Que expide la Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 Constitucional, en lo relativo al sector social de la economía, a cargo del diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez, del Grupo Parlamentario de Convergencia

Quien suscribe, Víctor Hugo Círigo Vásquez, diputado federal ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se crea la Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del Artículo 25 Constitucional, en lo relativo al sector social de la economía.

Planteamiento del problema

El sector social de la economía no ha tenido en nuestro país la importancia e impulso que se requiere por parte del Estado, a pesar de que fue una aspiración del Poder Constituyente prevista en nuestro ordenamiento fundamental, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al desarrollo económico nacional concurran los sectores público, privado y social .

El sector social, de alguna forma u otra ha estado presente en la actividad económica, sin convertirse todavía en foco de atención para el Estado. Es la sociedad misma la que ha decidido organizarse con base, ya sea en sus tradiciones, usos y costumbres o experiencias de organización social, en organismos cuyo componente fundamental es el beneficio social. Por lo anterior, se requiere regular y fomentar las formas de organización que promueven la economía social y solidaria.

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece al tenor literal que:

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

Esto es, el Estado mexicano, de acuerdo con la ley fundamental, tiene la responsabilidad de fomentar el crecimiento económico el empleo, la justa distribución del ingreso y de la riqueza con el propósito fundamental de garantizar a libertad y dignidad de todas y todos los mexicanos. Además dicho Artículo constitucional en su Párrafo Tercero establece literalmente que:

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación.

Con base en lo anterior, la actividad económica en nuestro país a lo largo de su historia se ha desarrollado básicamente en el sector público y en el sector privado, ya sea de forma separada o concurrente en lo que conocemos como economía mixta.

Hasta antes de la década de los ochenta, el modelo de desarrollo económico de México se basó fundamentalmente en el sector público. El Estado se encontraba presente en la mayoría de los ámbitos de la economía.

Pero desde inicios de la década de los ochenta comenzó una transformación del modelo económico nacional que puso el énfasis en el desarrollo económico a partir del sector privado, por lo que se impulsa la privatización de diversas empresas que antes fueron estatales y los esfuerzos del Estado viraron hacia el apoyo de dicho sector.

Esto es, de la visión de la economía básicamente pública se pasa a otra en la que se pretende, hasta del día de hoy, que el sector privado de la economía tenga una preeminencia sobre las otras dos reconocidas en la Constitución. El punto central de esta reflexión y motivación fundamental de la presente iniciativa, es que en ninguna de las dos etapas antes mencionadas, el sector social de la economía ha tenido importancia.

Argumentos

Entre los principales argumentos que orientan la iniciativa, se encuentra la necesidad imprescindible de que la sociedad y el Estado en nuestro país cuenten con un marco jurídico que fije directrices y responsabilidades en el apoyo y fomento del sector social de nuestra economía, en tanto elemento potencial de desarrollo económico y social en términos de justicia, equidad e igualdad.

Con este proyecto de ley, también se busca rescatar el papel histórico del sector social de la economía, debido a que en la actualidad, de acuerdo a la experiencia internacional y nacional, constituye un motor esencial para retomar el camino del crecimiento y desarrollo, entendiendo como tal no sólo el mantenimiento de los indicadores macroeconómicos, sino también el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y comunidades como fin último de la economía.

Pero para dimensionar la relevancia del sector social de la economía un referente importante es la experiencia y el lugar que ha ocupado en el ámbito internacional.

Ante las tendencias económicas que se observan en la economía mundial y nacional desde finales de los sesentas y principios de los setentas, donde se muestran las dificultades del sector privado y el sector público para revertirlas, surge desde entonces el sector social, como un nuevo protagonista desde la sociedad que da respuesta al modelo económico seguido hasta ahora por el capitalismo mundial y que ha sido incapaz de resolver las desigualdades sociales.

Desde principios del siglo XX, el sector social de la economía había adquirido un fuerte impulso en Europa; sin embargo, durante el periodo de 1945 a 1975 es eclipsado por el papel que juegan el sector privado tradicional y el sector público, de cuya combinación surge el Estado de bienestar, keynesiano, caracterizado por un modelo de economía mixta. En los países de Europa central y oriental, la situación es peor, porque la exclusión del sector social es total, ante un Estado que se erige como el único protagonista de la actividad económica.

El resurgimiento del sector social en los diversos países europeos a partir de los setentas se basa sobre todo en las cooperativas y las mutuas , así como en las entidades no de mercado, mayoritariamente constituidas por asociaciones y fundaciones. Este sector inicia su despliegue en Francia, en los setentas del siglo pasado, cuando las organizaciones representativas de las cooperativas, mutuas y asociaciones crean el comité National de Liaison des Activités Coopératives, Mutuelles et Associatives, CNLAMCA. En 1977 y 1979 se celebran dos conferencias europeas de las cooperativas, mutuas y asociaciones.

El CNLAMCA publica en junio de 1980, la Charte de l’économie sociale , donde define a la Economía Social como el conjunto de entidades no pertenecientes al sector público que, con funcionamiento y gestión democráticos e igualdad de derechos y deberes de los socios, practican un régimen especial de propiedad y distribución de los excedentes, empleándolos para el crecimiento de las organizaciones y la mejora de los servicios a los socios y a la sociedad.

Francia fue el primer país donde el moderno concepto de Economía Social tuvo su reconocimiento político y jurídico, en diciembre de 1981, mediante la Délégation interministérielle à l ?Économie Sociale (D IES).

La Comisión Europea publicó en 1989 “las empresas de la economía social y la construcción de un mercado único sin fronteras”. Ese mismo año la comisión patrocinó la 1a Conferencia Europea de la Economía Social (París) y creó una Unidad de “Economía Social” en el seno de la Dirección General XXIII de “Política de empresa, comercio, turismo y Economía Social”.

En 1990, 1992, 1993 y 1995 la Comisión promovió Conferencias Europeas de la Economía Social en Roma, Lisboa, Bruselas y Sevilla. En 1997 la cumbre europea extraordinaria de Luxemburgo reconoció el papel de las empresas de la Economía Social en el desarrollo local y la creación de empleo.

En el Parlamento Europeo también funciona desde 1990 el intergrupo parlamentario “Economía Social”. En 2006 el Parlamento Europeo ha invitado a la Comisión a «reconocer el pilar de la Economía Social», en el Rapport sur un modèle social européen pour l ?avenir (2005/2248 (INI).

El fuerte impulso a la economía social en la Unión Europea logró que en los 25 países que la integraban hasta el año 2005, existieran más de 240 mil cooperativas activas que proporcionaban empleo directo a 4.7 millones de trabajadores y agrupaban a 143 millones de socios, abarcando todos los sectores y actividades económicas, especialmente la agricultura, la intermediación financiera, la distribución comercial, la vivienda y el trabajo asociado en la industria, la construcción y los servicios.

Las mutualidades de salud y protección social ofrecen asistencia y cobertura a más de 120 millones de personas. Las mutuas de seguros representan una cuota de mercado del 23.7 por ciento. Las asociaciones, por su parte, representaban en 2005, más del 4 por ciento del producto interno bruto y agrupaban hasta ese año al 50 por ciento de las y los ciudadanos de la Unión Europea.

En Canadá una de cada tres personas es miembro de una cooperativa; en la India más de 239 millones son miembros de cooperativas; en Alemania hay 20 millones de personas que son integrantes de cooperativas, esto es, una de cada cuatro personas. En Japón una de cada tres familias participan en alguna cooperativa y en Estados Unidos cuatro de cada 10 personas son cooperativistas.

En el caso de América Latina la importancia del sector social de la economía es contundente. Claro ejemplo de ello es que en Uruguay existen más de mil 200 cooperativas activas en todo el país que aglutinan a más de 840 mil socios, producen el 90 por ciento del total de leche y el 34 por ciento de la miel; en Honduras el sector de la economía social participa en un 20 por ciento del producto interno bruto nacional, con un 11 por ciento en la generación del empleo y con el 25 por ciento de empleos en el sector agrícola; en Argentina hay más de 17 mil 900 sociedades cooperativas con 9.1 millones de miembros; en Brasil las cooperativas son responsables del 72 por ciento de la producción de trigo, el 43 por ciento de la soya, el 38 por ciento del algodón, 21 por ciento del café. Por otro lado, en España los datos en 2007 reflejan que la economía social representa los intereses de más de 48 mil empresas, cuya facturación constituye el 10 por ciento del producto interno bruto con más de 2 millones 350 mil empleos.

Estos datos han sido posibles, en gran medida, gracias al respaldo de un marco jurídico que impulsa y fomenta el desarrollo de este motor de crecimiento. Ejemplo de ello son las leyes existentes que norman el funcionamiento de dicho sector. En Honduras, desde 1984 se dictó la primera Ley del Sector Social de la Economía; en 1996, Colombia sancionó la Ley 454 por la cual se regula la Economía Solidaria; En España, la expresión “Economía Social” también forma parte de su normatividad.

De acuerdo a los datos que proporciona la Alianza Cooperativa Internacional, en el mundo existen alrededor de 800 millones de cooperativistas, de los cuales dependen más de 3 mil millones de personas.

Es tal su importancia, que el 18 de diciembre de 2009, por consenso, fue propuesto por 55 Estados miembros de la ONU, la resolución Las cooperativas y el desarrollo social , que proclama 2012 Año Internacional de las Cooperativas. En esta resolución se reconoce el modelo empresarial cooperativo como un factor fundamental en la realización del desarrollo económico y social, e instan a los gobiernos, instituciones internacionales, cooperativas y otras partes interesadas a apoyar el desarrollo y el crecimiento de las cooperativas en el mundo.

Ahora bien. ¿Cuál ha sido el papel del sector social de la economía en México? En nuestro país, el sector social de la economía tiene hondas raíces históricas que es necesario rescatar, enriquecerlas con las experiencias internacionales y crear los medios que le permitan tomar en sus manos la construcción de su propio destino, de manera autónoma y/o en coparticipación con el sector privado o el sector público.

El sentido de lo social es asumido en nuestro país por Ignacio Ramírez durante la Reforma; sostiene que el derecho social plantea las relaciones económicas negociadas, la promoción del desarrollo económico, la regulación del mercado y la solidaridad, así como la modulación de la pobreza y la garantía estatal de la satisfacción de las necesidades básicas. Ese es un rasgo distintivo, a partir de entonces, en todos los programas y reformas que fueron moldeando la conciencia y la historia nacionales.

Al promulgarse la Constitución de 1856, Castillo Velasco y Ponciano Arriaga establecieron el derecho a la tierra, al trabajo, a la democratización de la propiedad y a la responsabilidad del Estado. Ellos aspiraban a que la propiedad tuviera una amplitud tal que sirviera de fundamento a la democracia liberal. Por su parte la Revolución Mexicana y posteriormente la Constitución de 1917, pusieron una vez más en primer plano el bien común, con su derecho social y con la responsabilidad del Estado por la justicia y el bienestar social.

Vale la pena señalar que tanto el Programa del Partido Liberal de Flores Magón, como el Plan de Ayala de Emiliano Zapata aportaron a la Constitución mexicana una actualización de los principios sociales en cuanto lo siguiente:

1. Establecer una regulación y reglamentación necesaria del derecho legítimo de propiedad, evitando su concentración y favoreciendo el reparto agrario.

2. Una práctica legislativa que responda al interés de los más necesitados para abrirles camino a la libertad y a las mejoras.

3. Política educativa vinculada a finalidades prácticas que mejoren las condiciones de vida de la población.

4. Defensa legal de los derechos y prerrogativas de los desvalidos.

5. El objetivo de la justicia de los jornaleros en su relación con su fuente de trabajo, a través de la participación en las utilidades.

6. La lucha por el establecimiento de un salario suficiente para la subsistencia y que además eleve el nivel de vida al incluir la participación en la ganancia.

7. Promoción de asociaciones voluntarias, que separadas del Estado, no se confundan con él, y se diferencien de la administración.

8. El principio que condena al capital improductivo, trátese éste de terrenos no cultivados, de atesoramiento o de los que transportan caudales al extranjero.

9. La obligación moral, ética y económica que tiene la sociedad de ofrecer a sus miembros la igualdad en los medios y en los derechos para la adquisición de todo aquello que constituye el bienestar y la riqueza, y que suprime toda clase de privilegios.

Finalmente, en las últimas dos décadas del siglo pasado se positivizaron en la Constitución tales consideraciones sobre el sector social de la economía, al adicionar al artículo 25 de la ley fundamental los párrafos que enuncian que nuestra economía está integrada por tres sectores, el privado, el público y el social.

Con base en todo lo anterior, al expedir esta Ley Reglamentaria del Artículo 25 constitucional en lo referente al sector social de la economía, se busca retomar el curso de la historia para reconstruir nuestra economía, confiriendo derechos diferenciados a cada uno de los sectores. Se trata de una estrategia de fortalecimiento de las instituciones, actualizándolas al contexto actual de globalización, y según las condiciones y potencialidades que tiene nuestra sociedad.

Si bien en nuestra legislación se ha enfatizado solamente la aplicación de las leyes y reglamentos que definen el papel y las funciones del sector privado y del sector público, y sólo parcialmente se han producido elementos normativos para el sector social, tenemos una larga historia de derecho social. Una historia que comienza con las reglas del Calpulli y el Calmecac. Una historia que suma las proclamas de diversos luchadores en distintos periodos, y un gran momento con la promulgación de la otrora Ley de la Reforma Agraria, que contiene importantes aspectos que definen el uso o aprovechamiento de la tierra, que precisan el carácter de la propiedad, y que establecen formas de organización.

Esa tarea ha quedado ciertamente inconclusa. Está todavía por retomarse la precisión del sector social de la economía como realidad que agrupa, además de a los ejidatarios que no hayan decidido transitar a la titulación y venta, a los cooperativistas, y a los socios o miembros de las muchas figuras asociativas en las que existe propiedad colectiva sobre los bienes, los capitales, los servicios y los beneficios.

El sector social de la economía en la que participan hoy en día a millones de mexicanas y mexicanos, en todo género de empresas, fondos, cooperativas, ejidos, comunidades, uniones, cajas de ahorro, asociaciones de usuarios, y tenedores paritarios de acciones, espera, a través de nuestra actividad parlamentaria, un nuevo redimensionamiento, actualización y certeza jurídica a través de un marco normativo.

Es por ello que en la propuesta que está a consideración de esta Cámara de Diputados, estarían considerados grupos, empresas y núcleos autogestionarios, que practican la ayuda mutua o solidaridad, que ejercen la democracia directa, que están comprometidos con una concepción humana de la economía, buscando el desarrollo del ser humano antes que el de las cosas, y que por lo mismo ponen como centro de la actividad económica a la persona, impulsando actividades de producción, distribución, consumo y prestación de servicios socialmente necesarios, tanto en la ciudad como en el campo.

El Poder Legislativo federal tiene una responsabilidad pendiente para dotar a este sector social de una ley general que establezca sus derechos, que haga explícito el marco legal en el que este sector debe desarrollarse y que le permita participar en la economía globalizada.

Con una legislación que regule al sector social de la economía, abonamos a una estrategia dirigida a dicho sector para aumentar sus perspectivas de desarrollo al establecer un conjunto de tareas claras y coherentes, que hagan de este sector un actor fundamental en las políticas de crecimiento, desarrollo y empleo en México.

Potenciar el desarrollo de nuestra economía social a través de un marco jurídico, posibilita una mejor distribución de la riqueza, una disminución de las desigualdades sociales, la presencia de mecanismos que aseguren el crecimiento del empleo, el fortalecimiento de la capacidad de organización y la autogestión de los grupos sociales, hacia una consolidación del sector social, complementando el esfuerzo con los sectores privado y público.

La necesidad de fortalecer el sector social es fundamental, porque el mercado, como ya lo han explicado muchos especialistas, no asegura por sí sólo la paz, la justicia, el empleo, la solidaridad y el respeto por la dignidad del ser humano.

Por ello, se trata de impulsar al sector social como palanca y motor del desarrollo para generar más empleo, ahorro, inversión, y actividades generadoras de riqueza material que amplíen el mercado interno y participen en el mercado internacional, aumentando la competitividad económica del país.

El sector social de la economía también abarca a todos aquellos trabajadores que actualmente laboran en empresas del Estado y que por diversas razones ya no está en condiciones de seguir al frente de ellas; en este caso, esta propuesta de Ley da prioridad a los trabajadores para que sean ellos quienes asuman de manera directa su propiedad, aprovechando para ello sus liquidaciones y el financiamiento de un Fondo económico que se encuentra regulado en esta Ley que se pone a consideración. Se trata de que las empresas transferidas por el Estado no caigan en las tradicionales prácticas populistas y de fondo perdido, por ello, su transferencia ha de ser el resultado de una efectiva participación, de un proceso autogestionario, y de una conciencia creciente de las y los ciudadanos que están efectivamente dispuestos a relevar al Estado en tareas y funciones que antes venía cumpliendo en forma tutelar.

El sector social de la economía también incluye a todas aquellas y aquellos trabajadores que laboran en el sector privado, ya sea en la micro, pequeña, mediana y gran empresa, que están a punto de quebrar o ya están en quiebra, para que los patrones negocien con ellos la copropiedad o la propiedad total de la empresa, recurriendo a sus liquidaciones, al valor de sus contratos colectivos y al fondo económico que respalda al sector social, de acuerdo a esta ley.

Por lo tanto, con la Ley propuesta se pretende establecer el camino para que los organismos del sector social puedan verse ampliados y enriquecidos con empresas de los otros sectores que puedan serle transferidas o en las que sus trabajadores decidan esa conversión.

El sector social tiene sin duda un potencial importante y puede realizar contribuciones decisivas en el desarrollo inmediato del país, aunque hasta ahora no ha contado con el marco legal para hacerlo. Por ello, el espíritu de la ley que se presenta, se funda en el mismo Artículo 25 de la Constitución, el cual dicta que se establecerán los mecanismos que faciliten la organización y expansión de la actividad económica del sector social.

Hasta la fecha, dentro de la esfera de lo social, sólo el derecho agrario cuenta con una reglamentación. Y se sigue aplicando en el resto de los temas o funciones que cumple, como legislación supletoria, el derecho mercantil concebido a partir del sector privado. Mientras ese criterio persista nuestras organizaciones seguirán siendo mal reguladas y tendrán un escaso desarrollo, pues aplicar el derecho mercantil, inspirado en el negocio y el lucro, es contradictorio con organismos cuyo fin y naturaleza priorizan la solidaridad y el bienestar, como son aquellos que pertenecen al sector social de la economía.

La presente propuesta de Ley Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política, tiene entre sus objetivos llenar un vacío legal, toda vez que establece el marco general que instituye las diferencias que han de normar al sector social y solidario de la economía respecto del sector público y el sector privado; pero además, porque no da espacio a que se continúen aplicando leyes del derecho privado a organismos del sector social, ni permite que ningún organismo estatal o del poder judicial aplique normas, reglamentos o leyes particulares que se enfrenten a la naturaleza específica, solidaria de dicho sector.

La propuesta de ley, al establecer un marco general, termina con las controversias que han enfrentado al sector social con las dependencias y ordenamientos gubernamentales, forzando a la actualización de las leyes particulares para establecer un conjunto congruente de reglamentación, y sienta las bases para el desarrollo sostenido y autónomo, conservando para el Estado la rectoría del proceso, tanto en su constitución, como en su vigilancia, estableciendo además las formas de participación de los organismos del sector social de la economía en los procesos de planeación del desarrollo.

Al definir las características que cumplen los organismos y al enumerar qué tipo de organismos se consideran dentro del sector social de la economía, no sólo se acota el universo en el que se deberá aplicar la Ley, sino que también se definen las líneas generales que deberán cumplir todos y cada uno de los organismos o entidades que lo componen.

En esta propuesta se considera la existencia del Instituto Nacional del Sector de la Economía Social y Solidaria, como instancia autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo propósito fundamental será definir e instrumentar una política nacional de fomento y desarrollo del Sector de la Economía Social y Solidaria, además de contar con bases para un funcionamiento responsable, con registros, procedimientos contables, vigilancia y estructura organizativa.

Es de destacar que a partir de la promulgación y publicación del texto no habrá ya más cooperativas que vuelvan permanente la contratación asalariada de personal, pues las y los trabajadores tendrán siempre el derecho de integrarse a los organismos respectivos como socios. Además, se termina con la falta de información a las y los socios y a los órganos gubernamentales normativos, y se garantiza el seguimiento y los procesos de vigilancia y supervisión indispensables para el sano funcionamiento de éstos.

El texto contempla la diversidad del universo cooperativo, ejidal y solidario, y establece las bases para que funcione de manera colegiada, complementaria y empresarial. Punto este último que resulta fundamental hoy en día en que todo organismo económico tiene que contemplar su integración a la actividad productiva y a la generación de empleos, siempre bajo criterios de rendimiento, dejando atrás los periodos de paternalismo, clientelismo y corporativismo que distinguieron al sector durante muchos años.

La ley estipula enunciados normativos cuyo afán es la eficiente aplicación de recursos financieros del Estado en el desarrollo que impulsan estos organismos, pero al mismo tiempo los obliga a constituir las reservas financieras necesarias y a distribuir sus excedentes, además de hacerse cargo de sus propios regímenes de pensiones, seguros y financiamientos.

El texto normativo que se propone da pauta a la constitución de una organización que parte de lo local, se prolonga en lo regional y culmina en un organismo nacional que ha de ser el interlocutor y representante ante todas las instancias del Estado.

Finalmente, al establecer, según lo dicta la experiencia nacional e internacional, la posibilidad de asociación entre los organismos solidarios y organismos públicos y privados, deja sentadas las bases para la complementariedad que contemplaron los constituyentes. Y al dejar clara la posibilidad para inversiones adicionales a las que se hayan realizado originalmente en cada organismo, incentiva la participación del capital de las y los socios que de otra manera estarían ausentes en el proceso del desarrollo.

Dada la naturaleza solidaria que el sector ha de tener, y considerando que tiene una misión fundamental para reinvertir parte de sus excedentes en la búsqueda de más fuentes de trabajo, la Ley otorga condiciones para un tratamiento fiscal preferente, lo cual es también un cumplimiento de las recomendaciones que han hecho tanto la Organización de las Naciones Unidas, como la Organización Internacional del Trabajo.

Finalmente, es importante mencionar que la propuesta de Ley Reglamentaria del Artículo 25 constitucional en cuento al sector social de la economía, en diversos artículos establece principios organizativos y de actuación, así como valores a los cuales están obligados los organismos de dicho sector, con el propósito de evitar la perversión en su actuar y así contribuir a garantizar el cumplimiento de los fines últimos del sector social de la economía, entre los que se encuentra el mejoramiento de la calidad de vida de las personas a través del bienestar social, mediante organizaciones económicas democráticas.

No sobra mencionar que en la propuesta de ley se identifica al sector social de la economía como Sector de la Economía Social y Solidaria, para, por un lado, darle identidad propia y, por otro lado, transitar en la identificación que el sector social tiene en diversas partes del mundo.

Fundamento legal

La presentación de esta iniciativa tiene sustento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el cual se crea la Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 Constitucional, en lo relativo al sector social de la economía

Artículo Único. Se crea la Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 Constitucional, en lo relativo al sector social de la economía para quedar como sigue:

Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 Constitucional, en lo relativo al sector social de la economía

Título Primero
Disposiciones Generales

Capítulo Único
Disposiciones generales

Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo concerniente al sector social de la economía y se aplicará sin perjuicio de otras disposiciones que dicten los poderes ejecutivo y legislativo federal y de las entidades federativas, así como municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 2o. La presente ley tiene por objeto:

I. Establecer mecanismos para facilitar la organización y la expansión de la actividad del Sector Social de la Economía y la responsabilidad del Estado en su fomento e impulso.

II. Definir las reglas de organización, promoción, fomento y fortalecimiento del Sector Social de la Economía, como un sistema eficaz que contribuya al desarrollo social y económico del país, a la generación de fuentes de trabajo digno, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución del ingreso y a la mayor generación de patrimonio social.

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. Congreso , al Congreso Nacional del Sector de la Economía Social y Solidaria.

II. Consejo , al Consejo Nacional del Sector la Economía Social y Solidaria.

III. Fondo , al Fondo de Fomento a la Economía Social y Solidaria.

IV. Instituto , al Instituto Nacional de la Economía Social y Solidaria.

V. Organismos del Sector , a las organizaciones, empresas y sociedades del Sector de la Economía Social y Solidaria.

VI. Registro Nacional , al Registro Nacional de los Organismos del Sector de la Economía Social y Solidaria.

VII. Sector de la Economía Social y Solidaria , al Sector Social de la Economía.

Artículo 4o. El sector de la economía social y solidaria, es el sector de la economía constituido por el conjunto de organismos sociales organizados, en los términos que establece la presente ley.

Artículo 5o. El sector de la economía social y solidaria estará integrado por los siguientes organismos:

I. Ejidos;

II. Comunidades agrarias;

III. Organizaciones de trabajadores, incluyendo sindicatos;

IV. Sociedades cooperativas;

V. Empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores; y

VI. En general, todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Artículo 6o. Los organismos del sector de la economía social y solidaria tomarán en cuenta en su organización interna, al menos, los siguientes principios:

I. Régimen democrático participativo;

II. Forma autogestionaria de trabajo;

III. Solidaridad;

IV. Ayuda mutua;

V. Bien común;

VI. Equidad de género; y

VII. Identificación de las personas como principio y fin del desarrollo.

Artículo 7o. Son fines del sector de la economía social y solidaria:

I. Promover el desarrollo integral del ser humano;

II. Contribuir al desarrollo socioeconómico del país, participando en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios;

III. Fomentar la educación y formación impulsando prácticas que consoliden una cultura solidaria, creativa y emprendedora;

IV. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa;

V. Participar en el diseño de planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social; y

VI. Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo, la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna.

Artículo 8o. Los organismos del sector social de la economía social y solidaria se regirán por los siguientes principios y prácticas:

I. Preeminencia del ser humano y su trabajo, sobre el capital;

II. Afiliación y retiro voluntario;

III. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora;

IV. Trabajo en beneficio propio y de la comunidad;

V. Propiedad social o paritaria de los medios de producción;

VI. Participación económica de los asociados en justicia y equidad;

VII. Reconocimiento del carácter de socios a la mayoría de las personas que presten servicios personales en las organizaciones que se dediquen a la producción de bienes o servicios; y derecho de los que no sean socios pero trabajen en el organismo para conseguir su afiliación, sobre la base de su capacitación en los principios cooperativos y el cumplimiento de los requisitos de todo organismo del mismo carácter;

VIII. Destino de excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de sus reservas y fondos y a reintegrar a sus asociados parte de los mismos en proporción al uso de los servicios o a la participación en el trabajo de la empresa;

IX. Educación, formación y capacitación técnico administrativa permanente y continua para las y los asociados;

X. Promoción de la cultura solidaria y de la protección del medio ambiente entre sus miembros y hacia la comunidad;

XI. Información periódica de sus estados financieros y de resultados a todas y todos y cada uno de sus socios, a través de los informes a la Asamblea General y a los Consejos de Representantes, así como libre acceso a la información;

XII. Integración y colaboración con otras organizaciones del mismo sector; y

XIII. Compromiso primordial con la comunidad en que se encuentren localizadas.

Artículo 9o. Los organismos del Sector de la Economía Social y Solidaria orientarán su actuación con base en los siguientes valores:

I. Solidaridad;

II. Equidad;

III. Justicia;

IV. Democracia;

V. Honestidad;

VI. Pluralidad;

VII. Esfuerzo propio;

VIII. Ayuda mutua;

IX. Responsabilidad compartida;

X. Igualdad;

XI. Transparencia; y

XII. Subsidiariedad.

Artículo 10. La organización y funcionamiento de los distintos subsectores que conforman el sector de la economía social y solidaria se regirán por las leyes y reglamentos dictados al efecto, conforme a su naturaleza eminentemente social y en concordancia con las disposiciones de esta ley.

Artículo 11. El Estado apoyará e impulsará a los organismos del sector social de la economía, bajo criterios de equidad social y productividad, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y conforme al uso, en beneficio general, de los recursos productivos que tendrán la obligación de proteger y conservar, preservando el medio ambiente.

Artículo 12. En lo no previsto por la presente ley se aplicará supletoriamente el Código Civil Federal, la Ley General de Sociedades Cooperativas y la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Título Segundo
De Los Organismos del Sector de la Economía Social y Solidaria

Capítulo IDel funcionamiento de los organismos del sector social de la economía social y solidaria

Artículo 13. Se reconocerá el carácter de organismos del sector de la economía social y solidaria a todas aquellos que hayan cumplido con los ordenamientos de la ley respectiva según su naturaleza y además reúnan los siguientes requisitos:

I. Contemplar en sus estatutos la aceptación y respeto de los principios, fines, prácticas y valores enunciados en los artículos 6o. al 9o. de la presente ley;

II. Estar dentro de alguna de las categorías del Catálogo de organismos del sector de la economía social y solidaria, elaborado por el instituto; y

III. Registrarse en los términos de la presente ley y de los reglamentos respectivos.

Artículo 14. Los organismos del sector de la economía social y solidaria podrán desarrollar las siguientes actividades:

I. Producción, prestación y comercialización de bienes y servicios;

II. Explotación de bienes propiedad de la nación, así como prestación de servicios públicos, siempre y cuando obtengan los permisos o concesiones respectivos;

III. Educación, salud, gremiales, deportivas, recreacionales, culturales y sociales en beneficio de los socios y la comunidad;

IV. Financieras, de seguros, crédito, ahorro, préstamo, administración de fondos de pensiones; y

V. Todas las actividades económicas relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Artículo 15. Los organismos del Sector de la Economía Social y Solidaria adoptarán la estructura interna que establezcan sus propios estatutos y que más se adecue a sus necesidades, incluyendo en todo caso un órgano de decisión denominado Asamblea General, en el que participen todos sus miembros, por sí mismos o por representación de un mandatario designado en los términos de su reglamentación interna y las leyes aplicables, y que será la máxima autoridad del organismo respectivo.

Artículo 16. Los organismos del sector de la economía social y solidaria deberán considerar en sus estatutos internos la existencia de los órganos responsables de la ejecución de las resoluciones del órgano u órganos de decisión; podrán delegar sus funciones administrativas en gerentes o coordinadores, quienes tendrán derecho a un voto en los acuerdos que tome el órgano deliberante. Los coordinadores o gerentes ejercerán sus funciones de acuerdo con las directrices que establezcan los órganos de decisión.

Artículo 17 . Los organismos del sector de la economía social y solidaria, al constituirse y suscribir o adecuar sus estatutos internos, deberán considerar la existencia de los órganos responsables de la vigilancia y control interno de las operaciones sociales, administrativas y económicas del organismo.

Artículo 18. Los integrantes de los órganos directivos serán designados por la voluntad de la mayoría del órgano de decisión, pudiendo ser revocados sus mandatos por decisión mayoritaria de sus miembros y en concordancia con sus propios estatutos.

Capítulo IIDe los derechos y obligaciones de los organismos del sector de la economía social y solidaria

Artículo 19. Sin perjuicio de los derechos y prerrogativas que establecen las leyes relativas a las distintas figuras asociativas, se reconocen a los organismos del sector de la economía social y solidaria, los siguientes derechos:

I. Ser sujetos de fomento y apoyo a sus actividades socio-económicas por parte del Estado;

II. Gozar de autonomía en cuanto a su régimen interno;

III. Constituir sus órganos representativos;

IV. Participar en el análisis del Plan Nacional de Desarrollo en los términos de la Ley de Planeación;

V. Realizar observaciones y propuestas al Instituto con relación a las políticas, programas y acciones de fomento y apoyo de sus actividades;

VI. Solicitar y recibir información sobre el estado que guarden las gestiones que hubieren realizado ante las dependencias del gobierno;

VII. Recibir asesoría, asistencia técnica y capacitación por parte de las autoridades competentes, de acuerdo a la presente ley; y

VIII. Celebrar contratos, actos, operaciones y acuerdos entre sí o con empresas del sector privado y con el sector público, siempre que fueren necesarios o convenientes a sus fines y objeto social.

Artículo 20. Los organismos del sector de la economía social y solidaria, tendrán las siguientes obligaciones:

I. Cumplir y hacer cumplir los principios y valores consagrados en la presente ley;

II. Constituir fondos y reservas colectivos e irrepartibles destinados a cubrir pérdidas eventuales y a financiar servicios sociales en beneficio de sus miembros y de la comunidad, con porcentajes de los excedentes o beneficios percibidos en sus actividades económicas. En todo caso, los fondos mínimos obligatorios serán de reserva, de previsión social y de educación cooperativa y solidaria. Los reglamentos internos definirán los porcentajes, reglas de operación y montos requeridos, estando exentas las organizaciones que en la ley correspondiente estén obligadas a establecer algún fondo de protección o afín;

III. Utilizar los beneficios que consagra la presente Ley para los fines con que fueron autorizados;

IV. Conservar la documentación que demuestre el otorgamiento y uso de los beneficios;

V. Informar al Instituto, si le fuera requerido, sobre el ejercicio de los financiamientos y los apoyos monetarios; en su caso, informar los motivos por los que no fueron aplicados;

VI. Cumplir en tiempo y forma con las normas de las recuperaciones financieras establecidas por las autoridades de la Junta Directiva del Fondo;

VII. Acatar las disposiciones, recomendaciones y sanciones administrativas que emita o disponga el Instituto Nacional de Fomento del Sector de la Economía Social y Solidaria;

VIII. Cumplir en tiempo y forma con los reportes socioeconómicos que le requiera el Instituto Nacional de Fomento del Sector de la Economía Social y Solidaria y proporcionar cualquier tipo de información que dicha instancia les solicite;

IX. Fomentar y difundir los principios, valores y fines de la economía solidaria, formular y promover la implementación, en coordinación con las autoridades competentes, de estrategias, planes y programas que impulsen el desarrollo del Sector de la Economía Social y Solidaria, así como ejercer cualquier actividad lícita en beneficio de sus miembros y la sociedad;

X. Realizar programas de planeación estratégica para su desarrollo progresivo;

XI. Elaborar informes sobre servicios y beneficios económicos, educativos y sociales prestados en su ejercicio a sus miembros y a la comunidad; y

XII. Presentar los estados financieros que les exijan tanto sus miembros como las autoridades del Instituto y demás autoridades competentes.

Capítulo IIIDel fomento y financiamiento de los organismos del sector de la economía social y solidaria

Artículo 21. De conformidad con los requerimientos de desarrollo del Sector de la Economía Social y Solidaria, y con base en el dictamen técnico que al respecto presente el Instituto, deberá crearse un Fondo de Fomento de la Economía Social y Solidaria, con el objeto de dar seguridad, otorgar, administrar y fomentar créditos para los proyectos de fortalecimiento y expansión de los organismos de dicho sector; así como para financiar los servicios y actividades del Consejo Nacional incluidas en el presente ordenamiento legal.

El capital del fondo se constituirá con aportaciones privadas por parte de sus miembros, así como con asignaciones de recursos públicos en proporción o razón de dos unidades de valor por parte del gobierno federal por cada unidad aportada por los organismos del sector. El monto de los recursos públicos asignados al Fondo de Fomento de la Economía Social y Solidaria será irreductible en términos reales de un año a otro.

La naturaleza del fondo, su organización y funcionamiento se regirán por el reglamento que al efecto se dicte.

Artículo 22. Los organismos del sector de la economía social y solidaria gestionarán financiamiento para el desarrollo de sus actividades preferentemente con las instituciones financieras de dicho sector; asimismo, podrán invertir su capital, previo acuerdo de sus miembros, en cualquier instrumento previsto por las normas e instituciones de la materia siempre y cuando no implique riesgos para el patrimonio de sus socios.

Artículo 23. Las organizaciones y empresas del sector tributarán de acuerdo a los regímenes especiales que para el efecto señale la legislación fiscal. En caso de que no existan disposiciones especiales, tributarán con base en un régimen simplificado en el que sólo se grabarán los beneficios o excedentes distribuidos entre los socios.

Artículo 24. Las empresas públicas en proceso de privatización, en cesación de actividades o en proceso de cierre por cualquier causa, serán preferentemente traspasadas a sus trabajadoras y trabajadores, a través de organizaciones o empresas del Sector de la Economía Social y Solidaria existentes o las que se constituyan al efecto.

Artículo 25. En los casos en los que empresas privadas atraviesen por conflictos obrero-patronales irreconciliables, las y los trabajadores podrán optar por el pago de sus liquidaciones y/o salarios caídos, mediante el traspaso de los bienes de la empresa en cuestión, previa constitución de cualesquiera figura asociativa del Sector de la Economía Social y Solidaria, que la continuaría operando con eficiencia y rentabilidad.

Artículo 26. Para el buen desarrollo de lo establecido en los dos artículos precedentes, el Instituto brindará asesoría, capacitación y financiamiento según sus posibilidades presupuestales.

Capítulo IVDe la evaluación de la política de economía social y solidaria y del desempeño de sus organismos

Artículo 27. La evaluación del cumplimiento de las políticas públicas de fomento del sector de la economía social y solidaria estará a cargo de organismos independientes, ya sean organizaciones de la sociedad civil, institutos de investigación o universidades públicas o privadas, asignados por concurso público y abierto a convocatoria del instituto.

Artículo 28. Para la evaluación se deberán incluir los indicadores de resultados, de gestión y servicios para medir su cobertura e impacto.

Artículo 29. El proceso de evaluación de la política de economía social y solidaria, se realizará cada tres años.

Artículo 30 . Los resultados de las evaluaciones serán entregados al Instituto, al Consejo Nacional, a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Fomento Económico de la Cámara de Senadores y puestos a la disposición del público en general a través de las páginas web de esas instancias y de la Secretaría de Economía.

Artículo 31 . De acuerdo a los resultados de las evaluaciones, el Instituto podrá emitir las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al Ejecutivo federal y hacerlas del conocimiento público. En caso de que las evaluaciones detecten anomalías en el manejo de los recursos del Instituto, del Fondo o del Consejo, se procederá a efectuar las investigaciones correspondientes, aplicándose, en su caso, las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades de la Funcionarios Públicos y demás normatividad aplicable.

Título Tercero
De la Estructura del Sector de la Economía Social y Solidaria

Capítulo IDel Instituto Nacional de la Economía Social y Solidaria

Artículo 32. El Instituto Nacional de la Economía Social y Solidaria es un organismo público, autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio y domicilio en la ciudad de México, Distrito Federal.

Artículo 33. El instituto tendrá las siguientes facultades:

I. Definir e instrumentar una política nacional de fomento y desarrollo del sector de la economía social y solidaria;

II. Propiciar condiciones favorables para el crecimiento y consolidación del sector, a través del Fondo de Fomento de la Economía Social y Solidaria con los recursos presupuestales asignados por el Poder Legislativo federal, así como por convenio con aquellas entidades federativas y municipios que lo dispongan;

III. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley;

IV. Formular y ejecutar programas y proyectos de apoyo público a la promoción, fomento y desarrollo del sector de la economía social y solidaria;

V. Participar en la elaboración, consecución y verificación del Plan Nacional de Desarrollo, en términos de lo dispuesto en la Ley de Planeación, y demás disposiciones aplicables a las actividades que desarrollen los organismos del sector de la economía social y solidaria;

VI. Ser órgano consultivo del gobierno federal en la formulación de políticas relativas al sector social de la economía, en términos de lo dispuesto en la Ley de Planeación, y demás disposiciones aplicables a las actividades que desarrollen los organismos del sector, así como de los gobiernos estatales o municipios que lo soliciten;

VII. Establecer, en colaboración con el consejo, un modelo de supervisión a las entidades del sector, tomando en cuenta su propio balance social;

VIII. Constituir una comisión de conciliación y arbitraje propia del sector de la economía social y solidaria, a fin de promover y procurar la conciliación de intereses al interior y entre los organismos de dicho sector, como vía preferente para la solución de conflictos, actuando como árbitro en los casos en que las partes así lo convengan;

IX. Llevar a cabo estudios e investigaciones y elaborar estadísticas que permitan el conocimiento de la realidad de las organizaciones y empresas del sector de la economía social y solidaria y de su entorno, para el mejor cumplimiento de sus objetivos;

X. Promover la consolidación empresarial y el desarrollo organizacional de las diversas figuras asociativas que forman parte del Sector de la Economía Social y Solidaria, para lo cual establecerá un sistema nacional de capacitación y asistencia técnica especializada;

XI. Brindar, en coordinación con las dependencias de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, capacitación y asesoría a las empresas y organizaciones del sector de la economía social y solidaria en actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, pecuarias, pesqueras y las demás de explotación y aprovechamiento de recursos naturales, así como para la transformación y comercialización de productos;

XII. Promover en el ámbito nacional e internacional los bienes y servicios producidos por los organismos del sector de la economía social y solidaria;

XIII. Promover la creación de órganos de integración y representación de las empresas del sector de la economía social y solidaria, considerando los lineamientos que señalen las leyes respectivas;

XIV. Promover y apoyar la creación de instituciones financieras de primero y segundo piso que requiera el sector de la economía social y solidaria, de acuerdo con sus características, debiendo ser administradas por integrantes de éste;

XV. Divulgar los valores, principios y doctrina por los cuales se guían las organizaciones que forman parte del Sector de la Economía Social y Solidaria, difundiendo al mismo tiempo sus principales logros empresariales y asociativos;

XVI. Elaborar y mantener actualizado el catálogo de los diferentes tipos de organismos integrantes del sector de la economía social y solidaria, teniendo en cuenta los principios establecidos en la presente ley;

XVII. Establecer y mantener actualizado el Registro Nacional de Organismos de la Economía Social y Solidaria;

XVIII. Coadyuvar junto con los organismos de grado registrados a la realización trianual del Congreso Nacional del Sector de la Economía Social y Solidaria;

XIV. Establecer un observatorio del sector de la economía social y solidaria, que sirva como herramienta para la sistematización de las experiencias nacionales del sector social de la economía;

XX. Elaborar su propio reglamento interno; y

XXI. Las demás que disponga la presente Ley y normatividad aplicable.

Artículo 34. El patrimonio del instituto se integrará con:

I. Los recursos que se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

II. Los bienes muebles, inmuebles y demás recursos que adquiera con base en cualquier título legal; y

III. Los subsidios, donaciones y legados que reciba de personas físicas o morales, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, los cuales de ninguna manera podrán implicar condiciones contrarias a su objeto conforme lo establece la ley.

Artículo 35. El instituto contará con los siguientes órganos de administración:

I. Junta Directiva;

II. Dirección General; y

III. Las estructuras administrativas que se establezcan en su reglamento interno.

Artículo 36. La Junta Directiva se integrará por trece miembros, de los cuales seis serán representantes del gobierno federal y siete representantes de los organismos del sector de la economía social y solidaria.

I. Por el gobierno federal serán integrantes de la Junta Directiva las o los titulares de las siguientes secretarías de Estado:

a. Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

b. Desarrollo Social

c. Economía

d. Educación Pública,

e. Hacienda y Crédito Público, y

f. Trabajo y Previsión Social.

Las o los titulares de las secretarías podrán nombrar a una o un delegado titular y suplente, que podrá representarlo en sus actividades relacionadas con la integración de este consejo, y contarán con facultades plenas en la toma de decisiones de la Junta Directiva, conforme lo disponga el reglamento respectivo.

II. Por los organismos del sector de la economía social y solidaria, participarán siete integrantes electos libremente en el Congreso Nacional del Sector de la Economía Social y Solidaria.

Cada integrante propietario representante del sector de la economía social y solidaria ante la Junta Directiva del Instituto, podrá nombrar a una o un suplente. No se permitirá la participación de ningún otro representante salvo los que fueron designados con el carácter de propietario o suplente.

Las o los integrantes de la Junta Directiva que representan al gobierno federal durarán en su cargo el tiempo en que estén en funciones como titulares de sus dependencias. Las o los representantes de los organismos del Sector de la Economía Social y Solidaria se elegirán por un periodo de cuatro años, pero podrán ser removidos en cualquier momento por sus representados, de conformidad de los procedimientos establecidos en el reglamento del Congreso Nacional.

La Junta Directiva contará con una o un presidente y una secretaria o un secretario, electos mediante voto mayoritario por un periodo de dos años, de entre sus integrantes y estando presentes todas y todos los integrantes de ésta.

Artículo 37. La Junta Directiva celebrará sesiones ordinarias, por lo menos cuatro veces por año, y las extraordinarias que convoque su Presidente o la mayoría simple de sus integrantes.

Sesionará válidamente con la asistencia la mitad más uno de sus miembros, y las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. El presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. En la toma de decisiones de la Junta Directiva se privilegiara el principio del máximo consenso entre sus integrantes.

El director general del Instituto podrá asistir también a las sesiones de la Junta Directiva contando con voz pero sin voto.

Artículo 38. El director general del Instituto será electo por la Junta Directiva mediante concurso público y durará en su cargo cuatro años.

Artículo 39. La Comisión de Vigilancia del instituto estará integrada por tres comisarias o comisarios públicos propietarios y tres suplentes, designados por la Secretaría de la Función Pública.

Artículo 40 . Las facultades de la Junta Directiva, de la Dirección General y de la Comisión de Vigilancia del instituto, así como de sus estructuras administrativas, se establecerán en el reglamento de la presente ley.

Artículo 41 . El instituto podrá establecer delegaciones regionales, las que en su caso atenderán las zonas noroeste, noreste, centro bajío, sur y sureste, y cuyos funcionarios serán nombrados por la Junta Directiva en votación y por mayoría simple.

Capítulo IIDel Congreso y Consejo Nacional del Sector Social de la Economía Social y Solidaria

Artículo 42. El Congreso Nacional del Sector de la Economía Social y Solidaria es el máximo órgano de representación del sector de la economía social y solidaria, y será conformado de acuerdo a los siguientes criterios y su propio reglamento interno:

I. Dos congresistas de cada uno de los organismos de primero, segundo, tercer y cuarto grado, que estén dentro del Registro Nacional.

II. Cien congresistas electos en asambleas regionales en las zonas noroeste, noreste, centro bajío, sur y sureste, convocadas y desarrolladas por el Instituto y los respectivos organismos de grado registrados.

Artículo 43. Son funciones del congreso:

I. Fomentar y difundir los principios, valores y fines del sector de la economía social y solidaria;

II. Promover la integración de los componentes del sector de la economía social y solidaria;

III. Emitir posicionamientos con respecto a las problemáticas que afecten al sector de la economía social y solidaria;

IV. Aprobar sus propios estatutos y reglamentos internos;

V. Participar en la elaboración, consecución y verificación del Plan Nacional de Desarrollo, en términos de lo dispuesto en la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables a las actividades que desarrollen los organismos del sector de la economía social y solidaria;

VI. Elegir a través de su pleno y en apego a su reglamento interno, a las y los representantes al Instituto; y

VII. Las demás que establezca su reglamento interno, que no contravengan las disposiciones de esta ley.

Artículo 44. El congreso se convocará cada tres años de manera ordinaria, pudiendo realizarse convocatoria extraordinaria cuando exista consenso entre las consejeras y los consejeros integrantes de la Junta Directiva del Consejo Nacional.

Artículo 45. El Consejo Nacional de Organismos de la Economía Social y Solidaria es un órgano de carácter operativo y de coordinación entre las reuniones del Congreso Nacional y desarrollará actividades de apoyo al sector de la economía social y solidaria.

Artículo 46. Son funciones del consejo:

I. Convocar las sesiones del congreso;

II. Servir como organismo de coordinación, discusión y exposición de todos los asuntos de interés para el sector de la economía social y solidaria;

III. Apoyar en la gestoría a favor de las empresas del Sector de la Economía Social y Solidaria, en trámites ante cualquier instancia pública o privada;

IV. Brindar, en coordinación con el Instituto y las dependencias correspondientes del Poder Ejecutivo de los tres órdenes de gobierno, capacitación y asesoría a las empresas y organizaciones del sector de la economía social y solidaria en actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, pecuarias, pesqueras y las demás de explotación y aprovechamiento de recursos naturales, así como para la transformación y comercialización de productos;

V. Promover la creación de órganos de integración y representación de las empresas del sector de la economía social y solidaria, considerando los lineamientos que señalen las leyes respectivas;

VI. Promover y apoyar la creación de instituciones financieras de primero y segundo piso que requiera el sector de la economía social y solidaria, de acuerdo a sus características, debiendo ser administradas por integrantes del mismo; y

VII. Las demás que establezca su reglamento interno, que no contravengan las disposiciones de esta ley.

Artículo 47.- El consejo estará integrado por 15 consejeras o consejeros electos por un periodo de tres años por el pleno del congreso, no reelegibles de manera consecutiva y estando impedidos para ser representantes ante el instituto al mismo tiempo de su encargo en el consejo.

Artículo 48. El consejo tendrá la estructura organizativa más conveniente para el cumplimiento de sus objetivos, pero deberá contemplar como mínimo una Junta Directiva, un Órgano de Vigilancia y un área especializada en Educación y Capacitación Solidaria de acuerdo a lo que establezca su reglamento interno.

Artículo 49. La Junta Directiva del consejo será el órgano encargado de la dirección y coordinación las actividades del consejo y su representante legal. La Junta Directiva se conformará como lo establezca el reglamento interno del consejo y entre sus atribuciones estarán:

I. Designar al secretario ejecutivo;

II. Nombrar a sus representantes ante el Registro Nacional y ante el instituto;

III. Ejecutar los acuerdos y decisiones del consejo;

IV. Elaborar el presupuesto y los programas de trabajo; y

V. Presentar al Congreso Nacional los estados financieros y los informes de su actuación para su aprobación.

Artículo 50. El órgano de vigilancia tendrá las atribuciones de fiscalizar la adecuada administración de los recursos patrimoniales del consejo.

Artículo 51. El congreso y el consejo se financiarán con las aportaciones que conforme a programas específicos otorguen los tres órdenes de gobierno, con las aportaciones económicas de las organizaciones que la integren y de las cuotas por los servicios otorgados a las organizaciones.

Capítulo IIIDe los organismos de grado

Artículo 52. Los organismos del sector podrán asociarse entre sí para el mejor cumplimiento de sus fines, en organismos de segundo, tercer o cuarto grado, de carácter regional, estatal y nacional. Aquellos de índole económica no necesariamente serán especializados en determinado ramo o actividad.

Los requisitos y procedimientos para constituir organismos de cualquier grado serán los establecidos por la ley específica que corresponda y en las leyes de materia civil aplicables.

Artículo 53. Los organismos de segundo grado podrán crear organismos de tercer grado y cuarto grado, de índole nacional o sectorial, con el propósito de orientar procesos de desarrollo del movimiento y unificar acciones de defensa y representación nacional o internacional. Los requisitos y procedimientos para constituir organismos de tercer y cuarto grado serán los establecidos por la ley específica que corresponda.

Artículo 54. Los organismos de tercer grado y cuarto grado deberán precisar claramente en sus estatutos su jurisdicción, así como los sectores económicos o las formas asociativas o solidarias que representan.

Artículo 55. Los organismos de integración ejercerán de pleno derecho la representación y defensa de los derechos e intereses de sus afiliadas y de la rama de actividad en que actúan, así como de los beneficios y preferencias que concede ésta y demás leyes a las entidades del sector social de la economía.

Podrán prestar u obtener en común servicios profesionales y técnicos de asesoría, apoyo financiero, asistencia técnica, educación, capacitación e investigación científica y tecnológica.

Artículo 56. Los organismos de segundo, tercer y cuarto grado deberán registrarse ante el Instituto del sector, a fin de que le sea reconocida su representatividad.

Capítulo IVDel Registro Nacional de los Organismos del Sector de la Economía Social y Solidaria

Artículo 57. El Registro Nacional de Organismos del Sector de la Economía Social y Solidaria, es el instrumento público encargado de la sistematización de la información y registro de los organismos del sector de la economía social y solidaria.

Artículo 58. Los organismos y entidades del sector, si desean acogerse a los beneficios y prerrogativas de la presente Ley, además de realizar su registro conforme lo establezcan las leyes que las rigen según su naturaleza, deberán solicitar su inscripción ante el Registro Nacional, conforme a las disposiciones marcadas en su reglamento.

Artículo 59. El Registro Nacional dependerá del instituto de conformidad con su reglamento y será el encargado de llevar las inscripciones de los organismos del sector legalmente constituidas.

Artículo 60. El Registro Nacional será público, por lo que cualquier ciudadana o ciudadano podrá solicitar información, en cumplimiento con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 61. El instituto publicará anualmente un compendio de información básica sobre los organismos del Sector de la Economía Social y Solidaria registrados, así como su capacidad y cobertura de servicios.

Título Cuarto
Sanciones

Capitulo Único
De las sanciones

Artículo 62. Las entidades del sector de la economía social y solidaria perderán sus beneficios cuando incumplan reiteradamente sus principios y prácticas generales y violen sistemáticamente las disposiciones de la presente ley.

Artículo 63. Serán sancionados en los términos previstos por el Reglamento de esta Ley, los promotores, directivos y administradores de empresas de cualquier tipo, que sin estar legalmente constituidas como entidades del Sector de la Economía Social y Solidaria según las normas que rigen su organización y funcionamiento, gocen o pretendan gozar de los beneficios, prerrogativas y exenciones concedidas por Ésta y otras leyes, o exploten el trabajo asalariado bajo la apariencia de ser socios.

Artículos Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La convocatoria y asuntos relativos a la celebración de las asambleas regionales de los organismos del sector de la economía social y solidaria, será efectuada por la Secretaría de Economía a través de sus delegaciones estatales en un plazo no mayor de tres meses después de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. Una vez realizadas las asambleas regionales, la Secretaría de Economía deberá convocar a la instalación del Congreso Nacional de los Organismos del Sector Social de la Economía. Este congreso deberá elegir, tan pronto como se instituya, tanto a los representantes ante el instituto del sector, como a los 15 Consejeros del Consejo Nacional de la Economía Social.

Tercero. Todas las instituciones públicas a que se refiere la presente ley, deberán instalarse e iniciar sus funciones en un plazo que no exceda de un año contado a partir de la promulgación de la ley.

Cuarto. Todas aquellas empresas u organizaciones sociales que tengan personalidad jurídica como asociaciones o sociedades civiles y que deseen acogerse a los beneficios y prerrogativas de la presente ley, deberán constituirse legalmente en cualquiera de las figuras asociativas a que se refiere el artículo quinto de la presente ley.

Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados, a 7 de abril de 2011.

Diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbrica)