Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

Arturo Zamora Jiménez, diputado a la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se reforman los artículos 97, 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se adiciona un primero y un segundo párrafos y se deroga el cuarto párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se reforman los artículos 5, primer párrafo, 9, primer párrafo, y 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Exposición de Motivos

El artículo 108, párrafo segundo, del la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común, es decir, aparentemente el presidente de la República sólo puede ser sujeto de responsabilidad penal , pero nunca de responsabilidad política, de tal suerte que el único procedimiento sancionatorio que se podría incoarse contra el presidente de la República es el de declaración de procedencia de juicio penal .

No obstante, el capítulo III del título segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en que se normalizan los procedimientos para la declaración de procedencia de juicio penal, no dispone mecanismo alguno para deducir la responsabilidad penal presidencial, en virtud de que el artículo 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos solamente se refiere a la responsabilidad penal de los diputados y los senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la Republica, del procurador general de Justicia del Distrito Federal, así como del consejero presidente y de los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, empero jamás refiere que dichos procedimientos sean aplicables al presidente de la República , de tal suerte que aunque el artículo 108, párrafo segundo, del la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiera que el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común, este dispositivo se encuentra reducido a nulidad , pues no existe procedimiento alguno en las leyes secundarias para llevarlo a la práctica.

Así las cosas, es contra la razón y el sano juicio que aquel funcionario que constitucionalmente es el responsable de promulgar, ejecutar y hacer observar las leyes emanadas del Congreso; aquel que tiene la obligación de preservar la seguridad nacional; quien tiene a su disposición el uso legal de la fuerza a través del mando de las fuerzas armadas y la policía; quien es responsable del servicio exterior mexicano; aquel que administra los recursos financieros y la riqueza nacional y que, además, dispone una considerable suma de recursos humanos vinculados a la administración pública centralizada y paraestatal, no pueda ser sujeto de juicio político, ni de declaración de procedencia de juicio penal por los desvíos, desafecciones y hechos ilícitos que puedan sucederse en el ejercicio de sus atribuciones.

Preguntémonos qué sucedería en nuestro país si algún día el Ejecutivo federal, por alguna causa, dolosa o no, dejara de publicar una ley dictada por el Congreso; o bien, que publicándola, por negligencia, indolencia o ineptitud, no proveyera a su exacta y debida observancia. ¿Ello no sería, acaso, una clara contravención a la letra del artículo 89 de nuestra Carta Magna, que obliga al presidente a promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia?

Ello implicaría también una clarísima contravención al artículo 87 de la Constitución, que a la letra reza:

“El presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquel, la siguiente protesta: Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la Republica que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande.”

Y bien, ¿cuál es el procedimiento que previenen nuestras leyes para que la nación pueda reclamar al presidente de la República la inobservancia o desapego a cualquiera de los preceptos de la Constitución, ya no digamos la comisión de algún delito? La respuesta es ninguno, y es que nuestro texto constitucional y las leyes secundarias no previenen procedimiento alguno que pudiera hacerse valer para desagraviar a la nación de la actuación grotesca de un presidente de la República, ni forma alguna de precaver para que esos sucesos no se repitan en lo futuro.

Así pues, es necesario poner al día nuestra legislación, por lo que se sugiere una amplia reforma al texto constitucional para distinguir y sancionar al menos dos tipos de responsabilidad presidencial:

1. Responsabilidad penal, propiamente dicha; y

2. Responsabilidad política:

a) Violación grave a la Constitución, a las leyes federales que de ella emanen o a los tratados internacionales;

b) Violación a la libertad del sufragio.

Vayamos por partes:

1. Responsabilidad penal presidencial

En cuanto a la responsabilidad penal presidencial, considero que debe reformarse el texto constitucional en aquella parte que dice que “el presidente de la República, durante el tiempo de su por encargo sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.

Ello deberá ser así, en virtud de que el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales señala como grave el delito de traición a la patria, el cual a su vez se encuentra tipificado en los artículos 123, 124 y 125 del Código Penal Federal, por consecuencia, al ser el de traición a la patria un delito grave, el texto constitucional es inútilmente redundante.

Consideramos en consecuencia que bastará la mención de que el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por delitos dolosos del orden común calificados como graves, para que quede correctamente redactado dicho dispositivo.

En la reforma que aquí se propone, el presidente de la República seguirá siendo responsable de delitos calificados como graves del orden común; sin embargo, considero que dicha responsabilidad deberá acotarse solamente a los delitos dolosos que se indican en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, de tal suerte que el presidente de la República no podrá ser acusado durante su encargo por delitos que no estén específicamente señalados como graves en dicha legislación, ni por ningún delito de los llamados culposos o imprudentes, aunque sean éstos cometidos por culpa grave, pues ello implicaría una cierta vulnerabilidad de la investidura presidencial.

Ahora bien, a efecto de que la responsabilidad penal presidencial pueda ser deducida puntualmente, proponemos que los procedimientos para la declaración de procedencia que señala el capítulo III del título segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos se hagan extensivos a la figura presidencial, ya que como atinadamente comentó un compañero diputado hace unos días: “Todas las violaciones a la ley deben tener una sanción, independientemente del funcionario que las cometa”.

Ello implicará que en el procedimiento de declaración de procedencia contra el presidente de la República intervenga únicamente la Cámara de Diputados, a quien corresponderá instruir el procedimiento respectivo, actuando como órgano instructor y de acusación, es decir, su sección instructora que descansa en la Comisión Jurisdiccional practicará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado.

Concluida esta averiguación, se dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado y el pleno decidirá por mayoría calificada si ha lugar o no a la declaración de procedencia.

2. Responsabilidad política presidencial

a) Responsabilidad política presidencial por violaciones graves a la Constitución, a las leyes federales que de ella emanen o a los tratados internacionales.

En cuanto a la responsabilidad política presidencial por violaciones graves a la Constitución, a las leyes federales que de ella emanen o a los tratados internacionales, considero que debe retomarse el antiguo y republicano texto del artículo 38 de la Constitución Federal de 1824 y del artículo 103 de la Constitución Federal de 1857, que prevenían la responsabilidad presidencial en caso de violación expresa a la Constitución.

En efecto, demostrado que ha sido que el presidente de la República puede, en el ejercicio de su encargo, violar impunemente la Constitución, a las leyes federales que de ella emanen o a los tratados internacionales de que México forma parte, y que en la actualidad no existe ningún dispositivo de frenos y contrapesos que pueda equilibrar el ejercicio abusivo del poder, se propone una amplia reforma al texto constitucional, a efecto de crear los mecanismos necesarios para averiguar la existencia de violaciones graves a la Constitución o las leyes federales que de ella emanen, que puedan ser imputables al presidente de la República.

Considero que en los procedimientos de averiguación respecto de la existencia de violaciones graves a la Constitución, leyes federales o tratados internacionales, deberá, indefectiblemente, intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues como tribunal constitucional deberá corresponderle la incoación del procedimiento en su primera fase indagatoria, quien interpretará el espíritu de la norma que se estime violada y en función de ello determinará la existencia o inexistencia de una violación grave a la Constitución, leyes federales o tratados, y que pudiera ser imputable al presidente de la República.

Para ello deberá dotarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los atributos competenciales necesarios a través de una adición al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le facultará para nombrar una comisión especial compuesta por tres ministros para que averigüe y determine la existencia o inexistencia de una violación grave a la Constitución, de las leyes federales o tratados internacionales, que pudiera ser imputable al presidente de la República, siempre y cuando lo solicite la mayoría calificada de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión.

Para todos los efectos legales, se entenderá por violación grave a la Constitución, a las leyes federales o a los tratados internacionales a toda conducta u omisión dolosa del presidente de la República que vulnere la literalidad de la Constitución, de las leyes federales que de ella emanen o de los tratados internacionales y que además quebrante en forma importante el desarrollo de la vida institucional de la nación.

Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegare a determinar positivamente la existencia de una violación grave a la Constitución, a las leyes federales o tratados internacionales, que pudiera ser imputable al presidente de la República, y si dicha violación vulneró la literalidad de la Constitución, las leyes federales o tratados internacionales, y si además, con motivo de ello se quebrantó en forma importante el desarrollo de la vida institucional de la nación, se iniciará el procedimiento de juicio político contra el presidente en la forma en que lo previenen los capítulos II y IV del título segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

b) Responsabilidad política presidencial por violación a la libertad del sufragio.

En cuanto a la responsabilidad política presidencial por violación a la libertad del sufragio, considero, al igual que en el apartado anterior, que debe retomarse el antiguo y republicano texto del artículo 38 de la Constitución Federal de 1824 y del artículo 103 de la Constitución Federal de 1857 que, aparte de prevenir la responsabilidad política presidencial por violaciones graves a la Constitución, también prevenían, ambas, la responsabilidad presidencial en casos de violación a la libertad del sufragio.

Con base en estos antecedentes constitucionales, la reforma que aquí se propone tiene por objeto sentar las bases para hacer responsable de juicio político al presidente de la República por conductas u omisiones que constituyan ataques generalizados a la libertad del sufragio, haciéndose extensiva dicha responsabilidad a los casos de violación de los procedimientos y las instituciones electorales.

Por virtud de ello se propone una reforma al artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para normalizar las conductas u omisiones que pudieran reprochársele al presidente de la República mediante el juicio político, las cuales a continuación se mencionan:

I. Ordenar dolosamente por sí, o a través de sus subordinados, cualquier acto que obstaculice o interfiera generalizadamente el desarrollo normal de las votaciones; el escrutinio y cómputo; el traslado y entrega de los paquetes y documentación lectoral, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales.

II. Ordenar dolosamente por sí, o a través de sus subordinados, cualquier acto tendiente a solicitar votos por paga, dádiva, promesa de dinero, o cualesquier otra recompensa.

III. Ordenar dolosamente por sí, o a través de sus subordinados, cualquier acto tendiente a impedir la instalación de por lo menos el veinte por ciento de las casillas de un distrito uninominal indeterminado, o asuma dolosamente cualquier conducta que tenga por objeto impedir la instalación de un consejo distrital.

IV. Abstenerse por sí, o a través de sus subordinados, de cumplir, sin causa justificada, con las obligaciones propias de su cargo, en perjuicio del proceso electoral.

V. Ordenar dolosamente por sí, o a través de sus subordinados, cualquier acto tendiente a obstruir generalizadamente el desarrollo normal de las votaciones en perjuicio del proceso electoral.

VI. Ordenar dolosamente por sí, o a través de sus subordinados, cualquier acto tendiente a ejercer presión sobre los electores o los induzca objetivamente a votar por un candidato o partido determinado.

VII. Ordenar dolosamente por sí, o a través de sus subordinados, cualquier acto tendiente a obligar a sus subordinados a emitir su voto en favor de un candidato o partido determinado.

VIII. Condicionar por sí, o a través de sus subordinados, la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio del favor de un candidato o partido determinado.

IX. Destinar dolosamente por sí, o a través de sus subordinados, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo, al apoyo de un candidato o partido determinado.

X. Impedir dolosamente por sí, o a través de sus subordinados, que las autoridades electorales cumplan con las funciones que por ley les corresponden.

XI. Ordenar la emisión o difusión de propaganda gubernamental durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta que concluya la jornada comicial, con excepción de la que se refiera a los servicios educativos, de salud, o bien aquélla necesaria para la protección civil en casos de emergencia.

XII. Participar en actos de campaña, precampaña o actividades proselitistas con la finalidad de favorecer a un candidato o partido político

En virtud de lo anterior, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por virtud del cual se reforman los artículos 97, 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se adiciona un primero y un segundo párrafos y se deroga el cuarto párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman los artículos 5, primer párrafo, 9, primer párrafo, y 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Primero. Se adiciona del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros de los Poderes Judicial federal y Judicial del Distrito Federal, a los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal o en el Distrito Federal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

El presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por delitos dolosos del orden común calificados como graves.

Los gobernadores de los estados, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

Las Constituciones de los estados de la república precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los estados y en los municipios.

Segundo. Se reforma el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 110. El presidente de la República podrá ser sujeto de juicio político en los siguientes casos:

I. Por violación expresa y grave a esta Constitución, a las leyes federales que de ella emanen o a los tratados internacionales, cuya existencia será determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para todos los efectos legales se entenderá por violación grave a la Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, toda conducta u omisión dolosa del presidente de la República que vulnere la literalidad de la Constitución o de las leyes federales, y que además quebrante en forma importante el desarrollo de la vida institucional de la nación.

II. Por ataques a la libertad electoral.

Para todos los efectos legales se entenderá por ataques a la libertad electoral:

a) Ordenar dolosamente por sí, o a través de sus subordinados, cualquier acto que obstaculice o interfiera generalizadamente el desarrollo normal de las votaciones; el escrutinio y cómputo; el traslado y entrega de los paquetes y documentación lectoral, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales.

b) Ordenar dolosamente por sí, o a través de sus subordinados, cualquier acto tendente a solicitar votos por paga, dádiva, promesa de dinero, o cualesquier otra recompensa.

c) Ordenar dolosamente por sí, o a través de sus subordinados, cualquier acto tendiente a impedir la instalación de por lo menos el veinte por ciento de las casillas de un distrito uninominal indeterminado, o asuma dolosamente cualquier conducta que tenga por objeto impedir la instalación de un consejo distrital.

d) Abstenerse por sí, o a través de sus subordinados, de cumplir, sin causa justificada, con las obligaciones propias de su cargo, en perjuicio del proceso electoral.

e) Ordenar dolosamente por sí, o a través de sus subordinados, cualquier acto tendiente a obstruir generalizadamente el desarrollo normal de las votaciones en perjuicio del proceso electoral.

f) Ordenar dolosamente por sí, o a través de sus subordinados, cualquier acto tendiente a ejercer presión sobre los electores o los induzca objetivamente a votar por un candidato o partido determinado.

g) Ordenar dolosamente por sí, o a través de sus subordinados, cualquier acto tendiente a obligar a sus subordinados a emitir su voto en favor de un candidato o partido determinado.

h) Condicionar por sí, o a través de sus subordinados, la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio del favor de un candidato o partido determinado.

i) Destinar dolosamente por sí, o a través de sus subordinados, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo, al apoyo de un candidato o partido determinado.

j) Impedir dolosamente por sí, o a través de sus subordinados, que las autoridades electorales cumplan con las funciones que por ley les corresponden.

k) Ordenar la emisión o difusión de propaganda gubernamental durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta que concluya la jornada comicial, con excepción de la que se refiera a los servicios educativos, de salud, o bien aquélla necesaria para la protección civil en casos de emergencia.

l) Participar en actos de campaña, precampaña o actividades proselitistas con la finalidad de favorecer a un candidato o partido político

Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, los jefes de Departamento Administrativo, los representantes a la Asamblea del Distrito Federal, el titular del órgano u órganos de gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, los directores generales o sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas y fideicomisos públicos.

Los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y de Senadores son inatacables.

Tercero. Se adiciona un primero, segundo y tercer párrafos, y se deroga el cuarto párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 111. Para proceder penalmente contra el presidente de la República por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará, por mayoría calificada de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder penalmente en su contra.

Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el individuo quedará inmediatamente separado de su encargo y a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley. En caso negativo, no habrá lugar a procedimiento ulterior mientras subsista el fuero, pero tal declaración no será obstáculo para que el procedimiento continúe su curso cuando haya concluido el desempeño de su empleo.

Si procesado penalmente ante las autoridades competentes resultare exonerado por cualquier causa, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.

Para proceder penalmente contra los diputados y los senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, los jefes de Departamento Administrativo, los representantes a la Asamblea del Distrito Federal, el titular del órgano de gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República y el procurador general de Justicia del Distrito Federal, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues ésta no prejuzga los fundamentos de la imputación.

Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.

(.... se deroga)

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Las declaraciones y resoluciones de la Cámaras de Diputados y de Senadores son inatacables.

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto. En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá declaración de procedencia.

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

Cuarto. Se reforma el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Los magistrados de Circuito y los jueces de Distrito serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la ley. Durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos que sus miembros o algún juez de Distrito o magistrado de Circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el gobernador de algún estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual. También podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrará una comisión especial compuesta por tres ministros para que averigüe y determine la existencia o inexistencia de una violación grave a la Constitución o a las leyes federales que de ella emanen que pudiera ser imputable al presidente de la República, siempre y cuando lo solicite la mayoría calificada de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión.

La Suprema Corte de Justicia está facultada para practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto público, pero sólo en los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los Poderes de la Unión. Los resultados de la investigación se harán llegar oportunamente a los órganos competentes.

La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a su secretario y demás funcionarios y empleados. Los Magistrados y jueces nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera judicial.

Cada cuatro años, el pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior.

Cada ministro de la Suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, protestará ante el Senado en la siguiente forma:

Presidente: “¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?”

Ministro: “Si protesto”.

Presidente: “Si no lo hiciereis así, la nación os lo demande”.

Los magistrados de Circuito y los jueces de Distrito protestarán ante el Consejo de la Judicatura Federal o ante la autoridad que determine la ley.

Quinto. Se reforman los artículos 5, primer párrafo, 9, primer párrafo, y 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para quedar como sigue:

Artículo 5o. Serán sujetos de juicio político los servidores públicos que se mencionan en el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 9o. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular por escrito denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados por las conductas a las que se refiere el artículo 7 de esta propia ley; por las conductas a que se refiere el artículo 110, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si se trata del presidente de la República, o por las conductas que determina el párrafo segundo del artículo 5 de esta misma ley, por lo que toca a los gobernadores de los estados, diputados a las legislaturas locales y magistrados de los Tribunales de Justicia locales. En el caso de ciudadanos, pueblos y comunidades indígenas del país, serán asistidos por traductores para elaborar la denuncia si así lo solicitan. Dicha denuncia podrá presentarse por escrito en la lengua indígena.

Artículo 25. Cuando se presente denuncia o querella por particulares o requerimiento del Ministerio Público cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, a fin de que pueda procederse penalmente en contra del presidente de la República o de algunos de los servidores públicos a que se refiere el primer párrafo del artículo 111 de la Constitución General de la República, se actuará, en lo pertinente, de acuerdo con el procedimiento previsto en el capítulo anterior en materia de juicio político ante la Cámara de Diputados. En este caso, la sección instructora practicará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita. Concluida esta averiguación, la sección dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado.

Palacio Legislativo, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 28 de septiembre de 2010.

Diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica)