Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas y a las autoridades correspondientes del Distrito Federal a capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos de las mujeres y de perspectiva de género, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas y a las autoridades correspondientes del Distrito Federal a capacitar a sus servidores públicos en materia de derechos humanos de las mujeres y de perspectiva de género, y a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, incorporen estos temas en su trabajo cotidiano.

Exposición de Motivos

La teoría de género es una aportación filosófica y política del movimiento feminista que muestra cómo el género moldea y desarrolla nuestra percepción de la vida en general y, en particular, pone en evidencia la valoración, el uso y las atribuciones diferenciadas que se da a las mujeres y a los hombres.

En otras palabras, la teoría de género reconoce que los comportamientos llamados femeninos y masculinos son construcciones sociales relacionadas con aspectos culturales, a través de los cuales se definen los papeles y tareas a cada género, y no, como algunas personas afirman, características inherentes e inmodificables de la naturaleza, a pesar de que ésta, entendida en el más amplio sentido de la palabra, también tiene marcada influencia en aquéllas. 1

Dicha teoría ha dado surgimiento a la denominada perspectiva de género, la cual se ha erigido como un paradigma democrático que permite abordar los problemas sociales de una manera más integral y equitativa, ya que considera las experiencias, necesidades e intereses, tanto de hombres como de mujeres.

En este contexto, la perspectiva de género es un enfoque analítico y metodológico que tiene como fundamento la teoría de género y “responde a la necesidad de abordar de manera integral, histórica y dialéctica, la sexualidad humana, así como sus implicaciones económicas, políticas, psicológicas y culturales en la organización social”. 2 Visualiza a hombres y a mujeres en tanto sujetos históricos, construidos socialmente, producto de una organización social determinada; ofrece una explicación integral de cómo se desarrollan las relaciones de producción y reproducción, al igual que sus implicaciones en las personas de uno y otro sexo.

La aplicación de la perspectiva de género, para el análisis de la sociedad y la promoción y respeto de los principios de equidad e igualdad, está estrechamente vinculados con la idea de construir una democracia más integral y progresista.

A este respecto, en el ámbito internacional las Conferencias Mundiales sobre la Mujer (México, 1975; Copenhague, 1980; Nairobi, 1985; y Pekín, 1995), y sus respectivos planes de acción, han marcado objetivos y estándares para la igualdad, la equidad de género y el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, pasando de una concepción relacionada con la igualdad de oportunidades, a la perspectiva de la transversalización de género.

Otro instrumento internacional que dispone la transversalización de la perspectiva de género en todos los planes, acciones y programas de los Estados es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aprobada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual enuncia, en forma jurídicamente vinculante, los principios aceptados internacionalmente sobre los derechos de la mujer, bajo una premisa básica: “la prohibición de todas las formas de discriminación contra la mujer”, entendida ésta como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

Entre las obligaciones que emanan de esta convención, se encuentran las establecidas en sus artículos 2 y 3, que a la letra versan:

Artículo 2

Los Estados parte condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.

Artículo 3

Los Estados parte tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

Cabe hacer mención que los compromisos adquiridos internacionalmente no sólo vinculan al gobierno federal, obligan también a los Poderes Legislativo y Judicial en los tres niveles de gobierno, es decir, los tres poderes de la federación, estados y municipios deben observar estas disposiciones.

Lamentablemente, aun cuando nuestro país forma parte de la CEDAW y ha participado y sido sede de las conferencias antes citadas, como lo señala la feminista y autora de diversas publicaciones, Patricia Olamendi Torres, México aún enfrenta limitaciones para la aplicación de la legislación internacional y los planes de acción derivados de las conferencias, que permitan el reconocimiento y ejercicio de la ciudadanía de las mujeres; entre ellos, destacan los contenidos legislativos que impiden el reconocimiento de iguales derechos para las mujeres o mantienen diversas formas de exclusión o discriminación. 3

Estas limitaciones han sido del conocimiento del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, mecanismo de seguimiento al cumplimiento de la CEDAW, con motivo del análisis del sexto informe periódico de México, quien emitió sus observaciones finales, entre las que destacan las siguientes:

8. El comité observa con preocupación que no haya una armonización sistemática de la legislación y de otras normas federales, estatales y municipales con la convención, lo cual tiene como consecuencia la persistencia de leyes discriminatorias en varios estados y dificulta la aplicación efectiva de la convención. El comité lamenta las escasas explicaciones proporcionadas sobre los mecanismos existentes para que los estados cumplan las leyes federales y los tratados internacionales de derechos humanos en que México es parte, así como sobre las medidas que se toman cuando los estados y municipios no adoptan las reformas legislativas necesarias para garantizar su cumplimiento.

9. El comité insta al Estado parte a que conceda una alta prioridad a la armonización de las leyes y las normas federales, estatales y municipales con la convención, en particular mediante la revisión de las disposiciones discriminatorias vigentes, con el fin de garantizar que toda la legislación se adecue plenamente al artículo 2 y a otras disposiciones pertinentes de la convención. El comité insta al Estado parte a que ponga en marcha un mecanismo eficaz para asegurar y supervisar este proceso de armonización.

Recomienda que el Estado parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la convención y las recomendaciones generales del comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el poder judicial y los abogados a nivel federal, estatal y municipal.

Por otra parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México elaboró un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México en el cual se identificaron los escollos existentes en materia de los derechos humanos de las mujeres y a partir de esta identificación se formularon propuestas que tienen en cuenta las recomendaciones emitidas por los comités de seguimiento de la CEDAW y de los pactos de derechos humanos, así como las que surgen de las conferencias internacionales de población y de la mujer, entre éstas se encuentran las siguientes:

1. Promover la incorporación de las prescripciones de las convenciones internacionales (CEDAW y Belem do Pará) en la legislación nacional y estatal y su debido cumplimiento.

2. Incorporar la perspectiva de género en las políticas, los programas, los presupuestos y la gestión de instituciones públicas, en todos los niveles de gobierno y en los tres poderes del Estado mexicano.

4. Promover la eliminación de estereotipos de género y realizar campañas de sensibilización e información.

7. Adoptar todas las medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de sus derechos económicos, sociales y culturales.

8. Asegurar a las mujeres igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación.

9. Eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país.

10. Promover la igualdad de derechos de hombres y mujeres en la vida de las familias.

La presente proposición tiene como uno de sus objetivos primordiales impulsar la transversalización de la perspectiva de género en todas las acciones, programas y legislación de los 31 estados que conforman el territorio nacional y del Distrito Federal, para lo cual resulta indispensable que los encargados de su diseño cuenten con los elementos conceptuales necesarios, razón por la que la capacitación de los servidores públicos es otro elemento de esta proposición.

En atención a lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas y a las autoridades correspondientes del Distrito Federal a capacitar a sus servidores públicos en materia de derechos humanos de las mujeres y de perspectiva de género y a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, incorporen estos temas en su trabajo cotidiano.

Notas

1 Ver Olga Bustos Romero, “La formación del género: el impacto de la socialización a través de la educación”, en Antología de la sexualidad humana , tomo I, Miguel Ángel Porrúa/Conapo, México, 1994, páginas 267 y siguientes.

2 Daniel Cazés, La perspectiva de género: Guía para diseñar, poner en marcha, dar seguimiento y evaluar proyectos de investigación y acciones públicas y civiles, UNAM, México 2005, página 79.

3 Patricia Olamendi Torres. “Legislar para la igualdad”, http://notas.basica.sep.gob.mx/SEB/blogseb/300/documentos/articulo_legi slarigualdad.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 19 de octubre de 2010.

Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena

(rúbrica)