Señaló que dicha iniciativa se había trabajado a lo largo del último año y que recogía el consenso de diversas representaciones sociales y civiles de la Ciudad de México, por lo que se completarían las iniciativas presentadas por el PRI y el PAN en la misma materia.

El secretario manifestó a la presidencia no haber ninguna otra participación.

No existiendo quien hiciera uso de la palabra y al haberse agotado los puntos del orden del día, la presidenta solicitó a la secretaría que hiciera del conocimiento el quórum final de esta reunión, recordando que por disposiciones del nuevo reglamento ya se tiene que firmar también una lista al final.

El secretario informó a la comisión que el quórum final fue de quince diputados.

La presidenta, diputada Gabriela Cuevas Barron, agradeció el apoyo al diputado secretario y finalizó la novena reunión ordinaria a las 13:30 horas, del 11 de febrero de 2011, puntualizando que oportunamente se convocaría a la siguiente reunión.

La Comisión del Distrito Federal

Diputados: Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), presidenta; Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Roberto Rebollo Vivero (rúbrica), César Daniel González Madruga, Agustín Guerrero Castillo, Emilio Serrano Jiménez, secretarios; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Armando Jesús Báez Pinal, Carlos Bello Otero (rúbrica), Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Armando Corona Rivera (rúbrica), Marco Antonio García Ayala, Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía, Kenia López Rabadán, Nazario Norberto Sánchez, Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.