- Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Junta de Coordinación Política que acuerde lo necesario a fin de avalar y someter a consideración del pleno la solicitud de organizaciones campesinas nacionales para instalar una mesa de trabajo donde se discutan y convengan medidas contra la urgencia alimentaria del país, a cargo de integrantes de diversos grupos parlamentarios
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política que forme un grupo plural, preferentemente con los legisladores que participarán en la quincuagésima Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, por celebrarse próximamente en esa nación, a efecto de que se reúnan con sus contrapartes de la Cámara de Representantes y del gobierno federal para ampliar y fortalecer los procedimientos de control y seguimiento parlamentario del tráfico de armas, y analizar otros temas de la agenda común relativos a la seguridad regional, a cargo del diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del PVEM
Proposiciones
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE a sustituir los transformadores de electricidad cercanos a los centros educativos por equipos de capacidad adecuada que les permitan operar sin interrupción, a cargo de la diputada Adela Robles Morales, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar por la Secretaría de Economía las normas oficiales mexicanas sobre la producción de leche o productos lácteos para obligar a los empresarios a establecer en el etiquetado o en la tabla nutrimental las leyendas “Producto hecho a base de leche de vaca”, “Fórmula láctea” o “Producto lácteo combinado”, a cargo del diputado José Antonio Arámbula López, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que fiscalice los recursos federales del ramo 33 aplicados en el estado de México, particularmente en Ecatepec de Morelos, respecto de la Cuenta Pública de 2010, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a implantar acciones para institucionalizar el sistema nacional de innovadores, que promueva la creatividad de hombres y de mujeres de todas las edades, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Quintana Roo a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el intento de boicoteo contra la distribución del periódico Novedades de Quintana Roo la madrugada del 31 de marzo de 2011, a cargo de la diputada María Yolanda Valencia Vales, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que revise exhaustivamente la ejecución de los recursos erogados en programas referentes a grupos vulnerables, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD, y suscrita por integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
- Con punto de acuerdo, relativo al acuerdo por el que se da a conocer el calendario de distribución en el ejercicio fiscal de 2011 de los recursos del Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios, a cargo del diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del PVEM
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a revisar los avances en el otorgamiento de becas del programa Oportunidades y, en su caso, cumplir el compromiso establecido en la Alianza por la Calidad de la Educación, a cargo del diputado Ignacio Téllez González, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política que acuerde lo necesario a fin de avalar y someter a consideración del pleno la petición de organizaciones campesinas nacionales para instalar una mesa de trabajo donde se discutan y convengan medidas que enfrenten la urgencia alimentaria del país, a cargo de integrantes de diversos grupos parlamentarios
Los suscritos, diputados federales a la LXI Legislatura, integrantes de diversos grupos parlamenatrios, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presentan ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que diversas organizaciones campesinas nacionales 1 han solicitado a esta Cámara de Diputados, que se instale una mesa de trabajo donde se discuta y acuerde lo necesario para enfrentar la emergencia alimentaria del país.
2. Que la Mesa de Trabajo, se plantea sea integrada por legisladores de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, por los titulares de las dependencias federales y por las propias organizaciones campesinas nacionales.
3. Que para sustentar la petición anterior, se expresan una serie de elementos que caracterizan la situación de emergencia alimentaria por la que actualmente atraviesa el país, de donde se destaca lo siguiente:
a) Los cambios climáticos que han afectado recientemente al país, manifestados en las lluvias atípicas del año 2010 en el sur y sureste y las heladas en el norte y noroeste en el 2011. Esta circunstancia ha implicado en este año, el siniestro de alrededor de un millón de hectáreas, cerca del 70 por ciento con daño total y el resto de manera parcial, lo que significa sólo en maíz, la pérdida de alrededor de 5 millones de toneladas, de los 7 millones correspondiente al ciclo otoño-invierno.
b) Los aumentos de los alimentos en el mercado internacional, cuyo incremento, en relación al año anterior, es del orden del 32 por ciento, de acuerdo a la FAO y el Banco Mundial. Este fenómeno se explica básicamente por la reducción a nivel mundial de la producción agrícola, debido al cambio climático y a la creciente utilización de maíz para producir etanol por parte de Estados Unidos de América, EUA. Los escenarios indican que habrá menos disponibilidad de granos básicos y que se seguirán incrementado los precios.
c) Que la política de importación de alimentos y la cesión de soberanía alimentaria a las corporaciones nacionales, es contraria al interés nacional y atenta contra la seguridad nacional. Un solo dato ejemplifica esta circunstancia: el valor total de las importaciones de alimentos de EUA en 2010, es semejante al presupuesto actual asignado al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentables, PEC.
d) Que la dependencia alimentaria se ha agudizado, siendo su expresión más dramática, que del total de los alimentos consumidos en el país, 42 por ciento proviene del extranjero, particularmente de EUA.
e) Que la pobreza extrema en el campo, representa alrededor del 70 por ciento de la población con pobreza alimentaria en el país. Cabe destacar que en este segmento de población se encuentran los jornaleros agrícolas, cuyos derechos laborales son violentados sistemáticamente, y subrayar además que la mano de obra infantil es explotada en condiciones semejantes.
f) Que el conjunto de factores enunciados se correlacionan estrechamente, provocando una situación de emergencia en la coyuntura actual, pero que constituyen las causas de fondo que han incrementado la pobreza extrema rural, la dependencia alimentaria del país, el creciente control de los procesos agro-alimentarios estratégicos por un pequeño conjunto de transnacionales, y en general han influido directamente en la disminución de las condiciones de vida de la población, en particular de la clase trabajadora.
g) Que los elementos citados en el inciso anterior, son el resultado de una política económica que ha marginado de sus propósitos, a los pequeños y medianos productores campesinos, que ha privilegiado los cultivos de exportación concentrados en un reducido número de productores capitalizados y ha preferido importar los alimentos básicos de la dieta nacional, en lugar de apoyar su producción nacional, lo que ha ido en menoscabo de la soberanía y seguridad alimentaria de la nación.
h) Que lo mencionado, implica la imperiosa necesidad de redireccionar el modelo alimentario nacional actual, mediante una política que privilegie la producción nacional y que ésta sea el sustento de la soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional.
Con base en las consideraciones previas, sometemos al pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con
Puntos de Acuerdo
Primero.
Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Senadores, para que participe en la Mesa de Trabajo que se conformaría por representantes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, del Ejecutivo Federal y de las Organizaciones Campesinas Nacionales citadas en el texto de este documento, con el objeto de discutir y acordar las medidas necesarias para enfrentar la emergencia alimentaria por la que atraviesa el país.
Segundo.
Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que los titulares de las dependencias integrantes de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, participen en la mesa de trabajo que se conformaría por representantes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, del Ejecutivo federal y de las organizaciones campesinas nacionales citadas en el texto de este documento, con el objeto de discutir y acordar las medidas necesarias para enfrentar la emergencia alimentaria por la que atraviesa el país.
Tercero.
I. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que en uso de sus atribuciones conforme un Consejo Regulador Federal de la cadena productiva maíz-tortilla tradicional de nixtamal que planee, organice, controle y vincule a todos los agentes que interviene en la cadena productiva.
II. Que se integren a los productores de maíz directamente con los productores de masa, a través de la agricultura por contrato.
III. Se crea un fideicomiso entre los productores de la cadena maíz-tortilla tradicional de nixtamal con el gobierno federal, a fin de implementar un subsidio directo y focalizado a la población mas pobre, para la tortilla de nixtamal.
IV. Se implanten –de manera urgente– mecanismos para crear una reserva estratégica de maíz blanco.
V. Se formule la creación de una norma oficial mexicana (NOM) sobre las dos clases de tortilla en el mercado: la tortilla tradicional de nixtamal y la tortilla de harina de maíz, donde se especifiquen las características óptimas nutricionales, de salud e higiene, entre otras.
Notas
1 Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, Central Campesina Cardenista, Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, Confederación Nacional Campesina, Central Campesina Independiente, Frente Democrático Campesino de Chihuahua, Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Central de Organizaciones Campesinas y Populares y la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 15 de marzo de 2011.
Diputados: José Luis Jaime Correa, José Ramón Martel López, Emiliano Velázquez Esquivel, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Adán Augusto López Hernández, Víctor Manuel Castro Cosío, César Francisco Burelo Burelo, Rigoberto Salgado Vázquez, Florentina Rosario Morales, José María Valencia Barajas, Pavel Díaz Suárez, Luciano Cornejo Barrera, Domingo Rodríguez Martell, Olga Luz Espinosa Morales, María Florentina Oceguera Silva, Silvia Puppo Gastélum, Ramón Jiménez Fuentes, Samuel Herrera Chávez, Vidal Llerenas Morales, Avelino Méndez Rangel, Cruz López Aguilar, Gerardo Sánchez García, Sergio Lobato García, Julián Nazar Morales, José Alberto González Morales, Ricardo Urzua Rivera, María Isabel Merlo Talavera, Sofía Castro Ríos, Blanco Roberto Pérez de Alva, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Adriana Terrazas Porras, Teófilo Manuel García Corpus, Emilio Andrés Mendoza Kaplan, Joel González Díaz, Héctor Pedroza Jiménez, Luis Félix Rodríguez Sosa, José Manuel Agüero Tovar, Francisco José Rojas Gutiérrez, Manuel Humberto Cota Jiménez, María Hilaria Domínguez Arvizu, Rigoberto Salgado Vázquez, Ramón Ramírez Valtierra, Héctor Pedraza Jiménez, Antonio Benítez Lucho, José Luis Álvarez Martínez, José María Torres Robledo, Federico Ovalle Vaquera, Juan Enrique Ibarra Pedroza, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Leticia Quezada Contreras, Agustín Guerrero Castillo, Israel Madrigal Ceja, Indira Vizcaíno Silva, María Dina Herrera Soto, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Francisco Hernández Juárez (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política que forme un grupo plural, preferentemente con los legisladores que participarán en la quincuagésima Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, por celebrarse próximamente en esa nación, a efecto de que se reúnan con sus contrapartes de la Cámara de Representantes y del gobierno federal para ampliar y fortalecer los procedimientos de control y seguimiento parlamentario del tráfico de armas, y analizar otros temas de la agenda común relativos a la seguridad regional, a cargo del diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del PVEM
Pablo Escudero Morales, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los numerales 1 y 2 del artículo 79 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, acudo ante el pleno de esta soberanía a presentar la siguiente proposición, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
1. Durante los años 2009 y 2010 se implementó el programa “Rápido y Furioso” en el cual se enviaron ilegalmente casi dos mil rifles de grueso calibre a grupos que trabajan con la delincuencia organizada en México, según la oficina estadounidense de Alcohol, Tabaco y Armas, el objetivo era rastrear la cadena de contrabando; sin embargo, perdieron la huella del envío. Entre el arsenal se encontraban los fusiles de asalto AK47 comúnmente usados por los sicarios mexicanos, así como el rifle Barret calibre .50 capaz de atravesar blindajes.
2. Con fecha 15 de febrero de 2011, fue asesinado el agente Jaime Zapata, del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos denominado ICE, cuando circulaba por una carretera en San Luis Potosí, junto con el agente Víctor Ávila quien resultó herido. El arma empleada, fue importada de los Estados Unidos.
3. Desde el inicio de la lucha contra la delincuencia organizada iniciada por el gobierno de México, se han decomisado miles de toneladas de armas empleadas por los grupos delictivos, las cuales tienen su origen de comercialización y manufactura en el vecino país de los Estados Unidos de Norteamérica.
Estos antecedentes son analizados bajo los siguientes:
Considerandos
Derivado de los últimos acontecimientos como el asesinato del agente de la Oficina de Migración y Aduanas de Estados Unidos, Jaime Zapata, quien falleció cerca de San Luis Potosí como consecuencia de un ataque con un arma de fuego que provenía precisamente, de Estados Unidos y del fracaso del operativo encubierto de nombre “Rápido y Furioso” información que fue dada a conocer por John Dodson, agente de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (BATF por sus siglas en inglés), en el que dicha oficina permitió a su delegación en Phoenix, Arizona, como parte de una estrategia del gobierno de EU, que traficantes de armas compraran y distribuyeran en México cerca de dos mil pistolas y fusiles para identificar y seguir la ruta de éstas y “ver hasta dónde llegaban” en su destino final, principalmente a cárteles de la droga y grupos de delincuencia organizada en México. SE PRESENTA UNA OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL PARA QUE SE CONFORME UN GRUPO PLURAL DE LEGISLADORES, INTEGRADO PREFERENTEMENTE POR AQUELLOS QUE HAN DE PARTICIPAR EN LA REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS QUE SE CELEBRARÁ EN ESA NACIÓN EN LOS PRÓXIMOS MESES, A EFECTO DE QUE SE REÚNAN CON SUS CONTRAPARTES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DEL CONGRESO NORTEAMERICANO Y DEL GOBIERNO FEDERAL DE ESA NACIÓN, PARA AMPLIAR Y FORTALECER LOS MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARLAMENTARIO AL TRÁFICO DE ARMAS, Y ANALIZAR OTROS TEMAS DE LA AGENDA COMÚN RELATIVOS A LA SEGURIDAD REGIONAL QUE PUEDAN SER ANALIZADOS CONJUNTAMENTE EN DICHO MECANISMO BILATERAL. Se propone que en dicha reunión se entregará un expediente de las 65,000 armas norteamericanas decomisadas incluyendo la pistola con la que fue asesinado Jaime Zapata y pedazos de las armas destruidas por la Secretaria de la Defensa, de manera simbólica.
México vive tiempos violentos que nos han llevado a realizar un recuento del número de muertos en nuestro país desde 2006, año por año, después mes por mes, semana por semana, hasta hacerlo día por día.
Repetidamente hemos levantado la voz, porque dicha violencia sería inexplicable sin las armas que se trafican a nuestro país provenientes de los Estados Unidos de América, 65,000 armas confiscadas adquiridas por los cárteles mexicanos en Estados Unidos.
En diciembre del año pasado, en Arizona, supuestos narcotraficantes mexicanos le quitaron la vida también con un arma de fuego estadounidense a Brian Terry, agente de la Patrulla Fronteriza.
Estos hechos, sumamente graves y lamentables, han puesto de relieve la operación del crimen organizado en México con armas de los Estados Unidos. De la mano con esto, va el incremento en la violencia que vivimos en el país. Este panorama se torna mucho más lamentable, al enterarnos que el gobierno estadounidense no solo ha sido omiso y poco cooperativo en la materia, sino que peor aún, realizó un programa encubierto de tráfico de armas, sin participar de ello a las autoridades mexicanas.
De conformidad con información dada por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, en octubre de 2009, dicha oficina permitió a su delegación en Phoenix, Arizona, como parte de una estrategia del gobierno de EU, que traficantes de armas compraran y distribuyeran cerca de dos mil pistolas y fusiles para identificar y seguir la ruta de éstas y “ver hasta dónde llegaban” en su destino, principalmente a cárteles de la droga y grupos de delincuencia organizada en México. Hoy lo que sabemos, es que este programa fue un fracaso y que agentes de la propia BATF han apuntado la probable correlación entre el tráfico de armas y la creciente violencia y muertes en nuestro país. A pesar de todo, esa estrategia se mantuvo hasta septiembre de 2010, no obstante que ya desde el mes de marzo de ese año, había recibido varias críticas internas.
En la ONU se prepara ya una Conferencia Internacional que adopte un tratado que regule por primera vez el comercio mundial de armas convencionales. Quienes la impulsan consideran que la ausencia de normas contribuye al desvío de armas al crimen organizado, facilita la violencia y consecuentemente, la violación de los derechos humanos, además de amenazar la seguridad mundial. La propia Asamblea General de las Naciones Unidas acordó en 2009 iniciar formalmente las negociaciones para elaborar un instrumento legal firme y sólido que regule la exportación de armamento para el 2012.
Para la materialización del presente punto de acuerdo es necesario requerir al Ejecutivo federal rinda al seno de esta Cámara de Diputados un informe detallado respecto a las 65,000 armas decomisadas por las fuerzas federales, toda vez que este documento será entregado a los legisladores Norteamericanos así como al representante de la Casa Blanca y del Departamento de Estado en las reuniones que se acuerden celebrar.
Así también, se deberá requerir al Ejecutivo federal que solicite a la Secretaría de la Defensa Nacional, que en la próxima destrucción de armas de procedencia norteamericana que tenga a bien realizar, se resguarde un kilo del armamento destruido, para hacer una entrega simbólica a los legisladores norteamericanos, y lo cual representa el esfuerzo realizado por las autoridades mexicanas para el decomiso y destrucción de armas estadounidenses en un combate frontal al crimen organizado.
Para concluir y con el fin de materializar el objeto del presente, será necesario solicitar el auxilio del Ejecutivo federal para que nuestro embajador en Estados Unidos coadyuve en la logística necesaria para llevar a cabo dichas reuniones.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este honorable pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Sea votada a favor la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por los motivos expuestos en el cuerpo de la misma, por lo que deberá ser aprobado en el pleno de esta Cámara de Diputados sin turno a Comisión.
Segundo. Se solicita a la Junta de Coordinación Política, conforme un grupo plural de legisladores, integrado preferentemente por aquellos que han de participar en la L Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos que se celebrará en esa nación en los próximos meses, a efecto de que se reúnan con sus contrapartes de la Cámara de Representantes del Congreso norteamericano y del gobierno federal de esa nación, para ampliar y fortalecer los mecanismos de control y seguimiento parlamentario al tráfico de armas, y analizar otros temas de la agenda común relativos a la seguridad regional que puedan ser analizados conjuntamente en dicho mecanismo bilateral.
Tercero. La integración de este grupo de trabajo será definida por la Junta de Coordinación Política con base en criterios de proporcionalidad.
Diputado Pablo Escudero Morales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE a sustituir los transformadores de electricidad cercanos a los centros educativos por equipos de capacidad adecuada que les permitan operar sin interrupción, a cargo de la diputada Adela Robles Morales, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La generación de energía eléctrica inició en México a fines del siglo XIX. La primera planta generadora que se instaló en el país se realizó en 1879 en León, Guanajuato, y era utilizada por la fábrica textil “La Americana”. Casi inmediatamente se extendió esta forma de generar electricidad dentro de la producción minera y, marginalmente, para la iluminación residencial y pública.
Actualmente el sector energético es estratégico e indispensable en toda actividad económica, social y cultural, así como para el desarrollo del país; es, no cabe duda, un bien insustituible para el progreso y la integración social.
Sin embargo, el crecimiento de la sociedad ha dejado obsoleta buena parte de la infraestructura eléctrica existente. La calidad de la energía eléctrica es deficiente y con mucha frecuencia se traduce en variaciones del voltaje, por abastecerse por transformadores antiguos. La ausencia de interrupciones del suministro y los disturbios de la señal del voltaje que alimenta a los equipos eléctricos en general, afecta a la industria, al comercio, a los hogares y a las escuelas, a quienes le ha costado mucho equipar sus instalaciones y les hace casi irreparables los daños que sufren. Una calidad de la energía eléctrica del 100 por ciento ni remotamente existe, debido a que las condiciones normales de operación tanto de las redes eléctricas de suministro, como de los equipos que la consumen, hacen que sea imposible contar con una buena calidad de energía eléctrica. De la potencia mejor ni hablamos, ya que los países desarrollados y muchos en vías de desarrollo ya cuentan con potencia de 254 voltios y nosotros seguimos en 127.
Un estudio basado en los parámetros del European Copper Institute de la Comunidad Europea, realizado por Procobre con información del Inegi y asesoría de un grupo de expertos en la calidad de la energía eléctrica, informó que en México se pierden anualmente alrededor de 150 mil millones de pesos por problemas de calidad en la energía eléctrica en los sectores industrial y de servicios, lo cual equivale a más del doble del presupuesto de pesos destinados a la Secretaria de Salud de nuestro país.
Por otra parte, quiero referirme al uso de la computadora en la educación que ha sido lento y costoso. La misma tiene sus inicios en el año de 1978. La Academia de la Investigación Científica dio los primeros pasos para que los niños usaran las computadoras mediante su programa Domingos en la Ciencia. En la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Politécnico Nacional y la Fundación Arturo Rosenblueth crearon grupos de investigación que se dedicaron a estudiar la interacción de los niños con las computadoras.
En 1986 se inició el proyecto Coeeba-SEP (Computación Electrónica para la Educación Básica), que tuvo como objetivo la instalación de 30,000 computadoras para ser usadas en los grupos de tercero de secundaria. Para 1989, el proyecto Coeeba-SEP había capacitado a más de 31,000 maestros, atendía a más de 1 millón de alumnos en más de 4,700 planteles y había distribuido más de 5,000 computadoras. Además, se habían instalado 35 Centros Coeeba-SEP para capacitación y soporte técnico y se habían desarrollado 297 programas de apoyo didáctico para todos los grados de secundaria, en el caso de las primarias la Enciclomedia ha sido uno de los programas más importantes que no se ha podido aprovechar completamente en virtud de que las aulas no cuentan la energía eléctrica suficiente.
Actualmente, el uso de la computadora en las escuelas se ha convertido en un asunto de gran importancia por la cantidad de computadoras instaladas y ha mantenido las dos tendencias del modelo Coeeba-SEP, es decir, se atiende tanto a la instrucción en temas propios de la tecnología informática, así como el uso de la computadora como auxiliar didáctico.
La computadora es un instrumento valioso para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje y cada día hay más aplicaciones en informática educativa como enciclopedias interactivas, programas para hacer mapas conceptuales, programas para desarrollar habilidades en pensamiento estratégico y programas multimedia interactivos para la enseñanza de matemáticas.
El tener una computadora en las instituciones educativas es esencial, pero también es necesario contar instalaciones eléctricas adecuadas que brinden un adecuado suministro de energía a las aulas informáticas.
Los constantes cortes de energía ocasionan que los equipos informáticos presenten daños, que van desde pérdida de programas hasta la pérdida total del equipo de computo. Así no es posible pensar ni en la educación continua, ni en la calidad educativa, mucho menos en la sociedad del conocimiento. Se necesita infraestructura y calidad de la misma para que sea posible.
En el municipio de Boca del Río, Veracruz, por ejemplo, mi municipio de origen, se cuenta con 297 escuelas, muchas de ellas cuentan con aulas donde se imparte la asignatura de informática o computación, el problema es recurrente. De tal manera que se necesita suficiente energía, de excelente calidad y con los transformadores adecuados para el suministro de la misma, para el alumbrado de las aulas, el funcionamiento del equipo de ventilación así como del abastecimiento de energía para el equipo informático, entre otros.
Los legisladores tenemos el compromiso de realizar todo lo conducente a solucionar problemas que afecten a todas que aquellas personas que depositaron su confianza en nosotros, por ello es menester cumplir con nuestro trabajo. Por eso, este punto de acuerdo es para plantear, proponer, exhortar, exigir y demandar, que se acelere la sustitución de transformadores cerca de los centros educativos por nuevos, con buena capacidad para prevenir daños a los equipos informáticos escolares y asegurar la educación de calidad que requiere México y que merecen nuestros jóvenes.
Por lo expuesto, presento a esta honorable asamblea proposición conforme al siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la CFE a efectuar una revisión minuciosa del funcionamiento de los transformadores de energía eléctrica cercanos a los centros educativos y, en su caso, se sustituyan por nuevos con capacidad adecuada, para permitir la operación de las aulas de computación y todas las actividades de los centros educativos del país sin cortes de energía, ya que provocan serios daños a la continuidad y calidad educativa y a su economía.
Palacio Legislativo, a 5 de abril de 2011.
Diputada Adela Robles Morales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar por la Secretaría de Economía las normas oficiales mexicanas sobre la producción de leche o productos lácteos para obligar a los empresarios a establecer en el etiquetado o en la tabla nutrimental las leyendas “Producto hecho a base de leche de vaca”, “Fórmula láctea” o “Producto lácteo combinado”, a cargo del diputado José Antonio Arámbula López, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado José Antonio Arámbula López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
La región de América del Norte, al integrarse una zona de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá mediante un Tratado de Libre Comercio, agrupa a naciones que, si bien tienen una vecindad natural, son muy desiguales en cuanto a sus estructuras institucionales, generación y transferencia de tecnología, utilización de factores productivos y niveles de productividad.
Desde que se inició el proceso de negociaciones de este tratado, el tema de la actividad lechera ha presentado diferentes perspectivas para cada país. Estados Unidos y Canadá por su parte presentan características semejantes, con un proceso de concentración en las fases de producción primaria e industrial y una alta normalización de los productos. Por su parte México se sitúa como un destacado importador mundial de productos lácteos y de insumos para el desarrollo de la actividad lechera. En esta integración desigual, México corre el riesgo de aumentar su dependencia en un producto básico y vulnerar la competitividad de una actividad clave para el desarrollo rural y agroindustrial. En México los productores afines al sector Lechero se estiman aproximadamente en 200,000 mil productores, según la Confederación Nacional Campesina.
La negociación entre México y Estados Unidos abarca la eliminación de todos los aranceles en plazos según el producto de que se trate. Con la firma del TLC en 1994 se fijó una cuota de 40,000 toneladas de leche en polvo, dentro de la cual las importaciones no tenían ningún arancel, y crecerían a un 3 por ciento por año. Para los volúmenes excedentes se aplica un arancel compensatorio equivalente a 139 por ciento ad valorem con lo cual se pretende equilibrar la distorsión de los precios internacionales.
La negociación para este producto fue la siguiente:
a. 1,160 dólares por tonelada métrica.
b. El periodo total de desgravación será de 15 años, el arancel se desgravará en 24 por ciento en seis años a partir de 1994 y en 76 por ciento durante los siguientes nueve años.
En 2005 la Secretaría de Economía redujo el arancel para la importación de leche a un 35 por ciento. Esta medida fue justificada para evitar el impacto de golpe de la liberación total y permitir que los productores pudieran llevar a cabo alguna maniobra. A partir del 2008 se permite la libre importación de leche en polvo, por lo cual se tienen distintas calidades y marcas de productos lácteos.
Ante la apertura comercial de leche en polvo y los precios a la baja a nivel internacional han hecho que México rompa records en la importación de este producto ya que las empresas privadas, comercializadoras y organismos públicos con el objetivo de minimizar sus costos prefieren adquirir leche en polvo importada que leche de vaca nacional.
En 2006 la importación de leche en polvo según datos de Proméxico llegó a 469 mil toneladas y en 2007 a 573 mil, cifras que coloca a México en primer lugar de América Latina. Las importaciones de leche en polvo provienen principalmente de 5 países: en primer lugar se encuentra Estados Unidos, a quien se le adquiere alrededor del 60 por ciento de la leche importada, Nueva Zelanda en segundo lugar con un 19 por ciento en tercero se encuentra Uruguay, en cuarto Chile con un 8 y 7 por ciento respectivamente y en quinto lugar Argentina.
Por su parte la producción de leche nacional según datos de la Cámara Nacional de la Industria de la Leche y del Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no ha crecido considerablemente ya que en los últimos tres años ha mantenido una producción promedio de 10,500 millones de litros de leche.
El principal problema de esta apertura comercial es que ha desplazado a los competidores en México, “al crear un mercado de compradores desequilibrado en donde empresas venden fórmulas lácteas en lugar de leche y las cuales son adquiridas por sus accesibles precios”.
Sumado a lo anterior el aumento del precio de los insumos para la alimentación animal como son los granos forrajeros, el diesel y la fluctuación en el precio internacional del lácteo, son factores que han puesto en crisis al sector lechero mexicano. La mayoría de los productores nacionales no compiten contra estos precios y al no poder realizar paros técnicos prefieren tirar la leche para no afectar más el precio de mercado.
Actualmente algunas empresas nacionales, comercializadoras así como organismos públicos producen leche, yogurts, quesos y otros derivados de la leche utilizando como principal insumo fórmulas lácteas ya que les permite disminuir costos considerablemente que si utilizaran leche de vaca. Las fórmulas lácteas se preparan a partir de leche en polvo las cuales se le adiciona grasa vegetal y agua. Este mercado ha ocasionado hasta el momento el quebranto de 30 mil productores en el 2009 y el engaño de los consumidores que adquieren un producto pensando que tiene la misma calidad.
A falta de normas oficiales por parte de la Secretaría de Economía la mayoría de los consumidores mexicanos están siendo engañados ya que están comprando productos que no contienen ni las proteínas, ni el calcio, ni la grasa por falta de regulación.
Datos proporcionados por la Procuraduría Federal del Consumidor en un vaso de 300 ml, las fórmulas lácteas solo poseen 6.6 gramos de proteína mientras que la leche pura 9 gramos de proteína, es decir un 30 por ciento menos, y aún más el producto lácteo combinado llega a tener un contenido proteínico aún más bajo de 4.5 gramos de proteína. Aunque esto parezca despreciable impacta enormemente en la nutrición de nuestros niños y de la población en general.
Según la guía de nutrición del Departamento de Salud y Servicios Humanitarios de Estados Unidos publicada en 2011, la recomendación de consumo de proteína para niños de 1 a 3 años debe de ser de 13 gramos por día y 9 gramos de este consumo deben de provenir de productos lácteos a base de leche pura, el faltante de 2.4 gramos de proteína en el caso de que el niño sea alimentado con productos de fórmulas lácteas es enorme. Al no recibir los nutrientes necesarios se estará ocasionando una falta de desarrollo físico y mental.
Este mismo problema se presenta en el caso de infantes de 4 a 8 años cuyo consumo de proteína recomendado debe de ser de 19 gramos por día, de los cuales 13.5 deben de provenir de productos lácteos a base de leche pura (1.5 porciones de leche), ahora el faltante de proteína es de 3.6 gramos al día.
Al no estar consumiendo más proteínas de las requeridas se estará promoviendo enfermedades como la obesidad e hipertensión en nuestros niños.
Es muy tentador considerar que por cada kilo de leche en polvo se pueden obtener ocho litros de fórmula láctea, a un precio muy inferior al costo de la producción de leche fresca , pero considerando los puntos anteriores los costos a largo plazo sobre pasan por mucho estos seudo ahorros con severas consecuencias económicas y sociales ya que en primer lugar se engaña a las consumidores y se le provee de alimentos que jamás cumplirán sus requerimientos nutricionales y segundo se lastima profundamente un sector productivo nacional que es un motor económico en el país, entonces la pregunta es ¿quién sale ganando?.
Tanto la leche como los productos lácteos que se venden en nuestro país carecen de certificados de origen que den seguridad y confianza a los consumidores. Esta Falla de Mercado conocida como Información Asimétrica o Imperfecta debe ser corregida por el Estado Mexicano, ya que en este caso los vendedores de productos lácteos tienen mejor información del producto que los compradores.
Existen actualmente normas oficiales mexicanas que se encuentran vigentes ante la Secretaría de Economía que en nada ayudan o mejoran el problema descrito con anterioridad, las cuales se enumeran y se da una breve descripción de su principal objetivo:
NOM-155- SCFI.2003 “Leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado. Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba”. Establece las denominaciones comerciales en los diferentes tipos de leche, formula láctea y producto lácteo combinado en general, que se comercializan en territorio Mexicano, así como las especificaciones fisicoquímicas que deben reunir estos productos.
NOM-184-SSA1.2002 “Productos y servicios. Leche, formula láctea y producto lácteo combinado”. Establece las especificaciones sanitarias que debe cumplir la leche, fórmulas lácteas y producto lácteo combinado.
NOM-185- SSA1.2002 “Productos y servicios. Mantequilla, cremas, producto lácteo condensado azucarado, productos lácteos fermentados y acidificados, dulces a base de leche”. Establece las especificaciones sanitarias de estos tipos de productos.
A diferencia de nuestro país en Estados Unidos a través de la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) establecen normas oficiales para cada producto en específico, por lo que tienen normas solamente para la leche light, yogurt natural, yogurt light, leche concentrada, leche evaporada, queso gouda, queso provolone, etcétera, las cuales deben ser respetadas para todo productor nacional o extranjero al querer importar cualquier producto lácteo.
El mercado de la leche y productos lácteos deberá transformarse radicalmente en México ya que el productor medirá el valor de su producto en función de la calidad de sus componentes, el precio de la leche y de los productos lácteos se fijará por el contenido, calidad de sólidos, grasas y proteínas.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Economía
1. Modifique las Normas Oficiales Mexicanas sobre la producción de leche, yogurts, quesos y/o productos lácteos, a fin de que se exija que la elaboración de quesos y/o productos lácteos sea con leche pura de vaca o, en su caso, obligar que la información comercial, el etiquetado y la publicidad de este tipo de productos que se ofrecen al consumidor, distinga calidades mediante las leyendas claramente visibles “Producto hecho a base de lecha de vaca”, “Formula láctea” o “Producto lácteo combinado”.
2. Mediante las normas oficiales mexicanas se prohíba la utilización de publicidad mediante imágenes o nombres, de productos realizados con leche pura, o que lo insinúen, cuando no lo sean.
3. Se analice y, si así procede, se otorgue un certificado de origen a los productos lácteos genuinos.
4. Regule la comercialización de productos lácteos estableciendo que las tiendas de autoservicio y de conveniencia exhiban este tipo de productos por separado en el anaquel.
5. Se realice una campaña publicitaria a fin de destacar las diferencias nutricionales de los productos hechos a base de leche pura de vaca, de los hechos mediante formulas lácteas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 5 de abril de 2011.
Diputado José Antonio Arámbula López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que fiscalice los recursos federales del ramo 33 aplicados en el estado de México, particularmente en Ecatepec de Morelos, respecto de la Cuenta Pública de 2010, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD
Los que suscriben, diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que se realice la fiscalización de los recursos públicos federales del Ramo 33 aplicados en el estado de México, particularmente para el municipio de Ecatepec de Morelos, en relación con la Cuenta Pública 2010; al tenor de los siguientes:
Antecedentes
1. La realización de auditorías relativas a la gestión de los recursos federales a diversas instancias es una tarea vasta y de gran relevancia para las finanzas públicas y el bienestar social, ya que monitorea y verifica la gestión, manejo y administración de los recursos públicos federales. Dichas revisiones se realizan a partir del origen y destino de dichos recursos, en otras palabras, de su buen uso y del cumplimiento de los objetivos y metas de gobierno derivadas del financiamiento público.
2. Actualmente el esquema de fiscalización del Presupuesto federal en México opera desde dos ámbitos, el interno y el externo, a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y las contralorías internas estatales, así como el externo cuya responsabilidad recae en el poder legislativo, el cual delega esta labor a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) así como a las entidades de fiscalización superior de las legislaturas locales, en apoyo a la Auditoría Superior de la Federación.
3. Las dependencias antes mencionadas en conjunto realizaron las auditorías que sustentan el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010.
4. En tanto, en los gobiernos locales se tiene la obligación de informar sobre el destino, metas y avance de la entrega – recepción de los recursos que la Federación transfiere a los Estados y Municipios, a condición de ser destinados a fines determinados por los programas y fondos participables.
5. En la revisión de la Cuenta Pública correspondiente a 2010, se tendrán que auditar por un lado, los recursos del Ramo General 33 los cuales se transfirieron a las 32 Entidades Federativas, 118 Gobiernos Municipales y 7 Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a través de los siete fondos que integran dicho Ramo, a saber: Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; Fondo de Aportaciones Múltiples; Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.
6. Es importante recordar que los programas tales como el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en 15 estados de la república, así como los recursos complementarios de los excedentes petroleros, asignados a través del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados, en 11 Entidades Federativas y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas se encontraban acuerpados dentro del Ramo 39, el cual desapareció del Presupuesto de Egresos de La Federación en el año 2007, esto como resultado de las reformas aprobadas por El Congreso de La Unión a la Ley de Coordinación Fiscal en diciembre de 2006, reformas que establecieron que los recursos aquí mencionados se incluyeran dentro de las denominadas Aportaciones Federales del Ramo 33, por lo que dichos recursos son también materia para ser auditados.
7. En el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública correspondiente a 2006, correspondiente a los Ramos Generales 33 y 39 comprendidas en el Tomo XI del Volumen 4 de dicho informe y relativo a las Auditorías Practicadas por las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales, a fojas de la 68 a la 92 del Tomo antes mencionado, aparece la referencia a la Auditoría 06-0-33015-10-972 , material que se anexa como documentación soporte del presente propuesta de punto de acuerdo y de la cual para los efectos de la presentación de la presente proposición de punto de acuerdo se transcriben los siguientes párrafos:
XI.12.1.1.4. Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal Ejercidos por el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México
Auditoría: 06-0-33015-10-972
Criterios de Selección
La importancia de la revisión seleccionada, se manifiesta al establecer que el municipio recibió 113,765.3 miles de pesos, 5.5% del total asignado al estado del fondo en el 2006.
Objetivo
Verificar que los recursos federales asignados al municipio, correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal, se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativa aplicable.
Alcance
Universo Seleccionado: 113,765.3 miles de pesos
Muestra Auditada: 36,280.0 miles de pesos
Respecto de los 2,058,471.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2006 al Estado de México a través del FISM, se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, que ascendieron a 113,765.3 miles de pesos. De éstos se seleccionaron para su revisión física y documental 36,280.0 miles de pesos que significaron el 31.9% de los recursos aportados, como a continuación se muestra.
Fondo para la Infraestructura Social Municipal; universo y muestra revisada
Municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México
Áreas revisadas
La Tesorería Municipal y las Direcciones de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Desarrollo Social, de Educación y de Administración del municipio.
...Resultados, observaciones y acciones emitidas
Resultado número 2; observación número 1
Con la revisión de los ingresos del fondo entregados al municipio, se determinó que existe un saldo por ejercer por 72,918.0 miles de pesos, el cual no se devengó al 31 de diciembre del ejercicio fiscal para el cual fue autorizado, en incumplimiento del numeral 5. 4 “Ejercicio del gasto” del Manual de Operación de los Fondos para la Infraestructura Social Municipal y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para los Ejercicios Fiscales del 2004 al 2006.
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006
Resultado número 2; observación número 2
Con el análisis de la documentación proporcionada por el municipio respecto a la entrega de mobiliario escolar, se determinó una Observación Administrativa Resarcitoria por 3,581.1 miles de pesos, por no presentar la documentación complementaria relativa a las cartas de petición y agradecimiento de la entrega de mobiliario escolar que se llevó a cabo en julio de 2006 a las escuelas beneficiadas, en incumplimiento de los numerales 5.4.4 “Comprobación del gasto”, segundo párrafo, del Manual de Operación de los Fondos para la Infraestructura Social Municipal y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para los Ejercicios Fiscales 2004 al 2006.
Resultado número 2; observación número 3
...se detectó un faltante de mobiliario escolar, por lo cual se determinó una Observación Administrativa Resarcitoria por 34.2 miles de pesos, ya que se contravino el numeral 2.3 “Políticas” y 5.4.4 “Comprobación del gasto” del Manual de Operación de los Fondos para la Infraestructura Social Municipal y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para los Ejercicios Fiscales del 2004 al 2006.
Resultado número 2; observación número 4
Con el análisis de la documentación proporcionada por el municipio respecto de la entrega de mobiliario escolar se determinó una Observación Administrativa Resarcitoria por 18.6 miles de pesos, ya que se proporcionaron 50 mesa-bancos para zurdos en la escuela Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) núm.107 de nivel medio superior, el cual es un proyecto que no se puede financiar con recursos del fondo, en contravención del numeral 4.3 “Tipos de proyectos a financiar” del Manual de Operación de los Fondos para la Infraestructura Social Municipal y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para los Ejercicios Fiscales del 2004 al 2006.
Resultado número 2; observación número 5
Con el análisis de la documentación proporcionada por el municipio respecto del equipamiento de escuelas de nivel básico (equipo de cómputo), se determinó una Observación Administrativa Resarcitoria por un monto de 3,565.0 miles de pesos, por no presentar factura original ni documentación complementaria, como son las cartas de petición y agradecimiento de la entrega de los equipos de cómputo a las escuelas beneficiadas, en contravención del numeral 5.4.4 “Comprobación del gasto”, segundo párrafo, del Manual de Operación de los Fondos para la Infraestructura Social Municipal y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Resultado número 3; observación número 1
Con el análisis de la documentación proporcionada por el municipio y de la verificación física de nueve obras, se determinaron diversas irregularidades por la cantidad de 4,170.1 miles de pesos por los conceptos siguientes: volúmenes de obra pagados no ejecutados (81.6 miles de pesos); sobre-costo en la integración de precios unitarios y obra pagada no ejecutada (621.6 miles de pesos) y por no amortizar el anticipo al 100.0% (3,466.9 miles de pesos), como se indica a continuación.
Al término del análisis en comento, se señala textualmente: Lo anterior contravino los artículos 128, fracción III, y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 36 y 37, de la Ley de Planeación del Estado de México y sus Municipios; 48, fracción X, y 112, fracción VI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 233, 238, Capítulo Tercero, “De los fondos de aportaciones federales, convenios de descentralización y programas de apoyos federales” del Título Séptimo “De la Coordinación Hacendaria” y 358, Capítulo Primero “De las disposiciones generales” del Título Décimo Segundo “De las Infracciones, Sanciones y Delitos Fiscales” del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 42, fracción XXII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 12.2, “Disposiciones generales”, 12.44, “De la contratación”, fracción VI, 12.52, “De la ejecución”, 12.64, “De la información, verificación y control” del Libro Décimo Segundo, De la Obra Pública, del Código Administrativo del Estado de México; 127, “Del contrato sobre la base de precios unitarios”, 185, “De los anticipos”, fracción I, 217, fracción XI, 219, “De la coordinación y los responsables de la obra pública”, fracción IX, 242, 243, “De la forma de pago” y 275, “De la información, verificación y control de las obras públicas” del Reglamento del Libro Décimo Segundo, De la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México, y de los numerales 4.1 “Aspectos generales”, párrafo segundo, 5.2 “Aprobación de obras y/o acciones”, párrafo tercero, 5.4.4 “Comprobación del gasto” y 5.4.5 “Retenciones” del Manual de Operación de los Fondos para la Infraestructura Social Municipal y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para los Ejercicios Fiscales 2004 al 2006.
8. Del resultado número 3; observación 2 se desprende que se determinó que la documentación básica establecida en las leyes respectivas no fue elaborada correctamente por 382.1 miles de pesos, ya que faltó la integración de los precios unitarios de cada concepto de obra en los expedientes únicos por 348.3 miles de pesos y estimaciones por 27.2 miles de pesos; asimismo, contrató un importe mayor al autorizado por 6.6 miles de pesos y no contó con la aprobación del Consejo de Desarrollo Municipal o Consejo de Participación Ciudadana, señalando de igual forma la violación a diversos preceptos legales de una forma de igual manera grave, sin embargo al dictaminar se señala expresamente en el documento de referencia que El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la transferencia y aplicación de recursos a obras y acciones determinadas en la Ley de Coordinación Fiscal.
9. Respecto a los resultados expuestos, se observa que otras auditorías a Municipios en ese entonces gobernados por partidos políticos distintos al PRI no hayan tenido conclusiones similares.
10. Aunado a las consideraciones previas, resulta importante mencionar que el doctor Eruviel Ávila Villegas fungió durante el periodo 2003 al año 2006 y posteriormente fue electo como presidente municipal de Ecatepec de Morelos para el periodo 2009 al año 2012.
Al respecto, es necesario conocer en virtud de las observaciones hechas para los ejercicios precedentes, si existen nuevamente recursos aplicados sin el cumplimiento de los controles de legalidad o supervisión necesarios.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: Esta Cámara se pronuncia por que la Auditoría Superior de la Federación realice una exhaustiva revisión y fiscalización, mediante la aplicación de auditorías de desempeño de los recursos del Ramo 33 correspondientes al ejercicio fiscal 2010 para el Estado de México, particularmente para el Municipio de Ecatepec de Morelos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2011.
Diputados: Leticia Quezada Contreras, Feliciano Rosendo Marín Díaz (rubricas)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a implantar acciones para institucionalizar el sistema nacional de innovadores, que promueva la creatividad de hombres y de mujeres de todas las edades, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción 1, numeral I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y la normatividad aplicable, sometemos a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, sustentada en los siguientes:
Considerandos
La capacidad de inventiva y de innovación entre la población mexicana se encuentra en el mismo nivel que otras naciones más desarrolladas, la diferencia radica en que en México poco se ha hecho para aprovechar el potencial innovador, en tanto que en el resto de las naciones, cuenta con mecanismos institucionales que le permiten canalizar esta cualidad y reflejarla en su aparato productivo.
La innovación, de acuerdo a diferentes autores y estudios en la materia, se puede definir como: todo cambio basado en conocimientos que generan riqueza. Esta última incluye aspectos tales como la cultura, las capacidades, la economía, los valores y otros elementos que son inherentes al individuo.
Entendemos como Innovación, el uso creativo del conocimiento en respuesta a necesidades sociales o necesidades u oportunidades del mercado (OECD, 1999. No es suficiente generar conocimiento, este se convierte en una innovación cuando es usado productivamente.
La innovación es un cambio sustantivo de una forma nueva de hacer algo, o un proceso productivo, que trae consigo un incremento en la productividad o en los resultados de ese proceso, el cual resulta tan útil o atractivo, que rápidamente es adoptado por la mayoría de los actores la cadena productiva o de quienes realizan ese proceso. Un aspecto fundamental de una innovación es que ésta puede tener un origen tecnológico, científico o simplemente práctico.
Las innovaciones se crean a partir del conocimiento basado en la información, datos disponibles, la transferencia a los usuarios, la adopción y la utilización final por parte de los beneficiarios, clientes y mercados.
La ausencia de una estrategia dirigida a la atención de los innovadores en México, va acompañada de la importación de mucha tecnología, de un escaso desarrollo de patentes, de una innovación limitada, de baja productividad y de una competitividad muy reducida en los mercados, especialmente por altos costos de producción y largos periodos de adopción tecnológica que oscilan entre 8 y 12 años, cuando lo deseable está entre 3 y 5.
Por falta de capacitación, asesoría técnica, diseño, apoyos financieros e innovación miles de micro, pequeñas y medianas empresas mueren en promedio a los 2 años de creadas.
Pero además, la falta de incentivos a la innovación, ha generado el fenómeno que se conoce como fuga de cerebros , el cual, de acuerdo a estudios realizados por instituciones como la UNAM y el Conacyt, se debe a la falta de oferta de estudios especializados y de calidad, lo que obliga a los jóvenes a salir del país mediante una beca; sin embargo, muchos de ellos deciden no regresar; pues el único compromiso que tienen con el gobierno mexicano es moral.
Del año 2000 a 2005 la llamada fuga de cerebros se mantuvo en una tasa del 6%, siendo los principales destinos para radicar los países de Europa y Estados Unidos.
De acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) desde que inició el programa de becas, en 1971, México ha perdido a más de 2 mil 100 científicos y una inversión de poco más mil 140 millones de pesos, pues de acuerdo con precios de 2004, la formación de cada uno de ellos le costó al país 225 mil pesos anuales durante un promedio de tres años.
A través del Programa Nacional de Posgrado de Calidad, el Conacyt da a conocer que de 860 programas de especialización, maestría y doctorado sólo 56 son de competencia internacional, y que existen estados como Campeche que se encuentran en alerta debido a que ninguna institución imparte estudios con certificación de calidad en el extranjero.
También establece que en entidades como Durango, Nayarit, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo y Zacatecas, sólo tienen entre 1 y 4 programas de posgrado de competencia mundial. Lo anterior es una de las razones que obliga a muchos jóvenes estudiantes a buscar un programa de estudios de calidad en el extranjero.
Entre las razones por las que los jóvenes se quedan en países con mayor desarrollo que México, están los mejores salarios que les ofrecen para quedarse en instituciones, centros de investigación, hospitales, oficinas de gobierno, organizaciones no gubernamentales y empresas.
De igual manera, en la mayoría de los casos está la posibilidad de trabajar en laboratorios equipados con tecnología de punta en proyectos de investigación de vanguardia mundial.
En este orden de ideas, es importante mencionar que las circunstancias que enfrentan los innovadores en México, no dista mucho de ser similar a la de los científicos, ya que al no existir incentivos ni apoyos para ellos, la alternativa es buscar en otras naciones el respaldo académico e institucional para la implementación de sus propuestas.
México no puede continuar con esta política de menosprecio y olvido ante la demanda de la población innovadora de mecanismos e instituciones que les permitan desarrollar todo el potencial del cual son capaces.
El Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión deben asumir el papel de promotores de acciones encaminadas a fortalecer y aprovechar la inventiva de la sociedad. No podemos continuar marginando la inversión en investigación y desarrollo, es fundamental dar el paso que nos permita avanzar para dejar de ser un país maquilador para ser una nación con la capacidad de exportar mejores productos y tecnología.
Es por ello que se propone crear un organismo público que promueva e incentive la innovación, inventiva y el desarrollo de capacidades de la población; una institución similar al actual Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que depende del Conacyt, el cual fue creado por acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 1984, para reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnología. El SNI cuenta hoy con 14,600 investigadores nacionales.
Desafortunadamente la falta de mecanismos de vinculación social que incentiven la adopción tecnológica todavía provoca que miles de investigaciones sigan guardadas en las bibliotecas o publicándose en revistas especializadas con o sin arbitraje, mientras la pobreza y el deterioro ambiental sigue creciendo en forma preocupante.
El Sistema Nacional de Innovadores deberá crearse con similares parámetros que el SNI, donde la escolaridad sea un requisito secundario, dando mayor valor a la aportación del participante en la solución de los problemas locales, regionales y nacionales.
Es un hecho que la mayoría de las innovaciones surgen del ámbito tecnológico o científico, pero no son la única fuente, puesto que muchas innovaciones surgen de la práctica diaria, de los productores, de los obreros y de los consumidores.
Este Sistema ayudará a impulsar el espacio en que se pueden desarrollar con mayor facilidad las innovaciones, como son las escuelas, universidades tecnológicas o centros de investigación, y su relación con los lugares de trabajo, como serían los centros fabriles o de campo.
Es fundamental apoyar la innovación, incluyendo aquella que va dirigida a las Pymes; no debemos olvidar que más del 60 por ciento de estas se dedican a actividades secundarias, no están innovando, situación que favorece a su desaparición temprana, ya que el promedio de vida activa de estas Pymes es de sólo dos años.
Es menester establecer una firme liga entre los centros de educación e investigación y los centros de trabajo, que aumente la capacidad productiva de los estudiantes e investigadores, con lo que puede ser su futuro inmediato de trabajo, y que seguramente contribuirá al desarrollo del país.
La innovación de proyectos es una estrategia para reducir el desempleo, y por consecuencia la pobreza, como una mecanismo para el crecimiento económico y sustentable del país.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de ésta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, implemente las acciones necesarias que permitan contar con mecanismos institucionales para crear el Sistema Nacional de Innovadores, el cual tenga a su cargo la responsabilidad de fomentar, impulsar y desarrollar la capacidad de innovación e invención de la sociedad mexicana.
Dicha institución se creará considerando como un referente al Sistema Nacional de Investigadores.
Se propone que el monto que se otorgará de apoyo a los innovadores se ubique en un rango que va de uno a 5 salarios mínimos vigentes en la zona geográfica A. Pudiéndose incrementar el monto de apoyo de acuerdo al tipo de proyecto a realizar.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2011.
Diputados: Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Beatriz Paredes Rangel (rúbrica), Cruz López Aguilar (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Fermín Montes Cavazos (rúbrica), Emilio Chuayffet Chemor, Héctor Fernández Aguirre, Javier Usabiaga Arroyo (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica), Elpidio Concha Arellano (rúbrica), Erick Rubio Bartel (rúbrica), Juan Carlos Natale López (rúbrica), Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Alberto González Morales (rúbrica), Federico Ovalle Vaquera, Adela Robles Morales (rúbrica), Moisés Villanueva de la Luz (rúbrica), José Luis Velasco Lino.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Quintana Roo a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el intento de boicoteo contra la distribución del periódico Novedades de Quintana Roo la madrugada del 31 de marzo de 2011, a cargo de la diputada María Yolanda Valencia Vales, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada federal María Yolanda Valencia Vales, Presidenta de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes
Consideraciones
Al filo de la medianoche del 31 de marzo, cuando la rotativa del periódico Novedades de Quintana Roo estaba tirando los últimos ejemplares de la edición que destacaba en su portada “Compra el gobierno unidades blindadas; crimen a plena luz del día en el centro de Cancún; recibe Succar Kuri sentencia histórica, Othón P. Blanco, otro municipio con mala calificación; ven inviable tianguis turístico en Q. Roo”; cuando un grupo de sujetos no identificados llegó a las instalaciones del citado periódico en diversas camionetas con la consigna de comprar todos los ejemplares, pero ante la negativa de este rotativo por el derecho a la información que tiene la ciudadanía, siguieron al personal de distribución para comprar las dotaciones de ejemplares en los diferentes puntos de venta del estado e impedir de esta manera su distribución.
Las unidades, en su mayoría camionetas tipo Suburban, con personas a bordo, se estacionaron en la esquina de la calle Pecari con avenida Tulum, domicilio del periódico Novedades de Quintana Roo y donde descendieron en un principio una pareja que se acercó al personal de distribución del periódico pidiéndoles comprar todos los ejemplares correspondientes a ese día 31 de marzo y para ello traían el dinero en efectivo para hacerlo de inmediato.
La respuesta que dio el personal de ese periódico fue que todos los ejemplares de Novedades de Quintana Roo saldrían a distribuirse en los puntos de venta, como siempre lo han hecho, lo que motivo a que los sujetos se movilizarán detrás de cada uno de los vehículos de distribución del periódico Novedades de Quintana Roo.
La actitud sospechosa fue reportada por los choferes a sus superiores, quienes dieron la clara instrucción de evitar cualquier tipo de enfrentamiento, y que si les cerraban el paso para llevarse los periódicos, los dejarán y no se arriesgaran.
Los ejemplares destinados para Chetumal y Cozumel llegaron a sus puntos de distribución correspondientes, pero ahí fueron adquiridos todos y ya no salieron a los puntos de venta de ambas ciudades.
En otros puntos como Kantunilkín y Puerto Morelos, al igual que en varias zonas de Cancún, los ejemplares sí llegaron a los puntos de venta como tiendas de autoservicio y puestos de voceadores, pero inmediatamente se presentaron personas para llevarse todas las dotaciones; algunos fueron identificados como taxistas.
Tras el interés por obtener todos los periódicos de ayer, personal de distribución de Novedades de Quintana Roo acudió para monitorear la situación en los diferentes puntos de venta. El resultado fue muy similar: un sólo comprador se llevó todos los ejemplares. En algunos casos se justificaron como miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y que estaban interesados por la información, mientras que otros puntos se presentaron como coordinadores de un Congreso de seguridad que se realizaría y que todos los participantes recibirían un periódico de Novedades de Quintana Roo. El PRD a nivel estatal ya ha desmentido que integrantes o simpatizantes hayan adquirido dotaciones de Novedades de Quintana Roo.
A las 6:30 horas del 31 de marzo ya no había ningún diario en manos de voceadores o tiendas de autoservicio en la mayoría de los puntos de venta. Aunque sí llegó a la mayoría de los suscriptores en Cancún.
A diferentes repartidores de Novedades de Quintana Roo les ofrecieron incluso una cantidad mayor de dinero a cambio de que les dieran todos los ejemplares que tenían por distribuir.
Esta es la primera vez que en sus 36 años de vida, Novedades de Quintana Roo sufre un boicot.
Cabe aclarar que estos sujetos no agredieron verbalmente a los distribuidores sino que sólo se mostro el interés de adquirir la edición completa del periódico Novedades de Quintana Roo de ese día, situación que es inusual, según los directivos de este diario.
El motivo de este punto de acuerdo que hoy presento, es que dichos actos inusuales pueden ser el principio de algún hecho de mayores dimensiones que puede darse en cualquier momento, ya que a final de cuentas el objetivo es atemorizar a este medio de comunicación y cooptar el derecho que tiene la sociedad a ser informada.
Hacemos un enérgico llamado a las autoridades para que asuman su responsabilidad de investigar y sancionar a los responsables de estos actos y prevenir que no se vuelva a repetir un solo caso más.
Por ello es que le solicitamos al gobernador del estado de Quintana Roo que investigue estos hechos que pueden atentar contra la libre expresión de las ideas piedra angular de una sociedad democrática y en donde su gobierno tiene la obligación de proteger y garantizar su ejercicio mediante los recursos jurídicos a su alcance.
Por lo anteriormente expuesto, es que someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo; a que lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre el intento de boicotear la distribución de ejemplares del periódico Novedades de Quintana Roo, en la madrugada del 31 de marzo de 2011.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 5 de abril de 2011.
Diputada María Yolanda Valencia Vales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que revise exhaustivamente la ejecución de los recursos erogados en programas referentes a grupos vulnerables, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD, y suscrita por integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
Quienes suscriben diputadas y diputados federales integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a revisar exhaustivamente la ejecución de los recursos erogados en programas referente a grupos vulnerables.
Consideraciones
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) considero dos principales auditorias del ejercicio fiscal 2009, referentes al tema de Grupos Vulnerables, la primera se refiere al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública, y la segunda a uno de los programas más importantes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Programa 70 y Más.
En la auditoria que realizo la ASF al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública, resultaron observaciones, de las cuales derivaron 10 en recomendación y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, mientras que el total del monto del universo seleccionado fue de 1,362.0 millones de pesos, de los cuales la muestra auditada fue de 1,100.0 millones de pesos, es decir 80.8 por ciento del total.
Aunque el dictamen de este programa se evalúo en términos generales como limpio, se generaron responsabilidades administrativas sancionatorias, debido a actos u omisiones de los servidores públicos del Órgano Interno de Control en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia que en su gestión determinaron declarar la nulidad del fallo por la inconformidad de un proveedor y que se volviera a analizar la propuesta del inconforme, con base en criterios económicos, sin hacer referencia al desacuerdo con el proveedor relacionado con el estudio de mercado; así como actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión permitieron que en tres códigos/puesto se rebasara con 81 plazas, el número total autorizado y registrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que originó una erogación extraordinaria por 917.9 miles de pesos.
Por otro lado, en el Programa 70 y Más de la Secretaría de Desarrollo Social, la auditoria generó 11 observaciones, de las cuales derivaron 11 recomendaciones y 3 Solicitudes de Aclaración, mientras que el total del monto del universo seleccionado fue de 12,406.8 millones de pesos, de los cuales la muestra auditada fue de 11,939.1 millones de pesos, es decir 96.2 por ciento del total. Cabe destacar que este dictamen fue presentado con salvedad ya que de la muestra se encontraron anomalías en el 0.06 por ciento del monto total auditado.
Las observaciones al programa suman 73.0 millones de pesos, derivadas de devoluciones de apoyos no pagados sin que se presentara evidencia de su retiro ni que la entidad fiscalizada los reportara en el rubro de reintegros, tampoco presentó evidencia de que hayan sido reintegrados a la Tesofe; apoyos no fueron pagados a los beneficiarios y a gestores voluntarios; pago de comisiones; una diferencia pagada de menos; así como apoyos económicos programados a 72 beneficiarios de los últimos cuatro bimestres de 2008 y el primer bimestre de 2009, los cuales fueron etiquetados con causal “investigación” por inconsistencias de datos personales o duplicidad y que se les pagó en forma retroactiva, lo que se considera que es improcedente
Si bien, los principales programas del gasto de Grupos Vulnerables que se destacan en los Presupuestos de los años 2010 y 2011, suman aproximadamente 28 programas, y la suma de los montos de dichos programas alcanzaron 18,457.0 millones de pesos y 19,235.4 millones de pesos respectivamente, aun falta mucho por hacer para auditar de manera concienzuda el gasto que se emite en dichos programas.
Con lo anterior se hace plausible que del total de recursos que se dota anualmente al tema de grupos vulnerables, que se ha destacado en los anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación denominados como 28 en 2010 y 24 en 2011, no se audita ni la mitad los programas que conciernen a este tema.
Por lo anterior ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados en el marco de la legislación aplicable, solicita a la Auditoría Superior de la Federación, para que en ejercicio pleno de sus atribuciones instrumente las acciones pertinentes para llevar a cabo el seguimiento y en su caso, las auditorías en los programas referentes a los grupos más vulnerables de nuestro país que se enlistan a continuación:
1. Atención Educativa a Grupos en Situación Vulnerable, de la Secretaría de Educación.
2. Atención Educativa a Grupos en Situación Vulnerable en Educación Básica, de la Secretaría de Educación.
3. Educación para Personas con Discapacidad, Secretaría de Educación.
4. Programa de Escuela Segura, de la Secretaría de Educación.
5. Prevención y Atención de VIH/Sida y otras ITS, de la Secretaría de Salud.
6. Programas para la Protección y Desarrollo Integral de la Infancia, de la Secretaría de Salud.
7. Programas de Atención a Familias y Población Vulnerable, de la Secretaría de Salud.
8. Asistencia Social y Protección del Paciente en el DIF Nacional, de la Secretaría de Salud.
9. Programa de Coinversión social, de la Sedesol.
Segundo. En el mismo tenor se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, se instrumenten los acuerdos y medidas necesarias para efecto de transparentar las erogaciones referidas en el acuerdo primero del presente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2011.
Diputados: Blanca Estela Jiménez Hernández, Caritina Sáenz Vargas, Diana Patricia González Soto, Inocencio Ibarra Piña, Nely Edith Miranda Herrera, María Isabel Pérez Santos, Delia Guerrero Coronado, Yolanda de la Torre Valdez, Daniela Nadal Riquelme, Olga Luz Espinosa Morales, Yolanda del Carmen Montalvo López, Guadalupe Valenzuela Cabrales, Ana Elia Paredes Árciga, Carlos Bello Otero, María Sandra Ugalde Basaldúa, Claudia Edith Anaya Mota (rúbricas)
Con punto de acuerdo, relativo al acuerdo por el que se da a conocer el calendario de distribución en el ejercicio fiscal de 2011 de los recursos del Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios, a cargo del diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del PVEM
Alejandro Carabias Icaza, diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, al tenor literal de la siguiente
Exposición de Motivos
El Fondo de Pavimentación a Municipios (Fopam) se creó en el año de 2009 por esta Cámara de Diputados, con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 (PEF 2010), considerando una propuesta impulsada por la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm) para crear un Programa Nacional de Pavimentación Municipal.
En el PEF 2010, se previó la creación del Fopam con una asignación de $2, 085, 030,000.00. Esta propuesta surgió de la experiencia exitosa del Programa de Pavimentación desarrollado por el ayuntamiento de Culiacán (encabezado por el entonces Presidente de Fenamm, Jesús Vizcarra), a partir de la cual la Fenamm propuso la creación de un fondo que beneficiara a los municipios de todo el país.
Para 2010 el Fopam ha llegado a casi 700 Municipios con obras de pavimentación que se estima han permitido mejorar la calidad de vida de más de 72 millones de mexicanos.
Los avances del Fopam para este ejercicio fiscal con respecto a 2010 son significativos, pues no sólo se mantiene la existencia del Fondo (hay que recordar que el Presidente Calderón propuso su desaparición en la Iniciativa enviada por la SHCP), sino que se amplío su monto y alcance, ya que ahora permitirá también a los Municipios realizar inversiones destinadas a crear y dar mantenimiento a espacios deportivos.
Esos logros fueron resultado del consenso de todos los grupos parlamentarios de esta LXI Legislatura, para lo cual fue necesario realizar una serie de reuniones de trabajo con diversas comisiones ordinarias, y la organización de la Reunión Nacional de Municipios en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la cual participaron más de 520 presidentes municipales de todo el país.
Una vez aprobado el Fopam en el PEF 2010, la Fenamm convocó a los Municipios del país a una Reunión Nacional para anunciar su creación y analizar los mecanismos que se implementarían para que los municipios accedieran a los recursos; dicho evento se realizó el 5 de febrero del 2010 en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, contó con la participación de Alcaldes de todo el país, y legisladores que presiden las Comisiones relacionadas, en especial, las de Presupuesto, de Hacienda y Crédito Público y de Fortalecimiento al Federalismo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) expidió, en el marco de su competencia, las “Disposiciones que regulan el otorgamiento de apoyos económicos o garantías para realizar obras de pavimentación”, publicadas el 30 de marzo de 2010, en el Diario Oficial de la Federación, en las cuales se planteaban principalmente los siguientes criterios a seguir por parte de los Municipios que desearan acceder a recursos del Fopam:
• Se podrían inscribir proyectos por tres categorías de montos: 1) hasta 7 millones de pesos (MDP), sólo debían presentar una justificación económica; 2) de 7 a 80 MDP, que requerían la entrega de un análisis costo-beneficio simplificado; y 3) por más de 80 MDP, lo cual significaba la entrega de un análisis costo-beneficio exhaustivo del proyecto.
• Los recursos se podrían transferir para garantías para la solicitud de créditos o bien como apoyos económicos directos para los proyectos.
• Los recursos podrían utilizarse para realizar obras de pavimentación nuevas, en superficies que ya contaran con los servicios subterráneos (tales como agua potable, alcantarillado, gas, entre otros).
• Las solicitudes se debían presentar ante la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para su evaluación por parte del Comité Técnico; además los municipios debían adjuntar 1) el análisis costo-beneficio que aplicara según el monto a solicitar; 2) cartera de obras de pavimentación; y 3) el calendario de obras que justifique su solicitud.
• De ser aprobados los municipios deberían presentar actas de cabildo con la aprobación de las obras y otra con la acreditación de que se contaba con las instalaciones subterráneas (alcantarillado, gas, etc.) concluidas, por concluir o serían financiadas por el Municipio.
Se determinó que se constituiría un Fideicomiso público de administración y pago denominado, “Fondo de Pavimentación a Municipios” y el Fiduciario, con sujeción a las Disposiciones expedidas por la SHCP podía otorgar a los Municipios o al Distrito Federal, tratándose de Demarcaciones Territoriales, apoyos económicos directos para el pago total o parcial de las obras de pavimentación que se contraten o apoyos económicos para que en su nombre y representación el Fiduciario adquiera bonos cupón cero emitidos por una institución de crédito que cuente con una calificación crediticia de dos agencias calificadoras autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en moneda Nacional al momento de dicha emisión, no menor a AAA.
Sin embargo, para mayo del 2010 aún no se ejercía ningún recurso del Fopam a favor de Municipios, por lo que la Fenamm propuso y concertó con la SHCP y con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados la realización de un conjunto de acciones para acelerar el proceso de entrega de los recursos a los 637 municipios beneficiarios. En el mes de junio la Fenamm organizó cinco reuniones regionales para explicar a Alcaldes y funcionarios municipales la forma correcta de realizar la gestión de sus proyectos ante la SHCP; esas reuniones se celebraron en las ciudades de Saltillo, Acapulco, Villahermosa, Nuevo Vallarta y Toluca, y permitieron hacer accesibles los mecanismos, reglas, formatos y demás elementos a seguir para recibir los recursos del Fopam.
Posterior a las reuniones regionales, la SHCP realizó la recepción de las solicitudes y proyectos de los municipios seleccionados e inició un proceso de trabajo conjunto con la Fenamm cuyo objetivo ha sido dar seguimiento a las asignaciones y reasignaciones, así como para influir y acelerar la entrega de los recursos.
Según informes de la propia SHCP, hasta el 10 de noviembre del año pasado se habría entregado el 80% de los recursos del Fopam a los Municipios, cuyo monto aproximado sería de 1,700 MDP y que estarían beneficiando a más de 550 Municipios.
Para el ejercicio fiscal 2011 se autorizaron $2,200,000,000.00, los cuales se destinarán no sólo a pavimentación sino también a espacios deportivos.
En el artículo décimo noveno transitorio del mismo decreto se establece:
“Con el propósito de fortalecer el desarrollo y la inversión en infraestructura urbana que permita apoyar a las distintas regiones del país, se autoriza $2,200,000,000.00 a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a fin de que se otorguen apoyos económicos con el objeto de realizar obras de pavimentación y de espacios deportivos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar el 31 de enero, emitirá el calendario de distribución de dichos recursos, mismos que comenzará a ministrar a partir de febrero tomando en cuenta la opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Los municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reciban recursos para dicho propósito deberán informar sobre su uso y destino, a partir del mes de abril de manera trimestral, a efecto de que las instancias fiscalizadoras competentes lleven a cabo auditorías a partir de mayo. En caso de que se detecten desvíos en el uso y destino de dichos recursos, se podrán suspender futuras ministraciones.
Los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán destinar el uno por ciento del monto total de los recursos que le hayan sido asignados conforme al presente artículo, para el órgano técnico de fiscalización de la legislatura estatal o su equivalente, para efectos de la debida aplicación de los recursos y su posterior fiscalización.”
Acorde con lo anterior, el 31 de enero de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “acuerdo por el que se da a conocer el calendario de distribución durante el ejercicio fiscal 2011 de los recursos del Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios”, el cual en su parte conducente establece:
Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de distribución durante el ejercicio fiscal 2011 de los recursos del Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios
Capítulo I
...
Capítulo II.
De la disposición de recursos con cargo al Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios.
1. Los recursos son de carácter federal por lo que su aplicación y control están sujetos a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), su Reglamento, y demás disposiciones aplicables.
2. Para que los Municipios o Demarcaciones Territoriales estén en posibilidad de disponer de los recursos con cargo al Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 8 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, será necesario que la Entidad Federativa:
a. Presente a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una solicitud formal de recursos, donde se precisen los Municipios y los montos solicitados, la cual invariablemente deberá de ser presentada y firmada por los servidores públicos, que cuenten con las facultades para el efecto, conforme a la normativa que les resulte aplicable.
b. Haber celebrado el Convenio de Otorgamiento de Subsidios que la SHCP establezca.
Del artículo 2o. del Capítulo II del Acuerdo citado se desprende que para este ejercicio fiscal 2011, se establece un procedimiento para la transferencia de los recursos a los Municipios y el Distrito Federal, distinto al previsto para el ejercicio fiscal 2010, conforme al cual los Municipios presentaban directamente sus solicitudes ante la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para su evaluación por parte del Comité Técnico.
Según el acuerdo anteriormente citado, el procedimiento se modifica para este ejercicio y ahora se llevará a cabo a través de las Entidades Federativas, quienes presentarán la solicitud formal de recursos ante la Unidad de Política y Control Presupuestario .
Lo anterior, resulta inconveniente para una oportuna transferencia de recursos para los municipios, ya que si con el procedimiento anterior al inicio hubo retrasos en el ejercicio de recursos, con la triangulación de la tramitación de las solicitudes que ahora se establece, se retardaría aún más su entrega, por lo que resulta urgente exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que modifique el procedimiento para la transferencia de recursos y se adopte un procedimiento similar al previsto en las “Disposiciones que regulan el otorgamiento de apoyos económicos o garantías para realizar obras de pavimentación” de 30 de marzo de 2010. Fundamentalmente por los magníficos resultados que con el mismo se han obtenido para mejorar la calidad de vida de más de 72 millones de mexicanos y conforme al cual se han beneficiado a más de 550 municipios.
El éxito del procedimiento establecido para el ejercicio fiscal 2010 está comprobado, crear un nuevo procedimiento sería en perjuicio de los millones de mexicanos que requieren obras de pavimentación y lugares deportivos que permitan ganar espacios a la delincuencia.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, fracción II, párrafo cuatro; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que modifique el Acuerdo publicado el 31 de enero de 2011 en el Diario Oficial de la Federación por el que se da a conocer el calendario de distribución durante el ejercicio fiscal 2011 de los recursos del Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios, a efecto de que los Municipios con derecho a solicitar recursos federales con cargo al Fondo que se aprobó por esta H. Cámara en el PEF 2011, puedan disponer de los mismos, presentando una solicitud formal directamente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como se estableció para el ejercicio anterior.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en la firma de los convenios respectivos para acceder a los recursos del Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios se establezca de manera clara, que la aplicación de los recursos corresponde a los ayuntamientos de las entidades federativas conforme a las lista de Municipios beneficiados que se prevé en el Acuerdo publicado el 31 de enero de 2011 en el Diario Oficial de la Federación por el que se da a conocer el calendario de distribución durante el ejercicio fiscal 2011 de los recursos del Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los ayuntamientos beneficiados por el Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios, para que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, soliciten a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, que los recursos autorizados y asignados por esta Cámara, sean aplicados directamente por ellos mismos, conforme a sus necesidades y prioridades de obra pública, en materia de Pavimentación y Espacios Deportivos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2011.
Diputado Alejandro Carabias Icaza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a revisar los avances en el otorgamiento de becas del programa Oportunidades y, en su caso, cumplir el compromiso establecido en la Alianza por la Calidad de la Educación, a cargo del diputado Ignacio Téllez González, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Ignacio Téllez González, en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y fracciones I a V del numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La educación sin duda alguna es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, además es una herramienta relevante para construir una sociedad capaz de hacer frente a los múltiples retos que se van presentando; al contar con personas más preparadas se aumenta la posibilidad de insertarlas al desarrollo de la vida nacional en los distintos ámbitos.
En este contexto, uno de los temas importantes en el sistema educativo mexicano es el de la calidad en la enseñanza. Al respecto, actualmente contamos con una serie de políticas orientadas a construir las bases fundamentales para ofrecer una educación de calidad para el desarrollo integral de la población.
La más destacada es la firma, en mayo de 2008, por el gobierno federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de la Alianza por la Calidad de la Educación, acuerdo que busca la transformación del modelo educativo a través de distintos ejes; la cual constituye uno de los instrumentos de mayor relevancia en la construcción de un sistema educativo moderno, equitativo y eficiente que sin duda alguna demanda el país.
Uno de los ejes sobre los que descansa esta alianza es el bienestar y desarrollo integral de los alumnos, en el cual se busca generar las condiciones sociales para mejorar el acceso, la permanencia y el egreso oportuno; en este eje se adquirió el compromiso de fortalecer el componente educativo de becas del programa Oportunidades, pactándose aumentar 75 mil becas en el ciclo escolar 2008-2009.
No obstante, en mayo de 2008, cuando se firmó la alianza, de acuerdo con el Informe de Gobierno, había 4 millones 354 mil 600 becas de educación básica en el ciclo escolar 2007-2008. Un año después se entregaron 107 mil becas menos, pero la SEP reportó en el tercer informe de avances de la Alianza que se habían entregado las 75 mil becas adicionales en el ciclo escolar 2008-2009 del programa Oportunidades.
Sin embargo, el Informe de Gobierno de 2009, el segundo informe de labores de la SEP y el informe de 2009 de la Secretaría de Desarrollo Social, contabilizaron tan sólo 4 millones 247 mil 878 becas entregadas en el ciclo escolar 2008-2009.
Para 2009 se incrementaron 5 mil becas y para este ciclo escolar la Sedesol contabiliza poco más de 27 mil becas adicionales.
A diciembre de 2010, de acuerdo con datos de la Sedesol, se entregaron 4 millones 279 mil 509 becas de educación básica, cerca de 75 mil menos de las que se entregaron en el ciclo escolar 2007-2008, cuando se firmó la alianza.
Cabe resaltar que dichas cifras oficiales registran menos becas, sin embargo, el presupuesto para las mismas creció; incrementándose 22 por ciento entre el 2008 y el 2011 para las becas de educación básica.
En 2008, en ésta Cámara de Diputados aprobamos 12 mil 383 millones 553 mil 465 pesos; asimismo los recursos se incrementaron en el 2009, en poco más de 335 millones. Por otra parte, para el 2010, el aumento de recursos para las becas de educación básica fue poco más de 2 mil 500 millones; y para este mismo año aprobamos 16 mil 287 millones 785 mil 543 pesos, poco más de mil millones de pesos.
En este sentido compañeras y compañeros diputados, los reportes de la Alianza por la Calidad de la Educación no contabilizan ni el aumento de recursos, ni la disminución de las becas, incluso el tema desapareció entre agosto del 2009 y febrero del 2010 informando solamente que se continúa trabajando en un plan interinstitucional entre la SEP, el SNTE, el Consejo Nacional de Fomento Educativo y Sedesol.
Estoy convencido, de que se requiere tener mayor claridad por parte de la Alianza por la Calidad de la Educación sobre los avances en materia de becas y sobre todo es de suma importancia que la misma cumpla con los compromisos que asumió cuando se firmó.
En Acción Nacional, estamos convencidos de que las becas que se otorgan a través de Oportunidades son fundamentales para los estudiantes mexicanos ya que apoyan su permanencia en las escuelas, evitando la deserción escolar; asimismo disminuyen la vulnerabilidad social y aumentan la probabilidad de superar las condiciones de pobreza.
Nuestro país requiere avanzar para lograr una educación de calidad y contar con alumnos cuya preparación educativa les permita hacer frente a los retos futuros de nuestra sociedad, de ahí la importancia del cumplimiento de los compromisos en la materia por parte de la Alianza por la Calidad de la Educación.
Por lo expuesto, someto a su consideración, de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a revisar los avances en el otorgamiento de becas del programa Oportunidades y, en su caso, se cumpla con el compromiso establecido en la Alianza por la Calidad de la Educación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2011.
Diputado Ignacio Téllez González (rúbrica)