Gaceta Parlamentaria, año XIII, número 3117-VIII, jueves 14 de octubre de 2010


Proposiciones
Excitativas
Efemrides

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para iniciar la obra de infraestructura hidráulica que evite inundaciones en zonas y centros poblacionales asentados en los límites de los ríos La Sabana y El Colacho, de Acapulco, Guerrero, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. Que conforme al protocolo 1, adicional al Tratado de Ginebra, denominado “Protección a las víctimas de los conflictos armados internacionales”, entendemos por protección civil, el cumplimiento de todas o algunas de las tareas humanitarias, destinadas a proteger a la población contra los peligros de las hostilidades y de las catástrofes y ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia.

Segundo. Que el protocolo mencionado, fue aprobado por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, del Estado mexicano, el 21 de diciembre de 1982, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 24 de enero de 1983 y promulgado el día 22 de diciembre de ese mismo año, dando origen a la normatividad jurídica correspondiente.

Tercero. Que el plan de contingencias, es una vertiente del Sistema Nacional de Planeación, que tiene su referente en el artículo 26 constitucional, constituyéndose en el instrumento legal, de que disponen las autoridades de protección civil, para brindar una respuesta rápida, oportuna, adecuada y coordinada a las situaciones de emergencia causadas por fenómenos destructivos de origen natural o humano.

Cuarto. Que como es sabido, las precipitaciones pluviales de esta época de lluvias, han sido atípicas, generando el desbordamiento de los ríos, lagos y arroyos, así como el derramamiento de presas, causando graves calamidades en diversas entidades federativas, entre las que destacan, como casos emblemáticos Tabasco y Veracruz.

Quinto. Que el estado de Guerrero, no se ha visto exento de estos siniestros, ya que las lluvias han causado estragos mayúsculos, sobre todo en 21 municipios de su geografía, motivando la solicitud por parte del gobierno del estado al Fondo de Desastres Naturales (Fonden), a efecto de que haga la declaración de zona de desastre.

Sexto. Que a consecuencia de las fuertes precipitaciones que han caído en el municipio de Acapulco, en las últimas semanas se han provocado diversas afectaciones en el patrimonio y salud de los acapulqueños, con un poco más de 14 mil damnificados, más de 2 mil 600 viviendas dañadas, en la zona suburbana y rural de Acapulco y la presencia de diversas enfermedades en la población que se encuentra incomunicada por las condiciones geográficas.

Séptimo. No obstante, los guerrerenses miramos con desaliento que en una evaluación rígida, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) haya dejado fuera a catorce de estos veintiún municipios, que presentan pérdidas y daños similares en tramos carreteros, viviendas y bienes; por lo que el gobierno del estado ha solicitado la revaloración y corroboración de daños, en los municipios que quedaron fuera, entre los que destacan Acapulco de Juárez, Juan R. Escudero, La Unión y Coyuca de Benítez, que delatan graves deterioros, producto de la devastaciones pluviales, motivando la imperiosa necesidad de acceder al Programa de Reconstrucción de Viviendas y Caminos, ya que la magnitud de los daños, supera con creces, la capacidad financiera de respuesta, tanto de las dependencias y entidades paraestatales federales, así como la que prevé, para estas contingencias, el gobierno del estado de Guerrero.

Octavo. Que existe el fundado temor de que estos males se acrecienten, como aconteció hace unos días con la terrible inundación, hasta de metro y medio, que sufrieron zonas conurbadas de Acapulco, entre las que figuran las colonias Luis Donaldo Colosio, Renacimiento, Revolución Social, La Sabana, Llano Largo, Coloso, Lengua de Sapo, Plácido Domingo, Arroyo Seco, Circuito Interior de Ciudad Renacimiento, Nueva Era, Tamarindo, La Venta , La Frontera y las comunidades cercanas al poblado de Xaltianguis, donde se vieron afectadas huertas y sembradíos del área rural, debido al desbordamiento del río La Sabana, que propició la intervención de miembros del Ejército mexicano para operar el Plan DN-III y salvaguardar así, la integridad de las personas y sus bienes.

Noveno. Que este desbordamiento de los ríos de La Sabana y El Colacho, se debe fundamentalmente a la falta de una obra hidráulica que proteja a la zona conurbada de inundaciones, con la consecuente pérdida de sus bienes y el riesgo de sus propias vidas. No nos queda duda que los cauces de los ríos, son de la competencia federal y corresponde a la Comisión Nacional del Agua, llevar a cabo las acciones pertinentes para evitar que en lo sucesivo se sigan reproduciendo este tipo de desgracias en las zonas más pobres de Acapulco.

Décimo. Que es pertinente recordar que a principios de octubre del año de 1997, el huracán Paulina tocó tierra en el sur de México y la intensa precipitación, en pocas horas, ocasionó muy severos daños, destruyendo la ciudad y puerto de Acapulco, con el desbordamiento del río del Camarón, inundaciones en La Sabana, Tres Palos, el anfiteatro de la bahía, y la Costera Miguel Alemán, entre otros; dejando a cientos de personas muertas, más de 300,000 personas sin hogar y daños por miles de millones de dólares.

Undécimo. Que más recientemente la tormenta tropical Henriette, provocó inundaciones en miles de casas, poniendo en peligro la vida de los habitantes de Acapulco; desde La Sabana, Cayaco, Llano Largo, San Agustín, La Glorieta de Puerto Márquez y hasta la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio, entre otros; lo más grave es que el volumen de agua que cayó no ameritaba tales inundaciones, por lo que tan sólo en la zona de Llano Largo- Colosio, más de 14 mil viviendas están en peligro de inundación, cada vez que ocurre una precipitación ordinaria.

Duodécimo. Que para el mantenimiento del cauce del río de La Sabana, este año la Comisión Nacional del Agua, tuvo alrededor de 15 millones de pesos y la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Guerrero (Semaren), alrededor de 10 millones de pesos para el mismo propósito, es decir, alrededor de 25 millones de pesos y resulta extraño que con esta cantidad de recursos se haya inundado donde nunca se había inundado por falta del desazolve del río, por lo que procede una investigación por parte de las instancias fiscalizadoras para determinar si se aplicaron o no estos recursos y lo que legalmente proceda.

Decimotercero. Que es pertinente señalar la urgente necesidad de que esta alta soberanía y la Conagua, prevean recursos presupuestales para el inicio de la obra hidráulica a lo largo del río de La Sabana y el río El Colacho, que evite una desgracia mayor a las originadas en los últimos tiempos, por el orden de 50 millones de pesos por cada kilometro de los ríos referidos, aproximadamente.

En tales circunstancias, es de sobrada razón y urgente necesidad que esta Cámara de Diputados, prevea lo necesario, para implementar las medidas que sean necesarias para atender el estado de alarma y alerta en que se encuentran veintiún municipios de Guerrero y se tomen las providencias necesarias para atender las inundaciones que afectan al municipio de Acapulco y se prevean recursos en el presupuesto 2011 para iniciar la obra hidráulica que proteja a la población de una desgracia que luego tengamos que estar lamentando; por lo que me permito someter a la consideración de ustedes, para lograr la aprobación de la siguiente propuesta de

Acuerdo

Primero. La XVI Legislatura hace respetuoso exhorto a los licenciados José Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación y Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, para la emisión urgente del dictamen técnico favorable a la solicitud de declaración de zona de desastre del gobierno del estado de Guerrero y revaloración de daños en las catorce municipalidades del estado de Guerrero, donde existe devastación por las atípicas lluvias de que han sido objeto y que no se contemplaron en su diagnóstico inicial de declaratoria de zona de desastre, a efecto de verse beneficiados con los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales.

Segundo. La XVI Legislatura hace respetuoso exhorto a la Auditoria Superior de la Federación para que realice una investigación a la Conagua y a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Guerrero (SEMAREN), que determine la aplicación o no de los recursos presupuestados este año para el desazolve del río de La Sabana y el río El Colacho.

Tercero. La XVI Legislatura hace respetuoso exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y al ingeniero José Luis Luege Tamargo, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a afecto de que contemplen recursos suficientes en el Presupuesto 2011, para el inicio de la obra de infraestructura hidráulica que evite inundaciones en la zona conurbada de Acapulco, Llano Largo, Colosio, Renacimiento, entre otros centros de población asentados en los límites de los ríos La Sabana y El Colacho del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2010.

Diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la creación de un programa de pavimentación municipal, operado mediante la Sedesol, suscrita por los diputados Domingo Rodríguez Martell, Vidal Llerenas Morales y Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de este honorable pleno el siguiente punto de acuerdo en virtud de las siguientes

Consideraciones

1. El artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, establece :”Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los Estados y los Municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que benefician directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros”:

a) “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal: Agua Potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural”.

b) “Fondo de Infraestructura Social Estatal: Obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal”.

Sin embargo, los 31 estados de la República Mexicana, el Distrito Federal y los 2 mil 349 municipios no cumplen con lo previsto en el artículo en comento. Según el diagnóstico del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal emitido por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados publicado en mayo del 2009. El problema, “radica en que el mecanismo de asignación de recursos no genera incentivos apropiados para que los gobiernos receptores empleen eficientemente los recursos”. La fórmula actual, “castiga” a los municipios que disminuyen las variables de marginación y, por lo tanto, desincentiva la eficiencia en el gasto, a la vez que otorga más recursos a los municipios que no obtienen resultados positivos en la disminución de las variables que capturan las carencias y la marginación.

A) “...existe ambigüedad en cuanto a la naturaleza de los recursos, pues en el artículo 46 de LCF se establece que las aportaciones que reciban los estados y municipios deberán registrarse como ingresos propios, pero en la fiscalización y aplicación de sanciones por el uso indebido de los recursos, intervienen autoridades federales.

El anterior diagnostico evidencia que la evolución del gasto total del ramo 33 aportaciones federales para entidades federativas y municipios de 1998 a 2010, no ha logrado ser un detonante en el rubro de infraestructura social municipal, pues en el marco de la discusión y aprobación del proyecto de presupuesto los presidentes municipales acuden a esta soberanía a demandar obras de infraestructura Básica Municipal como: pavimentaciones, redes de agua, electrificaciones, alcantarillado e imagen urbana, por arriba de los programas y proyectos de inversión para sus municipios como son carreteras alimentadoras con metas menores a 5 kilómetros que deben ser atendidas por la Juntas locales de caminos.

Por lo que es importante desarrollar procedimientos de asignación de recursos que permitan una mayor transparencia y mejor rendición de cuentas para la superación de la pobreza y la marginación, y con ello, evitar la duplicidad de esfuerzos y crear sinergias.

Por lo mencionado los diputados que suscribimos el presente punto de acuerdo, proponemos la continuidad del Fondo de Pavimentación a Municipios (Fopam), en la modalidad de un nuevo Programa de Pavimentación para Municipios (Propam), que sea operado por la Secretaría de Desarrollo Social y sirva como incentivo para que los gobiernos receptores empleen eficientemente los recursos asignados para infraestructura, tales como agua potable y drenaje.

Compañeros diputados, la Secretaría de Desarrollo Social cuenta con la infraestructura y experiencia necesaria para implantar el Propam, dado que históricamente ha aplicado la mayoría de los programas sociales en el país.

Las obras de pavimentación receptoras de los recursos del Propam contribuirán a la inmediata reactivación de la economía local a través de la generación de 520 mil empleos directos además de activar 40 ramas de la industria. Adicionalmente, uno de los efectos directos de la pavimentación versa en la reducción de los índices de marginación de los gobiernos municipales, mejorando la calidad de vida de la población facilitándole el acceso a servicios de salud, limpia, seguridad y transporte entre otros. Sin menoscabo de lo anterior, las obras de pavimentación contribuyen al mejoramiento del medio ambiente al reducir las partículas de polvo emitidas a la atmosfera y los costos de mantenimiento de las vialidades, dada su mayor resistencia ante fenómenos meteorológicos.

Finalmente, cabe destacar que estas acciones permitirán generar mayor recaudación a través del impuesto predial, fortaleciendo la hacienda municipal.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al pleno de la honorable Cámara de Diputados para que se discuta y apruebe la continuidad del Fondo de Pavimentación a Municipios, en la modalidad de un nuevo Programa de Pavimentación para Municipios, Propam, operado a través de la Secretaría de Desarrollo Social.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para asignar, a través del ramo 20, un monto de 4 mil 85 millones de pesos al Propam.

Palacio Legislativo, a 14 de octubre de 2010.

Diputados: Domingo Rodríguez Martell (rúbrica), Vidal Llerenas Morales, Samuel Herrera Chávez, Armando Ríos Piter (rúbrica), Olga Luz Espinoza Morales (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez (rúbrica), Florentina Rosario Morales (rúbrica), Leticia Quezada Contreras, Carlos Torres Piña (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para que la SCT, delegación Morelos, elabore seis proyectos ejecutivos en la zona metropolitana de Cuernavaca, a cargo del diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción segunda, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Antecedentes

La concentración poblacional en los centros conurbados demanda mayores servicios públicos, agua potable, adecuada infraestructura, vías de comunicación y la preservación y conservación del medio ambiente, todo ello trasciende a su vez a los niveles político, administrativos y de gobernabilidad de los centros conurbados de los municipios y entidades.

Estas tendencias de urbanización y el acelerado crecimiento de la población urbana ya no son privativas de las grandes ciudades capitales, la serie de problemas y demandas sociales han alcanzado a los gobiernos municipales de Cuernavaca, Jiutepec y Temixco pertenecientes al estado de Morelos y a la zona metropolitana de Cuernavaca, municipios que por la falta de infraestructura y de desarrollo urbano comparten rezagos, necesidades y retos afines que requieren de soluciones integrales y urgentes dado que rebasan su capacidad financiera, de recursos materiales y humanos para realizar las obras y servicios que demanda esta zona metropolitana.

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los municipios en la actualidad, es la falta de recursos para la creación de infraestructura urbana. Por ello es necesario la coordinación entre los tres niveles de gobierno para lograr el crecimiento y desarrollo de las zonas metropolitanas ante lo cual, la entidad autorizada y capacitada para la elaboración de los proyectos ejecutivos urbanos y de infraestructura, que son necesarios para cualquier proyecto debidamente sustentado, es sin lugar a dudas la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Consideraciones

El municipio de Jiutepec cuenta con una población de 220,000 habitantes. La principal actividad económica es la industrial, ya que aquí se asienta el mayor parque industrial del estado con 350 plantas. Existen 2,500 establecimientos comerciales, sin embargo la actividad agropecuaria sigue siendo importante ya que se cultivan 500 hectáreas, principalmente productos con un gran valor agregado (viveros y cultivos a base de riego); se exporta flor y el municipio es el principal productor, a nivel nacional, de flor de nochebuena. Actualmente es una zona de alto desarrollo, integrada por una población flotante por la cercanía al Distrito Federal y Cuernavaca.

Sus zonas turísticas son entre otras, la ex-hacienda de Cortés, el hotel restaurante Camino Real Sumiya, el zócalo de la ciudad; cuenta con las reservas ecológicas del Texcal, sierra de Monte Negro, el predio los Venados y el la iglesia, que entre sus piezas de arte sacro cuenta con un cristo negro; balnearios y ex-haciendas.

El municipio tiene una gran zona residencial que continúa creciendo así como comunidades autóctonas y grupos indígenas. Está constituido por 67 colonias, 26 fraccionamientos, 20 unidades habitacionales, 4 pueblos y 22 condominios.

Su principal vía de comunicación es el boulevard Cuauhnáhuac que enlaza al municipio con Cuernavaca y Yautepec. El tramo que comprende al municipio de Jiutepec da acceso a la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca (Civac) en dos puntos: Puente Blanco y las Torres de Civac, ambos tienen una confluencia vehicular importante para la zona, la cual, en este momento está al tope de su capacidad por lo que es urgente la creación de dos distribuidores viales para dar fluidez a la circulación.

Otros puntos importantes son la entrada y salida hacia la cabecera municipal, conocidos como crucero de Tejalpa; la entrada es en la avenida Insurgentes y la salida calle Olivo del fraccionamiento Villas del descanso, siendo éstos accesos principales al centro histórico del municipio; en este momento se encuentran saturados, por tanto, existe la necesidad apremiante de la creación de dos distribuidores viales que den fluidez a la circulación.

El municipio de Temixco cuenta con 110,000 habitantes, posee una superficie de 87 mil 689 kilómetros cuadrados y políticamente está dividido en 24 localidades destacando Temixco centro, Acatlipa, Cuentepec, Palmira, Tetlama y Puente Viejo.

La dinámica poblacional en Temixco es una de los más importantes en Morelos, lo que ha generado principalmente una gran demanda de vivienda de tipo popular y de interés social, además del aumento en la construcción de fraccionamientos y condominios orientados a la demanda de la población de la Ciudad de México, que en su mayoría son ocupados los fines de semana; con el consecuente incremento de tránsito vehicular de manera intermitente en el municipio y las vías de comunicación de la zona conurbada de Cuernavaca.

La principal vía de transito es la autopista Cuernavaca-Acapulco (Autopista del Sol), a lo largo de ella se localizan el Instituto de Energía Solar de la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, recientemente la Universidad del Valle de México, así como el nuevo edificio de la Secretaría de Seguridad Pública del estado; cuenta además con un total de 390 unidades dedicadas al sector manufacturero el cual genera 1 mil 378 puestos de trabajo con una producción total de 125 millones de pesos y 56 millones de pesos de activos fijos.

Dentro del municipio se encuentra en operación el aeropuerto internacional Mariano Matamoros, es paso obligado hacia la zona industrial de Emiliano Zapata, el hospital regional del ISSSTE, el Hospital del Niño Morelense, la central de abastos Emiliano Zapata y la Ciudad de la Confección.

Sus dos principales vías de comunicación son la Autopista del Sol México-Acapulco la cual atraviesa por el municipio de norte a sur, comunicando con Cuernavaca y Xochitepec y la carretera federal México-Acapulco que comunica con otros municipios vecinos como la de Temixco-Emiliano Zapata, Acatlipa y Tezoyuca; ambas vialidades se encuentran en este momento rebasando su máxima capacidad vehicular, sobre todo como hemos señalado, en los fines de semana, debido a que es paso de tránsito vehicular del DF hacia Acapulco, Guerrero.

La alternativa a dicho problema es la creación de un distribuidor vial (a la altura de la caseta 107 D.I.E.Z Emiliano Zapata) que facilitará el tránsito de los dos municipios sin afectar el flujo vehicular de la autopista de cuota, dado que unirá la Autopista del Sol México-Acapulco y la carretera federal a través de una vialidad de cuatro carriles.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) es una universidad estatal de carácter público y está ubicada al norte de la ciudad; incluye facultades donde se imparten cursos de licenciatura en química, biología, medicina, derecho, farmacia, matemáticas, física, ciencias, sociología, psicología y otras. Además, cuenta con algunos centros de investigación.

Es la universidad estatal con mayor número de investigadores inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores. El Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos es el referente obligado para investigadores de élite en los campos de ciencias políticas, historia, literatura, filosofía e historia del arte; el CIDHEM tiene una planta docente de excelencia con profesores de alto nivel, ofrece licenciaturas, maestrías y doctorados en los campos mencionados, además de una maestría de doble diploma en conjunto con la Universidad de Bretaña Occidental (Francia), en las áreas de ciencias políticas y sociales y administración pública. Su acceso principal es la avenida Emiliano Zapata que se enlaza con avenida Universidad; en su trayecto se encuentra dependencias federales, un hospital, el estadio Centenario, unidades habitacionales y zonas residenciales que sumada a la afluencia vehicular de los universitarios, resulta una de las vías de comunicación más sobresaturadas de la capital; por tanto es necesaria una alternativa de acceso hacia el campus, sobresaliendo dos opciones:

1.- La creación de un distribuidor vial en la Autopista del Sol utilizando los mismos terrenos de la universidad o

2.- Ubicarlo en el nuevo proyecto “Libramiento nor-poniente” que también pasa cerca de terrenos propiedad del campus.

La delegación Morelos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estima que cada proyecto tendría un costo aproximado de un millón y medio de pesos haciendo un total por los seis proyectos de nueve millones de pesos, con los cuales se elaborarían dichos proyectos ejecutivos por parte de esta dependencia.

Por lo anteriormente expuesto, se establece la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Transportes para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 se otorguen recursos a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, delegación Morelos, para la elaboración de 6 proyectos ejecutivos en la zona metropolitana de Cuernavaca.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2010.

Diputado José Manuel Agüero Tovar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el Fondo Regional Chiapas, Guerrero y Oaxaca, en el ramo general 23, “Provisiones salariales y económicas”, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada Sofía Castro Ríos, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Fondo Regional (Fonregion), Oaxaca, Guerrero y Chiapas, es la asignación presupuestal que el gobierno federal hace para los estados que conforman el Programa del Sur; se destina a obras de infraestructura hidráulica, de salud, educativa, turística y de caminos, su principal objetivo es abatir la atraso y la marginación en los estados más pobres del país, en donde el índice de desarrollo humano es más bajo por lo que es de vital importancia para esta región del país en donde se encuentran los estados con mayor desigualdad social.

Basados en los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es necesaria la existencia de este fondo que precisamente busca el desarrollo en esos estados.

La estrategia que representa este fondo es de vital importancia para los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, los de mayor vulnerabilidad y pobreza en México pues siguen siendo las entidades con mayor rezago y en el aspecto educativo concentran a un alto número de estudiantes reprobados, niños que abandonan la escuela y niños que no concluyen la primaria.

Según la evaluación realizada por parte de la Auditoría Superior de la Federación, en esas entidades se supera el promedio nacional de niños reprobados, que es de cinco por cada 100 que asisten a la primaria; el abandono de un estudiante por cada 100, y que sólo 90 terminen sus estudios, se ratifica el rezago educativo con índices de reprobación de 10 por ciento en zonas urbanas y de 24 por ciento en zonas indígenas.

La falta de una red carretera adecuada en las tres entidades de la región sur ocasiona que poco más del 24 por ciento de su población esté aislado, es decir, que se ubique a más de cinco kilómetros de una carretera pavimentada. En este aislamiento radica una de las causas fundamentales de la marginación y de la pobreza que padecen Oaxaca, Guerrero y Chiapas. La Selva de Chiapas es la región con mayor cantidad de personas aisladas –que viven a más de 5 kilómetros de una carretera pavimentada– alcanzando la cifra de poco más de 280 mil habitantes, es decir, el 43.5 por ciento de la población de la región. En términos relativos, la región con mayor porcentaje de su población aislada es la Sierra Sur de Oaxaca, con el 64.7 por ciento de su población en esa situación.

A partir de la información básica disponible en el sistema de información geográfica IRIS 4.0 del Inegi, y en el Sistema de Información Georeferenciada de la Región Sur construido como parte de las iniciativas del programa, se han elaborado una serie de mapas, gráficas y tablas, que son de una alta confiabilidad y que muestran cómo se distribuye espacialmente el fenómeno del aislamiento en las localidades, municipios, regiones estatales y entidades de la región sur.

En comparación con el PEF 2009, para el presupuesto de egresos de 2010, el gobierno federal planteó una disminución de 300 millones de pesos y en el actual Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se plantea una disminución de 750 millones, proponiendo sólo dos mil millones de pesos; demasiada mezquindad para la región más pobre del país, pues los fondos regionales (Fonregión), se destinan a combatir los rezagos en infraestructura, que es una de las causas de la pobreza exasperante que históricamente padece la región sur del país.

Desde esta Cámara de Diputados pugnamos para que en la definición del Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, se consideren las necesidades históricas que tienen estos estados, pero sobre todo porque ya no continúe el trato desigual que se le ha dado a esta región en la distribución de los apoyos.

En Oaxaca el Fonregión ha servido para la construcción, modernización y ampliación de 107 caminos o carreteras, la edificación de 12 universidades en las diferentes regiones y para la realización de 14 plantas de tratamiento de aguas residuales, cifra histórica en la conservación del medio ambiente.

En Chiapas, a través del Fonregion se ha tenido una inversión importante en salud, caso específico el del Hospital de las Culturas que es un ejemplo único por su tecnología de punta, además de que incorpora un elemento novedoso como lo es la medicina tradicional y la atención con parteras; y se prevé detonar otro de los indicadores del PIB que es el turismo, ya que con esto se da un instrumento más para que los turistas que planean viajar al sureste de México elijan cualquiera de estos tres destinos Chiapas, Oaxaca, Guerrero, si están ampliamente comunicados.

En el propio Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se reconoce que “Desde el punto de vista de la distribución de la pobreza a nivel nacional, la entidad con mayor incidencia de pobreza alimentaria es el estado de Chiapas, donde el 47 por ciento de la población se encuentra en esta situación. Le siguen los estados de Guerrero con 42 por ciento, Oaxaca con 38.1 por ciento,...”

“La situación de la pobreza de capacidades es prácticamente la misma que para la alimentaria. En primer lugar se encuentra Chiapas con 55.9 por ciento, le sigue el estado de Guerrero que reporta 50.2 por ciento y Oaxaca con 46.9 por ciento. De acuerdo con estas estimaciones, los estados con mayor pobreza de patrimonio son Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con 75.7, 70.2 y 68 por ciento, respectivamente...”

“Esta información permite apreciar con claridad que el reducir la gran desigualdad que se observa entre los estados de la república constituye un importante desafío para el país.”

“A nivel municipal, la mayor incidencia de pobreza se concentra en los municipios de los estados del sur y sureste del país,...”

Y se plantea el siguiente:

Objetivo 1.

Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.”

Desde esta tribuna, la más alta del país, les digo compañeros diputados, que los pueblos no superan la pobreza y la marginación, si antes no se les acercan las oportunidades, con el acceso a la educación, a la infraestructura hidráulica, carretera, de salud; y al disminuirles los recursos del Fonregión, se les niega el acceso al desarrollo y a una vida digna.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados, a autorizar en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2011, la cantidad de $5,000,000,000.00 (cinco mil millones de pesos 00/100 m. n.), para el Fondo Regional (Fonregión) Chiapas, Guerrero y Oaxaca, en el Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2010.

Diputada Sofía Castro Ríos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para que la UNAM realice los estudios de demanda y proyectos de construcción de tres preparatorias, a cargo de la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Silvia Esther Pérez Ceballos, diputada en la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo a fin de que se considere una partida presupuestal etiquetada para el ejercicio presupuestal de 2011, a la Universidad Nacional Autónoma de México, con el propósito de realizar los estudios de demanda y proyectos de construcción de tres planteles de educación preparatoria y poder ampliar la cobertura en el número de estudiantes de éste nivel, lo anterior, bajo el siguiente contexto

Consideraciones

Con 100 años, la UNAM es hoy un baluarte en la educación nacional y en el campo de la investigación.

Ahondar en la fundación de la Universidad Nacional de México es encontrar los orígenes de una identidad, como de los valores sustantivos que por décadas ha defendido el universitario, valores que aún hoy rigen a la reconocida “máxima casa de estudios”. Si hay algún personaje al que se debería dar crédito en la construcción de tan emblemática institución es, sin duda, a Justo Sierra Méndez, profesor por décadas de la Escuela Nacional Preparatoria y Secretario del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes durante el último periodo presidencial del General Porfirio Díaz.

La iniciativa para la creación de la Universidad Nacional de México, comienza el 26 de abril de 1910, cuando Justo Sierra definió los ejes bajo los cuales se organizaría ésta, y se da a la tarea de presentar las razones que obligaban a su fundación, a los diputados. La fórmula que les presentó era simple: jurídicamente el Estado, a través de sus instituciones, daría el visto bueno y estaría al tanto de sus funciones universitarias; pero, al interior la Universidad se regiría por su propia dinámica. Sierra fue lo bastante hábil para distinguir entre la esfera del quehacer científico y el campo de acción política del gobierno, aspectos que se ven reflejados en la Ley Constitutiva de la Universidad, expedida el 26 de mayo de 1910.

El 22 de septiembre de 1910, en “solemne ceremonia” presidida por el presidente de la república, General Porfirio Díaz, se inauguró la Universidad Nacional de México. El hecho se verificó en el Anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria. Su inauguración fue el colofón a las fiestas del centenario de la Independencia de México.

Es a partir de 1954, que los pasajes históricos universitarios se vivirán desde Ciudad Universitaria; los años de crecimiento, como los momentos de cimbra se generaran al resguardo de sus muros. Vendrán entonces los años de estabilidad universitaria en la década de 1950 y 1960, la convulsión de 1968, el rectorado de Pablo González Casanova, la creación del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, los proyectos de Soberón, la crisis de los años ochenta y la huelga de 1986, como la de 1999, manifiesto todo ello de una historia viva y en constante transformación.

En la actualidad la universidad ha recuperado mucho del prestigio perdido en el fatídico fin de siglo; signo posible gracias a la historia que respalda a esta institución, y por el apego a valores que le dieron origen, los mismos que una y otra vez han sido esgrimidos por las autoridades que han encabezado a la institución universitaria. El papel educativo, la autonomía, la libertad de cátedra, el carácter laico de la enseñanza y la participación estudiantil, son valores que desde sus orígenes la Universidad ha mantenido, y que han sido sustantivos en los momentos más complejos de su historia. A la fecha, la mayoría de los rectores se han ajustado a estos postulados, los cuales le fueron dados, como cimientos por Justo Sierra Méndez, desde ese lejano 1910.

Entre los rectores más destacados podemos mencionar a Joaquín Eguía Lis, José Vasconcelos, Antonio Caso, Antonio Castro Leal, Manuel Gómez Morín, Fernando Ocaranza, Nabor Carrillo, Javier Barros Sierra, Pablo González Casanova, Juan Ramón de la Fuente y al actual José Narro Robles.

No obstante el paso del tiempo y festejar el centenario de ésta importante institución educativa, hay un grave problema en materia de educación y que consiste básicamente en la poca oferta de espacios para los miles jóvenes que cada año demandan la oportunidad de cursar sus estudios de bachillerato.

Los actuales nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y los cinco del Colegio de Ciencias y Humanidades proporcionan atención a 108 mil 699 estudiantes. Cabe mencionar, que presentaron solicitud de nuevo ingreso en 2010, según la evaluación de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), 315 mil 848 aspirantes de los cuales 155 mil 170 lo hicieron para ingresar a la máxima casa de estudios y tan sólo se pudieron inscribir 5 mil 820 nuevos alumnos.

Así, anualmente miles de jóvenes se quedan frustrados ante la imposibilidad de cursar estudios de bachillerato. En consecuencia, el costo de oportunidad para el país es enorme.

Como podemos observar, el número de jóvenes rechazados es superior al 70 por ciento; es decir, que este porcentaje quedará sin la menor posibilidad de una educación preparatoria y por ende universitaria, si tomamos en cuenta que el nivel económico de una gran mayoría de ellos les impide pagar una preparación particular cuya colegiatura oscila entre los 3 y 5 mil pesos mensuales, alto costo si se considera que el salario mínimo en la Ciudad de México es de 57.46 pesos, lo que equivale a que en el mes un padre de familia obtiene por su trabajo aproximadamente mil 723 pesos, ingreso que no alcanza a cubrir las necesidades mínimas familiares.

Para el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES), la UNAM, IPN y la Universidad Autónoma de México (UAM), descartan anualmente a más de 100 mil jóvenes de su derecho a recibir una educación a nivel bachillerato, y, añaden, que no se trata de la falta de preparación de los aspirantes o de la incapacidad para aprobar un examen de admisión, sino a la falta de lugares suficientes en la UNAM para satisfacer la demanda de ingreso a sus aulas.

El principal obstáculo para que miles de jóvenes no puedan continuar sus estudios radica en que la UNAM, desde hace años, no ha desarrollado la infraestructura suficiente para atender a los demandantes de la educación media superior, debido al abandono en que desde 1966, en que se construyó el plantel número 9 Pedro de Alba, los gobiernos federales en turno no han dotado a la máxima casa de estudios de los recursos suficientes para incrementar la capacidad instalada.

Ahora bien, si bien el examen de admisión es un embudo por el cual miles de jóvenes puedan ingresar a la UNAM, resulta totalmente absurdo que más del 60 por ciento de los aspirantes no puedan tener los conocimientos suficientes para poder continuar sus estudios. Aun así, presuponiendo que exista una falta de conocimientos y de preparación académica de los jóvenes aspirantes, esto obedecería a las deficiencias del sistema educativo del nivel básico y secundario, principalmente en la preparación de los programas académicos, de la infraestructura instalada y de los recursos públicos asignados.

Si observamos que el presupuesto asignado a la UNAM como subsidio para el ejercicio fiscal de 2010, ascendió a 24 mil 60.2 millones de pesos; al nivel de bachillerato y técnico, solo se destinó un monto de 3´597.3 millones de pesos; es decir, tan solo el 13.3 por ciento del total. Esto acorde a las cifras de la propia UNAM.

Por último, hay que recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo tercero señala que “todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios– impartirá educación preescolar, primaria y secundaria...” y añade en su fracción V que “...el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación...”

Por lo tanto, es evidente que los recursos que se destinan actualmente a la educación media superior para la UNAM, tanto nuestra máxima casa de estudios y el país no podrán aspirar más que a ser parte y una nación “en vías de desarrollo”.

A forma de epílogo, debemos reconocer que tanto el Poder Ejecutivo como Legislativo no están cumpliendo con su función de dar educación principalmente a los jóvenes.

En el centenario de la UNAM veamos y valoremos la educación pública y entendamos que es una inversión.

La importancia que concede el Estado y las sociedades contemporáneas a la atención de las demandas educativas de la población es posible verla reflejada parcialmente en el uso del gasto público destinado a la educación.

Por ello, debemos impulsar mejoras presupuestales sustanciales a la Universidad Nacional Autónoma de México para que nuestros jóvenes sean factores del cambio en el desarrollo nacional y devenir histórico.

Por lo expuesto, someto a la consideración de este pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Publica, y de Educación Pública y Servicios Educativos de la honorable Cámara de Diputados, para que se considere una partida presupuestal etiquetada para el ejercicio presupuestal de 2011, a la Universidad Nacional Autónoma de México, con el propósito de realizar los estudios de demanda y proyectos de construcción de tres planteles de educación preparatoria y poder ampliar la cobertura en el número de estudiantes de este nivel.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 14 días del mes de octubre de 2010.

Diputada Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, Ramón Jiménez López, Arturo Santana Alfaro, Araceli Vázquez Camacho, Agustín Guerrero Castillo y Luis Felipe Eguía Pérez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentan a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

La función educativa para la que fue creado el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) del Distrito Federal responde de manera fidedigna a las bases propuestas en el artículo 3o. constitucional y lo confirma la Ley de Educación del Distrito Federal particularmente en los artículos sexto al décimo que mantienen la intención de respetar el carácter laico, gratuito y popular del sistema educativo nacional.

Un proyecto constitucional no puede convertirse en realidad si la voluntad política de las instituciones no se traduce en asignaciones presupuestales coherentes con el mandato constitucional.

En este sentido, la forma de establecer la ley de egresos o el presupuesto anual del gasto, viene dándose desde hace un buen número de años sin considerar a fondo los aspectos básicos de supervivencia de la sociedad, como son: la alimentación, la vivienda, el empleo, el vestido y la educación. Estos aspectos al contemplarlos el poder legislativo siempre pasan a un segundo lugar, ya que son relegados por otros como la ordenación presupuestaria, la política de contención del gasto público, la seguridad y el pago de deuda pública, así como para mantener programas clientelares para el sostén político de todos los partidos electorales del país y la ciudad.

Esto ha propiciado una manera antidemocrática de asignar el gasto nacional, pues se define a partir de compromisos con grupos de poder minoritarios, oligarquía, intereses financieros extranjeros, cúpulas sindicales charras, e incluso con las propias burocracias partidistas, excluyendo el interés de las grandes mayorías.

Por esto es importante encontrar una fórmula democrática de establecer el presupuesto a través de foros públicos, la apertura sin concesiones de toda la información concerniente al gasto de las entidades públicas, e incluso con la promoción de nuevos instrumentos de definición del gasto como el presupuesto participativo.

Es urgente abrir a la evaluación pública el presupuesto para abatir la discrecionalidad de su ejercicio, ya que lo que nos ha mostrado la actual distribución del presupuesto, al dejar la educación y el empleo fuera de las asignaciones razonables, es el impulso de la desintegración del tejido social que actualmente vivimos en nuestro país.

Distintos fenómenos sociales deben ser considerados como criterios para la presentación de un nuevo presupuesto en el sistema educativo público nacional. Particularmente, debemos hacer énfasis en la educación media superior, donde se manifiesta de manera grave el deterioro agudo de las condiciones de vida de la población juvenil, de 15 y 23 años de edad.

Se debe revisar puntualmente la inacción del Estado frente al explosivo crecimiento de los grupos de jóvenes “ninis” y la expulsión de jóvenes de las instituciones de educación media superior. Al respecto son contundentes las declaraciones formuladas por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que cuestionan los datos presentados por el Secretario de Educación Pública federal sobre el número de jóvenes que ni estudian y ni trabajan, y que nadie ha refutado. La conclusión insoslayable es que los gobiernos de todos los niveles deben reformular sus propuestas educativas y las asignaciones de recursos destinados al empleo y a la educación.

Siete millones de personas de entre 15 y 20 años sin hacer nada es una cifra alarmante; en este sentido debemos como sociedad retomar los siguientes aspectos: la redefinición de la educación media superior, vinculándola estrechamente al sistema educativo básico y proyectándola a la formación profesional técnica y universitaria, la conformación de un entorno social más favorable para los jóvenes, que los vincule a una situación de empleo y que genere una actitud crítica y humanística que proyecte una visión distinta a la sociedad actual, el establecimiento de apoyos emergentes para abatir el rezago y la deserción, así como una política de empleo para los profesionales de este sistema educativo que garantice el compromiso social de atención permanente a este sector social.

El abandono presupuestal en el que se encuentra el sector de la educación puede considerarse como uno de los factores que inciden en la ola de violencia nacional; la casi ausencia de apoyo de los tres niveles de gobierno a los jóvenes de las distintas entidades, los ha convertido en el sector más vulnerable y utilizado por los poderes fácticos más deleznables de la sociedad mexicana.

Tampoco los jóvenes pueden seguir siendo utilizados como parte de la política clientelar del sistema electoral mexicano y de todos los partidos políticos que en él se encuentran; se debe definir, por el contrario desde el propio poder legislativo una política educativa que promueva la afición por la educación que aliente una juventud crítica y participativa socialmente, con programas de empleo apropiados a su condición, y con garantías para que obtengan un salario mínimo estudiantil mientras permanezcan en el bachillerato.

El gobierno federal y la gran mayoría de los de las entidades han desertado de sus obligaciones constitucionales y han dejado a la iniciativa privada la responsabilidad fundamental de educar a los mexicanos de todas edades, y con resultados altamente desastrosos. Incluso, las asignaciones presupuestarias de nuestro país a la educación están definitivamente muy por debajo de sus socios económicos de la OCDE.

Respecto al gobierno de la capital de la república, en los últimos 10 años ha dirigido un sistema de educación medio superior propio, que en la actualidad atiende a 25 mil jóvenes ubicados en zonas de alta marginación de esta ciudad. En ese periodo se han construido 17 preparatorias, que por lo demás no han podido abatir la gran demanda de espacios educativos para este nivel pese a la fuerte presencia de instituciones educativas como las de la UNAM, el Politécnico, el Colegio de Bachilleres, Cebetis, etcétera. Tan sólo dos de las más importantes instituciones educativas a nivel medio superior como la UNAM y el Politécnico rechazan a más de 100 mil estudiantes cada año. El gobierno de la ciudad no puede cerrar los ojos ante esa realidad.

Adicionalmente, en el IEMS del Distrito Federal, el deterioro de las instalaciones requiere un diagnóstico completo que permita que el año próximo se complementen los trabajos de mantenimiento y de seguridad de los diversos planteles en situación de riesgo que ya requieren atención inmediata.

El decrecimiento real de los presupuestos anuales del IEMS se combina con la pérdida del salario real de los trabajadores, la obsolescencia de los equipos informáticos; la falta de equipos modernos en los laboratorios, el deterioro de los equipamientos, el incumplimiento en la promesa electoral para construir cinco preparatorias más, el grave rezago en la regularización laboral de diferentes grupos de trabajadores, la carencia de recursos didácticos de primera calidad para las modalidades escolarizada y semiescolarizada, el retraso en la actualización de programas de estudio y en los programas de capacitación laboral y formación académica.

El IEMS surgió como un proyecto de vanguardia para instalarse entre los mejores proyectos de bachillerato a nivel nacional e internacional, y como prototipo de una educación crítica, científica y humanista, pero que aún no ha penetrado a cabalidad en la sociedad capitalina para hacerse valer como un sistema educativo de primera.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Incrementar el presupuesto actual, que es de 630 millones de pesos del Instituto de Educación Media Superior en un monto adicional que asciende a mil 65 millones de pesos para que se utilicen de manera precisa en los siguientes rubros:

1. La construcción de nuevas preparatorias, particularmente las ya proyectadas en Venustiano Carranza e Iztapalapa.

2. La recuperación salarial de los salarios de los trabajadores para actualizarlos en términos de la inflación acumulada desde la formación del Instituto, y con un propósito de indexación permanente a fin de mantener percepciones justas, ajustándose a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo en cuanto a la inclusión del total de las percepciones en un solo salario integrado.

3. La inmediata renovación de equipos de cómputo y la instalación de los servicios de Internet a todo el personal académico.

4. La asignación de recursos significativos para una urgente y necesaria acción de formación académica y de capacitación laboral para todos los trabajadores del instituto.

5. Producción de materiales educativos de calidad.

6. El mantenimiento y la renovación del equipamiento.

7. La regularización de la situación laboral de todos los trabajadores al incluirnos de manera cabal en el Apartado A de la ley, lo que requiere, por lo pronto, de compromisos presupuestales que se deben cumplir este año, particularmente el referente a laudos que han ganado un conjunto de trabajadores para cubrir su antigüedad laboral.

8. La negociación del contrato colectivo de trabajo del próximo año requiere la atención de manera inmediata debido a lo precario de éste, el conjunto de prestaciones y particularmente el incremento salarial que debe a de cubrir a cabalidad lo que establece la Constitución Política en el Apartado A.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2010.

Diputados: Ramón Jiménez López, Arturo Santana Alfaro, Araceli Vázquez Camacho, Agustín Guerrero Castillo, Luis Felipe Eguía Pérez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para proyectos de inversión en municipios de Puebla, a cargo del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, Pedro Jiménez León, diputado federal del Grupo Parlamentario de Convergencia, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se realiza un exhorto a la Comisión de Recursos Hidráulicos para que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se aprueben recursos adicionales para los proyectos de inversión específicos enunciados, que se ubican en distintos municipios del estado de Puebla, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México como en gran parte del planeta las consecuencias por la destrucción de parte importante de los bosques, la contaminación de ríos, la creación de rellenos sanitarios, la contaminación de los mantos de agua del subsuelo, que durante décadas han provocado daños al medio ambiente.

Ante esta situación, es obligación de todos encontrar mecanismos para la conservación del agua a nivel nacional, y para ello es indispensable orientar un mayor presupuesto para incrementar la infraestructura hidráulica del país, como la construcción de presas e instalaciones que permitan la distribución de agua potable. Por otra parte, los gobiernos deben invertir en su infraestructura para abatir el desperdicio del agua, a consecuencia de fugas y daños a la red de distribución y aprovechar la tecnología en los sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Todo lo anterior habría que agregar un sistema tarifario equitativo por el suministro de los derechos de agua.

Afortunadamente nuestro país posee importantes recursos naturales, los cuales ya empiezan a resultar insuficientes para dotar de agua a la población. Vemos con preocupación el agotamiento de ríos, arroyos y acuíferos del subsuelo, además de la sobreexplotación de acuíferos y su contaminación.

Actualmente, la sustentabilidad es un tema presente en todas las decisiones del poder y dentro de las políticas públicas ocupan un papel importante, al grado de que se demanda la responsabilidad de los gobiernos de garantizar el agua como un derecho humano.

Siendo el agua un recurso escaso y cada día más preciado, ha obligado a instancias gubernamentales e instituciones internacionales, así como a la sociedad civil, al diseño de programas que permitan un uso racional del recurso.

Se estima que cerca de 1,100 millones de personas, es decir, el 18 por ciento de la población mundial, no tienen acceso a fuentes seguras de agua potable, y más de 2,400 millones de personas carecen de saneamiento adecuado.

En los países en desarrollo, más de 2,200 millones de personas, la mayoría de ellos niños, mueren cada año a causa de enfermedades asociadas a la falta de agua limpia.

En el Grupo Parlamentario de Convergencia consideramos que gran parte de los problemas que enfrentan diversas entidades o regiones del país pueden ser atendidas, mediante la combinación de una serie de políticas públicas que cuenten con el respaldo presupuestal que les permita su viabilidad.

En este sentido, Convergencia desea superar las limitaciones de un presupuesto acotado, por lo tanto, plantea la necesidad de alcanzar consensos para el tratamiento de diversas problemáticas que requieren el apoyo de la Federación a fin de ser solventadas de manera oportuna.

Sabemos que es muy extensa la lista que conforma esta serie de peticiones en materia presupuestal, no obstante, confiamos en que a partir del diagnóstico que ubica en sus dimensiones sociales y económicas, la problemática a atender, será certera y oportuna la estrategia que se diseñe con el fin de darle solución.

Para ello se requiere la asignación de una suficiencia presupuestal que haga posible contar con un margen de maniobra para cumplir los compromisos, ya sea en materia de realización de obras, la aplicación en proyectos de inversión, programas sociales, entre otros.

Con la presente propuesta, aspiramos a que, en la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011, esta soberanía pueda adoptar una decisión que considere y respalde los siguientes proyectos que son de la mayor importancia para Convergencia:

Sabedores de la importante sensibilidad que la Comisión de Recursos Hidráulicos ha mostrado con un interesante trabajo a favor de este sector, que merece la mayor preocupación y atención, es que solicitamos su intervención para que se destinen los recursos arriba solicitados a favor del programa mencionado.

Por lo expuesto, es que someto a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía realiza un exhorto a la Comisión de Recursos Hidráulicos para que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se aprueben recursos adicionales para los proyectos de inversión específicos enunciados, que se ubican en distintos municipios del estado de Puebla.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 13 de octubre de 2010.

Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para modernizar el camino, de 43 kilómetros, San Felipe Ixtapa-San Agustín Tlacotepec, Oaxaca, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada Sofía Castro Ríos, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

A finales de 1957, con el apoyo de niños y adultos, utilizando como herramientas picos y palas, inició el esfuerzo encabezado por el achiutlense Rutilio Ruiz, para construir el camino San Felipe Ixtapa-San Agustín Tlacotepec.

Este camino inicia en la agencia de San Felipe Ixtapa, del municipio de San Juan Teposcolula, donde cruza la carretera federal 125 que va de Tehuacán, Puebla, a Pinotepa Nacional, y comunica al municipio con la ciudad de Tlaxiaco, centro de intercambio comercial de la región.

En el municipio de Teposcolula, 70 por ciento de los hogares tienen agua potable, alumbrado público y recolección de basura, 85 por ciento de las casas están construidas de cemento, incluso más de 50 por ciento de la población cuenta con drenaje en sus hogares. Cuenta además con un mercado municipal, tiendas de abarrotes, boutiques, zapaterías, tortillerías y molinos de nixtamal.

El 30 por ciento de los habitantes tienen su actividad en el sector primario (agricultura, ganadería, caza y pesca), 28 por ciento trabajan en el sector secundario (minería, petróleo, industria manufacturera, construcción y electricidad), 39 por ciento se dedica al sector terciario (comercio, turismo y servicios). Es decir, la actividad productiva está distribuida de manera equitativa porque cuando llegó el pavimento llegó con él la modernización.

El municipio de Santa María Nduayaco cuenta con una población económicamente activa de 220 personas, de las cuales 78 por ciento está en el sector primario, 11 por ciento en el sector secundario y 10 por ciento está dedicado al sector terciario

El 40 por ciento de las viviendas tienen piso de cemento y 60 por ciento de las viviendas están con piso de tierra natural. El 40 por ciento de las casas están hechas con varillas y cemento en muros, 50 por ciento con adobe y 10 por ciento con orcones (palos). El 40 por ciento de las casas con techos de concreto y 60 por ciento con láminas o tejas. Algunas otras son a base de láminas de cartón y palmas.

En el municipio de San Juan Achiutla, el 60 por ciento de la población cuenta con agua potable, 85 por ciento tiene alumbrado eléctrico, 5 por ciento tiene drenaje que drena en fosas sépticas.

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población económicamente activa del municipio asciende a 172 personas, de las cuales 170 se encuentran ocupadas y se presenta de la siguiente manera:

64 por ciento se dedican al sector primario, 16 por ciento al sector secundario y 19 por ciento al sector terciario

Este municipio puede tener un importante potencial turístico ya que cuenta con un manantial de aguas termales; en él se encuentra también el cerro conocido como "La Cumbre", que encierra "La Casa del Sol", mítica por ser la entrada de un túnel que, cuenta la leyenda, conducía antes de la conquista a la ciudad de Nochixtlán, del mismo estado.

De San Miguel Achiutla cuenta la historia que durante la conquista española lo mismo que en otras partes de la Nueva España, Achiutla fue conquistado con la cruz y la espada, y pronto estuvo integrado dentro del marco religioso y comercial del gobierno colonial. En 1528 llegaron a Antequera tres frailes dominicos que aparentemente hubieron de lograr muy poco hasta 1535, cuando llegaron otros y se inicio sistemáticamente la evangelización de la mixteca, llevada a cabo por las tropas de Pedro de Alvarado y Francisco Orozco. Es escasa y confusa la información sobre este periodo. Según algunas fuentes, los españoles tuvieron el apoyo de los mixtecos en la lucha contra los mexicas ya que deseaban librarse de su dominio.

Según el padre Gay, "el señor de los mixtecas dio el mandato para que se rindiesen sus batallones, en vista de que los sumos sacerdotes del oráculo de Achiutla transmitían el mensaje de los dioses en el que declaraban que los extranjeros serían los dominadores de esta tierra y era inútil el derramamiento de sangre".

Los domini-cani, "perros del señor", empezaron a tener presencia con clérigos seculares en la década de 1540 en Tlaxiaco; de 1541 a 1546 en la Yanhuitlán, en San Miguel Achiutla, y Santiago Tejupan a comienzos de la década de 1550. Hoy conocida como ruta dominica.

Este municipio con tanta historia, que todavía hoy tiene los vestigios de un convento, destino de turismo nacional y extranjero, tiene 40 por ciento de las viviendas con piso de cemento y 60 por ciento de las viviendas están con piso de tierra natural. El 40 por ciento de las casas están hechas con varillas y cemento en muros y 60 por ciento con orcones. El 40 por ciento de las casas con techos de concreto y 60 por ciento con láminas y tejas. Algunas otras son construidas de palos y techo de palmas. El 35 por ciento de sus habitantes hablan lengua mixteca.

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población económicamente activa del municipio asciende a 288 personas, de las cuales 286 se encuentran ocupadas y se presenta de la siguiente manera:

72 por ciento en el sector primario, 10 por ciento en el secundario, 16 por ciento en el terciario.

Como se desprende de lo expuesto, para los municipios antes descritos que atraviesan estos 43 kilómetros, la pavimentación de la carretera de terracería puede implicar la llegada del desarrollo, a través de la diversificación de la actividad productiva, muy necesario esto, porque se está erosionando la tierra ya que el campesino no ha aprendido a alternar la producción y cultiva predominantemente maíz. Con la pavimentación de esta carretera también llegaría la posibilidad de ampliar los servicios como drenaje, alcantarillado, agua potable o luz eléctrica, que les permitiría acceder al desarrollo, tan pregonado en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno federal, como se transcribe a continuación:

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

• Infraestructura para el desarrollo

La infraestructura es fundamental para determinar los costos de acceso a los mercados, tanto de productos como de insumos, así como para proporcionar servicios básicos en beneficio de la población y de las actividades productivas, siendo así un componente esencial de la estrategia para la integración regional y el desarrollo social equilibrado, así como para incrementar la competitividad de la economía nacional y, con ello, alcanzar un mayor crecimiento económico y generar un mayor número de empleos mejor remunerados.

• Eje 3. Igualdad de oportunidades

El principal instrumento del gobierno de la república para reducir las desigualdades y construir un mejor país es el gasto público. Es imperativo que, en esta perspectiva, se gaste mejor y en forma transparente, y que el gasto se oriente efectivamente a las personas, a las familias y a las comunidades que más lo necesitan.

Es imperativo modernizar, ampliar y pavimentar el camino rural a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, a lo largo de 43 kilómetros, del camino de San Felipe Ixtapa a San Agustín Tlacotepec, Oaxaca.

Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados a destinar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 la cantidad de 250 millones de pesos, para la modernización del camino de 43 kilómetros San Felipe Ixtapa-San Agustín Tlacotepec, del estado de Oaxaca; y 2 millones de pesos para el respectivo estudio y proyecto, en el ramo administrativo 09, "Comunicaciones y transportes", programa de infraestructura económica.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2010.

Diputada Sofía Castro Ríos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir infraestructura carretera y llevar a cabo una campaña de promoción turística en diversos municipios de Jalisco, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Juan José Cuevas García a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se hace un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, así como a la Comisión de Turismo, para considerar recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para los municipios de Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Villa Purificación, Atengo, Ayutla, Cuautla, Atenguillo, Guachinango, Mixtlán, Talpa de Allende, Mascota, San Sebastián, y Puerto Vallarta ubicados en el estado de Jalisco, para que se construya la infraestructura carretera suficiente, así como se lleve a cabo una campaña de promoción turística que beneficie a toda esta región del país, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Los municipios de Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Villa Purificación, Atengo, Ayutla, Cuautla, Atenguillo, Guachinango, Mixtlán, Talpa de Allende, Mascota, San Sebastián, y Puerto Vallarta ubicados en el estado de Jalisco, requieren de obras para la construcción, conservación y mantenimiento de sus caminos y puentes que se ubican dentro de su jurisdicción, permitiendo con ello, mejorar la conectividad para sus habitantes, así como de los turistas que los visitan. También requieren que se les apoye con la construcción y mejoramiento de corredores turísticos, que vengan a favorecer el ordenamiento de la actividad, en aras de satisfacer los gustos y preferencias de los visitantes.

Uno de los grandes problemas a los que se han enfrentado los municipios antes citados, es que han sido afectados por los constantes fenómenos climatológicos que se han presentado en toda la región occidente, y que sin duda han deteriorado y en algunos casos han destruido las vialidades, ocasionando serios problemas a los habitantes, como al turismo que es muy importante para toda esta región del país.

Resulta inobjetable que el turismo es una prioridad nacional que bajo el enfoque social y económico, genera desarrollo regional, por lo que es conveniente que a los municipios antes citados se les consideren recursos para fomentar obras que les permitan satisfacer las necesidades de infraestructura con el afán de estimular el turismo en esta importante zona del país.

Por otro lado, es necesario que se consideren recursos para consolidar una campaña intensiva de promoción turística para los municipios ya mencionados, con la finalidad de que el turismo nacional como internacional, visite y se dé la oportunidad de conocer todos los atractivos turísticos que poseen los destinos de playa y montaña que se encuentran en la parte oeste del estado.

La promoción turística es muy importante, porque permite promover y estimular la acción de la actividad privada en el desarrollo de la infraestructura y servicios turísticos; crear las condiciones básicas para inversiones en infraestructura y complementar las ya existentes; y conservar, proteger y desarrollar el patrimonio turístico natural, histórico y cultural de la localidad, incrementando la preservación ambiental paisajística y arquitectónica.

En base a lo anterior, los diputados de la Comisión de Turismo, hemos manifestado en nuestras reuniones que debemos promover y fortalecer el turismo, para consolidarlo como base del desarrollo económico y social de los municipios, por los atractivos naturales que tienen o por el valor cultural que representa para la humanidad.

En conclusión, la propuesta tiene como finalidad que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y la Comisión de Turismo de la honorable Cámara de Diputados, consideren recursos para la construcción, mantenimiento y reparación de caminos y puentes, para mejorar los accesos a los destinos turísticos, así como emprender una campaña de promoción turística para beneficiar a los municipios de Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Villa Purificación, Atengo, Ayutla, Cuautla, Atenguillo, Guachinango, Mixtlán, Talpa de Allende, Mascota, San Sebastián, y Puerto Vallarta, ubicados en el estado de Jalisco, dado que estamos en periodo de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, así como a la Comisión de Turismo, para considerar recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para los municipios de Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Villa Purificación, Atengo, Ayutla, Cuautla, Atenguillo, Guachinango, Mixtlán, Talpa de Allende, Mascota, San Sebastián, y Puerto Vallarta, ubicados en el estado de Jalisco, para que se construya la infraestructura carretera suficiente, así como se lleve a cabo una campaña de promoción turística que beneficie a toda esta región del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2010.

Diputado Juan José Cuevas García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir un puente peatonal en Toluca de Lerdo, México, a cargo del diputado José Luis Jaime Correa, del Grupo Parlamentario del PRD

EL suscrito diputado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El municipio de Toluca de Lerdo es uno de los 125 que conforman el estado de México, y se localiza en el centro del estado. Colinda con los municipios de San Miguel Zinacantepec, Metepec, Lerma y San Mateo Atenco.

La zona metropolitana del Valle de Toluca está conformada por 12 municipios con una población estimada en el año 2008 de 1 millón 714 mil 831 habitantes. Lo que hace a la zona metropolitana de Toluca la quinta más importante de México, sólo después de las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla de Zaragoza.

Como municipio, Toluca es el quinto más poblado del estado, luego de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan y Tlalnepantla, respectivamente, los cuales forman parte de la zona metropolitana del Valle de México.

Toluca es un importante centro industrial. Las industrias establecidas en el municipio se dedican a la producción y distribución de bebidas, alimentos procesados, textiles, automóviles, productos eléctricos, químicos y farmacéuticos. Gran parte de la población se dedica a actividades terciarias, como el comercio y los servicios.

La economía en Toluca también cuenta con parques industriales en los que participan empresas tanto de capital extranjero como de capital mexicano. Otro aspecto importante son la agricultura y la ganadería, que en un grado menor que la industria, aún ocupa un lugar importante en la economía del municipio.

Por ser un punto clave para el comercio, infinidad de municipios aledaños a él distribuyen los productos que elaboran (ropa, artesanías, productos lácteos, etcétera.) o cosechan; siendo principalmente el día viernes el de más afluencia por el tianguis que se instala en la localidad de Palmillas a orillas de la autopista Toluca-Atlacomulco.

De acuerdo con cifras del II Conteo de Población y Vivienda 2005, el estado de México cuenta con una población de 14 millones 7 mil 495 habitantes, que representan el 13.56 por ciento de la población nacional. La Población Económicamente Activa (PEA) del estado de México representa 14.37 a nivel nacional, mientras que el número de trabajadores permanentes representa el 7.68 por ciento. En tanto que la contribución promedio del estado de México al Producto Interno Bruto nacional (PIB), en el periodo 1998 a 2004, fue de 10.45 por ciento.

Según el documento Monografías de Economía y Finanzas Públicas para las Entidades Federativas, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta soberanía, los principales ingresos del estado de México corresponden a las participaciones y aportaciones federales, que en suma representan entre el 87 y 94 por ciento de los ingresos totales de la entidad. De manera que los ingresos del estado muestran una gran dependencia de los recursos federales, ya que los ingresos propios son inferiores al 9 por ciento de los ingresos totales del estado, según el citado documento.

Es en este contexto que un grupo de ciudadanos de las comunidades que conforman el municipio de Toluca de Lerdo, estado de México, se acercaron a esta soberanía para manifestar lo siguiente

La autopista Toluca- Atlacomulco Km 10 se ubica al norte del territorio municipal y colinda con las colonias Aviación Autópan, San Martín Toltepec y ejidos de Almoloya de Juárez y sirve como vía de comunicación para los municipios de Ixtahuaca, Atlacomulco, San Felipe del Progreso, etcétera, entroncando con otras importantes vías; no obstante, debido a la elevada afluencia vehicular que presenta esta vialidad, la seguridad e integridad física de los peatones de la zona se encuentra en grave riesgo, aunado a la poca iluminación que presenta esta vialidad, que también fomenta la comisión de actos delictivos como asaltos y vandalismo.

Por ello es necesario que se destinen los recursos etiquetados necesarios para llevar a cabo la construcción de un puente peatonal con el objetivo de resguardar la seguridad de la población.

Estimamos que la suma de la solicitud, podrían estar contemplados dentro de los recursos federales que se canalizan a la entidad a través de los ramos 28 y 33.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos públicos para la construcción de un puente peatonal en la vialidad Toluca-Atlacomulco, en el kilómetro número10, del municipio de Toluca de Lerdo, con un costo de 6 millones 348 mil 479.02 pesos. Asimismo se exhorta respetuosamente a las autoridades competentes del estado de México para que se apoye con dichos recursos al municipio de Toluca de Lerdo, con objeto de realizar la obra citada, con lo cual se estaría apoyando el desarrollo municipal al mismo tiempo que se da respuesta a las demandas de la comunidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2010.

Diputado José Luis Jaime Correa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para proyectos de inversión en materia de seguridad pública en municipios del estado de México, a cargo del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, Pedro Jiménez León, diputado federal del Grupo Parlamentario de Convergencia, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se realiza un exhorto a la Comisión de Seguridad Pública para que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se aprueben recursos adicionales para los proyectos de inversión específicos enunciados, que se ubican en distintos municipios del estado de México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los niveles de violencia que sufren amplias zonas del territorio nacional, generan profundas dudas acerca de la denominada lucha contra el narcotráfico. Los supuestos éxitos de esta lucha, la cual ha sido mantenida por el gobierno federal a toda costa, nos deja un saldo que preocupa de sobremanera.

Nos llama poderosamente la atención que las miles de ejecuciones no han tenido como resultado la investigación, detención y consignación de probables responsables de los responsables de los poco más de 28 mil homicidios que se suman a la ola de impunidad que prevalece en el país.

En Convergencia vemos que la causa principal de este fracaso se encuentra en un mal que ha penetrado en los distintos niveles de la administración pública federal: la corrupción; sin que la autoridad asuma medidas efectivas que permitan superar esta grave situación.

En verdad, nos sorprende que a pesar de que durante la presente administración se han destinado cuantiosos recursos al combate de la inseguridad pública, la escalada de violencia que no ha podido ser contenida.

En distintos foros Convergencia se ha pronunciado por una verdadera estrategia que articule una serie de medidas orientadas a desterrar la peligrosísima combinación de la corrupción y la ineptitud oficiales.

Al respecto, queremos destacar la propuesta presentada por nuestro compañero el diputado Alejandro Gertz Manero, que aborda de manera seria esta problemática y reforma aspectos esenciales como el referido Ministerio Público, devolviéndole a la ciudadanía la posibilidad de defenderse y demandar directamente ante un juez, contempla una auténtica reparación del daño a las víctimas, unifica la legislación penal con la instauración de un código penal y procesal únicos, entre otras propuestas.

Conviene recordar que en el año 2003 Convergencia presentó iniciativa que reforma de manera integral, desde la Constitución hasta la Ley de Justicia Cívica, nuestro sistema en materia de seguridad y justicia, el cual lamentablemente quedó bloqueado en comisiones desde esa fecha.

En el Grupo Parlamentario de Convergencia consideramos que gran parte de los problemas que enfrentan diversas entidades o regiones del país pueden ser atendidas, mediante la combinación de una serie de políticas públicas que cuenten con el respaldo presupuestal que les permita su viabilidad.

En este sentido, Convergencia desea superar las limitaciones de un presupuesto acotado, por lo tanto, plantea la necesidad de alcanzar consensos para el tratamiento de diversas problemáticas que requieren el apoyo de la federación a fin de ser solventadas de manera oportuna.

Sabemos que es muy extensa la lista que conforma esta serie de peticiones en materia presupuestal, no obstante, confiamos en que a partir del diagnóstico que ubica en sus dimensiones sociales y económicas, la problemática a atender, será certera y oportuna la estrategia que se diseñe con el fin de darle solución.

Para ello se requiere la asignación de una suficiencia presupuestal que haga posible contar con un margen de maniobra para cumplir los compromisos, ya sea en materia de realización de obras, la aplicación en proyectos de inversión, programas sociales, entre otros.

Con la presente propuesta, aspiramos a que, en la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011, esta soberanía pueda adoptar una decisión que considere y respalde los siguientes proyectos que son de la mayor importancia para Convergencia:

Sabedores de la importante sensibilidad que la Comisión de Seguridad Pública ha mostrado con un interesante trabajo a favor del combate a la inseguridad, que merece la mayor preocupación y atención, es que solicitamos su intervención para que se destinen los recursos arriba solicitados a favor de los programas mencionados.

Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . Esta soberanía realiza un exhorto a la Comisión de Seguridad Pública para que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se aprueben recursos adicionales para los proyectos de inversión específicos enunciados en materia de seguridad pública, que se ubican en distintos municipios del estado de México.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 14 de octubre de 2010

Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen mayores recursos al Fonden que permitan a las familias, a los municipios y a los estados que puedan resultar afectados por la temporada de lluvias y huracanes contar con recursos para reparar daños, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en las adecuaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2011 la asignación de mayores recursos para el Fondo Nacional de Desastres con objeto de que las familias, municipios, así como los diversos estados que se puedan ver afectados con la temporada de lluvias y huracanes, cuenten con un recurso con el cual se pueda disponer para la reparación de los daños que sufran, con base en las siguientes

Consideraciones

En la historia climatológica de nuestro país, específicamente en materia de lluvias, se han presentado muchos casos en los que se ven involucradas comunidades de diversos estados de la República, en las cuales los daños materiales ocasionados suelen ser muy grandes e incluso se registran lamentablemente muchas pérdidas muchas vidas.

Cabe señalar que el presente año ha sido trascendental referente a la materia hidrometeorológica, ya que las continuas lluvias y los diferentes huracanes que han ingresado a nuestro país han dañado de una manera muy grave a distintas ciudades y municipios de los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, entre otros.

Actualmente diferentes comunidades que se vieron afectadas tras el paso de los huracanes Alex y Karl se encuentran trabajando con la finalidad de poder recuperar poco a poco todos sus bienes con los que contaban y que con mucho trabajo habían obtenido, es por eso que los tres niveles de Gobierno deben llevar a cabo las acciones necesarias para que los trabajos de recuperación sean lo más pronto posible.

Para poder combatir los distintos daños ocasionados por los fenómeno meteorológicos fue creado en México el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), el cual es un instrumento financiero mediante el cual, dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, a través de las reglas de operación del propio fondo, tiene como finalidad, apoyar a las entidades federativas de la República Mexicana, así como a las dependencias y entidades de la administración pública federal, en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, de conformidad con los parámetros y condiciones previstos en sus reglas de operación.

El objetivo del Fonden ha sido y es atender los efectos que los desastres naturales dejan a su paso y cuya magnitud supera la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades paraestatales, así como de las entidades federativas.

Es importante mencionar que en el presente año el territorio nacional ha sido azotado por diversos fenómenos climatológicos, por lo que se ha tenido que recurrir en diversas ocasiones al Fondo Nacional de Desastres para poder brindar apoyo económico a los estados, a fin de lograr una recuperación a la brevedad en cada comunidad.

Es sabido por los seres humanos que las transformaciones en los diversos aspectos ambientales en los que se encuentra nuestro planeta, han sido producto del cambio climático el cual es la modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional, de igual manera ha influido en gran importancia el calentamiento global el cual es un término utilizado para referirse al fenómeno del aumento de la temperatura media global, de la atmósfera terrestre y de los océanos.

Con los diversos cambios climáticos se presenta en nuestro planeta un incremento en el calor, así como en las cantidades de lluvia, por lo que trae como consecuencia que los países y ciudades que se encuentran ubicados a las orillas de los océanos y mares, padezcan de inundaciones y como consecuencia pérdidas en sus todos sus bienes, incluso en muchas de las ocasiones su propio hogar.

Es por ello que se deben de tomar medidas a la brevedad para que los fondos que se aplican para reparar los daños provocados por desastres naturales se incrementen, toda vez que cada año las condiciones climatológicas así lo ameritan, ya que de esta manera se podrá prestar la ayuda necesaria a todos aquellos estados que se encuentren en situación de desastre natural.

Como legisladores tenemos la obligación de trabajar a favor de los que representamos, es por ello que exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en las adecuaciones al PEF de 2011 la asignación de mayores recursos para el Fondo Nacional de Desastres, con objeto de que las familias, municipios, así como los diversos estados que se puedan ver afectados con la temporada de lluvias y huracanes, cuenten con un recurso con el cual se pueda disponer para la reparación de los daños que sufran.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en las adecuaciones al PEF de 2011 la asignación de mayores recursos para el Fondo Nacional de Desastres, con objeto de que las familias, municipios, así como los diversos estados que se puedan ver afectados con la temporada de lluvias y huracanes, cuenten con un recurso con el cual se pueda disponer para la reparación de los daños que sufran.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.

Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para introducción de drenaje y pavimentación en Toluca de Lerdo, México, a cargo del diputado José Luis Jaime Correa, del Grupo Parlamentario del PRD

EL suscrito, José Luis Jaime Correa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El municipio de Toluca de Lerdo es uno de los 125 que conforman el estado de México, y se localiza en el centro del estado. Colinda con los municipios de San Miguel Zinacantepec, Metepec, Lerma y San Mateo Atenco.

La zona metropolitana del valle de Toluca está formada por 12 municipios con una población estimada en 2008 de 1 millón 714 mil 831 habitantes. Lo que hace a la zona metropolitana de Toluca la quinta más importante de México, sólo después de las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla de Zaragoza.

Como municipio, Toluca es el quinto más poblado del estado, luego de Ecatepec Nezahualcoyotl, Naucalpan y Tlanepantla, respectivamente, los cuales forman parte de la zona metropolitana del valle de México.

Toluca es un importante centro industrial. Las industrias establecidas en el municipio se dedican a la producción y distribución de bebidas, alimentos procesados, textiles, automóviles productos eléctricos, químicos y farmacéuticos. Gran parte de la población se dedica a actividades terciarias, como el comercio y los servicios.

La economía en Toluca también cuenta con parques industriales en los que participan empresas tanto de capital extranjero como de capital mexicano. Otro aspecto importante es la agricultura y la ganadería que en un grado menor que la industria, aún ocupa un lugar importante en la economía del municipio.

Por ser un punto clave para el comercio, infinidad de municipios aledaños a él distribuyen sus productos que elaboran (ropa, artesanías, productos lácteos, etcétera) o cosechan, siendo principalmente el día viernes el de más afluencia por el tianguis que se instala en la localidad de Palmillas, a orillas de la autopista Toluca-Atlacomulco.

De acuerdo con cifras del segundo Conteo de Población y Vivienda 2005, el estado de México cuenta con una población de 14 millones 7 mil 495 habitantes, que representan 13.56 por ciento de la población nacional. La población económicamente activa del estado de México representa 14.37 a nivel nacional, mientras que el número de trabajadores permanentes representa 7.68 por ciento. En tanto que la contribución promedio del estado de México al producto interno bruto (PIB) nacional, en el periodo 1998 a 2004, fue de 10.45 por ciento.

Según el documento Monografías de economía y finanzas públicas para las entidades federativas, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta soberanía, los principales ingresos del estado de México corresponden a las participaciones y aportaciones federales, que en suma representan entre 87 y 94 por ciento de los ingresos totales de la entidad. De manera que los ingresos del estado muestran una gran dependencia de los recursos federales, ya que los ingresos propios son inferiores al 9 por ciento de los ingresos totales del estado, según el citado documento.

Es en este contexto que un grupo de ciudadanos de la colonia Real del Puente, de la localidad de San Marcos Yachihuacaltepec del municipio de Toluca de Lerdo, estado de México, se acercaron a esta soberanía para manifestar lo siguiente:

La calle Ranchy-Zuyi se sitúa en la colonia Real del Puente, en la localidad de San Marcos Yachihuacaltepec, y colinda con las localidades Santa Cruz Atzcapozaltongo, Calixtlahuaca y Tecaxic.

Actualmente se encuentra sólo con terracería, que sirve como camino de penetración para la colonia antes mencionada.

Debido a la ubicación geográfica de esta calle, en tiempo de lluvias se complica el acceso a la colonia ya que debido a las corrientes de agua que descienden del cerro aledaño, se destruye totalmente el camino, provocando a los colonos dificultades para desarrollar sus actividades cotidianas

Por ello, es necesario que se destinen los recursos etiquetados necesarios para llevar a cabo la construcción de las obras con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de de la población.

Se requiere la introducción de drenaje y pavimentación de la calle Rancho-Zuyi, situada en la colonia Puente Grande de San Marcos Yachihuacaltepec, con un costo aproximado de 2 millones 350 mil pesos.

Estimamos que la suma de la solicitud podría estar considerada dentro de los recursos federales que se canalizan a la entidad a través de los ramos 28 y 33.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos públicos para la introducción de drenaje y pavimentación de la calle Rancho-Zuyi, situada en la colonia Puente Grande de San Marcos Yachihuacaltepec, con un costo aproximado de 2 millones 350 mil pesos. Asimismo, se exhorta respetuosamente a las autoridades competentes del estado de México para que se apoye con dichos recursos al municipio de Toluca de Lerdo, con objeto de realizar la obra citada, con lo cual se estaría apoyando el desarrollo municipal, al mismo tiempo que se da respuesta a las demandas de la comunidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2010.

Diputado José Luis Jaime Correa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para un proyecto de desarrollo energético en Jilotlán de los Dolores, Jalisco, a cargo del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, Pedro Jiménez León, diputado federal del Grupo Parlamentario de Convergencia, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se realiza un exhorto a la Comisión de Energía para que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se aprueben recursos adicionales para el proyecto de inversión específico orientado al desarrollo energético en el municipio de Jilotlán de los Dolores, en el estado de Jalisco, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Al sector energético nacional el Constituyente le ha otorgado un carácter estratégico por su potencial para impulsar el desarrollo nacional; papel que históricamente ha desempeñado en el progreso del país, bajo un esquema en el que, al menos en el caso de la industria petrolera, es pilar y fuente primaria de los recursos de la hacienda pública.

Lamentablemente la actual situación del sector energético demanda aumentar significativa mente las inversiones en exploración para incrementar la reserva probada, pues los rezagos en esta actividad han provocado que la reposición de reservas se sitúen en un nivel muy bajo en nuestro país y la refinación haya quedado en el olvido, a tal grado que ya se habla de importar gasolinas.

En tanto que en la generación de energía eléctrica se ha adoptado una política que favorece a la inversión privada, llegando al extremo de que poco más del 40 por ciento de la energía eléctrica es generada por particulares.

Por todo lo anterior, resulta indispensable y urgente un cambio radical en la política petrolera del país.

En este escenario, resulta indispensable, otorgar mayor autonomía presupuestal y de gestión a las empresas del Estado en el sector de la energía.

Sin duda las dificultades financieras de estos organismos tienen su origen, en gran medida, en la falta de autonomía para el ejercicio del presupuesto.

La realidad es que se les obliga a mantener un elevado superávit de operación y para darles eficiencia tendríamos que estructurar un esquema presupuestal que les permita hacer de su rendimiento económico la principal fuente para su financiamiento, bajo la rectoría de los principios de fiscalización y transparencia.

Tan sólo en el periodo 2009-2010, el gasto público federal para la función energía fue de 779 mil 203.12 millones de pesos anuales en promedio; en tanto que para el año 2010, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 769 mil 089.6 millones de pesos.

Bajo estos términos, el gasto para la Función Energía se incrementó 20.15 por ciento del propuesto por el Ejecutivo federal en el año 2009 respecto al propuesto para el año 2010, representando aproximadamente un gasto del 6.01 por ciento del producto interno bruto.

En este sentido, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado coincide en que es preocupante el entorno actual del sector energético, frente a lo cual propone replantear las políticas en la materia si se quiere un ritmo de avance acorde con la economía.

En el Grupo Parlamentario de Convergencia consideramos que gran parte de los problemas que enfrentan diversas entidades o regiones del país pueden ser atendidas, mediante la combinación de una serie de políticas públicas que cuenten con el respaldo presupuestal que les permita su viabilidad.

En este sentido, Convergencia desea superar las limitaciones de un presupuesto acotado, por lo tanto, plantea la necesidad de alcanzar consensos para el tratamiento de diversas problemáticas que requieren el apoyo de la Federación a fin de ser solventadas de manera oportuna.

Sabemos que es muy extensa la lista que conforma esta serie de peticiones en materia presupuestal, no obstante, confiamos en que a partir del diagnóstico que ubica en sus dimensiones sociales y económicas, la problemática a atender, será certera y oportuna la estrategia que se diseñe con el fin de darle solución.

Para ello se requiere la asignación de una suficiencia presupuestal que haga posible contar con un margen de maniobra para cumplir los compromisos, ya sea en materia de realización de obras, la aplicación en proyectos de inversión, programas sociales, entre otros.

Con la presente propuesta, aspiramos a que, en la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, esta soberanía pueda adoptar una decisión que considere y respalde los siguientes proyectos que son de la mayor importancia para Convergencia:

Nombre del proyecto: Primera etapa de la línea de conducción y red de distribución de energía eléctrica en la localidad de la barranca de San Juan de Dios, municipio de Jilotlán de los Dolores, en el estado de Jalisco.

Monto: 6,462,514.40

Total: 6,462,514.40

Sabedores de la importante sensibilidad que la Comisión de Energía ha mostrado con un interesante trabajo a favor de este sector que merece la mayor preocupación y atención, es que solicitamos su intervención para que se destinen los recursos arriba solicitados a favor del programa mencionado.

Por lo expuesto, es que someto a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía realiza un exhorto a la Comisión de Energía para que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se aprueben recursos adicionales para el proyecto de inversión específico orientado al desarrollo energético en el municipio de Jilotlán de los Dolores, en el estado de Jalisco.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 13 de octubre de 2010

Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que depende del Instituto Nacional de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En nuestro país la sociedad civil se ha venido organizando desde hace años y es ahora protagonista en los temas centrales del país: derechos humanos, preservación del medio ambiente, educación, asistencia social a los más desfavorecidos, salud, seguridad pública, entre otros.

En un régimen democrático como en el que vivimos, las personas con iniciativas a favor de los demás y de mejora de su entorno deben contar con la libertad para organizarse y desarrollar sus potencialidades para el beneficio de la comunidad en la que se desenvuelven.

La participación ciudadana es un pilar del fortalecimiento de la democracia y de la gobernabilidad democrática, permite estar más cerca del ejercicio de la responsabilidad pública e incluso tener responsabilidad en ella. Aumenta la comprensión del quehacer público y el conocimiento de lo que hace realmente. Facilita la transparencia y la rendición de cuentas. La mayor participación de la sociedad civil, es una manifestación clara de las demandas ciudadanas en la consecución del interés común, un factor para el desempeño de una administración pública más eficiente, un elemento de control del ciudadano y una forma de colaboración efectiva en el proceso de toma de decisiones.

La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, promulgada en 2004, es el reconocimiento legal como de interés público a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y, en consecuencia, al derecho a que dichas actividades sean fomentadas por el gobierno federal.

Con ella se propicia la creación de mayores espacios de interlocución entre el gobierno federal y la sociedad civil, además de institucionalizar su relación y obligar a la administración pública federal a fomentar las actividades que realizan las OSC, favoreciendo la transparencia y la rendición de cuentas tanto de la administración como de las organizaciones.

Con fundamento en la ley de fomento se creó el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil. El registro asigna a las organizaciones que cumplan con los requisitos establecidos por esta ley una clave única de inscripción –conocida como Cluni- y con ello, confiere el derecho a acceder a los apoyos y estímulos públicos que ofrecen las distintas dependencias y entidades del gobierno federal.

El registro es la instancia autorizada por la ley para concentrar toda la información que forme parte o se derive del trámite y gestión respecto de la inscripción de las organizaciones, así como de la recepción del informe anual, las modificaciones y los avisos de disolución de las organizaciones.

El registro tiene, entre otras funciones, establecer un sistema de información en el cual se identifiquen las actividades objeto de fomento que realicen las OSC, así como ofrecer a las dependencias, entidades y a la ciudadanía en general, elementos de información que les ayuden a verificar el cumplimiento de la ley por parte de las organizaciones. De esta manera, el registro ayuda a las OSC a darse a conocer y a darle mayor transparencia y confiabilidad a su labor, además de conocer el trabajo que están haciendo otras organizaciones y promover de esta forma la construcción de alianzas y sinergias.

El registro está a cargo de la secretaría técnica de la Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil – que actualmente encabeza el Instituto Nacional de Desarrollo Social– y se auxilia del consejo técnico consultivo, integrado por representantes de OSC; de los sectores académico, profesional, científico y cultural; así como del legislativo y representantes de las Secretarías de Gobernación, Desarrollo Social, a través del Indesol, Hacienda y Crédito Público y Relaciones Exteriores.

Al 1o. de octubre de 2010, el registro federal de las OSC cuenta con 12,638 inscritas y, según estimaciones del Indesol, al 31 de diciembre de 2012, habrá 16 mil expedientes con Cluni, activos, vivos, que se mantendrán abiertos mientras dure la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y habrá cuatro mil expedientes correspondientes a los folios cancelados.

Esto hace un total de 20 mil expedientes en el acervo documental para el 31 de diciembre de 2012, tomando en cuenta el desarrollo del registro a la fecha, a razón de más de 2,000 nuevas organizaciones inscritas por año.

Desde su conformación, el registro federal de las OSC no cuenta con un presupuesto propio para mejorar las condiciones de almacenamiento físico de los expedientes, es necesario un sistema de almacenamiento automático con capacidad de 373 metros linéales de archivo, equivalente a casi 16 mil expedientes, la digitalización del acervo documental del mismo y el poder contar con mayor personal que permita contar con un registro que cumpla con lo estipulado en la ley.

El futuro del registro implica cada vez un mayor número de usuarios, de transacciones recibidas y atendidas, trámites, quejas, diversidad de casos presentados por las organizaciones, incertidumbres jurídicas, entre otros muchos puntos.

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita diputada, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen mayores recursos a la operación del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil que depende del Instituto Nacional de Desarrollo Social.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2010.

Diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para apoyar diversos proyectos carreteros en Chiapas, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal de la LXI Legislatura y perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Chiapas, una de las entidades más importantes del sureste mexicano, entidad que cuenta con grandes áreas naturales protegidas y reservas naturales que crean muchos afluentes que abastecen a 4 grandes presas hidráulicas (Chicoasen, Raudales Mal Paso, López Mateos y Peñitas); entre estas generan el 68 por ciento de la energía eléctrica producida en todo el país, esto implica, lo importante que significa la aportación de energía de este estado, por lo que este impulsa desde hace muchos años resultados tangibles para la nación; pero contrariamente no así para Chiapas; vale reconocer los esfuerzos de inversión para el estado que la Cámara de Diputados y el gobierno federal han hecho en estos últimos 10 años, entidad que además cuenta con un porcentaje significativo de la población indígena del país. Desafortunadamente en los índices de pobreza y marginación, Chiapas todavía se encuentra entre los estados de la Republica donde más se manifiestan los problemas de pobreza y marginación, se manifiesta además la incomunicación, son todavía problemas que no se han podido erradicar, por tal motivo en esta ocasión a fin promover e impulsar pavimentación de caminos rurales en regiones marginadas, productivas y turísticas que promoverán Justicia Desarrollo y Paz Social, me permito solicitar se apoyen los siguientes proyectos carreteros.

1. Proyecto carretero San Isidro-Isla de San José, en el municipio de Pijijiapan con una longitud de 16 kilómetros+080 que beneficiaría a más de 10 mil habitantes directos, que son integrantes de 16 Comunidades de la micro región San Isidro, aparte de más de 100 mil habitantes ya que se generan beneficios por la afluencia turística, que es la única y principal fuente de sobrevivencia para pescadores, ganaderos y agricultores, la inversión que se requiere es de 74 millones de pesos para lograr al cien por ciento su construcción.

2. Proyecto carretero San Cristóbal-Corralito del municipio de San Cristóbal de las Casas con una longitud de 6 kilómetros, existe ya un avance en esta obra que fueron realizados en años pasados con el esfuerzo y mano de obra de las comunidades beneficiadas, esta obra carretera, está ubicada en una de las regiones donde el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, en 1994, manifestó sus demandas, sin embargo esa región continua en el abandono e incomunicación, no debe ser justificación no apoyar estas obras por los hechos acaecidos en años pasados, lo que impediría el beneficio a más de 10 mil habitantes la mayoría indígenas chiapanecos.

3. Proyecto carretero Triunfo Madero-Rafael Cal y Mayor, del municipio de Cintalapa, con una longitud de 52 kilómetros, esta obra a estado presupuestada en años pasados, sin embargo por los conflictos entre límites territoriales entre Chiapas y Oaxaca que se derivan de conflictos agrarios y sociales ancestrales entre comunidades ubicadas en la zona de los Chimalapas, es clave que se desarrolle esta obra que ayudaría a destrabar los conflictos señalados, y beneficiaria a mas de 15 mil habitantes de esa región

4. Proyecto carretero Puente de Margaritas-Cruz de Mango, ubicado en el municipio de Pijijiapan, esta obra beneficiaría a más de 10 mil habitantes, de la zona costera del estado de Chiapas, apoyaría el desarrollo agropecuario y turístico de la zona.

5. Proyecto carretero Paraje Tzay al Paraje Nueva Comunidad Santo Domingo, ubicado en el municipio de Oxchuc, este municipio que es poblado por una mayoría indígena tzeltal, está ubicado entre los 40 municipios de más alta marginación en Chiapas, el propio gobierno del estado y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ubicaron este municipio como de pobreza extrema a fin de incorporarlo a los objetivos de desarrollo del milenio (ODM), por lo que es necesario apoyar esta obra de construcción y revestimiento.

Por lo anterior propongo a esta soberanía de la LXI Legislatura el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos económicos a fin de apoyar los proyectos carreteros mencionados, pertenecientes a diferentes regiones del estado de Chiapas.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 14 de octubre de 2010.

Diputado Samuel Herrera Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para proyectos de inversión orientados al desarrollo social en Veracruz y Yucatán, a cargo del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, Pedro Jiménez León, diputado federal del Grupo Parlamentario de Convergencia, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se realiza un exhorto a la Comisión de Desarrollo Social para que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se aprueben recursos adicionales para los proyectos de inversión específicos enunciados orientados al desarrollo social en los estados de Veracruz y Yucatán, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La pobreza y la desigualdad social son sin duda dos de los problemas principales que enfrenta México. De acuerdo con datos del Banco Mundial se estima que la mitad de la población mexicana vive por debajo de la línea de pobreza y que alrededor de 20 por ciento tienen un ingreso insuficiente para satisfacer sus necesidades de alimentación. Con el supuesto “propósito” de atender esta situación, el gobierno federal ha diseñado e implementado diversos programas sociales y de desarrollo económico orientados a incidir en las condiciones de marginación y mejorar las condiciones de vida de la población.

La actual política federal no incorpora esquemas que tomen en cuenta las verdaderas necesidades de los “beneficiarios” y se basan en modelos tradicionales de financiamiento bancario que ponderan el negocio o peor aún, que los utilizan de manera clientelar haciendo evidente el uso de los recursos y de los programas con motivos electorales.

Otro hecho a considerar es que la operación de los programas sociales es compleja, en particular si se atiende al hecho de que frecuentemente concurren en su ejecución los gobiernos federal, estatales, y municipales; y que en general se carece de mecanismos de coordinación entre estas instancias que permitan una política generalizada de transparencia.

Asimismo, señala que la evaluación de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias se lleve a cabo con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño. Desafortunadamente las evaluaciones de desempeño son escasas y de 2000 a 2005 sólo re realizaron seis auditorías de desempeño y posteriormente sólo algunos programas han sido evaluados a partir de esta metodología.

Resulta preocupante el poco interés que se da al seguimiento de las observaciones del Coneval, ya que éste ha propuesto modificaciones significativas al diseño y la ejecución de los programas sociales.

Es conveniente señalar que de acuerdo con los resultados que arrojaron auditorías realizadas entre 2006 y 2009 por instituciones de educación superior, públicas y privadas, a solicitud del gobierno; cuarenta y cinco de los principales programas federales del área de desarrollo social presentan fallas y debilidades. Tal es el caso de Procampo, Alianza para el Campo, Proárbol, Primer Empleo, Apoyo y Fomento al Empleo, Productividad, Desayunos Escolares, Fondo Apoyo a Pymes, IMSS Oportunidades, Fonart, Vivienda Rural, Escuelas de Calidad y el Sistema Nacional de Investigadores, entre otros.

Desde nuestra perspectiva, deben incrementarse los recursos para programas sociales, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, en el sentido de que la política nacional de desarrollo tiene entre sus objetivos propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos; promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución; fortalecer el desarrollo regional equilibrado, y garantizar formas de participación social.

En el Grupo Parlamentario de Convergencia consideramos que gran parte de los problemas que enfrentan diversas entidades o regiones del país pueden ser atendidas, mediante la combinación de una serie de políticas públicas que cuenten con el respaldo presupuestal que les permita su viabilidad.

En este sentido, Convergencia desea superar las limitaciones de un presupuesto acotado, por lo tanto, plantea la necesidad de alcanzar consensos para el tratamiento de diversas problemáticas que requieren el apoyo de la Federación a fin de ser solventadas de manera oportuna.

Sabemos que es muy extensa la lista que conforma esta serie de peticiones en materia presupuestal, no obstante, confiamos en que a partir del diagnóstico que ubica en sus dimensiones sociales y económicas, la problemática a atender, será certera y oportuna la estrategia que se diseñe con el fin de darle solución.

Para ello se requiere la asignación de una suficiencia presupuestal que haga posible contar con un margen de maniobra para cumplir los compromisos, ya sea en materia de realización de obras, la aplicación en proyectos de inversión, programas sociales, entre otros.

Con la presente propuesta, aspiramos a que, en la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, esta soberanía pueda adoptar una decisión que considere y respalde los siguientes proyectos que son de la mayor importancia para Convergencia:

Nombre del proyecto: Construcción de reciba de granos para el secado del maíz blanco Playa Vicente, en el estado de Veracruz.

Monto: 18,494,460.00

Nombre del proyecto: Construcción del centro de desarrollo comunitario Calcachen, en el estado de Yucatán.

Monto: 10, 816,457.11

Total: 29,310,917.11

Sabedores de la importante sensibilidad que la Comisión de Desarrollo Social ha mostrado con un interesante trabajo a favor de este sector que merece la mayor preocupación y atención, es que solicitamos su intervención para que se destinen los recursos arriba solicitados a favor de los programas mencionados.

Por lo expuesto, someto la consideración del esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía realiza un exhorto a la Comisión de Desarrollo Social para que en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se aprueben recursos adicionales para los proyectos de inversión específicos señalados orientados al desarrollo social en los estados de Veracruz y Yucatán.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 13 de octubre de 2010.

Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos que permitan a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas implantar acciones de difusión y publicar material informativo que facilite el conocimiento de la legislación sobre derechos humanos de las mujeres, en diversos dialectos, entre comunidades y pueblos indígenas, a cargo de la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Laura Elena Estrada Rodríguez, diputada a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica; y 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Equidad y Género de la Cámara de Diputados a etiquetar recursos, en el anexo 10, “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, con la finalidad de que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) implante acciones de difusión de los derechos de las mujeres en las comunidades indígenas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La igualdad entre mujeres y hombres es uno de los pilares en la construcción de una sociedad justa y con equidad. Pese a estar plenamente reconocida en gran cantidad de instrumentos jurídicos internacionales y nacionales, dista en gran medida de ser una realidad. Las diferencias persisten, y las que se dan entre los géneros son las más evidentes, en tanto que violan los principios de la igualdad de derechos y el respeto de la dignidad humana.

Considerando los mandatos internacionales y nacionales para combatir la desigualdad persistente entre mujeres y hombres, acentuada en los pueblos y las comunidades indígenas, a partir de 2008 se han fortalecido las acciones encaminadas a la construcción de políticas públicas para los pueblos indígenas con perspectiva de género que coadyuve a la disminución de las brechas de desigualdad.

Sin embargo, el común denominador en estos grupos sociales, es la discriminación y marginación estructural que se traduce en bajos índices de desarrollo humano, especialmente en ámbitos como la alimentación, la salud y la educación. Además, los indicadores de violencia contra las indígenas reflejan las brechas que dificultan el conocimiento y el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

De acuerdo con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “la nación tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son los que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas”.

Desde los usos y costumbres indígenas se asignan los papeles específicos con que podrán participar tanto las mujeres como los hombres de manera tanto o más rigidizada y estereotipada que en la sociedad no indígena dominante.

Según los últimos datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2006, 67 de cada 100 mujeres mexicanas de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia ya sea en su relación de pareja, o en los espacios comunitario, laboral familiar o escolar. Y la más frecuente de las violencias es la ejercida por sus parejas, que afecta a un 48 por ciento de las mexicanas que viven en las urbes y a un 40 por ciento de las que viven en zonas rurales. Sin embargo, respecto de la violencia sexual, las mujeres rurales presentan cifras un 2 por ciento más alta que las mujeres que habitan en zonas urbanas.

Año con año, desde 2006, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ha asignado recursos para que la CDI lleve a cabo acciones para la sensibilización de la población en general e indígena con perspectiva de género, pues pese a las acciones, estrategias y mecanismos en favor de los pueblos indígena, resulta difícil avanzar en sus usos y costumbres.

La institucionalización de una política transversal para garantizar la igualdad jurídica, los derechos humanos y la no discriminación, que permita el acceso de las mujeres a la justicia, la seguridad, el estado de derecho y una vida libre de violencia, es indispensable para reducir las desigualdades entre los sexos, especialmente para las y los indígenas.

Para el ejercicio fiscal de 2010, la CDI destinó los recursos asignados por la Cámara de Diputados para implementar acciones para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la población indígena; el fortalecimiento de capacidades en materia de género para la población indígena; la implementación de acciones afirmativas y de género, de atención a la violencia de género, la salud sexual y reproductiva en zonas indígenas; y para la transversalidad institucional de la perspectiva de género.

Los logros se traducen en acciones concretas, como los proyectos de las casas para las mujeres indígenas, que atienden los temas de violencia y salud sexual y reproductiva con enfoques de género e interculturalidad; las organizaciones de mujeres indígenas fortalecidas como grupo y para trabajar en temas de prevención y atención de la violencia y la salud sexual y reproductiva en sus regiones; la instrumentación del modelo autogestivo de atención de la violencia y la salud sexual y reproductiva en zonas indígenas; la generación de un programa de seguimiento puntual al trabajo de las casas y a los grupos de mujeres indígenas responsables de las mismas con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil.

Aunado a ello, se benefició a 32 mil 116 mujeres y a 13 mil 503 hombres sólo en 2009. En 2010, 70 por ciento de las becas que otorga CDI se destina a mujeres. Para el periodo 2009-2010, 84 mujeres de pueblos indígenas minoritarios son egresadas de carreras profesionales.

Derivado de los trabajos de la Mesa Interinstitucional para Presupuestos por la Igualdad de Género, que la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados ha realizado a partir del 14 de septiembre con las dependencias y los organismos de la administración pública federal, para la rendición y transparencia de recursos asignados para el ejercicio de 2010, las integrantes de la Comisión de Equidad y Género hemos percibido que persisten los usos y costumbres que dañan a las mujeres indígenas y que impiden el ejercicio pleno de sus derechos humanos. No es desconocido que dentro de las comunidades indígenas, prevalecen los dialectos por encima del idioma castellano y que es un compromiso del Estado mexicano para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres dar respuestas inmediatas y eficaces, que ayuden a las mujeres a reconocer los derechos humanos de los que son sujetas y los instrumentos legales que legitimen los mencionados.

Por esa razón resulta indispensable que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Equidad de Género etiqueten recursos en el anexo 10, “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, a fin de que la CDI publique dípticos, trípticos y documentos que faciliten el conocimiento de la legislación en materia de derechos humanos de igualdad entre mujeres y hombres en los diversos dialectos de las comunidades y pueblos indígenas.

Por todo lo expuesto, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Equidad y Género de la Cámara de Diputados a etiquetar recursos en el anexo 10, “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, con la finalidad de que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas implante acciones de difusión y publique material informativo que faciliten el conocimiento de la legislación en materia de derechos humanos de las mujeres, en diversos dialectos para las comunidades y pueblos indígenas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2010.

Diputada Laura Elena Estrada Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el sector cultura de Zacatecas, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Samuel Herrera Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete al pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio presupuestal de 2011, debe de estar marcado por la rigurosa precisión en la asignación de cada peso. Debemos de tener claro que la orientación presupuestal no puede estar marcada por el dispendio y mucho menos por la facciosa distribución en concordancia de intereses ajenos a la sociedad.

Hemos sido testigos de forma recurrente en la que año con año, en esta soberanía se hacen llegar millones de solicitudes por otros tantos millones de pesos, de ciudadanos, organizaciones, entidades municipales, estatales y federales en busca de recursos que permitan financiar programas o proyectos en busca de solventar problemas de infraestructura, en el campo, en la salud, en la educación, deporte, medio ambiente y todas las materias existentes.

Todas estas solicitudes son vistas como un instrumento para trascender situaciones de atraso o como mecanismos que detonen la economía y solventen problemas sociales en todo el país. Cierto, que cada solicitud es elaborada con sumos esfuerzos materiales, económicos y técnicos por parte, sobre todo, de autoridades locales, que en no pocas ocasiones representan esfuerzos inconmensurables.

Por esta razón, en mi calidad de legislador federal y conociendo las carencias y dificultades que miles de munícipes presentan para hacernos llegar su propuestas, debo señalar la importancia de dar seguimiento y apoyo a cada demanda, pues sus esfuerzos deben materializarse en una asignación de recursos que permitan solventar sus requerimientos.

Estoy convencido que si bien el lobby es muy importante, lo es más la presentación puntual y técnicamente satisfactoria, pues ello ayudará a que nosotros en cada comisión de este poder, impulsemos proyectos debidamente sustentados y con ello, no exista ningún riesgo para que la SHCP, una vez concluido el proceso de discusión del PEF 2011, niegue o retenga la entrega de recursos aprobados y publicados en el decreto de Presupuesto.

En este sentido, pongo a consideración de este pleno las siguientes

Consideraciones

En 1982 la UNESCO declaro “que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden”.

Esta aseveración muestra puntualmente la importancia de la Cultura en la vida diaria de los ciudadanos. En este sentido cada proyecto, cada iniciativa presentada para apoyar a la cultura, no puede ser desdeñado o ver con reserva. En mi grupo parlamentario estamos convencidos de la conveniencia de sumar todos los esfuerzos por gestionar el mayor número de recursos a la cultura.

El país vive problemas serios de desintegración, vandalismo, falta de oportunidades en general, que orillan a nuestra juventud y a millones de personas a dedicarse a actividades ilícitas. La cultura, luego entonces se vuelve un instrumento de reorientación de las actividades en nuestra sociedad.

Por esta razón, pongo a su consideración los siguientes proyectos de cultura del estado de Zacatecas, los cuales estoy absolutamente convencido, se encuentran sustentados y representan aspiraciones de forjar un nuevo estadio en la sociedad.

Desafortunadamente, por cuarto año consecutivo, el gobierno federal propone un recorte a cultura, de 2 mil 538 millones de pesos, de los cuales se pretende quitar 2 mil 100 al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), esto es, 42 por ciento.

De 4 mil 900 millones de pesos que la Cámara autorizó este año para el CNCA, Calderón propuso que sólo se le destinen 2 mil 800 millones 84 mil 732 pesos, cantidad inferior a los 3 mil millones de pesos que se gastó la actual administración para los festejos del bicentenario de la Independencia.

Además, el retroceso es más significativo si se toma en cuenta que ese monto es inferior incluso a lo que se asignó en 2008, cuando el presupuesto aprobado para el subsector fue de 9 mil 423 millones de pesos.

Ahora, de 11 mil 459 millones 498 mil 804 pesos autorizados para este año, el objetivo de la administración calderonista es que baje a 8 mil 920 millones 636 mil 187 pesos.

Nosotros creemos que estos recortes son atroces, pues un instrumento de revolución en la sociedad y que permite no ahondar la grave crisis que padece debido a los grandes problemas económicos, es la cultura.

Por esta razón nos permitimos presentar la siguiente propuesta a la Comisión de Cultura, y de Presupuesto y Cuenta Pública de este Cámara la aprobación de los siguientes

Proyectos para el estado de Zacatecas

Municipio: Zacatecas.

Proyecto solicitado: Ampliación y equipamiento del Archivo Histórico de Zacatecas.

Costo total: 6 millones de pesos.

Inversión federal solicitada para 2011: 6 millones de pesos.

Promovente: Instituto Zacatecano de Cultura.

Municipio: Zacatecas.

Proyecto solicitado: Planeación, programación y difusión cultural.

Costo total: 20 millones de pesos.

Inversión federal solicitada para 2011: 20 millones de pesos.

Promovente: Instituto Zacatecano de Cultura.

Municipio: Fresnillo.

Proyecto solicitado: Centro Cultural “Ágora” José González Echeverría.

Costo total: 10 millones de pesos.

Inversión federal solicitada para 2011: 10 millones de pesos.

Nombre del promovente: Instituto Zacatecano de Cultura.

Municipio: Zacatecas

Proyecto solicitado: Rehabilitación y equipamiento de los museos.

Costo total: 20 millones de pesos.

Inversión federal solicitada para 2011: 20 millones de pesos.

Promovente: Instituto Zacatecano de Cultura.

Municipio: Pinos.

Proyecto solicitado: Rehabilitación y equipamiento del Centro Cultural Pinos Zacatecas

Costo total: 2 millones de pesos.

Inversión federal solicitada para 2011: 2 millones de pesos.

Promovente: Instituto Zacatecano de Cultura.

Municipio: Zacatecas.

Proyecto solicitado: Equipamiento de radio y televisión cultural.

Costo total: 6 millones 500 mil pesos.

Inversión federal solicitada para 2011: 6 millones 500 mil pesos.

Promovente: Instituto Zacatecano de Cultura.

Municipio: Zacatecas.

Proyecto solicitado: Rehabilitación y equipamiento del teatro Ramón López Velarde.

Costo total: 5 millones de pesos.

Inversión federal solicitada para 2011: 5 millones de pesos.

Promovente: Instituto Zacatecano de Cultura.

Municipio: Zacatecas.

Proyecto solicitado: Rehabilitación y equipamiento del Centro Cultural Zacatecas.

Costo total: 10 millones de pesos.

Inversión federal solicitada para 2011: 10 millones de pesos.

Promovente: Instituto Zacatecano de Cultura.

Municipio: Zacatecas.

Proyecto solicitado: Construcción y equipamiento del taller de pintura “Julio Ruelas”.

Costo total: 2 millones.

Inversión federal solicitada para 2011: 2 millones de pesos.

Promovente: Instituto Zacatecano de Cultura.

Municipio: Zacatecas.

Proyecto solicitado: Rehabilitación y equipamiento de los centros culturales municipales.

Costo total: 10 millones.

Inversión federal solicitada para 2011: 10 millones de pesos.

Promovente: Instituto Zacatecano de Cultura.

Municipio: Zacatecas.

Proyecto solicitado: Equipamiento del Centro Cultural Ciudadela del Arte.

Costo total: 5 millones.

Inversión federal solicitada para 2011: 5 millones de pesos.

Promovente: Instituto Zacatecano de Cultura.

Municipio: Loreto.

Proyecto solicitado: Exploración, Rehabilitación, acondicionamiento, equipamiento cultural y educativo de espacio histórico cultural en Mueso Interactivo.

Costo total: 4 millones 398 mil pesos.

Inversión federal solicitada para 2011: 2 millones 398 mil pesos.

Promovente: Municipio de Loreto Zacatecas.

Municipio: Atolinga

Proyecto solicitado: Casa de Cultura.

Costo total: 6 millones 78 mil 813.74.

Inversión federal solicitada para 2011: 6 millones 78 mil 813.74 pesos.

Promovente: Municipio de Atolinga.

Municipio: Guadalupe.

Proyecto solicitado: Restauración del Templo de nuestra señora de Guadalupe

Costo total: 2 millones 500 mil pesos.

Inversión federal solicitada para 2011: 2 millones 500 mil pesos.

Promovente: Municipio de Guadalupe.

Municipio: Guadalupe.

Proyecto solicitado: Restauración de la cúpula de la capilla de Nápoles.

Costo total: 1 millón 500 mil pesos.

Inversión federal solicitada para 2011: 1 millón 500 mil pesos.

Promovente: Municipio de Guadalupe.

Municipio: Guadalupe.

Proyecto solicitado: Restauración de la Casa Grande Tacoaleche (quinta etapa).

Costo total: 4 millones 961 mil 197.33 pesos.

Inversión federal solicitada para 2011: 4 millones 961 mil 197.33 pesos.

Promovente: Municipio de Guadalupe.

Dichos proyectos tendrán un alto impacto en la sociedad y son indispensables para nuestra mejora en la calidad de vida.

Por lo expuesto, pongo a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en la discusión, asignación y adecuación al proyecto de Presupuesto de Egresos para 2011, se etiqueten recursos que cubran los recursos solicitados por el sector cultura para el estado de Zacatecas, descritos con anterioridad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2010.

Diputado Samuel Herrera Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para proyectos de inversión orientados a beneficiar a grupos vulnerables, a cargo del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, Pedro Jiménez León, diputado federal del Grupo Parlamentario de Convergencia, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se realiza un exhorto a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se aprueben recursos adicionales para los proyectos de inversión específicos orientados a beneficiar a grupos vulnerables, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Toda política social debe estar orientada a apoyar a los sectores sociales más desprotegidos. De hecho, la política social, en el plano distributivo, participa de los beneficios del desarrollo con un trato diferenciado a grupos desprotegidos.

En este contexto, en México tenemos la tradición en política social de dar un trato especial a ciertos grupos identificados como vulnerables, es decir, aquellos sectores o grupos de la población que por edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo que les complica el acceso y les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar, tales como niños, mujeres, trabajadores migrantes, minorías, indígenas, discapacitados y otros.

Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, señalan que cuando menos el 10 por ciento de los mexicanos vive con alguna discapacidad física, mental o sensorial.

Pese a lo anterior, en 2009 en términos nominales aunque el presupuesto destinado a grupos vulnerables aumentó, el Estado mexicano relegó a uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad, al aprobar un presupuesto que ha sido calificado de insuficiente.

Desde nuestra perspectiva, deben incrementarse los recursos para programas que atiendan a grupo vulnerables, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, en el sentido de que la política nacional de desarrollo tiene entre sus objetivos propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos; promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución; fortalecer el desarrollo regional equilibrado, y garantizar formas de participación social.

En el Grupo Parlamentario de Convergencia consideramos que gran parte de los problemas que enfrentan diversas entidades o regiones del país pueden ser atendidas, mediante la combinación de una serie de políticas públicas que cuenten con el respaldo presupuestal que les permita su viabilidad.

En este sentido, Convergencia desea superar las limitaciones de un presupuesto acotado, por lo tanto, plantea la necesidad de alcanzar consensos para el tratamiento de diversas problemáticas que requieren el apoyo de la Federación a fin de ser solventadas de manera oportuna.

Sabemos que es muy extensa la lista que conforma esta serie de peticiones en materia presupuestal, no obstante, confiamos en que a partir del diagnóstico que ubica en sus dimensiones sociales y económicas, la problemática a atender, será certera y oportuna la estrategia que se diseñe con el fin de darle solución.

Para ello se requiere la asignación de una suficiencia presupuestal que haga posible contar con un margen de maniobra para cumplir los compromisos, ya sea en materia de realización de obras, la aplicación en proyectos de inversión, programas sociales, entre otros.

Con la presente propuesta, aspiramos a que, en la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 esta soberanía pueda adoptar una decisión que considere y respalde los siguientes proyectos que son de la mayor importancia para Convergencia:

Nombre del proyecto: “Vivir sin drogas se puede”, para el municipio de Chalco, estado de México

Monto: 2 millones 130 mil pesos.

Nombre del proyecto: Tlalmanalco, estado de México

Monto: 2 millones 130 mil pesos.

Total: 4 millones 260 mil pesos.

Sabedores de la importante sensibilidad que la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables ha mostrado con un interesante trabajo a favor de este sector de la sociedad que merece la mayor preocupación y atención, es que solicitamos su intervención para que se destinen los recursos arriba solicitados a favor de los programas mencionados.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía exhorta a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se aprueben recursos adicionales para los proyectos de inversión señalados orientados a beneficiar a grupos vulnerables.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 13 de octubre de 2010.

Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos destinados a diseñar y aplicar políticas de equidad de género y a dar continuidad y ampliar la cobertura del proyecto Abriendo Escuelas para la Equidad, que la SEP aplica desde 2008, a cargo de la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Laura Elena Estrada Rodríguez, diputada federal de la LXI legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Equidad y Género de la honorable Cámara de Diputados a considerar una ampliación de recursos en el anexo 10, Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, del Presupuesto de Egresos para la Federación de 2011, con la finalidad de dar continuidad al proyecto Abriendo Escuelas para la Equidad, que implanta la Secretaría de Educación Pública (SEP) desde 2008, lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

La igualdad entre mujeres y hombres es uno de los pilares en la construcción de una sociedad justa y con equidad. Pese a estar plenamente reconocida en una gran cantidad de instrumentos jurídicos internacionales y nacionales, dista en gran medida de ser una realidad. Las diferencias persisten, siendo aquellas entre los géneros las más evidentes, en tanto que violan los principios de la igualdad de derechos y el respeto a la dignidad humana.

Con la firma y ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) 1 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Para), el Estado mexicano reconoce que la discriminación y la violencia contra las mujeres son una violación a los derechos humanos.

En México, la igualdad entre mujeres y hombres, tiene su fundamento en el precepto cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala “que el varón y la mujer son iguales ante la ley”.

La publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) en 2007, 2 materializó la voz de muchas mujeres que, sin importar origen étnico o nacional, la edad, las condiciones de salud, las sociales, el estado civil, sus opiniones, religión, entre otras, diariamente enfrentan situaciones de violencia.

En 2006 entra en vigor la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGPIMH), reglamentaria del artículo 4o. constitucional, la cual tiene como objeto principal regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismo institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de una igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres.

En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012) establece en el objetivo 16 de su eje 3.5, Igualdad entre Mujeres y Hombres, eliminar cualquier tipo de discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.

Aunado a esto, la Secretaría de Educación Pública establece en su Programa Sectorial de Educación 2007-2012 los siguientes objetivos:

1. Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.

2. Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

Cabe mencionar que el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proigualdad) 2008-2012 plantea dentro de sus objetivos la institucionalización de una política transversal con perspectiva de género en la administración pública federal, y construir los mecanismos para contribuir a su adopción en los poderes de la unión, en los órdenes de gobierno y en el sector privado, así como garantizar la igualdad jurídica, los derechos humanos de las mujeres y la no discriminación, en el marco del estado de derecho, el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres para ampliar sus oportunidades y reducir la desigualdad de género.

En este sentido, el artículo 45 de la LGAMVLV faculta a la Secretaría de Educación Pública para definir en las políticas educativas los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres, así como las demás previstas para el cumplimiento de la ley.

En tal virtud, la SEP recibe desde 2008 un presupuesto etiquetado por parte de la honorable Cámara de Diputados, destinado a incorporar la perspectiva de género en las acciones y programas educativos con el fin de coadyuvar en la deconstrucción de estereotipos y roles de género que perpetúan la desigualdad entre hombres y mujeres, además de visibilizar y desnaturalizar la violencia, particularmente la perpetrada por motivos de género.

El proyecto Abriendo Escuelas para la Equidad que la Secretaría de Educación Pública realiza a través de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, dado el carácter transversal de sus funciones, ha implantado con éxito en la comunidad educativa, para cumplir por un lado con el mandato de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en apego a los tratados internacionales ratificados por el gobierno, y por el otro coadyuvar en la desconstrucción de estereotipos y roles sociales.

Derivado de los Informes trimestrales de resultados para el ejercicio fiscal de 2010, que envía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Instituto Nacional de las Mujeres, las diputadas de la Comisión de Equidad y Género hemos comprobado que la continuidad de las estrategias que ha implantado la SEP a lo largo de los años ha permitido no sólo a estudiantes de diversos grados académicos, sino a sus familias y demás actores involucrados en las áreas escolares, conocer sus derechos y fortalecer las relaciones equitativas entre los sexos y la construcción de espacios de respeto, tolerancia, paz y libres de violencia.

En 2008, la SEP realizó a través del proyecto piloto Abriendo Escuelas para la Equidad investigaciones dirigidas explicar las causas de violencia escolar. Derivado de los resultados de estas investigaciones, se pudo comprobar que uno de los factores centrales en su incidencia es la falta de espacios de participación, diálogo y de ejercicio de derechos de los actores involucrados. Por tanto, consideró importante desarrollar un programa que enfrentara el problema de la violencia desde su origen, es decir que fomentaría un proceso participativo que permitiera que las y los jóvenes y demás actores escolares y comunitarios fueran protagonistas en la identificación, el diseño y la implementación de las estrategias de acción en sus escuelas y comunidades, participando en la construcción de ambientes de tolerancia, respeto y armonía.

De esta manera, la Cámara de Diputados asignó para 2008, 4 millones de pesos para el proyecto Escuelas para la Equidad, seleccionando a 5 estados de la república, que presentaron el mayor índice de violencia de género. Estos estados fueron Chihuahua, estado de México, Durango, Jalisco y Guerrero, con el objetivo de aportar a la consolidación de escuelas secundarias públicas como instituciones libres de violencia, especialmente de violencia de género, que a su vez coadyuvaran en el fortalecimiento del tejido social, la reducción de la violencia extraescolar, así como la igualdad de oportunidades y de trato entre las personas. A través de acciones concretas y oportunas como talleres de capacitación a alumnos, docentes, madres y padres de familia se elaboró el Diagnóstico participativo sobre violencia escolar con enfoque de género, por cada una de las escuelas participantes.

Las diputadas y los diputados de la LX Legislatura, considerando los resultados, asignaron 8 millones de pesos para dar continuidad al proyecto. Para 2009, se realizaron 582 jornadas sabatinas en los cinco estados participantes con actividades deportivas, culturales, recreativas y formativas con contenidos relacionado a los temas de género, al final de las jornadas se registro una asistencia de 77 mil 500 participantes en los 5 estados de república. Los resultados proyectaron que 96 por ciento de los estudiantes asistentes reconocieron la importancia de conocer sus derechos y los derechos de las mujeres, así como desenvolverse en una escuela libre de violencia. El 99 por ciento de los docentes participantes afirmaron que su participación en las jornadas facilitó en gran medida darse de cuenta de la violencia que generan y la factibilidad de solucionar conflictos y diferencias con base en el diálogo, prevenir la violencia entre los alumnos y el conocimiento de la violencia en la familia y la sociedad.

Para el ejercicio fiscal de 2010, las integrantes de la Comisión de Equidad y Género asignamos un total de 58.8 millones de pesos para el rubro diseño y aplicación de políticas de equidad de género. Siendo el proyecto Abriendo Escuelas para la Equidad beneficiado por una asignación de 40 millones de pesos, con la finalidad de dar continuidad y ampliar la cobertura del proyecto en 500 escuelas de los cinco estados participantes.

Para tales efectos, se seleccionaron cuatro nuevas escuelas adyacentes o cercanas a cada una de las escuelas participantes en el proyecto. Se capacitó a los coordinadores estatales, regionales y locales, directivos, docentes y organizaciones de la sociedad civil, para dar seguimiento a las jornadas sabatinas, que iniciaron de manera exitosa a partir del mes de junio. Además este proyecto ha participado de manera directa en las reuniones de trabajo Todos somos Juárez, que se realizan en Ciudad Juárez, Chihuahua, por lo que se adhiere a éste con la participación de 57 escuelas.

De acuerdo con el segundo informe trimestral, hasta junio de 2010 se han capacitado un total de 2 mil 789 personas en los cinco estados, en donde se aplica el proyecto. A través de la ejecución de 45 talleres en los cinco estados participantes del proyecto, se capacitó a mil 14 coordinadores estatales regionales, locales escolares y maestros facilitadores de las escuelas. Y a un total de mil 775 maestros docentes facilitadores capacitados en los contenidos y en la metodología para desarrollar actividades o proyectos permanentes diseñados por el equipo central de la SEP en las jornadas sabatinas de las escuelas. El registro de participación en jornadas sabatinas realizadas en los cinco estados de fue de 368 escuelas, por un total de 43 mil 305 personas.

De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 presentado por el Ejecutivo federal, este año se proponen 52.8 millones de pesos para el rubro diseño y aplicación de políticas de equidad de género. De acuerdo con las consideraciones aquí vertidas, es indispensable la ampliación de 50 millones de pesos más para este rubro, para un total de 102.8 millones de pesos, con la finalidad de que sean asignados 50 millones de pesos para el proyecto Abriendo Escuelas para la Equidad.

Este proyecto desde 2008 se impulsa y se ha considerado una experiencia exitosa, que requiere ser consolidada y ampliada, debido a los resultados de impacto que ha presentado, si no es apoyada todo el trabajo realizado se perderá, constituyendo un retroceso para erradicar la violencia. Por lo que se considera fundamental garantizar la continuidad del esfuerzo, tanto en las escuelas actualmente involucradas como en centros escolares para su incorporación, situadas en las zonas con mayores índices de violencia, así como la ampliación de la cobertura del programa para nuevos estados de la República Mexicana.

Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Equidad y Género de la honorable Cámara de Diputados a asignar una ampliación de de 50 millones de pesos en el anexo 10, "Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres", del Presupuesto de Egresos para la Federación de 2011, para el diseño y aplicación de políticas de equidad de género, con la finalidad de que sean destinados 50 millones de pesos para dar continuidad y ampliar la cobertura del proyecto Abriendo Escuelas para la Equidad, que implanta la Secretaría de Educación Pública desde 2008.

Notas

1 Aprobada en la Asamblea de la ONU en diciembre de 1979.

2 Publicado en el DOF el 1 de febrero de 2007.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2010.

Diputada Laura Elena Estrada Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para proyectos de inversión orientados a construir espacios deportivos, a cargo del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, Pedro Jiménez León, diputado del Grupo Parlamentario de Convergencia, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se realiza un exhorto a la Comisión de Juventud y Deporte para que en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se aprueben recursos adicionales para los proyectos de inversión específicos orientados a la construcción de espacios deportivos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las actividades físicas y de esparcimiento son una forma de dar cauce a muchas de las presiones a que se ven sometidos los seres humanos en distintas etapas de su existencia.

Atender los requerimientos que forman parte de una manera de entender la vida, donde ocupa un lugar preponderante la disciplina de rutinas de acondicionamiento físico, en la búsqueda de un equilibrio saludable, requieren la existencia de espacios destinados a ese fin.

Por otra parte, es perfectamente conocido que el consumo de sustancias prohibidas entre la población joven es un grave problema que aqueja al país, contribuyendo a ello la combinación de falta de oportunidades y de espacios deportivos.

Estos últimos pueden constituir una oportunidad para modificar comportamientos proclives a las adicciones y a los problemas de obesidad que cada día se incrementan en el país, por lo tanto es imprescindible que su edificación llegue a prácticamente todos los lugares, ya sea centros urbanos o rurales.

En el Grupo Parlamentario de Convergencia consideramos que gran parte de los problemas que enfrentan diversas entidades o regiones del país pueden ser atendidas, mediante la combinación de una serie de políticas públicas que cuenten con el respaldo presupuestal que les permita su viabilidad.

En este sentido, Convergencia desea superar las limitaciones de un presupuesto acotado, por lo tanto, plantea la necesidad de alcanzar consensos para el tratamiento de diversas problemáticas que requieren el apoyo de la federación a fin de ser solventadas de manera oportuna.

Sabemos que es muy extensa la lista que conforma esta serie de peticiones en materia presupuestal, no obstante, confiamos en que a partir del diagnóstico que ubica en sus dimensiones sociales y económicas, la problemática a atender, será certera y oportuna la estrategia que se diseñe con el fin de darle solución.

Para ello se requiere la asignación de una suficiencia presupuestal que haga posible contar con un margen de maniobra para cumplir los compromisos, ya sea en materia de realización de obras, la aplicación en proyectos de inversión, programas sociales, entre otros.

Con la presente propuesta, aspiramos a que, en la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, esta soberanía pueda adoptar una decisión que considere y respalde los siguientes proyectos que son de la mayor importancia para Convergencia:

Nombre del Proyecto Monto

Construcción de unidad deportiva, Cherán, Michoacán: 18,374,785.49

Construcción de unidad deportiva, primera etapa, Numarán, Michoacán:8,338,899.51

Total de ambos proyectos 26,713,685.00

Sabedores de la importante sensibilidad que la Comisión de Juventud y Deporte ha manifestado con una incesante tarea a favor de este sector poblacional y de la práctica del deporte, es que solicitamos su intervención para que se destinen los recursos arriba solicitados a favor de los programas mencionados.

Por lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración del esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía exhorta a la Comisión de Juventud y Deporte para que en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se aprueben recursos adicionales para los proyectos de inversión específicos orientados a la construcción de espacios deportivos.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 14 de octubre de 2010.

Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para que el IMSS amplíe su sistema de guarderías, a cargo del diputado Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe diputado en la LXI legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, a fin de que se destine un mayor presupuesto para el Ejercicio Presupuestal 2011, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el propósito de que aumente su sistema de guarderías, lo anterior al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. la incorporación de las mujeres mexicanas al mercado laboral en los últimos años ha aumentado considerablemente, se estima que la tasa de participación económica femenina aumentó en poco más de 11 puntos porcentuales de 1991 a 2009, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENDE) en 2009.

2. Otro dato que refleja la incorporación activa de la mujer en el ámbito laboral, es su participación en la fuerza laboral, la cual representó 42.9 por ciento; es decir, más de cuatro de cada diez mujeres en edad de trabajar participan activamente en el mercado laboral. Se observa que el mayor incremento se ha dado en el rango de edad de 25 a 54 años, en el cual una de cada dos mujeres participa laboralmente.

3. En 1973 el gobierno de la republica expidió una nueva ley del seguro social; se estableció la obligación a los patrones del financiamiento del servicio de guarderías, con las aportaciones del 1 por ciento que por salario paguen a todos sus trabajadores.

4. Como se mencionaba, el rango de edad oscila entre 25 y 54 años, esto demuestra que la mayoría de las mujeres trabajadoras podrían ser madres, lo cual representa el realizar una actividad económica a la par de la educación y cuidado de sus hijos.

5. Por lo anterior, la demanda de guarderías para el cuidado del menor de la misma manera se ha incrementado con el paso de los años, datos del IMSS consideran que el aumento en la demanda inició desde el año de 1998, lo cual obligó al instituto al crecimiento de su sistema de guarderías.

6. Para finales de 2009 el IMSS reporta los siguientes datos con respecto al sistema de guarderías: se beneficiaba a 185,449 madres trabajadoras y trabajadores con derecho a la prestación, y a 204,169 niñas y niños inscritos, a través de 1,568 unidades con una capacidad instalada de 242,899 lugares en dos modalidades:

I) Guarderías de prestación directa, mediante los esquemas Madres IMSS y Ordinario, con 142 unidades y 29,868 lugares, y

II) Guarderías de prestación indirecta, por medio de los esquemas Vecinal Comunitario Único, en el Campo y Guardería Integradora con 1,426 unidades y 213,031 lugares.

7. Durante el periodo 2000-2009 el IMSS reportó que se logró un crecimiento importante del sistema. El número de unidades se incrementó en 74.4 por ciento, al pasar de 899 a 1,568 unidades, y la capacidad instalada aumentó en el mismo periodo en 135 por ciento, al pasar de 103,299 a 242,899 lugares.

8. Sin embargo, para inicios del 2010 se estima que la demanda de cobertura fue de 24.9 por ciento, lo cual demuestra un déficit en la cobertura.

9. En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se asignó para el instituto en el rubro de Servicio de Guarderías 8,809.4 millones de pesos; para este ejercicio presupuestal se asigna para ese rubro 7966.6 millones de pesos. Observándose una disminución de 842.8 millones de pesos.

10. Desde el aumento en la demanda de guarderías el instituto se ha encargado de satisfacer este servicio necesario para los derechohabientes, sin embargo, el presupuesto no es suficiente para que el Sistema de Guarderías cubra la demanda de manera eficaz.

Por lo anteriormente expuesto, someto la siguiente proposición con punto de acuerdo, en términos de los siguientes

Considerandos

Primero. Que en los últimos años ha incrementado notoriamente la participación de las mujeres en el ámbito laboral, lo cual hace necesario considerar un aumento en la prestación del servicio de guarderías en el país.

Segundo. Que el IMSS está rebasado en la oferta de espacios en las 1,568 guarderías con una capacidad instalada de 242,899 lugares. Para principios del año 2010 el IMSS identificó la necesidad de ofrecer 731,285 lugares más.

Tercero. Que por mencionar un ejemplo, en el estado de Coahuila se cuentan con sólo 67 guarderías con capacidad instalada de l0,412.

Cuarto. Que sería de gran apoyo para las madres trabajadoras y trabajadores, el aumento del Sistema de Guarderías con la finalidad de que el instituto cumpla con las expectativas de cobertura.

Quinto. Que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Equidad y Género, consideren un incremento de recursos para el instituto en el rubro de "Servicios de Guardería" con el propósito de que se amplíe y se satisfaga la cobertura de dicho servicio para las trabajadoras y trabajadores del IMSS.

Sexto. Se hace este exhorto, que de ser considerado seguramente beneficiará a muchas mujeres trabajadoras que actualmente no tienen la opción de trabajar y contar con un servicio de guardería.

En este orden de ideas, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, a fin de que se destine un mayor presupuesto para el ejercicio presupuestal 2011, al Instituto Mexicano del Seguro Social con el propósito de que aumente su sistema de guarderías.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2010.

Diputado Jesús Ramírez Rangel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para proyectos de inversión orientados a construir espacios educativos, a cargo del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, Pedro Jiménez León, diputado federal del Grupo Parlamentario de Convergencia, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se realiza un exhorto a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se aprueben recursos adicionales para los proyectos de inversión específicos orientados a la construcción de espacios educativos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La educación es un tema fundamental en el desarrollo de un país. Es conocido que se trata de un tema de inversión social para desarrollar habilidades en los individuos, además de capacitarlos para su inserción en el mercado laboral.

Lamentablemente, los rendimientos que ha tenido nuestro país en materia de educación dentro del contexto internacional no han sido los esperados.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, así como de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, México enfrenta una serie de desafíos expresados en rezagas de diversos indicadores vinculados a la educación, como el promedio de años de escolaridad, la eficiencia terminal, y la persistencia de población analfabeta, entre otros.

No obstante que se han llevado a cabo esfuerzos en la materia, los requerimientos en materia presupuestal demandan la aplicación de mayores recursos, así como su optimización, no para actuar con meros criterios selectivos, sino para ampliar los beneficios del gasto.

En el Grupo Parlamentario de Convergencia consideramos que gran parte de los problemas que enfrentan diversas entidades o regiones del país pueden ser atendidas, mediante la combinación de una serie de políticas públicas que cuenten con el respaldo presupuestal que les permita su viabilidad.

En este sentido, Convergencia desea superar las limitaciones de un presupuesto acotado, por lo tanto, plantea la necesidad de alcanzar consensos para el tratamiento de diversas problemáticas que requieren el apoyo de la federación a fin de ser solventadas de manera oportuna.

Sabemos que es muy extensa la lista que conforma esta serie de peticiones en materia presupuestal, no obstante, confiamos en que a partir del diagnóstico que ubica en sus dimensiones sociales y económicas, la problemática a atender, será certera y oportuna la estrategia que se diseñe con el fin de darle solución.

Para ello se requiere la asignación de una suficiencia presupuestal que haga posible contar con un margen de maniobra para cumplir los compromisos, ya sea en materia de realización de obras, la aplicación en proyectos de inversión, programas sociales, entre otros.

Con la presente propuesta, aspiramos a que, en la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, esta soberanía pueda adoptar una decisión que considere y respalde los siguientes proyectos que son de la mayor importancia para Convergencia:

Nombre del proyecto: Remodelación de la biblioteca municipal, Nextlalpan, estado de México.

Monto: 10 millones 524 mil 112.34 pesos.

Nombre del proyecto: Construcción biblioteca municipal, Tonanitla, Estado de México.

Monto: 11 millones 530 mil 750 pesos.

Nombre del proyecto: Educación y formación para autogestión y generación de ocupación productiva en Oaxaca, capital.

Monto: 15 millones 600 mil 775.28 pesos.

Nombre del proyecto: Educación y formación para autogestión y generación de ocupación productiva en el estado de México.

Monto: 20 millones de pesos.

Total: 31 millones 530 mil 750 pesos.

Sabedores de la importante sensibilidad que la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos ha mostrado con un incesante trabajo para extender la cobertura educativa y la calidad de ésta en todo el país, solicitamos su intervención para que se destinen los recursos arriba solicitados a favor de los programas mencionados.

Por lo expuesto, someto a consideración del esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía exhorta a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se aprueben recursos adicionales para los proyectos de inversión señalados, orientados a la construcción de espacios educativos.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 13 de octubre de 2010.

Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para proyectos de inversión orientados a construir espacios de promoción y difusión culturales, a cargo del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, Pedro Jiménez León, diputado federal del Grupo Parlamentario de Convergencia, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se realiza un exhorto a la Comisión de Cultura para que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se aprueben recursos adicionales para los proyectos de inversión específicos orientados a contar con espacios destinados a la promoción y difusión de la cultura, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las actividades culturales son una parte esencial de la vida de los seres humanos, que trasciende su espacio y su época, dejando constancia de su paso por la faz terrestre.

Las condiciones actuales que rodean la existencia de los mexicanos, caracterizadas por las dificultades económicas que enfrentan, marcan de manera profunda muchas de sus actividades.

En este contexto, se inscriben decisiones adoptadas por gobiernos de todos los niveles, reduciendo muchas veces los recursos que se destinan a la vida cultural de muchas comunidades y ciudades, considerando que puede disminuirse el presupuesto dedicado a ese rubro.

Sin embargo, la experiencia ha demostrado la trascendencia que tiene la vida cultural de un país, ya sea como proveedora de una identidad nacional, o a través de la transformación que hace de su entorno, mediante la exaltación de las virtudes artísticas de la población.

Por ello, es imprescindible replantear el concepto que se tiene de la cultura, asignándole la relevancia que tiene en la vida huma, a la que hemos hecho referencia, por lo tanto, se requiere asignar recursos para la construcción de espacios culturales, tanto en su vertiente de esparcimiento, así como en el desarrollo de habilidades artísticas.

En el Grupo Parlamentario de Convergencia consideramos que gran parte de los problemas que enfrentan diversas entidades o regiones del país pueden ser atendidas, mediante la combinación de una serie de políticas públicas que cuenten con el respaldo presupuestal que les permita su viabilidad.

En este sentido, Convergencia desea superar las limitaciones de un presupuesto acotado, por lo tanto, plantea la necesidad de alcanzar consensos para el tratamiento de diversas problemáticas que requieren el apoyo de la Federación a fin de ser solventadas de manera oportuna.

Sabemos que es muy extensa la lista que conforma esta serie de peticiones en materia presupuestal, no obstante, confiamos en que a partir del diagnóstico que ubica en sus dimensiones sociales y económicas, la problemática a atender, será certera y oportuna la estrategia que se diseñe con el fin de darle solución.

Para ello se requiere la asignación de una suficiencia presupuestal que haga posible contar con un margen de maniobra para cumplir los compromisos, ya sea en materia de realización de obras, la aplicación en proyectos de inversión, programas sociales, entre otros.

Con la presente propuesta, aspiramos a que, en la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011, esta soberanía pueda adoptar una decisión que considere y respalde los siguientes proyectos que son de la mayor importancia para Convergencia:

Nombre del proyecto: Construcción de aula de autoacceso para el desarrollo de habilidades culturales, Cuauntempan, Puebla.

Monto: 8,535,255.24

Nombre del proyecto: Construcción del centro cultural Tonanitla, estado de México.

Monto: 19,860,900.00

Nombre del proyecto: Aulas de autoacceso para el desarrollo de habilidades culturales, Teplataxco, Veracruz.

Monto: 8,535,255.12

Nombre del proyecto: Teatro de la ciudad, galería de exposiciones temporales y biblioteca, San Pedro Cholula, Puebla.

Monto: 12,870,000.00

Nombre del proyecto: Centro de desarrollo cultural y recreativo, San Pedro Cholula, Puebla.

Monto: 85,000,000.00

Total: 134,801,410.36

Sabedores de la importante sensibilidad que la Comisión de Cultura ha mostrado con un interesante trabajo en respaldo a las actividades culturales que tienen lugar en todo el país, solicitamos su intervención para que se destinen los recursos arriba solicitados a favor de los programas mencionados.

Por lo expuesto, someto a consideración del esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía exhorta a la Comisión de Cultura para que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se aprueben recursos adicionales para los proyectos de inversión señalados orientados a contar con espacios destinados a la promoción y difusión de la cultura.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 13 de octubre de 2010.

Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para proyectos de inversión orientados a construir infraestructura urbana, como caminos, puentes y pavimentación de calles, a cargo del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, Pedro Jiménez León, diputado federal del Grupo Parlamentario de Convergencia, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se realiza un exhorto a la Comisión de Transportes para que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se aprueben recursos adicionales para los proyectos de inversión específicos orientados a la construcción de infraestructura urbana como caminos, puentes y pavimentación de calles, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El mejoramiento de las condiciones de la infraestructura urbana que forma parte de las poblaciones que han transitado de comunidades rurales a asentamientos urbanos es un imperativo que redunda en beneficios para el desplazamiento de sus habitantes a través de todos los medios.

En este sentido se inscriben las obras que lo mismo contribuyen a la construcción de caminos, puentes y libramientos, así como la muy legítima demanda de contar con calles cuya calidad en cuanto a pavimentación, permita la circulación constante de sus moradores, superando las condiciones adversas que en muchas ocasiones derivan de su ubicación geográfica.

La realización de estas obras constituye un claro ejemplo de la superación de no pocas dificultades que rodean la consolidación de pequeños centros urbanos que se abren paso como una muestra de las transformaciones que experimentan más y más regiones del país.

Por ello, dotarlas de la infraestructura a la que hemos aludido constituye un imperativo que cristaliza los anhelos de la población beneficiada y permite una mejor rendición de cuentas del nivel de gobierno más cercano a la gente, como lo constituye el municipio, para quien resulta primordial la atención y mejoramiento de este tipo de obras.

En el Grupo Parlamentario de Convergencia consideramos que gran parte de los problemas que enfrentan diversas entidades o regiones del país pueden ser atendidas, mediante la combinación de una serie de políticas públicas que cuenten con el respaldo presupuestal que les permita su viabilidad.

En este sentido, Convergencia desea superar las limitaciones de un presupuesto acotado, por lo tanto, plantea la necesidad de alcanzar consensos para el tratamiento de diversas problemáticas que requieren el apoyo de la Federación a fin de ser solventadas de manera oportuna.

Sabemos que es muy extensa la lista que conforma esta serie de peticiones en materia presupuestal, no obstante, confiamos en que a partir del diagnóstico que ubica en sus dimensiones sociales y económicas la problemática por atender, será certera y oportuna la estrategia que se diseñe con el fin de darle solución.

Para ello se requiere la asignación de una suficiencia presupuestal que haga posible contar con un margen de maniobra para cumplir los compromisos, ya sea en materia de realización de obras, la aplicación en proyectos de inversión, programas sociales, entre otros.

Con la presente propuesta, aspiramos a que, en la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, esta soberanía pueda adoptar una decisión que considere y respalde los siguientes proyectos que son de la mayor importancia para Convergencia:

Nombre del proyecto: Construcción de pavimento y modernización del camino Palomares-Tuxtepec, Oaxaca.

Monto: 23,664,662.30

Nombre del proyecto: Construcción de pavimento y modernización del camino Palomares Tuxtepec. Playa Vicente, Veracruz.

Monto: 38,992,440 40

Nombre del proyecto: Repavimentación de calles, Cacalchén, Yucatán.

Monto: 17,742,893.54

Nombre del proyecto: Boulevard Glorieta F.S.S Nextlalpan, Estado de México

Monto: 74,578,459.87

Nombre del proyecto: Pavimentación hidráulica de calles en colonias populares, Calnali, Hidalgo.

Monto: 3,634,396.67

Nombre del proyecto: Puente vehicular, arroyo Zacate, Playa Vicente, Veracruz.

Monto: 3,518,108.53

Nombre del proyecto: Libramiento sierra de Otontepec, Veracruz.

Monto: 6,408,971.35

Nombre del proyecto: Pavimentación asfáltica camino a Juchitlán, municipio de Cuquio, estado de Jalisco.

Monto: 23,816,194.33

Nombre del proyecto: Construcción de pavimento hidráulico a la colonia Vásquez Vela, Coscomatepec, Veracruz.

Monto: 6,331,183.02

Nombre del proyecto: Construcción de pavimento asfáltico a Candelaria-Tlaltengo, Coscomatepec, Veracruz.

Monto: 7,344,700.68

Nombre del proyecto: Pavimentación asfáltica del libramiento de Peribán, Michoacán.

Monto: 6,657,094.94

Nombre del proyecto: Pavimentación del camino El Carmen Ilita Ajocotezingo-Pablogco-Gómez Oriente Tlatlauquitepec, Puebla.

Monto: 33,787,998.48

Nombre del proyecto: Construcción de pavimentación de concreto hidráulico en la comunidad La Estancia de Chilcuautla, Hidalgo.

Monto: 14,823,449.56

Nombre del proyecto: Pavimentación de concreto hidráulico del camino Naupan-Pahuatlán de Valle, Puebla.

Monto: 112,778,562.98

Nombre del proyecto: Construcción de pavimentación de concreto hidráulico de la avenida Cuauhtémoc, Valle de Chalco Solidaridad, estado de México.

Monto: 129,803,607.76

Nombre del proyecto: Rehabilitación carretera, Cocineras Santa Anaya Mejay Chilcuautla, Hidalgo.

Monto: 14,789,782.60

Nombre del proyecto: Pavimentación asfáltica, drenaje, guarniciones y banquetas, colonia Prados de San Francisco. Calle: Claveles, lirios, Jasmines, Laureles, Begonias y Margaritas, Nextlalpan, F.S.S., estado de México.

Monto: 13,561,654.16

Total: 282,293,142.33

Sabedores de la importante sensibilidad que la Comisión de Transportes ha mostrado con un incesante esfuerzo a favor de dotar de la infraestructura urbana a todos los asentamientos humanos que lo requieren para el mejoramiento de sus caminos y calles, entre otros temas, solicitamos su intervención para que se destinen los recursos arriba solicitados a favor de los programas mencionados.

Por lo expuesto, someto a la consideración del esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía exhorta a la Comisión de Transportes para que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se aprueben recursos adicionales para los proyectos de inversión específicos orientados a la construcción de infraestructura urbana como caminos, puentes y pavimentación de calles.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 14 de octubre de 2010.

Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para proyectos de inversión orientados a remodelar edificios públicos, a cargo del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, Pedro Jiménez León, diputado federal del Grupo Parlamentario de Convergencia, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se realiza un exhorto a la Comisión de Desarrollo Metropolitano para que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se aprueben recursos adicionales para los proyectos de inversión específicos orientados a la remodelación de edificios públicos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las tareas de gobierno a nivel municipal, se desarrollan, en muchas ocasiones, en situaciones adversas que dificultan las actividades de los funcionarios municipales.

En un país donde prevalece una visión que sólo mira a lo que ocurre en las grandes metrópolis, se pasa por alto, tal vez por omisión o por indiferencia, lo que sucede en pequeñas poblaciones que tienen una dinámica de vida muy peculiar.

Es así que en una combinación de olvido o desatención se van configurando condiciones que obstaculizan un eficaz desempeño de las responsabilidades que corresponden a las autoridades municipales, como ocurre con el estado que guardan algunos edificios públicos.

Por ello, se requiere dar solución a esta problemática, a fin de proporcionar a los funcionarios de ese nivel de gobierno, un marco propicio que mejore las condiciones en que desarrollan sus tareas.

Desde nuestra perspectiva, deben incrementarse los recursos para programas que atiendan a grupo vulnerables, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, en el sentido de que la política nacional de desarrollo tiene entre sus objetivos propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos; promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución; fortalecer el desarrollo regional equilibrado, y garantizar formas de participación social.

En el Grupo Parlamentario de Convergencia consideramos que gran parte de los problemas que enfrentan diversas entidades o regiones del país pueden ser atendidas, mediante la combinación de una serie de políticas públicas que cuenten con el respaldo presupuestal que les permita su viabilidad.

En este sentido, Convergencia desea superar las limitaciones de un presupuesto acotado, por lo tanto, plantea la necesidad de alcanzar consensos para el tratamiento de diversas problemáticas que requieren el apoyo de la federación a fin de ser solventadas de manera oportuna.

Sabemos que es muy extensa la lista que conforma esta serie de peticiones en materia presupuestal, no obstante, confiamos en que a partir del diagnóstico que ubica en sus dimensiones sociales y económicas, la problemática a atender, será certera y oportuna la estrategia que se diseñe con el fin de darle solución.

Para ello se requiere la asignación de una suficiencia presupuestal que haga posible contar con un margen de maniobra para cumplir los compromisos, ya sea en materia de realización de obras, la aplicación en proyectos de inversión, programas sociales, entre otros.

Con la presente propuesta, aspiramos a que, en la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, esta soberanía pueda adoptar una decisión que considere y respalde el siguiente proyecto, que es de la mayor importancia para Convergencia:

Nombre del proyecto: Remodelación del palacio municipal, Nextlalpan, estado de México.

Monto: 4,250,035.81

Total: 4,250,035.81

Sabedores de la importante sensibilidad que la Comisión de Desarrollo Metropolitano ha mostrado con un interesante trabajo a favor de contar con edificios públicos que permitan un óptimo desempeño de las tareas de gobierno, solicitamos su intervención para que se destinen los recursos arriba solicitados a favor del programa mencionado.

Por lo expuesto, someto a consideración del esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía exhorta a la Comisión de Desarrollo Metropolitano para que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se aprueben recursos adicionales para los proyectos de inversión específicos orientados a la remodelación de edificios públicos.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 13 de octubre de 2010.

Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para proyectos de inversión orientados a construir centros hospitalarios, a cargo del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, Pedro Jiménez León, diputado del Grupo Parlamentario de Convergencia, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se realiza un exhorto a la Comisión de Salud para que en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se aprueben recursos adicionales para los proyectos de inversión específicos orientados a la construcción de centros hospitalarios, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La salud de la población es un tema que debe ocupar un lugar prioritario en la agenda de gobierno.

Las condiciones que enfrentan muchos mexicanos, carentes de atención médica oportuna, exige que se adopten medidas para dar una pronta y eficiente respuesta a quienes no tienen acceso a ese servicio fundamental.

La concentración de centros hospitalarios en metrópolis ha generado una desatención en algunas poblaciones que no se han visto beneficiadas con esas instituciones ya sea por la distancia u otras circunstancias, por lo que se requieren esfuerzos adicionales que brinden la posibilidad de otorgar atención en sus lugares de origen a muchos mexicanos, evitando así su desplazamiento hacia otros lugares, con las secuelas de sobredemanda y las repercusiones que ello genera.

La descentralización que requiere el sistema de salud podría traer grandes beneficios, tanto en la mejora de la salud de los mexicanos, así como en brindar la posibilidad de evitar los recorridos de grandes distancias que, en muchas ocasiones, se ven obligados a realizar muchos pobladores de lugares que no les ofrecen esa oportunidad.

En el Grupo Parlamentario de Convergencia consideramos que gran parte de los problemas que enfrentan diversas entidades o regiones del país pueden ser atendidas, mediante la combinación de una serie de políticas públicas que cuenten con el respaldo presupuestal que les permita su viabilidad.

En este sentido, Convergencia desea superar las limitaciones de un presupuesto acotado, por lo tanto, plantea la necesidad de alcanzar consensos para el tratamiento de diversas problemáticas que requieren el apoyo de la federación a fin de ser solventadas de manera oportuna.

Sabemos que es muy extensa la lista que conforma esta serie de peticiones en materia presupuestal, no obstante, confiamos en que a partir del diagnóstico que ubica en sus dimensiones sociales y económicas, la problemática a atender, será certera y oportuna la estrategia que se diseñe con el fin de darle solución.

Para ello se requiere la asignación de una suficiencia presupuestal que haga posible contar con un margen de maniobra para cumplir los compromisos, ya sea en materia de realización de obras, la aplicación en proyectos de inversión, programas sociales, entre otros.

Con la presente propuesta, aspiramos a que, en la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2011, esta soberanía pueda adoptar una decisión que considere y respalde el siguiente proyecto que es de la mayor importancia para Convergencia:

Nombre del proyecto: Hospital general con 60 camas, San Pedro Cholula, Puebla

Monto: 250,000,000.00

Total: 250,000,000.00

Sabedores de la importante sensibilidad que la Comisión de Salud ha mostrado con un interesante trabajo a favor de la población del país, a fin de incrementar la infraestructura hospitalaria, es que solicitamos su intervención para que se destinen los recursos arriba solicitados a favor del programa mencionado.

Por lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración del esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía exhorta a la Comisión de Salud para que en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se aprueben recursos adicionales para los proyectos de inversión específicos orientados a la construcción de centros hospitalarios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2010.

Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para proyectos de inversión orientados al turismo en municipios de Puebla, a cargo del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, Pedro Jiménez León, diputado federal del Grupo Parlamentario de Convergencia, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se realiza un exhorto a la Comisión de Turismo a efecto de que en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se aprueben recursos adicionales para los proyectos de inversión específicos enunciados que se sitúan en distintos municipios del estado de Puebla al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México contamos con una diversa gama de puntos turísticos a lo largo de nuestro territorio, los cuales le dan una imagen muy buena a nuestro país a nivel mundial, que lo convierten en un destino turístico importante para los visitantes tanto extranjeros como nacionales, pero debido a la inseguridad y la falta de difusión, se ha visto afectado en el número de visitantes y, en consecuencia, el nivel de las divisas.

Ante esta situación, es obligación de todos encontrar respuestas al deterioro que aqueja al sector, para poder incrementar la competitividad del sector turismo, así como para poder facilitar la inversión privada nacional y extranjera e impulsar zonas turísticas sustentables, además de brindarle más apoyo a las empresas, para obtener una mayor proyección a nivel mundial.

Para la consecución de estos objetivos, es necesario destinar un mayor presupuesto que permita incrementar la infraestructura turística del país.

Por otra parte, los gobiernos deben invertir en infraestructura para abatir primeramente la inseguridad pública, la cual genera que la entrada de visitantes extranjeros a nuestros destinos disminuya.

Afortunadamente, nuestro país posee importantes destinos turísticos, los cuales pueden resultar cada vez más productivos para poder implantar una estrategia turística especial que recupere al sector.

Siendo el turismo un área importante para generar mayor derrama económica, puede constituirse en el instrumento que permita dar un importante impulso al desarrollo.

De acuerdo con el Consejo Nacional Empresarial Turístico, en 2009 se registró un crecimiento de 5.6 por ciento en la llegada de turistas internacionales durante los primeros siete meses de 2010, y en los ingresos por visitante internacional un aumento de 8.1 por ciento, esto nos marca y nos da una perspectiva amplia para poner un mayor esfuerzo para tener un mayor desarrollo.

En el Grupo Parlamentario de Convergencia consideramos que gran parte de los problemas que enfrentan diversas entidades o regiones del país pueden ser atendidas, mediante la combinación de una serie de políticas públicas que cuenten con el respaldo presupuestal que les permita su viabilidad.

En este sentido, Convergencia desea superar las limitaciones de un presupuesto acotado, por tanto, plantea la necesidad de alcanzar consensos para el tratamiento de diversas problemáticas que requieren el apoyo de la federación a fin de ser solventadas de manera oportuna.

Sabemos que es muy extensa la lista que conforma esta serie de peticiones en materia presupuestal, no obstante, confiamos en que a partir del diagnóstico que ubica en sus dimensiones sociales y económicas, la problemática a atender será certera y oportuna la estrategia que se diseñe con el fin de darle solución.

Para ello se requiere la asignación de una suficiencia presupuestal que haga posible contar con un margen de maniobra para cumplir los compromisos, ya sea en materia de realización de obras, la aplicación en proyectos de inversión, programas sociales, entre otros.

Con la presente propuesta, aspiramos a que, en la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, esta soberanía pueda adoptar una decisión que considere y respalde los siguientes proyectos que son de la mayor importancia para Convergencia:

Proyecto/monto

(San Pedro Cholula, Puebla)

Imagen urbana Barrio de Jesús Tlatempa: 23 millones 940 mil pesos;

Imagen urbana punta auxiliar de San Matías Cocoyotlatla: 50 millones 700 mil pesos;

Imagen urbana Plaza de la Concordia y sus alrededores: 42 millones de pesos;

Rehabilitación y restauración del portal con arcos: 2 millones 26 mil 596 pesos.

Total: 118 millones 666 mil 596 pesos.

Sabedores de la importante sensibilidad que la Comisión de Turismo ha mostrado con un interesante trabajo en favor de este sector, que merece la mayor preocupación y atención, es que solicitamos su intervención para que se destinen los recursos solicitados en favor del programa mencionado.

Por lo expuesto, es que someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía realiza un exhorto a la Comisión de Turismo a efecto de que en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se aprueben recursos adicionales para los proyectos de inversión específicos enunciados, que se sitúan en distintos municipios del estado de Puebla.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 14 de octubre de 2010

Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos suficientes al Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos diputados federales Norma Leticia Salazar Vázquez y José Antonio Arámbula López, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someten a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que se considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 la suficiente asignación de recursos al Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a fin de que se haga el pago del apoyo social a que se refiere la fracción II del artículo 5° de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, con base en las siguientes

Consideraciones

Durante el periodo comprendido de 1942 a 1964 más de cinco millones de trabajadores mexicanos ingresaron a laborar a las zonas agrícolas de los Estados Unidos de América.

Mediante el intercambio diplomático entre los gobiernos de México y Estados Unidos se decidió establecer una cláusula que derivó en la creación del Fondo de Ahorro Campesino como parte del convenio bracero, consistente en el 10 por ciento de los salarios pagados a los trabajadores migrantes, que concluyó en 1963, éstos recursos fueron enviados por parte del gobierno americano al ahora desaparecido Banrural.

Se estableció una modificación en el año de 1948 mediante la cual los braceros deberían recibir las cantidades aportadas mediante cheque certificado a su nombre al momento de regresar a México. Es decir, no hay duda que la prestación generada con motivo del trabajo desempeñado, no se sujeta a ninguna condicionante por parte de quien realizó dicho descuento mucho menos debe serlo por quien únicamente es encargado de entregarlo.

Con fecha 25 de mayo de 2005, a fin de dar solución a dicha problemática, el entonces Presidente Vicente Fox publicó la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos; dicho Fideicomiso tendría por finalidad otorgar un apoyo social en los términos establecidos en esta Ley a los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de América durante los años de 1942 a 1964, de conformidad con lo establecido por el Programa de Trabajadores Migratorios o, en su caso, a sus cónyuges o a los hijos o hijas que sobrevivan y que acrediten la procedencia del mismo, de conformidad con los requisitos establecidos por el artículo 6o. de la ley.

No obstante, derivado de la difícil situación económica que viven nuestro país y el mundo en general es que no ha sido posible liquidar de forma total el apoyo social a los ex trabajadores migratorios, razón por la cual desde su creación y hasta fechas recientes dicho Fideicomiso, a través de sus Reglas de Operación, ha establecido diversos mecanismos que faciliten el pago del apoyo social, asumiendo con ello el compromiso que tiene el gobierno federal de cumplir con la ley de referencia.

Ahora bien, el pasado 10 de septiembre de 2010, con lo que entró en vigor al día siguiente de su publicación, el titular del Poder Ejecutivo Federal publicó el decreto por el cual se reforman los artículos 2o., fracción I; 3o., párrafo primero; 5o., fracción II, y VI, párrafo primero; y se adicionan el artículo 5o., fracción III, con un inciso a), recorriéndose en su orden los subsecuentes incisos; y 6o., fracción III, con un inciso e), y fracción IV, con los numerales 3 y 4, a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos.

De conformidad con dicho decreto, el artículo 5o. establece literalmente lo siguiente:

“Artículo 5o. ...

I. ...

II. Elaborar y publicar las bases y procedimientos a través de los cuales se autorice otorgar el apoyo social por una sola vez, por la cantidad base de 38 mil pesos en una sola exhibición ...”

A su vez, el diverso artículo séptimo transitorio del referido decreto, establece a la letra lo siguiente:

“Artículo Séptimo. La entrega del apoyo social establecido en la fracción II del artículo 5 de la Ley para el ejercicio fiscal de 2011, estará sujeta al monto de los recursos que la honorable Cámara de Diputados apruebe para dicho ejercicio fiscal.”

De la transcripción de dichos preceptos legales se advierte claramente que corresponderá a esta soberanía la asignación suficiente de recursos para que se realice el pago de la cantidad de $38,000.00 (treinta y ocho mil pesos, moneda nacional) por concepto del apoyo social a que se refiere la citada ley.

En este contexto, ha transcurrido casi medio siglo para que los ex trabajadores braceros lograran recibir el pago correspondiente por el descuento realizado a su salario. Con el decreto publicado el pasado 10 de septiembre se presenta una oportunidad inmejorable para que esta honorable Cámara de Diputados dé solución definitiva al grave problema que viven estos ex trabajadores mexicanos, al encontrarse imposibilitados de recibir el apoyo social que por ley les corresponde, mediante la aprobación de los recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011.

No debe ser ajeno a esta soberanía el hecho de que para estar en posibilidades de realizar la entrega-pago a los ex trabajadores migratorios mexicanos que se encuentran inscritos en el padrón correspondiente, harían falta recursos por aproximadamente la cantidad de $5,304,000,000.00 (cinco mil trescientos cuatro millones de pesos 00/100, moneda nacional), por lo cual se estima oportuno que se considere dentro del PEF para el ejercicio fiscal 2011, la asignación de la totalidad de dicha suma.

Consideramos que es de elemental justicia que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados estudie, analice y, en su caso, adecue el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, con el objeto de que se aprueben los recursos, en los términos solicitados, que atiendan de forma definitiva el pago del apoyo social a que se refiere la ley de la materia; aunado al hecho de que el propio ordenamiento jurídico es claro al establecer la obligación a todas las autoridades involucradas, debiendo la Cámara de Diputados honrar dicho compromiso en la parte que le corresponde como lo es la asignación de recursos suficientes para tal efecto.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en la discusión, asignación y adecuación al proyecto de Presupuesto de Egresos para 2011, se etiqueten recursos por la cantidad de $5,304,000,000.00 (cinco mil trescientos cuatro millones de pesos 00/100, moneda nacional) al Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5o., fracción II, y séptimo transitorio del decreto publicado en el D.O.F. con fecha 10 de septiembre de 2010, por el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de septiembre de 2010.

Diputados: Norma Leticia Salazar Vázquez, José Antonio Arámbula López (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Gobernación de esta soberanía a considerar la equidad de género en el proceso de renovación del Consejo General del IFE, suscrita por las diputadas Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes y María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del PAN

Las que suscriben, diputadas federales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Instituto Federal Electoral es el organismo público autónomo responsable de la organización de las elecciones y es el garante de la democracia en México. A través de él, pueden ejercerse los derechos político electorales de los ciudadanos para acceder a una democracia representativa a través de elecciones libres, auténticas y periódicas para la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

La función que el IFE ejerce es de tal importancia que permite el funcionamiento equilibrado de las fuerzas políticas en el país.

La reforma electoral de 2007 estableció en el artículo cuarto transitorio constitucional, inciso c), que la Cámara de Diputados “elegirá, de entre los ocho consejeros electorales en funciones a la entrada en vigor de este decreto, a tres que concluirán su mandato el 15 de agosto de 2008 y a tres que continuarán en su encargo hasta el 30 de octubre de 2010”.

En ese sentido, y en cumplimiento a dicho mandato constitucional, se determinó que los consejeros electorales Arturo Sánchez Gutiérrez, Virgilio Andrade Martínez y Marco Antonio Gómez Alcántar serían quienes concluyeran su mandato el 30 de octubre del año en curso.

No debemos olvidar que los consejeros electorales son elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 110 del Cofipe, lo que hace directamente responsable a esta soberanía el garantizar la igualdad de oportunidades para todas y todos los aspirantes al cargo.

Un aspecto relevante es que en el actual Consejo General sólo hay una mujer consejera, la doctora María Macarita Elizondo Gasperín, aun y cuando nuestro país ha suscrito diversos tratados internacionales cuyo fin es garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, tal es el caso de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) la cual establece en el artículo tercero que “los Estados parte tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.

La igualdad de oportunidades para hombres y mujeres está garantizado en nuestra Constitución Política en su artículo primero al señalar que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Para Acción Nacional toda forma de discriminación o desigualdad de oportunidades por razón de sexo, edad, capacidad física, etnia, religión, convicción, condición económica o cualquier otra, debe ser rechazada, corregida y en su caso sancionada.

La equidad de género significa que mujeres y hombres deben desarrollarse plena, libre y responsablemente. La discriminación existente contra la mujer en la familia, en el trabajo, la política y en las demás esferas sociales es inaceptable. Los hombres y mujeres deben reconocer mutuamente su valor propio, y responsabilizarse el uno del otro, compartiendo las tareas que les corresponden dentro y fuera de la familia, sobre la base de igualdad de derechos y obligaciones.

La democracia, como sistema de vida y de gobierno, se funda en la igualdad de todos los seres humanos, condición esencial para responsabilizar a las personas del cuidado y procuración del bien común.

El buen funcionamiento de la democracia requiere de instituciones fuertes, en donde la participación de la mujer sea cada vez mayor y representativa.

Por lo expuesto, las suscritas someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Gobernación y al pleno de la honorable Cámara de Diputados a efecto de que en el proceso de renovación del Consejo General del IFE no se elijan a más de dos consejeros del mismo género.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2010.

Diputadas: Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, María Joann Novoa Mossberger (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a ejercer la facultad de atracción y realizar las acciones de investigación pertinentes para esclarecer el secuestro de michoacanos que tomaban vacaciones en Guerrero, a cargo del diputado Alfonso Jesús Martínez Alcázar, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Alfonso Jesús Martínez Alcázar, diputado federal de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que otorgan los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente al procurador general de la República a efecto de que en el marco de sus atribuciones constitucionales, ejerza la facultad de atracción y realice todas las acciones de investigación pertinentes, con objeto de esclarecer el secuestro de personas del estado de Michoacán que se encontraban de vacaciones en el estado de Guerrero, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 2 de octubre del año en curso, se tuvo conocimiento que un grupo conformado por 22 personas del sexo masculino, jóvenes y adultos, provenientes del estado de Michoacán, al encontrarse en el puerto de Acapulco, presuntamente como vacacionistas, fueron secuestrados.

Los días han transcurrido y respecto a las acciones que se han implantado en cuanto a la investigación de los hechos, únicamente ha arrojado la ubicación de los vehículos en los cuales se trasladaron los turistas michoacanos al puerto de Acapulco, días después en que ocurrieron los hechos.

La autoridad que tomó conocimiento de los hechos fue precisamente la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), iniciando la averiguación previa número TAB/3A/AM/TUR/II/0264/2010, pero actualmente las personas se encuentran en calidad de desaparecidas y sin que hasta ahora se tenga conocimiento del motivo que propició estos hechos, así como tampoco se haya hecho públicas las líneas de investigación.

De acuerdo con un comunicado de la Procuraduría estatal, se sabe que dentro de las circunstancias que pernearon estos hechos, tuvo acontecimiento la intervención de un grupo de hombres armados, quienes se transportaban en una camioneta Nissan tipo X-Trail color blanco.

Si bien es cierto, la propia dependencia, mediante boletín de prensa señala que se encuentran realizando investigaciones en coordinación tanto con la Procuraduría del estado de Michoacán y la Procuraduría General de la República, se insiste que hasta el momento no se cuentan con resultados concretos en torno a resolver estos hechos, que tienen en suma preocupación a quienes residen en el estado de Michoacán, así como a la sociedad en general.

Aunado a lo anterior, con relación a estos acontecimientos no se pasa por alto el pronunciamiento que hizo al respecto la secretaria de Turismo, que afirmó que los 20 michoacanos desaparecidos en Acapulco el pasado 1 de octubre no tenían perfil de turistas, ya que no tenían reservación de hotel; viajaban hombres solos y no en familia.

Sin dejar de advertir que si bien los artículos 21 y 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que incumbe al Ministerio Público de la Federación la investigación y persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal, también es cierto que, en virtud de su facultad de atracción, la representación social federal puede conocer de los delitos del fuero común, cuando, de acuerdo con la Carta Magna, “las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales;

“En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales.” 1

De la misma forma, en el Código Federal de Procedimientos Penales se establece lo siguiente:

“En caso de concurso de delitos, el Ministerio Público federal será competente para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales, y los jueces federales tendrán asimismo, competencia para juzgarlos.” 2

Finalmente en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República previene lo siguiente:

“Corresponde al Ministerio Público de la Federación...

d) Ejercer sus facultades de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes cuando las leyes otorguen competencia a las autoridades del fuero común, siempre que prevenga en el conocimiento del asunto, le solicite al Ministerio Público local la remisión de la investigación o se actualicen las hipótesis que para tal efecto se contemplen en ley.” 3

Por lo que en estas condiciones y con el conocimiento de que la Procuraduría General de la República, se encuentra interviniendo de manera coordinada con las Procuradurías de Justicia de los estados de Michoacán y Guerrero, además de la relevancia y expectativa que genera dicho acontecimiento en perjuicio de la sociedad, se considera oportuno que, a efecto de que se agoten todas las líneas de investigación posible para el esclarecimiento de los hechos, y toda vez que el secuestro de vacacionistas pudiere estar relacionado con actividades de la delincuencia organizada, es que se somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al procurador general de la República a efecto de que en el marco de sus atribuciones constitucionales ejerza la facultad de atracción y realice todas las acciones de investigación pertinentes, con objeto de esclarecer el secuestro de las personas del estado de Michoacán que se encontraban de vacaciones en el estado de Guerrero.

Notas

1 Artículo 73 fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Artículo 10, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales.

3 Artículo 4o., fracción I, inciso d) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Presentado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2010.

Diputado Federal Alfonso Jesús Martínez Alcázar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Sonora y a los titulares de la ASF, de la Conagua, de la SHCP y de la PGR a realizar las actividades conducentes a impedir el inicio de la construcción del acueducto Independencia, en esa entidad; y se solicita el envío a esta soberanía de un informe detallado del proceso administrativo, documental y de licitación de dicho proyecto hidrológico, así como el cumplimiento de la suspensión provisional otorgada por el Juzgado Octavo federal, a cargo del diputado Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

Durante los últimos diez años, el problema de la escasez de agua se ha convertido en una prioridad en la agenda nacional. México ocupa el lugar 94 en cuanto a disponibilidad del agua a nivel mundial.

Existen claras señales del agotamiento de los mantos acuíferos nacionales. Hace 50 años se podía encontrar agua a los 4 metros de perforación; hoy día es necesario realizar perforaciones de hasta 800 metros para encontrar el vital líquido, como sucede en la comarca lagunera de Durango y Coahuila.

Es imperativo trabajar en el diseño de políticas públicas que permitan la recuperación de los mantos acuíferos, el uso más eficiente del agua, el fomento al tratamiento y reutilización de las aguas residuales, así como contar con una agenda de proyectos hidrológicos, que tengan como objetivo principal generar un impacto positivo en los diferentes grupos sociales y productivos del país.

Es fundamental para el sano y correcto desarrollo de México que dichas obras se realicen considerando las condiciones y características propias de cada una de las regiones y dejar de lado los intereses particulares, dando preferencia al beneficio colectivo.

No se puede lucrar ni aprovecharse de la necesidad de la gente para obtener algún tipo de beneficio o reconocimiento. Mucho menos, mentir, engañar o amedrentar, tal y como se ha venido haciendo desde el gobierno del estado de Sonora, en contubernio con los representantes y el titular de la Comisión Nacional del Agua, quienes se han empeñado en realizar el acueducto Independencia El Novillo-Hermosillo.

El 29 de julio del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la licitación para dicha obra, que comprende, además de la construcción, la elaboración de un proyecto integral para el diseño y construcción del acueducto Independencia, lo que significa que aún no existe el proyecto ejecutivo.

Ante esta situación, 4 módulos del distrito de riego 041 del Río Yaqui, Sonora, promovieron amparos individuales contra la licitación del acueducto Independencia. La juez octava de distrito, con residencia en Ciudad Obregón, Sonora, concedió la suspensión provisional para efectos de que en el proceso de licitación de la obra para construir el acueducto, no se dicte el fallo y, en consecuencia, no se llevara a cabo la adjudicación, para que el agua de la presa El Novillo no fuese conducida a la ciudad de Hermosillo. Ambas suspensiones se mantienen vigentes.

Sin embargo y en evidente desacato del mandato judicial, el pasado 6 de octubre del año en curso, se dio a conocer el resultado de la citada licitación y se adjudicó la obra a la constructora Exploraciones Mineras del Desierto, consorcio integrado por 16 constructoras del estado de Sonora.

El problema del agua en el sur de Sonora no está en el imaginario de sus habitantes. De 2003 a 2004 se tuvieron que cerrar las 3 presas que abastecen el Valle del Yaqui por la sequía, entre ellas, la presa del Novillo, de la que pretenden reencauzar el agua.

Los escurrimientos de la cuenca del Río Yaqui han disminuido en un 36 por ciento. Reencauzar el novillo generará, sin duda alguna, efectos negativos, ya que las comunidades de Cajeme y del Valle del Yaqui recibirán un porcentaje mucho menor de agua, poniendo en riesgo su sustentabilidad y la de 7 municipios del estado. Recordemos que 2 de cada 3 panes del país se producen en el sur de Sonora.

Tres de cada cuatro sonorenses creemos que la construcción de este acueducto provocará conflicto social y desunión entre los habitantes de Sonora. Como sonorense, también quiero una solución al problema del agua para todo Sonora, pero el acueducto Independencia no lo es. Nos oponemos enérgicamente a las afectaciones al sur de Sonora y a la soberanía alimentaria de nuestro país.

Compañeros legisladores, el sur del estado de Sonora produce más de 70 por ciento del trigo que consume este país. Quitarnos el agua es quitarnos el trigo. En México no podemos producir todo el trigo que consumimos, por ello importamos de otros países, como Rusia, donde la devastadora sequía e incendios destruyeron más de una quinta parte de sus cosechas y que cerró las exportaciones de granos hasta diciembre de 2011. Menor oferta significa mayores precios y mayores precios significa golpear al bolsillo de las y los mexicanos.

Desde esta tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario del PRI en la LXI legislatura, le recordamos al gobernador del estado de Sonora y al titular de la Comisión Nacional del Agua que buen gobierno es escuchar; buen gobierno es evitar el conflicto; buen gobierno es respetar y hacer valer la ley y que, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, queda estrictamente prohibido interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hidráulicos.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proporción con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobernador constitucional del estado de Sonora a atender, de inmediato, las suspensiones provisionales concedidas y detenga la realización del proyecto del acueducto Independencia El Novillo-Hermosillo, acatando la resolución del juzgado octavo federal.

Segundo. Se exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue el proceso de licitación del proyecto mencionado en el resolutivo anterior y determine si en éste fueron observadas las formalidades consideradas en la legislación vigente y envíe el informe de tal investigación a esta soberanía.

Tercero. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a enviar a esta soberanía la información y los detalles relacionados con el proyecto del acueducto Independencia El Novillo-Hermosillo, incluyendo el proyecto ejecutivo de éste y la validación correspondiente, con el objetivo de corroborar que el proceso de licitación se realizó de acuerdo a la normatividad aplicable, acompañando copia certificada del estudio de impacto ambiental correspondiente así como de los demás estudios que tuvieran lugar a efectos de justificar la realización del proyecto.

Cuarto. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua y al Organismo de Cuenca Noroeste o cualquier otra dependencia que haya participado en el proceso de adquisición de traspaso de derechos y de asignación de derechos de aproximadamente 41 millones de metros cúbicos de agua de los productores de la zona norte del estado de Sonora, particularmente de los municipios de Granados y Huásavas, así como cualquier otro involucrado en dicho proceso, para que explique el mecanismo llevado a cabo para ello, enviando copia certificada de todos y cada uno de los documentos generados con dicho procedimiento administrativo, incluyendo sin limitar, copia de los títulos de concesión, pagos de derechos de los mismos de los últimos cinco años a la fecha, copia del contrato de cesión de derechos o del que se haya utilizado para el traspaso de tales derechos y de las autorizaciones concedidas para ello por tratarse de concesiones, y en general una copia completa de los documentos relacionados con estas operaciones cualquiera que hubiera sido la figura jurídica que se haya utilizado.

Quinto. Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a hacer llegar a la Cámara de Diputados un informe detallado de los aspectos relacionados con el acueducto en mención, con la finalidad de poder verificar que los recursos asignados se ejecutarán con apego irrestricto a la legalidad; es decir, respetando los derechos de terceros en términos de lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento.

Sexto. Se exhorta al procurador general de la República a ordenar que se inicien las averiguaciones previas correspondientes en contra de quien o quienes resulten responsables por la comisión de los delitos consistentes en violaciones a la Ley de Amparo, por quienes hayan rendido falsos informes a la juez octavo de distrito en el estado de Sonora, en el trámite de los juicios de amparo 863/2010 y 865/2010. Asimismo contra quienes resulten responsables por la violación de las suspensiones provisionales decretadas por dicha juzgadora tanto en los mencionados expedientes como en el diverso 1021/2010. De la misma manera, para que se investigue la posible comisión de delitos consistentes en la simulación de actos jurídicos relacionados con la transferencia de supuestos derechos derivados de concesiones para uso de aguas superficiales del Río Yaqui, en Sonora, que se tradujeron en la asignación a la Comisión Estatal del Agua del Estado de Sonora mediante los títulos correspondientes, de un volumen de 41 millones de metros cúbicos, a pesar de que tales concesiones se encontraban vencidas, y en su oportunidad y de ser lo procedente, consigne las averiguaciones al juez de distrito que corresponda; y finalmente, para que investigue los actos de persecución y hostigamiento en contra de los productores agrícolas, su dirigentes, los representantes legales de los módulos de riego quejosos, y se respete el derecho que todos ellos tienen a inconformarse con los actos que consideran violatorios de sus garantías individuales, informando detallada y puntualmente a esta soberanía.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2010.

Diputados: Rogelio Díaz Brown Ramsburgh (rúbrica), José Luis Marcos León Perea, Jesús Cano Vélez, Miguel Ernesto Pompa Corella, Onésimo Mariscales Delgadillo, Ernesto de Lucas Hopkins, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a definir y publicar el procedimiento para la reasignación de los recursos derivados de la disminución del padrón de beneficiarios del Procampo, como resultado del programa de actualización de datos y de expedientes, a cargo del diputado Liborio Vidal Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM

Liborio Vidal Aguilar, diputado integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) comenzó a ejecutarse a finales del año de 1993 en respuesta a la apertura comercial derivada de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Desde su inicio surgió como un mecanismo de transferencia de recursos con miras a apoyar la competencia del productor nacional ante sus competidores internacionales, reconociendo el apoyo evidente que estos últimos reciben en materia de subsidios por parte de sus gobiernos.

Si bien es cierto que el anterior es su principal objetivo, de acuerdo al decreto que establece su regulación y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 1994, es importante mencionar que el Procampo se ha convertido en un instrumento fundamental para la planeación de las actividades del campesino mexicano y se ha vuelto un programa esencial de apoyo a la adquisición de los paquetes tecnológicos de muchos productores al inicio de cada ciclo productivo.

Además, al ser dirigido a las familias campesinas de más escasos recursos, constituye, desde su implementación, la base para el sustento de millones de familias que producen bienes agrícolas para su propia subsistencia.

Como parte de la estrategia Alianza para el Campo, este programa es uno de los componentes más importantes en términos de apoyo rural y por tal motivo requiere de la evaluación y supervisión continua de sus metas y objetivos, así como de sus logros.

Debido a las complejas situaciones que intervienen en la operación del Procampo, derivadas de las condiciones cambiantes de la producción agrícola: como el cambio tecnológico, la variación en los precios de los mercados, la fluctuación de las condiciones climáticas o las adecuaciones agrarias, la variabilidad en la aplicación del programa a lo largo del país se ha manifestado en cada evaluación.

Además, por estas mismas condiciones, es evidente que el espectro de población objetivo puede exhibir transformaciones continuas, al cambiar la posesión de la tierra, al cesar el desarrollo de actividades productivas por parte de los beneficiarios o al registrarse decesos y migración, entre múltiples factores más.

Todo lo anterior nos permite reflexionar sobre la planeación que con respecto al programa se ha venido realizando desde su instauración y, al observar que en la actualidad se viene implementando el Programa de Actualización de Datos y Expedientes del Procampo, consideramos que es importante definir de manera clara las condiciones en que serán realizados con posterioridad las diversas actualizaciones de dicho padrón.

Consideramos que el proceso que se está llevando a cabo mediante el Programa de Actualización de Datos y Expedientes del Procampo, debió de comenzar a implementarse desde ya hace algunos años y que su retraso evidencia falta de planeación y de visión de mediano plazo.

Por otra parte, es evidente que los cambios en el padrón impedirán la aplicación de recursos presupuestales asignados y por tal motivo es necesario que se contemple desde ahora, el fin que tendrán dichos recursos, en independencia del monto obtenido como consecuencias de las bajas que indiscutiblemente existirán en el registro.

Es obligación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) definir de manera clara y con una visión responsable de mediano plazo, los derroteros que tendrá el programa.

Por tal motivo, planteamos como ineludible la presentación de un programa continuo por parte de dicha secretaría, en donde hagan explícitos de forma inmediata, la manera en que operará con posterioridad la actualización de padrón, las medidas contempladas para asumir tal tarea y el destino que tendrán los recursos recuperados con motivo de la disminución del padrón de beneficiarios del Procampo.

Por lo anteriormente expuesto, el legislador que suscribe, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía, somete a consideración del pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Sagarpa para que a través de Aserca desarrolle y haga pública la estrategia de mediano plazo contemplada para la actualización continua del padrón de beneficiarios del Procampo.

Segundo . Se exhorta a la Sagarpa para que defina, señale puntualmente y haga público el destino de los recursos presupuestados que, derivados de la reducción del padrón de beneficiarios, como consecuencia de la implementación del Programa de Actualización de Datos y Expedientes del Procampo, no serán aplicados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los catorce días del mes de octubre de año dos mil diez.

Diputado Liborio Vidal Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a dirigirse por los medios diplomáticos adecuados ante el Congreso de Estados Unidos de América a efecto de que, en respeto de las leyes de ese país y de los derechos humanos, adopte las disposiciones necesarias para facilitar la legalización de los niños y los jóvenes indocumentados que viven allá, a cargo del diputado José M. Torres Robledo, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

Urge que el Estado mexicano fortalezca su protección y defensa de sus migrantes, sobre todo en Estado Unidos de América, que ha endurecido sus políticas de persecución, con un alto saldo de muertos, encarcelados, familias destruidas. La defensa de nuestros connacionales en el extranjero es un acto de soberanía, legalidad, congruencia.

Todos los países del mundo tienen por raíces la migración y el mestizaje y Estado Unidos de América no es la excepción; esto no sólo hacia el pasado sino en el presente; por tanto el respeto y la multiculturalidad son parte central de la convivencia dentro de la cultura universal de los derechos humanos. Con mayor razón cuando hablamos de niñas, niños y jóvenes hijos de migrantes, cuya tutela y apoyo para su desarrollo debe ser tarea de todo país y de toda la humanidad, sin importar su localización geográfica pues el compromiso ético hacia ellos no está en dependencia de ésta.

Transformar a los migrantes ilegales, por su sola calidad de migrantes, en delincuentes, va contra la esencia elemental de los derechos humanos, con mayor razón cuando se aplica en perjuicio de niñas, niños y jóvenes.

Hasta la fecha, el Congreso de Estados Unidos de América no se ha podido poner de acuerdo sobre las reformas a las leyes migratorias que permitan la legalización de los indocumentados.

Los hijos de inmigrantes mexicanos representan 43 por ciento de los niños que nacen en el exterior con padres de México.

En tal virtud, por lo menos 5 millones de menores corren el riesgo de que sus padres sean deportados. En grave afectación de sus derechos humanos, constitucionales y civiles, como lo son sus derechos a la identidad, a tener una familia y, en ocasiones, a la vida y a la salud.

Sin embargo, los propios niños y jóvenes han sido o pueden ser objeto de deportación sin importar su calidad migratoria, en franca agresión, no sólo a la legislación internacional sino a la propia legislación norteamericana sobre la materia.

En este franco desconocimiento del marco legal, destaca la Ley SB1070 de Arizona, existiendo el riesgo de que se replique en otros estados de este país.

Esta ley, conocida como ley Arizona, transgrede abiertamente la decimoquinta Enmienda de la Constitución de ese país, que a la letra dice:

“Enmienda XIV (julio 9, 1868)

1. Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos de América y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos de América y de los estados en que residen. Ningún estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de Estados Unidos de América; tampoco podrá estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus limites jurisdiccionales la protección de las leyes, igual para todos...”

En tanto, el preámbulo de la Constitución de Estados Unidos de América, dice lo siguiente:

“Nosotros, el pueblo de Estados Unidos de América, a fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia ...”

Si bien, el 28 de julio de 2010 la jueza federal Susan Bolton detuvo temporalmente la implantación de disposiciones significativas de la controversial Ley SB 1070, el problema planteado por esta ley está lejos de ser superado.

No es legal ni justo que niñas, niños y jóvenes vivan en la absoluta inseguridad jurídica.

En ese sentido, 79 por ciento o casi cuatro de cada cinco de los 5.1 millones de hijos de inmigrantes indocumentados menores de 18 años nacieron en Estados Unidos de América y por ello tienen la ciudadanía, que ahora se les busca negar. Varios legisladores apoyan una iniciativa que intenta suprimir el derecho a la ciudadanía estadounidense a los hijos de indocumentados nacidos en el país.

Esto lleva a la urgencia de pedir al Congreso de aquel país adopte las disposiciones necesarias para facilitar la regulación migratoria de las niñas, niños y jóvenes de origen mexicano que han nacido en Estados Unidos de América, o desde la más tierna edad han llegado a vivir a este país.

A este respecto, representa un avance el proyecto denominado Dream Act, que busca la legalización de estudiantes indocumentados que hayan ingresado a Estados Unidos de América antes de los dieciséis años, tengan por lo menos cinco de estancia en este país, no tengan antecedentes criminales, se hayan graduado de secundaria o su equivalente, y completen al menos dos años en la universidad o presten servicio militar. Desafortunadamente este proyecto no obtuvo los votos necesarios en el Senado para continuar su debate.

Para concluir, recordemos parte del contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos:

“Preámbulo

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad...”

“Artículo 1

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

“Artículo 3

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

“Artículo 7

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

“Artículo 8

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

“Artículo 9

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

“Artículo 10

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.”

Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de que a través de los medios diplomáticos adecuados se dirija ante el Congreso de Estados Unidos de América a fin de que en respeto a las leyes de su país y a los derechos humanos, adopte las disposiciones necesarias para facilitar la legalización de las niñas, los niños y los jóvenes indocumentados que viven en ese país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2010.

Diputado José M. Torres Robledo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a implantar acciones encaminadas a evitar que artículos robados se dejen en prenda en las casas de empeño, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Juan José Cuevas García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, fracción primera, 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos años ha proliferado un gran número de instituciones comúnmente denominadas casas de empeño, que a través de operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria representan una alternativa de financiamiento, especialmente para los sectores de la población que cuentan con las condiciones económicas más desfavorables y que no tienen acceso al sistema financiero formal.

Algunas estimaciones señalan que en nuestro país existen alrededor de 5 mil establecimientos de casas de empeño que son operadas por instituciones de asistencia privada o por particulares, manejando un volumen superior a los 14 mil millones de pesos anuales por concepto de préstamo prendario.

A pesar de las altas tasas de interés de los préstamos, la deficiente regulación en materia de transparencia, competencia y servicio, así como la falta de una normatividad uniforme a nivel nacional, las casas de empeño comúnmente representan la única alternativa para ciudadanos que no cuentan con información y educación financiera, asimismo, para quienes requieren con urgencia los recursos, a pesar de que muchas veces se está consciente de que las condiciones son claramente desventajosas, haciendo impagables los préstamos.

En este sentido, las casas de empeño en promedio prestan Mil 529 pesos a personas que especialmente empeñan joyas (88.8 por ciento), electrónicos (8.9 por ciento) y herramientas (2.3 por ciento). Los principales usuarios de estos servicios son ciudadanos que en un 49.3 por ciento de los casos no tienen ningún ingreso. 1

Estas casas de empeño se constituyen como asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada o sociedades mercantiles, quedando sujeta su operación a la regulación reservada para los congresos locales; sin embargo, en la práctica esta facultad no ha sido ejercida, lo que ha generado múltiples abusos en detrimento de los ciudadanos.

Así pues, además de la problemática a la que se enfrentan los pignorantes, se han identificado problemas derivados de la falta de control por parte de las autoridades, pues en la lucha por atraer más clientes y acaparar el mercado, un sin número de casas de empeño ofrecen como ventaja “la discreción y facilidad” de no acreditar quién es el cliente a través de alguna identificación oficial, ni comprobar la propiedad del bien.

Esto ha provocado que los delincuentes se conviertan en importantes clientes de las casas de empeño, llevando a empeñar objetos robados como teléfonos celulares, televisores, computadoras, joyas, herramientas y electrodomésticos.

Esta situación es realmente grave, pues cualquier ciudadano está expuesto a la inseguridad y es lamentable que los delincuentes cuenten con una alternativa para obtener dinero, pues al robar un bien acuden a empeñarlo, descartando desde el inicio la posibilidad de desempeñarlo pues únicamente les interesa el efectivo.

Este hecho está claramente identificado por los ciudadanos quienes algunas veces al ser víctimas de un robo, acuden a las casas de empeño a tratar de recuperar sus objetos por el valor real o emocional que les representa. Lo irónico e inaceptable es que terminan comprando lo que les fue robado.

Lamentablemente éste no es el único problema, pues también existen quienes aprovechan las buenas condiciones o bajos precios de los artículos para comprarlos, sin tener conocimiento si el bien se obtuvo de manera lícita o fue producto de un atraco.

Es por esto que, como representante de la ciudadanía, pero también como un ciudadano más, vengo a esta tribuna a solicitar el apoyo de ustedes, compañeros legisladores, para buscar una solución al problema que representa que las casas de empeño acepten bienes sin verificar la identidad de quien empeña, ni la legal propiedad de éstos.

En este sentido, propongo exhortar a los gobiernos de las entidades federativas para que implementen acciones para evitar que las casas de empeño se conviertan en receptoras de bienes producto del robo o cualquier otra actividad ilícita, asimismo, debemos exhortar a la Secretaría de Economía para que, mediante normas oficiales mexicanas, establezca la información que deberán solicitar quienes presten los servicios de mutuo con interés y garantía prendaria para verificar la propiedad de los bienes.

No obstante, considero que en el corto y mediano plazo este Congreso de la Unión debe realizar las reformas necesarias al marco jurídico para proteger a un importante sector de la población que actualmente se encuentra expuesto a las irregularidades bajo las que operan algunas casas de empeño, a fin de proteger a nuestros ciudadanos.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a implementar, en el ámbito de sus competencias, acciones encaminadas a evitar que artículos robados sean dejados en prenda en las casas de empeño.

Asimismo, a los gobiernos municipales para que intensifiquen las acciones de vigilancia para evitar que los bienes producto de ilícitos sean colocados por los delincuentes en las casas de empeño.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal realizar y publicar, a través de la Secretaría de Economía, una norma oficial mexicana relativa a la información que deberán solicitar quienes presten los servicios de mutuo con interés y garantía prendaria para verificar la propiedad de los bienes.

Nota

Con base en datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (2009). Sondeo sobre casas de empeño e instituciones de asistencia privada.

Recinto legislativo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 5 de octubre de 2010.

Diputado Juan José Cuevas García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se incrementen los recursos del Fonden y del FAPRACC; y de que se exhorte a diversas entidades federativas a analizar la factibilidad de contratar con empresas del ramo seguros de siniestros por causas naturales, con el propósito de proteger el patrimonio de las familias y la capacidad productiva de los sectores económicos locales, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Juan Carlos Natale López, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el presente punto de acuerdo bajo las siguientes:

Consideraciones

El motivo de la presente proposición con punto de acuerdo, responde a un contexto social sumamente delicado, ocasionado básicamente por los recientes fenómenos meteorológicos principalmente en la zona sur del país.

Entre los ocho estados más afectados del país por las consecuencias de los huracanes Karl y Mathew, así como de las precipitaciones anteriores a éstos, destacan los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas como las zonas más dañadas en cuanto a pérdidas humanas, de infraestructura social como viviendas, escuelas, hospitales, carreteras, sembradíos agrícolas, entre otras innumerables pérdidas que en la más dramática situación, mantienen aun aislados y en condiciones de supervivencia a cientos de miles de familias mexicanas.

Se estiman que entre estos cuatro estados, las precipitaciones pluviales rebasaron en 15 días entre 200 y 250 milímetros por metro cuadrado, es decir, llovió en esa zona lo que llueve en el país en todo un año. Además, las inundaciones provocadas principalmente por los ríos Papaloapan, Coatzacoalcos, Jamapa, Cotaxtla, El Carrizal, Grijalva y Usumacinta siguen ocasionando estragos debido a que siguen arriba de su escala crítica y descienden de manera muy lenta; asimismo, el desagüe de canales y las anegaciones por el desfogue de presas siguen representado factores de inundación principalmente en la zona centro y sur de Tabasco.

La población directamente afectada en estos cuatro estados rebasan ya el millón 200 mil personas en más de 280 municipios y 3 mil 400 localidades; asimismo, las secuelas alcanzan más de 160 mil viviendas afectadas; más de un 1 millón 700 mil hectáreas agropecuarias permanecen anegadas con pérdidas irreparables como cabezas de ganado, plantíos y cultivos; hasta el momento se estima un desplazamiento de más de 180 mil personas, y se ha confirmado la muerte de 56 personas relacionadas con dichos fenómenos, entre otras cuestiones que ponen en clara tensión la capacidad de respuesta de los gobiernos para atender eficazmente tal emergencia.

Por ejemplo, tan sólo en el estado de Veracruz, además de los desastres ocurridos en Tlacotalpan y Minatitlán por el desborde de diversos caudales de ríos en el sur del estado por las lluvias de finales de agosto y principios de septiembre, ahora se suma la situación crítica de familias de Boca del Río, Manlio Fabio Altamirano, Jamapa, Medellín, La Antigua, Cardel, Puente Nacional, Paso de Ovejas, Úrsulo Galván y el puerto de Veracruz, lugares por donde entró y se asentó con mayor algidez el huracán Karl.

Cabe destacar que hasta el momento, desde aquel 17 de septiembre, estos municipios mencionados aun permanecen inundados en medio de aguas negras, con olores fétidos provocados por la muerte de animales y por la humedad y amenaza de infecciones virales como consecuencia del agua estancada contaminada y de la proliferación de insectos trasmisores de enfermedades.

Aunado a la pérdida de la seguridad y salud física y del patrimonio familiar en estos estados afectados, miles de familias no tienen casi nada para comer y siguen sobreviviendo al día con el apoyo gubernamental y con lo que la sociedad civil les puede proporcionar además de un futuro incierto.

Y aun cuando los daños hasta el momento son incalculables, es comprensible que los gobiernos federal y de los estados no terminen por evaluar la grave situación por las agudas afectaciones, por lo que se estima que en los próximos días se tendrá un diagnóstico mucho más preciso y con mucha mayor confiabilidad en aras de efectuar acciones con mucha mayor trascendencia y efectividad.

Sin embargo, y a pesar del desafío que representan tales catástrofes, sentimos que no es admisible ni institucional, ni humana, ni socialmente en estos momentos la dilación y la insuficiencia en cuanto a la cobertura de atención inmediata para estas zonas del país, predominantemente en cuestiones imprescindibles como la alimentación, la atención médica y el suministro de medicamentos, entre otras cuestiones no menos importantes como la posibilidad de que las poblaciones cuenten con los medios necesarios para poder estar comunicadas entre las zonas rurales y las zonas urbanas, ya que ello facilitaría una mejor atención en los albergues establecidos por las autoridades de protección civil y de asistencia familiar.

Por otro lado, cabe señalar que en el caso de Veracruz y Oaxaca, las limitaciones financieras para resarcir parte de las afectaciones de los desastres naturales hacen que la preocupación colectiva se profundice aun más a pesar de lo que se ha visto por el oportuno seguimiento mediático.

Y es que la situación revela que los gobiernos no tienen infraestructura, medicamentos ni médicos suficientes, tampoco alimentos ni provisiones para atender a la gente a pesar de los esfuerzos hasta ahora emprendidos.

Hasta el momento la respuesta del gobierno federal ha sido parcialmente oportuna, ya que través del Fonden se han liberado recursos económicos del orden de los 260 millones de pesos para Veracruz, el estado más afectado del país. Además, ya emitió a través de la Secretaría de Hacienda un decreto por el cual otorga beneficios fiscales a los contribuyentes en las zonas afectadas por el huracán Karl en la misma entidad veracruzana.

Por otro lado, cabe destacar también que sólo los estados de Veracruz y Puebla a nivel nacional, son los únicos estados que cuentan con contratos de protección a la población y de daños agropecuarios con empresas aseguradoras en casos de sufrir este tipo de contingencias naturales, este hecho, por sí mismo, es digno de reconocerse en virtud de que estos estados se han esforzado por prevenir situaciones de crisis financieras a causa de catástrofes naturales con consecuencias sociales y productivas aparentemente irremediables.

Por nuestra parte, esta Cámara ha impulsado diversas proposiciones con punto de acuerdo con el propósito de apoyar a la población damnificada con la suspensión del cobro de créditos fiscales, así como del pago por concepto de créditos de vivienda y la disminución de la tarifa de la energía eléctrica en diversas zonas afectadas, así como también a agilizar el envío de recursos para reactivar la situación social y económica de los damnificados y, últimamente, se solicito al gobierno federal la creación de un fondo especial para la reconstrucción de infraestructura física y social de las regiones afectadas así como la creación de una partida en el próximo presupuesto de egresos para que atienda dichos aspectos.

Por otro lado, cabe resaltar que recientemente en el Senado se aprobó un punto de acuerdo consistente en destinar recursos económicos a los damnificados más necesitados a partir de la donación de un día de salario por parte de nuestros compañeros senadores, este hecho, por sí mismo, hace meritoriamente loable la labor y la función social de nuestros compañeros legisladores ante tal situación de desesperanza y desolación para muchos estados del sur del país.

De la cuantía de lo que signifique reconstruir las zonas afectadas, estaremos obligados a garantizar la inclusión integral de los municipios y regiones en la formulación de las declaratorias de desastres naturales y en el próximo presupuesto de egresos, así como también, a evaluar la plena vigilancia en la aplicación de los recursos.

Por lo tanto, ahora más que nunca, debemos refrendar nuestro compromiso social con nuestra gente y con nuestras regiones, porque nuestro quehacer legislativo se sustenta a favor de nuestros representados ya sea a través de leyes o de la capacidad de gestión e interlocución que podamos significarles.

De este modo, estamos obligados moralmente a garantizar en este momento la suficiencia de abasto alimenticio y de víveres para las familias más afectadas por los fenómenos naturales principalmente en los estados de Veracruz, Oaxaca y Tabasco y Chiapas donde las lluvias no cesan y los ríos tienden a incrementar su nivel crítico amenazando a cientos de miles de familias mexicanas al mantenerlas aisladas.

En este sentido, y con base en lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, en calidad de urgente resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que dentro del proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011 incremente los recursos presupuestales al Fondo de Desastres Naturales, y del Fondo para Apoyar a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC) a propósito de atender las previsiones climatológicas y posibles amenazas en el futuro con base en el vigente plan de riesgos.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a todos los gobiernos de los estados del país y del Distrito Federal, excepto los gobiernos de Veracruz y Puebla, a que analicen la factibilidad en la contratación de seguros de siniestros por causas naturales con empresas aseguradoras con el propósito de proteger el patrimonio de las familias y la capacidad productiva de los sectores económicos locales, principalmente los que tienen que ver con el sector agropecuario.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los catorce días del mes de octubre de 2010.

Diputado Juan Carlos Natale López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el Programa de Fomento a la Inversión Pública y Privada de la Propiedad Rural, a cargo del diputado Justino Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Justino Arriaga Rojas, diputado a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 a 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados a aprobar en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 un monto igual o superior al propuesto por el Ejecutivo federal para el Programa de Fomento a la Inversión Pública y Privada de la Propiedad Rural (FIPP), con base en las siguientes

Consideraciones

La Procuraduría Agraria es la encargada de prestar servicios de asesoría jurídica a través de la conciliación de intereses o la representación legal, además de promover el ordenamiento y la regularización de la propiedad rural, así como proponer medidas encaminadas al fortalecimiento de la seguridad jurídica en el campo, a fin de fomentar la organización agraria básica y el desarrollo agrario. Con objeto de cumplir a cabalidad sus atribuciones, cuenta con el FIPP.

El FIPP es un programa agrario del gobierno federal para dar a la tierra rural usos más eficientes y productivos conforme a su vocación, protege la propiedad de los campesinos y fomenta la coinversión, crea condiciones de certeza jurídica en las inversiones en el campo (titulares de la tierra e inversionistas) atiende gratuitamente la demanda de miles de campesinos para hacer productivas sus tierras.

No es un programa de ayuda a fondo perdido ni promueve la venta de las tierras ejidales o comunales, tampoco es un crédito. Sus principales vertientes son el turismo, la ecología, el desarrollo urbano, industrial, servicio y el desarrollo agropecuario y aplica los preceptos agrarios del artículo 27 constitucional, así como las leyes agrarias y sus reglamentos.

El FIPP concede o amplía en términos de ley las dotaciones o restituciones de tierra y aguas a los núcleos de población rural, instaura nuevos centros de población agrícola, interviene en la titulación y el parcelamiento ejidal, mantiene al corriente el Registro Agrario Nacional y el catastro de las propiedades ejidales, comunales e inafectables, conoce de las cuestiones relativas a límites y deslinde de tierras ejidales y comunales, crea el reconocimiento y la titulación de las tierras y aguas comunales de los pueblos, resuelve conforme a la ley las cuestiones relacionadas con los problemas de los núcleos de población ejidal y de bienes comunales, en lo que no corresponda a otras dependencias o entidades, con la participación de las autoridades estatales y las municipales, proyecta los programas generales y concretos de colonización ejidal para realizarlos, promoviendo el mejoramiento de la población rural y, en especial, de la población ejidal excedente, escuchando la opinión de la Secretaría de Desarrollo Social, y maneja los terrenos baldíos, nacionales y demasías; entre otras funciones.

A continuación se incorporan las solicitudes del FIPP:

Avances de 2010, 289 proyectos de inversión formalizados

Es necesario mantener la propuesta original para trabajar en coordinación con el gobierno federal, y que dicho presupuesto sea aplicado en las actividades agropecuarias y se utilice de manera más eficiente. Se garantizará así la certeza jurídica en la tenencia de la tierra, a través de la promoción al ordenamiento territorial y la regularización de la propiedad rural, fomentar el acceso a la justicia y el desarrollo agrario integral, mediante la capacitación permanente y la organización de los sujetos agrarios, para coadyuvar en las acciones sociales que propicien bienestar en el medio rural, con el consiguiente cuidado en la preservación del ambiente y recursos naturales.

Fortalece el sector agrario como un instrumento fundamental del proceso de modernización del medio rural, en un marco de equidad e imparcialidad, que permita garantizar la seguridad jurídica a las diversas formas de la propiedad, la promoción de la organización y la capacitación a los sujetos agrarios, como medios para alcanzar el desarrollo rural integral.

Para ello, los recursos asignados al programa constituyen su principal atribución, lo cual se complementa con el control del ejercicio presupuestal y el registro de las operaciones realizadas de acuerdo con el sistema integral de contabilidad, para que una administración presupuestaria conforme a los requerimientos de la dependencia.

Como parte de los programas federales del ramo administrativo 15, “Reforma agraria”, en el Grupo de Desempeño de las Funciones, en la modalidad de promoción y fomento, el programa F 001, “Fomento a la inversión pública y privada de la propiedad rural”, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se asignan 80.0 millones de pesos, que representan una suma positiva acorde con la vocación del programa, pero que sin duda por tratarse de un apoyo que fomenta el progreso del campo y un uso productivo de los recursos, resulta insuficiente.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un atento exhorto a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados a aprobar en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 un monto igual o superior al propuesto por el Ejecutivo federal para el Programa de Fomento a la Inversión Pública y Privada de la Propiedad Rural, a fin de promover procesos productivos en el campo nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2010.

Diputado Justino Arriaga Rojas (rúbrica)

PCon punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se amplíen los apoyos del componente de producción pecuaria sustentable y ordenamiento ganadero y apícola, a cargo del diputado Gumercindo Castellanos Flores, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Gumercindo Castellanos Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que analicen ampliar los apoyos del componente de producción pecuaria sustentable y ordenamiento ganadero y apícola, a partir de la modificación del estrato A de dicho programa, extendiéndolo a 50 vientres o sus equivalentes en las diferentes especies y manteniendo el monto de apoyo que corresponde a cada estrato, de conformidad con las siguientes

Considerandos

Que el 2008 el sector pecuario nacional, considerando el ganado en pie, ave y guajolote en pie, la carne en canal, leche y otro productos como la miel, representó en total un valor de la producción de 223 mil millones de pesos.

Que la ganadería bovina y la industria de la carne en México representan una de las principales actividades del sector agropecuario del país y es tal vez la actividad productiva más diseminada en el medio rural.

Que la ganadería tiene significativos efectos sobre casi todos los aspectos del ambiente, ya sea en forma directa a través del pastoreo y la incorporación de nuevas tierras para pastos, o en forma indirecta a través de la expansión de la producción de granos destinados a la alimentación del ganado.

Que la expansión en la actividad ganadera ejerce presión sobre la base de recursos y genera consecuencias ambientales indeseables a nivel del agua, el aire, el suelo, el cambio climático y la biodiversidad.

Que los retos que enfrenta la ganadería actualmente son poder mantener la inversión, los apoyos e incrementos constantes en la productividad, sin deteriorar el medio ambiente.

Que el Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento de Ganadero y Apícola (Progan) busca incrementar la productividad pecuaria a través de los apoyos para prácticas tecnológicas sustentables de producción, asistencia técnica, capacitación y fondos de financiamiento al ganado. Tiene una visión de impulso a la productividad y adopción de tecnología, así como de apoyo al cuidado y mejoramiento de los recursos naturales de áreas ganaderas.

Que el apoyo monetario considerado para el Progan es acorde a la escala productiva, para lo cual se definen los estratos A y B medidos por vientres. Que el estrato A actualmente va de 5-35 vientres o sus equivalentes en las diferentes especies, y un apoyo por vientre de 375 pesos, y el estrato B de 36-300 vientres y un apoyo de 300 pesos por vientre.

Que en lo que respecta a la determinación de los Estratos, con base a la Evaluación Externa del Coneval, realizada por la Universidad Chapingo en 2007, se menciona que la información disponible hasta ese momento no era suficiente para tipificar a los productores de acuerdo a sus características tecnológicas, escala real de operación, características socioeconómicas y condiciones de sitio; lo cual limita enormemente la posibilidad de contar con una adecuada estratificación.

Que los productores ubicados en el límite del estrato A de apoyos al Progan ven restringida su capacidad de crecimiento en apoyos que permitan incrementar la productividad basándose en tecnologías sustentables y que al mismo tiempo los haga competitivos, sin menoscabo del cuidado del medio ambiente.

Por lo expuesto, y tomando en cuenta que la ganadería es una de las actividades más importantes del sector agropecuario que se debe realizar de manera sustentable, someto a esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un atento exhorto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que analicen ampliar los apoyos del componente de producción pecuaria sustentable y ordenamiento ganadero y apícola (Progan), a partir de la modificación del estrato A de dicho programa, extendiéndolo a 50 vientres o sus equivalentes en las diferentes especies y manteniendo el monto de apoyo que corresponde a cada estrato.

Palacio Legislativo, a 5 de octubre de 2010.

Diputado Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emplear por la SHCP y la Semarnat recursos de los subejercicios del PEF de 2010 para implantar el proyecto Rehabilitación y Recuperación de Playas en la Franja Costera de Chuburna Puerto-Yucalpetec, en Progreso, Yucatán, suscrita por los diputados Felipe Cervera Hernández y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del PRI

Felipe Cervera Hernández y Jorge Carlos Ramírez Marín, diputados a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentan proposición con puntos de acuerdo, como de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El 70 por ciento de las playas a escala mundial se encuentra en proceso de erosión. Las causas están asociadas tanto a efectos del cambio climático como a la acción directa del desarrollo descontrolado de infraestructura. Esto ha cambiado los patrones naturales de movimiento de sedimentos que forman las playas. Yucatán no es ajeno a estos fenómenos, y la erosión de playas se ha acelerado en las últimas dos décadas.

Entre las implicaciones de esta erosión destaca la pérdida de playa y duna costera como el mejor elemento de protección natural ante huracanes, tormentas y nortes (vientos que vienen de Canadá y de Estados Unidos), degradación de la vegetación de duna costera y otras especies vegetales en todo el ecosistema costero, reducción de hábitat naturales para variadas especies de fauna terrestre y aves acuáticas, así como afectación directa a especies de tortugas bajo protección especial dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM 059-SEMARNAT-2001: actualización 2006, que requieren playas sanas y estables para su proceso de anidación.

Asimismo, la pérdida de playa y duna, al dejar en condiciones muy vulnerables la infraestructura costera ante el embate de huracanes y otros fenómenos meteorológicos, desalienta la inversión para el desarrollo de atractivos turísticos que tanto necesita Yucatán. Adicionalmente, en el caso particular de Yucatán, y por el comportamiento de los patrones de movimiento de arena que forman las playas, la erosión está asociada en buena parte a la falta de mantenimiento adecuado de los puertos de abrigo. Esto genera, por un lado, pérdida de profundidades de navegación por material que debe ser reintegrado a la dinámica de playas, y por el otro lado fuertes azolvamientos con material arenoso en las escolleras orientales que protegen a la dársena, mientras que en las escolleras occidentales se produce una fuerte erosión que pone en riesgo la infraestructura turística y veraniega al perder sus playas y dunas. La repercusión es directa en la disminución de las actividades de pescas ribereña y turística veraniega. Estas actividades (pesca y turismo) requieren un buen manejo del mantenimiento de los puertos de abrigo y arenas para detonarlas, y que vuelvan a ser un motor de generación de empleos en las comunidades costeras.

Un sinfín de inversionistas, extranjeros y nacionales, ha cancelado sus proyectos de infraestructura turística al encontrar esta situación crítica de erosión de playas.

Esto deja una imperante situación de desempleo en la zona y como consecuencias problemas de suma gravedad de los pobladores como altos índices de migración, incremento de jóvenes con problemas de adicciones, desempleo y otros.

Haciendo énfasis de los afectados por esta situación se encuentra la pesca ribereña ya que se encuentra en un estado crítico, empezando por la imposibilidad de los pescadores para establecer sus embarcaciones en la zona, al ya no contar con espacios de playa para realizarlo.

El grado de erosión en la franja costera de Chuburna Puerto-Yucalpeten pone entre otras cosas en peligro la zona federal terrestre. Esta problemática conlleva a la perdida de plusvalía en las propiedades y en otros casos invasión de la zona federal.

En Yucatán, el litoral costero se extiende sobre 344.8 kilómetros de playa, de los cuales 85.4 por ciento es arenoso y se comparte por 13 municipios costeros.

Según el documento del proyecto Rehabilitación y Recuperación de Playas en Franja Costera de Chuburná Puerto-Yucalpeten, Municipio de Progreso, Yucatán, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Yucatán, con excepción de Progreso, Ixil, Dzemul y Telchac, que han desarrollado cerca de 90 por ciento de sus playas arenosas, los municipios restantes presentan niveles muy bajos de transformación del ambiente por la actividad humana . En Progreso y Telchac se observan signos de degradación de la playa con pérdida de vegetación de dunas de 71 y 59 por ciento, respectivamente, y cuyos anchos de playa muestran que 74 y 39 por ciento tienen menos de 20 metros de ancho. En Progreso, 30 por ciento de la playa tiene anchos menores de 10 metros, situación que es una alerta por sí misma.

La orientación del litoral determina la morfología de la línea y del perfil de la costa y es fundamental en la determinación de la vulnerabilidad o susceptibilidad al proceso erosivo de la costa por el ángulo que resulta entre la línea de costa y la dirección de incidencia del oleaje dominante en la región. Ángulos de incidencia del oleaje entre 40o y 50o producen los máximos transportes de sedimentos a lo largo de la playa y considerando también que el oleaje dominante en la región proviene del nor-noreste, la orientación del litoral (medido con relación al norte) con valores alrededor de 337.5░ tendría el mayor transporte a lo largo de la costa en dirección oeste. Esta situación de alta vulnerabilidad se encuentra de manera intermitente en la zona centro, desde Progreso hasta Telchac Puerto, y de manera continua desde Las Coloradas, en Río Lagartos, hasta el puerto de El Cuyo, en Tizimín.

Como resultado de la erosión en los municipios de Progreso, Telchac Puerto y Yobaín, se han establecido estructuras de protección (de manera desordenada) que en el caso de Progreso resultan con una densidad de 7 espigones por kilómetro de playa. En el pasado, un inventario realizado por el Cinvestav determinó 547 espigones, muchos de ellos fueron removidos entre 2002 y 2005 a través de un programa de restitución de playas que realizó la Semarnat. A la fecha permanecen más de 300 en el área de Progreso principalmente.

En el caso de Progreso, el Cinvestav realizó un modelo digital de elevación que muestra rasgos fisiográficos típicos de una isla de barrera. Se observa que las elevaciones en general sobre la isla de barrera no son muy altas y su variación es relativamente homogénea.

Asimismo, las pendientes en el lado de la playa son abruptas por la acumulación de arena por efectos de vientos durante la formación de la duna. En contraste, las pendientes de lado de la laguna son suaves.

El análisis permite visualizar el efecto que pudiera tener bajo condiciones de inundación en casos de elevaciones del nivel del mar por motivos ambientales, como pleamar en mareas vivas, combinadas con fenómenos climatológicos u otras condiciones extremas como mareas de tormenta, o incluso el mismo aumento del nivel del mar debido al cambio climático. En el tramo de Yucalpetén-Chicxulub, si el nivel del mar se elevara 1 metro se inundarían 708 mil 332.75 metros cuadrados (28.9 por ciento). En el caso del tramo Chuburná-Yucalpetén, si se eleva el mar el mismo nivel quedarían inundados 644 mil 10.28 metros cuadrados (25.4 por ciento), lo cual pone en inminente riesgo a sus 3450 habitantes.

El análisis en conjunto de estos productos permite establecer zonas de vulnerabilidad por inundación o flujos ante diversas fuentes de peligrosidad.

Con la finalidad de clasificar las playas estudiadas en función de las características morfodinámicas y sus propiedades disipativas (cuando cae la ola absorben la energía de las olas produciendo procesos de sedimentación) o reflectivas (que promueven el proceso de erosión), se empleó el parámetro Omega (W). Este parámetro, conocido como velocidad de asentamiento adimensional, relaciona el clima del oleaje, gravedad específica y tamaño de sedimento. Este parámetro se determina por la siguiente ecuación: (W=Hb/TWs); donde Hb es la altura de la ola en la zona de rompiente, T es el período de ola y Ws es la velocidad de asentamiento. La aplicación de Omega (W) define un esquema de clasificación discreto por la morfología de las playas como producto de los procesos de cambio. Son tres las categorías posibles: Menor a 2, se define como playas reflectivas (que promueven el proceso de erosión), entre 2 y 5 como intermedias y mayor que 5 como playas disipativas (cuando cae la ola absorben la energía de las olas produciendo procesos de sedimentación).

El cálculo de Omega (W) se realizó en los perfiles donde se toma consistentemente muestra de sedimento y los datos de oleaje se utilizaron los registrados por el sensor integrado de presión en un instrumento (Argonauta ADP) fondeado a 5 m de profundidad a cargo del Departamento de Recursos del Mar del Cinvestav-Unidad Mérida. La ecuación se aplicó utilizando los datos de dos zonas de playa, la zona de intermareal o de swash y la zona sublitoral o de surf. El resultado muestra que en la zona de estudio la zona de sublitoral se muestra como intermedia a excepción del ECCA 9 (Estación Chelem Chuburna, punto de monitoreo en el área de Yucalpeten-Chuburna), cercano a la escollera de Chuburná, donde muestra ser reflectiva. A diferencia de la zona intermareal, el valor de Omega (W) indica que es una zona reflectiva.

El valor de Omega W en la zona de intermareal, en general va entre los valores de 1 y 2 sin variaciones importantes a lo largo de la costa. No sucede lo mismo para el caso del valor de Omega (W) en la zona de sublitoral, donde muestra que las playas de Chuburná ECCA 9, 7, y 5 (Estación Chelem Chuburna, puntos de monitoreo en el área de Yucalpeten-Chuburna) presentan valores por debajo del 3, mientras que las playas de Progreso muestran valores mayores a 3, es decir, tienden a ser más disipativas, posiblemente por efecto del melle de Progreso.

Por otro lado, es importante favorecer las condiciones de anidación de diversas especies de tortugas actualmente en la Norma Oficial Mexicana NOM 059-SEMARNAT-2001: actualización 2006, y bajo programas de protección especial que inevitablemente requieren un sistema de playas en equilibro para su reproducción. Para el caso de Progreso y según datos de la teniente de corbeta SM AM bióloga Nydia Yáñez García, de la Estación de Investigación Oceanográfica Progreso de la Secretaría de Marina-Armada de México y del biólogo Carlos León Alemán, del Cetmar 17 de Progreso, sugieren que la distancia a la playa en la que anidan las tortugas en la zona del Playón de Progreso, se mueve en un rango de 20 a 35 metros, distancia con la que no cuentan la mayoría de playas que están en la franja costera de Chuburna Puerto-Yucalpeten.

El número de neonatos de tortuga marina liberados en la temporada 2009 por el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 17, que se ubica en la localidad y municipio de Progreso, Yucatán son los siguientes: Cetmar 17: 1492, Chelem: 543, Chuburna: 385.

En contraste con estos números, encontramos que en la playa de Sisal, municipio de Hunucma en esa misma temporada, se liberaron 11 mil 895 neonatos.

En una gran cantidad de casos en la franja costera de Chuburna Puerto-Yucalpeten, la tortuga se atora entre las piedras y no puede desovar y en algunas ocasiones no puede regresar al mar dejando como consecuencia la muerte de esta especie, que ya de por sí se encuentra en peligro de extinción.

En los trabajos regionales para elaborar el Programa de Acción para la Conservación de la Tortuga carey (Eretmochelis imbricata) de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), se determinó que la amenaza más fuerte para la conservación de la especie es la degradación de las playas de anidación.

De esta manera es posible concluir lo siguiente:

1. Las playas más extensas son las que se presentan cercanas a las escolleras orientales que estabilizan los canales de navegación de los puertos de abrigo de Chuburná y Yucalpetén, siendo los perfiles ECCA9 (Estación Chelem Chuburna, punto de monitoreo en el área de Yucalpeten-Chuburna) de la sección 1 y los de la sección 3. Las playas de estas zonas superan 80 metros de ancho.

2. Las escolleras tienen un efecto de trampa de arena del lado oriental, donde estas se encuentran, lo que promueve la acumulación de sedimento aumentando el ancho de playa.

3. La evolución de los perfiles permitió visualizar y entender mejor el comportamiento de los perfiles mostrando que lo mayores cambios están dados en la zona intermareal y en la sublitoral, donde barras de arena son formadas, jugando un papel importante en el transporte de material sedimentario.

4. La tipificación de playa en función del parámetro de Morfodinámica Omega (W) permite visualizar que las características de la zona intermareal (playas) como reflectivo, lo que sugiere que se presentan condiciones susceptibles a la erosión, por lo que es necesario implementar políticas y acciones que promuevan la conservación de playas en la zona.

5. El comportamiento de la pendiente en varios perfiles muestra variaciones rítmicas asociando en función de los regímenes del clima de oleaje asociado a los períodos de acumulación y erosión.

6. La estabilización y mantenimiento de las playas en la región es fundamental para las actividades reproductivas de las tortugas marinas.

De tal manera que, con fundamento en la situación actual de las playas del estado de Yucatán descrita y su vinculación con la falta de mantenimiento de puertos de abrigo, se hace indispensable un proyecto para la Rehabilitación y Recuperación de Playas en Franja Costera de Chuburná Puerto-Yucalpeten, Municipio de Progreso, Yucatán. Para su desarrollo se cuenta con todos los estudios técnicos y proyectos ejecutivos necesarios, así como la validación en materia de impacto ambiental y medidas de mitigación, dentro de los instrumentos legales vigentes en materia ambiental.

En virtud de lo expuesto, los firmantes, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someten a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se empleen recursos de los subejercicios del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, en el ramo 16, para la implantación del proyecto Rehabilitación y Recuperación de Playas en Franja Costera de Chuburna Puerto-Yucalpeten, en el Municipio de Progreso, Yucatán, el cual tiene un costo de ejecución de cincuenta y un millones ochenta mil pesos.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a instruir a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Turismo para que, con base en sus subejercicios en sus apartados presupuestales del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, participen en la ejecución del proyecto Rehabilitación y Recuperación de Playas en Franja Costera de Chuburna Puerto-Yucalpeten, en el Municipio de Progreso, Yucatán, el cual tiene un costo de ejecución de cincuenta y un millones ochenta mil pesos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 14 de octubre de 2010.

Diputados: Felipe Cervera Hernández, Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a ejecutar lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del PVEM

Juan José Guerra Abud, diputado integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento el dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a ejecutar lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los siete días del mes de octubre del año dos mil diez.

Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos a un programa de apoyo monetario para las familias de personas con discapacidad, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Gloria Trinidad Luna Ruiz, diputada a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 a 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo a fin de que en el ejercicio fiscal de 2011 se considere la inclusión de recursos destinados a un programa de apoyo monetario para las familias de las personas con discapacidad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los censos y las encuestas que se han realizado en varios países han generado diversas aproximaciones a la magnitud de la discapacidad. La Organización Mundial de la Salud estima que 10 por ciento de la población del mundo, esto es, aproximadamente 650 millones de personas, presenta algún tipo de discapacidad intelectual, física o sensorial. Si se incluye a los miembros de sus familias, el número de personas directamente involucradas con la discapacidad asciende a alrededor de 2 mil millones, casi un tercio de la población mundial.

El Banco Mundial estima que entre 10 y 12 por ciento de la población mundial tiene discapacidad y que en 25 por ciento de los hogares hay un integrante con alguna discapacidad. 1 Se estima además que el número de personas con discapacidad está aumentando por el crecimiento mismo de la población, el incremento en la esperanza de vida y el proceso de envejecimiento que hoy enfrenta la población de muchos países.

En México se desconoce la verdadera dimensión de la discapacidad entre la población. La información más actual es la del levantamiento del Censo de Población y Vivienda 2010, que llevó a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del 31 de mayo al 25 de junio de 2010. Sin embargo, hasta el diciembre de este año no estarán disponibles los resultados preliminares; posteriormente, en el primer trimestre de 2011, se iniciará la difusión de resultados definitivos a través de diversos productos en papel, en Internet, en bases de datos y medios ópticos.

Con este censo, el Inegi actualizará la cuenta de la población y sus viviendas, y la de grupos como la población con discapacidad y la población hablante de lengua indígena, entre otros; y generará información que permitirá disponer de un amplio perfil demográfico y socioeconómico de las entidades federativas, los municipios y las localidades.

Por tanto, la información más actual en la materia es la del XII Censo General de Población y Vivienda, realizado en 2000. En el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012 se hace un diagnóstico de la situación y las condiciones de vida de la población con discapacidad, en el que se incluyen cifras y datos tomados de dicho censo y de otras encuestas y aproximaciones, por lo que se muestra que, en efecto, la información disponible sobre la población con discapacidad es la que se ha utilizado en diversos documentos, entre ellos el programa sectorial.

El XII Censo General de Población y Vivienda señaló una prevalencia de discapacidad de 1.84 por ciento de la población del país, mientras que la Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño, realizada en 2003 por la Secretaría de Salud, reveló que aproximadamente 9 por ciento de la población presentaba en ese momento algún grado de dificultad en los dominios de movilidad, función mental, estado de ánimo, actividades usuales y dolor y función social, por lo cual se estima que el número de personas con discapacidad podría ser de alrededor de 9.7 millones.

El análisis de la información disponible en México sugiere que un porcentaje importante de la población con discapacidad es víctima de discriminación y a menudo se encuentra al margen del ejercicio de sus derechos humanos, consagrados en la Constitución.

Las personas con limitaciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales suelen presentar mayor discapacidad porque se les niega el acceso a la educación, a los mercados laborales y a los servicios públicos. Esta exclusión conduce a la pobreza y, en un círculo vicioso, la pobreza conduce a mayor discapacidad, debido a que aumenta la vulnerabilidad de las personas ante la desnutrición, las enfermedades y las condiciones de vida y de trabajo inseguras, entre otras. En la mayoría de los casos, la pobreza afecta también a las familias de las personas con discapacidad.

Se estima que entre las personas más pobres del mundo, es decir, entre las que viven con menos de un dólar por día y que no satisfacen las necesidades básicas, como alimentación, agua potable, ropa y vivienda, una de cada cinco es una persona con discapacidad. 2 Por consiguiente, es recomendable incorporar políticas de atención dirigidas específicamente a las personas con discapacidad, a fin de contribuir a combatir la pobreza extrema y el hambre.

En México, de acuerdo con los datos del censo de 2000, más de la mitad de las personas con discapacidad no reciben ingresos y casi 20 por ciento gana menos de un salario mínimo. La situación es más apremiante entre las de discapacidad mental y las de discapacidad del lenguaje, pues en el primer grupo 83.5 por ciento no recibe ingresos y en el segundo la característica la presenta 76.4 de los casos. 3

Por ello, 63 por ciento de la población con discapacidad se encuentra en los dos quintiles de los hogares más pobres del país, lo que demuestra la vulnerabilidad de este grupo de la población y la necesidad de establecer acciones focalizadas para contribuir a la igualdad de oportunidades y disminuir los niveles de pobreza.

La familia es el entorno más próximo a las personas con discapacidad, por lo cual desempeña un papel decisivo en el desarrollo de este grupo de la población. En muchas ocasiones, al menos algún miembro de la familia tiene que renunciar a la vida laboral y social para dedicarse al cuidado de las personas con discapacidad, con las repercusiones económicas y sociales que ello conlleva. Por consiguiente, las políticas orientadas a lograr la inclusión social y la igualdad de oportunidades para este núcleo de la población deben considerar también a sus familiares y a la comunidad que lo rodea.

En México se desconoce el número de familias con al menos una persona con discapacidad. La aproximación que se ha utilizado para el indicador es el número de hogares donde reside una persona con discapacidad. No obstante, debe subrayarse que hogar y familia son conceptos diferentes y, por consiguiente, no se deben usar indistintamente. Un hogar es un conjunto de personas unidas o no por lazos de parentesco que residen habitualmente en la misma vivienda particular y se sostienen de un gasto común, principalmente para comer. 4 Una persona que vive sola también forma un hogar. La familia debe estar integrada al menos por dos personas, y en un hogar pueden residir varias familias.

De acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda, 1 millón 561 mil 993 hogares en el país contaban en ese momento al menos con una persona con discapacidad, lo que representó 7 por ciento de los hogares, en los que residían 7 millones 136 mil 285 personas, 7.1 por ciento de la población del país.

Uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 es abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud. Entre sus estrategias prevé otorgar apoyo integral a las personas con discapacidad para su integración a las actividades productivas y culturales, con plenos derechos y con independencia.

Y que la Ley General de las Personas con Discapacidad, en el artículo 8 prevé que la Secretaría de Salud, en coordinación con el consejo, emitirá la Clasificación Nacional de Discapacidades, y en el artículo 29 se menciona que el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conadis) es el instrumento permanente de coordinación intersecretarial e interinstitucional que tiene por objeto contribuir al establecimiento de una política de Estado en la materia, así como promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas derivados de la ley.

Proponemos que se otorgue un apoyo monetario a las familias que tienen entre sus miembros a alguna persona con discapacidad. Si bien –de acuerdo con la información disponible– se desconoce el número de familias con al menos una persona con discapacidad, más de la mitad de este grupo vulnerable no recibe ingresos y casi 20 por ciento gana menos de un salario mínimo. Por ello, para sus familias esto representa una fuerte repercusión económica desfavorable, la cual se agrava aún más cuando alguno de los miembros tiene que dejar de trabajar para dedicar tiempo a su cuidado y atención.

La propuesta es que se otorgue un apoyo mensual de 700 pesos a las familias que tengan entre sus miembros a una o más personas con discapacidad permanente, y que las entregas sean bimestrales. El Conadis definirá los lineamientos para identificar a las personas con alguna discapacidad severa que limite de forma permanente su autonomía, y que requieran el acompañamiento diario y continuo de algún familiar para realizar las actividades más necesarias para tener una vida digna.

Se pretende que durante el ejercicio fiscal de 2011 se inicie apoyando a 100 mil familias, para lo cual el requerimiento presupuestal es de 840 millones de pesos. El padrón de las familias beneficiarias deberá actualizarse anualmente. La Secretaría de Salud emitirá en coordinación con el Conadis las reglas de operación del programa y definirá los procedimientos para la entrega bimestral del apoyo. Los recursos para cumplir este apoyo monetario siempre deben darse en un marco de responsabilidad, disponibilidad, eficiencia y transparencia presupuestaria.

La exclusión contra las personas con discapacidad no sólo afecta a ellas sino, también, a sus familias y a su comunidad.

Uno de los obstáculos más fuertes para que la población con discapacidad mejore sus condiciones de vida tiene que ver con su nivel de ingreso; sin embargo, la discriminación y marginación que padecen se convierten en factores determinantes en el ejercicio pleno de los derechos.

Por ello cualquier acción que busque contribuir a la plena inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, en un marco de igualdad y equiparación de oportunidades, sin discriminación y con respeto de su dignidad y de sus derechos, debe ser apoyada e impulsada.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados a considerar la inclusión de recursos destinados a un programa de apoyo monetario para las familias de personas con discapacidad, en el presupuesto asignado al ramo 12, “Salud”, en el ejercicio fiscal de 2011.

Notas

1 Estudios realizados recientemente en varios países y regiones sugieren que ésta es una estimación razonable de la prevalencia de discapacidad en el mundo.

2 Ann Elwan. Poverty and disability: a survey of the literature, Banco Mundial, 1999.

3 Inegi: Tabulados temáticos sobre la población con discapacidad. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000, página 75.

4 Inegi. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Glosario.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 7 de octubre de 2010.

Diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno a fortalecer las acciones y los programas dirigidos a prevenir y erradicar el consumo de alcohol entre jóvenes, a cargo de la diputada Yulenny Guylaine Cortés León, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Diputada Federal Yulenny Guylaine Cortés León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El consumo excesivo de alcohol es una constante preocupación para la salud pública, debido al número de muertes y de años de vida saludables perdidos por esta sustancia. El alcohol consumido en exceso genera tanto daños a la salud del individuo, como daños a las familias y a la sociedad en general. En el ámbito familiar, se ha comprobado que el consumo excesivo de esta sustancia genera violencia y descomposición familiar; y en la sociedad repercute a través de mayores índices de violencia, criminalidad, vandalismo y descomposición social.

Pero, para los individuos, el excesivo consumo de esta droga lícita genera una adicción que puede provocar la muerte. Más aún, podría generar una discapacidad de por vida manifestada a partir de una enfermedad grave, o bien, tras un accidente.

Desafortunadamente es más frecuente ver que uno de los problemas de salud de los jóvenes gira en torno al consumo excesivo de alcohol. Se ha estimado de acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud 2005, que en México 42 de cada 100 jóvenes ha consumido bebidas alcohólicas al menos una vez en su vida; siendo entre los 15 y los 17 años la edad promedio a la que los jóvenes empiezan a consumirlas.

En cuanto a la frecuencia y cantidad de alcohol que se consume es muy variada, depende en gran medida de la región de la que se trate o del periodo de edad al que se haga referencia; y de acuerdo con dicha encuesta, 20 de cada 100 jóvenes consume entre 6 y 10 copas de alcohol a la semana, 11 de cada 100 consume más de 10 copas a la semana, acentuándose esta cifra para los rangos de edad más avanzados.

Asimismo los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, muestran que al menos 281 mil jóvenes entre los 12 y los 17 años abusan de las bebidas alcohólicas.

El consumo excesivo del alcohol está afectando de manera creciente la salud y la vida de la población juvenil, por un lado dichas sustancias alteran el funcionamiento del cuerpo, la mente, el comportamiento, la interacción con otros miembros de la sociedad y, por otro, su consumo puede generar adicción y daños severos.

Además, el alcoholismo, aparte de los graves problemas de salud que ocasiona, es el principal responsable del 50 por ciento de accidentes automovilísticos, que representa la primera causa de muerte en jóvenes.

Por ello el gobierno federal ha emprendido una serie de acciones, estrategias y programas a fin de prevenir que los jóvenes inicien el consumo de bebidas alcohólicas a temprana edad y sobre todo para evitar el consumo excesivo de alcohol, a través del Consejo Nacional contra las Adicciones, el Instituto Mexicano de la Juventud, del Programa de Acción Específico 2007-2012 “Prevención y Tratamiento de Adicciones”, por señalar algunos; sin dejar de mencionar que hay acciones muy concretas en los distintos órdenes de gobierno a fin de prevenir y tratar el problema de alcoholismo entre los jóvenes.

No obstante dichas acciones consideramos que estos problemas pueden prevenirse mediante una vida sana en la que la actividad física y el deporte formen parte de las actividades cotidianas de los jóvenes.

La importancia del ejercicio físico es reconocida universalmente como factor esencial en el cuidado de la salud, no sólo del cuerpo sino también de la mente, por lo que realizar actividades físicas y practicar algún deporte son fundamentales para alejar a las y los jóvenes de las adicciones o bien para reducir el riesgo de padecer algún trastorno como el alcoholismo, ya que representan una opción muy atractiva para el uso del tiempo libre.

En este sentido, otra de las acciones del gobierno ha sido la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 en materia de infraestructura deportiva municipal que busca que los jóvenes cuenten con los espacios suficientes y equipados a efecto de que puedan realizar alguna actividad física o practicar algún deporte.

Sin embargo, en México la práctica de alguna actividad física es reducida entre las y los jóvenes, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Juventud 1 el 60 por ciento de los jóvenes mexicanos no práctica ninguna actividad física, y del restante 40 por ciento, que son los que si realizan deporte, 70 por ciento lo hace de una a tres veces por semana.

Por eso, compañeras y compañeros legisladores, y no obstante los esfuerzos que se han emprendido en la materia, considero que ante la magnitud del problema es necesario fortalecer las acciones y programas dirigidos a prevenir y erradicar el consumo de alcohol entre las y los jóvenes, además de fortalecer las acciones de promoción y fomento de actividades deportivas que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo.

Asimismo, una acción relevante en el ámbito municipal y que vendría a contribuir enormemente a contrarrestar el problema, es que los gobiernos locales destinen una parte de los recursos, que obtengan por el otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos o locales cuyos giros sean la venta de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, a la promoción del deporte; esto debido a que de acuerdo con el artículo 115 constitucional los municipios administran libremente su hacienda.

Estas acciones constituirán un factor determinante para reducir el riesgo de las y los jóvenes mexicanos a presentar problemas asociados al consumo excesivo del alcohol y con ello contribuir a que cuenten con estilos de vida saludables a través de la realización de alguna actividad física, de recreación o la práctica de algún deporte.

Por lo expuesto, someto a su consideración, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades competentes en los tres niveles de gobierno para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las acciones y programas dirigidos a prevenir y erradicar el consumo de alcohol entre las y los jóvenes, además de fortalecer las acciones de promoción y fomento de actividades deportivas que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos municipales para que de los recursos que obtengan por el otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos o locales cuyos giros sean la venta de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, destinen un porcentaje a la promoción del deporte entre la población de jóvenes.

Nota

1 Perspectiva de la Juventud en México. Dirección de Investigación y Estudios sobre Juventud. Instituto Mexicano de la Juventud, 2008.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2010.

Diputada Yulenny Guylaine Cortés León (rúbrica)


Excitativas

A las Comisiones de Gobernación, y de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, en mi calidad de diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso p), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 21, fracción XVI, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente de esta presidencia que tenga a bien formular una excitativa a la Comisión de Gobernación, así como a la de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que dictamine y opine, respectivamente, la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Protección Civil, presentada por los diputados Fernando Morales Martínez, Onésimo Mariscales Delgadillo, ambos del PRI; Enrique Torres Delgado, del PAN; y Avelino Méndez Rangel, del PRD; a fin de que el dictamen se presente al pleno de este órgano legislativo.

Antecedentes

Con fecha 9 de marzo de 2010, en sesión ordinaria, se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Protección Civil, a efecto de establecer las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en materia de protección civil; asimismo, crear el Consejo Nacional de Protección Civil, el Comité Nacional de Emergencias, la Escuela Nacional de Protección Civil, el Sistema Nacional de Protección Civil y la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios; de igual forma, determinar como obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno el fomentar la cultura en materia de protección civil; aunado a lo anterior, propone crear un fondo de protección civil y facultar a las autoridades de protección civil para establecer los lineamientos que se aplicarán a la recepción, administración, control y distribución de donativos que se aporten con fines altruistas para atención de emergencias y desastres, presentada por diversos diputados de distintos grupos parlamentarios.

Una vez recibido el citado proyecto de iniciativa, en la misma fecha se turnó a la Comisión de Gobernación para su respectivo dictamen, así como a la de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que emitiera la opinión correspondiente.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional insistimos en que es imperioso expedir los cuerpos normativos indispensables para que el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios cuenten con las herramientas legales que le permitan salvaguardar la vida de la población, a sus bienes y a su entorno, ante fenómenos naturales como: la lluvia, terremotos, huracanes o el viento.

Consideraciones

Lamentablemente, a lo largo de la historia de México los desastres naturales nos han dejado experiencias crudas y amargas; pero también, nos han brindado grandes aprendizajes respecto de los peligros a los que la naturaleza y el hombre mismo nos exponen. Nuestro país es protagonista de desastres naturales periódicos, cada vez más fuertes y que abarcan la mayor parte del territorio nacional.

Por desgracia, se trata de fenómenos que, por el cambio climático global, han amplificado su intensidad convirtiéndose en armas letales que evidencian la fragilidad y vulnerabilidad de cualquier pueblo ante el poder devastador de los desastres naturales y cuya atención requiere de una adecuada planificación de los asentamientos humanos, de las medidas de seguridad y de los planes de emergencia.

Actualmente, México es blanco de múltiples frentes fríos en casi todas las entidades federativas; de precipitaciones que saturan los ríos ocasionando graves daños en ciudades e incluso en actividades productivas, los servicios y el sector agropecuario. A lo anterior hay que sumar la existencia de los huracanes que, especialmente, agreden a las zonas costeras, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, consumando la destrucción de los bienes de la sociedad, la industria, así como de la vida y productividad del campo.

Como ejemplos del gran poder con que lo fenómenos naturales se erigen, basta recordar al huracán Karl, que tocó tierra en Veracruz el 17 de septiembre de este año y cuyas lluvias torrenciales inundaron las calles y avenidas del centro histórico del puerto, alcanzando el agua de 40 centímetros a 1 metro de altura. Asimismo, destruyó 50 mil viviendas, situación que obligó a que muchas de las familias afectadas tengan que ser reubicadas. De igual forma, se estima que hay 100 mil hectáreas de cultivos afectadas.

Por otra parte, hay que recordar la tormenta tropical Alex, cuya magnitud provocó que arroyos e importantes ríos en Nuevo León se salieran de su cauce generando caos, destrucción y el desalojo de más de 60 mil personas. Desafortunadamente, hoy tenemos que mencionar el desgajamiento de un cerro en la región Mixe de Oaxaca, que sepultó cuatro viviendas donde habitaban al menos 11 personas, ocho menores y tres adultos, quienes están en calidad de desaparecidos.

Ahora bien, para atender de forma eficaz las consecuencias provocadas por los desastres naturales, la iniciativa remitida al Congreso de la Unión tiene el objeto de establecer las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en materia de protección civil; asimismo, crear el Consejo Nacional de Protección Civil, el Comité Nacional de Emergencias, la Escuela Nacional de Protección Civil, el Sistema Nacional de Protección Civil y la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios; de igual forma, determinar como obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno el fomentar la cultura en materia de protección civil; aunado a lo anterior propone crear un fondo de protección civil y facultar a las autoridades de protección civil para establecer los lineamientos que se aplicarán a la recepción, administración, control y distribución de donativos que se aporten con fines altruistas para atención de emergencias y desastres .

Con la aprobación de la Ley General de Protección Civil, correspondería al Ejecutivo federal, entre otras cosas, asegurar el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil y dictar los lineamientos generales para coordinar las labores de protección civil en beneficio de la población, sus bienes y entorno, induciendo y conduciendo la participación de los diferentes sectores y grupos de la sociedad en el marco de la gestión integral de riesgos.

Asimismo, tendría que contemplar, en el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, recursos para el óptimo funcionamiento y operación de los instrumentos financieros de gestión de riesgos a fin de promover y apoyar la realización de acciones de orden preventivo, así como las orientadas tanto al auxilio de la población en situación de emergencia, como la atención de los daños provocados por los desastres de origen natural.

Por otra parte, los Poderes Legislativo y Judicial de la Unión, las entidades federativas, los municipios, las delegaciones, los organismos descentralizados, los organismos constitucionales autónomos y los sectores privado y social, así como la población en general, deberán coadyuvar para que las acciones de protección civil se realicen en forma coordinada y eficaz.

Sumado a lo anterior, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y delegacionales, tendrían que fomentar la cultura en materia de protección civil entre la población, mediante su participación individual y colectiva y la profesionalización de los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil será permanente y tendrá por objeto lograr una mejor y más eficaz prestación del servicio, así como el desarrollo integral de sus elementos mediante la institucionalización de un servicio civil de carrera cuando se trate de servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno.

Por lo anterior, expreso las siguientes

Consideraciones de derecho

Desde el 9 de marzo de 2010 a la fecha, ha transcurrido el tiempo para que, con fundamento en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Gobernación presente el dictamen correspondiente a la iniciativa descrita.

En tal virtud, es procedente que el presidente de esta Cámara de Diputados, en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso p), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 21, fracción XVI, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Gobernación, así como a la de Presupuesto y Cuenta Pública, para que dictamine y opine, respectivamente, a fin de que se presente al pleno el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Protección Civil presentada por los diputados Fernando Morales Martínez, Onésimo Mariscales Delgadillo, ambos del PRI; Enrique Torres Delgado, del PAN; y Avelino Méndez Rangel, del PRD.

Por lo expuesto y fundado, a usted, presidente de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva

Único. En los términos de lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso p), de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; 21, fracción XVI, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Gobernación, así como a la de Presupuesto y Cuenta Pública, para que dictamine y opine, respectivamente, la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Protección Civil, presentada por los diputados Fernando Morales Martínez, Onésimo Mariscales Delgadillo, ambos del PRI; Enrique Torres Delgado, del PAN; y Avelino Méndez Rangel, del PRD; a fin de que el dictamen se presente al pleno de este órgano legislativo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2010.

Diputado Enrique Torres Delgado (rúbrica)



Efemrides

Con motivo del 12 de octubre de 1492, a cargo del diputado Teófilo Manuel García Corpus, del Grupo Parlamentario del PRI

Para los pueblos originarios de México, es particularmente trascendente la conmemoración del 12 de octubre, en el año en que se celebran 200 del inicio de la lucha por la independencia de lo que hoy es la nación mexicana y un siglo del comienzo de la disputa por un proyecto de nación revolucionario, con democracia, justicia y libertad.

Los indígenas decimos, con razón, que no tenemos mucho que celebrar en esas fechas.

Esa razón se sustenta en los hechos recogidos por la historia y por lo que hoy podemos medir con los instrumentos de las ciencias sociales.

Para el indígena que les habla, sin rencor pero con objetividad, el 12 de octubre de 1492 inició, para algunos, una época de auge; pero otros, los pueblos originarios, después de 518 años siguen padeciendo discriminación, exclusión social y política, despojo de sus tierras y menosprecio por sus lenguas y culturas por parte de la sociedad mayoritaria.

En México, sus clases política y económica han aprendido bien el discurso de la justicia, de la democracia y de la igualdad, de moda en cada época, pero pocos, muy pocos dirigentes y gobernantes han caminado bajo esas guías.

Los pueblos indígenas hoy subsisten gracias a las luchas que han librado por la defensa de su dignidad; por su estrategia de refugio para estar fuera del alcance de la violencia y ambición del otro mexicano. Pero también, hay que decirlo, por la comprensión y valoración que de sus culturas hicieron algunos conquistadores y, en épocas más recientes, mexicanos no indígenas y extranjeros y, en el último medio siglo, por la defensa que de sus causas han hecho los organismos multilaterales.

La diferenciación entre mexicanos indígenas y mexicanos no indígenas no la hacen los pueblos originarios; la han construido la discriminación social y su reflejo en las políticas de gobierno.

La confirmación de esta afirmación es que todas las formas y métodos de información estadística y de medición del bienestar confirman que la pobreza y la falta de oportunidades están localizadas en las regiones indígenas.

La situación de pobreza y exclusión de los pueblos originarios tiene raíces históricas. Los mexicanos actuales no somos responsables de ellas, pero sí lo somos de la construcción de un futuro de dignidad y justicia, para todos.

Los retos mayores del México contemporáneo: de democracia, justicia, gobernabilidad y desarrollo pasan por atender, mediante una política de Estado, las demandas y aspiraciones de los pueblos indígenas.

La solución a los problemas de los pueblos originarios de México no es sólo de carácter social. La pobreza de los pueblos es solamente una manifestación del problema sustantivo que es esencialmente político: los pueblos indígenas son pobres porque desde hace 518 años perdieron su libertad. El mayor reto político y democrático es regresarles, en la ley y en la acción de gobierno esa libertad.

El reto de las instituciones y poderes del Estado Mexicano es crear las condiciones para hacer efectivos los derechos colectivos que la Constitución y los convenios y declaraciones internacionales en la materia, reconocen a los pueblos indígenas.

La nación no va desmoronarse porque los pueblos y comunidades indígenas ejerzan su autonomía. No, al fortalecerse la vida comunitaria se fortalece la unidad nacional.

El Estado no va a perder las pocas potestades exclusivas que le quedan por hacer efectivo el derecho de los pueblos originarios a la consulta y por llegar a acuerdos con ellos, previos al otorgamiento de concesiones o de expropiaciones. No, por el contrario al consultar a los pueblos el Estado estará dando muestras de un ejercicio concensuado del Poder y de reconocimiento de su voluntad de diálogo, respetuoso, justo y equitativo, con los pueblos indígenas; además de propiciar la corresponsabilidad y establecer condiciones para la transparencia y rendición de cuentas de la acción pública.

Los legisladores indígenas consideramos que así como el Constituyente de 1917 tuvo la visión y la capacidad para construir el Estado social de derecho. El actual Congreso tiene condiciones y capacidad, sólo falta la voluntad y el liderazgo, para construir el Estado pluricultural de derecho que de una vez y para siempre siente las bases de la convivencia con justicia e igualad para todos los mexicanos.

La voluntad se puede expresar cumpliendo los compromisos adquiridos.

El año pasado, con motivo de esta conmemoración presenté –y después el pleno de la Cámara lo aprobó– un punto de acuerdo para exhortar a los Poderes Ejecutivo de los tres niveles de gobierno y al Legislativo federal y de las entidades federativas para que armonizaran su acción y normas con los contenidos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Derechos de los Pueblos Indígenas. A dicho exhorto solamente hemos recibido respuesta de dos Congresos locales y del Ejecutivo federal. Por el número y nivel de las respuestas se puede afirmar que no existe compromiso o no hay capacidad de las autoridades y los órganos legislativos para crear las condiciones para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas.

Particularmente el gobierno federal, no obstante exaltar su acción indigenista, su respuesta demuestra que sus dependencias y entidades no conocen la declaración, menos su importancia y mucho menos la manera de instrumentar los compromisos.

En nuestra Cámara están como rezago en comisiones el análisis y dictamen de iniciativas que tienen que ver con la eficiencia, transparencia y adecuada orientación del presupuesto destinado a los pueblos indígenas, así como la representación y la participación política, entre otros.

Pongamos los hechos históricos y las realidades sociales en su exacta dimensión:

• La invasión de América por Europa del siglo XVI fue un acto de conquista que, para los pueblos originarios, ha dejado recuerdos dolorosos, traumáticos, de los cuales hoy todavía quedan injusticia, discriminación y pobreza, y también una extendida frustración en la sociedad nacional que no hemos sido capaces de superar.

• En México no surgió una raza nueva; nuestra realidad es la nación pluricultural como se establece en el artículo 2o. de la Carta Magna.

• La realidad de la diversidad cultural de nuestro país demanda la construcción del estado pluricultural de derecho y, para ello, los mexicanos y, particularmente, los legisladores necesitamos estar dispuestos a sumar voluntades y capacidades.

• En el momento actual, en México nada hay más democrático, avanzado y moderno que avanzar en hacer efectivos los llamados derechos de tercera generación: los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

• La unidad nacional y la democracia en México está ligada a la capacidad del Estado para preservar la paz social y promover el bienestar en la diversidad cultural.

Legislar para los pueblos indígenas es legislar para construir la nación mexicana multicultural de este siglo.

Palacio Legislativo, a 14 de octubre de 2010.

Diputado Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica)