De la Cámara de Senadores, con el cual remite iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de la Infraestructura de Protección contra Inundaciones, suscrita por Rosalinda López Hernández, Salomón Jara Cruz, Arturo Herviz Reyes, María del Socorro García Quiroz y Manuel Velasco Coello, de los Grupos Parlamentarios del PRD, del PRI y del PVEM

México, DF, a 12 de octubre de 2010.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Rosalinda López Hernández, Salomón Jara Cruz, Arturo Herviz Reyes, María del Socorro García Quiroz y Manuel Velasco Coello, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de la Infraestructura de Protección contra Inundaciones.

La presidencia dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)

Vicepresidente

Quienes suscriben, Rosalinda López Hernández, Salomón Jara Cruz, Arturo Herviz Reyes, María del Socorro García Quiroz y Manuel Velasco Coello, senadores de la república de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169 y 172, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de la Infraestructura de protección contra inundaciones, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De conformidad con lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de los organismos de cuenca, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, o bien, en concertación con personas físicas o morales, tiene la responsabilidad de construir y operar la infraestructura necesaria para garantizar la protección de zonas inundables.

Sin embargo, consideramos que dicha responsabilidad debiera asumirla una instancia pública distinta a la Conagua y con una naturaleza jurídica diferente, a efecto de que, de manera exclusiva, dicha instancia concentre sus esfuerzos en desarrollar la infraestructura física de protección contra inundaciones que desde hace años viene demandando el país.

El grave déficit que existe en nuestro país en materia de infraestructura para el control de inundaciones, ha ocasionado que los efectos del cambio climático impacten con mayor fuerza en centros de población y zonas productivas. Las alteraciones observadas en términos de frecuencia, intensidad y ubicación de los fenómenos meteorológicos, así como sus efectos cada vez más destructivos, hacen impostergable la construcción de una política de estado dirigida a salvaguardar la vida y los bienes de las personas, al igual que la costosa infraestructura pública.

Ante los cuantiosos daños que en los últimos años han provocado las recurrentes inundaciones, hoy debiéramos estar discutiendo, con plazos fatales para su instrumentación, una verdadera política nacional hídrica que brinde opciones viables de desarrollo para aquellas entidades federativas y regiones del país que, año con año, sufren los embates de la naturaleza y las consecuencias de la ausencia de planeación y de una política de prevención.

Es cierto que nuestro marco jurídico en materia hídrica refiere la existencia de una política nacional y de planes y programas hídricos, no obstante, estos temas están planteados sin una visión integral y derivan en una serie de acciones inconexas cuyo único sustento es un proceso de toma de decisiones excluyente, que lo único que logra es impedir la creación de sinergias para el adecuado tratamiento de las distintas aristas de la problemática del agua en nuestro país.

En este escenario, la búsqueda de soluciones con visión de mediano y largo plazo para hacer frente a las inundaciones, debería ser un objetivo común compartido por la sociedad en general, comenzando por todas las fuerzas políticas, y debería derivar en acciones que gocen del mayor grado de aceptación y consenso posible, sin que ello signifique, por supuesto, soslayar el grado de especialización y calidad técnica que se requieren para adoptar tales decisiones.

Un claro ejemplo de la falta de tratamiento integral en la atención de los fenómenos hidrometeorológicos, lo podemos observar en las disposiciones de la Ley General de Protección Civil, donde a pesar de que se introduce un concepto de prevención muy amplio, los mecanismos de decisión, coordinación y participación que la misma ley establece para tal efecto, son realmente limitados.

Según la Ley General de Protección Civil, se entiende por prevención, al conjunto de acciones y mecanismos tendientes a reducir riesgos, así como a evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo de los fenómenos perturbadores sobre la vida y bienes de la población, la planta productiva, los servicios públicos y el medio ambiente.

No obstante lo anterior, las medidas y los diferentes instrumentos que la ley prevé, sólo van dirigidos a atender a la población ante el inminente arribo de un agente destructivo o a las tareas de reconstrucción una vez que éste ya se ha hecho presente. Lo anterior, significa que no existe en la ley una visión verdaderamente preventiva y, por ende, no es posible encontrar mención alguna a la necesidad de contar con infraestructura de protección contra inundaciones, siendo indudable su utilidad para reducir la probabilidad de pérdidas humanas y materiales.

En los últimos años se ha reiterado que para la protección o reducción de riesgos de las inundaciones, se requieren no sólo medidas estructurales sino también medidas no estructurales, como las relacionadas con el ordenamiento territorial sustentable o con la instrumentación de planes de mitigación.

En el Poder Legislativo Federal y en los congresos locales, debiéramos actuar con rapidez en ambas direcciones porque no sabemos si el país pueda seguir soportando las catastróficas pérdidas económicas que se sufren anualmente a consecuencia de las inundaciones.

Los desastres naturales que se han presentado en los últimos años en nuestro país, confirman lo que ya constituye un principio aceptado a nivel internacional: conviene más invertir hoy en las acciones y obras preventivas que requieren las regiones del país más vulnerables, que destinar recursos multimillonarios para la reconstrucción de infraestructura y la atención de la contingencia.

Si bien se han elaborado estimaciones sobre el impacto económico de los fenómenos meteorológicos, éste es en realidad incalculable, toda vez que aunque la autoridad pudiera realizar una estimación más o menos apegada a la realidad sobre los recursos utilizados en la atención de la emergencia o en las obras y acciones de reconstrucción, difícilmente se pueden calcular los verdaderos daños a los sectores social y productivo.

Un ejemplo de ejercicios realizados para conocer la cifra total de daños y pérdidas de los desastres naturales, es el denominado “Tabasco: características e impacto socioeconómico de las inundaciones provocadas a finales de octubre y a comienzos de noviembre de 2007 por el frente frío número 4” elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en donde se concluye que: “los daños causados por las inundaciones de 2007 a los sectores productivos, sociales, a la infraestructura y medio ambiente, ascendieron a casi 32 mil millones de pesos, equivalentes a poco más de 3 mil 100 millones de dólares” 1 .

En Chiapas, el gobierno del estado reportó, en su momento, que la presencia del huracán Stan en octubre de 2005 ocasionó la muerte de 82 personas y daños por 13 mil millones de pesos. Por otros fenómenos naturales reportó en 2007 daños por 2 mil 300 millones de pesos y en 2008 por 1 mil 500 millones de pesos.

Aún cuando desconozcamos el impacto económico real de los desastres naturales, si revisamos las cifras que se han erogado en los últimos años a través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), veremos que las pérdidas económicas son más considerables. Por ejemplo, los últimos tres informes de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, reportan que en los años 2007, 2008 y 2009, se ejercieron a través del Fonden, casi 37 mil millones de pesos para solventar los efectos ocasionados por desastres naturales.

Y por si quedaran dudas sobre la conveniencia de invertir en la infraestructura de protección contra inundaciones y en las llamadas acciones no estructurales, valdría la pena mencionar los datos ofrecidos por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) en el texto “Característica del impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en México”, donde se da cuenta de que entre 2000 y 2007, los desastres naturales provocaron en el país pérdidas por 11 mil millones de dólares.

Si bien este monto no sólo incluye las pérdidas causadas por los fenómenos hidrometeorológicos, éstos provocaron el 90 por ciento de los daños en el mencionado periodo.

Como hemos sido testigos, en el presente año nuevamente las lluvias e inundaciones han tenido un efecto desastroso tanto en los bienes de las personas como en el número importante de pérdidas humanas registradas. Se estima que el paso del huracán Alex provocó daños a la infraestructura urbana de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por casi 1 mil 300 millones de pesos. En el caso de anegaciones que sufre Tabasco, nuevamente los daños serán millonarios, si consideramos que hoy existen más de 170 mil damnificados y que se han perdido 130 mil hectáreas de cultivo. En el estado de Veracruz, los huracanes Karl y Matthew dejaron a su paso un millón de damnificados, 27 muertos, y daños económicos estimados por más de 50 mil millones de pesos.

Con base en lo anterior, la presente iniciativa tiene como objetivo crear la Ley General de la Infraestructura de Protección contra Inundaciones, a efecto de promover, entre otros aspectos, la suficiencia presupuestal para financiar los proyectos de infraestructura de protección, así como la concurrencia de los tres niveles de gobierno en la planeación, construcción, mantenimiento y evaluación de las obras de protección.

De igual forma, estamos proponiendo la creación de un instituto que, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, o en concertación con personas físicas o morales, tenga la responsabilidad de planear, construir, mantener, evaluar y vigilar las obras para el control de avenidas y protección de zonas inundables, en aras de salvaguardar la vida de las personas y sus bienes.

Con el objeto de impulsar la calidad de la infraestructura de protección contra inundaciones, dicho organismo tendría la facultad de emitir las normas y especificaciones técnicas para la elaboración de estudios, proyectos y obras. De igual manera, se encargaría de crear y actualizar permanentemente un sistema de información del estado físico de las instalaciones que formen parte de la infraestructura de protección, así como identificar y delimitar, con base en datos históricos y proyecciones, los lugares o zonas que impliquen un alto riesgo para los asentamientos humanos. Asimismo, tendría atribuciones para proponer la obtención de otras fuentes de financiamiento, como por ejemplo los que otorgan organismos financieros internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.

Es importante mencionar, que esta propuesta traería consigo, en forma paralela, beneficios en materia de empleo y efectos multiplicadores en las regiones afectadas por las inundaciones, por la inyección de recursos públicos en trabajos de construcción, mantenimiento, rehabilitación y reforzamiento de infraestructura de protección contra inundaciones.

Por lo anteriormente expuesto, con la intención de coadyuvar al fortalecimiento de la capacidad del Estado mexicano para prevenir y dar respuesta a las eventualidades derivadas de los fenómenos hidrometeorológicos, sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se crea la Ley General de la Infraestructura de Protección Contra Inundaciones, para quedar como sigue:

Ley General de la Infraestructura de Protección Contra Inundaciones

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular la infraestructura de protección contra inundaciones, destinada a salvaguardar la seguridad y bienes de centros de población y áreas productivas, estableciendo los lineamientos generales para

I. La construcción, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de obras destinadas a proteger la seguridad y patrimonio de los centros de población y áreas productivas contra inundaciones;

II. La creación de programas en las áreas de evaluación, dentro de las líneas que comprenden procesos constructivos, administración de programas, asesoría técnica en el área de proyectos, peritajes, diagnósticos técnicos y servicios relacionados con la materia;

III. La generación de procesos de planeación, para que los recursos se apliquen con mayor pertinencia; y

IV. La coordinación de las acciones que propicien la optimización de recursos, la homologación de procesos en los casos procedentes, así como la participación y la toma de decisiones conjuntas de las instituciones públicas del país y de los diferentes órdenes de gobierno, federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, además de los sectores de la sociedad.

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entiende por

I. Director general: El titular del Instituto Nacional de la Infraestructura de Protección contra Inundaciones;

II. INPI: La infraestructura de protección contra inundaciones;

III. Instituto: El Instituto Nacional de la Infraestructura Contra Inundaciones; y

IV. Junta de gobierno: La junta de gobierno del Instituto Nacional de la Infraestructura de Protección Contra Inundaciones;

Artículo 3. Por infraestructura de protección contra inundaciones se entiende todas aquellas obras y acciones de carácter estructural, como bordos, muros, diques, embalses, zanjas, vasos, drenes, espigones y gaviones y demás que se requieran para proteger contra las inundaciones a centros de población y áreas productivas del país.

Artículo 4. La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta ley corresponde a las autoridades en materia de infraestructura de protección contra inundaciones de la federación, de los estados, de los municipios y del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias constitucionales.

Son autoridades en materia de infraestructura de protección contra inundaciones:

I. El titular del Ejecutivo federal;

II. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

III. El Director general del instituto;

IV. Los titulares de los ejecutivos de los estados y del Distrito Federal;

V. Los titulares de las secretarías de medio ambiente y recursos naturales y sus equivalentes en las entidades federativas;

VI. Los titulares de las entidades o dependencias responsables de la infraestructura de protección de las entidades federativas; y

VII. Los presidentes municipales y los jefes delegacionales del Distrito Federal.

Estas autoridades deberán coordinarse mediante los mecanismos legales correspondientes para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.

Artículo 5. Para el cumplimiento de esta ley se estará a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como aquellas que se refieran a la materia de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con la misma y las demás disposiciones legales aplicables.

Capítulo II

De la Calidad de la Infraestructura Protección Contra Inundaciones

Artículo 6. La infraestructura de protección contra inundaciones deberá cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y la política hídrica nacional a que se refiere la Ley de Aguas Nacionales.

Las autoridades en la materia promoverán la participación de sectores sociales para optimizar y elevar la calidad de la INPI, en los términos que señalan esta ley y su reglamento.

Artículo 7. Al realizarse actividades de construcción, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INPI deberán cumplirse los lineamientos generales que expida el instituto, el reglamento de esta ley y la normatividad en materia de obras.

Artículo 8. Las autoridades en la materia, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán desarrollar la planeación financiera y administrativa que contribuya a optimizar los recursos en materia de la INPI, realizando las previsiones necesarias para que los recursos económicos destinados a dicha infraestructura sean prioritarios, suficientes, oportunos y crecientes en términos reales de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, debiendo establecer las condiciones fiscales, presupuestales, administrativas y jurídicas para facilitar y fomentar la inversión en la materia.

Asimismo, promoverán mecanismos para acceder a fuentes alternas de financiamiento conforme lo establecido por esta ley y su reglamento.

Capítulo IIIDel Fondo Federal para la Infraestructura de Protección Contra Inundaciones

Artículo 9. Se crea el Fondo Federal para la Infraestructura de Protección Contra Inundaciones, cuyos recursos se destinarán a las inversiones dirigidas a la construcción, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de infraestructura dirigida a proteger la seguridad y patrimonio de los centros de población y áreas productivas contra inundaciones en el Distrito Federal y en las entidades federativas.

Artículo 10. Se autoriza al Ejecutivo federal para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, en moneda nacional, en adición a lo autorizado en la Ley de Ingresos de la Federación, hasta por un monto anual equivalente a un punto porcentual del Producto Interno Bruto del año anterior calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Artículo 11. Los créditos obtenidos conforme al artículo anterior se destinarán exclusivamente al fondo.

Artículo 12. Las asignaciones de recursos del fondo se realizan mediante los programas de inversión a que se refiere la fracción III del artículo 19, los cuales serán presentados por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados como parte del proyecto de Presupuesto General de Egresos.

Artículo 13. El control y la evaluación del ejercicio de los recursos del fondo son responsabilidad de la Secretaría de la Función Pública, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Auditoría Superior de la Federación, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

Artículo 14. La Auditoria Superior de la Federación desarrolla un programa de fiscalización permanente de la ejecución de los programas y proyectos de inversión que eroguen recursos del fondo, conforme a sus propias facultades.

Capítulo IVDel Instituto Nacional de la Infraestructura de Protección Contra Inundaciones

Artículo 15. Se crea el Instituto Nacional de la Infraestructura de Protección Contra Inundaciones como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de sus facultades; tendrá su domicilio legal en la Ciudad de México o en el lugar que determine el titular del Poder Ejecutivo federal.

Artículo 16. El objetivo del instituto es fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría y construcción de infraestructura de protección contra inundaciones, en términos de esta ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables, y desempeñarse como una instancia asesora en materia de prevención y atención de daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos a la infraestructura de protección contra inundaciones.

Para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, el instituto considerará en todo momento las características particulares de cada región del país, con base en su riqueza y diversidad.

El Instituto estará encargado de la construcción, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de infraestructuras destinadas a proteger la seguridad y patrimonio de los centros de población y áreas productivas contra inundaciones en el Distrito Federal y en las entidades federativas cuando así se convenga.

Artículo 17. El instituto adecuará el desarrollo de sus actividades a las políticas, estrategias y prioridades que establezca el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional Hídrico y los programas que en materia de infraestructura de protección contra inundaciones establezcan el Distrito Federal y las entidades federativas.

Artículo 18. El patrimonio del Instituto estará formado

I. Con los bienes muebles, inmuebles y derechos de uso y aprovechamiento que el gobierno federal le asigne o le proporcionen mediante cualquier figura jurídica los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, los municipios o los particulares;

II. Con los recursos que al efecto se le señalen en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

III. Con los ingresos propios que obtenga. El reglamento precisará los conceptos; y

IV. Con los bienes e ingresos que obtenga por cualquier otro título legal de acuerdo con el reglamento de esta ley.

Capítulo V

De las atribuciones del Instituto Nacional de la Infraestructura de Protección Contra Inundaciones

Artículo 19. Son atribuciones del Instituto las siguientes

I. Emitir normas y especificaciones técnicas para la elaboración de estudios, proyectos, obras e instalaciones y participar en la elaboración de normas mexicanas y normas oficiales mexicanas en términos de lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como proponer su emisión y difusión, en materia de construcción, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de infraestructura de protección contra inundaciones;

II. Crear y actualizar permanentemente un sistema de información del estado físico de las instalaciones que forman la INPI, en colaboración y coordinación con las autoridades federales y locales competentes a través de los mecanismos legales correspondientes, para lo cual tendrá las atribuciones siguientes:

a) Recopilar la información pertinente del estado físico que guarda la INPI a nivel nacional;

b) Disponer para tal efecto de los recursos necesarios y suficientes, de acuerdo con el presupuesto que se autorice;

d) Clasificar, analizar, interpretar y resguardar la información recopilada del estado físico que guarda la INPI a nivel nacional; y

e) Realizar acciones de diagnóstico y pronóstico relacionadas con la infraestructura física de protección contra inundaciones, así como definir acciones de prevención estructural y de mantenimiento.

III. Formular y proponer programas de inversión para la construcción, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, y reubicación de la infraestructura de protección contra inundaciones, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias, así como realizar la supervisión de la obra, por sí o a través de los organismos estatales, de conformidad con las normas y especificaciones técnicas que se emitan para tal efecto;

IV. Prestar servicios técnicos especializados en materia de edificación relacionados con la INPI;

V. Identificar y delimitar, con base en datos históricos y proyecciones, los lugares o zonas que impliquen un alto riesgo para los asentamientos humanos, y emitir las recomendaciones que correspondan.

VI. Elaborar proyectos ejecutivos en materia de INPI, a petición de parte, de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas emitidas para tal fin;

VII. Promover la obtención de financiamiento alterno para la construcción, mantenimiento, habilitación, rehabilitación y reforzamiento de la infraestructura de protección contra inundaciones;

VIII. Promover, en coordinación con las autoridades correspondientes, la participación social en la planeación, construcción y mantenimiento de la INPI;

IX. Impartir capacitación, consultoría y asistencia técnica, así como prestar servicios de asesoría a los organismos, entidades, instituciones o personas que lo requieran, en materia de elaboración de proyectos, ejecución, supervisión y normatividad de la INPI, así como para determinar los mejores esquemas u opciones de seguridad de la INPI.

X. Realizar acciones de seguimiento técnico y administrativo de los diversos programas aplicables a la INPI a cargo de las entidades federativas y los organismos estatales cuando dichos programas incorporen recursos federales y respecto de los que el instituto convenga con las autoridades estatales y municipales.

XI. Participar en coordinación con las instancias correspondientes en la planeación, programación y seguimiento técnico de los recursos autorizados para la ejecución de proyectos de inversión en INPI del país;

XII. Construir, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar en el Distrito Federal y en las entidades federativas cuando así se convenga con las autoridades estatales.

XIII. Realizar la supervisión en materia de ejecución de obra de la INPI, con base en los convenios que se suscriban, en su caso, con autoridades federales o locales;

XIV. Coordinar, en los términos que señale la ley, las actividades derivadas de la prevención y atención de daños causados a la INPI por desastres naturales, tecnológicos o humanos;

XV. Desarrollar programas de investigación y desarrollo en materia de INPI de nuevos sistemas constructivos y proyectos arquitectónicos, así como la incorporación de técnicas y materiales de vanguardia y tradicionales, ecológicos, regionales, económicos y de seguridad, de acuerdo con las directrices de política hídrica previstas en el artículo 6 de esta ley;

XVI. Celebrar convenios de investigación, desarrollo e intercambio de tecnología en materia de INPI con organismos e instituciones académicas nacionales e internacionales;

XVII. Realizar y promover investigaciones sobre avances tecnológicos que contribuyan a contar con una infraestructura de protección contra inundaciones de calidad, permitiendo la seguridad y condiciones óptimas de acuerdo a su contexto;

XVIII. Vincular y coordinar los esfuerzos de los organismos sociales del sector privado que desarrollen proyectos relacionados con la INPI, en los términos de ley y sin perjuicio de las competencias locales al respecto;

XIX. Obtener ingresos propios por servicios remunerados derivados de su objeto, señalados específicamente en el reglamento, y administrar su patrimonio, y

XX. Las demás que para el cumplimiento de su objeto le señale esta ley y su reglamento, así como la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Artículo 20. El instituto podrá prestar servicios remunerados, en los términos de la presente ley y su reglamento a:

I. Instituciones y personas del sector privado y social;

II. Dependencias e instituciones del sector público encargadas de la construcción de infraestructura distintas a las destinadas a la protección contra inundaciones, e

III. Instancias públicas, privadas y sociales del extranjero, que en el marco de instrumentos o acuerdos de colaboración soliciten los servicios del instituto.

Artículo 21. Los ingresos generados por los servicios prestados en los términos del artículo anterior, serán destinados al equipamiento y desarrollo tecnológico necesario para el adecuado desempeño de las funciones del instituto, así como a la ejecución de convenios suscritos con las instancias locales y federales para el desarrollo de proyectos dirigidos a la protección de los centros de población contra inundaciones.

La operación de estos recursos quedará al cargo del instituto, bajo la supervisión y apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debiendo registrarse con claridad las distintas formas de obtención de recursos financieros, criterios de aplicación del gasto y, en su caso, recuperación, rendición de cuentas e indicadores de gestión, así como metas resultantes de la aplicación de tales recursos.

Capítulo VI

De la Administración del Instituto Nacional de la Infraestructura de Protección Contra Inundaciones

Artículo 22. La administración del instituto estará a cargo de

I. La junta de gobierno;

II. El director general, y

III. Las unidades administrativas necesarias para su adecuado funcionamiento que apruebe la junta de gobierno, de conformidad con el presupuesto autorizado.

Artículo 23. La junta de gobierno estará integrada por:

I. El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien la presidirá;

II. Un subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien será designado por su titular;

III. El titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación;

IV. El director del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México;

V. Dos integrantes designados por los titulares de los ejecutivos locales, de conformidad con las reglas que se emitan para tal efecto, y

VI. Dos integrantes designados por los titulares de los ayuntamientos, de conformidad con las reglas que se emitan para tal efecto.

El director general, el comisario y el titular del órgano interno de control, participarán en las sesiones de la junta de gobierno con voz, pero no con voto.

Los integrantes de la junta de gobierno, contemplados en las fracciones I a III, acreditarán ante la misma a sus respectivos suplentes, que serán del nivel jerárquico inmediato inferior, quienes fungirán como miembros en las ausencias de aquellos.

Artículo 24. La junta de gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros. Sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos; en caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad.

Artículo 25. La junta de gobierno celebrará sesiones ordinarias una vez cada trimestre, de conformidad con lo que establezca el estatuto orgánico. El presidente de la junta de gobierno podrá convocar a sesiones extraordinarias para tratar asuntos cuya naturaleza lo amerite.

Artículo 26. La junta de gobierno tendrá, además de las que se señalan en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes atribuciones

I. Expedir su reglamento interior;

II. Establecer las políticas generales para el desarrollo de las actividades del instituto;

III. Aprobar, supervisar y evaluar los planes y programas del instituto;

IV. Aprobar el pronóstico de ingresos y el anteproyecto de presupuesto de egresos del instituto, considerando los diagnósticos anuales de la INPI;

V. Aprobar los informes de actividades y los estados financieros que le presente el director general;

VI. Conocer los dictámenes que emita el comisario y, en su caso, ordenar las medidas necesarias para solventar las observaciones realizadas;

VII. Aprobar, a propuesta del director general, el nombramiento de los titulares de las direcciones que le auxilien en el despacho de los asuntos;

VIII. Aprobar el estatuto orgánico con la estructura básica del instituto, y

IX. Las demás que se deriven de los ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 27. El instituto contará dentro de su estructura orgánica con un órgano interno de control, que tendrá como función apoyar el mejoramiento de gestión de esta entidad. Los titulares del órgano interno de control y de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, serán designados y removidos libremente por el titular de la Secretaría de la Función Pública, de quien dependerán jerárquica y funcionalmente y ejercerán sus atribuciones conforme a los lineamientos que emita la citada dependencia.

Artículo 28. El instituto contará con un órgano de vigilancia integrado por un comisario público propietario y un suplente, designados ambos por la Secretaría de la Función Pública.

Este órgano, así como los titulares del órgano interno de control y de las áreas de responsabilidades, auditoría y quejas, ejercerán sus funciones de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y demás disposiciones federales aplicables.

Artículo 29. El director general será designado y removido libremente por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 30. El director general tendrá, además de las atribuciones que le señala la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes

I. Administrar al instituto;

II. Representar legalmente al instituto y otorgar poder para actos de administración, pleitos y cobranzas, incluso con aquellas facultades que requieran cláusula especial;

III. Celebrar toda clase de actos jurídicos necesarios para el desarrollo de las atribuciones y el cumplimiento de los objetivos del Instituto;

IV. Ejecutar los acuerdos de la junta de gobierno e informar a ésta sobre su cumplimiento;

V. Someter a la junta de gobierno los informes trimestrales, semestrales y anuales de actividades, así como los estados financieros correspondientes a cada ejercicio;

VI. Proponer a la junta de gobierno la aprobación de la estructura necesaria para el cumplimiento de los objetivos del instituto, así como sus modificaciones;

VII. Presentar oportunamente a la junta de gobierno para su aprobación, el pronóstico de ingresos y el anteproyecto de presupuesto anual de egresos del Instituto;

VIII. Proponer a la junta de gobierno el nombramiento de los titulares de las direcciones que lo auxilien en el despacho de los asuntos;

IX. Designar y remover a los demás servidores públicos del instituto en los términos de ley;

X. Delegar las atribuciones que le autorice la junta de gobierno;

XI. Convocar y coordinar a los titulares de los organismos y dependencias de las entidades federativas responsables de la INPI a la formación de un órgano técnico de consulta que actuará en asuntos de interés común en los términos que señale el reglamento; y

XII. Las demás que le señalen la ley, el estatuto o la junta de gobierno.

Artículo 31. Los titulares de las direcciones, gerencias, subgerencias y jefaturas de departamento del instituto tendrán las atribuciones que les señalen el estatuto orgánico y el reglamento.

Artículo 32. Las relaciones laborales entre el instituto y sus trabajadores se regirán por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El reglamento de la Ley General de la Infraestructura de Protección Contra Inundaciones y los lineamientos generales a emitir por el instituto deberán ser expedidos dentro de los 180 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Tercero. La junta de gobierno tendrá hasta 90 días hábiles a partir de su integración para expedir el estatuto orgánico.

Artículo Cuarto. Los servidores públicos de la Comisión Nacional del Agua que a la entrada en vigor del presente decreto desempeñen funciones relacionadas con la materia de la presente ley pasarán a formar parte del Instituto Nacional de la Infraestructura de Protección Contra Inundaciones, respetándose todos sus derechos laborales en términos de la ley, tanto individuales como colectivos.

Artículo Quinto. Los montos no ejercidos del presupuesto autorizado para los proyectos de infraestructura de protección contra inundaciones de la Comisión Nacional del Agua en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año en curso, al inicio de la vigencia de este decreto, serán ejercidos por el Instituto Nacional de la Infraestructura de Protección Contra Inundaciones.

Artículo Sexto. Dentro de los 180 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Instituto Nacional de la Infraestructura de Protección contra Inundaciones deberá ratificar los convenios celebrados con anterioridad por la Comisión Nacional del Agua en las materias a que se refiere esta ley, sustituyéndolo en el cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de dichos derechos.

Artículo Séptimo. En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias y estatutarias a que se refiere la presente ley, seguirán en vigor en lo que no la contravengan, aquellas que han regido hasta el momento a la Comisión Nacional del Agua.

Artículo Octavo. Las referencias a la Comisión Nacional del Agua en materia de construcción de infraestructura para el control de inundaciones, que hagan las leyes y demás disposiciones normativas, se entenderán realizadas al Instituto Nacional de la Infraestructura de Protección Contra Inundaciones.

Artículo Noveno. Se derogan todas las demás disposiciones que se opongan al presente decreto.

Nota

1. http://www.eclac.org/mexico/noticias/noticias/0/32940/resumen_evaluacio n_tabasco.pdf.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a los 5 días del mes de octubre de 2010.