- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2011 se consideren recursos adicionales para subsanar el déficit económico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a cargo del diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, a fin que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2011 se consideren recursos para construir una unidad deportiva en la Universidad Popular de la Chontalpa, en Cárdenas, Tabasco, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, para exhortar a los Ejecutivos y a los congresos estatales a establecer el 15 y el 17 de septiembre de 2010 como días de descanso obligatorio, en el marco de los festejos del bicentenario del movimiento de Independencia, a cargo del diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen mayores recursos a la prevención, la atención y el tratamiento de las adicciones, suscrita por integrantes del Grupo de Trabajo de Alto Nivel entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo para crear una Estrategia y un Programa Eficaz en materia de Atención y Prevención de las Adicciones
- Con punto de acuerdo, por el cual se solicita que la ASF practique revisiones financiera a la CFE y de cumplimiento al director de Operaciones de la empresa por las denuncias en su contra y por supuestos actos de corrupción; y que se forme una comisión plural que concluya las investigaciones realizadas por esta soberanía, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al grupo de trabajo de seguimiento de los conflictos suscitados en la región triqui de Oaxaca de Juárez y sobre el incremento de la violencia en Guerrero a llevar a cabo acciones efectivas contra la violencia generada en la zona y que garanticen la seguridad e integridad física de los habitantes de San Juan Copala, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se conmina al director general de la Conagua a otorgar en comodato un terreno al ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, México, para construir el centro deportivo y recreativo de convivencia familiar Bicentenario, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del director general de la CFE ante la Comisión Especial de la cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta para que informe respecto al manejo de las presas del sistema hidroeléctrico del alto Grijalva y su efecto en las anegaciones que enfrenta Tabasco, a cargo del diputado Adán Augusto López Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a asignar recursos del Fonden para los municipios y las comunidades guerrerenses afectados por lluvias e inundaciones, y a implantar proyectos de rehabilitación de los tramos carreteros dañados, a cargo del diputado Ángel Aguirre Herrera, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que el gobierno mexicano se retire de las negociaciones en curso para suscribir el acuerdo comercial antifalsificación; y que el Congreso de la Unión convoque a una convención nacional en la que se analicen los paradigmas actuales sobre modelos de producción, distribución y consumo cultural y comercial en Internet, y sus aplicaciones legales, tecnológicas y sociales, así como modelos alternativos de licenciamiento de propiedad intelectual, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y estatales a desarrollar acciones que reduzcan la mortalidad materna, a cargo de la diputada María Elena Pérez de Tejada Romero, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita al director general de la Conagua que informe del costo económico que tendría un estudio técnico sobre la construcción de obras de prevención de inundaciones para aminorar los riesgos de pérdidas causadas por éstas en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y el Distrito Federal, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, a fin de crear un grupo plural de trabajo de legisladores que dé seguimiento a la problemática, a la aplicación de recursos y a los programas para atender las regiones afectadas por las lluvias en Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Chiapas, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director de Canal Once TV, del Instituto Politécnico Nacional, a retirar la emisión Toros y Toreros, a cargo del diputado Agustín Torres Ibarrola, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sedesol y al director de Liconsa a disponer el funcionamiento del centro de abasto situado entre las Avenidas de la Cuesta y de los Maestros, en San Antonio Zomeyucan, Naucalpan de Juárez, México, a cargo del diputado Sergio Mancilla Zayas, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a posponer la aplicación de los límites contenidos en las reglas relativas a las operaciones en efectivo con dólares estadounidenses, a cargo del diputado Gastón Luken Garza, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobernador de Sonora a poner fin al estado de sitio que sufren los 900 trabajadores de la planta fundidora de Esqueda, Sonora, mediante el retiro de las fuerzas policiales, con respeto de los derechos a la libre sindicalización y a la estabilidad laboral de los miembros de la sección 207 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a actualizar de manera adecuada, justa y transparente por la Sagarpa el padrón de beneficiarios del Procampo, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Relaciones Exteriores a analizar la posibilidad de que se lleve a cabo una reunión interparlamentaria México-Chile, a cargo de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a realizar las gestiones conducentes a la pronta publicación del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Semar que evalúe la viabilidad de instalar una estación naval en la presa La Amistad, de Acuña, Coahuila, para reforzar las estrategias de seguridad nacional y combate de la delincuencia organizada en esa zona fronteriza, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a los gobiernos de Jalisco y de Nayarit a destinar en su Presupuesto de Egresos de 2011 recursos adicionales a Puerto Vallarta y Costa Alegre, Jalisco, y Bahía de Banderas, Nayarit, para diversas obras que les permitan contar con infraestructura y servicios de calidad, acorde con la importancia de esos destinos turísticos, a cargo del diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a realizar una revisión integral sobre las políticas y los programas de protección de los derechos humanos de los migrantes que cruzan el territorio nacional, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía expresa sus condolencias por el fallecimiento del escritor Germán Dehesa Violante, a cargo de la diputada Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a autoridades del Distrito Federal respecto a las mesas de trabajo con los vecinos de los asentamientos humanos de La Magdalena Contreras para atender diversos servicios urbanos, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exigen la libertad de los mineros de Cananea y Esqueda, Sonora, y la solución definitiva del conflicto laboral, con base en el respeto de sus empleos, del contrato colectivo de trabajo y del sindicato minero, suscrita por los diputados José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (PT), Juan Enrique Ibarra Pedroza (PT) y Miguel Ernesto Pompa Corella (PRI)
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a dictaminar lo conducente sobre las denuncias presentadas respecto a las sistemáticas acciones y declaraciones de la jerarquía católica contra las leyes e instituciones del país, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer por la SCT y la Dirección General de Aeronáutica Civil procedimientos de regulación de las tarifas aéreas en el mercado nacional, a cargo de la diputada Georgina Trujillo Zentella, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones de esta soberanía a observar cuando elaboren y aprueben dictámenes los principios y las obligaciones establecidos en el artículo 2o. de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a diseñar y operar un programa integral para proteger la citricultura nacional frente a la plaga de la diaforina y el huanglongbing, a cargo del diputado José María Valencia Barajas, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que promulgue y ordene la publicación del decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2o., 3o., 5o. y 6o. de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del PT
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para Nuevo León en el rubro de seguridad pública, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI
Excitativas
- A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI
- Al Senado de la República, a solicitud del diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del PAN
- Al Senado de la República, a solicitud de la Comisión de Seguridad Social
- A las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Transportes, a solicitud de la diputada Clara Gómez Caro, del Grupo Parlamentario del PRI
- A la Comisión de Recursos Hidráulicos, a solicitud de la diputada Clara Gómez Caro, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2011 se consideren recursos adicionales para subsanar el déficit económico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a cargo del diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados federales por Morelos, José Manuel Agüero Tovar, Luis Félix Rodríguez Sosa y Jaime Sánchez Vélez, pertenecientes al Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, fracción I, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para asignar una partida presupuestal adicional y poder subsanar el déficit económico que mantiene la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Antecedentes
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), cuenta con 57 años de labor académica y social en la entidad, fue a partir del 22 de noviembre de 1967 –año en el que se promulgó y publicó su Ley Orgánica– que obtuvo su autonomía.
Las tareas sustantivas de docencia, investigación y extensión de la universidad están articuladas en institutos y centros, bajo los criterios interdisciplinarios y movilidad para sus docentes y alumnos y llevar a cabo sus tareas.
En 2011, la matrícula escolar en nivel medio superior, nivel superior y nivel posgrado, estará conformada por 21 mil 981 alumnos; la evaluación y acreditación de los programas educativos han permitido que el porcentaje de alumnos matriculados en esos programas se incrementará hasta el 80 por ciento de matrícula incorporada en programas de calidad, atendiendo además de los estudiantes de Morelos, a estudiantes de otros estados como son de Guerrero, México, Distrito Federal, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas y del extranjero.
Los programas educativos que oferta la universidad son 41, impartidos en 19 unidades académicas pertenecientes a 7 dependencias de educación superior y son:
Consideraciones
En materia de calidad del profesorado, la UAEM destaca sobre el resto de las universidades públicas estatales, por su nivel en los indicadores de profesores de tiempo completo con nivel de doctorado, con el perfil exigido por las autoridades educativas nacionales, así como por su incorporación al Sistema Nacional de Investigadores.
La planta académica que atiende los programas de licenciatura y del nivel medio superior, es de 2 mil 928 profesores, de los cuales 437 son de tiempo completo a nivel licenciatura y, entre ellos, 310 tienen doctorado, 320 tienen un perfil deseable y 212 son pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores; integrados en 81 cuerpos académicos que desarrollan 282 líneas de generación y aplicación del conocimiento.
En materia de calidad de los programas educativos que ofrece la UAEM, la cual es otorgada por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, los Consejos para la Acreditación de la Educación Superior, y el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, se tienen importantes avances logrados por la universidad conforme se detalla:
La siguiente tabla, señala el número de profesores investigadores de tiempo completo por centros de investigación con los que cuenta la universidad, así como, sus principales líneas de investigación:
Es importante señalar que a pesar de las limitaciones financieras, la UAEM ha hecho un gran esfuerzo en los últimos 4 años para ampliar la matrícula atendida, y así contribuir con el abatimiento de la demanda educativa de nivel medio y superior de los estudiantes tanto de la entidad como de las otras Entidades que aspiran a contar con una preparación académica solida. En este cuatrienio se han incorporado 15 mil 902 alumnos, sin dejar de considerar el gran número que refleja que sólo el 49.01 por ciento de los 36,434 aspirantes que presentaron el examen de admisión, fueron aceptados por la Universidad, y que el 50.99 por ciento de los 36 mil 434 que habiendo aprobado el examen del Centro Nacional de Evaluación, no pudieron ser aceptados por falta de capacidad y de recursos.
En este mismo sentido, la meta nacional de las universidades para el 2013, es atender el 30 por ciento de la demanda. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos para el ciclo 2010-2011 alcanzó el 49.01 por ciento de la demanda, rebasando la media nacional.
Ante la política social a nivel federal, que primero se interesa en analizar la situación financiera de las instituciones y en segundo plano se plantea qué se puede hacer por el trabajador, la Universidad se proyecta en satisfacer las necesidades académicas de la ciudadanía, en paralelo a su misión de docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión universitaria.
La situación financiera de la UAEM no es sencilla, lamentablemente en países como México, se tienen altos niveles de demanda y escasos recursos para este nivel educativo, lo que hace difícil la mejor asignación de recursos destinados a la educación.
Los rubros destinados a servicios personales del presupuesto ordinario que la federación y el estado de Morelos asignan anualmente, son deficitarios. Esta situación, forzosamente se tiene que atender, ya que impide canalizar recursos propios y autogenerados a rubros de gastos indispensables, como son: el crecimiento y mantenimiento de la infraestructura actual de la Universidad, incluida la construida para la Universiada 2009 de la que fue sede.
En las unidades académicas de las Facultades de Ciencias, Farmacia, Artes y Humanidades; aún no han sido reconocidas sus plantillas de personal administrativo, académico y de mandos medios por parte de la Secretaría de Educación Pública, afectando el presupuesto en virtud de que los gastos son cubiertos con recursos propios que genera la institución.
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos presenta un déficit presupuestario de 146 millones 300 mil pesos, situación por la que independientemente del presupuesto ya asignado, la universidad presenta rezagos que deben solventarse para continuar con el desarrollando de nuevas generaciones de profesionistas que el Estado demanda.
Para enfrentar esta situación financiera, se requiere de un presupuesto extraordinario, en los siguientes términos:
Aplicación del presupuesto federal, estatal, por convenio, ejercicio proyectado y el de variación convenio para sueldos, prestaciones ligadas a los salarios, prestaciones no ligadas a los salarios y las sumas totales por cada recurso
En virtud de lo anterior, sometemos a la consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal para 2011, se consideren recursos adicionales destinados a subsanar el déficit económico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Palacio Legislativo, a 14 de septiembre de 2010.
Diputados: José Manuel Agüero Tovar (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa, Jaime Sánchez Vélez (rúbrica).
Con punto de acuerdo, a fin que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2011 se consideren recursos para construir una unidad deportiva en la Universidad Popular de la Chontalpa, en Cárdenas, Tabasco, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI
José del Pilar Córdova Hernández, diputado federal por el estado de Tabasco; integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
1. La Universidad Popular de la Chontalpa, está ubicada en el municipio de Cárdenas, Tabasco, su matriculado está conformado en su mayoría por jóvenes de la región de la Chontalpa , el norte de Chiapas y el sur de Veracruz. Creada el 7 de noviembre de 1998, con el objetivo de formar profesionistas que contribuyan al desarrollo sustentable de la región y del estado de Tabasco, a través de la investigación, la docencia, la cultura y el deporte, bajo un esquema de respeto, flexibilidad, libertad y equidad.
2. Esta universidad está ubicada en una región de alta marginación cultural, lo que implica que las artes-culturales y deportivas de los alumnos sean limitadas. No cuenta con instalaciones deportivas adecuadas, las disciplinas como el basquetbol, voleibol y futbol, se practican en una cancha improvisada, sin embargo los equipos que han representado a la universidad en competencias locales y nacionales han logrado ocupar lugares destacados. Otras actividades como el baile, aerobics, futbol rápido, entre otros se practican en casas de la comunidad.
3. Debido a que las prácticas deportivas son uno de los factores esenciales para lograr una mejor calidad de vida de los estudiantes y de la población en general, es de suma importancia considerar estas actividades como una de las prioridades en la formación del alumnado, ya que actualmente en nuestro país no se realizan las acciones necesarias para cumplir con las metas de tener una sociedad más sana, esto se ve reflejado en el hecho de que en los programas educativos no se les da la importancia y el apoyo económico que debieran.
4. La Universidad Popular de la Chontalpa ya tiene elaborado el proyecto de construcción de la unidad deportiva, con la finalidad de que la comunidad universitaria tenga una formación integral y armónica; también cuenta con un terreno de 6 hectáreas debidamente escriturado, pero hasta ahora, ha sido imposible ejecutarlo debido a la falta de presupuesto.
5. El proyecto que la universidad elaboró, consta de 5 etapas:
1. La construcción de pista de atletismo, campo de fútbol con pasto natural y gradas, canchas de usos múltiples, voleibol de playa, fútbol rápido y trotapista con equipos de gimnasio.
2. Domo deportivo con cancha de basquetbol techada con gradas, servicios sanitarios y cafetería.
3. Alberca olímpica con gradas, vestidores y servicios sanitarios, incluye vialidades y equipamiento urbano.
4. Campo de beisbol con gradas y pasto natural, gimnasio y alumbrado en general.
5. Acabado en tartán de pista de atletismo, segunda etapa de gradas y vialidades.
El costo total de este proyecto es de $ 83, 020,000.00
6. El proyecto antes mencionado fue entregado, con fecha 14 de abril de 2009, en la oficina de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte donde lo foliaron con el número 3-0573.
En mayo del mismo año un representante de la Conade realizó una visita al sitio para verificar la extensión del terreno y la ubicación de la unidad deportiva en cuestión.
El 21 de enero del 2010 se entrega al titular de la Conade el proyecto con las correcciones requeridas para realizar los trámites y conjuntar el expediente del proyecto.
El 26 de julio del 2010 se recibe el oficio No. SGD/DSND/1519/10 emitido por la Conade en el cual informan que la Universidad Popular de la Chontalpa cumple con el expediente técnico y la constancia de propiedad, por lo que considera viable la solicitud para la ejecución de la construcción de la unidad deportiva primera etapa.
Por lo expuesto en las consideraciones que anteceden, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Juventud y Deporte, se asigne, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, una partida presupuestal de $83,020,000.00 para la construcción de una unidad deportiva en la Universidad Popular de la Chontalpa, ubicada en el municipio de Cárdenas, Tabasco.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.
Diputado José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a los Ejecutivos y a los congresos estatales a establecer el 15 y el 17 de septiembre de 2010 como días de descanso obligatorio, en el marco de los festejos del bicentenario del movimiento de Independencia, a cargo del diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Que el presente año de 2010 los mexicanos estamos orgullosos de festejar el bicentenario del inicio del movimiento de nuestra Independencia Nacional, y para ello el gobierno federal, las entidades federativas y el Distrito Federal llevarán a cabo diversos eventos y actividades cívicas, educativas, culturales y recreativas dirigidas a los ciudadanos, durante las fechas 15, 16 y 17 de septiembre del presente año.
Que corresponde al Ejecutivo federal y a los ejecutivos estatales promover la activa participación ciudadana y contribuir a dar sustento a la unidad nacional y la cohesión social.
Que uno de los principales valores democráticos del estado es la promoción de la cultura cívica y el aseguramiento de la identidad de la nación mexicana a través del reconocimiento de sus instituciones, del conocimiento de los acontecimientos históricos, además de los mecanismos a través de los cuales los mexicanos, la sociedad mexicana, se ha transformado para llegar a constituir lo que actualmente somos y del cual hoy debemos enorgullecernos.
Que con este espíritu de festejo nacional es que con fecha 10 de septiembre del presente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adiciona el artículo tercero transitorio al decreto por el que se establece el calendario oficial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1993, y en el que se establece que “en el año 2010 las dependencias y entidades de la administración pública federal, cuyas relaciones de trabajo se rijan por el Apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, observarán como días de descanso obligatorio para sus trabajadores, además de los previstos en el artículo segundo de este decreto, los días 15 y 17 de septiembre”.
Que tomando en cuenta la importancia que tiene para nuestro país y para los mexicanos la conmemoración del bicentenario del inicio del Movimiento Independentista de México, es necesario que todas y todos los trabajadores mexicanos se sumen a los festejos de este importante acontecimiento histórico, sin que haya impedimento legal alguno, o que por esta participación cívica y por consiguiente la ausencia a sus centros laborales les implique el descuento del día en su salario correspondiente.
Que es necesario el reconocimiento de la participación activa de la clase trabajadora del país en la conformación del estado mexicano y de las instituciones sólidas con que hoy contamos, por lo que en este festejo nacional ningún trabajador debe quedar fuera.
Compañeros legisladores, por lo anterior y atendiendo al espíritu federalista plasmado en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 5 de octubre de 1824 y en la que se consagró el pacto federal, estableciendo la división de poderes y que tiene su origen en la unidad nacional y en la cohesión social, es que considero necesario y de suma importancia el realizar un respetuoso exhorto a los Ejecutivos estatales, a fin de que establezcan en sus respectivas entidades los días 15 y 17 de septiembre del presente año como días de descanso obligatorio, y que con esto les permitan a las y los trabajadores mexicanos disfrutar junto con sus respectivas familias de este importante acontecimiento histórico para nuestro país el bicentenario del inicio del movimiento de Independencia de México, sin que esto les afecte en su ingreso, indispensable para su subsistencia.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto este punto de acuerdo a la consideración de esta soberanía, y solicito sea considerado de urgente y obvia resolución, la presente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a los Ejecutivos estatales para que, con base en las facultades que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus respectivos Congresos estatales, con motivo de los festejos del bicentenario del inicio del movimiento de la Independencia Nacional, establezcan los días 15 y 17 de septiembre de 2010 como días de descanso obligatorio para todos los trabajadores del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.
Diputado Rafael Yerena Zambrano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen mayores recursos a la prevención, la atención y el tratamiento de las adicciones, suscrita por integrantes del Grupo de Trabajo de Alto Nivel entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo para crear una Estrategia y un Programa Eficaz en materia de Atención y Prevención de las Adicciones
Los suscritos, diputados federales del Grupo de Trabajo de Alto Nivel para impulsar una estrategia y un programa eficaz en materia de atención y prevención de las adicciones de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan al pleno de esta honorable Cámara proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El presente punto de acuerdo tiene como finalidad hacer un exhorto para que presupuestalmente se vea respaldada una acción determinante para preservar la salud, integridad y seguridad de las y los mexicanos, que es la prevención, atención y tratamiento de las adicciones.
Las adicciones a diferentes sustancias representan un riesgo y un reto para el Estado mexicano, porque minan la salud pública de todas y todos aquellos que las consumen, pero también son la razón de ser del tráfico de drogas ilícitas, que por las características intrínsecas y las externalidades negativas que produce dicha actividad, es que sufrimos el actual incremento de la violencia.
Según cifras del gobierno federal, en lo que va del sexenio han muerto más de 28 mil personas relacionadas a la venta y producción de narcóticos, se han decomisado más de 30 mil armas cortas y largas, 1 200 toneladas de marihuana, 25 toneladas de cocaína y 420 kilogramos de heroína, las cuales bajo el presente esquema de distribución se consumen con mayor frecuencia dentro del país, por lo que podemos observar que México ya no es solo un país de tránsito de sustancias adictivas ilícitas, sino que paulatinamente se ha convertido en un consumidor, tal como lo dice el Informe Mundial sobre Drogas 2010 de la Organización de las Naciones Unidas, el cual expone que México se está convirtiendo en uno de los grandes consumidores de cocaína a nivel mundial.
Diferentes estudios del Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic), nos muestran que la adicción al tabaco y al alcohol es la primera aproximación a la adicción de distintas drogas ilícitas. Dicho fenómeno encuentra su causa en diferentes problemáticas sociales que se reproducen desde su unidad básica, que es la familia, hasta sus esquemas más complejos.
La desintegración familiar, la violencia doméstica, la falta de oportunidades y resultados en materia educativa y laboral coadyuvan a la aproximación al consumo de las diferentes sustancias catalogadas como adictivas, que desafortunadamente cada día es mayor.
Lo anterior se constata en la Encuesta Nacional sobre las Adicciones, la cual expone que el consumo de drogas ilegales y médicas en la población rural y urbana de entre 12 y 65 años de edad ha aumentado de un 5 por ciento observado en 2002 a un 5.7 por ciento en este periodo.
Por su parte, el consumo de la cocaína pasó de 1.2 por ciento de la población total del país en 2002 a 2.4 en 2008, lo que significa que existen más de 1.8 millones de personas que consumen la citada sustancia. En lo que respecta a la marihuana cabe señalar que 3.1 millones de personas en 2008 la han utilizado, 700 mil más que en el 2002.
Estas cifras son alarmantes, pero el riesgo es mayor si consideramos la alta disponibilidad de narcóticos para adolescentes, porque 43 por ciento de los jóvenes entre 12 y 25 años están expuestos a ellos, según el Conadic; y es aún más crítico cuando recordamos que la primer aproximación de consumo a drogas ilícitas es a través de sustancias legales como el tabaco o el alcohol.
De acuerdo con las estadísticas a propósito del Día Mundial sin Tabaco, casi 13 millones de mexicanas y mexicanos entre 18 y 65 años de edad que viven en áreas urbanas son fumadores y, por otro lado, según la Encuesta Nacional Sobre Adicciones 2008, casi 4 millones beben grandes cantidades de alcohol una vez a la semana o con mayor frecuencia, evidenciando así esta problemática nacional en materia de salud.
Esta situación afecta la integridad, salud y desarrollo de las y los mexicanos y pone en peligro el futuro de la niñez en el país, ya que muchos estudiantes dejan o ven afectados sus estudios por el consumo de sustancias adictivas y en algunos casos los obliga a introducirse en actividades delictivas para poder financiarlas.
En la actualidad se realizan diversas acciones para prevenir, atender y tratar las adicciones a distintas sustancias, dichas actividades se focalizan en la Secretaria de Salud, a través de del Sistema Nacional del DIF (SNDIF) y el Consejo Nacional contra las Adicciones, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Seguridad Pública.
El Conadic de la Secretaría de Salud lleva a cabo el Programa de Acción Específico para la Prevención y Atención de las Adicciones, que incluye actividades de prevención de consumo de sustancias adictivas, investigaciones para mejores tratamientos y opera los Centros de Atención Nueva Vida. Por su parte el SNDIF implementa el Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales, el cual cuenta con estrategias encaminadas a contribuir a la disminución de las causas y consecuencias que genera el fenómeno de las adicciones, apoyándose de la prevención con un enfoque de riesgo-protección, así como en el desarrollo de habilidades y actitudes de protección.
El Programa de Escuela Segura tiene como finalidad prevenir el consumo de drogas en aquellas escuelas de educación básica que se ubican en los municipios con mayor incidencia delictiva y los programas de prevención del delito de la Secretaría de Seguridad Pública implementan acciones para el fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos, así como operativos para la prevención y disuasión del delito, aunque no prevén actividades que promuevan la prevención del consumo de sustancias adictivas y mucho menos programas de atención a la población carcelaria que padece algún tipo de adicción.
En los montos presupuestales propuestos por el Ejecutivo federal para el ejercicio fiscal 2011, la Secretaría de Salud considera, a través de acciones institucionales, únicamente 959 millones 920 mil 768 pesos dirigidos a la Prevención y Atención Contra las Adicciones, esto se encuentra dentro de las acciones de Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades Fortalecidas e Integradas Sectorial e Intersectorialmente, además del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad con Recursos Financieros Suficientes. En el caso del SNDIF, presupuestalmente se le otorgarían mil 739 millones 728 mil 80 pesos, de los cuales únicamente 650 mil pesos están etiquetados para el programa de Prevención y Atención Contra las Adicciones; respecto al Conadic se habla de 518 millones 878 mil 744 pesos, y para el Programa Escuela Segura, de la Secretaría de Educación Pública, se destinan 329 millones 434 mil 847 pesos, alcanzando un total de mil 808 millones 884 mil 359 pesos.
Estas cifras pueden parecer considerables, sin embargo, el presupuesto implementado, así como el propuesto para 2011 no es suficiente si el objetivo es disminuir y evitar el consumo de sustancias adictivas, que en los últimos años, como ya se mencionó, ha mostrado un alarmante aumento sobre todo de de marihuana y cocaína, además del tabaco y alcohol.
Para fundamentar lo anterior hay que analizar que si se habla en términos porcentuales, el Programa de Escuela Segura tan sólo constituye el 0.15 por ciento del total del presupuesto de la SEP. Por su parte, si sumamos el presupuesto etiquetado para Acciones Institucionales preventivas de la Secretaría de Salud, en lo concerniente a la prevención y atención de las adicciones, junto con el presupuesto del Conadic y las acciones en la materia por parte del SNDIF, se observa que apenas representa el 1.5 por ciento del presupuesto destinado al Ramo de Salud. Además de que el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública no expone transversalidad alguna en las políticas de prevención del consumo de sustancias adictivas.
Se necesitan más recursos para posibilitar el crecimiento de los Centros Nueva Vida; implementar programas en escuelas específicamente diseñados para prevenir el primer contacto de niños y jóvenes con cualquier tipo de droga, especialmente aquellas que son ilícitas; desarrollar mecanismos multidimensionales para la detección temprana de personas con adicciones en hospitales y escuelas; diseñar e investigar nuevos métodos de tratamiento; profesionalizar y capacitar al personal médico, escolar y policiaco; implementar acciones especificas para zonas rurales y fronterizas; fomentar programas con equidad de género en la materia; elaborar un sistema de información coordinada y vinculada intersecretarialmente; atender según las necesidades, a personas adultas, niños, jóvenes o aquellos que cumplen con una sentencia en un centro penitenciario; vincular a las personas en rehabilitación con actividades educativas y laborales para evitar recaídas y asegurar su reinserción en el sector productivo; incentivar la participación social; rescatar espacios públicos; impulsar campañas de concientización más ambiciosas; prevenir el delito; etcétera.
Por tales motivos es que es primordial establecer un paquete presupuestal adicional para hacer efectivos y funcionales los nuevos esquemas de trabajo en la prevención y atención de las adicciones, ya que es pertinente a largo plazo favorecer las acciones preventivas en lugar de implementar costosos programas correctivos.
La prevención de las adicciones permite establecer un mecanismo alternativo que combata el tráfico de estupefacientes y atender un problema creciente de salud pública, por lo que proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a establecer un paquete presupuestal para incrementar y etiquetar recursos dirigidos a la prevención, atención y tratamiento de las adicciones.
Segundo: Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que los recursos presupuestales sugeridos se etiqueten en el Consejo Nacional contra las Adicciones, el Sistema Nacional del DIF de la Secretaría de Salud y el Programa Escuela Segura de la Secretaría de Educación Pública.
Tercero: Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a etiquetar recursos presupuestales a la Secretaría de Seguridad Pública para implementar acciones en materia de prevención del consumo de sustancias adictivas ilícitas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2010.
Diputados: María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), presidenta; María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Heladio G. Verver y Vargas Ramírez, Marco Antonio García Ayala, Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), Malco Ramírez Martínez (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), María del Pilar Torre Canales, María Dolores del Río Sánchez (rúbrica), Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbrica), Julián Francisco Velázquez y Llorente (rúbrica), Sergio Tolento Hernández.
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita que la ASF practique revisiones financiera a la CFE y de cumplimiento al director de Operaciones de la empresa por las denuncias en su contra y por supuestos actos de corrupción; y que se forme una comisión plural que concluya las investigaciones realizadas por esta soberanía, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, César Augusto Santiago Ramírez, diputado federal en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
En sus ediciones del 18, el 19 y el 23 del mes pasado, el periódico La Jornada, a través de sus reporteros Patricia Muñoz Ríos y Enrique Galván Ochoa, informó que un alto funcionario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) era investigado por actos de corrupción en Estados Unidos de América.
El periódico Houston Chronicle señalo que un “alto funcionario del gobierno mexicano recibió un yate, un Ferrari y quizá millones de dólares en efectivo a cambio de otorgar cuantiosos contratos a una compañía de Houston, así como a otra de California, de acuerdo a investigaciones de agentes federales estadounidenses”.
La investigación se extiende a los empresarios John O´Shea y Fernando Maya Basurto, y en fechas recientes a Ángela Díaz, esposa de otro presunto involucrado, cuyo nombre no ha sido dado a conocer.
Destaca la información que el funcionario mexicano aludido es acusado por entregar licitaciones de la CFE a la empresa ABB, para que compañías contratistas entraran a la zona que atendía la compañía Luz y Fuerza del Centro. Denunciando que los contratos no fueron licitados. Se asignaron de manera directa, sin que se haya informado a la paraestatal.
Señala la información que a partir de la fecha en que se anunció la liquidación del organismo prestador del servicio eléctrico en la zona centro, las empresas que más contratos obtuvieron por parte de la CFE fueron Hursa, Melqro, Constructora Mexicana Coléese, Jusamo, Costructora Eléctrica Torres y Cebsa, así como Proyectos Eléctricos Ramírez.
La acusación nos coloca ante ilícitos mayores. Lo más grave es que al funcionario que se acusa, el ingeniero Néstor Moreno Díaz, director de Operaciones de la CFE, se le sitúa en un área estratégica.
De Moreno Díaz, a finales de agosto pasado, a través de un boletín, la paraestatal informó que solicitó licencia sin goce de sueldo para responder a las acusaciones publicadas en los medios nacionales y extranjeros.
A este asunto, que sitúa a la paraestatal y al funcionario en situación crítica, se añaden otros infortunios. La Subsecretaría de Atención Ciudadana y Contraloría Social, de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, mediante oficio número DGAC/GQD/-A/135/98, de fecha 19 de marzo de 1998, dispuso la destitución e inhabilitación por 10 años del ingeniero Néstor F. Moreno Díaz.
A ese procedimiento se añade denuncia de hechos (26 de mayo de 2000), presentada ante la Procuraduría General de la República, por el apoderado general para pleitos y cobranzas de la CFE, por conocimiento de un préstamo indebido de materiales a la empresa Grupo Apycsa, SA de CV, por 16,208,927.03 pesos, en el cual se señala al ingeniero Moreno Díaz como presunto responsable.
Denuncia penal (590/DR/2000-IV), radicada en el reclusorio oriente por el delito de peculado, en el que se incluye al ingeniero Moreno Díaz.
Investigación administrativa de la entonces Secodam, con número DR/045/00, configurada por daño moral donde se señala de igual manera al mismo personaje.
En otro expediente, Néstor Moreno ha sido vinculado al informe de intervención en la verificación del caso SEPAC-SENSA, mediante oficio de la Contraloría Interna en la CFE, Contraloría Regional Golfo Centro número 18/CFE/CRGC/078/2001, en el que se menciona que el ingeniero Moreno Díaz es dueño bajo prestanombres de la empresa Sensa. Ante los hechos anteriores la posición mostrada por la Comisión Federal de Electricidad y la Procuraduría General de la República ha sido guardar absoluto silencio.
Argumentación
El problema de la presumible corrupción en la CFE es un asunto viejo que se ha reiterado varias veces en la Cámara de Diputados.
Diversos métodos y acciones ha tomado la Cámara; exhortaciones, peticiones de información e incluso la formación de una comisión especial para investigar actos de corrupción.
En un extremo, el trabajo de los legisladores concluyó con el logro para que la Secodam inhabilitara al ingeniero Néstor Moreno Díaz, quien por razones que alguien tiene que aclarar, volvió con total impunidad, con mejores prebendas y canonjías, a dirigir las operaciones de la CFE, sólo para volver a estar en la denuncia pública por supuesta corrupción otra vez.
De otra parte, hay en la Cámara de Diputados más de sesenta peticiones de distintas épocas y distintos legisladores, en relación con la fijación, el desarrollo y el cobro de las tarifas por la prestación del servicio de energía eléctrica. Dos iniciativas legislativas las más recientes de noviembre y de diciembre de 2009, suscritas por los diputados Edgardo Melheim Salinas y Roberto Gil Zuarth, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, respectivamente.
De hecho, las exigencias van desde eliminar tarifas en la zona fronteriza en la época de estío o la consideración para las regiones que como Chiapas, generar importantes volúmenes de energía hidroeléctrica.
Nada ha sucedido, la Comisión Federal de Electricidad sigue cobrando a su antojo, sin criterios científicos determinados o indicadores técnicos explicitados ante la sociedad con actitud autoritaria y displicente, puesto que cualquier alegato para la simple corrección de mediciones conlleva el riesgo del inmediato corte y suspensión del servicio. Misma que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha legalizado al cancelar la posibilidad ciudadana de ampararse ante estos atropellos.
Las tarifas son un verdadero problemas, aún más, existen estudios de instituciones, como el Banco de México y el Colegio de México, que concluyen con la poca viabilidad de CFE, puesto que sus costos de producción son de los más elevados del mundo y por encima de los de sus socios comerciales, dígase también que las tarifas en México son mucho más altas que las de Estados Unidos de América.
Los altos salarios de la gigantesca burocracia administrativa, prestaciones y jubilaciones están en la base de la dificultad para eficientar la empresa.
Finalmente, existe la afirmación del negocio privado que ha fomentado la CFE para generar energía eléctrica, usando como combustible gas natural que importan de Perú, a través de una transnacional española que se ha beneficiado con un contrato a largo plazo.
La política de generación de energía eléctrica sobre la base de sistemas hidroeléctricos está abandonada por el negocio privado que concluye con la venta de la energía a CFE, para su reventa sobre la base de los insumos que la propia comisión aporta a los privados (gas natural), que adquiere en condiciones poco transparentes.
El afán privatizador está construyendo una industria eléctrica paralela a la de la CFE en donde puedan florecer negocios privados como las increíbles machincuepas realizadas por la paraestatal para mantener en su cargo al señor Néstor Moreno Díaz, continuamente vapuleado en la prensa extranjera.
En mérito de todo lo anterior, se impone una revisión exhaustiva del desempeño de la paraestatal que principia por una puntual rendición de cuentas que deslinden responsabilidades o en su defecto fortalezca el desempeño de la empresa.
Ha sido constante el afán de favorecer negocios privados con el patrimonio de la nación y esto es un asunto que tenemos que evitar todos los mexicanos que creemos en nuestro país y entendemos que estos recursos son para beneficio de todos y no para privilegiar negocios obscuros que dañan a la empresa, fomentan la impunidad y perjudican a México.
Documentación
Me permito hacer entrega a esta Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y solicito atentamente a la Secretaría que registre en la versión estenográfica que entrego un expediente que consta de dos carpetas con pruebas documentales de las denuncias y procedimientos realizados en contra del ingeniero Néstor Moreno Díaz desde 1998 a la fecha, así como de otros ilícitos cometidos en contra de la Comisión Federal de Electricidad sobre proyectos de licitación de fibra óptica, redes de distribución y creación de infraestructura eléctrica.
En este expediente se cita mediante información y documentos oficiales a funcionarios de la CFE, encargados de áreas de licitación, adjudicación, construcción, pagos y facturación que han incurrido en delitos y complicidades al más alto nivel.
La denuncia contra quien resulte responsable por los actos de corrupción de los que hoy hemos dado cuenta, colocan en tela de juicio la organización, estructura y funcionamiento a una de las paraestatales más relevantes en nuestro país.
Por lo anterior, con el propósito de aclarar la situación en la que se encuentra la empresa, someto a consideración del pleno la realización de las siguientes acciones:
Puntos de Acuerdo
Uno. Para que la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría financiera y de cumplimiento al director de Operaciones, ingeniero Néstor F. Moreno Díaz, por las denuncias en su contra.
Dos. Para que la Auditoría Superior de la Federación realice dos auditorías –una financiera y de cumplimiento y otra de legalidad–, para revisar el otorgamiento de contratos a empresas particulares que prestan el servicio de distribución y abastecimiento a nivel nacional y en aquellas zonas donde la compañía de Luz y Fuerza del Centro prestaba sus servicios, previo a su liquidación.
Tres. La conformación de una comisión plural de legisladores que investigue lo siguiente:
I. Los casos de corrupción señalados en Estados Unidos de América y su relación con la CFE.
II. Quiénes son los personajes involucrados en la investigación que señala el Houston Chronicle (John O´Shea, Fernando Maya Basurto y Ángela Díaz).
III. Investigar a funcionarios de la paraestatal, dueños de empresas, que a través de prestanombres son contratados por la CFE para la prestación de servicios que ofrece la paraestatal.
IV. Investigar las denuncias de corrupción que ha formulado el Sindicato Mexicano de Electricistas sobre la CFE.
Para efectos de lo anterior, solicito a la Presidencia turne a la Junta de Coordinación Política la propuesta de conformación de un grupo plural de diputados que se aboque a investigar las denuncias sobre corrupción que pesan sobre la CFE:
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.
Diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al grupo de trabajo de seguimiento de los conflictos suscitados en la región triqui de Oaxaca de Juárez y sobre el incremento de la violencia en Guerrero a llevar a cabo acciones efectivas contra la violencia generada en la zona y que garanticen la seguridad e integridad física de los habitantes de San Juan Copala, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, Alejandro Encinas Rodríguez, Leticia Quezada Contreras, Juanita Arcelia Cruz Cruz, y Florentina Rosario Morales, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la instalación del Grupo de Trabajo para dar seguimiento a los conflictos suscritos en la región triqui de Oaxaca de Juárez y sobre el incremento de violencia en el estado de Guerrero, con el fin de llevar a cabo acciones efectivas para garantizar la vida y la integridad física de las y los pobladores del municipio autónomo de San Juan Copala, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 27 de abril, la Caravana Internacionalista por la Paz que se dirigía al municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca fue víctima de un ataque armado. Murió Jyri Antero Jaakkolla y Alberta Cariño Trujillo, defensores de los derechos humanos, y cuatro personas permanecieron desaparecidas y varios personas resultaron heridas.
La caravana tenía la finalidad de romper el cerco que viven más de 100 familias triquis que se encuentran sin servicios médicos, energía eléctrica, servicio telefónico, agua potable y sin un suministro regular de alimentos. Afortunadamente en ese incidente, se rescataron a las personas desaparecidas y fueron atendidos los heridos.
Ante los lamentables hechos, la Junta de Coordinación Política resolvió aprobar, el pasado 29 de abril del año en curso, el acuerdo por el que se constituye un Grupo Plural de trabajo para dar seguimiento a los conflictos suscitados en la región Triqui de Oaxaca de Juárez y sobre el incremento de la violencia en el estado de Guerrero.
El acuerdo fue presentado y aprobado ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados, en él se señala que el grupo plural de trabajo estará integrado por diez diputados y diputadas con la siguiente distribución: dos del GPPRI, dos del GPPRD, dos del GPPAN; y uno más de cada uno de los demás grupos parlamentarios con representación en esta Cámara y que sean representantes u originarios de los estados de Oaxaca y Guerrero. Estaría presidido por un diputado del GPPRI.
Cada grupo parlamentario comunicaría a la Junta de Coordinación Política el nombre de los diputados que participarían en el grupo de trabajo a fin de formalizar su constitución; y estará vigente hasta el 31 de agosto del 2012. Para el cumplimiento de su objetivo, el grupo podrá allegarse de la información que considere pertinente, podrá reunirse cuando lo estime necesario con las autoridades federales, estatales, municipales y organizaciones civiles y desempeñar cualquier otra acción necesaria para la atención de su materia de trabajo, de conformidad con el marco normativo aplicable.
Dada la importancia y urgencia de su trabajo, el grupo de trabajo podría iniciar sus labores y convocar a su instalación tan pronto como fuera constituido por el pleno de esta Cámara.
Ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se presentó un punto de acuerdo exhortando al gobierno de Oaxaca desarme y procese a los grupos paramilitares que operan en la región de San Juan Copala, garantice la seguridad pública en la comunidad de San Juan Copala y el estado de derecho consagrado en nuestra Carta Magna. Así como la designación de los integrantes del grupo plural de trabajo para que acompañara a la Caravana Humanitaria Bety Cariño y Jyri Jakkollah, en la entrega de los víveres y medicinas y diera seguimiento a las denuncias de violación de los derechos individuales y colectivos de la comunidad de San Juan Copala.
El pasado 8 de junio se realizó la caravana humanitaria, con la participación de legisladores del GPPRD y del GPPT, puesto que no se conformó el grupo plural de trabajo. La caravana no pudo llegar hasta el municipio autónomo porque las autoridades del gobierno estatal no fueron capaces de brindar las garantías de seguridad para los integrantes de la misma.
La violencia en la zona triqui no cesa, y prácticamente todos los días amanecemos con denuncias de balaceras, muertes y amenazas sistemáticas de los pobladores del municipio autónomo. Al parecer, los opositores del municipio autónomo de San Juan Copala pretenden aniquilarlos antes de que concluya la gestión de Ulises Ruiz.
No obstante lo anterior, el acuerdo aprobado por el pleno no ha tenido efecto, puesto que los grupos parlamentarios no han informado a la Junta de Coordinación Política el nombre de los diputados que integrarán el grupo plural. Mientras, continúa la violencia y se incrementa el número de muertes de los pobladores del municipio autónomo de San Juan Copala.
Dadas las condiciones extremas de violencia que viven los habitantes del municipio de San Juan Copala, resulta imprescindible la acción de los diferentes órdenes de gobierno para garantizar los derechos humanos y la dignidad de todos y cada uno de los ciudadanos que habitan el territorio nacional, y el Poder Legislativo no puede sustraerse de su responsabilidad.
Por lo expuesto y fundamentado, sometemos a consideración y aprobación del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición de urgente y obvia resolución:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a las y los diputados integrantes del Grupo de Trabajo para dar seguimiento a los conflictos en la región Triqui de Oaxaca de Juárez y sobre el incremento de violencia en el estado de Guerrero, para que lleven a cabo acciones efectivas en contra de la violencia ejercida en contra de las y los habitantes del municipio de San Juan Copala y se garantice su seguridad e integridad física.
Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca para que, en cumplimiento con sus obligaciones constitucionales, garantice el libre tránsito, la seguridad e integridad física de las y los habitantes del municipio autónomo de San Juan Copala, el libre ejercicio de sus derechos fundamentales, así como al esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos, lesiones y homicidios realizados en contra de defensores de derechos humanos y habitantes de dicho municipio autónomo.
Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, investiguen la violación de derechos humanos fundamentales en los que han participado agentes estatales y grupos paramilitares que incurrieron en graves violaciones a estos derechos y se rinda un informe a ésta Soberanía respecto al resultado de su investigación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2010.
Diputados: Alejandro Encinas Rodríguez, Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz, Florentina Rosario Morales.
Con punto de acuerdo, por el que se conmina al director general de la Conagua a otorgar en comodato un terreno al ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, México, para construir el centro deportivo y recreativo de convivencia familiar Bicentenario, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo para conminar al director general de la Comisión Nacional del Agua (CNA) a otorgar en comodato un terreno propiedad de ésta a Ecatepec de Morelos, México, donde éste construirá, para beneficio de la comunidad del municipio, un centro deportivo y recreativo de convivencia familiar, que se sustenta en las siguientes
Consideraciones
1. Ecatepec, México, no cuenta con suficientes espacios públicos para practicar actividades deportivas, recreativas y de convivencia social y familiar, no obstante que es el municipio más poblado del país, con más de 1 millón 700 mil habitantes.
2. El deporte es una manifestación cultural de la humanidad que coadyuva a la socialización y a la consecución de los valores del ser humano. A través de él y sin importar la edad o condición socioeconómica, la población se recrea, identifica, convive y se unifica.
3. En la zona de la cañada de la sierra de Guadalupe de Ecatepec se encuentra una comunidad de 375 mil personas aproximadamente que, según datos estadísticos, presenta una densidad poblacional de 4.7 habitantes por casa habitación, así como alta marginación. Derivado de lo anterior, las autoridades municipales han puesto mayor atención a esta comunidad, proporcionando mejores y mayores servicios, además de buscar establecer espacios públicos en beneficio de la sociedad e incrementar con ello la convivencia social y el esparcimiento familiar.
4. En ese sentido, el ayuntamiento de Ecatepec programó en la comunidad descrita la construcción del centro deportivo y recreativo de convivencia familiar Bicentenario para convertirlo en un centro de superación ciudadana y reintegración del tejido social.
5. El proyecto cuenta con viabilidad financiera, considera una inversión de 136 millones de pesos (mdp), de los cuales 116 mdp procederán de la hacienda pública municipal y de un financiamiento autorizado por la Legislatura del estado de México. Los 20 mdp restantes serán sufragados por la Comisión Nacional del Deporte.
6. El centro deportivo en cuestión contará con instalaciones que permitirán la participación, la recreación, el esparcimiento y el acondicionamiento físico a través de 7 canchas de futbol, 3 multicanchas, 1 patinódromo, 1 gimnasio, 1 lago, 1 pista de trote, 2 gimnasios al aire libre, 1 ciclopista, 1 núcleo sanitario con vestidores, 2 canchas de básquetbol, 1 gimnasio para personas con discapacidad y 24 palapas, entre otras instalaciones.
7. En octubre de 2009, el ayuntamiento de Ecatepec solicitó al director general de la CNA que le otorgara en comodato un terreno propiedad de dicha comisión, localizado entre las colonias Ampliación Coanalco y Hank González, el cual cuenta con una superficie aproximada de 238 mil 646.80 metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: al norte, en 61 mil 371.01 metros, con la colonia Ampliación Coanalco; al sur, en 16 mil 302.66 metros, con la colonia Hank González; al oriente, en 314.07 metros, con la calle Encino; y al poniente, en 43.24 metros, con Cerrada de las Torres. Por lo anterior, dicho terreno cuenta con la ubicación y las características adecuadas para la construcción del centro deportivo arriba descrito.
8. A raíz de la solicitud mencionada, el presidente y diversos funcionarios municipales se han reunido con el director general de la CNA para concretar el otorgamiento del inmueble a través de la figura jurídica del comodato, para lo cual el ayuntamiento cumplió la entrega de los documentos que le fueron requeridos, como 1. La petición de comodato; 2. El proyecto ejecutivo; y 3. Los planos correspondientes. Asimismo, el ayuntamiento presentó un documento en el cual asume el compromiso de que, en cuanto la CNA se lo requiera, pondrá a su disposición el predio.
9. El 16 de junio de 2010, el municipio de Ecatepec tenía programado el encuentro para la firma del convenio de comodato con la CNA; sin embargo, por decisión de dicha comisión, se canceló la firma.
10. Por todo lo anterior, y derivado de la necesidad de proporcionar espacios deportivos y de convivencia familiar a los habitantes de zonas de alta densidad poblacional, como es el caso de Ecatepec, y considerando que la CNA es propietaria del predio descrito, el cual cuenta con la superficie y ubicación propicias para la construcción del centro deportivo y recreativo detallado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se conmina al director general de la Comisión Nacional del Agua a firmar el convenio de comodato respecto al terreno propiedad de dicha comisión, descrito en el considerando 7 del presente acuerdo, y que éste sea entregado al municipio de Ecatepec de Morelos, México, para que ahí se construya en beneficio de la comunidad de dicho municipio el centro deportivo y recreativo de convivencia familiar Bicentenario.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2010.
Diputados: Emilio Chuayffet Chemor, Luis Videgaray Caso, Jorge Hernández Hernández, José Luis Soto Oseguera, José Alfredo Torres Huitrón, Josué Cirino Valdés Huezo, Noé Martín Vázquez Pérez (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del director general de la CFE ante la Comisión Especial de la cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta para que informe respecto al manejo de las presas del sistema hidroeléctrico del alto Grijalva y su efecto en las anegaciones que enfrenta Tabasco, a cargo del diputado Adán Augusto López Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, Adán Augusto López Hernández, diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las lluvias e inundaciones que han afectado severamente en los últimos años a Tabasco, en su planta productiva, en el patrimonio de sus habitantes y en la infraestructura pública, exige a quienes tenemos una representación popular encomendada, indagar las causas e impulsar propuestas que ayuden a mitigar los efectos de dichos fenómenos.
Para la elaboración del diagnóstico de la situación que cada año enfrentamos los tabasqueños, nos hemos dado a la tarea no sólo de revisar las versiones oficiales y los documentos que al respecto han generado instituciones educativas de prestigio como la UNAM, sino que además hemos seguido muy de cerca las decisiones adoptadas en los últimos años por las autoridades tanto del ámbito local como federal, lo cual nos ha permitido conocer el desempeño y el grado de responsabilidad de quienes están obligados a proteger la integridad física y patrimonial de la población.
En este sentido, sabemos que las recientes inundaciones en Tabasco no pueden explicarse únicamente como una consecuencia del cambio climático. Quienes así lo consideran, o ignoran la realidad o simplemente pretenden seguir cubriendo con el manto de la impunidad los actos delictivos y las faltas graves en que han incurrido diversos servidores públicos.
Es cierto que el cambio en los patrones de lluvias como consecuencia del calentamiento global ha incidido en las recurrentes inundaciones, pero también lo es que las acciones y omisiones de la autoridad han potenciado los daños provocados por ese fenómeno antropogénico. Y aquí podríamos mencionar desde permitir, con fines electorales o de “negocio”, rellenos en vasos reguladores y asentamientos urbanos en zonas bajas, hasta la negligencia y corrupción que impera en el ejercicio de los recursos públicos que en los últimos años han sido aprobados por esta Cámara para construir las obras de protección que requiere la entidad.
Y es que las obras de infraestructura hidráulica proyectadas en los últimos diez años, para proteger la vida y el patrimonio de los tabasqueños ante las recurrentes inundaciones, léase PICI o Plan Hídrico Integral de Tabasco, han padecido, como muchos temas o aspiraciones que son de interés nacional, de la corrupción y de la impunidad. Es indudable que ambos flagelos han postergado si no una solución definitiva sí muchas acciones que permitirían aminorar el impacto de los fenómenos naturales en las zonas más vulnerables de Tabasco.
Nadie niega que el problema sea complejo y que lleve tiempo contar con obras de protección civil de calidad que brinden sosiego a la población, lo que resulta inadmisible es que las propias acciones u omisiones de gobierno hagan más compleja la situación al grado de volver irrealizable o insuficiente cualquier solución que se plantee para atender la problemática que vive Tabasco.
Como ejemplo de lo anterior podemos mencionar la falta de coordinación que existe entre las autoridades responsables, y peor aún, hoy nuevamente vemos la ausencia de una estrategia integral para hacer frente a las llamadas lluvias atípicas. Lo que observamos, en el mejor de los casos, son esfuerzos aislados y acciones improvisadas, pero también decisiones que transitan en sentido totalmente contrario a lo que se pretende proteger, que no es otra cosa que la propia vida y el patrimonio de las personas que con esfuerzos extraordinarios y a lo largo de muchos años han construido.
Me refiero a la inexplicable política de operación de las presas del sistema hidroeléctrico del alto Grijalva, que hoy como en otros años ha privilegiado la generación de energía eléctrica por encima de la seguridad de las familias tabasqueñas.
Si bien el irresponsable manejo de las presas ha sido señalado como la principal causa de las grandes inundaciones de 1999 y 2007 y de las ocurridas en los últimos tres años, esto no ha ameritado ningún tipo investigación, a pesar de la presentación de pruebas y denuncias formales ante la PRG de que su operación obedece a intereses privados o estrictamente comerciales, sin que exista consideración alguna por las catástrofes que pudieran provocar la ambición desmedida de unos cuantos.
Como en otros años, hoy la Comisión Federal de Electricidad es nuevamente señalada como la responsable de las inundaciones, incluso por aquéllos, como el gobierno del estado de Tabasco, que con anterioridad habían calificado como absurda esa posibilidad.
Ante estos señalamientos, la CFE, hoy como ayer, nuevamente se lava las manos afirmando que existe un manejo correcto de las presas y que las inundaciones fueron provocadas por precipitaciones pluviales extraordinarias, pero sin aportar ninguna información adicional que sustente tal aseveración.
Por el contrario, información dada a conocer recientemente por el director de la CFE en el sentido de que “en julio y agosto hubo generación eléctrica récord en las presas del Grijalva”, parecen confirmar que con el manejo de las presas del Alto Grijalva se favorece a las empresas privadas extranjeras que generan energía eléctrica y que compra CFE, y que el fin último de esa política es avanzar en la privatización del sector energético.
En este orden, resulta necesario que esta soberanía cite a comparecer al titular de la Comisión Federal de Electricidad para que explique a detalle las razones del manejo irregular en el desfogue de las presas del alto Grijalva y dé a conocer los estudios técnicos que sustenten la seguridad estructural de las mismas.
Por lo expuesto, presento a esta Soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer al titular de la Comisión Federal de Electricidad, ingeniero Alfredo Elías Ayub, ante la Comisión Especial de la cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta, con el objeto de que informe detalladamente sobre la política de operación de las presas del sistema hidroeléctrico del alto Grijalva y su impacto en las recientes inundaciones en Tabasco, así como para dar conocer el dictamen técnico que sustente la seguridad estructural y funcional de dichas presas.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 21 días del mes de septiembre de 2010.
Diputado Adán Augusto López Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a asignar recursos del Fonden para los municipios y las comunidades guerrerenses afectados por lluvias e inundaciones, y a implantar proyectos de rehabilitación de los tramos carreteros dañados, a cargo del diputado Ángel Aguirre Herrera, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Ángel Aguirre Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para la urgente asignación de recursos presupuestales del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) a los municipios y comunidades afectados por las lluvias e inundaciones del estado de Guerrero, así como la implementación de proyectos de rehabilitación para los tramos carreteros dañados al tenor de las siguientes
Consideraciones
Actualmente, múltiples estados del país se han visto afectados por las fuertes lluvias e inundaciones que traen consigo desafortunadas pérdidas humanas, cuantiosos daños materiales, gran número de damnificados y daños severos en las vías de comunicación, lo que no permite agilizar el envío de ayuda.
En este contexto se requiere extender la Declaratoria de Desastre Natural a los municipios afectados del estado de Guerrero, para implementar mecanismos de ágil y efectiva canalización de recursos destinados para la contingencia, a fin de que la población cuente con los servicios básicos de alimento, vivienda, agua potable, drenaje y, a la par, la reconstrucción de la infraestructura de vialidades urbanas y carreteras, así como de planteles escolares.
El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) es un instrumento financiero el cual, dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, tiene como finalidad apoyar a las entidades federativas de la República Mexicana, así como a las dependencias y entidades de la administración pública federal, en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades paraestatales, así como de las entidades federativas.
Los fenómenos pluviales acontecidos en estos días han ocasionado pérdidas humanas y daños económicos y ambientales de fuerte impacto, por lo que es necesario que sea liberado un monto económico a través del Fonden para poder agilizar la ayuda y el restablecimiento de los municipios y las comunidades afectadas del estado de Guerrero.
Las consecuencias económicas de este fenómeno son relevantes y aún no se puede determinar con precisión el número de personas damnificadas que perdieron todo lo que poseían. Algunas de estas personas continúan con la esperanza de volver a sus casas y tratar de recuperar sus pertenencias.
Debemos hacer frente a esta contingencia a fin de atender de manera inmediata los aspectos prioritarios y urgentes, como son la alimentación; limpieza y saneamiento de viviendas, centros escolares y de salud afectados, así como la habilitación provisional de las vías primarias de comunicación para hacer inmediata la llegada de ayuda.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. El Congreso General de la República exhorta al gobierno federal para que, en coordinación con los diferentes niveles de gobierno del estado de Guerrero, se declare estado de emergencia y le sean asignados recursos del Fondo de Desastres Naturales para su entrega urgente a los municipios afectados por las lluvias e inundaciones.
Segundo. Se solicita al titular del Ejecutivo federal exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de su competencia, autorice la reparación y reconstrucción de las calles y carreteras afectadas a causa de los fenómenos meteorológicos, a fin de que asignen los recursos económicos necesarios para que se realicen los trabajos correspondientes, con la finalidad de distribuir ágilmente la asignación de ayuda humanitaria al estado de Guerrero.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.
Diputado Ángel Aguirre Herrera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que el gobierno mexicano se retire de las negociaciones en curso para suscribir el acuerdo comercial antifalsificación; y que el Congreso de la Unión convoque a una convención nacional en la que se analicen los paradigmas actuales sobre modelos de producción, distribución y consumo cultural y comercial en Internet, y sus aplicaciones legales, tecnológicas y sociales, así como modelos alternativos de licenciamiento de propiedad intelectual, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Salvador Caro Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta punto de acuerdo mediante el cual se instruye enviar atento y respetuoso oficio al titular del Poder Ejecutivo federal para solicitarle que el gobierno mexicano se retire de las negociaciones que actualmente se llevan a cabo, para suscribir el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), así como para hacer un exhorto a las Cámaras que conforman el Congreso de la Unión, a fin de que convoquen a una convención nacional en la que se analicen los paradigmas actuales sobre modelos de producción, distribución y consumo cultural y comercial en Internet, sus implicaciones legales, tecnológicas y sociales, así como modelos alternativos de licenciamiento de propiedad intelectual, que permitan el desarrollo y la innovación, y al mismo tiempo, la protección y expansión de los bienes comunes y el dominio público, respetando la garantías individuales de los ciudadanos y su derecho a la información, con el fin de crear una nueva legislación.
Exposición de Motivos
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 76, párrafo II, que el Senado tiene, entre otras atribuciones, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos.
2. Asimismo, la máxima norma de referencia señala en su artículo 89, fracción X, que el Presidente de la República tiene como obligación dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado.
En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
3. Por otra parte, la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica señala en su artículo 3, fracciones I y VI, que para la aprobación de un tratado se observarán, entre otros objetivos generales, el contribuir a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población mexicana, así como promover la transparencia en las relaciones comerciales internacionales y el pleno respeto a los principios de política exterior de la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. En este orden de ideas, el Ejecutivo Federal anunció el 23 de octubre del 2007 que, derivado del compromiso del Gobierno de México sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual, nuestro país participaría en discusiones preliminares conjuntas con Canadá, Estados Unidos de América, Japón, Unión Europea, Suiza, Nueva Zelanda y otros países en una propuesta de un Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés). 1
5. El gobierno federal, a través del portal oficial del Instituto Mexicano de la Propiedad industrial (IMPI), señala que el ACTA propuesto pretende establecer nuevos estándares para la observancia de los derechos de propiedad intelectual –150– (para combatir de manera eficiente el crecimiento prolífico del comercio de bienes piratas y falsificados).
ACTA versa de 3 áreas: a) incrementar la cooperación internacional, b) establecer mejores prácticas para la observancia; y, c) proporcionar un marco legal más efectivo para combatir la piratería y falsificación. 2
6. De igual manera, se indica que algunas posibles disposiciones en esta área pueden incluir: Cooperación internacional entre autoridades encargadas de la observancia; capacitación y apoyo técnico para el mejoramiento de la observancia, así como mejores prácticas, al expresar que los impulsadores del ACTA creen que es crucial establecer mejores prácticas de observancia que promuevan una fuerte protección conjuntamente con los socios comerciales y los titulares de los derechos.
Estas prácticas deberán de apoyar la aplicación de las herramientas legales relevantes. Los áreas para posibles disposiciones incluyen: Grupos de asesoría formal o informal público/privada sobre piratería y falsificación; fomentar la existencia de peritos/expertos en propiedad intelectual, dentro de las estructuras de observancia de la ley para asegurar un adecuado trato a los casos que se presenten en materia de propiedad intelectual; medidas para el aumento de la concientización pública sobre la importancia de la protección de los derechos de propiedad intelectual, así como también mostrar los efectos del detrimento causados por infracciones de DPI.
7. Uno de los puntos nodales a negociar, lo constituye el tema del marco legal. Al respecto, el Gobierno Federal, a través del IMPI, señala que el último pilar del ACTA versa en proveer a los ciudadanos, autoridades encargadas de la observancia y el poder judicial, con las herramientas apropiadas para tratar de manera efectiva con la falsificación y piratería a través de un fuerte y moderno marco legal. Las áreas para posibles disposiciones incluyen: observancia en materia penal: medidas en frontera; observancia en materia civil; piratería de discos ópticos; y distribución vía internet e información tecnológica. 3
8. Es de destacarse que desde el inicio de las rondas de negociación entre los países interesados en suscribir ACTA, éstas se habían manejado con secrecía, y no fueron auspiciadas por ningún órgano internacional, por lo que trascendió por medio de información filtrada y no confirmada el momento en que éstas comenzaron a llevarse a cabo; posteriormente, se confirmó que desde el 2 de junio de 2008 hasta el 16 abril de 2010, se habían realizado ocho rondas de negociación, celebradas sucesivamente en Ginebra, Suiza; Washington, DC, USA; Tokio, Japón; París, Francia; Rabat, Marruecos; Seúl, Corea; Guadalajara, México, y Wellington, Nueva Zelanda.
Hasta la octava reunión de negociación de ACTA, el Ejecutivo Federal no había proporcionado información alguna al Senado de la República de los pormenores y avances en la negociación de dicho acuerdo, irregularidad que motivó que la Cámara Alta aprobara, el 27 de abril de 2010, el dictamen con punto de acuerdo presentado por la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, por medio del cual se solicitó a la Secretaría de Economía y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se remitiera a dicha soberanía un informe completo sobre el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación en los términos del artículo 5 de la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, que contuviera por lo menos los siguientes aspectos:
I. Las razones para negociar así como las consecuencias de no hacerlo;
II. Los beneficios y ventajas que se espera obtener de la negociación y la expectativa de cumplir con los objetivos de esta ley que correspondan conforme al tratado que se pretende celebrar, y
III. Un programa del proceso de negociación calendarizado.
9. En este orden de ideas, la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante oficio número SEL/UEL/311/1677/10 de fecha 2 de junio de 2010, remitió a los Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, contestación al punto de acuerdo de referencia aprobado por el Senado, la cual consistió en el oficio 100.2010.DGE.0483 suscrito por el director general de Enlace de la Secretaría de Economía, en el que remite, la respuesta del licenciado Jorge Amigo Castañeda, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad industrial.
10. En el documento suscrito por el director general del IMPI, se señala que aunque los países signatarios reconocen la importancia de responder efectivamente al reto de la piratería en Internet, confirmaron que ninguno está proponiendo en el referido acuerdo, requerir a su gobierno un mandato de la llamada “regla de las tres notificaciones” (graduate response o three strikes) sobre infracción al derecho de autor en Internet.
Por lo tanto, mediante el acuerdo de referencia, se respecta la privacidad de los ciudadanos respecto a su derecho de libertad de expresión, ya que no se contempla monitorear la información que se distribuya a través de Internet.
11. De igual manera, indica: sin embargo, si contempla, que los países signatarios en su legislación nacional implementen una política interna para los proveedores de servicios de Internet puedan regular su uso a partir de notificaciones a los usuarios, en relación a aquellos portales con los cuales se realicen actividades de comercio ilegal o piratería, es decir, México llevaría a cabo el registro de los proveedores de servicio de Internet, con los requisitos necesarios para tales fines.
Adicionalmente, se advierte que el ACTA será consistente con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio de la OMC.
12. Desde el inicio de las negociaciones de ACTA, representantes populares de países europeos involucrados, han manifestado su oposición a la totalidad del acuerdo o al menos a varios puntos del mismo; en este sentido, los eurodiputados Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Álvaro y Stavros Lambrinidis, presentaron ante el Parlamento Europeo el punto de acuerdo Written declaration on the lack of a transparent process for the Anti-Counterfeiting Trade Agreement and potentially objectionable content; 4 que se prevé, será discutido y votado el miércoles 8 de septiembre del presente año en dicha representación; la eurodiputada Castex refleja la opinión de numerosos legisladores de dicho continente, al señalar que ACTA, al incrementar las responsabilidades legales de los proveedores de servicios en Internet (ISP) transformando a éstos en auténticas policías del copyright, entra en una profunda contradicción con el estado de derecho y con la obligación de un juicio justo y podría traer graves complicaciones en cuestiones relacionadas con la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. 5
Por otra parte, el Parlamento Europeo rechazó en marzo pasado, por una votación de más de 600 votos contra 13 votos, el enfoque de ACTA.
13. En este orden de ideas, el European Data Protection Supervisor emitió una opinión de más de 20 páginas detallando cómo el ACTA amenaza la privacidad. De igual manera, en abril pasado, grupos de negocios y consumidores de Nueva Zelanda, publicaron la Declaración Wellington, que expresa gran preocupación por el ACTA; dicho pronunciamiento, en menos de 24 horas de haberse dado a conocer en línea, había ya sido firmado por miles de personas.
Cabe señalar que asimismo, organizaciones representativas a nivel internacional como Reporteros sin Fronteras, NetCoaltion, Electronic Frontier Foundation y Senadores de varios países involucrados entre otros actores políticos y sociales, se han pronunciado firmemente contra el Acuerdo de referencia. 6
14. En este sentido, expertos en entorno digital y de empresas generadoras de contenidos y proveedoras de servicios en línea en México, así como la generalidad de los usuarios de redes sociales e Internet, han expresado su temor y escepticismo en cuanto a los verdaderos alcances del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación y su repercusión tanto en los derechos de usuarios de Internet como en los esfuerzos por impulsar políticas que faciliten la posibilidad de acceso a Internet a todos los mexicanos.
Dichas preocupaciones han sido manifestadas en diversos foros como el organizado por el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados el pasado 28 de abril denominado ACTA: repercusiones legislativas para las empresas proveedoras de servicios de internet y sus usuarios.
15. Empresas como Alestra, han señalado que si bien la piratería daña a los detentadores de derechos de la propiedad industrial al establecer barreras al crecimiento económico y afectar a la innovación y la calidad creativa y que la falsificación debe ser evitada, tanto en lo que corresponde a bienes intangibles, como en el ámbito digital, los términos de ACTA, específicamente en su sección 4, que obligan a los proveedores de servicios en Internet a limitar o suspender el acceso de terceros (clientes) a material en línea que viole los derechos de terceros o del cual existan indicios de ello, y la obligación a los proveedores de servicios en Internet de implantar sistemas y políticas de monitoreo de tráfico, incluyendo comunicaciones, mensajes, gráficos, datos y archivos, además de ser técnicamente inviable, implica una clara violación a las garantías individuales, consagradas en el artículo 14 y 16 constitucionales, los cuales otorgan certeza jurídica a los particulares, al disponer que nadie puede ser molestado sin una orden judicial provista por autoridad competente, y que las comunicaciones privadas son inviolables, respectivamente.
16. Las anteriores acciones colocarían asimismo a los ISP en el supuesto violatorio del artículo 177 del Código Penal Federal, el cual establece como un delito, la intervención de comunicaciones privadas sin mandato de la autoridad judicial Así, las empresas proveedoras de servicios serían orilladas a realizar actos contrarios a la ley y realizar acciones que en sentido estricto, corresponden al Estado.
17. En este sentido, los expertos consideran que ya existe en nuestra legislación un amplio marco jurídico para la protección de los derechos de autor y de propiedad industrial, que encuentra su base en el artículo 28 constitucional, el cual sustenta la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial.
De igual manera, México ha suscrito el Convenio de Berna, el Tratado sobre Derecho de Autor y el Tratado sobre Interpretación y Ejecución de Fonogramas, estos dos últimos, auspiciados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
18. Por otra parte, la restricción del libre acceso a usuarios a Internet de parte de los proveedores de servicios en línea por la simple sospecha de violación de los derechos de autor, implicaría una clara contradicción de los esfuerzos en materia regulatoria de promoción cultural digital. Es de destacar que, de acuerdo con datos dados a conocer por la Asociación Mexicana de Internet, existen 27.6 millones de usuarios de internet en México, con una tasa de penetración del 28 por ciento. De igual manera, se calcula que existen en nuestro país 18 millones de computadoras, de las cuales, 11 millones se encuentran conectadas a Internet. Sin embargo, se considera que nuestro país sufre una amplia brecha digital, en que la mayor parte de sus habitantes aún no tiene acceso al Internet.
19. El ACTA no considera las especificidades y necesidades económicas, sociales y legales de nuestro país. En dicho Acuerdo, se importan dos conceptos del modelo norteamericano que se refieren básicamente a el safe harbor y las infracciones y responsabilidades secundarias, para el que induce o contribuye a la comisión de un delito. La Asociación Mexicana de Internet, ha señalado que no existen datos duros o cifras que demuestren la necesidad y/o los beneficios de adoptar este modelo importado y aplicarlo en nuestro país.
20. En este orden de ideas, el gobierno de Brasil ha impulsado la implementación del software libre, así como sistemas de código abierto en las computadoras de las dependencias de gobierno, lo que en el año 2008 le proveyó ahorros por 167.8 millones de dólares; asimismo, ha desarrollado el proyecto PC Conectado , que ofrece a las familias de baja renta la posibilidad de adquirir computadoras con precios y condiciones favorables, 7 acciones para disminuir la brecha digital en la población.
21. En este sentido, existen actualmente diversos modelos alternativos que han redefinido el paradigma de la protección de los derechos de autor, los cuales pueden ser más adecuados para las particularidades del entorno digital en México, y que se caracterizan por su novedad, eficacia y que fueron diseñados para ser aplicados en Internet.
Entre éstos se encuentra el copyleft , término que engloba a las licencias libres que permiten, tanto un mayor control de los creadores de sus obras, investigaciones y proyectos y una remuneración compensatoria más razonable por su trabajo, como a los usuarios finales un mejor acceso y disfrute de los bienes, bajo este tipo de licencias no restrictivas. 8
Por otra parte, el modelo creative commons , define un espacio que se encuentra en el espectro de la protección absoluta de los derechos de autor (todos los derechos reservados) y el dominio público (ningún derecho reservado). Las licencias ayudan a conservar los derechos autorales invitando a usar su obra bajo el esquema de “algunos derechos reservados”. 9
22. Los términos y forma en la que el Ejecutivo federal negocia el ACTA, van en franca contradicción con los principios que, según nuestra Constitución y leyes señalan, deben observar los tratados internacionales en materia económica suscritos por nuestro país, como la contribución a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población mexicana, así como promover la transparencia en las relaciones comerciales internacionales con el pleno respeto a los principios de política exterior de la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, los términos en que se está planteando ACTA son violatorios de las garantías individuales, expresadas en los artículos 14 y 16 constitucionales, así como el derecho a la protección de la privacidad de las comunicaciones entre particulares.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me permito someter a la elevada consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Envíese atento y respetuoso oficio al titular del Poder Ejecutivo federal para solicitarle que el gobierno mexicano se retire de las negociaciones que actualmente se llevan a cabo con otros países, para suscribir el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación.
Segundo. Se aprueba hacer un exhorto a las Cámaras que conforman el honorable Congreso de la Unión, a fin de que convoquen a una convención nacional, en la que se analicen los paradigmas actuales sobre modelos de producción, distribución y consumo cultural y comercial en Internet, sus implicaciones legales, tecnológicas y sociales, así como modelos alternativos de licenciamiento de propiedad intelectual, que permitan el desarrollo y la innovación, y al mismo tiempo, la protección y expansión de los bienes comunes y el dominio público, respetando la garantías individuales de los ciudadanos y su derecho a la información, con el fin de crear una nueva legislación.
Notas
1 Fuente: http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/acuerdo_comercial_antifalsificacion. Día de cosulta: 03/08/2010, 10:44 hrs.
2 Ídem.
3 Ibídem.
4 www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//...
5 http://www.nacionred.com/neutralidad-de-la-red/hollywood-y-vivendi-pres ionan-a-los-socialistas-entrevista-a-francoise-castex-eurodiputada
6 Información dada a conocer por Manuel Tamez, representante de negocios para México y Centroamérica de Google, Inc., el 28 de abril de 2010.
7 http://www.softwarelibre.cl/drupal//?q=node/81
8 http://fundacioncopyleft.org/
9 http://creativecommons.org.mx/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.
Diputado Salvador Caro Cabrera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y estatales a desarrollar acciones que reduzcan la mortalidad materna, a cargo de la diputada María Elena Pérez de Tejada Romero, del Grupo Parlamentario del PAN
María Elena Pérez de Tejada Romero, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta honorable asamblea propuesta con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los gobiernos federal y de las entidades federativas a ejecutar acciones urgentes para reducir el índice de mortalidad materna; al tenor de las siguientes
Consideraciones
Hace 10 años, los líderes del mundo establecieron un conjunto de objetivos de largo plazo para liberar a gran parte de la humanidad de las enfermedades, y establecieron metas para lograr la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer. La Declaración del Milenio fijó en el quinto punto “mejorar la salud materna”, así como reducir entre 1990 y 2015 la mortalidad materna en tres cuartas partes (Odm).
El deterioro de los servicios de salud en México ha obstaculizado el cumplimiento de este Objetivo del Milenio. En 3 años, 20 jurisdicciones sanitarias registraron la muerte de 143 mujeres por cada 9 mil nacidos. Este índice de mortalidad materna se debe a diversas causas recurrentes, entre las que destacan las obstétricas indirectas, con 22.1 por ciento; aborto, con 7.4; enfermedad hipertensiva del embarazo, 25.3; hemorragia del embarazo, parto y puerperio, 24.3; y otras complicaciones durante el embarazo y el parto, 13 por ciento.
Sin embargo, todas estas causas son producto de problemas de pobreza y desigualdad social, que laceran en mayor proporción a las mujeres que viven en situaciones de marginación (DGIS, Inmujeres, OMS).
Hay 234 jurisdicciones de salud en el país, responsabilidad de los gobiernos estatales, que atienden en primer y segundo niveles a la población sin seguridad social. De primer nivel son las consultas de control mensual del embarazo y las acciones preventivas, de monitoreo de la madre y el producto. La atención de parto es del segundo nivel, y en caso de complicaciones, se canalizan los casos de riesgo.
Lamentablemente, encontramos que las mujeres mexicanas aún seguimos siendo vulnerables a riesgos que, por la pobreza o la falta de atención en el embarazo, pueden traer como consecuencia la mortalidad materna.
Las 10 jurisdicciones con mayor razón de mortalidad materna en México por cada 10 mil nacimientos son Creel y Parral, en Chihuahua; Tláhuac, Coyoacán y Xochimilco, en el Distrito Federal; Montaña, y Costa Chica, en Guerrero; y Tenango del Valle, Jilotepec y Zumpango, en el estado de México. Destaca entonces que éstas se concentran en sólo 4 estados, Chihuahua, Guerrero, Distrito Federal y México, por lo que la mortalidad materna debe ser un objetivo tanto del Ejecutivo federal como de los gobiernos estatales (Informe sobre los determinantes de mortalidad materna en México y América Central, Cepal).
Es importante mencionar que en materia de salud los recursos aprobados son transferidos a los estados. Por tal motivo, hablamos de que los problemas de salud básicos no se resuelven por falta de presupuesto sino porque no se destinan a verdaderas acciones encaminadas a disminuir la mortalidad materna. La Auditoria Superior de la Federación ha fiscalizado gran parte de los recursos destinados a salud; lamentablemente, ha observado en forma negativa la aplicación de éstos, entre los que destaca el FASSA del ramo 33, el cual en la mayoría de las entidades federativas está siendo observado por emplearse en acciones que no están vinculadas con los objetivos de éste (ASF).
La meta planteada por México en la celebración de los Objetivos del Milenio es lograr que la mortalidad materna en el país sea igual o inferior a 22 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos; es decir, 417 muertes maternas en el país al año. Por ello, el Programa Nacional de Salud 2007-2012 también propone como meta disminuir a la mitad la tasa de mortalidad materna en los 100 municipios con menor índice de desarrollo humano e incrementar en 92 por ciento la atención del parto por personal calificado (Odm).
Igualmente, se ha impulsado la estrategia Embarazo Saludable, que forma parte del Sistema de Protección Social en Salud y que a partir del 9 de mayo de 2008 brinda soporte financiero a través del Seguro Popular para las mujeres embarazadas que no contaban con la posibilidad de acceder a servicios médicos para su atención por motivos económicos (Segundo Informe de Gobierno Federal, 2007-2008).
El gobierno federal ha implantado la firma del convenio interinstitucional para la atención universal de las emergencias obstétricas, celebrado por la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE, que se comprometen a dar atención a toda mujer que presente urgencia obstétrica en la unidad médica con capacidad resolutiva más cercana, independientemente de su derechohabiencia.
El programa de operación Arranque Parejo en la Vida incluye otra estrategia integral para acelerar la reducción de la mortalidad materna en México.
Todas las acciones referidas han sido de gran utilidad. Sin embargo, su difusión no ha sido suficiente para enterar a la población mexicana susceptible de requerir los servicios concretos, por lo cual presento la siguiente propuesta con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo a fortalecer la campaña mediática de información del gobierno federal sobre la estrategia embarazo saludable y prevención medica en favor del embarazo.
Segundo. Se hace un llamado a los gobiernos estatales a cumplir a cabalidad los acuerdos, las normas, los lineamientos y las guías de atención en salud encaminados a atender esta problemática a escala local para aprovechar al máximo el gasto etiquetado para salud referente al ejercicio fiscal en curso y el subsecuente.
Tercero. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a emitir un informe sobre la evolución de los trabajos de fiscalización en los resultados y procedimientos derivados sobre las Cuentas Públicas de 2008 y de 2009 de los gobiernos estatales con relación al sector salud en lo general y a la estrategia de maternidad saludable en lo particular.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 9 de septiembre de 2010.
Diputada María Elena Pérez de Tejada Romero
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al director general de la Conagua que informe del costo económico que tendría un estudio técnico sobre la construcción de obras de prevención de inundaciones para aminorar los riesgos de pérdidas causadas por éstas en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y el Distrito Federal, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, Claudia Edith Anaya Mota, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al director general de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, informe acerca del costo económico que tendría desarrollar un procedimiento de gestión para la construcción de obras de prevención de inundaciones, con el propósito de aminorar los riesgos de las pérdidas causadas por éstas en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y el Distrito Federal, conforme a las siguientes
Consideraciones
Año con año, entidades federativas como Veracruz, Tabasco, Oaxaca e incluso el propio Distrito Federal, se convierten en escenarios de desastres naturales causados por inundaciones. Los cuales provocan daños materiales y pérdidas de millones de pesos. Huracanes, depresiones tropicales y tormentas generan lluvias torrenciales que sobrepasan las capacidades de los causes de ríos, provocando desbordamientos de las aguas que generan inundaciones, traducidas en centenares de víctimas y daños a la infraestructura comunitaria y agrícola.
Si bien es cierto que la prevención de inundaciones tiene un alto costo, debido a sus dimensiones y a los estudios técnicos que requiere –pues se busca evitar el desbordamiento de los ríos hacia zonas habitadas o usadas para fines agrícolas o industriales– el beneficio es invaluable; sobre todo, si se toma en cuenta el hecho de que es imposible definir el costo de las vidas humanas de las comunidades que se encuentran en permanente riesgo. A esto, debe sumarse el costo de establecer nuevamente las líneas vitales que son destruidas por las inundaciones, así como la suspensión de los servicios que dejan de prestarse durante su proceso de reconstrucción o rehabilitación.
Organismos internacionales como la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), han señalado que en los últimos 20 años se ha observado un aumento de la frecuencia, impacto y amplitud de los desastres naturales, que han causado muerte de centenares de personas y provocado enormes pérdidas económicas. Que no sólo obedecen a una alteración natural, sino que encuentran su causa en el hombre. La deforestación, aunada a las construcciones que incumplen normas de seguridad o planes de ocupación de suelos, por citar algunos ejemplos, han sido señaladas como unas de las principales agravantes de la peligrosidad de las inundaciones. Asimismo, hacen hincapié en que los países más pobres son los más afectados, al carecer de recursos financieros e infraestructuras suficientes, que son incapaces de prever esos fenómenos.
Ante este panorama, y tomando en cuenta las constantes erogaciones realizadas por el Estado mexicano para la reconstrucción de las zonas afectadas por las inundaciones, considero indispensable invertir recursos en materia de prevención; pues los conocimientos técnicos y científicos nos posibilitan desempeñar un papel más activo en materia de prevención, y no sólo esperar a valorar los daños causados por estas devastaciones. Sobre todo, si tomamos en consideración la existencia de programas científicos internacionales e intergubernamentales como el Programa Hidrológico Internacional, el Programa Internacional de Ciencias de la Tierra, etc. O bien, la adopción de la Declaración de Hyogo, que recomienda fomentar una cultura de desastres a todos los niveles, enfatizando el vínculo entre la reducción de los desastres, el desarrollo sostenible y la mitigación de la pobreza.
Las inundaciones tienen enormes consecuencias para nuestro país, pues además de cobrar vidas, dan lugar a pérdidas materiales, de medios de producción e infraestructura, las cuales menoscaban la capacidad de subsistencia y recuperación de las personas sobrevivientes, además de que, al reducirse la seguridad alimentaria por la destrucción de cultivos, se agravan los problemas sociales. Pese a ello, y ha haberlo vivido en diversas ocasiones, las autoridades gubernamentales continúan sin estar preparadas y sin darle la importancia debida a la prevención, que podría coadyuvar a aminorar las pérdidas que debemos afrontar como sociedad.
Respecto a las pérdidas humanas, los recuentos de los daños arrojan cifras de personas muertas, heridas, desaparecidas, pero no sólo circunscritas al desarrollo del desastre natural, sino también después de que éste ocurre, sobre todo, debido a los brotes de enfermedades provocadas por la carencia de comida y agua.
Es inminente la necesidad de contar con planes o estudios de reducción de desastres, especialmente en sus fases de prevención. Pues, sólo a través del desarrollo de estos estudios será posible implantar medidas basadas en un diseño técnico que permita determinar cuál puede ser el impacto de las inundaciones, reflejado en el grado de pérdidas a esperarse en caso de inundaciones, así como un mapeo de las áreas inundables, acompañado de una serie de medidas tendientes a mantener el flujo de agua dentro del cauce del río. Medidas que traen implícitas obras de ingeniería hidráulica que deben ser debidamente presupuestadas para ser viables de efectuar.
La realización de un estudio de esta naturaleza, permitirá a las personas que se encuentran en puestos de tomas de decisión, visualizar los costos presupuestales del diseño y construcción de medidas preventivas, y no sólo esperar a evaluar los costos del desastre natural y destinar recursos tendientes a aliviar el escenario de devastación que dejan estos fenómenos naturales.
Con herramientas como éstas, será posible dimensionar medidas tales como bordas y dragados, simular inundaciones por computadora y determinar en forma teórica escenarios de crecidas con tiempo de retorno mucho mayor. Con esta información, instituciones como la Comisión Nacional del Agua, Conagua, podrán determinar la amenaza que representa para comunidades e infraestructura inundaciones de distintas magnitudes. La determinación de la vulnerabilidad en las infraestructuras creadas con relación a la inundación, permitirá ejecutar medidas de preparación creadas para responder de forma eficiente en caso de inundaciones.
Los estudios hidrológicos son el sustento de los mapas de peligro por inundaciones y sistemas de alerta temprana, constituyéndose un elemento de gran importancia a la hora de tomas de decisiones territoriales.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al director general de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, informe acerca del costo económico que tendría desarrollar un estudio técnico referente a la construcción de obras de prevención de inundaciones, con el propósito de aminorar los riesgos de las pérdidas causadas por éstas en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y el Distrito Federal.
Dado en el Palacio Legislativo, a los 9 días del mes de septiembre de 2010.
Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de crear un grupo plural de trabajo de legisladores que dé seguimiento a la problemática, a la aplicación de recursos y a los programas para atender las regiones afectadas por las lluvias en Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Chiapas, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del PRI
El diputado federal Elpidio Concha Arellano, de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En estos momentos la región sur de México enfrenta una situación dramática, iniciada desde julio en los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, producto de los fenómenos pluviales, la cual se ha recrudecido en el presente mes.
El Servicio Meteorológico Nacional ha informado que se desarrolla un sistema de baja presión en la zona del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, por lo que pronostican precipitaciones importantes y sus repercusiones se extenderán también hacia los estados de Guerrero, Michoacán, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí.
Las lluvias torrenciales y el desbordamiento de los principales ríos y presas con inundaciones que llegan a superar el metro y medio de altura en viviendas y escuelas, están provocando la lamentable pérdida de vidas humanas, destrucción de vías de comunicación, de servicios de electricidad, de abasto y de salud.
En Oaxaca se estima una cifra de 90 mil afectados, 150 comunidades incomunicadas en distintos puntos del estado, ya que sus carreteras y caminos de terracería están obstruidas debido a los desgajamientos de cerros que produce la lluvia. En las últimas horas con 19 mil niños sin clases, en Chiapas las principales afectaciones se ubican en Tuxtla Gutiérrez, Frontera Comalapa, Ocozocoautla de Espinosa, Villaflores y Berriozábal; en Veracruz el órgano de protección civil estatal tiene registro de 100 mil personas damnificadas en más de 40 municipios, desbordándose 14 ríos y 10 arroyos, mientras que Tabasco registra 96 mil 24 personas afectadas en 343 localidades.
En este momento de desgracia es vital e imprecindible la coordinación de los tres niveles de gobierno y la coadyuvancia de las distintas instituciones y actores de nuestra sociedad, con el claro propósito de ayudar a solucionar y estabilizar en lo mediato, mediano y largo plazo, la situación hasta llevar a la región afectada a la normalidad.
Por todo lo antes expuesto, se propone a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.
Puntos de Acuerdo
Primero. La creación de un grupo de trabajo plural de legisladores que dé seguimiento a la problemática, así como a la aplicación de recursos y programas en atención a la región de desastres ocasionados por las lluvias en los estados de Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Chiapas.
Segundo. Dicho grupo de trabajo se integrará por siete legisladores, uno por cada Grupo Parlamentario.
Tercero. La coordinación del grupo de trabajo, será rotatoria.
Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, este grupo plural podrá allegarse la información que considere pertinente, y sus integrantes podrán reunirse, cuando lo estimen necesario, con las autoridades federales, estatales y municipales responsables; organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción, de conformidad al marco normativo aplicable.
Quinto. El grupo de trabajo no contará con recursos técnicos, administrativos o financieros para el desarrollo de sus actividades.
Sexto. Las labores del grupo de trabajo concluirán en el momento en que, a consideración de sus integrantes, se hayan atendido de manera clara y suficiente los asuntos a los que darán seguimiento, debiendo presentar informes bimestrales de sus trabajos y actividades al pleno de la Cámara de Diputados, o en su caso, ante la Comisión Permanente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2010.
Diputado Elpidio Concha Arellano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director de Canal Once TV, del Instituto Politécnico Nacional, a retirar la emisión Toros y Toreros, a cargo del diputado Agustín Torres Ibarrola, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito diputado Agustín Torres Ibarrola del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
1. Que la promoción de la tauromaquia, por tener una naturaleza de espectáculo, no puede ser financiada con recursos públicos.
2. Que las nuevas generaciones requieren de una educación ética donde valoren y respeten al individuo y su entorno medioambiental, comprendan sus necesidades y dejen de ver a las personas y los animales como cosas.
3. Que es necesario fomentar la educación ambiental, así como el respeto al medio ambiente y a todas las especies. Está comprobado que una educación ambiental adecuada contribuye a la mejora del medio ambiente, una cultura de la conservación ambiental y respeto a todas las especies.
4. Que Canal Once, por ser un canal del Estado y financiado por éste, tiene la obligación de cuidar la calidad de su programación, la cual debe seguir una línea de promoción de los buenos valores y acciones, como lo es la educación sobre el medio ambiente.
5. Que programas relacionados con la educación ambiental son necesarios, la transmisión de éstos en lugar de programas que promuevan la violencia y agresión ambiental. Dado el contexto en el que se encuentra el mundo en materia ambiental, es preciso que se tomen medidas a corto plazo, ya una de ellas es la educación.
6. Que el artículo 2 de la Ley Federal de Sanidad Animal reconoce jurídicamente el término de “trato humanitario” como aquellas “medidas para evitar el dolor innecesario a los animales durante su captura, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, entrenamiento y sacrificio”. Esta definición es coincidente con la que está contenida en la NOM-033-ZOO-1995, sobre el Sacrificio humanitario de los animales domésticos y silvestres.
7. Que el ordenamiento citado en el párrafo anterior define como trato digno y respetuoso como aquellas medidas establecidas para “evitar el dolor o angustia durante su posesión o propiedad, crianza, captura, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, adiestramiento y sacrificio.”
8. Que existe una larga lista de estudios científicos que establecen un vínculo directo entre maltrato a los animales y la criminalidad, por lo que la concepción de catarsis social y reducción de la violencia es meramente especulativa. 1
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al director de Canal Once TV, del Instituto Politécnico Nacional, para que retire del aire la emisión denominada “Toros y Toreros”, y que en lo general se ocupe ese tiempo en programas que fomenten la educación ambiental y de respeto hacia los animales.
Nota
1. Véase a Ascione, F.R. (1993). Children who are cruel to animals: Review of research and implications for developmental psychopathology , Anthrozoos, 6, 4, 226-247; Boat, B.W. (1985). The relationship between violence to children and violence to animals: An ignored link? , Journal of Interpersonal Violence, 10, 2, 229-235; Loar, L and White, K. (1992), Connections draw between child and animal victims of violence , The Latham Letter, 13,3, 1-3.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2010.
Diputado Agustín Torres Ibarrola (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sedesol y al director de Liconsa a disponer el funcionamiento del centro de abasto situado entre las Avenidas de la Cuesta y de los Maestros, en San Antonio Zomeyucan, Naucalpan de Juárez, México, a cargo del diputado Sergio Mancilla Zayas, del Grupo Parlamentario del PRI
Sergio Mancilla Zayas, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante esta honorable asamblea las consideraciones y la proposición con punto de acuerdo, siguientes
Consideraciones
En el año de 1944, el Programa de Abasto Social de Leche inició con la inauguración de la primera lechería de la empresa pública Nacional Distribuidora y Reguladora, SA de CV. (Nadyrsa).
En 1945, un grupo de empresarios, conscientes de la necesidad de aumentar la oferta de leche en la Ciudad de México, constituyeron la empresa “Lechería Nacional, SA de CV”. Para 1950 la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, SA, (CEIMSA) asumió las funciones de elaboración, distribución y venta de leche importada que se reconstituía en el país, asegurando que ésta fuera de buena calidad y a precios accesibles para la población de escasos recursos.
En 1954 comenzó a operar en Tlalnepantla la que hoy es la planta de Liconsa que produce el mayor volumen de lácteo de todas sus unidades industriales; esta planta que inicialmente tenía capacidad para rehidratar 30 mil litros diarios de leche, a la fecha tiene capacidad para producir un millón 230 mil litros de leche al día.
Por disposición del gobierno federal, en 1961 se constituyó la Compañía Rehidratadora de Leche CEIMSA, SA, en 1963, esta empresa cambió su denominación por la de Compañía Rehidratadora de Leche Conasupo, SA. Posteriormente, en 1972, se modificó para quedar como Leche Industrializada Conasupo, SA de CV. A partir de 1994, con su resectorización en la Secretaría de Desarrollo Social cambió su denominación a Liconsa, SA de CV.
Actualmente Liconsa está constituida como una empresa de participación estatal mayoritaria que industrializa leche de elevada calidad y la distribuye a precio subsidiado en apoyo a la nutrición de millones de mexicanos en condiciones de pobreza, fundamentalmente de niños de hasta 12 años de edad, así como de otros sectores vulnerables de la población, como mujeres de 13 a 15 años, en estado de gestación y lactancia y de 45 a 59 años, enfermos crónicos, discapacitados y adultos de 60 y más años.
Toda la leche Liconsa está fortificada con hierro, zinc, ácido fólico y vitaminas A, C, D, B2 y B12, nutrientes de los que la dieta de un gran número de mexicanos, especialmente niños, acusa déficit.
Estudios elaborados por el Instituto Nacional de Salud Pública demuestran que los niños que consumen de manera constante la leche fortificada Liconsa tienen menores tasas de anemia, deficiencia de hierro y desnutrición crónica; alcanzan más estatura y masa muscular; despliegan mayor actividad física y registran mejor desarrollo mental.
La población objetivo del Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, SA de CV, de conformidad con las reglas de operación vigentes, otorga mediante una transferencia de ingreso una dotación de leche de la más alta calidad nutricional, a precio subsidiado, a los hogares en condiciones de pobreza con niñas y niños de seis meses a doce años de edad, mujeres en período de gestación o lactancia, mujeres adolescentes de 13 a 15 años, mujeres de 45 a 59 años de edad, enfermos y discapacitados o ambas cosas, y adultos de 60 y más años, que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos que justifiquen su condición.
El Programa de Abasto Social de Leche opera en localidades, colonias, zonas urbanas, semiurbanas y rurales de las 32 entidades federativas, mediante los puntos de atención autorizados por Liconsa.
Para ello, se seleccionarán las localidades, colonias o zonas susceptibles de atender, considerando las microrregiones definidas por la Sedesol, las cuáles fueron publicadas el 31 de enero de 2002 en el Diario Oficial de la Federación, y la información socioeconómica disponible del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Las solicitudes de instalación de los puntos de venta, podrán provenir de instancias de gobierno, así como de los propios estudios que elabore Liconsa. En todos los casos será necesario realizar el análisis de las características de la zona, mediante el levantamiento del “Estudio de factibilidad para la instalación de una lechería”, el cual es el instrumento metodológico que permite a Liconsa recabar la información básica sobre las características de las localidades o colonias, la población objetivo, los servicios urbanos, medios de transporte, particularidades del predio o local propuesto para operar el punto de venta, todo ello con el propósito de analizar la factibilidad de apertura.
Para facilitar la operación y mejorar la atención al mayor número de familias, las lecherías o puntos de venta se ubicarán en localidades que brinden una mejor opción de acceso y funcionamiento de servicios públicos.
Ahora bien, en el municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, fue autorizada la obra correspondiente a la lechería o centro de abasto correspondiente, mediante la aprobación del punto séptimo del orden del día de la trigésima segunda sesión ordinaria (pública de cabildo, resolutiva cuadragésima sexta, del día 05 de julio de 2007, con un techo financiero de 600 mil pesos. Es de señalar que la fecha de terminación de la obra de referencia fue el 30 de julio de 2009, por lo que sólo es necesario el estudio de factibilidad de Liconsa, para dotar de este importante servicio a la comunidad mencionada.
Por lo expuesto, someto a consideración de ésta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Para exhortar al secretario de Desarrollo Social del gobierno federal y al director de la empresa de participación estatal mayoritaria Liconsa, para que se disponga el funcionamiento del centro de abasto ubicado en avenida de la Cuesta esquina avenida de los Maestros, San Antonio Zomeyucan, Naucalpan de Juárez, estado de México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2010.
Diputado Sergio Mancilla Zayas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a posponer la aplicación de los límites contenidos en las reglas relativas a las operaciones en efectivo con dólares estadounidenses, a cargo del diputado Gastón Luken Garza, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Gastón Luken Garza, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, fracción I, 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
El miércoles 16 de junio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Resolución que reforma y adiciona las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito” en donde se establecen medidas regulatorias a que habrán de sujetarse las operaciones, depósitos, pago de créditos, bienes y servicios con dólares en efectivo. Estas medidas prevén límites a las operaciones que se realicen en el territorio nacional con dólares en efectivo.
Estas reglas se emitieron a fin de fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada a través de la detección de operaciones que se realizan en el sistema financiero mexicano. Asimismo, como una forma de limitar la discrecionalidad de las instituciones bancarias quien, de manera unilateral, optaron por limitar las operaciones de compra de dólares en efectivo.
En este sentido, las autoridades financieras coincidieron en la necesidad de regular de manera homogénea las operaciones a fin de evitar que estos recursos que pudiesen estar relacionados con actividades ilícitas ingresen al sistema bancario.
Este hecho es relevante si consideramos que en los últimos años se detectó un volumen considerable de excedentes de captación en efectivo de dólares en las instituciones de crédito, cuyo origen podría estar vinculado a actividades ilícitas, lo que representa un riesgo para la seguridad de los ciudadanos, el sistema financiero y la economía mexicana.
De manera general, las reglas aplicables a las “Operaciones en efectivo con dólares de Estados Unidos de América” prevén límites para las personas físicas cuentahabientes de hasta 4 mil dólares mensuales y para no cuentahabientes de mil 500 dólares. Asimismo, para las personas morales que operan en zonas turísticas y la franja fronteriza norte, de hasta 7,000 dólares, entrando en vigor esta última disposición el 13 de septiembre de 2010.
A pesar de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) considera las medidas adecuadas porque los límites establecidos son superiores al ingreso del 98 por ciento de los mexicanos, mayor al gasto promedio de los turistas no fronterizos, así como una baja afectación a las remesas ya que más del 96 por ciento se realizan a través de transferencias electrónicas y se liquidan en pesos, consideramos que estas reglas no responden a la realidad de los sectores económicos que operan de forma lícita y formal en la franja fronteriza y en los municipios con alta afluencia de turistas extranjeros.
Así, por ejemplo, ciudades como Tijuana, Mexicali, Los Cabos, Cancún, Puerto Vallarta tienen altamente dolarizada su economía que, al ser sujetas a los límites de operaciones, ven afectada su competitividad.
Si bien es cierto que la SHCP, en conjunto con la Asociación de Bancos de México, ha implementado medidas para reducir la afectación, tales como el establecimiento de corresponsales bancarios, consideramos que éstas son insuficientes, lo que obstaculiza la realización de operaciones formales y lícitas que brindan empleo a miles de mexicanos.
Los legisladores, ciudadanos y empresas estamos conscientes de la necesidad de cerrarle el paso a los recursos ilícitos, pero también coincidimos que se deben considerar las peculiaridades de las regiones de nuestro país, principalmente de la franja fronteriza, en donde existen millones de personas que realizan actividades dentro de los sectores de hotelería, restaurantes, bares, agencias de viajes, transporte turístico, taxis y el turismo médico, lo que les genera un gran impacto en sus ingresos que principalmente son en dólares.
Así pues, además de la difícil situación que se observa por la violencia acentuada en la franja fronteriza, las restricciones aplicables al uso de dólares en efectivo están estrangulando la liquidez, obstaculizando las actividades productivas, generando una fuga de recursos al empujar a ciudadanos y empresas a abrir cuentas en los estados del sur de Estados Unidos de América. Esto inhibe las inversiones y el gasto principalmente de los negocios que ofrecen atención directa al público.
Se estima que la aplicación de las medidas provocará pérdidas millonarias en las ventas de los negocios fronterizos, pudiendo ascender hasta 50 por ciento, así como despidos y fugas de inversiones.
Es por esto que respetuosamente solicitamos que se posponga la aplicación de los límites a las operaciones en efectivo con dólares americanos, a fin de estudiar los procedimientos que permitan reducir la afectación a nuestros sectores productivos, ya que su aplicación les genera costos, les reduce la afluencia de clientes y afecta su competitividad.
Estamos conscientes de la necesidad de combatir el lavado del dinero, la evasión y elusión fiscal, y compartimos ampliamente el objetivo del Ejecutivo federal de atacar las diferentes estructuras del crimen organizado, pero consideramos que los Legisladores junto al Poder Ejecutivo a través de la SHCP, los diferentes órdenes de gobierno y los sectores privado, social y académico podemos dialogar y trabajar en conjunto para encontrar los mejores mecanismos que otorguen soluciones para las actividades lícitas y formales.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo de urgente y obvia resolución
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se posponga la entrada en vigor de las reglas para las operaciones en efectivo con dólares de Estados Unidos de América.
Lo anterior hasta en tanto se acuerde una medida que cumpla los propósitos de combate al lavado de dinero y a la evasión fiscal sin generar costos y pérdida de competitividad a los sectores productivos de la economía formal.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que realice mesas de consulta y trabajo con especialistas financieros, gobiernos de las entidades federativas y municipios, asociaciones empresariales, legisladores e instituciones privadas, académicas y sociales con el fin de encontrar soluciones que eviten la afectación a las actividades económicas lícitas y formales por la aplicación de las reglas para las operaciones en efectivo con dólares de Estados Unidos de América.
Recinto legislativo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 9 de septiembre de 2010.
Diputado Gastón Luken Garza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobernador de Sonora a poner fin al estado de sitio que sufren los 900 trabajadores de la planta fundidora de Esqueda, Sonora, mediante el retiro de las fuerzas policiales, con respeto de los derechos a la libre sindicalización y a la estabilidad laboral de los miembros de la sección 207 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Ramón Jiménez López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
El secretario del Trabajo y Previsión Social hace alarde en el marco del cuarto Informe de Gobierno de Felipe Calderón, de la “paz laboral” que prevalece en el país, “pues ha sido el sexenio con menos huelgas de la historia”. Lo que no señala es que esto se ha logrado como consecuencia de la aplicación del terror, la represión y la ilegalidad como política laboral del actual gobierno federal. Lo que se ha traducido en el desmantelamiento de sindicatos y contratos colectivos, en el rompimiento del derecho de huelga, mediante todo tipo de chicanadas jurídicas y, cuando una huelga excepcionalmente estalla, su muerte jurídica está decretada de antemano vía la declaración de inexistencia o ilicitud de la huelga respectiva.
Por tanto, la supuesta paz laboral de la que habla el secretario del Trabajo es una “paz” impuesta, que sólo existe en la mente de este burócrata y, que no concuerda con la realidad, perviviendo un desequilibrio insostenible entre los factores de la producción.
El Sindicato Minero ha sido una de las víctimas preferidas de esta anticonstitucional política de terror. El cual, en estos momentos en que sesiona este pleno, sufre un nuevo capítulo represivo en el centro de trabajo de Esqueda, Sonora; concretamente, desde el 31 de agosto de 2010, sus más de 900 trabajadores que laboran en esta planta fundidora sufren un verdadero estado de sitio mediante la utilización de más de mil elementos policiales armados, de carácter federal y local. Todo para servir otra vez los intereses de Germán Larrea dueño de Grupo México.
El motivo es que los trabajadores de Esqueda, que conforman la sección 207 del Sindicato Nacional de Mineros que dirige Napoleón Gómez Urrutia, decidieron por unanimidad, en asamblea general del viernes 20 de agosto, reintegrarse a plenitud al organismo sindical minero y abandonar el sindicato blanco de Elías Morales, con sede en Monterrey, que el abusivo Grupo México les había impuesto hace tres años mediante el uso arbitrario de la fuerza pública y despidos, amenazas de represión y coacciones hacia quienes rentaban viviendas alquiladas por la propia empresa, y porque en mayo pasado los trabajadores decidieron, en otro acuerdo unánime de asamblea, exigir el justo reparto de utilidades, en tanto que golpeadores del mismo siniestro Elías Morales agredían a los mineros que se manifestaban.
Así pues, nuevamente el gobierno federal, de manera cínica pretende coartar el derecho a la libre sindicalización, en abierta violación del artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo y el Convenio 87 de la OIT signado por nuestro país.
Por otro lado, el Grupo México ha comenzado a despedir de manera arbitraria a la totalidad de los trabajadores de Esqueda. Maniobra repetidamente utilizada por los patrones con apoyo de la Secretaría del Trabajo para romper la resistencia de los trabajadores.
En tal virtud, urge hacer un llamado al Ejecutivo federal para que ponga fin a su política de violencia sistemática contra los trabajadores y concretamente en contra de los mineros. Abriendo paso a una política de respeto y legalidad.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y al gobernador de Sonora a poner fin al estado de sitio que sufren los 900 trabajadores de la planta fundidora de Esqueda, Sonora, mediante el retiro inmediato de las fuerzas policiales. Debiéndose respetar de manera plena el derecho a la libre sindicalización de los miembros de la sección 207 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana; asimismo, respetar el derecho a la estabilidad laboral de estos trabajadores.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a poner fin a su política de violencia sistemática en contra de los trabajadores y, concretamente, en perjuicio de los mineros. Abriendo paso a una política de respeto y legalidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2010.
Diputado Ramón Jiménez López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a actualizar de manera adecuada, justa y transparente por la Sagarpa el padrón de beneficiarios del Procampo, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Diva Hadamira Gastélum Bajo, diputada por Sinaloa e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permito someter a su consideración proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México, la pobreza extrema, rural y urbana, expresa una realidad lacerante y manifiesta el grado de incumplimiento de las obligaciones constitucionales fundamentales del Estado.
La agricultura y, en general, las actividades agroalimentarias tienen carácter estratégico: son componentes primarios de un concepto de desarrollo nacional que entraña, en su esencia, la satisfacción de las necesidades alimentarias y nutricionales de la población.
El campo mexicano ha desempeñado un papel de la mayor relevancia en el proceso de desarrollo contemporáneo del país. No sólo ha sido proveedor de alimentos básicos de la población: también ha subsidiado, a través de los precios, tanto de los alimentos como del conjunto de productos primarios, el resto de la economía.
El Poder Ejecutivo federal opera a través de sus dependencias –principalmente la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)– diversos programas que pueden ser utilizados para proteger los productos básicos y estratégicos; entre éstos figura el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo).
El Procampo es un subsidio directo que el gobierno federal otorga a través de la Sagarpa, el cual tiene como objetivo específico apoyar el ingreso de los productores rurales y consiste en la entrega de recursos monetarios por cada hectárea o fracción de ésta, que se efectúa cuando el productor siembra la superficie registrada (elegible) en el programa; o bien, la mantiene en explotación pecuaria o forestal o la destina a algún proyecto ecológico, y cumple lo establecido en la normatividad operativa.
Dicho programa está orientado principalmente a atender a los pequeños productores. Muestra de ello es que 85 por ciento de los empadronados es propietario de cinco o menos hectáreas. Lo anterior es un elemento fundamental que motiva la existencia del Procampo.
El Procampo se regula por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 1994 y su fe de erratas del 26 de septiembre del mismo año.
La operación se ha realizado con base en un conjunto de reglas, establecidas en el decreto referido, que son de observancia obligatoria y constituyen la base para que la asignación del subsidio sea transparente.
Actualmente, la Sagarpa, a través de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, inició la segunda etapa del programa de actualización del directorio del Procampo, el cual se puso en marcha el 3 de noviembre de 2009, como parte del compromiso del gobierno federal para optimizar los procesos de mejora continua y tener mayor control y transparencia en la aplicación de los recursos federales al campo mexicano.
La primera etapa, que cubrió Aguascalientes, Colima, Baja California y Baja California Sur, cerró con la baja de 14.4 por ciento del directorio del Procampo original en esas entidades. En la segunda, integran el bloque Chiapas, Chihuahua, México, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas y Distrito Federal.
La segunda etapa de revisión afecta todos los estados involucrados, en particular Sinaloa, pues la actividad agrícola es primordial para el desarrollo del estado.
Pese a la gran crisis económica actual, se asignaron a Sinaloa 600 millones de pesos para 2010 en apoyos al sector agrícola en programas activos productivos.
Sinaloa ocupa el primer lugar en producción de granos. El pasado ciclo de producción agrícola 2008-2009, el estado produjo alrededor de 163 mil toneladas, en una superficie de 94 mil hectáreas, con valor aproximado de 2 mil 325 millones de pesos.
Para este año, la superficie sembrada aumentó considerablemente, hasta llegar a 138 mil hectáreas, las cuales con un rendimiento unitario de 1.8 toneladas (el más alto del país) se estiman que eleven la producción a 248 mil toneladas.
Productores y líderes de organismos agrícolas han expresado su malestar por este proceso, que consideran no se justifica y representa molestias, gastos y pérdida de tiempo para los campesinos.
El 8 de abril de 2009 se acordó modificar las Reglas de Operación del Procampo, estableciendo la nueva Cuota Alianza, que otorga mil 300 pesos a los productores de menos de 5 hectáreas, lo que favorece a 1 millón 864 mil propietarios inscritos. Las nuevas reglas establecen también un límite de 100 mil pesos para quienes recibían más de esa cantidad por concepto de apoyos directos.
Con esas acciones se actualizará la información de aproximadamente 2.7 millones de propietarios con 4.1 millones de predios y una superficie de 14.1 millones de hectáreas, pero así como se actualizará la información se afectará a millones de productores agrícolas que no podrán cumplir los requerimientos de las nuevas reglas de operación, pues eran mucho más flexibles que las vigentes.
Estamos de acuerdo en contar con un padrón actualizado, georreferenciado, digitalizado, confiable y moderno, que permita la mejor toma de decisiones, vinculando la tierra con el propietario, pero no hay que olvidar que el Procampo no son 8 o 10 nombres: son 2.7 millones de productores registrados. Por tanto, hay que cuidar mucho el proceso de censo que se lleva a cabo. Creo que no todo el programa hay que echarlo a perder, pues 99.9 por ciento trabaja correctamente con los apoyos y los subsidios.
Por ser del mayor interés nacional apoyar el desarrollo sustentable de los productores del campo, mediante un programa que eleve las condiciones de vida, conserve los recursos naturales y fomente el desarrollo del sector rural, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, como de urgente y obvia resolución, los siguientes
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta de manera respetuosa al Poder Ejecutivo a actualizar de manera adecuada, justa y transparente mediante el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación el padrón de beneficiarios del Procampo, con la finalidad de que los actuales beneficiarios no resulten afectados con las recientes modificaciones de las reglas de operación.
Segundo. Se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a otorgar, una vez actualizado el padrón de beneficiarios del Procampo, mayores oportunidades a los productores agrícolas que no han sido beneficiados con el programa.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.
Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Relaciones Exteriores a analizar la posibilidad de que se lleve a cabo una reunión interparlamentaria México-Chile, a cargo de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en la Ley Orgánica, y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
El Tratado de Libre Comercio entre Chile y México, firmado el 17 de abril de 1998 y en vigor desde el 1 de agosto de 1999, ha permitido un intercambio enriquecedor de experiencias, e identificado nuevas oportunidades para incrementar las relaciones económicas y comerciales y las inversiones entre ambos países, con objeto de alcanzar mayores beneficios mutuos. Dicha relación es benéfica para ambas partes, ya que México y Chile tienen economías complementarias, por lo cual resulta posible impulsar su productividad y competitividad en el ámbito internacional.
Las relaciones económicas y culturales que México y Chile han tenido a lo largo de su historia hizo posible y necesaria la firma de un tratado de libre comercio entre ambas naciones, el cual ha resultado instrumento eficaz para aumentar el intercambio comercial entre ambas naciones. La misma situación ha sido aprovechada por la nación chilena –la del mayor número de tratados de libre comercio firmados en el mundo– para diversificar su comercio alrededor del mundo, le ha permitido ser la única nación latinoamericana con un crecimiento en su PIB en 2009.
Ambos países tenemos temas en común que en conjunto deben trabajarse, ambas naciones debemos resaltar el papel que desempeñan en el desarrollo económico y social, teniendo en cuenta su capacidad productiva y empleadora. Es fundamental favorecer su desarrollo e intercambio para que estos sectores se modernicen y puedan enfrentar los desafíos de la globalización. Chile y México han asumido el libre comercio como un camino necesario en el actual contexto internacional para alcanzar el bienestar ciudadano. Los acuerdos comerciales suscritos por ambos países, entre sí y con otras naciones o bloques comerciales, ratifican esa estrategia de desarrollo. Otro tema de gran importancia en el cual podemos compartir experiencias es el ambiental y que debería ser incluido en lo sucesivo por tratarse de un asunto de gran relevancia para un desarrollo equilibrado y sustentable de ambos países.
En la relación México-Chile se reconoce y aprecia el excelente nivel que se ha alcanzado en las relaciones entre ambos países, con múltiples coincidencias frente a los asuntos regionales y los principales temas de la política mundial, apreciando así el alto valor de la diplomacia parlamentaria. En esta instancia, los parlamentarios debemos desempeñar el papel que nos corresponde como representantes de la sociedad en sus diversas manifestaciones políticas y culturales.
A pesar de haber tenido un importante intercambio parlamentario entre ambas naciones desde comienzos de los años noventa, esta práctica se interrumpió en 2004. En la reunión parlamentaria celebrada en Valparaíso, Chile, se lograron avances y negociaciones de acuerdos y el Tratado de Libre Comercio.
Por lo anterior resulta impostergable restablecer las relaciones interparlamentarias México-Chile para impulsar y fortalecer la amistad entre nuestras dos naciones hermanas, contribuyendo con ello a elevar el diálogo político al más alto nivel, lo cual permitirá favorecer las coincidencias en los temas que nos son comunes en esta relación, profundizándola en todos los ámbitos y, de manera destacada, en el comercial, financiero, técnico, científico, educativo y cultural, para el beneficio de nuestros pueblos. Nuestro país seria el anfitrión de tan importante encuentro interparlamentario, por lo que es de suma importancia no retrasar más la designación de los representantes de esta soberanía para dicha interparlamentaria.
Con la medida planteada en el presente punto de acuerdo se impulsará la ejecución de una agenda binacional México-Chile, que deberá obedecer a una visión de Estado y de gestión compartida por el bien común.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se hace un atento y respetuoso exhorto a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Relaciones Exteriores para que analicen la posibilidad de una reunión interparlamentaria entre México y Chile, y que se nombre a los diputados que representen a esta soberanía.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2010.
Diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a realizar las gestiones conducentes a la pronta publicación del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN
Lucila del Carmen Gallegos Camarena, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que realice las gestiones necesarias a fin de lograr la pronta publicación del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La violencia de género se define, de acuerdo con el Grupo Interagencial de Género del Sistema Nacional de las Naciones Unidas en México, como cualquier violencia ejercida contra una persona en función de su identidad o condición de género, sea hombre o mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Las mujeres suelen ser las víctimas principales de tal violencia, debido a la situación de desigualdad y discriminación en la que viven.
De hecho, se debe entender a la violencia como la negación extrema de los derechos humanos de las mujeres, la cual refleja y refuerza los desequilibrios de poder entre mujeres y hombres. La violencia contra las mujeres es definida por la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la mujer de las Naciones Unidas como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada”
La dimensión de las consecuencias de la violencia con base en el género, es tan grave que no sólo viola los derechos humanos, también obstaculiza la productividad, reduce el capital humano y mina el crecimiento económico, generando costos sociales y económicos que repercuten en toda la sociedad.
Debido a la violencia, las mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para trabajar, pierden su sueldo, dejan de participar en actividades cotidianas y ven menguadas sus fuerzas para cuidar de sí mismas y de sus hijos.
En México, de acuerdo con el Sistema de Información Estadística para Mujeres y Hombres del Instituto Nacional de las Mujeres, en 2006, 43 por ciento de las mujeres del país fueron víctimas de violencia por parte de sus parejas. El 30 por ciento de las mujeres mexicanas de 15 años y más señaló haber tenido algún incidente de violencia en el ámbito laboral, 16 por ciento en la escuela, 40 por ciento en los espacios comunitarios y 18 por ciento en alguna dependencia pública.
Para combatir este problema, nuestro país ha realizado importantes esfuerzos, entre estos, se encuentra la aprobación y firma de diversos instrumentos internacionales y regionales en la materia como son: la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará), Convención Interamericana sobre Derechos Civiles y Políticos de la Mujer, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Declaración de Beijing.
Asimismo, esta honorable Cámara de diputados ha aprobado reformas substanciales a diferentes ordenamientos legales en la materia, entre las se encuentran la inclusión de la violencia intrafamiliar en los códigos Civil y Penal federales, así como la reciente Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta última con el objeto establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para el logro de sus objetivos esta ley dispone, entre otras cosas, la creación de un Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la elaboración de un programa integral, de cuyos avances la federación debe rendir un informe anual a este Honorable Congreso de la Unión.
Cabe destacar que de conformidad con el artículo 42 fracciones III y XII de la ley en comento, tanto la presidencia del sistema, como la elaboración del programa integral está a cargo de la Secretaría de Gobernación.
Al respecto, nos preocupa que, al día de hoy no contemos con una política nacional en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, misma que debe estar contenida en el programa integral que hasta la fecha no ha sido emitido por la Secretaría de Gobernación.
En virtud de lo anterior es que consideramos necesario exhortar a la Secretaría de Gobernación a fin de que gestione la pronta publicación del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con lo que además de dar cumplimiento a lo establecido en la ley, se estaría dando un importante paso en la lucha contra la violencia de género.
En atención a lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que realice las gestiones necesarias a fin de lograr la pronta publicación del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 9 de septiembre de 2010.
Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Semar que evalúe la viabilidad de instalar una estación naval en la presa La Amistad, de Acuña, Coahuila, para reforzar las estrategias de seguridad nacional y combate de la delincuencia organizada en esa zona fronteriza, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado Francisco Saracho Navarro, en nombre de los diputados, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Hugo Héctor Martínez González, Melchor Sánchez de la Fuente, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez y Noé Garza Flores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a discusión y, en su caso, aprobación la presente proposición con punto de acuerdo conforme con la siguiente
Exposición de Motivos
El 8 de septiembre de 1969, Gustavo Díaz Ordaz y Richard Nixon, presidentes de México y de Estados Unidos de América, respectivamente, inauguraron en Acuña, Coahuila, la presa La Amistad, misma que recibió su nombre en alusión a la amistad que une a estos países.
La presa está situada 1.5 kilómetros aguas abajo de la confluencia del río Devil’s con el Bravo, y a 23 kilómetros al noroeste de Acuña, Coahuila. Entre sus instalaciones, que se sitúan, tanto en territorio estadounidense como mexicano, destacan una planta generadora de electricidad, con capacidad de 160 millones de kilovatios por hora, así como una playa artificial denominada Tláloc.
Esta playa localizada del lado mexicano es un atractivo turístico, tanto para la población local como para la foránea, toda vez que ofrece la oportunidad de realizar diversas actividades recreativas y deportivas vinculadas a la pesca. También ha servido de escenario a encuentros turísticos y culturales.
La alta afluencia de visitantes de esa playa, además de generar una importante derrama económica para los prestadores de bienes y servicios turísticos locales, ha colocado a Acuña como una de las fronteras que más personas recibe en diversas temporadas del año, y dada la hospitalidad y cordialidad de su gente, es considerada “la ciudad de la amistad”.
Sin embargo, precisamente por ser Acuña una ciudad fronteriza, ésta, como todas las demás situadas en la división natural que separa a nuestro país de Estado Unidos de América, no ha escapado a la influencia de actividades delictivas propias de regiones fronterizas, tales como el tráfico de drogas, de migrantes, armas o, la trata de personas.
En ese contexto, los gobiernos mexicano y estadounidense acordaron incrementar las medidas de seguridad en la zona de la presa: redoblaron la vigilancia y cercaron la cortina y la central hidroeléctrica con una malla perimetral ciclónica coronada con alambre de púas. Además, elementos de la Dirección General de Aduanas, adscritos en Acuña, en colaboración con oficiales de la border patrol del sector Del Río, realizan operativos de revisión de vehículos y patrullajes para detectar cualquier tipo de contrabando, así como evitar el tráfico de personas e impedir que los migrantes que intentan llegar a los Estados Unidos arriesguen sus vidas.
No obstante esto, los acuñenses demandan de las autoridades federales reforzar su presencia y las actividades de seguridad en esa ciudad, particularmente en la presa La Amistad porque, al igual que las otras fronteras, Acuña es una zona vital para la seguridad nacional por lo que se requiere de presencia militar.
Sabedores de que la Armada de México está facultada para emplear el poder naval de la federación en la defensa exterior del país, así como para coadyuvar, tratándose de la seguridad nacional, en el combate de delitos como el terrorismo, contrabando, piratería, robo de embarcaciones, tráfico ilegal de personas, armas, estupefacientes o psicotrópicos, los diputados de Coahuila, en apoyo al sentir de los acuñenses que piden mayor seguridad para su integridad física y patrimonial, así como proteger la de los turistas nacionales e internacionales que visitan la presa La Amistad, consideramos que la instalación de una estación naval en dicha presa representa una opción viable y adecuada para atender aquellas legítimas demandas.
Por lo expuesto someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Secretaría de Marina que analice y evalúe la viabilidad técnica y operativa de instalar una estación naval en la vertiente de la presa La Amistad, situada en Acuña, Coahuila, a fin de reforzar las estrategias de seguridad nacional y combate a la delincuencia organizada en esa zona fronteriza.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2010.
Diputados: Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Miguel Ángel Riquelme Solís (rúbrica), Héctor Fernández Aguirre (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Tereso Medina Ramírez, Noé Garza Flores (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a los gobiernos de Jalisco y de Nayarit a destinar en su Presupuesto de Egresos de 2011 recursos adicionales a Puerto Vallarta y Costa Alegre, Jalisco, y Bahía de Banderas, Nayarit, para diversas obras que les permitan contar con infraestructura y servicios de calidad, acorde con la importancia de esos destinos turísticos, a cargo del diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
La inversión, conservación y modernización de infraestructura carretera, reconstrucción de puentes y la construcción de obras de infraestructura vial son los principales motores de reactivación económica y de generación de empleos en el país.
En el ejercicio fiscal de 2009, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) invirtió 19 mil 906 millones de pesos para construir y modernizar la red carretera federal. De ese monto, 603 millones se asignaron a Jalisco, lo que representa 3 por ciento de lo ejercido en ese programa.
A Nayarit no se asignó presupuesto en 2009 para ese rubro.
En el programa de construcción y modernización de corredores interestatales, de los mil 324 millones de pesos ejercidos en 2009 y 259 kilómetros construidos, Jalisco no tuvo asignación, y sólo se destinaron 93 millones de pesos para este programa en Nayarit.
Para obras de reconstrucción de puentes durante este año, la SCT asignó 567 millones de pesos; realizó con ello 121 obras en 28 estados. De éstas, en Jalisco se realizaron sólo 2 obras de reconstrucción de puentes federales.
Respecto a la inversión realizada en 2009 en rehabilitación de caminos rurales por el gobierno de Jalisco, el tercer informe estatal señala que la proporción de caminos rurales rehabilitados respecto al total estatal fue de 24.9 por ciento, lo que corresponde a una disminución de 3.4 por ciento respecto a lo rehabilitado en 2008, 28.3 por ciento.
En Cabo Corrientes, Tomatlán, San Sebastián del Oeste, Atengo, La Huerta y Cihuatlán, lo rehabilitado a agosto de 2009 correspondía a 44, 62, 84, 0, 0 y 27 por ciento, respectivamente, lo cual refleja un rezago importante en rehabilitación de caminos rurales en esta región.
Para 2009, el gobierno de Jalisco reporta la construcción de 54 kilómetros de la red de carretera estatal, que significa una disminución de 23 por ciento en comparación con lo construido en 2008, 70 kilómetros, y de 67 por ciento respecto a la nueva red carretera de 2006, con 166 kilómetros construidos.
Las cifras anteriores reflejan una importante disminución en Jalisco y en Nayarit en cuanto a recursos asignados para obras de construcción, conservación y modernización de infraestructura carretera, de construcción y conservación de puentes, de rehabilitación de caminos rurales, y de obras de infraestructura vial prioritarias, particularmente en Puerto Vallarta y Costa Alegre, Jalisco; y en Bahía de Banderas, Nayarit.
La madrugada del 31 de agosto de 2010, los habitantes de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas vivimos uno de los sucesos más desafortunados de los últimos años, derivado de las fuertes lluvias que azotaron a estos destinos, ocasionando el desbordamiento del río Ameca y la caída del puente del mismo nombre, que comunica diariamente a más de 25 mil personas de ambos municipios, y en el que lamentablemente perdió la vida una persona, desapareció otra, se hospitalizó a 2 más, y se paralizó por 12 horas la actividad económica y turística de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Además, se reportó la caída de 2 puentes más: Arroyo Seco y De los Menores, en la carretera libre Vallarta-Mascota; de otros 2 en el municipio Conurbado y de graves afectaciones a la infraestructura de comunicaciones y de servicios de diversos municipios de Nayarit.
Las oportunas acciones de los alcaldes de Puerto Vallarta, Jalisco, licenciado Salvador González Reséndiz, y de Bahía de Banderas, Nayarit, contador público Héctor Paniagua Salazar, así como la cooperación y disposición de los gobernadores de los estados afectados, licenciados Emilio González Márquez y Ney Manuel González Sánchez, de Jalisco y Nayarit, respectivamente, para solucionar este lamentable acontecimiento nos permitirá contar con recursos para enfrentar la contingencia y dar pronta respuesta a los habitantes, además del compromiso que asumió la SCT para reconstruir el puente que sustituirá el colapsado.
Por otra parte, el punto de acuerdo presentado ante el pleno el pasado martes 7 de septiembre para exhortar a las Secretarías de Gobernación, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a emitir la declaratoria de emergencia y de desastre natural respecto a los municipios de estas entidades permitirá acceder a recursos inmediatos del Fondo Nacional de Desastres y del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas para hacer frente a esta contingencia, reconstruir el puente colapsado y resarcir los innumerables daños materiales ocasionados por las fuertes lluvias de las ultimas semanas en Puerto Vallarta y de los municipios de Nayarit, incluido Bahía de Banderas.
No obstante lo anterior, esta contingencia nos hace reflexionar sobre el estado de conservación en que se encuentra la actual infraestructura vial, urbana, federal y rural, así como el de la infraestructura turística con que cuentan Puerto Vallarta y Bahía de Banderas a fin de estar en mejores condiciones para hacer frente a este tipo de contingencias y ofrecer servicios turísticos de calidad, acordes con la importancia que tienen, en beneficio de la población, de la economía y del turismo nacional y del extranjero que visita anualmente estos destinos de Jalisco y Nayarit.
La participación económica de Puerto Vallarta incide de manera importante en la actividad económica de Jalisco. Lo mismo sucede con Bahía de Banderas, como indican las siguientes cifras:
• La derrama económica generada por el turismo en Jalisco es de cerca de 28 mil millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Sectur de Jalisco para 2009, y para el cierre de 2010 se espera una derrama de 29 mil millones de pesos.
• De la derrama, Puerto Vallarta participa con 43 por ciento.
• La afluencia de turistas nacionales en Jalisco para el cierre de 2010 se calcula en 19 millones de visitantes y de 4 millones de turistas extranjeros, que en un gran porcentaje visita Puerto Vallarta, Jalisco.
• A lo anterior debemos agregar la afluencia y la derrama económica correspondientes a Costa Alegre y Bahía de Banderas, Nayarit, que también son muy importantes.
Por ello, señores legisladores, considero indispensable que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, la SCT, y los gobiernos de Jalisco y de Nayarit asignen mayores recursos a Puerto Vallarta y Costa Alegre, así como Bahía de Banderas, para la construcción, la conservación y el mantenimiento de obras de infraestructura carretera; construcción y conservación de puentes federales, rehabilitación de caminos rurales, y obras viales prioritarias: puentes peatonales, vialidades, túneles, pasos a desnivel, etcétera, con la finalidad de que estos destinos turísticos cuenten con infraestructura turística digna y acorde con su importancia y participación económica, que a su vez permita hacer frente de manera más eficaz a contingencias futuras y ofrecer servicios de calidad, en beneficio del turismo, del nivel de vida de la población y de Jalisco y Nayarit.
Por mencionar algunas de ellas, se requieren en Puerto Vallarta recursos adicionales para obras prioritarias, como la construcción del nuevo puente Río Ameca, el Museo de Arte, avenida Los Poetas, avenida Federación; y el paso a desnivel Las Juntas.
Recursos para continuar la construcción de la carretera federal 200, Puerto Vallarta-El Tuito, y realizar el tramo en la carretera Tuito-Chacala; la asignación de recursos para la construcción del puente de ingreso principal en San Francisco y de 2 puentes peatonales en Sayulita, en Bahía de Banderas, además de otras obras prioritarias en los municipios de la Costa Alegre.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a los gobiernos de Jalisco y de Nayarit a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos adicionales a Puerto Vallarta y Costa Alegre, Jalisco; y Bahía de Banderas, Nayarit, para la construcción, la conservación y el mantenimiento de obras de infraestructura carretera, construcción y conservación de puentes, rehabilitación de caminos rurales, y obras viales, que les permitan contar con una infraestructura y servicios de calidad, acorde con la importancia de estos destinos turísticos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.
Diputado Rafael Yerena Zambrano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a realizar una revisión integral sobre las políticas y los programas de protección de los derechos humanos de los migrantes que cruzan el territorio nacional, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Héctor Pedraza Olguín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a realizar una revisión integral de las políticas y de los programas de protección a los derechos humanos de los migrantes, a cargo del Instituto Nacional de Migración, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Los recientes acontecimientos en los cuales perdieron la vida 72 migrantes latinoamericanos en un rancho del estado de Tamaulipas el pasado mes de agosto, deben ser exhaustivamente investigados por las autoridades federales, no es posible que este tipo de actos de intimidación y crueldad por parte de la delincuencia organizada queden impunes.
El único propósito de mujeres y hombres por igual era llegar a los Estados Unidos para lograr el sueño americano y salir de la pobreza en que vivían; sufrieron en su lucha por encontrar las oportunidades de trabajo que requerían ellos y sus familias.
Toda la cadena de acontecimientos respecto del maltrato y extorsión que viven los migrantes para llegar y transitar por el territorio nacional rumbo al país del norte, se ha convertido para las autoridades responsables en un fenómeno común que no merece su atención, en todo caso, los dejan a su suerte y a merced de los grupos criminales que asolan a gran parte del país, ello tiene un nombre: corrupción e impunidad, corrupción por parte de las autoridades de todos los niveles, al extorsionarlos para su libre tránsito por el país e impunidad por no investigar y castigar a los responsables de los abusos que se cometen con ellos.
No es posible, que en un país como México se permita que sucedan este tipo de acontecimientos; la propia alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, condenó estos hechos y solicitó “una exhaustiva y transparente investigación sobre estos asesinatos”, y abogó por la preservación de la “dignidad de las víctimas, asegurándose de que serán identificadas y entregadas a sus familiares”.
Uno de los sobrevivientes, de acuerdo con lo publicado en la prensa nacional, el ecuatoriano Luis Freddy Lala Pomavilla, señaló a las autoridades mexicanas que los cuerpos encontrados en la fosa común son de inmigrantes latinoamericanos que pretendían entrar a Estados Unidos y que fueron asesinados por un grupo de narcotraficantes.
El presidente de México, Felipe Calderón, condenó el hecho y manifestó que ya se están haciendo las investigaciones correspondientes. Aseguró que lo sucedido responde a enfrentamientos entre líderes de los cárteles de droga que operan en la zona (cartel del Golfo y Los Zetas).
En este contexto, se intenta justificar tales hechos al señalar que es el resultado de la presión que ejerce el gobierno federal sobre estos grupos de delincuencia organizada, como si ello fuera un factor de éxito en su combate. No existe ninguna responsabilidad por parte de las instancias federales, no se quiere reconocer que existe impunidad en todos los acontecimientos que tienen que ver con el secuestro y violación de los derechos humanos de los migrantes, lo que representa un signo de ingobernabilidad.
El Instituto Nacional de Migración (INM ) es una instancia de seguridad nacional y tiene como misión, entre otras, coadyuvar en el combate a la trata y el tráfico de personas y garantizar el respeto de los derechos de los migrantes, obligaciones que en muchos de los casos que hemos conocido por la prensa nacional, no ha sido cumplidas a cabalidad, como es el caso del pasado reciente sobre la trata y desaparición de cubanos en el sureste de la república.
En el año 2000 se incorporó en el Reglamento de la Ley General de Población la facultad de la autoridad migratoria para crear grupos de protección a migrantes, lo cual es el sustento legal para la creación y funcionamiento de los Grupos Beta que coordina el INM, con la participación de los estados y municipios; dicha facultad en la práctica ha quedado rebasada por la realidad que vive el país, ya que la misma no ha sido motivo de revisión y actualización a la realidad por parte de la autoridad responsable de ello.
No es posible que transiten por el país 72 migrantes sin que las autoridades se den cuenta de ello; ¿cómo pasaron por Chiapas, Tabasco y Veracruz, hasta llegar a Tamaulipas?, ello es, por el enorme valor económico que representan, existe la burocracia corrupta y los programas que tiene la autoridad responsable hacia los migrantes, siguen sin dar resultados reales que podamos observar. El flujo y rutas de los migrantes son conocidos por las autoridades.
Hace poco más de dos años, en Quintana Roo, un camión oficial transportaba migrantes centroamericanos para deportarlos. En medio de la “nada”, así lo dijo uno de los agentes que iba en el operativo, apareció un grupo armado e interceptó violentamente el vehículo. Bajaron a los agentes de migración, los sometieron y se llevaron a los migrantes. Días después los “secuestrados” aparecieron en Ciudad Hidalgo, Texas. La Comisionada del Instituto Nacional de Migración aseguró que había mucha corrupción en la institución, la cual es evidente que hoy en día, la misma ha aumentado.
Con casos como el de Tamaulipas, se confirma que la política migratoria está desacertada, solo atiende la simple administración de los flujos migratorios, y no tiene un enfoque integral de protección y respeto a los derechos humanos de los migrantes. Ello aunado a la descomposición social, la impunidad y la corrupción de las autoridades; obliga a aplicar nuevas políticas y a modernizar los programas de atención y protección a los migrantes, tener autoridades confiables, establecer programas y acciones de política social hacia este grupo social.
La tragedia de los 72 migrantes, más el ciudadano ecuatoriano que salvó la vida, es un hecho que al no tener definida una política de Estado en materia de migración, será un episodio susceptible de repetirse muchas veces más. Estamos asediados por la corrupción y la complicidad; ante grupos organizados violentos, despiadados y corruptores; y ante seres humanos que por la falta de oportunidades de trabajo optan por convertir el sueño americano, en su mejor esperanza de vida, para tener un mejor porvenir.
La firma de convenios, el establecimiento de planes de comunicación, la difusión de los derechos de los migrantes, la denuncia de ilícitos, la creación de nuevos programas de atención a migrantes víctimas de la delincuencia, la creación nuevos albergues y el reforzamiento del número de elementos migratorios y policiacos, así como la creación de nuevas unidades administrativas; no van a resolver el problema de fondo, mientras no se ponga un alto a la corrupción y a la impunidad por parte de las autoridades responsables de la protección de los derechos humanos de los migrantes y se apliquen políticas migratorias que solo atienden administrativamente el tránsito de los migrantes por el territorio nacional.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisionada del Instituto Nacional de Migración a efectuar, en el ámbito de su competencia, la revisión integral de las políticas, programas y acciones que se aplican para la protección de los derechos humanos de los migrantes que cruzan el territorio nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2010.
Diputado Héctor Pedraza Olguín (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía expresa sus condolencias por el fallecimiento del escritor Germán Dehesa Violante, a cargo de la diputada Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía una propuesta con punto de acuerdo mediante el cual la Cámara de Diputados expresa sus condolencias por el sensible fallecimiento del escritor Germán Dehesa Violante.
Consideraciones
Nació el 1 de junio de 1944 en la Ciudad de México. Se graduó de ingeniería química y letras hispánicas por la UNAM, donde también fue catedrático por más de 40 años.
Germán Dehesa Violante se convirtió en una voz cotidiana y obligada de quienes viven la Ciudad de México, no sólo por su estilo peculiar y único para contar las historias diarias de la ciudad y de su vida misma, sino porque su pluma bien educada, caracterizada siempre por el humor fino y la aguda ironía, abordaba aspectos fundamentales para la vida de nuestro país.
Promotor cultural, defensor de causas sociales, escritor y periodista, comentarista deportivo, guionista, productor y actor; consiguió hacer del lenguaje su mejor aliado para cuestionar la realidad y convertirse en un voraz e inteligente crítico.
Como escritor cuenta con títulos como Adiós a las trampas , La familia (y otras demoliciones) , Cuestión de amor , Viajero que vas y Fallaste corazón , ¿Cómo nos arreglamos? prontuario de la corrupción de México y Las nuevas aventuras de El Principito , entre otros. Era un amante de la lectura y su más ferviente promotor.
Dramaturgo también, Germán Dehesa escribió obras como El gabinete de Belem , Borges con música , Pacto con botas o Monjas coronadas , y Tapadeus III .
Dirigió por más de 15 años la Planta de Luz, lugar en que muchos de nosotros nos encontramos con la música y la poesía. Dehesa siempre fue un personaje multifacético, espontáneo y libre.
En 2008, el Rey Juan Carlos I de España, lo condecoró con el Premio Internacional de Periodismo Don Quijote, por su artículo ¡Ah qué tiempos! publicado en la Gaceta del Ángel, del periódico Reforma. El jurado del premio convocado por la agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) resaltaron del trabajo de Dehesa, la “síntesis brillante entre el idioma español y el habla popular”, además de “la combinación imaginativa de las palabras que demuestra plasticidad, vitalidad y riqueza de la lengua de Cervantes”.
Germán Dehesa se convirtió en el primer mexicano en recibir este premio. Adicionalmente, el pasado 11 de agosto el escritor fue reconocido como ciudadano distinguido por el Gobierno del Distrito Federal, en el Teatro de la Ciudad.
Germán Dehesa Violante ejerció plenamente su profesión y su convicción de que el periodista es un intermediario entre el poder y la sociedad. Siempre generoso y presente, Dehesa fue solidario con diversas causas sociales; hizo de la generosidad y del amor a los otros una práctica cotidiana durante su vida.
La lectura y su escritura fueron instrumentos perennes de comunicación con el mundo. Cómo él mismo afirmaba, los libros “pueden ir creando una especie de mundo paralelo y entendiendo mejor este mundo. Casi como el lobo de Caperucita, para entenderte mejor... para eso leo, para eso escribo, para mirarte y entenderte mejor...”
Germán Dehesa fue un artista de nuestra lengua y cerró el último capítulo de su historia con “dignidad, fortaleza e integridad”, como quién sabe que ha sido bueno y justo y tiene la certeza de lo bien acabado. Dehesa Violante murió el pasado 2 de septiembre del año en curso, sentado en su sillón favorito en compañía de su familia y amigos más queridos.
Hoy más que nunca tienen validez e importancia sus palabras y propuestas. Hoy más que nunca debemos resaltar su permanente recordarnos que no debemos dormir tranquilos cuando algunos han actuado injusta e impunemente.
Hoy más que nunca debemos traer a la memoria sus palabras:
“Si supones que da lo mismo ser cobarde que ser valiente; que mientras no se metan conmigo (pero se están metiendo con todos) yo no me meto con nadie (cien años de soledad); si en tu familia que es “decente” no se estila manifestar con voz clara y audible descontentos y deseos y has sido entrenado en la intolerante noción de que no es de buen gusto ponerte de acuerdo con tu prójimo y aceptarlo y respetarlo y, llegado el momento, hacer causa común con ése que consideras no tan sólo distinto, sino inferior. Si consideras que sólo tu familia, tu grupo, tu tribu, tu etnia, tu iglesia son los únicos y exclusivos dueños de la verdad, del bien y de los valores: acuérdate del porvenir.”
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados expresa a su familia las más sentidas condolencias por el lamentable fallecimiento del escritor Germán Dehesa Violante; una gran pérdida para las letras y la sociedad mexicana.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 7 días del mes de septiembre de 2010.
Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a autoridades del Distrito Federal respecto a las mesas de trabajo con los vecinos de los asentamientos humanos de La Magdalena Contreras para atender diversos servicios urbanos, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, una propuesta con punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades del Distrito Federal a reanudar las mesas de trabajo con vecinos de los asentamientos humanos ubicados en la delegación La Magdalena Contreras para la atención de diversos servicios urbanos de primera necesidad y la mitigación de riesgos, bajo los siguientes
Antecedentes
1. La delegación La Magdalena Contreras muestra un proceso de crecimiento urbano identificado y tangible que requiere el compromiso social con los habitantes de la delegación. Es obligación del gobierno del Distrito Federal actuar en cumplimiento a los principios de simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia, e imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.
2. De conformidad con el programa delegacional vigente para La Magdalena Contreras, publicado el 28 de enero de 2005 se contempló que aquellas viviendas que se localizan dentro del polígono clasificado como de riesgo como son Tierra Colorada, Gavillero, Ixtlahualtongo, Chichicaspa, Cazulco, entre otros y que la zonificación es habitacional rural baja densidad, habitacional rural, habitacional rural con comercio y servicios y equipamiento rural, se verán beneficiadas con la zonificación, siempre y cuando cumplan con la dictaminación del nivel de riesgo favorable, emitido por la Dirección General de Administración Urbana de la Seduvi...”
3. Que de conformidad con dicho programa las zonas sujetas al programa de regularización definidas para los polígonos denominados: El Capulín, Ampliación Lomas de San Bernabé, Tierra Unida, El Ermitaño, Meyuca, Crecencio Juárez Chavira, Lindero de la Cañada, El Ocotal, Pipico, Mina Vieja, El Gavillero, Subestación, Ex hacienda Eslava, Rinconada Tabaqueros, Ladera de Chisto, Cazulco y Tierra Colorada, tendrán zonificación HR/2 (habitacional rural/2) en zona habitacional y ER (equipamiento rural) en las áreas definidas para equipamiento rural básico.
4. Que es una realidad que en dichos asentamientos en proceso de regularización contemplados en el programa delegacional, habitan miles de familias del Distrito Federal que viven en un alto grado de marginalidad que carecen además de muchas otras cosas, de la infraestructura urbana básica para resolver sus necesidades cotidianas y las situaciones de riesgo e inseguridad a las que se enfrentan cada día, pese a existir un programa delegacional vigente que va dirigido a mejorar las condiciones de vida de los contrerenses.
5. Que el 8 de enero de 2008, esta soberanía aprobó un punto de acuerdo en el que se exhortaba a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para que se iniciará del proceso de revisión en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la delegación La Magdalena Contreras, para evaluar los objetivos y metas establecidos en el programa vigente, de igual forma se exhortó a la secretaría para que regularizará la situación que prevalece en relación con diversos asentamientos humanos que no están contemplados en el programa delegacional vigente y que se encuentran consolidados para que sean considerados como suelo urbano. De igual forma, el tercer resolutivo solicitaba que derivado de la revisión se estableciera una línea de conservación ecológica que permita la planeación de espacios abiertos y áreas verdes, así como vialidades y preservación de barrancas y, finalmente, que derivado de la revisión se establezcan mejores condiciones de vida para los habitantes de la delegación La Magdalena Contreras.
6. Asimismo, el 30 de mayo del 2008, cientos de familias de las zonas, asentamientos humanos y colonias denominados: El Mirador, Tierra Colorada, Chichicaspa, Totolapan, Ixtlahualtongo, Tecutlapan, Surco de Encinos, El Rincón, Ladera de Chisto, Cazulco-Ocotenco, La Carbonera, La mesita, El ermitaño, El Ocotal, Atacaxco, Lomas de San Bernabé, Pipico, Gavillero, Subestación y de la Ex hacienda Eslava solicitaron la intervención del jefe del gobierno del Distrito Federal, para que se les brindara atención en los siguientes rubros: inicio y en algunos casos conclusión de las obras de introducción y mejoramiento de los servicios urbanos a cargo de la delegación en las zonas urbanas y zonas sujetas a regularización contempladas en al programa delegacional vigente; un plan emergente de atención con motivo de la temporada de lluvias, con la finalidad de mitigar y prever cualquier contingencia hidrometeorológica, así como la revisión del programa delegacional vigente para la evaluar la factibilidad de mejorar las condiciones de vida de dichos asentamientos humanos.
7. Derivado de los hechos previamente señalados y en consecuencia se iniciaron mesas de trabajo los días 4, 11, 18, 25 de junio y 22 de julio de 2008, con la asistencia de representantes de las Secretarías de Gobierno, de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como la Dirección General de Asuntos Agrarios, en estas reuniones se planteó:
a. Las solución de las necesidades y requerimientos de introducción de servicios públicos e infraestructura urbana y la conclusión de las obras que ya han sido iniciadas pero que ésta ha sido ineficaz para atender debidamente las necesidades de la población , pese a que son zonas sujetas a regularización de conformidad con el programa delegacional vigente.
b. La atención y revisión de las condiciones de marginalidad, riesgo y alta vulnerabilidad en que viven las y los habitantes de asentamientos humanos consolidados en algunos casos desde hace 20 años y de los sujetos al programa de regularización, en los cuales habitan cientos de familias que llegaron a esos terrenos adquiridos de buena fe a terceros que abusando de la necesidad, pobreza y en muchos casos de la ignorancia de la ley compraron o celebraron convenios y cesiones de derechos sobre la titularidad o posesión de éstos, así como la revisión del programa delegacional vigente para la evaluar la factibilidad de mejorar las condiciones de vida de dichos asentamientos humanos.
Considerando
I. Que contar con servicios urbanos es un derecho fundamental de los habitantes de la Ciudad de México, sobre todo si las zonas para los cuales se solicitan están ubicada en suelo urbano, están sujetas a regularización de conformidad con el programa delegacional vigente en La Magdalena Contreras y se cuenta con recursos públicos destinados para estos fines.
II. Que para las autoridades del gobierno del Distrito Federal debe ser una prioridad la atención de las situaciones de riesgo en que viven los habitantes de la ciudad y garantizar su seguridad, la de sus familias y sus bienes.
III. Que el gobierno del Distrito Federal es un gobierno comprometido con quienes menos tienen, sensible de las demandas sociales y cuenta con las atribuciones y facultades de ley para dar atención a la problemática planteada.
Por lo expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y al órgano político administrativo en La Magdalena Contreras para que, a través de los representantes que designe, se reanuden las mesas de trabajo con las y los habitantes de los asentamientos humanos referidos en el cuerpo del presente y se dé continuidad a los acuerdos tomados en éstas.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para que se inicien los trabajos de revisión del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en La Magdalena Contreras que permitan determinar la factibilidad de mejorar las condiciones de vida de las y los habitantes de los asentamientos humanos en dicha demarcación.
Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y al órgano político administrativo en La Magdalena Contreras se dé continuidad a las mesas de trabajo y a los acuerdos relativos a la solución de las necesidades y requerimientos de introducción de servicios públicos e infraestructura urbana y la conclusión de las obras que ya han sido iniciadas pero que se encuentran inconclusas, pese a que se encuentran en zonas sujetas a regularización de conformidad con el programa delegacional vigente en La Magdalena Contreras.
Cuarto. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y al órgano político administrativo en La Magdalena Contreras para que se dé continuidad a las mesas de trabajo y a los acuerdos relativos a la atención y revisión de las condiciones de marginalidad, riesgo y alta vulnerabilidad en que viven las y los habitantes de asentamientos humanos consolidados y de los sujetos al programa de regularización.
Palacio Legislativo, a 14 de septiembre de 2010.
Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exigen la libertad de los mineros de Cananea y Esqueda, Sonora, y la solución definitiva del conflicto laboral, con base en el respeto de sus empleos, del contrato colectivo de trabajo y del sindicato minero, suscrita por los diputados José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (PT), Juan Enrique Ibarra Pedroza (PT) y Miguel Ernesto Pompa Corella (PRI)
Punto de acuerdo de obvia y urgente resolución sobre Cananea y Esqueda
Considerandos
1. Que los mineros de Cananea llevan más de tres años en huelga y, a pesar de los esfuerzos de la empresa en su contra, ésta nunca pudo declararse ilegal.
2. Que de manera sorpresiva, la empresa logró una resolución de terminación de las relaciones laborales y ofreció liquidación a los mineros, ofrecimiento ha sido rechazado hasta la fecha por la inmensa mayoría de los mineros.
3. Que el sindicato del que forman parte los citados mineros logró una suspensión provisional por vía de un amparo, obligando a la Policía Federal a salir de la mina (que se hallaba tomada por éstas desde la resolución en favor de la empresa) y a volver al estado de cosas anterior a la citada resolución.
4. Que los dueños de la mina, el Grupo México de Germán Larrea, ha recibido todo el apoyo del gobierno estatal y federal acorralando a los mineros de manera permanente.
5. Que a pesar de que el gobierno federal abrió una mesa de diálogo y negociación en la Secretaría de Gobernación, la empresa nunca se ha sentado a esa mesa.
6. Que en los hechos, el único ofrecimiento a los mineros es que se liquiden.
7. Que sumado a lo anterior, en Esqueda, Sonora, se encuentra la fundidora que trabaja el mineral que sale de Cananea y que, los 890 trabajadores de este lugar, decidieron volver al sindicato nacional minero, por lo cual fueron despedidos 40 trabajadores, dentro de ellos sus líderes y, se mantiene cerrada la empresa, bajo amenaza de cierre definitivo si los trabajadores mantienen su decisión de reintegrarse al citado sindicato (leer volante).
8. Que el martes 7 de septiembre y el miércoles 8 del mismo se dieron en Cananea enfrentamiento s entre trabajadores “terceros” y mineros dejando como saldo varios heridos.
9. Que el miércoles 8 de septiembre, fueron detenidas 26 personas sin orden de aprehensión, producto de los enfrentamientos. Ante la gravedad de las cosas, la Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática surgida de los conflictos mineros del país acordó trasladarse al lugar de inmediato, por lo cual los diputados Pompa Corrella y Fernández Noroña se desplazaron a Cananea el 9 de septiembre.
10. Los citados diputados se reunieron con el alcalde de Cananea con un militar de la zona correspondiente, con los mineros y acudieron a Agua Prieta, donde estaban los detenidos, y ahí se reunieron con el subprocurador Bonilla y vieron a los detenido.
11. Después de estas reuniones la comisión se hizo de una idea más precisa de lo que ahí había sucedido y se enteró que, de los 26 detenidos, todos aprehendidos sin la orden correspondiente, 3 eran trabajadores “terceros” (trabajadores de empresas que Grupo México ha introducido en la mina a laborar a pesar de la huelga) que fueron liberados de inmediato; otro, un menor que fue liberado el 9 de septiembre, un par de horas antes de que los diputados Pompa y Fernández Noroña llegaran a visitar a los detenidos en Agua Prieta; y los 22 restantes ahí permanecían, en espera de la resolución del Ministerio Público.
12. Que de los 22 restantes eran mineros a excepción de un hombre que sostenía haber sido detenido sin más por donde iba caminando.
13. Que todos los detenidos fueron apresados en diversas horas y lugares, sometidos con violencia, incomunicados durante horas y se les negó la asistencia de su abogado particular, asignándoles abogados de oficio. A varios de ellos se les negó el derecho a leer su declaración y una decena se dolía de que se les tuvo esposados toda la tarde y noche del día 8 y lo que iba del día 9 y que se les había liberado de las esposas hasta casi la llegada de los citados diputados.
14. Que la noche del 9 de septiembre, después de regresar de Agua Prieta, los citados diputados se reunieron con Hermosillo con el secretario de gobierno, Héctor Larios.
15. Que en la citada reunión, los legisladores le expresaron al funcionario sus impresiones y la preocupación de que la detención era un claro acto de represión, pues a pesar de que las autoridades sostenían tener identificado al que disparo contra los “terceros”, hiriendo de bala a dos de ellos, éste no estaba detenido y si se pretendía acusar de intento de homicidio a los mineros detenidos.
16. Que plateamos con claridad y firmeza que los detenidos eran, desde nuestro punto de vista, presos políticos y que Esqueda se perfilaba como un conflicto similar al desatado en Cananea.
17. Que al día siguiente, a pesar de las irregularidades en las detenciones y de lo endeble de las acusaciones, los 22 detenidos fueron consignados.
18. Que a la fecha, 21 detenidos alcanzaron su libertad bajo fianza y uno está detenido con acusaciones de tal gravedad que no le dio ese derecho.
19. Que el conflicto en Cananea no se resolverá por la fuerza y mandando a los mineros a la calle y que Esqueda se perfila como otro grave conflicto en la región.
20. Que el Grupo México se niega a respetar el derecho de los trabajadores a decidir su sindicato y sus liderazgos
21. Que el citado grupo empresarial actúa con absoluta prepotencia y que, los gobiernos estatal y federal sirven sin recato a los intereses de la citada empresa.
22. Que para colmo de las ironías, Cananea es considerada la cuna de la Revolución y que en el centenario de ésta se vuelve a repetir la historia de despidos y represión.
23. Que urge encontrar una solución que pase por el restablecimiento de la fuente de empleo, el respeto al CCT y al sindicato de mineros y trabajadores de la fundidora.
24. Que el proceso legal que se sigue al líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, se decide en los tribunales y en ningún otro lugar.
25. Que los conflictos citados pueden terminar en una tragedia mayúscula pues mineros y trabajadores están siendo acorralados hasta la desesperación.
La honorable Cámara de Diputados decide de obvia y urgente resolución
Primero. Exigir la liberación de los mineros procesados y el castigo a los verdaderos responsables de la agresión con armas de fuego durante los enfrentamientos del 7 y el 8 de septiembre.
Segundo. Citar al secretario de Gobernación, Francisco Blake, a la empresa Grupo México y al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana a una mesa de solución del conflicto para resolver en definitiva los litigios en Cananea y Esqueda, solución que pasa por el restablecimiento de la relación laboral del CCT y del derecho de los trabajadores a decidir en libertad su sindicato.
Tercero. Todas las tareas que deriven del presente acuerdo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.
Diputados: Miguel Ernesto Pompa Corella, Gerardo Fernández Noroña (rúbrica), Enrique Ibarra Pedroza.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a dictaminar lo conducente sobre las denuncias presentadas respecto a las sistemáticas acciones y declaraciones de la jerarquía católica contra las leyes e instituciones del país, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia
Quien esto suscribe, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, de conformidad a nuestra Constitución Política y nuestras leyes, procesa a dictaminar lo conducente relativo a las denuncias presentadas con respecto a las sistemáticas acciones y declaraciones de la jerarquía católica en contra de nuestras leyes e instituciones del país, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
1. El artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resguarda la libertad de todos los mexicanos de profesar la creencia religiosa que más les agrade. Pero también expresa que todos los que profesan alguna religión deben conducirse en el marco de la ley. Es un imperativo elemental del derecho, que todos estamos obligados a cumplir sin distinción alguna.
2. En el artículo 130 donde se establece el principio histórico y constitucional de la separación del estado y las iglesias, nuestra Carta Magna explicita que las iglesias y demás agrupaciones religiosas no sólo deben sujetarse a la ley, sino también que tienen el deber de no oponerse, por ningún motivo, a nuestras leyes e instituciones de la república.
3. En la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en el artículo 25, se mandata a la Secretaría de Gobernación como la encargada de aplicar la ley. El artículo 29 dicta las infracciones a la misma, dentro de las cuales está la de “oponerse a las leyes del país o a sus instituciones”. Y el artículo 30 de la ley señala el procedimiento para la aplicación de las sanciones.
4. Y, por si aún existieren dudas respecto a las competencias de la Secretaría de Gobernación, la fracción XVIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mandata a la misma a “vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas”.
5. Señoras y señores legisladores. Hay que decirlo claramente. La Constitución Política y las leyes correspondientes son muy claras en materia de cultos. No hay duda en su interpretación. Los prelados de la iglesia católica, una y otra vez, han estado oponiéndose a las leyes y a las instituciones de la república. Las concesiones que el otrora presidencialismo les otorgó, en 1992, a todas las iglesias y las agrupaciones religiosas para que obtuvieran personalidad jurídica y poseyeran bienes para sus servicios, no significa que ahora los señores de las iglesias se sientan con el derecho de oponerse constantemente a nuestras leyes e instituciones.
6. También que quede claro. No estamos hablando de limitar su libertad de expresión. Porque una cosa es disentir en las ideas y otra, querer imponer las leyes divinas por sobre las terrenales como suele inducir a sus fieles, de una manera reiterativa, el señor Norberto Rivera. O las declaraciones retadoras y difamatorias que el señor obispo Juan Sandoval Íñiguez hizo recientemente cuando se refirió al máximo tribunal de este país, y que fue secundado por el vocero de la arquidiócesis Hugo Valdemar. Y ya no digamos del obispo Onésimo Zepeda, que no pierde ocasión para burlarse del carácter laico del Estado mexicano. Que, por cierto, es de los personajes que utiliza el viejo estilo del besamanos con nuestra distinguida clase política, en ocasión de sus onomásticos, Y vaya como ésta se rinde ante su poder alcanzado en el estado de México.
7. Además de la oposición permanente de los señores prelados de la iglesia católica a nuestras leyes e instituciones, para nadie es un secreto los nexos y la complicidad que muchos miembros de la iglesia católica tienen y han tenido con señalados curas pederastas. Las investigaciones periodísticas y de especialistas están ahí, y nadie ha sido capaz de desmentirlas fehacientemente. Porque si fueran falsas o si se incurriera en faltas a la moral de los prelados de la iglesia católica, con justo derecho ya hubiesen procedido legalmente. Pero no ha sido así. Y como dice un principio del derecho, el que calla otorga.
8. Y lo más grave de todo esto es que los gobiernos en turno no han estado a la altura para defender al Estado mexicano y hacer respetar sus instituciones y sus leyes. Las denuncias están ahí. No queremos nuevas omisiones ni fueros clericales, como tampoco estamos solicitando que se infrinja la ley para sancionar a rajatabla a los prelados de la iglesia católica. ¡No! Estamos exhortando al Ejecutivo federal para que, de conformidad con nuestras leyes, proceda de forma rápida y expedita a dictaminar lo conducente. Porque es de vital importancia y de salud pública que el Estado mexicano se revitalice. Todo mundo tiene el inalterable derecho de disentir, pero nadie debe arrogarse la permanente decisión de debilitar a nuestras instituciones y desacreditar a nuestras leyes.
En consecuencia y por lo expuesto anteriormente, someto a la discusión y eventual aprobación por el pleno de esta honorable asamblea el presente.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, de conformidad a nuestra Constitución Política y nuestras leyes, proceda a dictaminar lo conducente relativo a las denuncias presentadas con respecto a las sistemáticas acciones y declaraciones de la jerarquía católica en contra de nuestras leyes e instituciones del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.
Diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer por la SCT y la Dirección General de Aeronáutica Civil procedimientos de regulación de las tarifas aéreas en el mercado nacional, a cargo de la diputada Georgina Trujillo Zentella, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Georgina Trujillo Zentella, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a establecer mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Dirección General de Aeronáutica Civil procedimientos de regulación de las tarifas aéreas en el mercado nacional.
Exposición de Motivos
A partir del 12 de mayo de 1995, con la publicación de la Ley de Aviación Civil, se estableció un nuevo marco regulatorio para el transporte aéreo en México, que introdujo nuevos conceptos, entre los que destaca la liberación de tarifas de los servicios domésticos, como se define en el artículo 42 de dicha ley:
Los concesionarios o permisionarios fijarán libremente las tarifas por los servicios que presten, en términos que permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.
Las tarifas internacionales se aprobarán por la secretaría de conformidad con lo que, en su caso, se establezca en los tratados.
Las tarifas deberán registrarse ante la secretaría para su puesta en vigor y estarán permanentemente a disposición de los usuarios.
La secretaría podrá negar el registro de las tarifas fijadas por los concesionarios o permisionarios si las mismas implican prácticas depredatorias, de carácter monopólico o de dominancia en el mercado o una competencia desleal que impida la permanencia en el mercado de otros concesionarios o permisionarios, y podrá establecer niveles tarifarios mínimos o máximos, según sea el caso, para los servicios respectivos, a fin de ordenar dichos niveles, con objeto de fomentar la sana competencia...
Asimismo, para evitar prácticas monopólicas y asegurar una competencia efectiva en el mercado, la Ley de Aviación Civil establece un mecanismo de vigilancia, corrección y regulación, que claramente se detalla en el artículo 43:
Cuando la secretaría, por sí o a petición de la parte afectada, considere que no existe competencia efectiva entre los diferentes concesionarios o permisionarios, solicitará la opinión de la Comisión Federal de Competencia para que, en su caso, la secretaría establezca bases de regulación tarifaria. Dicha regulación se mantendrá sólo mientras subsistan las condiciones que la motivaron.
En la regulación, la secretaría podrá establecer tarifas específicas para la prestación de los servicios, así como mecanismos de ajuste y periodos de vigencia.
Los concesionarios y permisionarios sujetos a tal regulación podrán solicitar a la Comisión Federal de Competencia que emita opinión sobre la aplicación y subsistencia de tales condiciones.
Sin embargo, después de la liberación de las tarifas se han suscitado eventos en el mercado que han puesto de manifiesto la necesidad de un procedimiento de monitoreo de precios que detecte oportunamente tendencias que amenacen el eficiente progreso de los servicios de transporte aéreo, así como una regulación de las tarifas aéreas en el mercado nacional.
Un factor que, además, coincidió en tiempo con la liberación de las tarifas aéreas fue la recomposición de la oferta de servicios con la entrada en el mercado de nuevas empresas con estructuras de costos diferentes de las de las aerolíneas que tradicionalmente atendían el mercado, como fue el caso de la aparición de Taesa, que contaba con una oferta de tarifas muy bajas con relación a las del resto del mercado, lo que provocó una guerra tarifaria en los servicios nacionales que golpeó severamente a todas las líneas aéreas mexicanas.
Asimismo, unos meses después de la liberación de tarifas, se manifestó una controversia sobre prácticas monopólicas de Cintra, la empresa tenedora de acciones de Aerovías de México, de la Corporación Mexicana de Aviación y de sus filiales, constituida el 23 de mayo de 1995 para la capitalización de pasivos y la reestructuración financiera de esas aerolíneas en la cual, de acuerdo con el presidente de la Comisión Federal de Competencia, se detectaron abusos en las tarifas de algunos destinos, principalmente turísticos, donde los precios eran impuestos por la empresa, como es el caso de Huatulco, Ixtapa, el Bajío y Veracruz.
Este fenómeno se ha incrementado en los últimos años, derivado del aumento en la demanda de boletos en las diferentes temporadas vacacionales, lo que ha provocado el encarecimiento de las tarifas aéreas: hasta tres veces más que el precio regular.
De acuerdo con un comparativo de precios, las tarifas para volar a destinos como Cancún, Mazatlán, Puerto Vallarta y Los Cabos se incrementan más del doble, según la aerolínea, además de que presentan una limitada disponibilidad.
Incluso, las tarifas para viajar a algunos destinos turísticos del país superan los de ciudades internacionales como Nueva York y Los Ángeles.
Por ejemplo, la cotización de un vuelo redondo México-Cancún, saliendo el 28 de marzo, día que inicia la Semana Santa, y regresando el 4 de abril, fecha en que concluye, era de hasta 10 mil 400 pesos si se contrataba con Mexicana, mientras que en Aeroméxico se ubicó en 7 mil 500 pesos.
Asimismo, las aerolíneas “de bajo costo” también elevaron de manera considerable los precios, ya que aun cuando en temporada regular un vuelo a Cancún se puede encontrar en 2 mil 500 pesos, actualmente Volaris lo cotiza entre 7 mil y 9 mil pesos.
Aunado a lo anterior, en este año la suspensión de manera indefinida de Grupo Mexicana (Mexicana de Aviación, Mexicana Link y Mexicana Click), el pasado 28 de agosto, ha perjudicado a los viajeros ya que, además de la saturación, hay el problema del precio del pasaje, que en algunos destinos aumentó hasta 100 por ciento, como el caso de la ruta Guadalajara-Tijuana, donde el pasajero tiene que pagar, en caso de encontrar un asiento disponible, hasta 4 mil pesos, no los 2 mil que costaba el boleto hasta antes de la crisis de Mexicana.
Una de las razones es que los pasajeros que ya no pueden tomar los vuelos directos que operaba en exclusiva Mexicana ahora son obligados a recurrir a viajes con escalas, lo que aumentó los costos de las rutas y saturó los aviones.
Por ejemplo, un vuelo Guadalajara-Mexicali, que tenía un costo de alrededor de 4 mil 500 pesos con Mexicana, ahora se oferta hasta en 8 mil con otras líneas aéreas. De la misma forma, un viaje redondo Tabasco-Ciudad de México, que costaba 3 mil 800, actualmente se ofrece en 4 mil 900.
El disparo de los precios inició a principios de agosto, cuando la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes señaló que un vuelo sencillo Guadalajara-Los Ángeles costaba 6 mil pesos, lo que antes valía uno redondo.
En mérito de lo expuesto, someto a su elevada consideración el presente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a solicitar la intervención de la Comisión Federal de Competencia para que se establezcan procedimientos de regulación y vigilancia tarifaria, así como la definición de tarifas máximas de acuerdo con el precio promedio observado el año anterior, por los efectos del alza de tarifas aéreas derivada de la suspensión indefinida, en agosto de 2010, de las operaciones de Grupo Mexicana, en consonancia con lo que dicta el artículo 43 de la Ley de Aviación Civil.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.
Diputada Georgina Trujillo Zentella (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones de esta soberanía a observar cuando elaboren y aprueben dictámenes los principios y las obligaciones establecidos en el artículo 2o. de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se instruye al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género que por sí, o en coordinación con la institución de educación superior que el mismo defina, elabore un programa de capacitación permanente y obligatorio sobre la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo legislativo dirigido a las y los legisladores así como a su equipo técnico, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La igualdad es la piedra angular de toda sociedad democrática que aspire a la justicia social y a la realización de los derechos humanos. En prácticamente todas las sociedades y esferas de actividad la mujer es objeto de desigualdades en las leyes y en la práctica. Aunque las causas y las consecuencias puedan variar de un país a otro, la discriminación contra la mujer es una realidad muy difundida que se perpetúa por la supervivencia de estereotipos y de prácticas y creencias culturales y religiosas tradicionales que perjudican a la mujer.
Preocupada por este fenómeno social la comunidad internacional ha reconocido la no discriminación como un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos, que está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aprobada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La CEDAW enuncia, en una forma jurídicamente vinculante, es decir, obligatoria para los estados parte, los principios aceptados internacionalmente sobre los derechos de la mujer, bajo una premisa básica: la “prohibición de todas las formas de discriminación contra la mujer”, entendida ésta como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.
Entre las obligaciones que emanan de esta convención, se encuentran las establecidas en su artículo 2, que a la letra versa:
“Artículo 2.
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;
g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.”
Lamentablemente, aún cuando nuestro país forma Parte de la CEDAW y a pesar de los importantes esfuerzos que se han realizado para dar cumplimiento a esta convención, la discriminación sigue siendo un problema persistente en los diversos ámbitos de nuestra vida cotidiana, las cifras así lo indican:
De acuerdo al índice de discriminación salarial calculado para el año 2008, es necesario incrementar en promedio 9.5 por ciento el salario que se les paga a las mujeres para lograr la equidad salarial;
Se estima que en 2009, 76.8 hombres de 14 años y más de cada cien participaron en alguna actividad económica, y sólo 41.1 de cada cien mujeres del mismo grupo de edad lo hicieron;
En el año 2005, la tasa de analfabetismo de hombres era de 6.8 hombres analfabetas por cada cien hombres, mientras la tasa de mujeres era de 9.8.
En muchas ocasiones estas situaciones de desigualdad son generadas por normas legales que, aún cuando deberían ser el medio para combatir la discriminación, con frecuencia son precisamente las que, de forma activa o pasiva, alientan las prácticas discriminatorias.
En este sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, mecanismo de seguimiento al cumplimiento de la CEDAW, con motivo del análisis del sexto informe periódico de México, emitió sus observaciones finales, entre las que se encuentra la siguiente:
El Comité insta al estado parte a que conceda una alta prioridad a la armonización de las leyes y las normas federales, estatales y municipales con la convención, en particular mediante la revisión de las disposiciones discriminatorias vigentes, con el fin de garantizar que toda la legislación se adecue plenamente al artículo 2 y a otras disposiciones pertinentes de la convención. El comité insta al estado parte a que ponga en marcha un mecanismo eficaz para asegurar y supervisar este proceso de armonización.
Recomienda que el estado parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la convención y las recomendaciones generales del comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el poder judicial y los abogados a nivel federal, estatal y municipal.
La presente proposición tiene como objeto contribuir a la atención de esta observación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, a través de un exhorto a las comisiones de esta honorable Cámara de Diputados para que observen los principios y obligaciones internacionales contenidas en el artículo 2 de la CEDAW en la elaboración y aprobación de dictámenes, pero, su finalidad primordial es, sin duda alguna, que nuestro trabajo legislativo abone a favor de la igualdad de género y de la no discriminación para que la vida de todas las mujeres de nuestro país, esté cada día llena de nuevas oportunidades.
En atención a lo expuesto, someto a consideración de ésta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las comisiones de ésta honorable Cámara de Diputados para que observen los principios y obligaciones internacionales establecidas en el artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, al momento de elaborar y aprobar dictámenes
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.
Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a diseñar y operar un programa integral para proteger la citricultura nacional frente a la plaga de la diaforina y el huanglongbing, a cargo del diputado José María Valencia Barajas, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, José María Valencia Barajas, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, donde se exhorta al Poder Ejecutivo federal a diseñar y operar un programa integral para proteger la citricultura nacional de la plaga de la diaforina y de la enfermedad huanglongbing (HLB), al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. La actividad citrícola en el país se desarrolla en alrededor de 526 mil hectáreas, donde a la naranja corresponde 68 por ciento, al limón mexicano 20, al limón persa 5.2, a la toronja 3.2 y a otros cítricos 3.6 por ciento. Esta actividad involucra a 67 mil productores, genera 70 mil empleos directos y 250 mil indirectos, además de que para su desarrollo se contratan alrededor de 28 millones de jornales al año. La producción anual es del orden de 6.7 millones de toneladas y su valor es de alrededor de 8 mil 50 millones de pesos.
2. La citricultura en México está en grave riesgo, debido a que recientemente se ha detectado una peligrosa enfermedad, que ha amenazado a esta importante actividad agrícola desde hace varios años. Se trata de la HLB, conocida también como “dragón amarillo” o “enverdecimiento”. Este mal es producido por la bacteria Candidatus liberibacter sp, de la cual se conocen las especies asiaticus, africanus y americanus. La enfermedad es transmitida de manera muy importante y de forma muy eficiente por el insecto de origen asiático diaforina (Diaphorina citri) y a través de injertos.
3. Como consecuencia de esta peligrosa enfermedad, a la fecha se ha reportado a nivel mundial, la muerte de 65 mil 450 millones de árboles de cítricos; distribuidos de la siguiente manera: 50 millones en Asia, 10 millones en África, 5 millones en Brasil y 450 mil en Estados Unidos. Se estima que esta enfermedad es una de las más nocivas para la citricultura, incluso mucho más que la tristeza de los cítricos.
4. Entre julio y agosto de 2009 se detectó la presencia de HLB en Quintana Roo y para noviembre en Jalisco y Nayarit; en 2010, en Campeche y Colima.
5. La diaforina (Diaphorina citri) es el insecto que de manera muy eficiente transmite la peligrosa bacteria, que produce el huanglongbing, por primera vez fue descubierta en Asia en 1907, sesenta años después se descubre en Brasil y posteriormente en Florida y en las islas del Caribe. En México se detectó en 2002, en la península de Yucatán; es decir, siete años antes que se percibiera la peligrosa enfermedad multicitada. A la fecha esta plaga se encuentra prácticamente en todas la entidades productoras de cítricos, tanto por el Golfo como por el Pacífico.
6. Los síntomas de la enfermedad en el ámbito mundial se han identificado básicamente en los cítricos dulces. Sin embrago, aquí el mal se ha detectado sobre todo en el limón mexicano. Los principales Estados productores de este cítrico, en orden de los volúmenes de producción son Colima, Michoacán, Oaxaca y Guerrero.
7. A partir de la detección de la enfermedad, con base en lo dispuesto en la Ley Federal de Sanidad Vegetal y en la NOM-EM-047-FITO-2009, se han diseñado y puesto en operación acciones fitosanitarias para mitigar la introducción y dispersión del HLB en el territorio nacional. Asimismo en los Estados productores de cítricos se desarrollan acciones para detectar la enfermedad y acciones de urgencia donde ya se ha presentado.
8. No obstante que el gobierno federal ha puesto en marcha las acciones mencionadas, los efectos percibidos derivados de ellas, en particular en relación con las acciones de los productores para controlar la dispersión de la enfermedad, han sido de poca relevancia.
10. La experiencia internacional, en particular la de Brasil, ha identificado diversos métodos de mitigación y control de la enfermedad, que han tenido efectos positivos. Es deseable que la experiencia internacional sea considerada, adaptando a México los elementos aplicables.
11. Se ha elaborado y puesto en marcha el Proyecto Estratégico para Mitigar el Impacto del Huanglongbing sobre la Citricultura de Colima. En él participan los tres órdenes de gobierno y las representaciones de las fases del sistema producto limón mexicano; comprende los siguientes elementos fundamentales:
• Coordinación y asesoría a productores de limón para el control del HLB y de la diaforina.
• Producción de material propagativo bajo condiciones protegidas e indemnización de viveros.
• Difusión a la población sobre los efectos del HLB en la citricultura.
• Renovación de huertas para atenuar el efecto del HLB.
• Transferencia de tecnología para el manejo del HLB.
• Infraestructura de los puntos de vigilancia e inspección para controlar la dispersión del HLB.
12. Como se observa en el proyecto de Colima se consideran los elementos sustantivos para enfrentar el HLB y sus consecuencias. En virtud de ello, sería deseable que esta experiencia se considerase a fin de aplicar las medidas convenientes en el resto de los estados donde tiene presencia la citricultura.
Con base en lo anterior, se somete a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a profundizar y agilizar las acciones señaladas en el numeral 7 de esta proposición, y para diseñar y poner en marcha un programa integral dirigido a prevenir la presencia tanto de la diaforina como del HLB en las regiones donde haya producción citrícola.
Segundo. Poner especial atención a las zonas de mayor relevancia de producción citrícola, particularmente en las áreas de limón mexicano, donde el segundo productor nacional es Michoacán y se encuentra en peligro inminente debido a su cercanía con Colima.
Tercero. Considerar la experiencia del Proyecto Estratégico para Mitigar el Impacto del Huanglongbing sobre la Citricultura de Colima en la aplicación de medidas similares en el resto del país.
Cuarto. Informar con la mayor brevedad a esta soberanía sobre los resultados derivados de este exhorto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.
Diputado José María Valencia Barajas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que promulgue y ordene la publicación del decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2o., 3o., 5o. y 6o. de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, diputado federal Enrique Ibarra Pedroza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para demandar al titular del Poder Ejecutivo federal que con la mayor brevedad promulgue y ordene que se publique el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 3, 5 y 6 de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios, aprobado por el Congreso de la Unión el 29 de abril de 2010 y turnado al Ejecutivo Federal en esa fecha, con base en los siguientes
Antecedentes
1 . Con fecha 28 de abril de 2010, la Cámara de Diputados turnó a la colegisladora la minuta respectiva aprobada por esta soberanía.
2 . Con fecha 29 de abril de 2010, la Cámara de Senadores aprobó la minuta recibida de la Cámara de Diputados, turnándola de inmediato al Ejecutivo federal para los efectos constitucionales que corresponden, esto es, promulgar y cumplir su contenido.
3. Se ha cumplido con los supuestos que marcan los numerales A y B del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Consideraciones
Primera: Los integrantes de la Cámara de Diputados hicieron suya la demanda de los ex trabajadores migrantes mexicanos, en el sentido de que el gobierno mexicano habría de pagarles la suma de 38 mil pesos a cada uno de los ciudadanos mexicanos antes mencionados.
Segunda: La Cámara de Senadores hizo lo propio, al sumarse a la demanda por demás justificada y legal de los ex trabajadores migrantes mexicanos.
Tercera: La suma citada sólo podría tener una quita de 4 mil pesos a los ex trabajadores migrantes, cuando hubieran recibido ese pago parcial.
Cuarta: En consecuencia, a la mayoría de esos ex trabajadores se tendría que pagarles los 38 mil pesos acordados a su favor y a los demás, la cifra de 34 mil pesos.
Quinta: La cantidad de 38 mil pesos acordada a favor de los ex trabajadores migrantes, resultó de una amplia investigación efectuada por la Secretaría de Gobernación, como resarcimiento de los ahorros de esos mexicanos que en el período de 1942 a 1945 efectuaron, que supuestamente fueron depositados en un banco mexicano y que nunca se les devolvió, porque desaparecieron en la nada. Será una medida que contendrá un mínimo de equidad y justicia.
Sexta: El pago a los ex trabajadores, es una obligación moral, apenas justa, que debe efectuarse, porque aún cuando la cantidad multicitada no equivale a lo que realmente merecían esos ciudadanos, cuando menos representa un paliativo para sus más ingentes necesidades, dado que su promedio de edad es de 82 años, los más con enfermedades que ponen en riesgo su precaria vida.
Séptima: Los derechos humanos de nuestros connacionales han sido objeto de atropello, tanto por la falta de un ordenamiento legal, como por el abuso que funcionarios de la burocracia han tenido para con los ex trabajadores.
Octava: El decreto en comento, señala en el artículo quinto transitorio que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un plazo no mayor de 180 días contados a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del decreto citado, se otorgará el pago del apoyo establecido en el propio decreto.
Novena: Prevé el decreto que, en caso de no haber disponibilidades en los recursos asignados a este programa, se podrán utilizar remanentes de los ingresos excedentes netos del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Décima: Es obvio que en tanto no se promulgue y publique el decreto multicitado, el plazo para pagar a los ex trabajadores no comenzará a correr y se estarán violando por enésima ocasión los derechos que les asiste.
Décima Primera: Después de 65 años en los que no se les ha reintegrado el ahorro de toda su vida, no sólo es inhumano, si no también injusto que se atente contra los derechos humanos de los ex trabajadores migrantes mexicanos, al regatearles lo que en estricto sentido les corresponde.
Más aún, la cifra de 38 mil pesos resulta mínima y ridícula, dadas las condiciones de vida de los ex trabajadores migrantes mexicanos.
Por los antecedentes y consideraciones expuestos, el suscrito diputado federal Enrique Ibarra Pedroza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión demanda al titular del Poder Ejecutivo federal que con la mayor brevedad promulgue y ordene que se publique el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 3, 5 y 6 de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios, aprobado por el Congreso de la Unión el 29 de abril de 2010 y turnado al Ejecutivo federal en esa fecha.
Transitorio
Único. El presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.
Diputado Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para Nuevo León en el rubro de seguridad pública, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, integrantes por Nuevo León de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentan al pleno de esta Cámara proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El tema de seguridad es uno de los más importantes de la agenda pública de los diferentes órdenes de gobierno, pues la función básica del Estado es mantener la estabilidad, viabilidad y libertad de sus ciudadanos, salvaguardándolos de cualquier amenaza.
Lamentablemente, esta función básica y estructural del Estado no se lleva a cabo con la eficiencia necesaria que provea en el corto y mediano plazos de la seguridad que exige la población día con día, además de que es visible el deterioro de las instituciones encargadas de mantener el orden público.
Esta situación es palpable en todo el país, aunque de forma más aguda en los estados fronterizos, como Nuevo León, pues es un lugar estratégico que ha utilizado el crimen organizado para llevar a cabo sus actividades delictivas, como el narcotráfico, el secuestro, la trata de personas y el contrabando, las cuales en su desarrollo generan el incremento de la violencia en el país.
Para constatar lo anterior, tan sólo hay que recordar que estos delitos, pertenecientes al fuero federal, han producido en lo que va de los primeros 5 meses de este año más de 21 mil casos de delitos relacionados con violencia extrema, que evidencian la complicada situación que viven los municipios de Nuevo León.
Lo anterior se debe a la vasta capacidad organizativa de las estructuras criminales, y a su capacidad de fuego y violencia, lo cual complica la tarea de combatirlas de forma eficiente, puntual y contundente.
La policía de Nuevo León ha realizado tareas de suma complejidad para combatir el crimen organizado. Sin embargo, es imperioso otorgarle equipamiento, infraestructura y capacitación, las herramientas necesarias para que cumpla su tarea.
También es necesario profundizar en los mecanismos de colaboración entre el gobierno federal y las autoridades estatales, con la finalidad de reproducir un modelo policiaco exitoso. Ello es posible sólo a través de la cooperación, por un lado, y de los recursos presupuestales, por el otro, pues los montos con que los municipios y el estado de Nuevo León cuentan son insuficientes para mantener la seguridad en tan importante y estratégica entidad.
En este año fiscal se otorgaron recursos presupuestarios dirigidos a Nuevo León, vía el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, por un monto, según la Secretaría de Seguridad Pública, de 172 millones 110 mil pesos, y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, que contabilizó 265 millones, los cuales se dirigieron al pago de equipamiento, capacitación y salarios. Dichas cifras son iguales a las del ejercicio fiscal de 2009; sin embargo, en términos reales representan una reducción de 4.6 por ciento si tomamos en cuenta la inflación.
Los mencionados recursos se han implantado para dar viabilidad a programas de prevención y mantenimiento de la seguridad pública, pero es fundamental realizar diversos proyectos de infraestructura, modernizar el equipo de acción y reacción, profesionalizar y fortalecer las policías municipales y del estado, de tal forma que un incremento presupuestario en la materia no sería catalogado como inercial.
Finalmente, me permito solicitar la comprensión de esta soberanía y del Ejecutivo federal, pues dichos recursos son necesarios para conseguir diversos proyectos y programas en materia de seguridad pública, urgentes para preservar el orden y la paz en Nuevo León. Así, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar mayores recursos presupuestarios en el ejercicio fiscal de 2011 para el estado y los municipios de Nuevo León, en el rubro de seguridad pública.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.
Diputados: María de Jesús Aguirre Maldonado, Reyes Tamez Guerra, Felipe Enríquez Hernández, Ildefonso Guajardo Villarreal, Pedro Vázquez González, Gregorio Hurtado Leija, Eduardo Bailey Elizondo, María Cristina Díaz Salazar, Camilo Ramírez Puente, Víctor Alejandro Balderas Vaquera, Rogelio Cerda Pérez, Fermín Montes Cavazos, Guillermo Cueva Sada, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbricas).
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, María de Jesús Aguirre Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicita respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva que formule atenta excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que emita dictamen de la iniciativa con proyecto decreto por la que se reforma y adiciona el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, y se adicionan el 48 y el 49 del mismo ordenamiento, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Con fecha 5 de noviembre de 2009, la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado presentó al pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto decreto por la que se reforma y adiciona el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal y se adicionan el 48 y el 49 del mismo ordenamiento.
2. En la misma fecha fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para estudio y posterior dictamen.
Consideraciones
La realidad del México actual nos indica que uno de los mayores problemas que afecta y preocupa a la sociedad es el crecimiento de la inseguridad y la delincuencia. El año pasado se produjo un aumento constante de los delitos del fuero común, los cuales ascendieron a 1 millón 610 mil 565, mientras que los del fuero federal alcanzaron 136 mil, según el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad.
Los países que han mostrado claros avances en materia de seguridad pública han implantado programas que tienen como objetivo el fortalecimiento de sus corporaciones policiacas locales, las cuales cumplen un importante papel en la prevención del delito a través de un contacto cada vez más cercano con la población, además de establecer novedosos planes de capacitación y adiestramiento.
Para lograr mayores y mejores avances en la prevención, investigación y persecución de delitos es necesario dotar a las policías municipales de infraestructura a través de la adquisición y modernización de las instalaciones policiacas, así como del equipo, que comprende armamento, uniformes y aditamentos de protección personal y de vehículos.
Sin embargo, los recursos en las entidades federativas y, sobre todo, en los municipios son insuficientes. Por tal motivo es urgente mayor coordinación y cooperación entre el gobierno federal, los estados y los municipios, con la finalidad de fortalecer las haciendas públicas locales y emprender las políticas públicas necesarias para resolver problemáticas como la creciente inseguridad que aqueja terriblemente al país.
Por dicha razón, la Cámara de Diputados aprobó en 2008 recursos dirigidos al Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), con el propósito de fortalecer las acciones en materia de seguridad pública a escala local.
Sin embargo, la situación fiscal de los municipios y el desafortunado crecimiento de los índices de delincuencia hacen imperante la permanencia de recursos destinados a mejorar la seguridad pública municipal y a fortalecer los mecanismos de coordinación entre la federación, los estados y los ayuntamientos.
Por lo descrito, es necesario diseñar una redistribución más justa, equitativa y homogénea de los recursos federales, que permita a estados y a municipios realizar acciones en materia de equipamiento y capacitación de los cuerpos policiacos.
Las acciones en materia de seguridad pública para combatir, prevenir y sancionar los actos delictivos requieren recursos presupuestarios permanentes y estables que den certidumbre a las autoridades municipales. Por ello es necesario que el Subsemun adquiera la figura de fondo en las aportaciones federales y no tenga un carácter discrecional por el Ejecutivo en turno.
Por tal motivo, esta iniciativa propone que el Subsemun, que actualmente administra la Secretaría de Seguridad Pública en el ramo 36, se convierta en el fondo para la seguridad pública municipal en el ramo 33, "Aportaciones federales".
Ante lo descrito, se solicita respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que dé trámite a la siguiente
Excitativa
Único. Se emite excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para que realice el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto decreto por la que se reforma y adiciona el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal y se adicionan el 48 y el 49 del mismo ordenamiento.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.
Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica)
Al Senado de la República, a solicitud del diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Óscar Martín Arce Paniagua, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el inciso g) del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción XVI del artículo 21 y el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía la presente excitativa, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
a) En sesión celebrada el día 9 de mayo de 2007 en la Comisión Permanente, el diputado Cruz Pérez Cuéllar, en nombre de los diputados Héctor Larios Córdova, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; María del Pilar Ortega Martínez, Claudia Sánchez Juárez, Dora Alicia Martínez Valero y Rogelio Carbajal Tejada, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero, del Grupo Parlamentario de Convergencia, todos pertenecientes a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, presentó iniciativa que adiciona una fracción XXIX-N al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada a esta Comisión de Puntos Constitucionales para su dictaminación.
b) Con fecha 4 de diciembre de 2008, en sesión plenaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, existiendo el quórum reglamentario, fue aprobado el dictamen correspondiente a la iniciativa planteada, por unanimidad de los presentes. Siendo puesto a consideración de la honorable Cámara de Diputados en primera lectura para su discusión y resolución constitucional el 11 del mismo mes.
c) En efecto el día 28 de abril del 2009, se puso a discusión el dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXIX-Ñ (sic XXIX-P) al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que fue aprobado en lo general y en lo particular por 341 votos, quedando aprobado el proyecto de decreto que adiciona una fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
d) Fue recibida con fecha 30 de abril del año próximo pasado en el Senado de la República para sus efectos constitucionales, la minuta con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo turnado a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de dicha Cámara revisora, no obstante de ello, se encuentra pendiente para su dictaminación.
Considerandos
En cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros, es lo que dispone el artículo 121 de nuestra Constitución Política.
El registro público de la propiedad actualmente tiene como fin dar publicidad a los actos jurídicos que, conforme a la ley, precisen de este requisito para surtir efectos ante terceros, tales como el estado jurídico de la propiedad y posesión de bienes inmuebles; algunos actos jurídicos sobre bienes muebles, limitaciones y gravámenes a que ambos están sujetos, y sobre la constitución y modificación de las asociaciones civiles y sociedades mercantiles.
Sin embargo, al ser el Registro Público de la Propiedad una institución que se ha manejado por las entidades federativas, ha generado que el mismo no responda a las demandas de seguridad jurídica en la protección de los derechos de la propiedad, ni a los retos que enfrenta una sociedad en evolución, por lo que los criterios, pagos, procedimientos, tiempos de respuesta, eficiencia, confiabilidad y agilidad varían en las entidades federativas, siendo regulado su funcionamiento, en la mayoría de los casos, por los códigos civiles locales, y en un número reducido de estados por leyes especiales locales, así como los reglamentos expedidos al efecto.
La iniciativa busca la consolidación, actualización, simplificación y homologación de la actividad registral, a través de otorgar la facultad al Congreso de la Unión para expedir una norma de carácter general y de observancia federal para todo el territorio, ley que se plantea que en todo momento sea respetuosa de la autonomía y soberanía de los estados, así como el ámbito de la federación.
Con ello, el registro de la propiedad facilita las transacciones, protege la seguridad de los derechos a que se refieren dichos títulos, garantiza la certeza jurídica de la titularidad de los inmuebles registrados, es garante de legalidad en las transacciones del mercado inmobiliario y contribuye a reducir los costos de averiguación, seguro, litigiosidad e incertidumbre. La figura del "registro de la propiedad" es toral para la definición y la eficiente asignación de los derechos de propiedad.
Como se ha mencionado en el presente trabajo legislativo, la diversidad no sólo de leyes y disposiciones que norman la actividad registral, tanto local como federal y en algunos casos la carencia de éstos, de autonomía jurídica, presupuestal u operativa, ocasionando una desvinculación con el proceso de desarrollo económico del propio estado; verbigracia es el sistema registral que está desvinculado de los sistemas catastrales, pues mientras los primeros son administrados por los gobiernos estatales, los segundos son del orden municipal, esta desvinculación genera diferencias en la delimitación de propiedades y contradicciones entre ambos registros.
En el mismo orden de ideas, en algunas entidades federativas aún se utilizan como sustento legal de inscripción libros, propiciando con dicha falta de tecnología se generen retrasos, corrupción e ineficiencia, aunado a que el tiempo de respuesta de una inscripción sea igualmente lento, tardando hasta seis meses, dependiendo de la entidad federativa.
Cabe mencionar los esfuerzos del gobierno federal que a través de la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional de Vivienda, promovieron el Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Vinculación con el Catastro.
Resolver los problemas en materia de registro inmobiliario es causa impulsiva principal de la iniciativa materia de la presente excitativa, proponiendo facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la federación, los estados y el Distrito Federal para la operación de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales mediante la adición de la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.
Permitirá enfocar la actividad registral del país de una manera integral mediante la expedición de una base jurídica que establezca las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre los distintos órdenes de gobierno, con estricto respeto de la soberanía y autonomía de cada entidad federativa.
Con fundamento en lo dispuesto por el inciso f) del artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la fracción XVI, del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados lo siguiente:
Único. Se exhorte al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República para que en términos de lo dispuesto por los artículos 67, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; excite a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de esa Cámara, a fin de que presenten al pleno el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución General de los estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de Sán Lázaro, a 14 de septiembre del 2010.
Diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica)
Al Senado de la República, a solicitud de la Comisión de Seguridad Social
Los suscritos, diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que les otorgan los artículos 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a usted diputado presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara, se dirija respetuosamente al senador presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, para que excite a la Comisión de Seguridad Social de esa Cámara, a que dictamine la minuta proyecto de decreto que adiciona un artículo Décimo Octavo Transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995.
Antecedentes
1. En fecha 7 de marzo de 2006, el diputado a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 151 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, misma que por acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados fue turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
2. Las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social dictaminaron en sentido positivo la iniciativa reseñada, estableciendo en el dictamen que, en lugar de agregar un segundo párrafo al artículo 151 de la Ley del Seguro Social, como lo proponía la iniciativa, esta debería modificarse para agregar un párrafo al artículo Décimo Octavo Transitorio a la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2005, con la siguiente redacción: “Décimo Octavo Transitorio. ... Los asegurados que opten por acogerse al régimen de la Ley que se deroga, tratándose de las pensiones de cesantía en edad avanzada y de vejez, tendrán derecho al otorgamiento de la pensión respectiva, cuando hayan cumplido los requisitos de edad y de número de semanas cotizadas, establecidos en dicha Ley, aún cuando a la fecha de la solicitud de pensión se hubiese excedido el período de conservación de derechos señalado en el artículo 182 y sin que sea necesario cubrir los requisitos previstos en el artículo 183 de la ley que se deroga. El pago de las pensiones otorgadas en los términos de este párrafo se regirá conforme al artículo Duodécimo Transitorio de esta Ley”.
3. En su sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, celebrada el 26 de abril de 2006, el dictamen mencionado se aprobó con una votación de 331 votos a favor, cero en contra y 2 abstenciones, y, para el cumplimiento de las disposiciones constitucionales fue enviada como minuta al Senado de la República.
4. Al recibirla, la Presidencia de la Mesa Directiva de esa cámara legislativa dispuso que se turnara a la entonces Comisión de Salud y Seguridad Social, comisión que al inicio de la anterior legislatura fue dividida en Comisión de Salud y Comisión de Seguridad Social, quedando la minuta de referencia radicada en la Comisión de Seguridad Social.
Consideraciones
1. La intención de la adición contenida en el proyecto de decreto, es permitir que los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social que hayan sido dados de baja del régimen ordinario y estén fuera del periodo de conservación de derechos, pero reúnan los requisitos de edad y cotizaciones para obtener el derecho a una pensión por edad avanzada o vejez, puedan ejercerlo sin necesidad de ser reinscritos y cotizar durante cincuenta y dos semanas, como lo señalaba la Ley del Seguro Social abrogada y como lo señala la Ley del Seguro Social vigente.
2. El contenido del dictamen a la iniciativa en mención, subraya el problema de aquellos trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social que, por diferentes razones, dejaban de ser cotizantes del IMSS habiendo ya cubierto el requisito de las semanas de cotización necesarias para acceder al derecho a una pensión, pero no cumplían con el requisito de tener como mínimo sesenta años de edad. La ley vigente, al igual que la derogada en julio de 1997, establece como condición para que sea reconocido el periodo anteriormente cotizado, si se ha excedido el periodo de conservación de derechos equivalente a la cuarta parte del total de semanas de cotización, que el trabajador vuelva a ser recontratado por un patrón que lo inscriba en el IMSS, y al completar cincuenta y dos semanas en esa nueva contratación, se le reconocerán las semanas cotizadas con anterioridad.
3. Las razones para dejar de cotizar al IMSS, después de cuando menos 10 años de estar inscrito, pueden ser muchas, pero lo importante es que cuando un trabajador cumple sesenta años de edad, el conseguir un trabajo formal con derecho a la seguridad social, es verdaderamente una misión imposible, y en consecuencia pierde los derechos que ya había adquirido, independientemente de lo cual, esta condición se presta a que el trabajador recurra a un patrón comprometiéndose a pagar tanto la cuota obrera como la correspondiente al patrón, por un año completo, para obtener la reactivación de su antigüedad en semanas cotizadas, con el daño económico que resulta para el trabajador y la corrupción en la que incurre el patrón.
4. Para resolver esta problemática, el autor de la iniciativa propuso en aquella ocasión, que se agregara un párrafo al artículo 151 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, para quedar como sigue: “En caso de que el asegurado haya dejado de estar sujeto al régimen obligatorio reúna el número de cotizaciones señaladas como requisito para acceder a una pensión del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, el Instituto reconocerá el tiempo cubierto por sus cotizaciones al cumplir los requisitos de edad establecidos en dicho seguro”
5. Como ya se señaló, las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, por unanimidad, aprobaron el dictamen con las modificaciones que también se han señalado en el apartado 2 de los antecedentes citados en este documento.
6. La Comisión de Seguridad Social de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión ha dictaminado en negativo dos iniciativas que proponen reformas a la Ley del Seguro Social vigente bajo el argumento de que ya está en el Senado de la República una minuta aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y de que lo que procede es que sea dictaminada en la Cámara revisora. Como consecuencia de lo anterior, aprobó, en su reunión celebrada el 23 de agosto de 2010, que se presentara a usted esta solicitud de excitativa, suscrita, en lo individual, por cada uno de sus integrantes que lo deseara.
7. Como se ha excedido, en demasía, el plazo que las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes otorgan a las comisiones ordinarias para dictaminar los asuntos que les son turnados, consideramos prudente se excite a la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República a que dictamine esta minuta, cuyos efectos benéficos representarán un alivio importante para los adultos mayores que habiendo cotizado durante un período mínimo de 500 semanas, no tienen la posibilidad de acceder a una pensión que les aliviaría su precaria situación económica.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, atentamente solicitamos a usted, Presidente de la Mesa Directiva, haga una atenta petición a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para que, a su vez, respetuosamente formule excitativa a la Comisión de Seguridad Social para que se emita el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que adiciona un artículo Décimo Octavo Transitorio a la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.
Diputados: Uriel López Paredes (rúbrica), Janet Graciela González Tostado, Rafael Yerena Zambrano, Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Valdemar Gutiérrez Fragoso (rúbrica), Ana Elia Paredes Arciga (rúbrica), Israel Madrigal Ceja, Malco Ramírez Martínez, Elvia Hernández García (rúbrica), Armando Neyra Chávez, Clara Gómez Caro (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Isaías González Cuevas, Francisco Alejandro Moreno Merino, Melchor Sánchez de la Fuente, Graciela Ortiz González, Armando Jesús Báez Pinal, Germán Contreras García (rúbrica), Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María Elena Pérez de Tejada Romero (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva, Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Bernardo Margarito Téllez Juárez, Rubén Arellano Rodríguez, Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz, Roberto Pérez de Alva Blanco, Herón Agustín Escobar García (rúbrica), María Guadalupe García Almanza.
A las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Transportes, a solicitud de la diputada Clara Gómez Caro, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Clara Gómez Caro, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva que, en el uso de las atribuciones que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Transportes, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. El presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme a la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a las comisiones -en nombre de la Cámara- a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto, y si no fuere suficiente, la emplazara para día determinado y, sí ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.
Segunda. Es el caso, que el pasado 26 de abril de 2006, el senador César Jáuregui Robles, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó, para los efectos legales correspondientes, el expediente que contiene minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Protección a los Derechos de los Pasajeros del Transporte Aéreo.
Tercera. El 5 de septiembre del 2006, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la minuta con proyecto de decreto a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Transportes.
Cuarta. Es importante recalcar que el tiempo establecido en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para dictaminar los diversos asuntos en cartera, se ha excedido de sobremanera, injustificada e innecesariamente.
Quinta. Las distancias entre distintos puntos del planeta, así como el limitado tiempo con el que contamos los seres humanos han hecho cada vez más frecuente el uso de los servicios del transporte aéreo.
Es sin duda este tipo de transporte uno de los recursos más utilizados por los turistas y por los viajeros de negocios.
Sin embargo, unos y otros, al embarcar algún vuelo, pueden verse expuestos a situaciones desagradables que les causen algún tipo de perjuicio, contratiempo o incomodidad, tales como una denegación de embarque a causa de una sobre venta, la cancelación o el retraso en la salida del vuelo.
El número de pasajeros a los que se les niega el embarque contra su voluntad, al igual que el de los afectados por cancelaciones y largos retrasos, es cada vez más alto; además de que estas situaciones se presentan con mayor frecuencia.
Debido a que el contrato de transporte aéreo es un contrato de adhesión, los pasajeros aceptan las condiciones en que se presta el servicio sin posibilidad de negociación, lo que hace indispensable que exista una legislación que establezca derechos mínimos e inderogables de los pasajeros que atraviesen por una situación que les genere algún tipo de problema.
Como sucede con la prestación de cualquier servicio, los pasajeros de avión también cuentan con una serie de derechos que deben de ser respetados y garantizados por los prestadores de dicho servicio y que hasta el momento no han sido debidamente reconocidos en nuestra legislación.
Por lo expuesto y fundado, solicito respetuosamente al presidente de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión:
Excitativa
Único: Que, en los términos en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Transportes a efecto de que presenten el dictamen correspondiente de la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Protección a los Derechos de los Pasajeros del Transporte Aéreo, presentada el 5 de septiembre del 2006.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.
Diputada Clara Gómez Caro (rúbrica)
A la Comisión de Recursos Hidráulicos, a solicitud de la diputada Clara Gómez Caro, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Clara Gómez Caro, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva que, en el uso de las atribuciones que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Recursos Hidráulicos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. El presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme a la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a la comisión -en nombre de la Cámara- a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto, y si no fuere suficiente, la emplazara para día determinado y, sí ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.
Segunda. Es el caso, que el pasado 1 de diciembre de 2009, el diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó, para los efectos legales correspondientes, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat, realice las obras de entubamiento del cauce del rio Atemajac, en Guadalajara, Jalisco.
Tercera. En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Cuarta. Es muy importante mencionar que ya sea entregado el proyecto ejecutivo a la comisión en comento, con todas las autorizaciones requeridas.
Este proyecto tiene un beneficio multifuncional por lo que los ciudadanos de los municipios de Zapopan y Guadalajara, distritos 4, 8 y 9, tendrán una mejora en su salud, por que las aguas residuales ya no estarán expuestas al aire libre, en vialidades, seguridad, etcétera.
Por lo expuesto y fundado, solicito respetuosamente al presidente de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión:
Excitativa
Único: Que, en los términos dispuestos en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión Recursos Hidráulicos, a efecto de que presente el dictamen correspondiente de la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat, realice las obras de entubamiento del cauce del rio Atemajac, en Guadalajara, Jalisco.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.
Diputada Clara Gomez Caro (rúbrica)