Gaceta Parlamentaria, año XIII, número 3107-V, jueves 30 de septiembre de 2010


Proposiciones
Excitativas
Con motivo del 245 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, a cargo del diputado Jaime Álvarez Cisneros, del Grupo Parlamentario de Convergencia

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y al gobierno federal a revocar la concesión otorgada a Ferrosur, SA de CV (actualmente Ferromex), y a donar las vías en desuso y abandonadas del tramo comprendido de San Antonio Nanahuatipan a Oaxaca de Juárez, a cargo de la diputada Martha Ifigenia Martínez y Hernández, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Martha Ifigenia Martínez y Hernández, diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite someter a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al gobierno federal a revisar la inoperatividad de la línea férrea Sánchez-Oaxaca; y, de esa forma, revocar la concesión otorgada a Ferromex, y donar los segmentos de vía en desuso y abandonada del tramo comprendido de San Antonio Nanahuatipan a Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a fin de que las comunidades y los municipios comercialicen los remanentes del tramo mencionado y los ingresos se destinen a la construcción de un camino rural intermunicipal y obras en beneficio de los habitantes de esos lugares, conforme a las siguientes

Consideraciones

El 4 de junio de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, como parte del proceso de desincorporación de bienes públicos del Estado que no supieron utilizarse en beneficio de la nación. Este hecho se sumó a una estrategia implantada con la supuesta finalidad de hacer más eficiente el sistema ferroviario nacional de carga y de pasajeros.

Derivado de ello, el 9 de noviembre de 2004 la SCT publicó la convocatoria y las bases correspondientes a la licitación para concesionar la operación de las vías cortas Oaxaca y Sur, así como la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga y de pasajeros. Por ello, después del proceso mencionado, la misma secretaría otorgó el título de concesión el 11 de octubre de 2005 en favor de Ferrosur, SA de CV (hoy Ferromex), con una vigencia de 30 años. Así, la concesionaria inició operaciones haciendo pruebas y dando cuenta de que en varias partes ya faltaban rieles, durmientes y accesorios producto de robos; en otros, las condiciones de la vía hacían necesarias labores de reparación y mantenimiento, por lo que el concesionario no prestó el servicio. Al poco tiempo de que Ferrosur obtuvo la concesión de la línea Sur-Oaxaca, la empresa fue adquirida por Ferromex. Si bien este proceso de compra o fusión todavía presenta cuestionamientos legales por la Comisión Federal de Competencia para todo efecto práctico, Ferrosur opera conforme a las directrices de Ferromex.

La situación operativa de la línea Sur-Oaxaca se caracteriza por lo siguiente: el concesionario opera la línea sólo parcialmente en algunos tramos brindando el servicio de carga; no hay servicio de pasajeros; y en el caso del tramo Sánchez-Oaxaca no se brinda ningún servicio, lo que ha ocasionado que el robo de rieles, durmientes y accesorios se dé con frecuencia.

Ante la situación, la SCT, como autoridad reguladora, ha buscado poner una solución y que el concesionario opere con respeto de lo establecido en el título de concesión. Sin embargo, no ha habido resultados positivos. De hecho, en fechas recientes el concesionario ha manifestado su intención de renunciar a la concesión. Frente a esa postura, la SCT inició conversaciones con el concesionario para concretar la revisión de la concesión. Empero, en estas circunstancias, el concesionario ha modificado su postura, planteando a la autoridad quedarse con la parte de la concesión “Sur”, donde ha mantenido el servicio de carga, y renunciar a la denominada “Oaxaca”, que no es operable con sus estándares.

Ante esa situación y la irresponsabilidad de la empresa por brindar el servicio, ciertos grupos han comercializado los rieles y accesorios sin ningún tipo de autorización o acuerdo y en beneficio propio afectando no sólo el interés de la empresa concesionaria sino de los jubilados ex ferrocarrileros y de las comunidades donde se encuentran estos tramos.

Vale recordar que el propio decreto de liquidación, en el artículo 2, párrafo cuarto, menciona que la SCT tramitará los activos que han estado en posesión de los jubilados para una posible donación a los estados, los municipios y los organismos que no persigan fines de lucro.

Ese escenario de indefiniciones ha provocado, primero, que la empresa no se haga responsable de la prestación del servicio como obliga el título de concesión; segundo, que el gobierno federal tampoco tome cartas en el asunto por el incumplimiento de la empresa concesionaria; tercero, que diversos grupos, ajenos a los intereses de los jubilados y las comunidades, quieran beneficiarse de los tramos en desuso y comercializar las vías; cuarto, que derivado de ello, se han registrado confrontaciones entre las comunidades y los grupos que roban el material, lo que ha ocasionado detenciones de gente de las comunidades que son sorprendidas por los ladrones; y, por último, que los más afectados por la falta de transporte y oportunidades de desarrollo sean los habitantes de esas comunidades y municipios, que gastan lo poco de sus ingresos en transporte caro y deficiente.

Algunas autoridades municipales del estado de Oaxaca han firmado un acuerdo de colaboración intermunicipal con el objetivo de invertir recursos en la construcción de un camino rural sobre la vía en desuso, el cual servirá para tener intercomunicación y desarrollar una política de desarrollo regional. Asimismo, se prevé la venta de los desechos ferroviarios y el ingreso de éstos canalizarlo para realizar obras en beneficio de los habitantes de los municipios y de su actividad productiva.

Dicho acuerdo se firmó el 11 de agosto de 2008 en San Francisco Telixtlahaca, con la participación de nueve municipios del distrito de Etla, en Oaxaca.

Este camino será el detonante de la regeneración de la actividad económica y del intercambio comercial de los productos de la región hacia la ciudad de Oaxaca y Tehuacán, Puebla, para que con ello eviten los elevados costos de traslado y el riesgo de accidentes por los caminos rurales actuales.

Por lo descrito, se somete consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorte respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno federal a revocar la concesión que se otorgó a Ferrosur, SA de CV (actualmente Ferromex), respecto al tramo descrito y que se solicite la donación de los tramos de vía en desuso y abandonada del tramo comprendido de San Antonio Nanahuatipan a Oaxaca de Juárez, con la finalidad de que las comunidades y los municipios comercialicen los remanentes del tramo mencionado y los ingresos se destinen a la construcción del camino rural intermunicipal y de obras en beneficio de los habitantes.

México, Distrito Federal, a 30 de septiembre de 2010.

Diputada Martha Ifigenia Martínez y Hernández

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a cumplir con base en los convenios de coejercicio su aportación de gastos respecto a los programas del campo para el ejercicio de 2011, a fin de propiciar un eficiente y eficaz uso de los recursos en beneficio de la población rural, a cargo del diputado Fernando Santamaría Prieto, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Fernando Santamaría Prieto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta asamblea, proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. Es preocupación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional que los recursos gubernamentales destinados al desarrollo rural sean utilizados de manera eficiente y cumplan su objetivo de atender la problemática en la que está inmerso el sector. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, señala en sus Reglas de Operación 2010, para ocho de sus programas, que uno de los objetivos que pretende alcanzar con los tres órdenes de gobierno, es elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras.

2. Es pertinente señalar que una de las modalidades de los programas sujetos a reglas de operación, es a través de la concurrencia de recursos convenidos con las Entidades Federativas, acción que el Partido Acción Nacional ha impulsado a lo largo de su historia, porque somos un partido convencido de un verdadero federalismo.

3. La misma Sagarpa señala que con el propósito de que los recursos que administran y operan los Fofaes en la modalidad concurrente con entidades federativas, estos recursos deben ejercerse considerando las diferencias regionales y locales, así como criterios de objetividad, equidad, transparencia y selectividad.

4. Por otra parte, el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que: las dependencias y entidades con cargo a sus presupuestos y por medio de convenios de coordinación que serán públicos, podrán transferir recursos presupuestarios a las entidades federativas con el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, programas o proyectos federales y, en su caso, recursos humanos y materiales; modalidad de operación que es conveniente al sector agropecuario, dado que los gobiernos de los estados, con base al conocimiento de su población, tienen la responsabilidad de atender en tiempo y forma la ejecución de los proyectos en beneficio de la población rural asentada en sus territorios.

5. Sin embargo, la misma ley es puntual respecto a los requisitos que deberán observarse en la suscripción de convenios; y señala que deberán asegurar una negociación equitativa entre las partes e incluirse criterios que aseguren transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de recursos. En el mismo artículo 82, en su fracción III, se manifiesta que deberán establecerse los plazos y calendarios de entrega de los recursos que garanticen la aplicación oportuna de los mismos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado y atendiendo los requerimientos de las entidades federativas.

6. En ese orden de ideas, el acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del 29 de diciembre de 2009, señala que en los convenios de coordinación que se suscriban con las entidades federativas, se deben establecer los términos, facultades y responsabilidades que asumen cada una de las partes que lo suscriben y deberán especificarse tanto el monto y aportaciones comprometidas, como las metas y los calendarios de ejecución.

7. A pesar de la normatividad señalada en las consideraciones anteriores, algunas entidades federativas no cumplen con oportunidad con sus aportaciones, lo que retrasa la ejecución de los programas, siendo los productores los más afectados, lo que constituye un freno al desarrollo rural. Tal es el caso de Puebla, Veracruz, Coahuila, Chihuahua e Hidalgo, que al 31 de agosto de 2010 no habían radicado un sólo peso a los programas que les corresponde en coejercicio con la Sagarpa, situación que refleja una falta de compromiso con el sector rural

8. En virtud de lo anterior, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, lamentamos que en el ejercicio presupuestal de Sagarpa para 2010, del total comprometido por los gobiernos estatales, de los 3 mil 9.1 millones de pesos convenidos, sólo hayan radicado mil 72.1 millones de pesos, lo que significa 35.6 por ciento del total convenido; en contrapartida del gobierno federal de los 8 mil 958.2 millones de pesos, al 31 de agosto ya ha radicado 7 mil 467.4 millones de pesos, que representan 83.4 por ciento del total comprometido.

9. Lo grave del caso es que a consecuencia de la falta de aportación de los recursos estatales, sólo se haya pagado, al mismo 31 de agosto, la cantidad de 379.8 millones de pesos (trescientos setenta y nueve punto ocho millones de pesos) lo que representa sólo el 3.2 por ciento del total convenido que es de 11 mil 967.3 millones de pesos.

10. Las cifras señalan que los estados, en su mayoría no han cumplido con su parte en los presupuestos convenidos y en su discurso siempre aluden a un subejercicio de los programas del campo, siendo que es su falta de responsabilidad la que ha originado tal subejercicio. Ante tal situación el Grupo Parlamentario del PAN hace un respetuoso exhorto a los gobernadores de los estados a cumplir con los compromisos suscritos en los convenios con la federación y sean los principales promotores del desarrollo del campo y de la sociedad rural que espera de sus gobernantes apoyos subsidiarios para alcanzar un desarrollo sostenido que les permita vivir mejor.

11. Estamos a unos días de aprobar el PEF de 2011 y para el ejercicio oportuno de los recursos en los programas de la Sagarpa, es indispensable que los gobiernos estatales cumplan con sus aportaciones en los términos que señalan las leyes y reglas de operación respectivas y no sólo soliciten mayores recursos de forma inercial.

Por lo expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ponemos a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un atento exhorto a los gobiernos de las entidades federativas para que, con base a los convenios de coejercicio, cumplan con su aportación de gasto en lo que se refiere a los programas del campo para el ejercicio presupuestal 2011, a fin de propiciar un eficiente y eficaz uso de los recursos en beneficio de la población rural, presentado por el diputado Fernando Santamaría Prieto y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2010.

Diputado Fernando Santamaría Prieto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir la segunda etapa del campus Aeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Jesús María Rodríguez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. Considerada como una de las universidades más importantes del país, la Universidad Autónoma de Querétaro tiene encomendadas, desde sus inicios, tres funciones sustantivas: La Docencia, la Investigación y la Difusión de la cultura. Hoy en día, la universidad contribuye con más de la tercera parte de la cobertura estatal para jóvenes de entre 18 y 22 años.

2. Como muestra del avance de esta institución durante los últimos años podemos mencionar los siguientes datos: El número de egresados de educación media superior a nivel estatal es de aproximadamente 54 mil estudiantes. En junio de este año, la universidad recibió 14 mil solicitudes para ingresar a la licenciatura, de las cuales se pudieron atender 5 mil, es decir, sólo se atendió el 36 por ciento de la demanda estudiantil. Actualmente la población es de 20 mil 418 estudiantes.

3. Pero el esfuerzo sigue siendo rebasado por la realidad en la entidad: La demanda de ingreso es creciente, y supera con mucho, a la capacidad instalada. En el ciclo escolar 2002-2008, en licenciatura solamente se aceptó a uno de cada tres aspirantes.

4. En atención a lo anterior, a la vanguardia educativa, el liderazgo académico y la cobertura de calidad que ejerce el Alma Máter queretana, el gobierno del estado a donado a la Universidad Autónoma de Querétaro 43-74-27 hectáreas de los terrenos del antiguo aeropuerto.

5. Esta área se encuentra ubicada en la parte noreste de la ciudad de Querétaro, en una zona donde se enlaza con importantes polos industriales del norte y tiene cercanía al centro de la ciudad, a través del anillo vial Fray Junípero Serra.

El Campus Aeropuerto, es la nueva opción para crecer en cobertura y se contempla que para el 2011 esté en condiciones de atender al 40 por ciento de la demanda estudiantil por año.

El proyecto contempla el aprovechamiento de la antigua aeropista como vialidad principal a lo largo del Campus. Se ha dividido en cuatro fases de acuerdo al avance en el proceso de construcción. Esta previsión permite un crecimiento ordenado y sostenido. La fase I corresponde a la zona donde se han edificado las primeras construcciones. Y la fase II a la zona de acceso y servicios generales del Campus.

La segunda etapa está dirigida a la consolidación del Campus con el inicio de actividades de nuevas opciones educativas como son la licenciatura en genómica, la licenciatura en gastronomía e ingeniería bioquímica y el incremento de matrícula en los programas educativos de licenciatura y posgrado que atienden a sus primeras generaciones.

Un requisito básico de calidad educativa es disponer de una infraestructura académica funcional que apoye la organización de las actividades de las tres funciones sustantivas: docencia, investigación y gestión.

Con el aumento de infraestructura se atenderá el crecimiento de la demanda real en las áreas de conocimiento, incrementando la matrícula y diversificando los programas educativos, teniendo como referente el estudio de ANUIES sobre el mercado laboral de profesionistas en México.

Por lo expuesto y fundado, presento a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a las Comisiones de Educación y Servicios Educativos, así como a la de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, recursos necesarios destinados a la construcción de la segunda etapa del Campus Aeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2010.

Diputado Jesús María Rodríguez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ampliar el alcance del decreto por el que se otorga un estímulo fiscal relacionado con el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos para que los consumidores que adquieran uno nuevo en el último trimestre de 2010 tengan la seguridad de que quedará pagada la tenencia de 2010 y 2011, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de la industria automotriz

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados J. Guadalupe Vera Hernández, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Juan José Guerra Abud, Herón Agustín Escobar Gorda, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, José Luis Velasco Lino, Jorge Juraidini Rumilla, Alejandro Bahena Flores, Jesús María Rodríguez Hernández, Nancy González Ulloa, Salvador Caro Cabrera, José Oscar Aguilar González, y el de la voz, diputado Melchor Sánchez de la Fuente, integrantes de la Comisión Especial de la Industria Automotriz presentamos a esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El pasado 24 de junio de 2010, el titular del Ejecutivo Federal, anunció el “Decreto por el que se otorga un estímulo fiscal relacionado con el Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos” mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente que señala lo sucesivo:

“Que la crisis económica mundial que se presentó en 2009 impactó de forma negativa a la industria automotriz en todo el mundo y provocó en el mercado interno mexicano una contracción significativa de esta industria, reduciéndose la venta de vehículos nuevos en un 26.3% en ese año y presentándose en el primer trimestre de 2010 una caída adicional de 3.3%, por lo que era necesario otorgar un estímulo fiscal a los fabricantes, ensambladores, distribuidores y comerciantes en el ramo de vehículos, que opten por pagar el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, federal o local, correspondiente a los vehículos nuevos que, a partir de la entrada en vigor de dicho decreto, es decir, el 25 de junio de 2010, y hasta el 31 de diciembre de 2011, enajenen a personas físicas, cuyo valor total no exceda de doscientos cincuenta mil pesos, considerando que en México el promedio de la venta anual de vehículos con ese valor represento más del 90% en el periodo 2000 a 2009”.

De lo establecido en el decreto, se procede a hacer un análisis para ilustrar la necesidad imperante de que se amplíe el alcance del estímulo con la finalidad de no tener un efecto contraproducente al que se propuso para apoyar a la industria automotriz.

Conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Tenencia o Uso de Vehículos, el importe del impuesto se calcula aplicando un factor del 3% sobre el precio del vehículo antes de IVA. Es importante anotar que el pago del impuesto se hace de forma proporcional al mes en que se realiza, disminuyendo 1/12 cada mes.

Conforme esta el decreto actualmente, en el mes de Septiembre el estímulo corresponde a un máximo de $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.), es decir, lo proporcional al pago anual y va disminuyendo en $625.00 (Seiscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) cada mes que pasa.

Mientras que en enero de 2011 el estímulo corresponderá a $7,500.00 (Siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) para todo el año.

Lo preocupante es que si una persona adquiere el vehículo en lo que resta del año, deberá pagar los $7,500.00 (Siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por concepto del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos en el mes de enero de 2011, debido a que su vehículo ya no se considera como nuevo.

Lo anterior, trae como consecuencia que empezando en el mes de septiembre, y durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, el estímulo operará estrictamente en sentido contrario, posponiendo la venta del consumidor hasta enero afectando severamente a la industria automotriz.

Según información de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), no hay forma de que fabricantes y distribuidores puedan cubrir la diferencia que supondría esta distorsión de mercado porque necesariamente tendrían que compensar la diferencia contra su margen operativo para volver indiferente el estímulo respecto de la venta enero de 2011. Esta diferencia impactaría negativamente el margen operativo sufriendo el distribuidor un daño irresarcible.

De igual forma, en caso de que se desfase la compra de vehículos del último trimestre de 2010 hacia 2011, se está poniendo en riesgo a toda la planta productiva de las distribuidoras automotrices con su consiguiente descapitalización porque sería el peor año de cierre en la historia de ventas del mercado, acentuando, y no ayudando como es el objetivo del decreto, la grave crisis financiera que afectó duramente al sector en 2008 y 2009. Lo anterior porque el patrón de compra en enero no tiene capacidad de restituir las ventas pérdidas de los meses de octubre, noviembre y diciembre, este impacto podría extenderse a 250,000 vehículos que es el promedio de ventas esperado para el último trimestre de este año.

Por otra parte, dicho desfasamiento en la venta al público de dichos inventarios conlleva un doble efecto perjudicial para el distribuidor porque tiene que incurrir y mantener el costo financiero de un inventario que no se podrá colocar en el último trimestre, lo cual impacta negativamente su costo de ventas más allá de cualquier beneficio que supone el estímulo de la tenencia orientado al mercado; y potencializa el impacto desfavorable de su posición tributaria en IETU para el ejercicio 2010, al quedarse contablemente con un inventario que sólo es deducible en ese ejercicio y sin poder acompañar la deducción correspondiente al ingreso derivado de la venta en el ejercicio de 2011 .

De igual forma afecta a las armadoras porque al cerrar el ejercicio fiscal de este año tendrá un impacto directo en sus ventas, rentabilidad y podrá generar la disminución de actividades y paros técnicos poniendo en riesgo a nuestra economía y el empleo de muchos trabajadores.

De igual forma, el mantener el decreto de la manera en la que se encuentra tendrá el impacto anteriormente señalado y en la recaudación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por concepto de IVA e ISAN, repercutiendo en las finanzas públicas, estimando la AMDA el impacto en más de 2,600 millones de pesos, equivalente a 60,000 unidades, lo cual es superior al costo total del programa de estímulo de tenencias 2010 y 2011.

Por todo lo anteriormente expuesto y en total apoyo a la industria automotriz para no afectar su continuidad e impactar en sus operaciones y el empleo de nuestros trabajadores, acudimos a esta tribuna para solicitar su apoyo y respaldar la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que amplíe el alcance del “decreto por el que se otorga un estímulo fiscal relacionado con el Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos” para que los consumidores que adquieran un vehículo nuevo durante el último trimestre de 2010, tengan a su vez la seguridad de que quedará pagada la tenencia respecto del año 2010 y 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre del 2010.

Diputados: Melchor Sánchez de la Fuente, Jesús María Rodríguez Hernández, Juan José Guerra Abud, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Salvador Caro Cabrera, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, José Luis Velasco Lino, Nancy González Ulloa, J. Guadalupe Vera Hernández, José Oscar Aguilar González, Herón Agustín Escobar Gorda, Alejandro Bahena Flores (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita que la Comisión de Agricultura y Ganadería analice, discuta y, en su caso, apruebe un programa de capacitación básica; y que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para aquél, a cargo del diputado José M. Torres Robledo, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, José Torres Robledo, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ésta soberanía , la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Todos hemos sido testigos del abandono y marginación en la que viven la gran mayoría de los pequeños productores del campo de nuestro país, si bien es cierto que se han hecho grandes esfuerzos sobre todo en la honorable Cámara de Diputados para asignarle a este sector un recurso histórico en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 y ser el Programa Especial Concurrente uno de los presupuestos más altos asignados al campo en América Latina, seguimos viendo a nuestros campesinos en las mismas condiciones o peor que antes y esto es debido a muchos factores como la corrupción, el burocratismo, el conformismo, etcétera, pero sobre todo, a la falta de capacitación de nuestros pequeños productores.

Hemos estado atacando las secuelas pero no hemos atacado la enfermedad. La capacitación y la asistencia técnica son el verdadero centro de trasformación de nuestras comunidades y sus productores.

Desde el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el Sistema y Servicio Nacional de Capacitación Técnica Rural Integral hasta algunos programas que manejan diferentes secretarías de la administración pública, se hace referencia a la importancia y la necesidad de la capacitación y la asistencia técnica para el buen desempeño de los productores del campo; pero, en la práctica, después de todo este entramado de planes, programas y leyes, dónde queda nuestro productor que es el eje central y lo que le dio origen a éstos, pues en la comunidad, el monte o el surco poco o nada llega en realidad.

Los campesinos, sobre todo los más marginados y con escasos recursos, que son a los que todo mundo pone en primer lugar en el discurso que se tienen que apoyar, siguen con el desconocimiento de cosas tan esenciales para su trabajo como las siguientes:

- Desconocen el momento y la forma adecuada de preparar sus tierras pues hacen movimientos de maquinaria innecesarios que elevan el costo de producción.

- Siguen utilizando el método tradicional de arado de discos cuando éste erosiona el suelo y utiliza mucho más cantidad de diesel que incrementa el costo de producción; cuando se puede utilizar un multiarado que abarca una mayor superficie y consume menos diesel, no erosiona el suelo pues trabaja por debajo de la tierra evitando voltearla y disminuye el tiempo invertido.

- Muchos de ellos desconocen el tiempo adecuado de la siembra, las escardas y la cosecha, afectando con esto los volúmenes de producción y perdida de grano.

- No utilizan semillas mejoradas ocasionando con esto una baja productividad pues por poner un ejemplo en una hectárea de frijol de temporal levantan 300 kilos pudiendo producir 500 kilogramos, 800 kilogramos o más según las condiciones agroclimáticas.

- No hacen análisis de suelos por lo tanto fertilizan a siegas gastando dinero y agregándole al suelo nutrientes que a lo mejor ya tiene.

- Utilizan fertilizantes químicos que dañan la tierra y son muy caros; pudiendo utilizar fertilizantes orgánicos como el estiércol que producen sus mismos animales y que por la influencia de los fabricantes de fertilizantes y su publicidad dejaron de utilizarlo; o bien desarrollando la lombricultura que produce un fertilizante orgánico de alta calidad o de cualquier otro tipo de abono verde que pueda ser producido por ellos.

- No saben vacunar y desparasitar sus animales ocasionando con esto por ejemplo, en el caso de las borregas, que el número de pariciones sea de una o dos veces cada dos años en vez de tres o que en el caso de los machos no den el peso adecuado en un menor tiempo para su venta porque el alimento se lo comen los parásitos en vez de aprovecharlo el animal y transformarlo en kilos de carne.

- No saben preparar las raciones adecuadas para la alimentación del ganado y muchos productores tienen tierras que pueden destinar a la siembra de lo que necesiten para preparar la fórmula adecuada ellos mismos, pero por desconocimiento no lo hacen y compran estos insumos en las casas comerciales con el impacto directo en sus costos de producción.

- Compran sus insumos caros y venden sus productos baratos por la falta de organización y desconocimiento del mercado, etc.

Si les damos a los pequeños productores estos conocimientos sencillos, pero tan importantes, se duplicaría o triplicaría su producción y disminuirían los costos de la misma.

Por eso es necesario crear un programa de Capacitación Básica en el que se enseñe al productor esas cosas tan esenciales en su vida cotidiana, pues en las dependencias relacionadas con el campo se habla mucho de la exportación, los clusters y la agroindustria cuando el grueso de nuestros productores medianos y sobre todo pequeños aun no saben hacer rentables y productivas sus tierras, mucho menos van a estar preparados para exportar, formar clusters o darle valor agregado a sus productos.

Qué bueno que las autoridades apoyen y sigan apoyando estos sectores pues hay productores medianos y sobre todo grandes productores que necesitan este tipo de apoyos, pero ahora es necesario que volteemos los ojos a esos pequeños productores que por siempre han sido olvidados y marginados del desarrollo, aunque en el discurso y en la ley se diga que tendrán prioridad por sobre los demás productores.

Estoy convencido que para sacar nuestra gente del atraso, la pobreza y la marginación no se necesitan paliativos como láminas, despensas y bultos de cemento, se necesita conocimiento.

En la actualidad hay programas que contemplan la capacitación y la asistencia técnica como el programa soporte de la Secretaria de Agricultura pero éste, únicamente se aplica para aquellos proyectos que se autorizan en el programa de activos productivos que dentro del gran universo de productores es la minoría, pues el pequeño productor a quien es urgente ayudar ni siquiera sabe de la existencia de dichos programas o si los conoce, no sabe como accesar a ellos o no tiene dinero para ir a realizar la tramitología, mucho menos para pagar la elaboración de un proyecto.

Hay otros programas como el de fomento a la organización rural (Organízate) de la misma Sagarpa, en donde se apoya a las organizaciones de productores y una parte de estos recursos la organización los puede destinar a la capacitación de sus agremiados pero que por lo normal, muy pocas lo hacen.

Existen otros programas como Promoagro o las capacitaciones del Inca Rural pero que son impartidas en cursos, talleres o seminarios en ciertas escuelas, hoteles o instalaciones a las que el grueso de los productores rurales no pueden asistir.

Por estas razones y muchas otras más, es necesario analizar, discutir y en su caso aprobar; un programa de capacitación que llegue hasta las comunidades donde habitan nuestros productores pues siempre hemos dicho que es mejor enseñar a pescar que regalar el pescado; y ésta es la mejor manera de cumplirlo.

Si queremos ver a un productor menos dependiente del gobierno, más seguro de sí mismo, con mejores niveles de vida y que rompa con ese círculo de marginación y pobreza, démosle la única herramienta que podrá conseguirlo el conocimiento pues este es el único que a través de la historia de la humanidad ha trasformado las condiciones de vida de su población.

Actualmente se destinan muchos millones de pesos a programas que poco o nada ayudan a nuestra población, como por ejemplo el incremento en el presupuesto destinado a seguridad pública que pasó de 5 mil a 35 mil millones de pesos y no hemos visto alguna mejoría en materia de seguridad, por lo que no podemos argumentar que no hay recursos pues el problema de la inseguridad en mucho tiene que ver con el campo pues si la gente no tiene que comer, ni empleo que le dé los medios para subsistir, se dedica a robar, secuestrar o delinquir para poder mantener a sus familias.

Los problemas de las zonas urbanas también tienen que ver con el campo pues al no haber futuro allí emigran a las grandes ciudades acarreando con esto problemas de falta de vivienda y servicios como agua, luz, drenaje, escuelas, etcétera. O bien yéndose a Estados Unidos con los consecuentes resultados de desintegración familiar, problemas emocionales o la pérdida de la vida al intentar cruzar la frontera.

De tal manera que debemos considerar de una vez por todas a la capacitación de una manera prioritaria desde el punto de vista económico, político, social y estratégico.

Para el análisis, discusión y en su caso aprobación de este programa de capacitación es importante tomar en cuenta entre otros, los siguientes elementos:

- La selección de los capacitadores es pieza clave para el éxito del programa, pues éstos aparte de tener los conocimientos teórico-prácticos necesarios, deben tener una gran calidad humana, sobre todo humildad y sencillez pues si no, será muy difícil que los productores los escuchen.

- Es preferible empezar con un universo de gente a capacitar pequeño pero efectivo, que un gran universo de productores pero sin efectividad, esto dependerá de los recursos disponibles.

- Los profesionistas encargados de la capacitación no deberán ser técnicos urbanos que no tengan práctica en las labores del campo sino gente que sepa las necesidades reales de nuestros productores, pues contamos con gente muy preparada en las diferentes instituciones y asociaciones públicas y privadas que pudieran participar en la capacitación o preparando a quien la dará.

- Que los estados tengan la libertad de utilizar los recursos de dicho programa de capacitación básica utilizando para ello la estructura profesional y educativa de que dispongan, pues cada región tiene necesidades y condiciones edafológicas distintas.

Habrá quien diga que en la práctica esto es muy difícil de lograr, pero si por poner un ejemplo, de un grupo de 50 productores que se capaciten, dos o tres utilizan el conocimiento adquirido, habremos ya iniciado la trasformación del campo mexicano, pues no faltará el hermano, hijo, vecino o compadre que vea la mejora en su producción agrícola o pecuaria para que quiera imitarlo y se convenza en los hechos, que la capacitación trae como consecuencia mayor rentabilidad y productividad y por lo tanto más dinero en su bolsillo; el camino es largo, pero hay que dar el primer paso.

Actualmente se habla mucho de la soberanía y seguridad alimentaria, así como de la sustentabilidad y la mejor manera de lograrla es mediante la capacitación pues ésta proporcionará más y mejor alimento para las familias, elevación del producto interno bruto, mejor cuidado de los recursos naturales, más ingresos y por lo tanto mejores niveles de vida para nuestra población.

Los diputados de esta legislatura del bicentenario de la independencia y centenario de la revolución, tenemos una obligación moral y oportunidad histórica sobre todo con los más necesitados de éste país de sentar las bases de una profunda y verdadera trasformación de nuestro campo mexicano.

Estoy convencido, porque así lo he constatado entres mis compañeros legisladores, que algo habremos de hacer al respecto, pues se percibe en ellos, sobre todo en los que integran las comisiones que tienen que ver con el campo, una voluntad sincera de ayudar a éste sector de nuestra población.

Por lo tanto y con fundamento en los elementos antes mencionados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados solicita que la comisión de Agricultura y Ganadería analice, discuta y en su caso apruebe, un programa de Capacitación Básica que incluya al menos los siguientes puntos:

- La conveniencia de sembrar semillas mejoradas y realizar análisis de suelo.

- El momento y la forma adecuada de preparar las tierras, así como de la siembra, escardas y cosecha.

- Como enriquecer las tierras utilizando fertilizantes orgánicos o abonos verdes que puedan producir ellos mismos

- Como realizar prácticas de manejo de los recursos agua y suelo para su mejor utilización y conservación.

- Como aplicar vacunas y preparar raciones adecuadas para la alimentación del ganado; y

- Conceptos básicos de administración rural para saber que, como, cuando y donde comprar sus insumos y vender sus productos.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados solicita a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Presupuesto y Cuenta Pública asignen los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para dicho programa de capacitación básica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre del 2010.

Diputado José Torres Robledo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos que respondan a la transversalidad y perspectiva de género que los Poderes de la Unión requieren para el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción IV y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género que responda a la transversalidad y perspectiva de género que requieren todos los Poderes de la Unión para el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Que el presupuesto público es el instrumento por excelencia para el desempeño de las funciones de gestión del gobierno, ya que supone la concreción de una política económica y social y es un reflejo de sus prioridades políticas. Permite el análisis cuantitativo y cualitativo y la previsión de los efectos de las diversas disposiciones sobre un territorio y la población que en él habita.

2. Que este análisis puede hacerse desde diferentes perspectivas, y ya que todo aquello que interviene en la sociedad se debe tener en cuenta en el análisis macroeconómico, el género es de vital importancia a la hora de plantear el modelo y las posibilidades de desarrollo económico y social que permita descubrir impactos diferenciales para hombres y mujeres, incluso en aquellas políticas aparentemente neutrales.

3. Que un presupuesto sensible al género es aquel en el que se ha realizado un examen metódico y por lo tanto una correcta evaluación de las asignaciones que se realizan en el, posibilitando la identificación de impactos diferenciales dadas por las diversas situaciones tanto económicas como sociales que prevalecen entre hombres y mujeres, estableciendo posibilidades reales de desarrollo de objetivos y prioridades.

4. Que para entender porque son necesarios los presupuestos con perspectiva de género tendríamos que plantearnos sino el oprobio de la desigualdad esta sustentada en la supremacía de un sexo sobre el otro y dicho en otros términos en la invisibilización de las necesidades del otro género y en la marcada diferencia en las posibilidades de desarrollo entre géneros. Así pues, lo vemos desde la conformación del espacio legislativo en el que tengo encomendado tener una curul y luchar por darle voz a otras mujeres.

5. Que el pasado 8 de septiembre del año en curso se presentó a esta soberanía, el Proyecto de Presupuesto de Egresos este no presenta una real perspectiva de género e imposibilita su análisis desde la elaboración, así pues en programas como Oportunidades o Hábitat (por mencionar los más grandes) es imposible saber exactamente cuál es la cantidad específica en la que impacta a las mujeres beneficiarias, que resulta necesario dentro del análisis presupuestal, en otras palabras, necesitamos que desde ese punto de partida se pueda iniciar nuestro análisis; en caso contrario, estaremos reduciendo los 59, 460.2 (cincuenta y nueve mil cuatrocientos sesenta millones y dos centavos) propuestos por el gobierno federal.

6. Que en el análisis de éste, respecto al ramo de salud, se presupuesta 2 mil 559.7 millones de pesos, hecho que en términos reales implicaría un incremento real si tomamos en cuenta que respecto al año pasado únicamente se había contemplado 260 millones, cifra por demás baja y que implicó la lucha por un incremento real. En el presente año los retos del sector salud son profundas si consideramos que la mortalidad materna ha aumentado en los últimos 3 años, y los eventos obstétricos lejos están de poderse cubrir en su totalidad, no obstante nuestro país se encuentra comprometido con los Objetivos del Milenio a reducir dichos índices, por otra parte resulta indispensable contar con una política pública que atienda el numero creciente de embarazos adolescentes, que implica un rediseño de la política publica en materia de educación sexual y obviamente destinar mayores recursos a la anticoncepción.

7. Por otra parte, en el rubro asignado a la Secretaría de Gobernación, que asciende a 110.1 millones de pesos, se destina bajo el subprograma Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, queremos manifestar que no obstante dicho presupuesto debe atender temas fundamentales, como puede ser el cumplimiento a la sentencia González y otras, conocida como Campo Algodonero, dicho presupuesto debe ser suficiente también para dar prevención y atención la violencia feminicida, destaca la necesidad de que realmente el Fondo de Alertas de Violencia de Género sea un instrumento eficaz al que puedan acceder las mujeres del país y que no sea únicamente para cubrir con los gastos de operación de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres, como hemos visto que se ha aplicado en los años recientes.

8. Respecto a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se destina un presupuesto de 8 millones de pesos, sin embargo, no se etiqueta el recurso para la atención de la problemática específica de las mujeres reclusas en penales federales, por otra parte se establece un presupuesto destinado al fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y respeto de los derechos humanos. Ellas (las mujeres en reclusión), como es del conocimiento de todos ustedes, sufren de discriminación, de exclusión social, de maltrato; son múltiples las violaciones a sus derechos humanos y, en este caso, la dependencia (Secretaría de Seguridad Pública Federal es omisa). No obstante a ella, es decir, a la secretaría, se le asignan 26.5 millones de pesos destinados al programa citado, cuyo antecedente es el Programa de Participación Ciudadana en la Prevención del Delito en el marco de la Equidad y Género; no obstante, dicho programa, tendente a la creación de estadísticas e indicadores, no redunda en un beneficio real a la población mencionada.

9. En relación al ramo 11 destinado a la educación y cuya entidad rectora es la secretaría del mismo nombre, dedica buena parte de recursos al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, al que en el analítico presupuestal refiere se dedican 13, 600.9 millones de pesos, cifra menor a la destinada en el ejercicio presupuestal pasado, y que es necesaria para evitar la deserción escolar; nuevamente deja de lado, sin embargo, a instituciones como el Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) que a través de sus becas contribuye para que se existan más profesionistas que concluyan estudios de posgrado, tales como maestrías y doctorados. Esto significa que no existe una política que impulse realmente el desarrollo de las mujeres para este ámbito de desarrollo profesional.

Considerandos

1. Que el proyecto de Presupuesto de Egresos federal establece en el artículo 25 se incorpora la perspectiva de género para la administración pública federal. Este artículo se incluyo por primera vez en el decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio de 2008, la perspectiva de género como instrumento metodológico para la igualdad entre los géneros.

2. Que actualmente se incorpora en el apartado 10 como erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres en la que se expresa que el Instituto Nacional de las Mujeres es el ente público rector de la política nacional para lograr la igualdad entre mujeres y hombres a través de la transversalidad de la perspectiva de género en las acciones del Estado mexicano.

3. Por otra parte, es manifiesta la necesidad de que estos recursos contengan los indicadores, objetivos y metas presupuestales y de impacto social. Sabemos que programas como Oportunidades son transversales y deben beneficiar a los más necesitados en nuestro país, es decir con este programa que se destina a través de las Secretarías de Educación, de Salud, y de Desarrollo Social, la mayor parte del recurso que destina el gobierno a las mujeres.

4. Por ello, debemos restarlos del monto general de la estrategia, con lo cual los recursos para la igualdad bajan a 11 mil 457.3 millones (reitero descontando este programa que no contiene datos desagregados).

Somos muchas las mujeres y distintas nuestras necesidades, somos legisladoras, campesinas, migrantes, indígenas, jóvenes, amas de casa, obreras, profesionistas, estudiantes, somos la mitad de la humanidad y 51 por ciento de la población de nuestro país. Necesitamos que nuestras demandas sean atendidas y que sea abatida la desigualdad en que vivimos.

Por lo expuesto y fundado, someto ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se etiquete en el ramo 03 para el ejercicio de 2010 del Presupuesto de Egresos una partida para las acciones y programas del poder judicial con perspectiva de género.

Segundo. Se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se etiquete en el ramo 04 para el ejercicio de 2011 del Presupuesto de Egresos una partida para las acciones y programas de la Secretaría de Gobernación con perspectiva de género, en especial las relativas a los programas de atención a mujeres y niños migrantes, así como el fortalecimiento de las acciones de la comisión de atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Tercero. Se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se para que se etiquete en el ramo 05 para el ejercicio de 2011 del Presupuesto de Egresos una partida para las acciones y programas de la Secretaría de Relaciones Exteriores con perspectiva de género, en especial las relativas a la protección y asistencia consular de las mujeres en situación de violencia, trata y otros delitos perpetrados contra su dignidad, los programas de política exterior en materia de derechos humanos y democracia con perspectiva de género, así como para la protección de los derechos de las migrantes.

Cuarto. Se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se etiquete e incremente en el ramo 08 para el ejercicio de 2011 del Presupuesto de Egresos respecto a la partida denominada agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación para la aplicación de programas educativos en materia agropecuaria y se implante programas de acción respecto a las mujeres rurales.

Quinto. Se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se destine y etiquete en el ramo 09 para el ejercicio de 2011 del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se reincorporen los programas de atención a las mujeres migrantes.

Sexto. Se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se destine en el ramo 10 para el ejercicio de 2011 del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Economía para que se cree un programa nacional de financiamiento para mujeres empresarias, se etiqueten los recursos en los programas Fondo de Microfinanciamiento para Mujeres Rurales, el Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad y del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.

Séptimo. Se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se destine en el ramo 11 para el ejercicio de 2011 del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Educación para que se informe respecto al programa Diseño y Aplicación de la Política Educativa con Perspectiva de Género, los motivos de su desaparición en el proyecto de Presupuesto enviado a esta soberanía, así como la etiquetación correspondiente al Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio, y lo relativo en su aplicación del Programa Oportunidades, se etiquete el presupuesto destinado al fomento educativo de las mujeres.

Octavo. Se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se destine en el ramo 13 para el ejercicio 2011 del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Marina para que se destine y etiquete un presupuesto para la difusión de los derechos humanos de las mujeres y la creación de un programa para el adelanto y la igualdad de género.

Noveno. Se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se destine en el ramo 14 para el ejercicio 2011 del Presupuesto de Egresos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que se reincorpore el presupuesto etiquetado denominado “fomento al empleo de las mujeres” y etiquetar los recursos de los programas denominados “procuración de justica laboral y fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral”.

Décimo. Se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se destine en el ramo 17 para el ejercicio de 2011 del Presupuesto de Egresos de la Procuraduría General de la República para que destine un presupuesto etiquetado para la atención de las mujeres y las niñas víctimas del delito.

Undécimo. Se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se destine y etiquete en el ramo 35 para el ejercicio de 2011 del Presupuesto de Egresos en relación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se destinen mayores recursos a los programas existentes relativos al adelanto de las mujeres y la equidad entre los géneros.

Duodécimo. Se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se destine y etiquete en el ramo 36 para el ejercicio de 2011 del Presupuesto de Egresos en relación con la Secretaría de Seguridad Pública federal para que se reincorporen los programas denominados “fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos” y “programa de administración del sistema federal penitenciario”, e informe respecto al denominado fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito en el marco de la equidad de género.

Decimotercero. Se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se desagregue el impacto de los programas destinados a la salud de las mujeres en instituciones públicas de salud, así como el incremento para la atención de la salud materno-infantil.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2010.

Diputada Leticia Quezada Contreras (rubrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública sobre la suspensión de las alzas de electricidad, gasolina, diesel y gas doméstico, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, diputado Pedro Ávila Nevárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, presenta a esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Considerando que en los últimos años, los habitantes de nuestro país han venido sufriendo una constante disminución en sus ingresos, derivado del aumento en la tasa de desempleo y en la inflación de los productos de primera necesidad, que afectan principalmente a las familias de menos ingresos, como lo es la mayoría de la población; que a decir del propio presidente de la República en la exposición de motivos de la iniciativa que presentara hace un año para crear un impuesto generalizado de 2 por ciento al consumo, es de 50 millones de mexicanos con pobreza patrimonial y de 20 millones con pobreza alimentaria; es decir, no tienen para comer.

Uno de los principales motivos ha sido la política seguida en los últimos años de incrementar los precios de los energéticos por el gobierno federal, quien los autoriza por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero que nosotros los legisladores avalamos al aprobar la Ley de Ingresos de la Federación.

El impacto de estos incrementos, según la nota informativa del 14 de mayo del año en curso, elaborada por el Centro de Estudios de las finanzas Públicas, el precio de los energéticos ha tenido un constante incremento mes a mes; así, de enero a mayo de 2010, los precios de las gasolinas se han incrementado constantemente, pasando de 7.80 pesos por litro para la gasolina Magna, en diciembre de 2009, a 8.20 pesos por litro a mayo de 2010. La gasolina Premium incrementó sus precios, de 9.57 pesos en diciembre del año pasado a 9.82 pesos por litro en mayo del presente año.

El incremento acumulado de enero a mayo de 2010 de la gasolina Magna y el diesel ha sido de 40 centavos por litro, lo que representa un crecimiento en los precios de 5.1 y 4.9 por ciento, respectivamente, sólo en cinco meses, con referencia al precio observado en diciembre de 2009.

Por otra parte, la gasolina Pemex Premium ha aumentado 25 centavos por litro en el mismo periodo, que equivale a un incremento de 2.6 por ciento respecto del precio de venta de diciembre pasado.

De lo anterior se desprende que los incrementos mensuales en los precios del diesel y la gasolina Magna han sido constantes (8 centavos por litro), mientras que los de la gasolina Premium aumentaron en enero a razón de 9 centavos por litro y de febrero a mayo en 4 centavos mensuales.

De tal manera que continuar con los incrementos periódicos a los precios de los combustibles durante los meses restantes del año, los precios de las gasolinas podrían llegar a niveles de 8.76 pesos para la gasolina Magna, 10.10 pesos para la Premium y 9.12 pesos para el diesel en diciembre de 2010.

Los incrementos en la gasolina y el diesel no sólo afectan el bolsillo de los propietarios de los vehículos, sino que repercuten en los servicios de pasaje y de carga, y por consecuencia en el precio de los productos de primera necesidad, de ahí la importancia de evitar que continúe el constante aumento en perjuicio de la capacidad de compra de la población y del mercado interno.

Por lo que respecta al gas licuado de petróleo (LP), éste representa un insumo que se utiliza en 8 de cada 10 hogares mexicanos, para satisfacer las necesidades básicas de las familias, preparar los alimentos y asearse, lo que lo hace un artículo de consumo popular y de gran importancia dentro de la canasta básica. Además del uso como combustible en vehículos de trabajo y de transporte en la zona norte de nuestro país.

De tal manera que el gas LP desempeña un papel significativo en la economía y en la vida diaria de los habitantes de nuestra nación. Es el combustible de mayor uso a nivel residencial y el nivel de consumo convierte al mercado mexicano de gas LP en el más grande del mundo, ocupando el primer lugar de consumo per cápita con 68 kilos por habitante; de ahí la importancia de mantener su precio durante la permanencia de esta crisis económica en la que México está inserto debido a la gran dependencia comercial en más de 80 por ciento con los Estados Unidos de América, cuyo gobierno sí está implementando medidas de apoyo a la población de menores ingresos, como lo es el sistema de salud universal; el fomento al empleo, utilizando medidas keynesianas de gasto gubernamental en obra pública e incentivos fiscales, y de política monetaria ,con bajas tasas de interés a favor del gasto de las familias y de las inversiones productivas.

En cuanto a las tarifas eléctricas, el análisis económico y de política energética nos indica que las tarifas eléctricas domésticas, no obstante ser las de mayor subsidio, registraron un incremento en el primer trimestre de este año 2010 de 6.7 por ciento. Esta cifra es 35 por ciento más que el aumento acumulado de la inflación de 4.97 por ciento reportado entre el primer trimestre de 2009 y el mismo lapso de 2010. Es decir supera a la inflación promedio e incluso a los incrementos a los salarios mínimos

Además del incremento en las tarifas eléctricas, el subsidio a los consumidores se ha reducido en un 18 por ciento, al bajar de 28 mil 113 millones de pesos otorgados en el primer trimestre de 2009 a 23 mil 70 millones en el primer trimestre de 2010.

Por si fuera poco, de acuerdo al índice de la calidad de la electricidad del Foro Económico Mundial, en el reporte anual de competitividad 2009-2010, México se encuentra muy por debajo de otros países, en el lugar 88 de 132, en términos de la calidad del servicio eléctrico para el periodo 2008-2009. Respecto a la calidad del servicio y oferta de electricidad, México se está muy por debajo de los sistemas eléctricos de clase mundial como Dinamarca (lugar 1), así como con relación a sus socios comerciales del TLCAN, Estados Unidos de América (lugar 17) y Canadá (lugar 15) y respecto a países de Latinoamérica como Chile (lugar 37), Colombia (lugar 58) y hasta Honduras (lugar 86), donde México (lugar 88) se encuentra muy rezagado. Es decir, no sólo las tarifas son altas sino que también el servicio es malo.

Por lo expuesto y con el objeto de evitar se siga menguando constantemente el poder adquisitivo de los mexicanos, tanto los más pobres como los de la clase media, cada vez menor, se propone a esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público a efecto de que en la discusión y aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2011, e incluso la de 2012, se considere el no incremento en los ingresos derivados de los precios de gasolina, diesel, gas y tarifas eléctricas domésticas, como una medida directa que permita aliviar la pérdida del poder adquisitivo de la población en los dos años que restan de la presente administración.

Segundo. En consecuencia, se exhorte al Ejecutivo federal a fin de que, con fundamento en sus atribuciones constitucionales, instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Energía para que suspendan la política de incrementos permanentes a los precios de los energéticos –gasolina, diesel, gas y electricidad para uso doméstico– en todo el territorio nacional.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2010.

Diputado Pedro Ávila Nevárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la Cofetel a explicar cuáles serán la política pública y los tiempos específicos para transitar las señales de televisión abierta de la tecnología análoga a la digital, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Diversas diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, someten a consideración de esta soberanía proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Cofetel para que informe con detalle a esta soberanía sobre la estrategia integral y temporal que implementará con el propósito de cumplir el decreto que permitirá que las señales de televisión abierta transiten de tecnología analógica a tecnología digital en toda la república.

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que transparente el uso de recursos que para tal efecto, pueda utilizar a través de los programas públicos y de inversión y se evite con ello dispendios y la utilización diferente de los recursos para los fines que deban destinarse.

Atentamente

Rúbricas

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a revisar de manera profunda su política económica y fiscal para que ponga en marcha estrategias tendentes a promover el desarrollo de la economía nacional, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Diversas diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, someten a consideración de esta soberanía proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal a efecto de que haga una profunda revisión de su política económica y fiscal a efecto de que ponga en marcha las políticas tendientes a promover el desarrollo de la economía nacional.

Atentamente

Rúbricas

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a instaurar por el Conaculta medidas para apoyar a los creadores culturales, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Diversas diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, someten a consideración de esta soberanía proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes instrumente las medidas necesarias a efecto de apoyar a los creadores culturales.

Atentamente

Rúbricas


Excitativas

Al Senado de la República, a solicitud del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, en su calidad de diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos artículos 67, inciso g), 23, numeral 1, inciso p), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se exhorta al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República a excitar a las Comisiones Unidas de Justicia, de Seguridad Pública, y de Estudios Legislativos, Primera, de esa Cámara, a fin de que presenten al pleno el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, presentada por el Ejecutivo federal.

Antecedentes

El 23 de abril de 2009, el Ejecutivo federal presentó ante la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con la posesión y uso de armas de fuego y explosivos por parte de los ciudadanos. En este sentido, se amplía el rango de armas o cartuchos prohibidos y el catálogo de delitos graves relacionados con la posesión y portación ilegal de armas de fuego y municiones reservadas al Ejército, Armada o Fuerza Aérea; se propone que cuando varias personas porten o posean ilícitamente de manera conjunta armas de fuego, se les aplique una pena gradual y proporcional en función del número de armas portadas y el número de individuos que integran el grupo delictivo; se suprime el término “clandestinidad” del texto que tipifica y castiga la introducción de armas a territorio nacional; y sancionar con mayor rigor a quienes sean integrantes de una corporación policiaca, de un servicio de seguridad privada o del Ejército, ya sea en activo, reserva o en retiro, o planeen el delito al interior de la institución para la cual laboran.

Una vez recibida la citada iniciativa, en la misma fecha fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia, de Seguridad Pública, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, en las que se encuentra pendiente de dictamen.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional insistimos en que es necesario que se reformen y adicionen los ordenamientos pertinentes, con objeto de contar con el marco legal necesario que permita prevenir y sancionar, oportunamente, las conductas relacionadas la posesión y uso de armas de fuego y explosivos.

Consideraciones

La seguridad pública es una de las funciones más arraigadas de cualquier Estado y tiene por objeto, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, preservar la libertad, el orden y la paz públicos, así como hacer frente a quienes pretenden poner en riesgo la estabilidad de nuestro país; es, sin duda, una de las prioridades del gobierno federal.

Asimismo, la seguridad pública es un derecho fundamental de los habitantes que para su concreción requiere de la colaboración y participación de todos los Poderes de la Unión. Ahora bien, uno de los factores que han detonado los problemas de violencia que se viven en diversas partes de nuestro país se debe a la introducción y comercialización de armamento cada vez más sofisticado y con mayor capacidad vulnerante.

Por consiguiente, para combatir con mayor eficiencia los altos índices de violencia, es necesario establecer en nuestro marco jurídico controles efectivos y sanciones adecuadas que permitan atacar la compra-venta ilícita de armas de fuego. Por tal motivo, es necesario actualizar la restricción de posesión de municiones modificadas o con artificios destinados a infringir un mayor daño a los integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado que se enfrentan a la delincuencia.

De esta manera, la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal en el Senado de la República propone definir la naturaleza y composición de los cartuchos ordinarios, así como las características de las municiones que tienen un poder superior al de una bala ordinaria del mismo calibre, es decir, evitar y sancionar la posibilidad de poseer un arma permitida por la legislación, pero con cartuchos que maximicen el daño.

En ese mismo sentido, la iniciativa propone que las armas de fuego cuyo mecanismo sea modificado, o sean utilizadas con proyectiles alterados serán consideradas como de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Por tanto, su posesión o portación será sancionada con mayor una punibilidad.

Asimismo, se propone que cuando varias personas porten o posean ilícitamente de manera conjunta una o varias armas de fuego se les aplique una pena gradual y proporcional en función del número de armas portadas y el número de individuos que integran el grupo delictivo.

Sumado a lo anterior, se propone sancionar con mayor rigor a quienes son integrantes de una corporación policíaca o miembros de algún servicio de seguridad privada o del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, ya sea que éstos se encuentren en activo, reserva o en retiro. En estos casos, la iniciativa en comento prevé la imposición de una sanción agravada para quienes incurran en delitos específicos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Por otro lado, con la aprobación de la citada iniciativa se establecería una pena más severa para quienes acuerden o resuelvan por concierto previo cometer alguno de los ilícitos señalados dentro de la misma iniciativa, toda vez que dicha conducta presupone una actividad delictiva anterior que aumenta el grado de peligrosidad de los sujetos activos.

Además, se ampliaría el catálogo de delitos graves previsto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, ya que se incorporarían las conductas ilícitas relacionadas con la posesión y portación ilegal de armas de fuego y municiones reservadas al uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea.

Por último, con la finalidad de evitar impunidad por parte de los integrantes de estas organizaciones, se propone incluir en el catálogo previsto en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada la posesión, portación colectiva, la introducción ilegal de armas y municiones al país, así como el transporte de material o armas de fuego.

Por lo anterior, expreso las siguientes

Consideraciones de derecho

Desde el 23 de abril de 2010 a la fecha, ha transcurrido en exceso el tiempo para que, con fundamento en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones del Congreso de la Unión, en este caso especifico a las Comisiones Unidas de Justicia, de Seguridad Pública, y de Estudios Legislativos, Primera, presenten el dictamen correspondiente a la iniciativa descrita.

En tal virtud, es procedente exhortar al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República para que en los términos de lo dispuesto por el artículo 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso p), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 21, fracción XVI, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a las Comisiones Unidas de Justicia, de Seguridad Pública, y de Estudios Legislativos, Primera, de esa Cámara, a fin de que presenten al pleno el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, presentada por el Ejecutivo federal.

Por lo expuesto y fundado:

Único. Se exhorta al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República a efecto de que en términos de lo dispuesto en los artículos 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a las Comisiones Unidas de Justicia, de Seguridad Pública, y de Estudios Legislativos, Primera, de esa Cámara, a fin de que presenten al pleno el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, presentada por el Ejecutivo federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2010.

Diputado Juan José Cuevas García (rúbrica)

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Óscar Martín Arce Paniagua, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), con fundamento en lo dispuesto en el inciso g) del artículo 67 de la Ley Orgánica, y en la fracción XVI del artículo 21 y en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la presente excitativa, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes del proceso legislativo

En sesión ordinaria de la LXI Legislatura celebrada el 6 de octubre de 2009, el que suscribe, Óscar Martín Arce Paniagua, con diversos diputados del Grupo Parlamentario del PAN, presentó ante el pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman los artículos 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada que fue en el día de referencia, el presidente de la Mesa Directiva dio el turno correspondiente a la iniciativa de referencia, remitiéndola a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

La multicitada iniciativa ha sido recibida en la Comisión de Puntos Constitucionales. En la actualidad se encuentra el trabajo legislativo materia de la presente excitativa pendiente para su dictamen.

Considerandos

La responsabilidad de los servidores públicos puede definirse como el conjunto de disposiciones constitucionales y legales en el ejercicio de sus funciones, las cuales pueden ser de carácter civil, administrativo, político y penal.

En la Constitución, las responsabilidades de los servidores públicos se encuentran reguladas en el título cuarto, “De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado”.

Todas las Constituciones promulgadas a partir de la Independencia han previsto y regulado la responsabilidad de los servidores públicos, en especial la correspondiente a los de alto rango de los Poderes de la Unión.

En este sentido, la iniciativa busca que los servidores públicos, de acuerdo con las atribuciones importantes que la Constitución y las leyes confieren, realicen éstas con estricto arreglo a la ley, actuando con eficacia, eficiencia y honradez, siendo los servidores públicos responsables ineludiblemente del cumplimiento de las bases respectivas.

La enorme responsabilidad de los altos funcionarios de la nación, como los señalados en los artículos 108, 110 y 111 constitucionales, origina la creación de mecanismos protectores para que éstos desarrollen libremente las responsabilidades adquiridas tras la aceptación del cargo que desempeñen, y en donde el llamado “fuero constitucional” es el principal mecanismo protector, como lo ha sido para los diputados y los senadores, al establecerse su inviolabilidad por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus encargos, por lo que jamás podrán ser reconvenidos por ellas, según lo previsto en el artículo 61 constitucional.

El fuero constitucional de que gozan ciertos servidores públicos puede definirse como un privilegio del cual está investido el encargo que desempeña una determinada persona, en virtud del cual ésta no puede ser ajuiciada por los tribunales comunes, con objeto de que no se entorpezca el ejercicio de sus funciones.

Por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha definido el término fuero como el privilegio que se confiere a determinados servidores públicos para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento, así como para mantener el equilibrio entre los poderes del Estado, en regímenes democráticos; es decir, es un impedimento legal para que quien goce de esa prerrogativa no quede sometido a la potestad jurisdiccional.

Asimismo, el máximo tribunal ha reconocido la existencia de diversos tipos de responsabilidades a que pueden quedar sujetos todos los servidores públicos federales según la conducta de que se trate, siendo éstas la responsabilidad penal, civil, administrativa y política, contando cada una de ellas con órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, pudiendo incluso presentarse al mismo tiempo y, por tanto, el servidor público podrá ser sancionado en diferentes vías y con distintas sanciones.

Así pues y partiendo de aquel principio que establece que todos los hombres somos iguales ante la ley y que no hay cabida para fueros ni tribunales especiales, la responsabilidad penal responde al criterio de que los servidores públicos que cometan delito podrán ser encausados por el juez ordinario con sujeción a la ley penal como cualquier ciudadano y sin más requisito, cuando se trate de servidores públicos con fuero, de la declaración de procedencia que emita la Cámara de Diputados (Herrera Pérez, Agustín. Legislación federal sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, segunda edición, Porrúa, México, 2001, página 29).

La propuesta de la iniciativa de delimitar el fuero de no procesabilidad obedece a la premisa de regular el fuero de los servidores públicos que se señalan en el párrafo primero del artículo 111 constitucional, argumentando principalmente que la inmunidad procesal o fuero corresponde al cargo público y no a la persona que lo ocupa; es decir, que la persona goza de la inmunidad procesal sólo respecto a la función que desempeña, y derivada del cargo que tiene.

En algunos países de América Latina ya se prevé que ciertos servidores públicos puedan ser sometidos al procedimiento penal correspondiente por la comisión de un delito en flagrancia.

En efecto, los servidores públicos en el ejercicio de sus encargos pueden incurrir en responsabilidades que redunden en perjuicio del interés público; deriva de ello la relevancia de una iniciativa que evite la impunidad de servidores, como nosotros, los propios legisladores.

A usted, presidente de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, atentamente pido que se sirva

Único. En los términos de lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso p), de la Ley Orgánica; y 21, fracción XVI, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente el dictamen respectivo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2010.

Diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica)


Con motivo del 245 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, a cargo del diputado Jaime Álvarez Cisneros, del Grupo Parlamentario de Convergencia

Hoy el calendario cívico de nuestra patria marca la conmemoración de un año más del nacimiento del Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón, hombre de lucha, visión y justicia, quién ofrendó su vida por los ideales independentistas en la búsqueda de un país más libre, justo y soberano.

El general Morelos buscó sustituir el campo de batalla por instituciones que dieran cabida a una nación legítima bajo una visión de Estado. Desde un inicio impulsó la creación de un Congreso Constituyente y nos dejó como legado la esencia de de su pensamiento en los denominados “Los Sentimientos de la Nación”, en los cuales plasmó 23 preceptos que inspiraron su actuación en aquellos agitados días.

Cada uno de los artículos de Los Sentimientos de la Nación representan el ideario del cura de Valladolid y su férrea decisión de cambiar los enfrentamientos bélicos por un catálogo constitucional de derechos para los mexicanos.

Morelos, personaje de nuestra historia, de mente visionaria, incorporó en sus ideales la búsqueda e identidad de un pueblo que se viera beneficiado por su propia Constitución. Heredero del espíritu humanista de Miguel Hidalgo, Morelos abolía la esclavitud y luchaba por la libertad.

Morelos pasó de ser un gran improvisador a un excelente organizador de sus tropas; fue hombre de audaz estrategia y de ennoblecida valentía.

Sin embargo, compañeras y compañeros, debemos recordar que no sólo trasciende en el tiempo por su humildad o por su gran capacidad militar, sino por su gran anhelo de conformar lo que el llamaba la América mexicana.

Su trayectoria y gran valentía nos debería inspirar y mover para darle la mayor importancia a la labor legislativa que en este recinto desempeñamos. Morelos decía “que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y, de tal suerte, se aumente el caudal del pobre, que mejore sus costumbres y evite la ignorancia, la rapiña y el hurto”.

En consecuencia, con su ejemplo no sólo dejó grandes enseñanzas, sino una ardua labor de superación y transformación de la incipiente nación para superar las desigualdades. Hoy día su pensamiento debe ser guía para el cambio hacia un desarrollo que ayude a salir de la grave crisis en la que nuestro país se encuentra sumergido.

No podemos seguir caminando con un gobierno federal que haga “oídos sordos” a los graves problemas económicos, de inseguridad, justicia, educación que tienen a nuestra nación, sumergidos en el caos y la incertidumbre; es necesario que regresemos y volteemos a ver las necesidades del pueblo mexicano.

Hay que darle un buen festejo del bicentenario, recordando a hombres que han luchado por el bienestar; por ellos y para ellos hay que trabajar. Así como Morelos vislumbró un papel activo y responsable del trabajo legislativo, nosotros debemos estar a la altura de la situación actual, y en esa medida responder a la confianza ciudadana.

De esta manera será la mejor forma de honrarlo y celebrar la lucha que encauzó hace doscientos años.

Muchas gracias.

Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica)