De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a continuar las mediciones y evaluaciones sobre simplificación administrativa en los tres niveles de gobierno
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fue turnado para su estudio y dictamen el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a continuar las mediciones sobre simplificación administrativa en los tres niveles de gobierno, presentado por la diputada Norma Sánchez Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en fecha 25 de agosto de 2010.
La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6 incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis del punto de acuerdo mencionado al tenor de los siguientes:
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados en fecha 25 de agosto de 2010, los Secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de esta soberanía del punto de acuerdo que se mencionó en el exordio del presente dictamen.
Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.
Tercero. La legisladora propone lo siguiente:
“En el contexto de la globalización de nuestros días, la competitividad surge como un instrumento de suma importancia para lograr el crecimiento y el desarrollo económico. En este sentido, la competitividad de cada país se basa en buena medida en las relaciones y capacidades de los sectores económicos y sociales.
El desarrollo de la competitividad nacional es de suma importancia para mejorar las condiciones de vida de la población. Bajo este contexto, debemos reconocer que nuestro país ha perdido varias posiciones en los índices de competitividad a nivel internacional.
De acuerdo con el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, México ocupa el lugar 60 y sólo ocupa posiciones competitivas en los rubros de estabilidad macroeconómica en el lugar 48, en educación superior y capacitación en el lugar 24, y en tamaño de mercado en el lugar 11.
Analistas internacionales han establecido una relación directamente proporcional entre la calidad del marco regulatorio y el crecimiento económico, por lo que se estima que un incremento del 10 por ciento en la calidad del marco regulatorio, asumiendo que otros factores no cambien, puede tener un efecto positivo de 0.5 por ciento en el crecimiento del PIB.
El gobierno federal ha realizado esfuerzos importantes para incrementar la competitividad del país, no obstante ello, es necesario profundizar en dichas políticas para colocar a nuestras empresas en posición de competir con éxito en el mercado internacional, sobre todo en sectores vulnerables a la competencia.
La Comisión Federal de Mejora Regulatoria ha venido impulsando la instalación de sistemas de apertura de empresas, como un programa de coordinación, entre los diversos niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, mediante el cual se pretende simplificar los trámites para la apertura de empresas, disminuyendo los tiempos de respuesta a la ciudadanía.
De acuerdo con el último estudio nacional 2010 del Banco Mundial, México todavía se encuentra en el lugar 51 a nivel mundial en facilidad para hacer negocios, por lo que a continuación se presenta la tabla elaborada por dicha institución1:
Economy Ease of Doing
Business Rank
Singapore 1
New Zealand 2
Hong Kong, China 3
United States 4
United Kingdom 5
Denmark 6
Ireland 7
Canada 8
Australia 9
...
Korea, Rep. 19
...
Malaysia 23
...
France 31
Macedonia, FYR 32
United Arab Emirates 33
South Africa 34
Puerto Rico 35
St. Lucia 36
Colombia 37.
...
Taiwan, China 46
Hungary 47
Portugal 48
Chile 49
Antigua and Barbuda 50
México 51
Tonga 52
...
El Salvador 84
Pakistan 85
...
Vietnam 93
...
Marshall Islands 98
Como parte de estos esfuerzos, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (conocida como Cofemer) ha organizado diversas reuniones denominadas Reuniones Nacionales de Mejora Regulatoria, con la participación de los gobiernos estatales y municipales. En dichos foros se han presentado los avances relacionados con los programas de simplificación administrativa y se han compartido las experiencias exitosas, contado con la participación de las organizaciones del sector privado.
Como parte de la evaluación del desempeño de dicho programa, la Cofemer con el apoyo del Banco Mundial ha venido realizando el estudio Doing Business, a nivel subnacional, en dicho estudio se pretende evaluar y comparar los esfuerzos que los diversos niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, han realizado para simplificar y mejorar la regulación en México.
Además en dicho estudio se ha efectuado una análisis del clima general de negocios en las ciudades mexicanas seleccionadas, en donde se han considerado y evaluado los aspectos relativos a los tiempos para obtener el registro de una propiedad, el cumplimiento de un contrato, la apertura de una empresa, así como el procedimiento para obtener la licencia de construcción.
El referido estudio, por su carácter nacional e internacional, permite tener un marco de comparación y evaluación de desempeño de los programas de mejora regulatoria a nivel federal, estatal y municipal con otras regiones del mundo.
En ese sentido, nos parece necesario fortalecer su aplicación, logrando que el estudio de Doing Business, a nivel subnacional, se practique anualmente con la finalidad de tener una evaluación objetiva de los avances en el procesos de simplificación de impacto en la actividad económica, con la finalidad de que los ciudadanos e instituciones de gobierno conozcan con certeza los avances que el tema de simplificación administrativa tiene en México.
En virtud de lo anterior, propongo que esta Cámara exhorte respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la administración pública federal para continuar realizando la medición y evaluación de las acciones de simplificación administrativa de los trámites federales, estatales y municipales relacionados con la apertura y operación de empresas en México.
Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la Administración Pública Federal para continuar realizando la medición y evaluación de las acciones de simplificación administrativa de los trámites Federales, Estatales y Municipales relacionados con la apertura y operación de empresas en México”.
Consideraciones
Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Norma Sánchez Romero.
Segunda. Que con base en los antecedentes indicados por la diputada Norma Sánchez Romero, la Comisión de Economía, con las atribuciones señaladas, se abocó de forma respetuosa y responsable a dictaminar la proposición con punto de acuerdo referida.
Tercera. Que los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara serán pasadas a la comisión o comisiones que corresponda para su respectivo análisis y dictaminación.
Cuarta. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 25 lo siguiente:
“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación.
Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo...”
Quinta. Que el artículo 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que corresponde a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad; y tiene entre otras atribuciones las siguientes:
• Revisar el marco regulatorio nacional, diagnosticar su aplicación y elaborar para su propuesta al titular del Ejecutivo federal, proyectos de disposiciones legislativas y administrativas y programas para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos específicos.
• Dictaminar los anteproyectos a que se refiere el artículo 69-H y las manifestaciones de impacto regulatorio correspondientes.
• Llevar el Registro Federal de Trámites y Servicios.
• Opinar sobre los programas de mejora regulatoria de las dependencias y los organismos descentralizados de la administración pública federal.
• Brindar asesoría técnica en materia de mejora regulatoria a las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, así como a los estados y municipios que lo soliciten, y celebrar convenios para tal efecto.
• Celebrar acuerdos interinstitucionales en materia de mejora regulatoria, en los términos de la Ley sobre Celebración de Tratados.
• Expedir, publicar y presentar ante el Congreso de la Unión un informe anual sobre el desempeño de las funciones de la comisión y los avances de las dependencias y organismos descentralizados en sus programas de mejora regulatoria.
• Las demás que establecen esta ley y otras disposiciones.
Sexta. Que el artículo 9 de la referida ley establece que las dependencias de la administración pública centralizada deberán planear y conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que éste sea integral y sustentable, asimismo los titulares de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos, proveerán lo conducente en el ejercicio de las atribuciones que como coordinadores de sector les confiere la ley.
Séptima. Que tal y como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo 2010 en su eje “Economía Competitiva y Generadora de Empleos”, una economía nacional más competitiva brindará mejores condiciones para las inversiones y la creación de empleos que permitan a los individuos alcanzar un mayor nivel de bienestar económico; asimismo establece que uno de los objetivos de esta administración, es que solo subsistan los trámites estrictamente necesarios y que estos se realicen en el menor tiempo posible y de manera más ágil en beneficio de la actividad económica del país.
Asimismo, el Ejecutivo federal ha implementado la operación de “Tala Regulatoria” para la reducción de trámites y términos para simplificar los procesos administrativos de los diferentes sectores en las dependencias del gobierno.
Octava. Que de acuerdo al Programa Sectorial de Economía 2007-2012 “Impulso de la Competitividad, el Desarrollo Empresarial y el Fomento a la Generación de Empleos”, la Secretaría de Economía ha tenido a bien expedir dicho programa por ser la institución que promueve e instrumenta políticas públicas y programas orientados a crear más y mejores empleos, más y mejores empresas y más y mejores emprendedores.
Debe decirse, que este programa sectorial ha contemplado en el ámbito de “Competitividad”, diez retos y prioridades para impulsar a México como un país con una economía altamente competitiva a nivel internacional, entre los que destacan:
• Consolidar un Sistema Nacional de Apertura Rápida de Empresas, que propicie la reducción de trámites y agilice los tiempos de respuesta en la apertura de negocios.
• Contar con un sistema para incrementar la competitividad de la economía mexicana, logrando una mejoría de México en relación a los indicadores internacionales. El sistema incluye: el Gabinete de Competitividad del Gobierno Federal, los Comités Técnicos de Competitividad del Senado y la Cámara de Diputados, los Comités de Competitividad en las entidades federativas y un Consejo de Competitividad con la participación de los diversos agentes económicos.
• Promover reformas que detonen la atracción de inversiones, mediante instrumentos modernos de promoción y una regulación más eficiente de la actividad económica; facilitación del comercio exterior, la aplicación de nuevas tendencias para la elaboración de normas y el fortalecimiento del registro federal de trámites y servicios; entre otros.
Novena. Que de acuerdo con los datos proporcionados por la proponente, el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, posiciona a México en el lugar 60 lo que evidencia que es necesario fortalecer a nivel federal, estatal y municipal el marco regulatorio para ganar mejores posiciones de competitividad a nivel mundial.
Décima. Que para impulsar el desarrollo de la competitividad nacional, la Cofemer ha llevado a cabo diversas reuniones denominadas “Reuniones Nacionales de Mejora Regulatoria” con la participación de los gobiernos estatales y municipales, en las cuales se han mostrado los avances relacionados con los programas de simplificación administrativa, con las que se pretende tener un marco de comparación y evaluación de desempeño de los programas de mejora regulatoria.
En este sentido, resulta conveniente seguir evaluando las ventajas y desventajas del marco regulatorio a nivel nacional, por lo que la Cofemer con el apoyo del Banco Mundial ha realizado el estudio “Doing Business” a nivel subnacional que ha contribuido no solo a evaluar de forma objetiva los avances en los procesos de simplificación de impacto en la actividad económica, sino también a construir, mejorar y actualizar los procesos.
Décima Primera. Que tal y como lo menciona la diputada Sánchez Romero, el desarrollo de la competitividad del país requiere una política que sea capaz de mejorar el marco regulatorio a nivel nacional que simplifique los trámites para la apertura y operación de empresas en México, por lo que derivado de los resultados del estudio “Doing Business” es que se considera viable que dicha evaluación se lleve a cabo anualmente, para que a partir de los resultados se instrumenten estrategias encaminadas a seguir optimizando la simplificación administrativa de los trámites federales, estatales y municipales, y con ello procurar el máximo beneficio para la sociedad.
Décima Segunda. Que en virtud de lo antes expuesto y en concordancia con los fundamentos que refiere la proponente y dispositivos jurídicos apuntados, y toda vez que la Secretaría de Economía conjuntamente con la Cofemer son las dependencias encargadas de crear, elaborar y aplicar programas que permitan la mejora regulatoria a nivel a nacional, y a su vez éstas generen beneficios para la sociedad, lo que invariablemente situará a México como un país altamente competitivo, es que los diputados que integran esta Comisión de Economía consideran acertado exhortar a las referidas instituciones a fin de que de continuar realizando la medición y evaluación de las acciones de simplificación administrativa de los trámites federales, estatales y municipales relacionados con la apertura y operación de empresas en México, llevando a cabo anualmente el estudio “Doing Business”.
Décima Tercera. Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de esta Comisión de Economía dictaminan positivamente el punto de acuerdo propuesto para quedar como sigue:
La honorable Cámara de Diputados acuerda:
Único. Se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la administración pública federal, para continuar realizando la medición y evaluación de las acciones de simplificación administrativa de los trámites federales, estatales y municipales relacionados con la apertura y operación de empresas en México, llevando a cabo anualmente el estudio “Doing Business”.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de septiembre de 2010.
La Comisión de Economía
Diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla, José Luis Velasco Lino (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Jorge Hernández Hernández, Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Jorge Humberto López Portillo Basave (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Enrique Salomón Rosas Ramírez, David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Carlos Torres Piña (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández.
De la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer de manera conjunta ante ese órgano legislativo a los directores generales de Once TV México y del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, durante la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el cual se cita a comparecer de manera conjunta ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, a los ciudadanos Fernando Sariñana Márquez, director general de Once TV México, y Alejandro Ordoño Pérez, director general del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, para que informen y aclaren diversas cuestiones respecto a los términos de colaboración actuales y futuros entre ambas instituciones, presentada por el diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Los integrantes de la comisión dictaminadora, con fundamento en los numerales 1° y 3° del artículo 39, en los artículos 43, 44, 45 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y, en los artículos 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente
Metología
La comisión encargada del análisis y dictamen de la citada proposición con punto de acuerdo, desarrollará su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:
En el capítulo de Antecedentes se dará constancia del trámite, del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen del citado instrumento legislativo y, en su caso, de los trabajos previos de la comisión dictaminadora.
En el capítulo de Consideraciones, la comisión dictaminadora expresará los argumentos de valoración respecto del asunto en manos y los motivos que sustentan la decisión de respaldo o desecha sobre la cuestión bajo análisis.
Antecedentes
Con fecha 31 de marzo de 2010, fue promulgado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el Organismo Público de Medios Audiovisuales (en lo sucesivo “OPMA”), con el objetivo de generar, producir y distribuir contenidos audiovisuales, por sí mismo o coadyuvando para tal efecto con las dependencias y demás entidades de la administración pública federal, en términos de la normatividad aplicable, así como la prestación del servicio de radiodifusión que constituyan una actividad de interés público.
Del artículo cuarto del referido decreto se desprende que el organismo tendrá las siguientes funciones: a) Realizar, promover y coordinar la generación, producción y distribución de materiales audiovisuales, por sí mismo o a través de terceros; b) Resguardar los acervos audiovisuales de las dependencias y entidades de la administración pública federal con las que coadyuve; c) Instalar y operar estaciones de radiodifusión, en términos de las disposiciones aplicables; y, d) Las demás que resulten necesarias para el adecuado cumplimiento de su objeto.
Con fecha 12 de julio de 2010, fue signado un convenio de colaboración entre el Instituto Politécnico Nacional (en lo sucesivo “IPN”), con la participación de la estación de televisión XEIPN Canal 11 del Distrito Federal (en lo sucesivo “Canal 11”), y el OPMA, mediante el cual se establecieron “las bases y condiciones que regirán las relaciones entre el OPMA y el IPN a través de Canal 11, así como los criterios de colaboración y cooperación entre ambas partes, a fin de que el OPMA, en las frecuencias de televisión permisionadas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones... retransmita de manera íntegra y sin interrupciones la señal de Canal 11 en horario real”.
En sesión celebrada el 14 de julio de 2010 por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la citada proposición con punto de acuerdo.
Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mediante oficio folio CP2R1A.-1566, turnó la citada proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
Con fecha 16 de julio de 2010, el ciudadano Héctor Villarreal Ordóñez, subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, remitió al presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados copia simple del referido convenio de colaboración celebrado entre el IPN, Canal 11 y el OPMA.
Consideraciones
El espíritu motivador detrás del legislador promovente de la citada proposición con punto de acuerdo es meramente hacer valer la transparencia en el ejercicio del oficio público y la rendición de cuentas en la función gubernamental, los cuales son dos elementos indispensables en las administraciones públicas democráticas, mismos que deben prevalecer en todos y cada uno de los actos ejecutivos, junto con la debida motivación de los mismos.
Tal y como se desprende del instrumento legislativo de origen, con fecha 27 de abril de 2010, el ciudadano Fernando Gomez-Mont Urueta, entonces secretario de Gobernación, expresó ante esta comisión dictaminadora que el OPMA “no tiene por objeto la censura o la manipulación de contenidos específicos”, y que, “en las democracias más consolidadas, en las economías de mercado más competitivas, encontramos que el gobierno participa activamente en la producción y la trasmisión de programas de radio y televisión”.
El citado funcionario también manifestó que, “México ya cuenta en la actualidad con una importante red de emisoras públicas en el ámbito federal, en ellas incluye el Canal 11”, además de que, “uno de los primeros objetivos del organismo promotor de medios audiovisuales es precisamente el de generar sinergias, articular, apoyar y potenciar la labor de estos medios de comunicación”.
Continuó expresando que la intención del OPMA respecto a Canal 11, “no es coartar su autonomía, no se pretende en ningún caso remplazar sus estructuras de gobierno, mucho menos su línea editorial. Por el contrario, consideramos que la calidad y la diversidad de los medios públicos ameritan una plataforma más ambiciosa para su difusión”.
Adicionalmente puntualizó que, “se han iniciado los trabajos encaminados a la integración de los expedientes que respaldarán las solicitudes de frecuencia ante la Cofetel, en los próximos días, con el objetivo de ampliar la operación de estaciones de televisión en 13 plazas”, y que, “esto permitirá la firma de convenios de colaboración, sin demérito de la libertad de producción y programación”.
Al ser cuestionado sobre si el OPMA constituiría una cadena de televisión oficial, el ciudadano secretario de Gobernación respondió enfática y categóricamente que, “no existe un solo antecedente a este momento que pueda llevarlos a ustedes a afirmar que el propósito del gobierno es generar una televisión oficial”.
Posteriormente, con fecha 12 de julio de 2010, y con motivo del quincuagésimo primero aniversario de Canal 11, el presidente Felipe Calderón anunció la ampliación en la cobertura de su señal mediante la firma de un convenio de colaboración entre dicha cadena y el OPMA, un convenio cuya naturaleza y contenido no fue desglosado públicamente.
En efecto, el presidente de la República expresó que tal ampliación de cobertura “es parte de un amplio proyecto de fortalecimiento de la televisión pública en nuestro país... Anticipo que hemos ya iniciado la construcción de infraestructura de transmisiones en ciudades como Monterrey, Durango, Mérida, Oaxaca, con lo cual en los próximos meses, seguramente este mismo año, la señal de Canal 11, de Once TV México llegará a prácticamente la mitad de los mexicanos, y seguiremos avanzando hasta que llegue a todos los mexicanos en todo el país”.
A su vez manifestó que dicha ampliación de cobertura “es posible, entre otras cosas, a través del convenio de colaboración entre Once TV México y el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, con lo cual también inicia operaciones este organismo descentralizado, que así cumple con uno de sus primeros y más importantes objetivos, que es contribuir a la ampliación de la oferta de comunicación de servicio público, no sólo del gobierno federal, sino del Estado mexicano... Es el primer paso hacia una cadena de televisión pública que llegue a todo el país”.
El presidente agregó que el objetivo de esta nueva concepción de televisión pública es que se “promueva el debate democrático de las ideas. Una televisión que aliente a la reflexión serena, profunda y madura de los retos y problemas que tiene el país. Una televisión que impulse el desarrollo humano, la cohesión social y la construcción de una ciudadanía más responsable. Una televisión que responda a las exigencias de un país en continua transformación y de una sociedad ávida de información. Estos son los atributos que harán de Once TV una opción diferente y de calidad en el espectro televisivo nacional”.
Lo anterior constituye una afirmación expresa de que el propósito detrás de la sinergia entre Canal 11 y el OPMA es crear una cadena nacional de televisión oficial cuyo contenido primario será de índole predominantemente político, amén de contravenir directamente la afirmación del secretario de Gobernación respecto a que “no se coartará la autonomía o la línea editorial de las programaciones de Canal 11”, soslayando con ello a la opinión programática de la comunidad politécnica.
En términos de ley, lo anterior constituye una aparente violación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual claramente estipula que será la Secretaría de Educación Pública la institución encargada de la coordinación de los medios públicos del gobierno federal, más aun de los orientados a fines educativos, los cuales han sido el propósito preternatural de Canal 11 desde su fundación.
Lo anterior es indicio del hecho que la administración del presidente Felipe Calderón se encuentra instrumentando la sectorización de los medios de servicio público en la Secretaría de Gobernación, y no en la Secretaría de Educación Pública como lo marca la ley. Lo preocupante es que con ello se alterna dramáticamente la visión contextual de estas herramientas de difusión mediática, pasando de una óptica social a una mayormente política, la cual, en adición al robustecimiento de la infraestructura y su consecuente ampliación de cobertura, constituirá una plataforma de acción político-electoral con miras hacia la sucesión presidencial del 2012, disfrazada bajo la noble máscara de un canal cultural nacional.
Los anteriores argumentos que el legislador promovente vertió en el citado instrumento legislativo, constituyen hechos fácticos que no pueden dejarse pasar sin exigir la debida transparencia y la minuciosa rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos a cargo de ambas instituciones.
Más aun, cuando de una lectura del convenio de colaboración entre ambas entidades se desprenden, entre otras cuestiones:
- Que de conformidad con el inciso 3 de la cláusula segunda, el IPN se obliga a “asegurar que la programación que entregue a el OPMA cumpla, en tiempo y forma, con las disposiciones aplicables”, sin hacer mérito respecto a cuáles disposiciones se refiere, desprendiéndose a su vez, por medio de la inferencia, que el gobierno federal carece de objetivo, meta o finalidad clara y definida respecto a la instrumentación de estas políticas mediáticas, ya que a contrario de lo previsto en el acuerdo que creó el OPMA, en el cual se estableció que dicha entidad realizará, promoverá y coordinará la generación, producción y distribución de materiales audiovisuales, ahora resulta que será Canal 11 quien le entregará contenidos de su propia producción a este para fines de su retransmisión.
- Que de conformidad con el inciso 5 de la misma cláusula, el IPN se obliga a “realizar los demás actos necesarios para el cumplimiento del presente convenio”, sin delimitar a qué actos se refiere.
- Que de conformidad con la cláusula sexta, ambas entidades acordaron constituir un comité técnico, para fines de coadyuvar a la “instrumentación técnica y evaluación de las actividades”, sin definir los perfiles profesionales que deberán revestir sus integrantes.
- Que de conformidad con la cláusula octava, se estipuló que “los trabajos que se deriven de la ejecución del presente convenio que sean susceptibles de protección intelectual, corresponderán a la parte cuyo personal haya realizado el trabajo de protección”, sin que en cualquier otra parte del convenio se establezca que el OPMA desarrollará y producirá materiales (contenidos) para transmitirse.
Debido a las anteriores salvedades que carecen de definición jurídica clara y precisa, en conjunto con la sectorización ejecutiva de los medios públicos en la Secretaría de Gobernación, y los posibles propósitos inherentes a ella, debe citarse a comparecer a los directores generales de ambas instituciones a fin de que puedan dar luz al respecto a esta soberanía, en apego a los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben subrayar cualquier ejercicio público-administrativo.
En suma, ni del decreto por el cual se creó el OPMA, ni de las palabras vertidas por el secretario de Gobernación durante su comparecencia de mérito ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados, y mucho menos del contenido vinculante establecido en el convenio de referencia, se desprende con claridad, precisión o transparencia la naturaleza y la utilidad del OPMA, pues todo lo actuado hasta la fecha han sido hechos y aspectos que sin mayor complicación y con plena viabilidad jurídica el propio Canal 11 podría haber llevado a cabo por su mera cuenta.
Es decir, ante esta comisión dictaminadora surge la preocupación de que, con los elementos fácticos e informativos con los que se cuenta hasta ahora, el gobierno federal está duplicando esfuerzos y gastos, por un lado, al crear y operar un organismo que hoy tenemos el conocimiento que ya es titular de diversos permisos de canales de televisión, pero en la práctica no transmite nada; y, por otro, al obligar a Canal 11 a llevar a cabo sus planes de expansión, sin permisionarle o concederle mayor espectro bajo su titularidad, sino mediante la infraestructura de un tercero, y todo para que se sigan transmitiendo exactamente los mismos contenidos programáticos de Canal 11.
Bajo este orden de ideas, vale la pena preguntarse nuevamente, ¿hubiese sido mejor que Canal 11 haya obtenido directamente los permisos correspondientes para ampliar su cobertura televisiva en las nuevas zonas? En virtud de ello, resulta imperioso que el gobierno federal rinda mejores cuentas a este Poder Legislativo, bajo la tesitura de un pleno respecto a la división de poderes, respecto al correcto y eficaz uso de los recursos presupuestales aprobados por esta soberanía.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta comisión dictaminadora, con las atribuciones que le otorga la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los incisos e) y f) del numeral G del artículo 45 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente:
Acuerdo
Único. Proposición con punto de acuerdo por el cual se cita a comparecer de manera conjunta ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, a los ciudadanos Fernando Sariñana Márquez, director general de Once TV México, y Alejandro Ordoño Pérez, director general del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, para que informen y aclaren diversas cuestiones respecto a los términos de colaboración actuales y futuros entre ambas instituciones.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2010.
La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía
Diputados: Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), presidente; Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, Ricardo Armando Rebollo Mendoza (rúbrica), María Yolanda Valencia Vales (rúbrica), Rubén Arellano Rodríguez (rúbrica), Ariel Gómez León (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), secretarios; José Manuel Aguero Tovar (rúbrica), Roberto Armando Albores Gleason, Javier Corral Jurado, Carlos Flores Rico (rúbrica), Jorge Fernando Franco Vargas, María del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica), Sergio Mancilla Zayas, Daniela Nadal Riquelme, Fausto Sergio Saldaña del Moral (rúbrica), Canek Vázquez Góngora, Alfonso Jesús Martínez Alcázar, José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), Sixto Alfonso Zetina Soto, Juan Huerta Montero, Guillermo José Zavaleta Rojas, José Manuel Hinojosa Pérez, Maricarmen Valls Esponda (rúbrica), Guillermo Cueva Sada (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villareal (rúbrica), Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.
De la Comisión de Juventud y Deporte, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a informar a esta soberanía por qué no se ha remitido al Senado de la República la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes
Honorable Asamblea
La Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen
Antecedentes
A la Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente No. 2368, que contiene una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a remitir para ratificación del Senado la Convención Iberoamericana de derechos de los jóvenes a fin de reconocer a éstos como sujetos de derechos, actores estratégicos del desarrollo y capaces de ejercer responsablemente sus derechos y libertades, presentado por los diputados Francisco Ramos Montaño y Canek Vázquez Góngora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el día 29 de abril de 2010.
Los legisladores promoventes refieren que nuestro país requiere seguir impulsando el ámbito jurídico de las y los jóvenes para su reconocimiento como sujetos de derechos.
Como contexto general señalan que en el ámbito internacional existen diversos programas, tratados y acuerdos aprobados y celebrados por la Organización de las Naciones Unidas y distintas naciones tendientes a resolver los problemas de la juventud y aumentar su oportunidad de participación en la sociedad, citando como ejemplos el Programa Mundial de Acciones para la Juventud para el año 2000 en adelante, la Declaración de Lisboa de 1998, así como las conclusiones y el Plan de Acción aprobado en el Foro Mundial de Juventud del Sistema Nacional de Naciones Unidas, celebrado en Braga, Portugal en 1998.
En este contexto, los promoventes refieren que la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, es un tratado internacional de derechos humanos, firmado por diversos países de Iberoamérica entre ellos México, el 11 de octubre del 2005 en la ciudad de Badajoz, España, de carácter vinculante, que establece el compromiso de los Estados a implementar nacionalmente los derechos consagrados en la misma.
Asimismo, resaltan que es el primer documento de carácter internacional que dará un soporte jurídico al conjunto de los gobiernos iberoamericanos, para el desarrollo de políticas públicas dirigidas a la promoción y el fortalecimiento de las potencialidades de la juventud de la región.
Al respecto, apuntan que los jóvenes requieren de una atención específica para desarrollar su identidad y personalidad, su seguridad, adquisición de conocimientos y su proyecto de futuro, en virtud de los factores físicos psicológicos y sociales. Y es que existen múltiples carencias en diferentes aspectos del desarrollo de su vida: carencias en educación formal, en la formación y capacitación profesional, en el empleo y contrato legal, en el ingreso de su trabajo, de vivienda, de gozar de las garantías efectivas de tutela judicial, de información, de participación en la vida social, económica, política, cultural y del medio ambiente, agregan los legisladores promoventes.
En este sentido, expresan que se necesita seguir impulsando las condiciones reales y jurídicas, que garanticen el desarrollo de la vida de los jóvenes y ofrezcan la satisfacción de sus necesidades de una vida adulta productiva plena.
La ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, impulsará el marco y desarrollo jurídico, las políticas y las acciones de las y los jóvenes, porque son personas capaces de ejercer con responsabilidad sus derechos y libertades, son actores importantes del desarrollo de la nación, de cada comunidad de nuestro país, destacan los legisladores.
Finalmente concluyen señalando que México suscribió dicha convención pero aún falta la ratificación por parte del Senado de la República, según lo establecen los artículos 133 y 76 de nuestra Constitución, por lo cual proponen exhortar al Ejecutivo federal a remitir al Senado de la República, para su ratificación, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, con el espíritu de reconocer a las y los jóvenes como sujetos de derechos, actores estratégicos del desarrollo y personas capaces de ejercer responsablemente sus derechos y libertades.
La Comisión de Juventud y Deporte procedió al estudio y análisis del punto de acuerdo de referencia, llevando a cabo para tal efecto diversas reuniones de trabajo con los integrantes de la misma, hasta alcanzar el dictamen que hoy se presenta con las siguientes:
Consideraciones
Este órgano legislativo coincide con los legisladores promoventes en el sentido de que nuestro país requiere seguir impulsando el ámbito jurídico de las y los jóvenes para su reconocimiento efectivo como sujetos de derechos, ya que lamentablemente la historia de nuestros jóvenes ha estado marcada por obstáculos y dificultades sociales que no sólo han limitado su desarrollo integral sino que los tiene en un estado de rezago social que día con día se incrementa.
El ejemplo más palpable son las cifras que dan cuenta de su situación actual en nuestro país: 8 millones de jóvenes padecen los efectos del desempleo y la falta de educación; algunos han optado por migrar, otros tratan de insertarse a la sociedad mediante el subempleo, con bajos salarios, carencia de prestaciones sociales, de seguridad laboral, etcétera, otros más se encuentran en los reclusorios y el resto, cerca de 4 millones totalmente expuestos a las redes del crimen organizado bajo la esperanza de obtener prosperidad que mediante otras vías se ve muy complicado de conseguir.
En materia de educación, la escasa cobertura, tan sólo en el nivel medio superior, origina que cada año miles de jóvenes queden sin oportunidad de estudiar, así por ejemplo, para el ciclo escolar 2009-2010, 2.4 millones quedaron fuera del sistema escolarizado y, en educación superior, solamente ingresará el 27.6 por ciento de la población en edad de cursarla. Respecto a la salud, el 50 por ciento de las y los jóvenes no tienen acceso a algún servicio de salud, y adicionalmente el 70 por ciento de los jóvenes, como grupo etario, tienen contacto con alcohol y drogas 1 convirtiéndose para algunos en el principal problema que enfrentan durante su juventud. En el tema de la seguridad, es alarmante que cerca del 50 por ciento de quienes están en las cárceles de toda la República Mexicana son jóvenes 2 . Resulta igualmente alarmante el grado de desintegración del tejido social que se percibe con tristeza en diferentes ciudades del país en donde el sector juvenil es el principal afectado.
Indudablemente, los 35 millones de jóvenes 3 mexicanos requieren de una atención específica ya que atraviesan por un periodo de la vida donde se forma y consolida la personalidad, la adquisición de conocimientos, la seguridad personal y la proyección al futuro; y de manera general se requiere para lograr su desarrollo integral dentro de la sociedad y más allá, para desarrollar su potencial humano que los hace formadores de cambios sociales y actores estratégicos para el desarrollo de nuestra sociedad.
Sensibles de la situación generalizada en distintas regiones del mundo, desde el ámbito jurídico internacional, distintas naciones han celebrado diversos instrumentos tendientes a impulsar y apoyar acciones en favor de los jóvenes para garantizar sus derechos, el respeto y promoción de sus posibilidades y las perspectivas de libertad y progreso social, con avances muy importantes a favor de la juventud, entre los instrumentos jurídicos se destacan: El Programa Mundial de Acciones para la Juventud para el año 2000 en adelante, aprobado por la Resolución número 50/81 de las Asamblea General de las Naciones Unidas; la Declaración de Lisboa, aprobada en la I Conferencia Mundial de Ministros Responsables de Juventud, celebrada en Lisboa, Portugal, en 1998, la cual constituye un marco para la cooperación internacional en el dominio de las políticas de juventud; así como las conclusiones del Foro Mundial de Juventud del Sistema de Naciones Unidas, celebrado en Braga, Portugal, en 1998, así como el Plan de Acción aprobado en dicho evento; y desde luego los trabajos de la Organización Iberoamericana de Juventud incluyendo la propia Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes firmada por los países miembros, entre ellos México.
Precisamente, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, firmada por México el 11 de octubre de 2005, en la ciudad de Badajoz, España, constituye un instrumento sustentado en la necesidad de que los jóvenes cuenten con el compromiso de las naciones y las bases jurídicas que reconozcan, garanticen y protejan sus derechos, asegurando así la continuidad y el futuro de los pueblos, además de reconocer a los jóvenes como sujetos de derechos, actores estratégicos del desarrollo y personas capaces de ejercer responsablemente los derechos y libertades consagrados en la Convención.
Sin embargo, esta Convención no ha sido ratificada por el Senado de la República, requisito constitucional previsto en el artículo 76, fracción I, así como en la propia Convención, para darle vigencia plena y el carácter vinculante dentro de nuestro país y entre los Estados miembros, de conformidad con el artículo 133 constitucional y la propia Convención.
Conocedor de la trascendencia de este instrumento jurídico entre la juventud mexicana y de los avances que representa para el reconocimiento de los derechos de los jóvenes y del impulso para su desarrollo, este órgano legislativo coincide con los legisladores promoventes en la necesidad de ratificar la Convención lo más pronto posible.
El propio Senado de la República ha ratificado su compromiso con los derechos de la juventud comprometiéndose a promover una cultura de respeto, tolerancia e inclusión, a través de los instrumentos a su alcance, y a principios de 2007 exhortó al Ejecutivo federal a remitirles la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, con la finalidad de ratificarla 4 .
Por las consideraciones anteriormente expuestas, las Comisión de Juventud y Deporte emite el siguiente:
Dictamen
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, consciente de que las y los jóvenes representan un potencial humano que los hace formadores de cambios sociales y actores estratégicos para el desarrollo de cualquier sociedad, ratifica su compromiso con la juventud mexicana y se compromete a llevar a cabo las acciones que estén dentro del ámbito de su competencia tendientes a garantizar su desarrollo integral.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a que explique a esta soberanía las razones por las que no se ha remitido a la Cámara de Senadores la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, adoptada por nuestra nación y demás países miembros de la Organización Iberoamericana de Juventud, el 11 de octubre de 2005, con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Notas
1 Encuesta Nacional de Salud 2006
2 Conferencia del Episcopado Mexicano, Estudio sobre el sistema penitenciario, 2009.
3 Estimaciones de Conapo al 2010.
4 Sesión del 27 de febrero de 2007.
Salón de sesiones de la Comisión de Juventud y Deporte, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los trece días del mes de octubre de dos mil diez.
La Comisión de Juventud y Deporte
Diputados: José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), presidente; Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Sandra Méndez Hernández (rúbrica), Nely Edith Miranda Herrera (rúbrica), Juan José Cuevas García (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), Sixto Alfonso Zetina Soto (rúbrica), Carlos Torres Piña (rúbrica), Juan Carlos Natale López, secretarios; Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), Andrés Aguirre Romero, Noé Martín Vázquez Pérez, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Rolando Bojórquez Gutiérrez (rúbrica), Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Martín Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Laura Felícitas García Dávila, Yulenny Guylaine Cortés León, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes, Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Jesús Gerardo Cortés Mendoza (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Ilich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Diego Guerrero Rubio, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a redefinir la estrategia de incentivos respecto a los resultados de la prueba ENLACE y el uso de éstos
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y análisis la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta al secretario de Educación Pública (SEP) a redefinir tanto la estrategia de incentivos respecto a los resultados de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) como el uso de éstos, presentada el 8 de abril de 2010 por la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 60, 61 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.
I. Antecedentes
A la comisión que suscribe de Educación Pública y Servicios Educativos les fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente número 1858 que contienen la proposición con punto de acuerdo en la que se exhorta al titular de la SEP a redefinir tanto la estrategia de incentivos respecto a los resultados de la prueba ENLACE, presentada por la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el 8 de abril de 2010.
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis correspondiente.
II. Descripción de la proposición
En la proposición presentada por la diputada Elsa María Martínez Peña, manifiesta preocupación por la manera en que se han utilizado los resultados de la prueba ENLACE, la cual se ha considerado un “instrumento de premiación y castigo”, en lugar de ser utilizada como diagnóstico sobre el bajo rendimiento escolar y un “insumo” para diseñar políticas públicas a favor de la mejora educativa.
Asimismo, la proponente alude que las pruebas censales y estandarizadas, cuentan con un “débil sustento respecto a su efectividad”, no obstante, señala que la prueba ENLACE puede perfeccionarse en las evaluaciones subsecuentes y “evitar un tratamiento homogéneo a todas las instituciones educativas, puesto que cada una se encuentra un contexto (...) distinto”.
Por tanto, la diputada solicita al pleno de esta soberanía la aprobación de los siguientes puntos de acuerdo:
Único. Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública Federal a redefinir la estrategia de incentivos respecto a los resultados de la prueba ENLACE a celebrarse el presente año, así como el uso que se le da a la información derivada de la implantación de este instrumento, a fin de evitar que se distorsione el objetivo que debe perseguir.
III. Consideraciones de la comisión
1. Los miembros de esta comisión reconocen la importancia de la evaluación educativa, ya que mediante ella se puede obtener “información y usarla para formar juicios que a su vez se utilizarán en la toma de decisiones” 1 . La evaluación como tal, es comparativa y deductiva, pues a través de ella se transmite una opinión sobre algo que tiene una forma determinada o que satisface ciertos criterios o normas previamente definidas. Además de ser “sistemática y permanente” 2 . La evaluación del sistema educativo mexicano le corresponde a la Secretaría, y “sus resultados serán tomados como base para que las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adopten las medidas procedentes” 3 .
La evaluación educativa ha fungido como un instrumento para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que se requiere “impulsar mecanismos sistemáticos de evaluación de resultados de aprendizaje de los alumnos, de desempeño de los maestros, directivos, supervisores y jefes de sector, y de los procesos de enseñanza y gestión en todo el sistema educativo” 4 ; así como “realizar evaluaciones que empleen instrumentos y metodologías que permitan hacer mediciones válidas y confiables de la calidad del sistema educativo mexicano” 5 .
2. En México se aplican diversos instrumentos para evaluar los actores 6 involucrados en el sistema educativo. Una de las evaluaciones que se aplican a los alumnos de nivel básico y media superior de escuelas públicas y privadas del país, es la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), comúnmente denominada, prueba ENLACE.
Durante los cinco años que se ha aplicado, se estima que la prueba ENLACE ha tenido un costo de 415 millones de pesos. El contenido de los instrumentos utilizados ha sido seriamente cuestionado por especialistas, debido a que básicamente promueven la memorización y no la comprensión y el razonamiento (Fuentes, 2007); también se han documentado múltiples irregularidades durante su aplicación (maestros que “ensayan” con sus alumnos o que solicitan a los más atrasados no asistir a la escuela durante los días de aplicación, etcétera).
3. Pese a los cuestionamientos a ENLACE cada vez son más las acciones o programas que se relacionan con sus resultados, como el caso del Programa de Estímulos de la Calidad Docente, mediante el que se otorgan estímulos económicos a los maestros de las escuelas cuyos alumnos obtienen los puntajes más altos. 7
Los miembros de la comisión coinciden con los especialistas que señalan la necesidad de redefinir el Programa de Estímulos, básicamente por tres cuestiones:
a) La evaluación de la calidad docente no debe basarse en un “solo factor: el aprovechamiento de los alumnos” 8 ; una evaluación más integral debe ser multifactorial, es decir, no sólo considerar la aplicación de exámenes a gran escala sobre el desempeño de los alumnos, sino que los profesores puedan demostrar, por ejemplo, sus habilidades en el manejo de situaciones didácticas y en la conducción de grupos en los que predomina la diversidad.
b) El Programa de Estímulos plantea el reto de identificar con precisión cuáles son los aprendizajes que un profesor logra en un ciclo escolar (“valor agregado” respecto a los grados previos), y cuál es producto del trabajo de los profesores anteriores. Por tanto, se tiene que “rastrear la trayectoria de los maestros para detectar el o los grupos que cada uno tuvo a su cargo el año anterior” 9 ; y “si esos grupos se encontraban en condiciones socioeconómicas distintas” 10 .
c) El Programa de Estímulos puede convertir al examen en contenido, es decir, que los maestros se dediquen a preparar a sus alumnos para que lo aprueben y para que obtengan buenos resultados, y dejar de lado el desarrollo de habilidades y competencias básicas.
En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo por los artículos 60 y 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública Federal a redefinir la estrategia de incentivos respecto a los resultados de la prueba ENLACE a celebrarse el presente año, así como el uso que se le da a la información derivada de la implantación de este instrumento, a fin de evitar que se distorsione el objetivo que debe perseguir.
Notas
1 Tenbrink, Terry D. (2009) Evaluación. Guía Práctica para profesores. Madrid: Narcea. Consultado el 14 de junio de 2010 desde http://books.google.com.mx/books?id= CJyeZusF6YIC&pg=PA16&lpg=PA16&dq=tenbrink+conce pto+de+evaluaci%C3%B3n&source=bl&ots=QyrxnIKCIi& ;sig=saDHawOULcrOioF-wrEFu5vk7N8&hl= es&ei=Cqo WTITYL pO6NqHlic0L&sa=X&oi=book_result&ct=result&a mp;resnum=3&ved=0CB4Q6AEwAg#v=onepage&q=proceso%20de%20 obtener&f=false
2 Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión (1993) Ley General de Educación. Página 10. Extraído el 30 de mayo de 2010, desde http://www.diputados. gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
3 Ídem.
4 Ídem. Pág. 183.
5 Secretaría de Educación Pública (2007) Programa Sectorial de Educación. Página 57. Extraído el 18 de mayo de 2010 desde http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_sectorial
6 Docentes, alumnos de los diferentes niveles educativos, directivos, etcétera.
7 Secretaría de Educación Pública (2009) Estímulos a la calidad docente. Extraído el 15 de junio de 2010 desde http://estimulosalianza.sep.gob.mx/wb/sep1/
8 Flores Crespo Pedro y Carlos Muñoz Izquierdo (2010) ¿Le importan realmente los maestros a la SEP? Extraído el 15 de junio de http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/
9 Flores Crespo Pedro y Carlos Muñoz Izquierdo (2010) ¿Le importan realmente los Maestros a la SEP? Extraído el 15 de junio de 2010 desde http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/13MIL150410
10 Ídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de junio de 2010.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva, José Alberto González Morales (rúbrica),Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat, Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Manuel Jesús Clouthier Carrillo, María Sandra Ugalde Besaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica) Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra.