Gaceta Parlamentaria, año XIII, número 3124-I, lunes 25 de octubre de 2010


Dictámenes negativos

Dictámenes

De la Comisión de Economía, sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Economía, y de Turismo a ejercer una acción coordinada para emitir una norma oficial mexicana dirigida a incrementar y fortalecer la actividad turística en el país

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue turnado para estudio y dictamen el “punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Economía, y de Turismo a ejercer una acción coordinada a fin de emitir la norma oficial mexicana para prácticas de comercialización del servicio de tiempo compartido, con objeto de incrementar y fortalecer la actividad turística en México”, presentado por el diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en fecha 4 de marzo de 2010.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis del punto de acuerdo mencionado, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados en fecha 4 de marzo de 2010, sus secretarios dieron cuenta al pleno de esta soberanía del punto de acuerdo que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía, con opinión de la Comisión de Turismo”.

Tercero. El legislador propone lo siguiente:

El tiempo compartido como actividad se ha venido desarrollando durante varios años; esta actividad es inminentemente turística, y se encuentra regulada y sancionada por la Secretaría de Economía, por lo que estamos convencidos de que en esta regulación debe existir una coordinación entre las Secretarías de Turismo, y de Economía, toda vez que reconocemos que la Secretaría de Economía ha llevado a cabo esfuerzos importantes para regular la actividad, pero que sin duda la mejor forma de hacerlo es con la colaboración de la secretaría coordinadora de sector.

En la actualidad, esta actividad representa cerca de 39 por ciento de la oferta de hospedaje de calidad turística del país, con 409 proyectos, lo que equivale a cerca de 24 por ciento de la oferta en Latinoamérica y el Caribe; es decir, cerca de 46 mil 549 unidades construidas o 100 mil cuartos hoteleros, generando más de 6 millones de turistas, niveles de ocupación de 80 por ciento al año, y ventas del orden de 3 mil 44 millones de dólares.

La Ley Federal de Turismo, en el capítulo VI, artículo 66, señala que corresponde a la Secretaría de Turismo verificar el cumplimiento de esta ley, su reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de turismo, verificando a los prestadores de servicios turísticos, razón que no ha sido aplicada para los tiempos compartidos.

En tanto, la Ley Orgánica de Administración Pública Federal considera en el artículo 42, sección X, que corresponde a la Secretaría de Turismo regular, orientar y estimular las medidas de protección del turismo, y vigilar su cumplimiento, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal y con las autoridades estatales y municipales; y en el artículo 34, sección II, que corresponde a la Secretaría de Economía regular, promover y vigilar la comercialización, distribución y consumo de los bienes y servicios.

Considerandos

La norma oficial mexicana emitida por la Secretaría de Economía 029-SCFI-1998 establece únicamente la relación comercial que se genera, sin especificar que dicha actividad es puramente turística, por lo cual resulta conveniente resaltar la importancia de la regulación de los tiempos compartidos para el fortalecimiento y el desarrollo del turismo en México.

La elaboración de la Norma Oficial Mexicana 029-SCFI-2009, “Prácticas comerciales-Requisitos informativos para la prestación del servicio de tiempo compartido”, consideró algunos temas innovadores que a experiencia de las localidades es de difícil aplicación, por los antecedentes ocurridos en materia turística y que de acuerdo con dicha experiencia las legislaturas locales han venido haciendo lo propio para poder dar certeza y certidumbre jurídica a los contratos y a la figura de “tiempo compartido”.

En la elaboración de cada una de estas normas jurídicas, entendemos, ha tenido una importante colaboración la Secretaría de Turismo federal, generando con ello mayor satisfacción tanto en los empresarios como en los turistas, haciendo crecer en una forma exponencial y ordenada esta actividad.

En virtud de lo señalado, se presenta este punto de acuerdo para que esta actividad siga siendo un ámbito de competencia concurrente entre las Secretarías de Economía, y de Turismo federales.

En mi calidad de presidente de la Comisión de Turismo presento el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Secretarías de Economía, y de Turismo a ejercer una acción conjunta a fin de emitir la norma oficial mexicana “para prácticas de comercialización del servicio de tiempo compartido”, con objeto de incrementar y fortalecer la actividad turística en México.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición de punto de acuerdo presentada por el diputado Francisco Arturo Vega.

Segunda. Que con base en los antecedentes indicados por el diputado Francisco Arturo Vega, la Comisión de Economía, con las atribuciones señaladas, se abocó de forma respetuosa y responsable a dictaminar la proposición con punto de acuerdo referida.

Tercera. Que los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establecen que las proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara serán turnadas a la comisión o comisiones que corresponda para su respectivo análisis y dictaminen.

Cuarta. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 73, fracción XXIX-K, la facultad del Congreso para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal, así como la participación de los sectores social y privado.

Quinta. Que las normas oficiales mexicanas (NOM), conforme a las fracciones III, XII y XVIII del artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, tienen como finalidad establecer

• Las características o especificaciones que deban reunir los servicios cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal o el ambiente general y laboral o cuando se trate de la prestación de servicios de forma generalizada para el consumidor;

• La determinación de la información comercial, sanitaria, ecológica, de calidad, seguridad e higiene y requisitos que deben cumplir las etiquetas, los envases, el embalaje y la publicidad de los productos y servicios para dar información al consumidor o usuario; y

• Otras en que se requiera normalizar productos, métodos, procesos, sistemas o prácticas industriales, comerciales o de servicios de conformidad con otras disposiciones legales, siempre que se observe lo dispuesto en los artículos 45 a 47.

Sexta. Que la fracción II del artículo 38 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización señala que corresponde a las dependencias según su ámbito de competencia expedir NOM en las materias relacionadas con sus atribuciones y determinar su fecha de entrada en vigor.

Séptima. Que el artículo 64 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que la prestación del servicio de tiempo compartido consiste en poner a disposición de una persona o grupo de personas el uso, el goce y demás derechos que se convengan sobre un bien o parte de éste, en una unidad variable dentro de una clase determinada, por periodos previamente convenidos, mediante el pago de alguna cantidad, sin que, en el caso de inmuebles, se transmita el dominio de éstos.

El artículo 65 de la misma ley sólo establece que la venta o preventa de un servicio de tiempo compartido sólo podrá iniciarse cuando el contrato respectivo esté registrado en la procuraduría y cuando especifique

• Nombre y domicilio del proveedor;

• Lugar donde se prestará el servicio;

• Determinación clara de los derechos de uso y goce de bienes que tendrán los compradores, incluyendo periodos de uso y goce;

• El costo de los gastos de mantenimiento para el primer año y la manera en que se determinarán los cambios en este costo en periodos subsecuentes;

• Las opciones de intercambio con otros prestadores del servicio y si existen costos adicionales para realizar tales intercambios; y

• Descripción de las fianzas y garantías que se otorgarán en favor del consumidor.

De ahí que se pueda afirmar que la Ley Federal de Protección al Consumidor tiene una regulación escueta respecto a esta figura, pues sólo dos dispositivos se refieren a esta materia.

Octava. Que el 9 de diciembre de 1998 se expidió la NOM-029-SCFI-1998, “Prácticas comerciales-Requisitos informativos para la comercialización del servicio de tiempo compartido (cancela la NOM-029-SCFI-1993)”, la cual estuvo dirigida a todas las personas que en el país se dedicaban directa o indirectamente a la comercialización, operación y prestación de este tipo de servicios, y su principal aportación fue establecer la existencia de una relación comercial al prestar el servicio de tiempo compartido.

Debe decirse que a la fecha de expedición de esta NOM, la Ley Federal de Protección al Consumidor no contenía la regulación de este tipo de servicios que actualmente se refleja en los artículos 64 y 65 de ese cuerpo normativo y que fueron citados líneas arriba.

Novena. Que en fecha 17 de mayo de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-2010, “Prácticas comerciales-Requisitos informativos para la prestación del servicio de tiempo compartido” misma que cancela la referida en el considerando próximo anterior, cuyo objetivo establece los requisitos de información comercial y elementos normativos a que deben sujetarse los proveedores del servicio de tiempo compartido, con objeto de lograr la protección del consumidor.

Décima. Que en fecha 15 de julio de 2010 se publicaron en el DOF modificaciones de la NOM referida en el punto anterior a efecto de abarcar mayores temas respecto de los tiempos compartidos.

Debe mencionarse que tanto la publicación de la NOM-029 de fecha 17 de mayo de 2010 como su modificación mencionada en el párrafo anterior tienen un lapso de entrada en vigor de 60 días, por lo que a la fecha de la aprobación del presente dictamen por el pleno de la Comisión de Economía no han entrado en vigor.

Undécima. El 29 de julio de 2010 se publicó para consulta pública una propuesta de modificación de la NOM de referencia, la cual pretende eximir al consumidor de algún cobro adicional en caso de que fuesen insuficientes la cuotas pactadas en el contrato de tiempo compartido, acentuando que será responsabilidad del proveedor cubrir dichas diferencias si las hubiere.

Duodécima. De lo anterior se desprende que ya se encuentra publicada en el DOF la NOM para regular la prestación del servicio de tiempo compartido, con lo que se cumple la preocupación del diputado proponente.

De ahí que los integrantes de la Comisión de Economía consideren que toda vez que la materia del punto de acuerdo que se dictamina ya fue atendida, lo correcto sea declararla sin materia y, por tanto, desecharla.

Decimotercera. Que en fecha 21 de septiembre de 2010, la Comisión de Economía recibió de la de Turismo la opinión respecto al punto de acuerdo que se dictamina, la cual en su parte considerativa coincide con lo plasmado en el presente dictamen.

En efecto, la opinión de referencia resuelve lo siguiente:

... Consideraciones

1. La norma oficial mexicana emitida por la Secretaría de Economía 029-SCFI-1998 establece únicamente la relación comercial que se genera, sin especificar que dicha actividad es puramente turística, por lo cual resulta conveniente resaltar la importancia de la regulación de los tiempos compartidos para el fortalecimiento y el desarrollo del turismo en México.

2. La supracitada norma oficial mexicana ha sido sustituida por la NOM-029-SCFI-2010, publicada el 17 de mayo del 2010, por lo que la NOM, 029-SCFI-1998 queda sin efectos.

Conclusiones

La Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados considera que el punto de acuerdo presentado por el diputado Carlos Manuel Joaquín González queda sin materia, para efectos del dictamen correspondiente; por lo que se propone desechar la proposición con punto de acuerdo, en virtud de que en fecha 17 de mayo de 2010 se publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-2010, “Prácticas comerciales-Requisitos informativos para la presentación del servicio de tiempo compartido”, la cual, con sus modificaciones, actualiza el marco aplicable a ese tipo de servicios...

Lo anterior se hace constar para los efectos del artículo 43 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se establecen las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y de los comités de la Cámara de Diputados.

Decimocuarta. En virtud de lo expuesto, la Comisión de Economía

Acuerda

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Economía, y de Turismo a ejercer una acción coordinada a fin de emitir la norma oficial mexicana para prácticas de comercialización del servicio de tiempo compartido, con objeto de incrementar y fortalecer la actividad turística en el país, presentada por el diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en fecha 4 de marzo de 2010.

Segundo. Archívese el expediente como asunto como total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2010.

La Comisión de Economía

Diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, José Antonio Arámbula López (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Jorge Hernández Hernández, Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Jorge Humberto López-Portillo Basave (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Enrique Salomón Rosas Ramírez, David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), Carlos Torres Piña (rúbrica).

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al secretario de Educación de Jalisco la asignación, periódica o permanente, de profesionales de la atención psicoeducativa y psicosocial para las escuelas primarias y secundarias del estado

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada, para estudio y análisis, proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al secretario de Educación de Jalisco la asignación, periódica o permanente, de profesionales de la atención psicoeducativa y psicosocial para las escuelas primarias y secundarias del estado, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 60, 61, 87 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

En sesión ordinaria celebrada por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 10 de noviembre de 2009, la diputada aludida presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al secretario de Educación de Jalisco la asignación, periódica o permanente, de profesionales de la atención psicoeducativa y psicosocial para las escuelas primarias y secundarias de la entidad.

En esta misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición a esta comisión para estudio y dictamen correspondiente.

II. Contenido de la proposición

En su exposición de motivos, la diputada manifiesta que las familias mexicanas enfrentan complicados problemas sociales que se traducen en una descomposición social que afecta a la familia como institución y el comportamiento del individuo como tal.

Señala que estos problemas se presentan en todo el país, pero especialmente en Jalisco, donde factores como la pobreza y la desintegración familiar favorecen y exponen a que “en seis de cada diez familias jaliscienses habite la violencia intrafamiliar reproduciéndose de generación en generación”; además, incide en otro tipo de problemas, como son la deserción escolar y la delincuencia juvenil.

Ante tal situación, la proponente expresa que “se necesita cada vez más de personal profesionalmente competente para responder de manera oportuna y acertada a sus demandas educativas y sociales, ya que la situación social en la que se encuentran muchos niños, adolescentes y jóvenes los expone a situaciones de depresión grave, de trastornos del estado de ánimo, de periodos prolongados de ansiedad, impulsividad y sensación de desesperanza”.

Por ello, argumenta como urgente la intervención de la autoridad educativa en los centros escolares para atender el problema. Por tanto, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se solicita al titular de la secretaría de Educación de Jalisco que se asigne el envío, periódico o permanente, o ambos, de profesionales de la atención psicoeducativa y psicosocial en las escuelas primarias y secundarias del estado de Jalisco.

III. Consideraciones de la comisión

Los integrantes de esta comisión dictaminadora comparten con la promovente la preocupación de que los problemas sociales relacionados con la violencia intrafamiliar han alterando el núcleo de las familias mexicanas y, por consiguiente, al conjunto de la sociedad. Asimismo, la consideran una problemática no resuelta, por lo tal, reconocen que las labores de atención y prevención son fundamentales para combatirla y erradicarla.

Al respecto, es fundamental señalar que en el país desde hace aproximadamente tres décadas comenzó a reconocerse la violencia intrafamiliar como una problemática social, la cual ha sido objeto de estudio, análisis y de intervención para su prevención y atención. 1 Sin embargo, es hasta ahora que se le concibe como un problema de interés público y con ello la importancia de la intervención del Estado mediante políticas públicas para su atención.

Las causas de violencia intrafamiliar son múltiples y diversas, no obstante las que más inciden en su generación y reproducción son con el objetivo de ejercer un control en las relaciones, como factor de dominación y desigualdad, los modelos autoritarios de educación, la red social de violencia, así como otros factores conexos como el alcoholismo, la drogadicción, los conflictos y las crisis familiares, el estrés, la pobreza, el desempleo, las condiciones de dependencia, los limitantes de acceso a los espacios de procuración de justicia, la desvinculación con el medio social, la existencia de vínculos efectivos con el agresor, factores psicológicos, entre otros. Por lo general, estos nunca se presentan de manera aislada, de ahí la complejidad del problema.

También produce otros efectos sociales, como son la drogadicción, la delincuencia, el pandillerismo, niños en la calle, la prostitución, efectos psicológicos y psiquiátricos en las victimas, incluso casos de homicidios y suicidios.

Como puede apreciarse, la violencia en la familia es un tema complejo donde confluyen aspectos relacionados con la economía, la antropología, la historia, la psicología, entre otras, 2 la cual no se resuelve mediante intervenciones centradas en los efectos, con programas de prevención aislados o de tipo meramente asistencial, tampoco con la intervención exclusiva sobre la familia, o en los centros escolares como lo expresa el proponente. Su atención requiere de equipos interdisciplinarios que a través de sus diferentes visiones permitan, en su conjunto, establecer acciones integrales y conformar redes de prevención interinstitucionales e intersectoriales, para que desde el interior de las familias se promueva la cultura del respeto y de la equidad.

De igual manera, se necesita “modificar y crear nuevos patrones socioculturales de conducta” 3 con la intención de transformar el espacio psíquico en el que los niños crecen y los adultos contribuyen a generar y mantener. Ello requiere la construcción de formas organizativas aptas para dar respuestas integrales que involucren campos diferenciados: el asistencial, el educativo, el jurídico, el cultural, etcétera.

En este sentido, en Jalisco existe una diversidad de organismos que se encargan de brindar atención y prevención de violencia intrafamiliar, entre ellos, se destaca el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar. También, existen más de 25 organismos de la sociedad civil dedicados a la prevención, investigación, atención psicológica, jurídica, médica y académica para apoyar a las víctimas de violencia intrafamiliar. 4

En cuanto a las disposiciones establecidas al respecto en el marco jurídico, sobresalen la Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar del Estado de Jalisco y su Reglamento; la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA-1999, “Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familia”.

De manera específica, la Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar del Estado de Jalisco, en el artículo 9o., fracciones II y III, considera la participación de la Secretaría de Educación para

II. Fomentar la capacitación sobre la detección y prevención de la violencia intrafamiliar al personal docente en todos los niveles de educación que le competan; y

III. Diseñar y operar en los planteles educativos programas de detección y canalización de víctimas de violencia intrafamiliar a las unidades de atención respectivos; así como la creación de grupos de atención de violencia intrafamiliar, integrados por padres de familia, personal docente y alumnado.

Igualmente, el artículo 10 de la misma Ley, establece las acciones que le corresponden a la Secretaría de Salud en materia de prevención:

Artículo 10. Le corresponde a la Secretaría de Salud, además del despacho de los asuntos precisados en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las siguientes:

I. Diseñar y poner en práctica programas de capacitación, detección, prevención y atención a personas receptoras y generadoras de violencia intrafamiliar;

III. Por conducto de trabajadoras sociales y médicos, canalizar los asuntos de violencia intrafamiliar a las autoridades correspondientes;

IV. Fomentar campañas públicas tendientes a sensibilizar y concientizar a la población sobre las formas en que se expresa, se previene o combate la violencia intrafamiliar;

Por lo tanto, esta comisión considera que la inquietud de la proponente ya está siendo atendida tanto por instituciones que tienen ese objetivo como por el marco legal existente.

En cuanto a la asignación de personal especializado en orientación psicoeducativa y psicosocial a los planteles educativos, la Coordinación de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación de Jalisco registró la existencia de 7 mil 834 escuelas durante el ciclo escolar 2009-2010, 5 de las cuales 5 mil 923 corresponden al nivel de primaria y mil 911 al de secundaria, contando con una matrícula total de 1 millón 347 mil 860 alumnos. Esta es la población que tendría que atenderse de acuerdo con la propuesta de la diputada Guillén.

Al respecto, conforme a datos proporcionados por la Dirección de Estadística y Sistemas de Información de la Secretaría de Educación de Jalisco, actualmente 27 por ciento de secundarias (513) cuenta con al menos un médico escolar, orientador vocacional o trabajador social. En términos generales, únicamente 7 por ciento del total de planteles de primaria y secundaria cuenta con al menos un especialista, lo cual significa que 93 por ciento restante requeriría contratarlo.

Con base en esta información –sin considerar aspectos como los días que se destinarían a la atención de los alumnos, las horas de trabajo, la forma de contrato del personal, entre otros–, a continuación se presentan dos escenarios posibles para el cálculo del número de especialistas que se requerirán para cumplir con propósito expuesto.

Escenarios posibles

Escenario 1: Un especialista por cada 2 planteles.

Requerimiento de especialistas: 3 mil 660

Promedio de alumnos a atender: 368

Escenario 2: Un especialista por cada 3 planteles.

Requerimiento de especialistas: 2 mil 440

Promedio de alumnos a atender: 552

Escenario 1. Considerando un especialista por cada dos planteles educativos. En este escenario se requerirían 3 mil 660 donde cada uno atendería, en promedio, 368 alumnos.

Escenario 2. Considerando un especialista por cada tres planteles educativos. En este escenario se requerirían 2 mil 440 donde cada uno atendería, en promedio, 552 alumnos.

Con base en las consideraciones presentadas, la propuesta resulta difícil de atender, entre otras razones, por el considerable impacto presupuestal que representaría para el gobierno de Jalisco la contratación de la inmensa cantidad de especialistas que se requerirían para cumplir con el propósito expuesto. Por lo tal, esta comisión dictaminadora considera que la propuesta no es viable.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60 y 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, los siguientes

Acuerdos

Primero. No es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo que solicita al secretario de Educación de Jalisco la asignación, periódica o permanente, de profesionales de la atención psicoeducativa y psicosocial en las escuelas primarias y secundarias del estado.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Notas

1 Se considera violencia intrafamiliar a la acción u omisión intencional que ponga en peligro o afecte la integridad física, psicológica o sexual, que se ejerce en contra de algún miembro de la familia, por otro integrante de la misma, independientemente de que pudiere constituir delito. Ésta puede presentarse de diversas maneras, como son física, psicológica, sexual y económica. Es decir, incluye todos los tipos de maltrato y agresiones a miembros de la familia.

Compilado teórico sobre violencia intrafamiliar . Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, Jalisco. Consultado en: ttp://www.google.com.mx/search?hl=es&q=compilado+violencia+intr afamilair+cepavi+jalisco&aq=f&aqi=&aql=&amp ;oq=&gs_rfai=

2 Estudio de la dinámica familiar en Jalisco . Sistema DIF Jalisco.

3 Acciones para erradicar la violencia intrafamiliar y contra las mujeres . Instituto Nacional de las Mujeres.

4 Instituciones estatales contra la violencia . Disponible en: http://www.contralaviolencia.org/institucion/institucion3.htm

5 Estadística educativa 2009 . Secretaría de Educación de Jalisco. Coordinación de Planeación y Evaluación Educativa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de junio de 2010

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva, José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Baiyle Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat, Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Manuel Jesús Clouthier Carrillo, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra (rúbrica).

De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Seguridad Pública, concerniente a la proposición con punto de acuerdo por el que se propone la creación del programa emergente “canasta básica escolar”, como parte de las medidas para atemperar la crisis económica de las familias mexicanas

Honorable Asamblea:

A las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Seguridad Pública de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada para su estudio y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Publica federal a crear el programa urgente de canasta básica escolar, como parte de las medidas para atemperar la crisis económica de las familias mexicanas.

Las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Seguridad Pública, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 60, 61 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

I. En sesión de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión celebrada el 8 de septiembre de 2009, las diputadas Mary Telma Guajardo Villarreal y Obdulia Magdalena Torres Abarca, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron una proposición con punto de acuerdo para proponer la creación del programa emergente “canasta básica escolar”, como parte de las medidas para atemperar la crisis económica de las familias mexicanas.

II. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó que se turnará la propuesta citada a las Comisiones Unidas de Educación Pública, Servicios Educativos, y de Seguridad Pública para su estudio y dictamen correspondiente.

II. Contenido de la proposición

a) Las promoventes refieren que la educación pública no sólo constituye un mandato constitucional, sino que además es el más eficiente instrumento del Estado para salvaguardar su identidad política y defender sus valores nacionales.

b) De igual modo manifiesta que todos los países que han logrado salir del subdesarrollo económico, político y social tienen como común denominador el hecho de haber aplicado el máximo esfuerzo y sacrificio para dotar a la educación pública de los máximos recursos disponibles, para que fuera esta la detonante de su desarrollo.

c) Señalan las proponentes que la crisis económica ha provocado en las familias mexicanas tengan mayores dificultades para sufragar los gastos educativos de sus hijos, ya que las condiciones de pobreza han provocado que numerosas familias no lleven a sus hijos a las escuelas o quienes ya han ingresado tengan que desertar por las dificultades económicas para mantenerlos en las instituciones educativas. Es por ello que las diputadas proponen crear el programa emergente canasta básica escolar consistente en la dotación de desayuno, útiles, uniformes escolares y bono de gratuidad en el transporte público y, en el caso de los estudiantes de secundaria, además de lo anterior, dotación de libros de texto gratuito.

d) Las diputadas, reconociendo el hecho de que cualquier política pública requiere de recursos y en particular el programa que plantean, proponen utilizar los recursos ociosos, es decir, no ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), pues de acuerdo con el anexo XVII, “Formato único sobre aplicaciones de recursos federales del informe trimestral”, las entidades federativas reportaron que no ejercieron recursos por 3 mil 588.3 millones de pesos, es decir, 86.5 por ciento del presupuesto aprobado. Incluso, Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, México, Nayarit y Oaxaca no ejercieron un solo peso de los recursos ministrados.

e) Asimismo, las diputadas refieren que la Secretaría de Educación Pública, en el ramo 11, en el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del segundo trimestre de 2009, esa dependencia es una de las que mayores subejercicios registra por un monto de más de 97 millones de pesos.

d) Por lo anterior, las diputadas solicitan que los recursos no ejercidos del FASP y de la Secretaría de Educación Pública sean reasignados para la creación del programa emergente canasta básica escolar.

III. Consideraciones

Primera. En los términos del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que a la letra dice: “Los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten deberán subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales. En caso contrario, dichos recursos se reasignarán a los programas sociales y de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos. La secretaría estará obligada a reportar al respecto oportunamente a la Cámara, así como hacerle llegar la información necesaria”.

Según lo expuesto anteriormente, las reasignaciones se realizarían a los programas previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, el programa denominado canasta básica escolar no fue creado, ya que según el artículo 22 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en las fracciones I, II y III, se mencionan los tiempos para el registro de los programas presupuestales mencionando como fecha límite el mes de junio (2009 en este caso).

Segunda. Es importante considerar que el artículo 21 constitucional, claramente señala que “los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines” , por tanto, resultaría inconstitucional el traslado de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública a la creación de un programa emergente de canasta básica escolar, pues la Constitución no nos dice que permite a una ley secundaria regular el tema objeto del presente dictamen.

Tercera. Aunado a lo anterior, el artículo 9, fracción VII, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 indica claramente que es el Consejo Nacional de Seguridad Publica quien aprobará durante el mes de enero, los criterios de distribución de los recursos de los fondos de ayuda federal para la Seguridad Publica a que se refiere el artículo 21 Constitucional, en términos de lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Cuarta. Por otro lado, el artículo 14, fracción VII, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica establece como una de las atribuciones del Consejo Nacional vigilar que en los criterios para la distribución de recursos de los fondos de aportaciones federales para la seguridad pública de los estados y del Distrito Federal, se observen las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal.

Quinta. De igual modo el artículo 39, apartado B, fracción XII, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica establece que la concurrencia de facultades entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, quedará distribuida conforme a lo siguiente:

B . Corresponde a la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias

XII. Destinar los fondos de ayuda federal para la seguridad pública exclusivamente a estos fines y nombrar a un responsable de su control y administración.

Sexta. Asimismo, de gran trascendencia resulta el artículo 142 de la ley en comento, debido a que establece que los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se componen con los recursos destinados a la seguridad pública, previstos en los fondos que establece el artículo 25, fracciones IV y VII, de la Ley de Coordinación Fiscal para tal objeto, por lo que los recursos que se programen, presupuesten y aporten a las entidades federativas y municipios, así como su ejercicio, control, vigilancia, información, evaluación y fiscalización, estarán sujetos a dicho ordenamiento y a la citada ley; asimismo, únicamente podrán ser destinados a los fines de seguridad pública referidos en la Ley de Coordinación Fiscal.

Séptima. Por otro lado, es importante destacar que el artículo 144 de la ley en comento señala que el pleno del Consejo Nacional resolverá la cancelación o suspensión de los recursos a que se refiere el artículo 142 de esta ley, a las entidades federativas o, en su caso, municipios, que incurran en lo siguiente:

IV. Aplicar los recursos aportados para la seguridad pública para fines distintos a los que disponen las disposiciones jurídicas aplicables;

Octava. Por otro lado, la Ley de Coordinación Fiscal advierte en el artículo 25 respecto de la participación de los estados, municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal y, en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta ley , para los fondos siguientes:

VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

Novena. Por otro lado, el artículo 49, también de la Ley de Coordinación Fiscal, establece que las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los fondos a que se refiere este capítulo reciban las entidades y, en su caso, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, no serán embargables, ni los gobiernos correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas ni afectarlas en garantía o destinarse a mecanismos de fuente de pago, salvo por lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de esta ley. Dichas aportaciones y sus accesorios en ningún caso podrán destinarse a fines distintos a los expresamente previstos en los artículos 26, 29, 33, 37, 40, 42, 45 y 47 de esta ley.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60 y 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Seguridad Pública somete a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. No es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para crear el programa emergente “canasta básica escolar” con los recursos no ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, en virtud de que se considera improcedente.

Segundo. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de junio de 2010.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva, José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío, Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Baiyle Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat, Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Manuel Jesús Clouthier Carrillo, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra (rúbrica).

La Comisión de Seguridad Pública

Diputados: José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Alejandro Gertz Manero, Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua, Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Omar Fayad Meneses (rúbrica), Jorge Fernando Franco Vargas, Luis Alejandro Guevara Cobos (rúbrica), Aarón Irízar López, Feliciano Rosendo Marín Díaz, Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro, Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Recursos Hidráulicos, y de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que al elaborar el dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, se asignen recursos al Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas en la rectificación, revestimiento y modificación de estructuras del río Querétaro

Honorable Asamblea:

A las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Recursos Hidráulicos les fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Recursos Hidráulicos, y de Presupuesto y Cuenta Pública para que, al elaborar el dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, se asignen recursos al Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU) en la rectificación, revestimiento y modificación de estructuras del río Querétaro.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es competente para analizar y dictaminar la citada proposición con punto de acuerdo, y procede en consecuencia, tomando en cuenta los siguientes

Antecedentes

Primero . En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 4 de noviembre de 2009, el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Recursos Hidráulicos y de Presupuesto y Cuenta Pública para que, al elaborar el dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, se asignen recursos al Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU) en la rectificación, revestimiento y modificación de estructuras del río Querétaro.

Segundo. En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite a la proposición en los siguientes términos: “Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Recursos Hidráulicos”.

Recibido el asunto, esta comisión dictaminadora, procedió al estudio del siguiente

Contenido de la Proposición

El diputado proponente plantea la necesidad de solventar financieramente la ejecución de obras hidráulicas en el cauce del río Querétaro, en diversos tramos de una zona que comunica los municipios de Querétaro y El Marqués, así como los asentamientos de Santa María Magdalena, El Arenal y Las Adjuntas, cuyo proyecto prevé el revestimiento de 41,180 metros cuadrados del cauce, así como la adecuación y/o reconstrucción de puentes vehiculares y peatonales, con una inversión total proyectada de 166.6 millones de pesos.

Ante esa necesidad, el proponente plantea el siguiente punto de acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Recursos Hidráulicos, y de Presupuesto y Cuenta Pública para que, al elaborar el dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, se asignen recursos al Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU) en la rectificación, revestimiento y modificación de estructuras del río Querétaro.”

Una vez analizado el contenido de la proposición que nos ocupa, las y los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, exponemos las siguientes

Consideraciones

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública es la que encabeza el turno de la proposición con punto de acuerdo; en consecuencia, es la encargada de generar el proyecto de dictamen correspondiente, para su discusión y, en su caso, aprobación por las comisiones dictaminadoras.

Observamos que el proyecto a que alude el proponente, además de que no corresponde sólo a obras hidráulicas, sino que comprende también la adecuación y reconstrucción de puentes vehiculares y peatonales, no fue presentado ante la Comisión de Recursos Hidráulicos ni ante la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Cabe aclarar que un proyecto sólo puede ser objeto de asignación presupuestaria, cuando cuenta con estudio de factibilidad y es validado por la autoridad del agua, así como inscrito en la Cartera de Proyectos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, en el caso que nos ocupa, debe tratarse de un proyecto presentado por el gobierno local o su representante, y referido a obras de infraestructura hidráulica o hidroagrícola.

En las consideraciones del dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, señala:

Que en el marco del examen y la discusión del proyecto de presupuesto, la comisión sostuvo reuniones de trabajo con los gobernadores constitucionales de 27 entidades federativas, incluido el gobernador del estado de Querétaro, quien al presentar sus propuestas para su posible inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, no incluyó el proyecto aludido por el proponente.

Que la comisión de presupuesto recibió 718 proposiciones con punto de acuerdo que, en materia de recursos públicos, planteaban cambios o adiciones al proyecto del Ejecutivo, de las cuales, 662 fueron presentadas en la Cámara de Diputados, incluida la que ahora se dictamina, y 56 en el Senado de la República, y

Que a través de la votación del dictamen con Proyecto de Presupuesto de 2010, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, dictaminó a su vez la procedencia o no de los puntos de acuerdo señalados, en función de su inclusión en el cuerpo del proyecto final de presupuesto que se sometiera a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados.

En este orden, y derivado de que al proyecto referido no se le asignaron recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, consideramos que la proposición con punto de acuerdo que se atiende con el presente dictamen, ha quedado sin materia.

Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Recursos Hidráulicos somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes

Acuerdos

Primero. La Comisión de Recursos Hidráulicos, reconoce que la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, el 15 de octubre de 2009, ha quedado sin materia en virtud de haber sido atendida mediante el dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de junio de 2010.

La Comisión de Recursos Hidráulicos

Diputados: Óscar Javier Lara Aréchiga (rúbrica), presidente; Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), Silvia Isabel Monge Villalobos, José Manuel Marroquín Toledo (rúbrica), José María Valencia Barajas (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Ninfa Clara Salinas Sada, Cora Cecilia Pinedo Alonso, secretarios; Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Jorge Rojo García de Alba (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Fausto Sergio Saldaña del Moral (rúbrica), Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Rolando Zubía Rivera (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor, Ramón Merino Loo (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo, Domingo Rodríguez Martell (rúbrica), Antonio Benítez Lucho, Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica).

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer –a través de la Conagua– en las reglas de operación del Ejercicio de 2010 un componente máximo de inversión no mayor de 10 por ciento en la contraparte que aportarán los usuarios de riego en los programas hidroagrícolas, y un componente máximo de inversión no mayor de 20 por ciento en la contraparte a cargo de los organismos operadores o de los gobiernos locales en los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Recursos Hidráulicos le fueron turnados para su estudio y dictamen, los resolutivos primero y segundo de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a establecer en las reglas de operación para el ejercicio de 2010, un componente máximo de inversión no mayor de 10 por ciento en la contraparte que aportarán los usuarios de riego en los programas hidroagrícolas, y un componente máximo de inversión no mayor de 20 por ciento en la contraparte a cargo de los organismos operadores o de los gobiernos locales en los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es competente para analizar y dictaminar sobre los resolutivos primero y segundo de la citada proposición con punto de acuerdo, y procede en consecuencia, tomando en cuenta los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 8 de septiembre de 2009, la diputada Leticia Robles Colín, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, a establecer en las reglas de operación para el ejercicio de 2010, un componente máximo de inversión no mayor de 10 por ciento en la contraparte que aportarán los usuarios de riego en los programas hidroagrícolas, y un componente máximo de inversión no mayor de 20 por ciento en la contraparte a cargo de los organismos operadores o de los gobiernos locales en los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Segundo. En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite a la proposición en los siguientes términos: “Túrnense los resolutivos primero y segundo a la Comisión de Recursos Hidráulicos y el resolutivo tercero a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública”.

Recibido el asunto, esta comisión dictaminadora, procedió al estudio del siguiente

Contenido de la proposición

La diputada proponente señala que los montos de contrapartes exigidas en las reglas de operación representan un factor de exclusión para gobiernos locales, organismos operadores y usuarios, o posibles beneficiarios de infraestructura de riego, ya que sólo si se cuenta con montos crecientes de inversión es que se puede acceder a los programas federalizados, generando con ello un círculo vicioso donde se perpetúa el retraso y se ensancha la brecha entre regiones desarrolladas y no desarrolladas.

Con base en esta idea central, y apoyada en diversos razonamientos colaterales, la proponente plantea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados, LXI Legislatura, con pleno respeto al ámbito de sus respectivas competencias, exhorta al Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, a establecer en las reglas de operación para los programas de infraestructura hidroagrícola y de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2010, un componente máximo de inversión no mayor al 20 por ciento en la contraparte a aportar por los organismos operadores o gobiernos locales en los diversos programas en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento a su cargo.

Segundo. La Cámara de Diputados, LXI Legislatura, con pleno respeto al ámbito de sus respectivas competencias exhorta al Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, a establecer en las reglas de operación para los programas de infraestructura hidroagrícola y de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2010, un componente máximo de inversión no mayor al 10 por ciento en la contraparte a aportar por los usuarios de riego en los diversos programas en materia hidroagrícola a su cargo.

Tercero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que, en el marco de discusión del paquete económico de 2010, integre en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, un apartado que fije el porcentaje máximo de contraparte a aportar por los usuarios y gobiernos locales en los distintos programas de infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y saneamiento, y que deberá ser observado y atendido en las reglas de operación que en la materia publique el Poder Ejecutivo federal, de conformidad con lo establecido en los resolutivos primero y segundo del presente punto de acuerdo.

Una vez analizado el contenido de los resolutivos primero y segundo de la proposición que nos ocupa, las y los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, exponemos las siguientes

Consideraciones

Coincidimos con la diputada Leticia Robles Colín, en cuanto al reconocimiento de la necesidad de reducir los montos porcentuales de participación máxima de los usuarios hidroagrícolas y de las autoridades y organismos operadores del servicio público de agua potable y saneamiento, en los esquemas de pari-passu previstos en las reglas de operación para los programas correspondientes, a cargo de la Comisión Nacional del Agua.

Sin embargo estimamos que los porcentajes deben ser consensuados entre los legisladores integrantes de los diversos grupos parlamentarios que conforman la Cámara de Diputados, pues esta comisión dictaminadora no cuenta con los elementos que le permitan calificar la viabilidad objetiva de los porcentajes propuestos.

Asimismo, consideramos que a la propuesta de porcentajes máximos de participación, una vez consensuados, deberemos darles eficacia de ley, mediante la modificación de los artículos 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 29, fracción II y 39 del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Finalmente, observamos que la proposición deviene sin materia, pues no es viable la conformidad planteada entre lo previsto en el resolutivo tercero, y lo propuesto en los resolutivos primero y segundo del punto de acuerdo que nos ocupa, en virtud de que la Comisión de Presupuesto, a través de la votación del dictamen con proyecto de Presupuesto 2010, dictaminó la procedencia o no de las 718 proposiciones con punto de acuerdo que le fueron turnadas, incluida la que es objeto de este dictamen, las cuales en materia presupuestaria, planteaban cambios o adiciones al proyecto del Ejecutivo, y que se atendieron y dictaminaron en función de su inclusión o no en el cuerpo del Proyecto de Presupuesto que se sometió a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados.

Con base en lo anterior, los diputados integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, consideramos que la proposición con punto de acuerdo ha sido atendida con la intervención de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el proceso de dictamen sobre el Proyecto de Presupuesto 2010, y de la Comisión de Recursos Hidráulicos, en los términos de las consideraciones anteriores.

Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Recursos Hidráulicos somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes

Acuerdos

Primero. La Comisión de Recursos Hidráulicos, reconoce que la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Leticia Robles Colín, el 8 de septiembre de 2009, ha quedado sin materia, en virtud de haber sido atendida mediante el dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de junio de 2010.

La Comisión de Recursos Hidráulicos

Diputados: Óscar Javier Lara Aréchiga (rúbrica), presidente; Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), Silvia Isabel Monge Villalobos, José Manuel Marroquín Toledo (rúbrica), José María Valencia Barajas (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Ninfa Clara Salinas Sada, Cora Cecilia Pinedo Alonso, secretarios; Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Jorge Rojo García de Alba (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Fausto Sergio Saldaña del Moral (rúbrica), Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Rolando Zubía Rivera (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor, Ramón Merino Loo (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo, Domingo Rodríguez Martell (rúbrica), Antonio Benítez Lucho, Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica).

De la Comisión de Seguridad Pública, tocante a la proposición con punto de acuerdo relativo al clima de inseguridad y violencia en Chihuahua

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura fue turnada el 28 de abril de 2010, para estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo relativo al clima de inseguridad y violencia en Chihuahua.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Seguridad Pública somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, en sentido negativo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 28 de abril de 2010, el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo relativo al clima de inseguridad y violencia en el estado de Chihuahua.

II. En la misma fecha, el presidente y demás integrantes de la Mesa Directiva dispusieron que dicha proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública para estudio y dictamen.

III. El 11 de agosto de 2010, en sesión plenaria de la Comisión de Seguridad Pública, el dictamen fue aprobado en sentido negativo por 17 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

1. El proponente manifiesta que la inseguridad y la violencia en México son el pan de cada día, pues las cifras en la materia señalan que en el país durante enero del presente año se registraron casi mil asesinatos, dando un total de casi 18 mil personas muertas en lo que va de la presente administración. Además, con la cifra en 2009, de 8 mil 281 muertes relacionadas con el crimen organizado, se dio un incremento de 147 por ciento, lo que da un promedio de casi 23 homicidios al día.

2. Precisa que con el asesinato múltiple ocurrido la madrugada del domingo 31 de enero de 2010, cerró la estadística del primer mes del año con más de 300 ejecuciones, 230 en la ciudad fronteriza, colocando nuevamente a Chihuahua en el primer lugar mundial en violencia.

3. El proponente comenta con relación al clima de violencia, que de los 2 mil 635 asesinatos de 2009 y los que van en 2010, la mayoría de ellos se han dado por ejecuciones de personas desarmadas y sin enfrentamientos, no obstante que el último día de marzo de 2008 se inauguró el operativo conjunto Chihuahua (renombrado “Operación Coordinada Chihuahua”), pues los niveles de inseguridad no ceden.

4. Por último, el diputado expresa que una de las formas en que la Cámara de Diputados puede y debe contribuir al restablecimiento del orden y tranquilidad social de esa entidad, instaurando y agilizando los mecanismos para atender, recibir y desahogar los reclamos, quejas y denuncias de los ciudadanos de Chihuahua ante las circunstancias de riesgo y peligro latente de vejación de sus derechos humanos con motivo del estado de excepción que de facto ahí se ha formado, a través del Comité de Información, Gestoría y Quejas acuerda enviar con la mayor brevedad un grupo plural de sus miembros a la ciudad de Chihuahua, con objeto de atender y recibir las peticiones, inquietudes y quejas ciudadanas, propiciando la actuación pronta y expedita de los órganos, instancias y autoridades encargados de garantizar la protección y el ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos de esa entidad federativa, como las Procuradurías Estatal de Justicia y General de la República, las Secretarías estatal y federal de Seguridad Pública, y las Comisiones Estatal y Nacional de los Derechos Humanos.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la proposición con punto de acuerdo, los miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados suscriben el presente dictamen.

Consideraciones

1. La Comisión de Seguridad Pública, con las atribuciones señaladas, se abocó a dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo.

2. En primer lugar, las proposiciones con punto de acuerdo, como señalan los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo Reglamento), y el artículo décimo segundo del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, aprobado el 27 de septiembre de 2006 y adiciones de fecha 24 de abril de 2007 (en lo sucesivo acuerdo), son precisamente propuestas de legisladores “en asuntos de orden político, cultural o social que afecten a una comunidad, grupo, partido o colectividad y cuyos efectos sean de interés general, para que el pleno de cualquiera de las Cámaras o de la Comisión Permanente, en el ámbito de su competencia, emita algún pronunciamiento, exhorto o recomendación”.

”Las proposiciones con punto de acuerdo podrán ser de tres tipos:

”De exhorto. Por medio del cual se solicita respetuosamente de una autoridad administrativa, en el ámbito de colaboración entre poderes, la realización o cesación en la ejecución de determinados actos; el cumplimiento concreto de obligaciones o, en general, la ejecución o suspensión de ciertas acciones, en beneficio de una comunidad, grupo, partido o colectividad y cuyos efectos sean de interés general.

”De pronunciamiento. Se solicita la declaración expresa de la Cámara o de la Comisión Permanente, que implique un posicionamiento con relación a una manifestación, acontecimiento, resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales e internacionales, con relación a asuntos de orden político, social o cultural, cuyos efectos sean de interés general.

”De recomendación. Se refiere a la sugerencia respetuosa, en el ámbito de colaboración entre los poderes, a órganos de la administración pública federal, del Poder Judicial o de los gobiernos de los estados, para que realicen algún acto, gestión, cumplan alguna obligación, resolución o acuerdo, en asuntos de interés general (José G. Sandoval Ulloa. Prontuario de términos, prácticas y procedimientos más usados en el trabajo parlamentario de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, página 38).

3. Por tanto, la presente proposición con punto de acuerdo no se sitúa en ninguna tipo de proposiciones que la regulación del gobierno interior del Congreso establece; luego entonces, no es materia de una proposición con punto de acuerdo solicitar a la Cámara de Diputados que a través del Comité de Información, Gestoría y Quejas acuerde enviar con la mayor brevedad un grupo plural de sus miembros a la ciudad de Chihuahua con objeto de atender y recibir las peticiones, inquietudes y quejas ciudadanas, propiciando la actuación pronta y expedita de las órganos, instancias y autoridades responsables de garantizar la protección y el ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos de esa entidad federativa, como lo son las Procuradurías Estatal de Justicia y General de la República, las Secretarías estatal y federal de Seguridad Pública, y las Comisiones Estatal y Nacional de los Derechos Humanos.

Lo anterior, en razón de que las proposiciones con punto de acuerdo no versan sobre iniciativas de ley o de decretos (artículo 58 del Reglamento) o sobre asuntos que entrañen una gestión, pues éstos deberán exponerse de manera directa ante el Comité de Información, Gestoría y Quejas (párrafo segundo del artículo décimo segundo del acuerdo):

Artículo 58 del Reglamento. Las proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que las suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes:

I. Se presentarán por escrito y firmadas por sus autores al presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que sean presentadas. Podrá su autor, o uno de ellos si fueren varios, exponer los fundamentos y las razones de su proposición o proyecto;

II. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición;

III. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si admite o no a discusión la proposición. En el primer caso se pasará a la comisión o comisiones a que corresponda, y en el segundo se tendrá por desechada.

Artículo 60 del Reglamento. Ninguna proposición o proyecto podrá discutirse sin que primero pase a la comisión o comisiones correspondientes y éstas hayan dictaminado. Sólo podrá dispensarse este requisito en los asuntos que por acuerdo expreso de la Cámara se calificaren de urgente o de obvia resolución.

Cuando la Cámara conozca de los permisos a que se refieren las fracciones II, III y IV del inciso B) del artículo 37 de la Constitución General, la comisión legislativa correspondiente podrá formular dictamen resolviendo varias solicitudes a la vez, integrando en el proyecto de decreto tantos artículos como permisos se concedan, sin perjuicio de que, puestos a discusión, si un legislador así lo solicita, cualquier artículo será reservado.

Artículo décimo segundo del acuerdo. En el rubro de proposiciones con punto de acuerdo podrán presentarse los asuntos de orden político, cultural o social que afecten a una comunidad, grupo, partido o colectividad y cuyos efectos sean de interés general, para que la Cámara haga algún pronunciamiento, exhorto o recomendación.

No se considerará materia para una proposición con punto de acuerdo la que verse sobre asuntos que entrañen una gestión, los cuales deberán exponerse de manera directa ante el Comité de Información, Gestoría y Quejas. De igual forma, no constituye objeto de una proposición la solicitud de información a una dependencia gubernamental ni la petición para que una comisión se reúna con algún funcionario público del Ejecutivo federal. Tales trámites deberán hacerse con base en lo preceptuado en el artículo 45, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General, así como en los artículos 89 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior.

4. El Comité de Información, Gestoría y Quejas es creado con la finalidad de conocer y dar atención a las peticiones que formulen los ciudadanos ante la Cámara de Diputados; al mismo tiempo, propicia el diálogo entre la ciudadanía y las diversas instancias del Estado mexicano.

Lo anterior, con el compromiso de que las acciones entre los diferentes órganos de gobierno y los ciudadanos se realicen con equidad, legalidad y transparencia, buscando además la agilización de trámites entre las dependencias gubernamentales y las personas que acuden como peticionarios ante este comité.

Es importante definir los alcances del Comité de Información, Gestoría y Quejas para efectos de su ejercicio, así como de sus tres principales funciones: la orientación informativa, la gestión a solicitud de los ciudadanos y la recepción de quejas.

5. Por lo anterior y en concordancia con lo establecido en el artículo 46, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende que el Comité de Información, Gestoría y Quejas es el órgano donde se orienta a los ciudadanos que así lo soliciten. De esa forma, las acciones tomadas por esta instancia parlamentaria tienen como propósito brindar apoyo al peticionario.

El comité es formado mediante acuerdo tomado por la Junta de Coordinación Política, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 34 de la Ley Orgánica de los Estados Unidos Mexicanos y en términos de lo dispuesto en el artículo 46, numeral 2, del mismo ordenamiento, el cual determina:

Para la orientación informativa, así como para el conocimiento y atención de las peticiones que formulen los ciudadanos a la Cámara o a sus órganos, se formará el Comité de Información, Gestoría y Quejas. Dicho acuerdo fue tomado por la Junta de Coordinación Política, el 18 de diciembre de 2006, votado el 19 de diciembre del mismo año y publicado en la Gaceta Parlamentaria el 15 de enero de 2007.

6. En razón de lo expuesto, se puede concluir que el objetivo general del Comité de Información, Gestoría y Quejas consiste en conocer y atender las peticiones que formule la ciudadanía a la Cámara de Diputados o a cualquiera de sus órganos, y sus objetivos específicos son propiciar el diálogo ante las diversas instancias del Estado mexicano involucradas; responder ante el derecho de los ciudadanos de obtener contestación, por parte de este comité como autoridad solicitada, en una forma responsable, eficiente y transparente, en beneficio de la ciudadanía; consolidar un esquema de información y gestión que dote de certidumbre al quejoso o solicitante, que demande la participación del comité; promover los principios de responsabilidad y corresponsabilidad, entre las autoridades correspondientes y el comité, con la finalidad de promover una política de atención acorde con los requerimientos de la sociedad.

A su vez, es menester señalar las principales vertientes estratégicas del Comité de Información, Gestoría y Quejas:

• Generar la firma de convenios de colaboración, con las secretarías de Estado, así como con todas y cada una de las entidades federativas a efecto de dar mayor eficiencia en las actividades que realice el comité con cada una de ellas. Esto, con el apoyo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, no dejando de lado los convenios marco ya firmados.

• Realizar jornadas legislativas de gestión y atención ciudadana, en el país, proponiendo visitas a cada uno de los estados.

• Promover de forma eficaz el sitio en Internet, por medio del cual se den a conocer a la ciudadanía las actividades que realice este comité y se pueda hacer por este medio cualquier petición, para que de la misma forma se pueda dar seguimiento a los trámites iniciados.

• Crear enlaces de comunicación directa con los titulares de las secretarías de Estado, a efecto de generar su colaboración y se cumplan con mayor eficacia los fines del comité.

7. En cuanto a la solicitud del proponente para que la Cámara de Diputados, a través del Comité de Información, Gestoría y Quejas, acuerde enviar con la mayor brevedad un grupo plural de sus miembros a la ciudad de Chihuahua, con objeto de atender y recibir las peticiones, inquietudes y quejas ciudadanas, propiciando la actuación pronta y expedita de los órganos, instancias y autoridades responsables de garantizar la protección y el ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos de esa entidad federativa, como las Procuradurías Estatal de Justicia y General de la República, las Secretarías Estatal y Federal de Seguridad Pública, y las Comisiones Estatal y Nacional de los Derechos Humanos, la comisión considera que si bien no es materia de una proposición con punto de acuerdo la propuesta aquí presentada, está de acuerdo en que se sugiera al Comité de Información, Gestoría y Quejas que analice seriamente la posibilidad de enviar con la mayor brevedad un grupo plural de sus miembros a la ciudad de Chihuahua, con objeto de atender y recibir las peticiones, inquietudes y quejas ciudadanas, a efecto de propiciar la actuación pronta y expedita de las órganos, instancias y autoridades responsables de garantizar la protección y ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos de esa entidad federativa, como las Procuradurías Estatal de Justicia y General de la República, las Secretarías Estatal y Federal de Seguridad Pública, y las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos.

8. Esta comisión considera inviable aprobar el punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados, a través del Comité de Información, Gestoría y Quejas, acuerde enviar con la mayor brevedad un grupo plural de sus miembros a la ciudad de Chihuahua, con el objeto señalado, en razón de que no es materia de una proposición con punto de acuerdo lo que el proponente solicita. No obstante, la comisión considera necesaria y oportuna la propuesta en comento, y sugiere que sea presentada directamente al Comité de Información, Gestoría y Quejas.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo al clima de inseguridad y violencia en el estado de Chihuahua, presentada por el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 28 de abril de 2010. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de agosto de 2010.

La Comisión de Seguridad Pública

Diputados: José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre, Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica en abstención), Alejandro Gertz Manero, Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbrica en contra), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins, Omar Fayad Meneses (rúbrica), Jorge Fernando Franco Vargas, Luis Alejandro Guevara Cobos (rúbrica), Aarón Irízar López (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz, Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro, Ricardo Sánchez Gálvez, Ardelio Vargas Fosado.

De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, referente a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 una disposición que otorgue mayores recursos para el pago de jubilaciones y pensiones a derechohabientes del IMSS y del ISSSTE

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión fue turnada, para la emisión del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General del los Estados Unidos Mexicanos, así como en artículos 60, 87, 88, 94 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social elaboraron este dictamen, de acuerdo a los siguientes antecedentes, contenido de la iniciativa, consideraciones, conclusiones y acuerdos.

Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada el 5 de noviembre de 2009, la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se incluya una disposición para que se otorguen mayores recursos para el pago de jubilaciones y pensiones a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

2. En la misma fecha y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, se turnó la proposición con punto de acuerdo a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

3. Las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social tuvieron reuniones, recabaron la información necesaria y analizaron la proposición con punto de acuerdo a ellas turnada, a efecto de elaborar el dictamen que se somete a su consideración.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

La autora de la proposición con punto de acuerdo señala que el objetivo de la seguridad social es el de ofrecer protección a los trabajadores que están o lleguen a la imposibilidad de de obtener un ingreso que les permita satisfacer sus propias necesidades y las de su familia.

Menciona la promovente que tanto el IMSS como el ISSSTE nacen como una necesidad para asegurar a los trabajadores de la iniciativa privada y a los trabajadores al servicio del Estado, los requerimientos necesarios para satisfacer sus necesidades, garantizando el acceso a los servicios de salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.

También menciona que los institutos de seguridad social otorgan pensiones por jubilación, edad y tiempo de servicios, cesantía en edad avanzada, invalidez, viudez y orfandad, por riesgo de trabajo y gastos de funeral en caso de muerte del asegurado o el pensionado o jubilado.

Para los efectos de las prestaciones que señala la promovente en la proposición con punto de acuerdo que se dictamina propone que la Cámara de Diputados exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a incluir en el decreto de Presupuesto de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 los recursos necesarios para el pago de jubilaciones y pensiones a los derechohabientes del IMSS y del ISSSTE, para que haya un pago justo y oportuno, dada la vulnerabilidad de este segmento de la población no solo por las condiciones propias de la edad, sino que limitan sustancialmente su capacidad económica para contribuir al sostenimiento de sus familias.

La proposición con punto de acuerdo está redactada en los siguientes términos: “Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso General del los Estados Unidos Mexicanos, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para el pago de jubilaciones y pensiones a los derechohabientes del ISSSTE e IMSS, indexando a estas prestaciones la inflación anual esperada para el ejercicio 2009 más dos puntos porcentuales, con la finalidad de que las mismas sean más decorosas para la manutención y la calidad de vida de los derechohabientes”.

Consideraciones de las comisiones que dictaminan

Las comisiones que dictaminan coinciden con la autora de la proposición con punto de acuerdo, en cuanto a la necesidad de que la seguridad social cumpla a cabalidad con los derechos que las leyes determinan, lo que no será posible con la proposición con punto de acuerdo que se analiza, toda vez que las leyes de seguridad social son muy precisas en señalar las cuotas y aportaciones para el financiamiento de los ramos de seguro que contienen.

Sobre el particular, hay que referir que cada uno de los ramos de seguro que contienen dichas leyes, se regulan por los ingresos en ellas señalados, tienen un mecanismo de financiamiento que ellas contienen, provenientes de las aportaciones obrero patronales y del Estado, por lo que no se tienen recursos adicionales que permitan que se utilicen recursos fiscales que sean suficientes para el pago de las pensiones, lo que se puede lograr con una propuesta de ley que contenga los mecanismos necesarios para ese propósito.

Igualmente, señalan que al utilizar fondos fiscales para el pago de las pensiones de los jubilados y pensionados de los institutos de seguridad social, se están tomando recursos de quienes no tienen acceso a las prestaciones de seguridad social, por lo que se convierten en inequitativas.

Por otra parte, la propuesta de inclusión de recursos adicionales para el pago de pensiones y jubilaciones de los institutos de seguridad social en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, presentada antes de su aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados, no fue incluida en el mismo, por lo que se encuentra desfasada con los tiempos legislativos.

Conclusiones

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, que suscriben este dictamen, concluyen que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo que se ha analizado, y someten a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo relativa al pago de jubilaciones y pensiones a los derechohabientes del ISSSTE y el IMSS, presentada por la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 5 de noviembre de 2009.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Dado en la sala de juntas de la Comisión de Seguridad Social, a 28 de julio de 2010.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputados: T ereso Medina Ramírez (rúbrica), presidente; Israel Reyes Ledesma Magaña (rúbrica), José Ramón Martel López, Nancy González Ulloa (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica en contra), Diego Guerrero Rubio (rúbrica), secretarios; Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales, Miguel Ángel García Granados, Isaías González Cuevas (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Carlos Oznerol Pacheco Castro, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), César Octavio Madrigal Díaz, Valdemar Gutiérrez Fragoso, María Felícitas Parra Becerra, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Laura Piña Olmedo (rúbrica en abstención), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica en abstención), Porfirio Muñoz Ledo.

La Comisión de Seguridad Social

Diputados: Uriel López Paredes (rúbrica), presidente; Janet Graciela González Tostado (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano, Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Valdemar Gutiérrez Fragoso (rúbrica), Ana Elia Paredes Árciga (rúbrica), Israel Madrigal Ceja (rúbrica), secretarios; Malco Ramírez Martínez (rúbrica), Elvia Hernández García, Armando Neyra Chávez (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, Isaías González Cuevas, Francisco Alejandro Moreno Merino, Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica en contra), Graciela Ortiz González, Armando Jesús Báez Pinal, Germán Contreras García, Velia Idalia Aguilar Armendáriz (rúbrica), María Elena Pérez de Tejada Romero, José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García, Bernardo Margarito Téllez Juárez, Rubén Arellano Rodríguez, Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Herón Agustín Escobar García (rúbrica), María Guadalupe García Almanza.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, respecto a la proposición con punto de acuerdo con objeto de exhortar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a fijar un incremento salarial para 2010 de al menos 6.5 por ciento; y al pleno de ésta Cámara de Diputados, a constituir un grupo de trabajo que elabore las reformas necesarias para que ésta fije los incrementos de los salarios mínimos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social le fue turnada el día 18 de noviembre de 2009 por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo con el objeto de exhortar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a que fije un incremento salarial para el 2010 de al menos 6.5%; igualmente se exhorte al pleno de esta Cámara de Diputados, para que constituya un grupo de trabajo que elabore las reformas necesarias para que sea la propia Cámara de Diputados la que fije en adelante los incrementos a los salarios mínimos, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 5o., 38, 39 y 40 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establecen las Normas Relativas al Funcionamiento de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, presenta el siguiente dictamen conforme a los siguientes

Antecedentes

1. En fecha 18 de noviembre de 2009, el diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó al pleno la proposición con punto de acuerdo al rubro en cita para su consideración.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la proposición con punto de acuerdo en cita, para su correspondiente dictamen.

3. La proposición con punto de acuerdo en estudio se fundamenta y razona en las siguientes

Consideraciones

Se ha realizado un estudio y análisis acerca de la proposición con punto de acuerdo del diputado Ramón Jiménez López. En este sentido, esta comisión dictaminadora considera, como efectivamente lo señala el diputado promovente, el salario mínimo general vigente no es suficiente para satisfacer las necesidades de los trabajadores, el mismo se está quedando a la zaga de la inflación, requiriéndose elevarlo a uno o dos puntos porcentuales para que recupere la pérdida acumulada, que desde 1982 al 2009 ha alcanzado el 82.17 por ciento, procurando situar dicho salario al menos en 6.5 por ciento, lo es también que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos el 23 de diciembre de 2009 fijó el correspondiente salario mínimo de las tres áreas geográficas para el año de 2010, por conducto de su honorable consejo de representantes de 4.85 por ciento, mismo que tuvo efectos jurídicos mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación del 1o. de enero del año en curso.

Es necesario señalar también que en relación al exhorto para que esta Cámara de Diputados constituya un grupo de trabajo que elabore las reformas necesarias para que sea éste cuerpo colegiado el que fije en adelante los incrementos a los salarios mínimos, cabe mencionar, que el Congreso federal carece de facultades para exhortar o solicitar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, organismo público descentralizado, que fije para determinado año el respectivo salario mínimo general, porque si ejerciera tal acción violentaría lo establecido en la fracción VIII, del artículo 557, de la Ley Federal del Trabajo, que determina que

El “Consejo de Representantes tiene los deberes y atribuciones siguientes ...

VIII. Fijar los salarios mínimos generales y profesionales;...”;

así como también lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 570 de la citada ley que establece

“Los salarios mínimos se fijarán cada año y comenzarán a regir el primero de enero del año siguiente.”

El Congreso federal, de acuerdo al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente puede solicitar información a los organismos públicos descentralizados y crear comisiones para investigarlos, pero no puede solicitarles que ejerzan una función o actividad determinada, porque para ello existen entes públicos y sociales que pueden llevarlo a efecto.

En ese sentido, únicamente el secretario del Trabajo y Previsión Social y los sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores o de los patrones, éstos cumpliendo determinados requisitos, podrán solicitar la revisión de los salarios mínimos en cualquier momento en el curso de su vigencia siempre que existan circunstancias económicas que lo justifiquen, de conformidad al mismo artículo 570 del código laboral mencionado. Como se puede desprender de ello, solamente se refiere a la solicitud de revisión de los salarios mínimos, ni siquiera aborda la solicitud para su fijación.

Por lo tanto, y ante las consideraciones antes vertidas esta comisión dictamina los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo con el objeto de exhortar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a que fije un incremento salarial para el 2010 de al menos 6.5 por ciento; igualmente se exhorte al pleno de esta Cámara de Diputados, para que constituya un grupo de trabajo que elabore las reformas necesarias para que sea la propia Cámara de Diputados la que fije en adelante los incrementos a los salarios mínimos, presentada por el diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD, el 18 de noviembre 2009.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2010.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputados: Tereso Medina Ramírez, presidente (rúbrica); Israel Reyes Ledesma Magaña (rúbrica), José Ramón Martel López, Nancy González Ulloa (rúbrica), José Gerardo De los Cobos Silva (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Diego Guerrero Rubio (rúbrica), Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica en abstención), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), César Octavio Madrigal Díaz, Víctor Félix Flores Morales, Miguel Ángel García Granados, Isaías González Cuevas (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Carlos Oznerol Pacheco Castro, Valdemar Gutiérrez Fragoso, María Felicitas Parra Becerra, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Laura Piña Olmedo (rúbrica en contra), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica en abstención), Porfirio Muñoz Ledo.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, concerniente a la proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del secretario del Trabajo y Previsión Social

Honorable Asamblea

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social le fue turnada, el martes 9 de febrero de 2010, por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del secretario del Trabajo y Previsión Social, con relación a la pérdida de empleos y la estrategia anunciada por el presidente de la República en su mensaje de año nuevo, así como para que informe sobre la liquidación de la compañía de Luz y Fuerza del Centro y la asunción de sus funciones por la Comisión Federal de Electricidad, a cargo del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 5o., 38, 39 y 40 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establecen las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados, presenta el siguiente dictamen conforme a los siguientes

Antecedentes

1. En fecha 9 de febrero de 2010, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó al pleno la proposición con punto de acuerdo al rubro en cita para su consideración.

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la proposición con punto de acuerdo en cita, para su correspondiente dictamen.

3. La proposición con punto de acuerdo en estudio se fundamenta y razona en las siguientes consideraciones

Consideraciones

Se ha realizado un estudio y análisis acerca de la proposición con punto de acuerdo del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. El argumento toral del punto de acuerdo en cita, se refiere a que por una parte, ante la situación actual de pérdida creciente de empleos, la disminución en la inscripción de trabajadores al seguro social y la ausencia del compromiso para generar empleo fijo y mejor remunerado por parte del presidente de la República; y por la otra, ante el conflictivo proceso de desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y la asunción de las funciones de la Comisión Federal de Electricidad, es preciso solicitar la comparecencia del secretario del Trabajo y Previsión Social ante los diputados federales para que explique e informe acerca de lo que está aconteciendo en estas materias.

Efectivamente, como lo determina bien el diputado promovente, ante la situación crítica en materia laboral, social y económica que padece nuestro país, sería preciso y necesario solicitar la comparecencia del secretario del Trabajo y Previsión Social ante esta representación nacional; sin embargo, ya no es procedente dicha solicitud, toda vez que el pleno de la Cámara de Diputados acordó el 14 de septiembre del año en curso, celebrar en el seno de sus comisiones, las comparecencias de los servidores públicos del Ejecutivo federal, a efecto de realizar el análisis del IV Informe de Gobierno del presidente de la República; en cumplimiento de lo establecido en el numeral 4 del artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y dentro del marco regulado por los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; acuerdo que fue sometido a su consideración por los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, el cual establece el calendario en el que se desahogarán las comparecencias correspondientes.

Por lo tanto, y ante las consideraciones antes vertidas, esta comisión emite el siguiente

Dictamen

Primero. Se desecha y resulta ser improcedente la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar la comparecencia del secretario del Trabajo y Previsión Social, con relación a la pérdida de empleos y la estrategia anunciada por el presidente de la República en su mensaje de año nuevo, así como para que informe sobre la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y la asunción de sus funciones por la Comisión Federal de Electricidad.

Segundo. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Así lo acuerdan los diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 29 del mes de septiembre de 2010.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputados: Tereso Medina Ramírez (rúbrica), presidente; Israel Reyes Ledesma Magaña (rúbrica), José Ramón Martel López, Nancy González Ulloa (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica en abstención), Diego Guerrero Rubio (rúbrica), secretarios; Juan Nicolás Callejas Arroyo, Víctor Félix Flores Morales, Miguel Ángel García Granados, Isaías González Cuevas (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Carlos Oznerol Pacheco Castro, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), David Hernández Pérez, Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), César Octavio Madrigal Díaz, Valdemar Gutiérrez Fragoso, María Felícitas Parra Becerra, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Laura Piña Olmedo (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica en abstención), Porfirio Muñoz Ledo.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, concerniente a la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Ejecutivo federal a desistir de presentar ante el Poder Legislativo la denominada “iniciativa Lozano” de reformas a la Ley Federal del Trabajo, o su equivalente, y al contrario, inicie al efecto un amplio proceso de discusión, especialmente entre la clase trabajadora, que lleve a la tutela de los derechos históricos de ésta

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social le fue turnada, el 6 de octubre de 2009, por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a desistir de presentar ante el Legislativo Federal la conocida como “iniciativa Lozano de reformas a la Ley Federal del Trabajo”, o equivalente, y contrariamente inicie al efecto un amplio proceso de discusión, especialmente entre la clase trabajadora que conlleve la tutela de los derechos históricos de ésta, presentada por el diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 5o., 38, 39 y 40 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establecen las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados, presenta dictamen conforme a los siguientes

Antecedentes

1. En fecha 6 de octubre de 2009, el diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó al pleno la proposición con punto de acuerdo al rubro en cita para su consideración.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la proposición con punto de acuerdo en cita, para su correspondiente dictamen.

3.-La proposición con punto de acuerdo en estudio se fundamenta y razona en las siguientes Consideraciones

Se ha realizado un estudio y análisis acerca de la proposición con punto de acuerdo del diputado Emilio Serrano Jiménez al rubro en cita, la cual se presentó al pleno de la Cámara el día 6 de octubre del año 2009.

Fundamentalmente, el diputado promovente argumenta que la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo elaborada por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, es absolutamente pro patronal y desmanteladora de los derechos de los trabajadores, en la que primero se habla de “productividad y sólo después, de manera vaga, de “previsión social”.

En términos generales, hace destacar las diversas agresiones a los derechos de los trabajadores que se plasman en la propuesta legislativa, como lo son el pago de salarios caídos, los que se reducen a un periodo de seis meses más, en su caso, intereses, con lo que prácticamente desaparece la estabilidad laboral y la protección frente al despido; la consagración del arbitraje obligatorio de las huelgas; la consagración de manera expresa del pago por hora; la obligación de las labores conexas y complementarias de parte de los trabajadores; la constitución de los sindicatos como asociaciones de interés público, es decir, en interés del Estado; el sometimiento de la huelga a precalificación y requisitos que la hacen imposible; la supresión de la pena de prisión para los subcontratistas fraudulentos.

Evidentemente, y como manifiesta el diputado promovente, existen propuestas que vulneran y restringen los derechos de los trabajadores; sin embargo, los argumentos esgrimidos por el legislador resultan ser improcedentes por lo siguiente

En primer término, el exhorto que se pretende realizar al Ejecutivo federal para el efecto de que éste se desista de presentar la iniciativa que contiene reforma y modificaciones a la Ley Federal del Trabajo es improcedente e inviable, debido a que el Poder Legislativo federal no debe ni puede exhortar ni solicitar al otro Poder de la Federación, al Poder Ejecutivo, que desista o renuncie a una facultad que la Constitución le confiere al presidente de la república; la cual es irrenunciable y en cualquier momento debe y puede ejercer, como dispone específicamente la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual a la letra dice:

“Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

”I. Al Presidente de la República;”

Ningún otro poder estatal puede ni debe interferir en el ejercicio de dicha facultad constitucional expresa, ya que se vulneraría el principio de división de poderes establecido claramente en el artículo 49 del código fundamental antes señalado, que a la letra dice:

“Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

”No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.”

Por otra parte, es necesario señalar que, de igual manera, no es procedente la proposición con punto de acuerdo en tratamiento, toda vez que prácticamente se ha quedado sin materia, porque la iniciativa de reforma laboral ya fue presentada por el Poder Ejecutivo federal por conducto de los diputados y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 18 de marzo de 2010, por lo que es imposible jurídica y materialmente evitar la entrega del documento legislativo, que con antelación fue entregado y presentado a la soberanía del Congreso de la Unión.

Se debe destacar que, independientemente de los proyectos de reforma laboral presentados hasta la fecha al pleno de la Cámara de Diputados, éstos no limitan el derecho constitucional del Ejecutivo, diputados federales y congresos locales para iniciar modificaciones a la ley. De igual forma, los diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social son, en este momento, los más interesados y comprometidos para que en el ejercicio de sus atribuciones analicen y resuelvan un proyecto de reforma laboral que tutele los derechos de los trabajadores y permita el desarrollo de la productividad y la competitividad.

En virtud de las consideraciones expuestas, la Comisión de Trabajo y Previsión Social emite su dictamen conforme a lo siguiente

Primero. Se desecha y resulta improcedente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que desista de presentar ante el Legislativo federal la conocida como “iniciativa Lozano de reformas a la Ley Federal del Trabajo” o equivalente; y, contrariamente, inicie al efecto un amplio, democrático y efectivo proceso de discusión con la participación de los factores de la producción, que busque como esencia la tutela de los derechos históricos de la clase trabajadora. La equidad y la paz social así lo exigen.

Segundo. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Así lo acuerdan los diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 29 del mes de septiembre de 2010.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputados: Tereso Medina Ramírez (rúbrica), presidente; Israel Reyes Ledesma Magaña (rúbrica), José Ramón Martel López, Nancy González Ulloa (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Diego Guerrero Rubio (rúbrica), secretarios; Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales, Miguel Ángel García Granados, Isaías González Cuevas (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Carlos Oznerol Pacheco Castro, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), César Octavio Madrigal Díaz, Valdemar Gutiérrez Fragoso, María Felícitas Parra Becerra, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Laura Piña Olmedo (rúbrica en contra), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica en contra), Porfirio Muñoz Ledo.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, acerca de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a fijar para 2010 un incremento sustancial

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social fue turnada el 13 de noviembre de 2009 por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, para estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a fijar para 2010 un incremento sustancial que redunde en beneficio de los trabajadores, que satisfaga efectivamente las necesidades normales de la vida de éstos y sus familias en el orden material, social y cultural, y que permita proveer de educación obligatoria a los hijos, respetando en todo momento la dignidad de los trabajadores, presentada por la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., 38, 39 y 40 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se establecen las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y de los comités de la Cámara de Diputados, presenta el dictamen, conforme a los siguientes

Antecedentes

1. El 13 de noviembre de 2009, la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó al pleno la proposición con punto de acuerdo al rubro en cita, para su consideración.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la proposición con punto de acuerdo en cita, para el correspondiente dictamen.

3. La proposición con punto de acuerdo en estudio se fundamenta y razona en las siguientes

Consideraciones

Se ha realizado un estudio y análisis acerca de la proposición con punto de acuerdo de la diputada Leticia Calzada Contreras. La comisión dictaminadora considera que, como efectivamente señala la diputada promovente, el salario mínimo general vigente no es suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural ni para proveer la educación obligatoria de los hijos, ante el embate del aumento constante del costo de la canasta alimenticia básica. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, el 23 de diciembre de 2009, fijó el correspondiente salario mínimo de las tres áreas geográficas para 2010, por conducto del Consejo de Representantes, de 4.85 por ciento, que tuvo efectos jurídicos mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero del año en curso.

El Congreso federal carece de facultades para solicitar la revisión de los salarios mínimos pues, conforme a la fracción VIII del artículo 557 de la Ley Federal del Trabajo, es una atribución exclusiva de los integrantes del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. En consecuencia, el exhorto materia del presente dictamen sólo puede ser tomado como una petición que no tiene carácter vinculatorio, motivado por el interés de la promovente en mejorar la condición de los asalariados.

Asimismo, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 570 de la citada ley:

Los salarios mínimos se fijarán cada año y comenzarán a regir el primero de enero del año siguiente.

El Congreso federal, de acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente puede solicitar información a los organismos públicos descentralizados y crear comisiones para investigarlos, pero no puede solicitarles que ejerzan una función o actividad determinada, pues para ello hay entes públicos y sociales que pueden llevarlo a efecto.

En ese sentido, únicamente el secretario del Trabajo y Previsión Social y los sindicatos, las federaciones y las confederaciones de trabajadores o de los patrones, éstos cumpliendo determinados requisitos, podrán solicitar la revisión de los salarios mínimos en cualquier momento en el curso de su vigencia siempre que haya circunstancias económicas que lo justifiquen, de conformidad con el mismo artículo 570 del código laboral mencionado.

Como se desprende de ello, solamente se refiere a la solicitud de revisión de los salarios mínimos, sin abordar siquiera la solicitud para su fijación.

Por las consideraciones vertidas, esta comisión formula los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a fijar para 2010 un incremento sustancial que redunde en beneficio de los trabajadores, que satisfaga efectivamente las necesidades normales de la vida de éstos y sus familias en el orden material, social y cultural, y que permita proveer la educación obligatoria de los hijos, respetando en todo momento la dignidad de los trabajadores, presentada por la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 24 de noviembre de 2009.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2010.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputados: Tereso Medina Ramírez (rúbrica), presidente; Israel Reyes Ledesma Magaña (rúbrica), José Ramón Martell López, Nancy González Ulloa (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica en abstención), Diego Guerrero Rubio (rúbrica), secretarios; Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales, Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica en abstención), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), César Octavio Madrigal Díaz, Miguel Ángel García Granados, Isaías González Cuevas (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Carlos Oznerol Pacheco Castro, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Valdemar Gutiérrez Fragoso, María Felícitas Parra Becerra, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Laura Piña Olmedo (rúbrica en abstención), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica en abstención), Porfirio Muñoz Ledo.