Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la PGR y a la Profepa un informe sobre la atención de los delitos contra el ambiente, a cargo de la diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del PVEM

Adriana Sarur Torre, diputada integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 establece con precisión que una de las prioridades del gobierno actual es garantizar el orden público, con respeto a las libertades y derechos de los mexicanos y al estado de derecho.

El Plan Nacional de Desarrollo establece entre sus metas principales el velar por la protección del interés colectivo y para ello emprender las acciones necesarias y efectivas para combatir frontalmente la impunidad y la corrupción, tocante al bienestar colectivo ha enmarcado un sistema de procuración de la justicia ambiental.

En ese orden de ideas, en la última década la preocupación del gobierno federal por proteger el ambiente se ha reflejado en la aparición de una gran cantidad de disposiciones en materia ambiental insertas en el sistema jurídico mexicano y, en años recientes, se han extendido al ámbito penal.

Los ilícitos relacionados con el ambiente han crecido en número y complejidad, a saber:

Código Penal Federal

Título Vigésimo Quinto
Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental

A) De las actividades tecnológicas y peligrosas

Artículo 414. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa al que ilícitamente, o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga, o realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas, lo ordene o autorice, que cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente.

La misma pena se aplicará a quien ilícitamente realice las conductas con las sustancias enunciadas en el párrafo anterior, o con sustancias agotadoras de la capa de ozono y cause un riesgo de daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua o al ambiente.

En el caso de que las actividades a que se refieren los párrafos anteriores, se lleven a cabo en un área natural protegida, la pena de prisión se incrementará hasta en tres años y la pena económica hasta en mil días multa, a excepción de las actividades realizadas con sustancias agotadoras de la capa de ozono. Cuando las conductas a las que se hace referencia en los párrafos primero y segundo de este artículo, se lleven a cabo en zonas urbanas con aceites gastados o sustancias agotadoras de la capa de ozono en cantidades que no excedan 200 litros, o con residuos considerados peligrosos por sus características biológico-infecciosas, se aplicará hasta la mitad de la pena prevista en este artículo, salvo que se trate de conductas repetidas con cantidades menores a las señaladas cuando superen dicha cantidad.

Artículo 415. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, a quien sin aplicar las medidas de prevención o seguridad:

I. Emita, despida, descargue en la atmósfera, lo autorice u ordene, gases, humos, polvos o contaminantes que ocasionen daños a los recursos naturales, a la fauna, a la flora, a los ecosistemas o al ambiente, siempre que dichas emisiones provengan de fuentes fijas de competencia federal, conforme a lo previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, o

II. Genere emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica, provenientes de fuentes emisoras de competencia federal, conforme al ordenamiento señalado en la fracción anterior, que ocasionen daños a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas o al ambiente.

Las mismas penas se aplicarán a quien ilícitamente lleve a cabo las actividades descritas en las fracciones anteriores, que ocasionen un riesgo a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas o al ambiente.

En el caso de que las actividades a que se refiere el presente artículo se lleven a cabo en un área natural protegida, la pena de prisión se incrementará hasta en tres años y la pena económica hasta en mil días multa.

Artículo 416. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, al que ilícitamente descargue, deposite, o infiltre, lo autorice u ordene, aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal, que cause un riesgo de daño o dañe a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua, a los ecosistemas o al ambiente.

Cuando se trate de aguas que se encuentren depositadas, fluyan en o hacia un área natural protegida, la pena de prisión se elevará hasta tres años más y la pena económica hasta mil días de multa.

B) De la biodiversidad

Artículo 417. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, al que introduzca al territorio nacional, o trafique con recursos forestales, flora o fauna silvestre viva o muerta, sus productos o derivados, que porten, padezcan o hayan padecido, según corresponda alguna enfermedad contagiosa, que ocasione o pueda ocasionar su diseminación o propagación o el contagio a la flora, a la fauna, a los recursos forestales o a los ecosistemas.

Artículo 418. Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de cien a tres mil días multa, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas, al que ilícitamente:

I. Desmonte o destruya la vegetación natural;

II. Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o

III. Cambie el uso del suelo forestal.

La pena de prisión deberá aumentarse hasta en tres años más y la pena económica hasta en mil días multa, para el caso en el que las conductas referidas en las fracciones del primer párrafo del presente artículo afecten un área natural protegida.

Artículo 419. A quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera aserrada, se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa. La misma pena se aplicará aun cuando la cantidad sea inferior a cuatro metros cúbicos, si se trata de conductas reiteradas que alcancen en su conjunto esta cantidad.

La pena privativa de la libertad a la que se hace referencia en el párrafo anterior se incrementará hasta en tres años más de prisión y la pena económica hasta en mil días multa, cuando los recursos forestales maderables provengan de un área natural protegida.

Artículo 420. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:

I. Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, o recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos;

II. Capture, transforme, acopie, transporte o dañe ejemplares de especies acuáticas declaradas en veda;

III. Realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido, de algún ejemplar de una especie de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie silvestres;

IV. Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte,

V. Dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas señaladas en la fracción anterior.

Se aplicará una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida, o cuando se realicen con fines comerciales.

Artículo 420 Bis. Se impondrá pena de dos a diez años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:

I. Dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos;

II. Dañe arrecifes;

III. Introduzca o libere en el medio natural, algún ejemplar de flora o fauna exótica que perjudique a un ecosistema, o que dificulte, altere o afecte las especies nativas o migratorias en los ciclos naturales de su reproducción o migración, o

IV. Provoque un incendio en un bosque, selva, vegetación natural o terrenos forestales, que dañe elementos naturales, flora, fauna, los ecosistemas o al ambiente.

Se aplicará una pena adicional hasta de dos años de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida, o el autor o partícipe del delito previsto en la fracción IV, realice la conducta para obtener un lucro o beneficio económico.

C) De la bioseguridad

Artículo 420 Ter. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, a quien en contravención a lo establecido en la normatividad aplicable, introduzca al país, o extraiga del mismo, comercie, transporte, almacene o libere al ambiente, algún organismo genéticamente modificado que altere o pueda alterar negativamente los componentes, la estructura o el funcionamiento de los ecosistemas naturales.

Para efectos de este artículo, se entenderá como organismo genéticamente modificado, cualquier organismo que posea una combinación nueva de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología, incluyendo los derivados de técnicas de ingeniería genética.

D) Delitos contra la gestión ambiental

Artículo 420 Quater. Se impondrá pena de uno a cuatro años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, a quien:

I. Transporte o consienta, autorice u ordene que se transporte, cualquier residuo considerado como peligroso por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, biológico infecciosas o radioactivas, a un destino para el que no se tenga autorización para recibirlo, almacenarlo, desecharlo o abandonarlo;

II. Asiente datos falsos en los registros, bitácoras o cualquier otro documento utilizado con el propósito de simular el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normatividad ambiental federal;

III. Destruya, altere u oculte información, registros, reportes o cualquier otro documento que se requiera mantener o archivar de conformidad a la normatividad ambiental federal;

IV. Prestando sus servicios como auditor técnico, especialista o perito o especialista en materia de impacto ambiental, forestal, en vida silvestre, pesca u otra materia ambiental, faltare a la verdad provocando que se cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua o al ambiente, o

V. No realice o cumpla las medidas técnicas, correctivas o de seguridad necesarias para evitar un daño o riesgo ambiental que la autoridad administrativa o judicial le ordene o imponga.

Los delitos previstos en el presente Capítulo se perseguirán por querella de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

En el marco de estas funciones, a nivel institucional las dependencias y entidades de la administración pública han consolidado sus instituciones para defender el estado de derecho en materia de protección ambiental.

La Procuraduría General de la República es una institución ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo federal, la cual tiene entre otras facultades la investigación de los delitos del orden federal, así como su seguimiento ante los tribunales de la federación.

La PGR, le compete el despacho de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y al procurador general de la República, les atribuyen los artículos 21 y 102, Apartado “A”, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los demás ordenamientos aplicables;

De conformidad con los artículos 1, 2, 3 y 4, fracción I, y 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, le compete vigilar la constitucionalidad y la legalidad en el ámbito de su competencia; promover la pronta, expedita y debida procuración de justicia, así como perseguir los delitos del orden federal, sin perjuicio de las atribuciones que legalmente correspondan a otras autoridades jurisdiccionales o administrativas.

Para el cumplimiento de sus funciones cuenta entre otras unidades administrativas con la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, encargada de investigar y perseguir los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, previstos en el Capítulo Vigésimo Quinto, Título Único del Código Penal Federal, y los delitos de otros géneros que se encuentren contenidos en leyes especiales, de conformidad con los artículos 2, 12, 27 y 29, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Es el caso, de la Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales que con apego escrupuloso de las conductas de las autoridades y de la población a lo dispuesto por el orden jurídico procura que prevalezca el estado de derecho.

Especialmente, para coadyuvar en el objetivo común de la procuración de justicia ha previsto en su organización unidades de investigación especializada en delitos federales, que brindan mayor autonomía técnica para resolver y autorizar las averiguaciones previas, en su caso, separar cada una para adscribirlas a una fiscalía revisora y dictaminadora que con gran escrupulosidad analiza las consultas sometidas a su dictaminación.

En el caso de la fiscalía especializada en delitos ambientales, esta organización permite agilizar la investigación ministerial toda vez que la persecución de éstos delitos, por su complejidad técnico-penal de capacitación y profesionalización del personal sustantivo adscrito a las áreas de las unidades especializadas para hacer más eficiente la procuración de justicia.

En este marco de ideas, la Procuraduría General de la República cuenta con una Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, adscrita a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales.

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, tiene como misión en el ámbito de su competencia, a través de sus agentes del Ministerio Público de la federación se encarga de representar a la sociedad en la investigación y persecución de delitos del fuero federal, con apego a los principios de legalidad, honradez, eficacia, seguridad y certeza jurídica, que permita una estructura funcional de procuración de justicia.

Otra de las instituciones encargadas de la observancia del estado de derecho y de la protección ambiental es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (en lo sucesivo Profepa).

Por su parte, la Profepa es la institución encargada de vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables para la protección y conservación de los recursos naturales.

Profepa es un órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que tiene entre otras facultades, las de vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental, a la restauración de los recursos naturales, así como la preservación y protección de los recursos forestales, de vida silvestre, quelonios, mamíferos, especies acuáticas en riesgo, sus ecosistemas y recursos genéticos, la zona federal marítimo terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, las áreas naturales protegidas, y denunciar ante el Ministerio Público de la federación los actos u omisiones que impliquen la comisión de delitos federales contra el ambiente y la gestión ambiental, de conformidad con los artículos 2, fracción XXXI, inciso C), y 118 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Para el cumplimiento de sus funciones cuenta entre otras unidades administrativas, con la Dirección General de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio, encargada de formular denuncias o querellas ante el Ministerio Público de la federación, por actos u omisiones delictuosas que afecten el ambiente, los recursos naturales, la vida silvestre, los recursos genéticos, las cuencas o los ecosistemas, o la gestión ambiental, así como también coadyuvar con el Ministerio Público de la federación en el procedimiento penal para acreditar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, y previo acuerdo del procurador, otorgar discrecionalmente el perdón, así como autorizar, en su caso, el otorgamiento de éste a las delegaciones de la Procuraduría, y fungir como enlace entre las unidades administrativas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Procuraduría General de la República, de conformidad con el artículo 132, fracciones X y XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La Profepa encabeza la operación de programas de inspección y vigilancia para el cumplimiento de la regulación ambiental de las fuentes potenciales de contaminación, de los aprovechamientos de los recursos naturales de la Zofemat y la definición de zonas prioritarias de combate a la tala clandestina.

También es responsable de la inspección y vigilancia del cumplimiento de la legislación ambiental en materia forestal, vida silvestre, recursos marinos y ecosistemas costeros, impacto ambiental y zona federal marítimo terrestre.

Cabe decir que la labor de la delegación de Profepa será la de brindar asistencia técnica a través de los inspectores federales, los cuales son habilitados por el representante social de la federación con el carácter de peritos en materia de: materiales y residuos peligrosos e impacto ambiental, siendo entonces que previo análisis de las constancias documentales que integran la averiguación previa y de los resultados de laboratorio se determinarán las características de la sustancia en cuestión, así como el daño o riesgo causado al ambiente, la flora, fauna, ecosistemas, según sea el caso.

Corresponde a su Subdelegación Jurídica, realizar el papel de coadyuvante en la integración de la averiguación previa, (el desahogo de las 4 diligencias básicas de coadyuvancia: ratificación de la denuncia, testimoniales, periciales y documentales), por lo cual se deberá fungir como enlace entre la delegación de Profepa y su similar de la PGR, en cuanto a la designación de personal que funja con el carácter de perito, la orientación técnico-jurídica al agente del Ministerio Público de la federación, a efecto de que conozca el tipo de análisis o peritaje que requiere el caso concreto, así como los alcances y limitaciones del mismo.

En este marco de ideas, para la persecución de los delitos ambientales es indispensable que exista una coordinación interinstitucional entre las diversas instancias del Ejecutivo federal, es por esto que el presente punto de acuerdo tiene por objeto el solicitar un informe pormenorizado de las averiguaciones previas que dichas instancias han atendido en los últimos 5 años.

De acuerdo al artículo 182 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuando la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos naturales tenga conocimiento de actos u omisiones que pudieran constituir delitos conforme a la legislación aplicable, formulará ante el Ministerio Público federal, la denuncia correspondiente.

Dichas denuncias pueden enfocarse a inspecciones sobre predios autorizados bajo programas de manejo, a inhibir los derribos ilegales, a disminuir la tala ilegal y el combate del comercio ilícito de flora y fauna silvestre.

Sin embargo, la cifra de las denuncias ante la PGR o ante la Profepa no guarda ninguna proporción con los delitos ambientales que se cometen en el país.

A fin de conocer el buen desempeño que han tenido los servidores públicos en las actividades relacionadas a la investigación y persecución de los delitos ambientales, en especial para conocer la incidencia delictiva y la efectividad de los elementos de punibilidad como disuasivos de estos delitos, por ello se solicita un informe sobre las acciones que han tomado para fomentar y agilizar el sistema de denuncias ambientales, o con motivo de ellas.

Finalmente, en virtud de que el Plan Nacional de Desarrollo privilegia que debe darse un impulso de una política de transversalidad para el cumplimiento de la regulación ambiental, se solicita informen sobre la coordinación interinstitucional y su efectividad ya que la materia ambiental se enmarca en un orden jurídico de concurrencia e interdependencia entre las distintas instituciones.

Por lo anterior, considerando que la alta incidencia delictiva en todo el territorio nacional, respecto de la comisión de delitos ambientes, está afectando gravemente a los ecosistemas y con las conductas delictivas se están poniendo en riesgo las diversas especies de flora y fauna silvestres.

Asimismo, que derivado de la complejidad técnica que reviste la labor de detección, investigación y persecución de los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, se hace necesaria la colaboración interinstitucional, a fin de abatir la impunidad y combatir a la delincuencia de manera eficaz y satisfacer de manera oportuna las exigencias y reclamos de la sociedad.

En tal virtud y siendo el problema de seguridad pública y tema que debe ser acometido con toda la fuerza del estado se propone la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República, para que a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente, entregue un informe general, en el ámbito de su competencia, sobre los procedimientos abiertos por distintos actos presuntamente relacionados con delitos ambientales, en el que se incluya los principales resultados de sus actuaciones durante el periodo de los años 2007 y 2010.

Segundo. Se exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a entregar un informe sobre el número de operativos que se realizaron con diversas fuerzas de seguridad consistentes en inspecciones, operativos especiales, así como recorridos de vigilancia para la protección de los recursos, aseguramiento de productos, imposición de multas y el ejercicio de acciones penales con la colaboración de las autoridades estatales y municipales, durante el periodo de los años 2007 y 2010.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los siete días del mes de septiembre del año dos mil diez.

Diputada Adrian Sarur Torre (rúbrica)