Gaceta Parlamentaria, año XIII, número 3116-II, miércoles 13 de octubre de 2010


Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se considere en las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Rural que el valor del subsidio sea igual o superior a las aportaciones de los jornaleros agrícolas en el Infonavit, a cargo del diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Javier Usabiaga Arroyo, diputado a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta ante esta asamblea punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El Programa de Vivienda Rural está previsto en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social.

Su objetivo es apoyar la construcción, la ampliación y el mejoramiento de viviendas en el medio rural, a fin de reducir las asimetrías en las condiciones de vida entre la población urbana y la rural.

La población objetivo son las familias en situación de pobreza patrimonial que vivan en localidades menores de 5 mil habitantes clasificadas como de muy alta marginación o alta marginación, incluyendo de manera enunciativa pero no limitativa a familias de ejidatarios, comuneros, colonos agrícolas avecindados, jornaleros agrícolas, indígenas y minifundistas.

Este importante programa recibió en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 974. 8 millones de pesos; y en el de 2010, 958.2 millones. En el proyecto de PEF enviado por el Ejecutivo en fechas recientes se prevén mil 997. 8 millones, lo cual representa una variación de mil 39.6 millones, un incremento de 108.5 por ciento.

En esta etapa de discusión del paquete económico bien valdría la pena analizar la viabilidad de que tengan prioridad los jornaleros agrícolas temporales para que el valor del subsidio del Programa de Vivienda Rural sea igual o superior a sus aportaciones en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se formula un respetuoso exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a establecer en las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Rural, del ramo 20, “Desarrollo social”, del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 que el monto del subsidio a este programa sea igual o superior al de las aportaciones en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores hechas por los jornaleros agrícolas temporales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 7 de octubre de 2010.

Diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Sinaloa a instruir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para que resuelva conforme a derecho la toma de nota que demanda el SUNTUAS Administrativo e Intendencia, de conformidad con la elección sin impugnaciones que éste realizó; y al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a reinstalar en la plaza laboral al secretario general del sindicato, a cargo del diputado José Luis Jaime Correa, del Grupo Parlamentario del PRD

José Luis Jaime Correa, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

El 13 de julio pasado se realizó la votación por planillas del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa-Administrativos e Intendencia, periodo 2010-2013, resultando triunfadora la planilla que encabezó como secretario general el ingeniero Marco Antonio Medrano Palazuelos, con un total de mil 720 votos contra mil 619 votos de la otra planilla registrada (Unidad y Fortaleza Sindical).

De conformidad con los estatutos del sindicato, el Comité Ejecutivo se integra por representación proporcional, por lo que ambas planillas quedaron integradas en ese órgano de dirección sindical, asimismo, de conformidad con la convocatoria de elecciones el viernes 16 de julio de 2010 se celebró la asamblea general ordinaria para analizar y calificar el dictamen del Colegio Electoral, siendo aprobado por abrumadora mayoría como quedó debidamente registrada en el acta correspondiente que fue firmada por los secretarios sindicales correspondientes, del Comité Ejecutivo saliente. En la misma asamblea general ordinaria, el Colegio Electoral les tomó protesta a los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo para el periodo 2010-2013.

Después de realizado el proceso electoral el Comité Ejecutivo empezó a funcionar de manera plural y en la normalidad sindical, sin que incluso hasta la fecha se haya presentado ningún recurso de impugnación formal.

Sin embargo, los acontecimientos políticos que se viven en Sinaloa han influido de manera negativa en la convivencia sindical. El ex rector Héctor Melesio Cuen Ojeda, fue electo presidente municipal de Culiacán, Sinaloa y ha resentido denuncias penales de universitarios que lo acusan de enriquecimiento inexplicable en el periodo que fungió como rector, pareciera que estos hechos han influido en el ex rector quien cuenta con una amplia influencia en la planilla perdedora y en el actual rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa para presionarlos a efecto de que desconozcan la elección, y presionen a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para que no se de la toma de nota.

Los integrantes de la planilla que ocupo el segundo lugar en las elecciones sindicales han portado mantas en el edificio principal de la institución, solicitando al gobernador electo Mario López Valdez que saque las manos de la UAS, es decir, las denuncias que se han presentado contra el actual presidente municipal electo se le atribuyen al gobernador electo y se genera un conflicto sindical artificialmente para presionar a quien ocupará a partir del primero de enero el puesto de gobernador de Sinaloa.

En el colmo de la irresponsabilidad, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, según el acta que consigna una investigación administrativa iniciada el 10 de septiembre resuelve rescindir cualquier relación laboral que tenga el ingeniero Marco Antonio Medrano Palazuelos con la UAS y quien se encuentra comisionado a la sección administrativa del Sindicato Único de la UAS.

Así, con fecha 21 de septiembre de 2010 el secretario general del sindicato se ve despedido porque se le atribuye violencia verbal e insultos contra las autoridades universitarias y porque se le acusa de quemar dos piñatas, una que decía Cuen y otra que decía Loaiza (ex secretario general del sindicato). Esta es la intolerancia que se vive hoy en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Considerando que el proceso sindical no tuvo ninguna anomalía, fue plenamente aceptada por las partes y no tiene porque vincularse a los conflictos que vive el ex rector Héctor Melesio Cuen Ojeda, se pone a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno de Sinaloa instruya a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje otorgue la toma de nota al Comité Ejecutivo como resultado del proceso electoral del SUNTUAS Administrativo e Intendencia, periodo 2010-2013.

Segundo. Se exhorta al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño, reinstale en su plaza laboral al ingeniero Marco Antonio Medrano Palazuelos, hoy secretario general del SUNTUAS Administrativos e Intendencia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2010.

Diputado José Luis Jaime Correa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir diversos tramos carreteros en Perote, Veracruz, a cargo del diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, José Francisco Yunes Zorrilla, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos suficientes para la construcción de los tramos carreteros Tepetates-Llanillo, Alameda-Monte Grande, Estanzuela-Lerdo de Tejada-Buenavista-Tepozteco-Libertad, Jonotal-Piedra Parada, Xico-Pocitos, Altotonga-La Ventilla de la región de Perote, Veracruz, con base en los siguientes

Considerandos

La pobreza en nuestro país no disminuirá si no se impulsan proyectos de infraestructura que comuniquen plenamente a las comunidades, localidades y regiones de nuestro país, a efecto de dinamizar sus economías y la ampliación de mercados que generen empleos dignamente retribuidos.

La Ley General de Desarrollo Social establece en su artículo 11, fracción II, que la Política Nacional de Desarrollo Social tiene entre sus objetivos: “fortalecer el desarrollo regional equilibrado. El desarrollo regional, necesariamente debe tener una infraestructura que permita articular adecuadamente las comunicaciones entre las comunidades”.

La región de Perote, Veracruz, es rica en productos como papa, maíz, frijol, ganado ovino, porcino, caprino, así como también productos de valor agregado como embutidos, quesos y lanas naturales elaboradas artesanalmente. De igual forma, la industria de la transformación de la región se vería beneficiada con vías de comunicación más eficientes y que reduzcan los tiempos y costos de comercialización de la industria de la construcción en la zona.

Actualmente, la infraestructura carretera está desarticulada y en muy malas condiciones. Los productos de la región no encuentran una buena distribución y llegan en desventaja al mercado estatal y nacional.

Para impulsar un desarrollo regional que detone un desarrollo económico y social en la región, es estratégica la construcción de los tramos carreteros Tepetates-Llanillo, Jonotal-Piedra Parada, Xico-Pocitos, Altotonga-La Ventilla. En total, 64 kilómetros de pavimento y obras de drenaje conexas.

Se calcula que la población beneficiada por estas obras, habitantes de los municipios en donde se llevarían a cabo la construcción de estos caminos, asciende a más de 190,000 habitantes, no contando los beneficios indirectos para aquellos que utilizarían estas carreteras.

La articulación de estas vías con las ya existentes, ampliarían las opciones turísticas en la región, además de brindar mejores comunicaciones para la atención a grupos vulnerables desafortunadamente tienen que viajar durante largos trayectos para obtener atención médica, educación o acceso a los distintos programas sociales municipales, estatales y federales.

Por lo antes expuesto y con base en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos suficientes para la construcción de los tramos carreteros Tepetates-Llanillo, Alameda-Monte Grande, Estanzuela-Lerdo de Tejada-Buenavista-Tepozteco-Libertad, Jonotal-Piedra Parada, Xico-Pocitos, Altotonga-La Ventilla de la región de Perote, Veracruz.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2010.

Diputado José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a impulsar por la Sedesol un programa especial para construir espacios comunitarios que fomenten la integración y la cohesión social de las comunidades en el país, a cargo del diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, José Francisco Yunes Zorrilla, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a impulsar un programa especial para la construcción de espacios comunitarios que fomenten la integración y cohesión social de las comunidades en nuestro país, con base en los siguientes

Considerandos

El surgimiento de espacios urbanos trae aparejados problemas sociales como la inseguridad, el pandillerismo, la violencia familiar y comunitaria, carencia de espacios de esparcimiento y convivencia, aumento de la pobreza, falta de cohesión social y pérdida del sentido de pertenencia.

Los espacios comunitarios son el centro de la socialización de los habitantes de muchas localidades en nuestro país. Son lugares en donde se recrean y comparten los valores y cultura de una comunidad. Desde esta perspectiva, es necesaria la creación de espacios que fortalezcan la integración del tejido social a través de actividades comunitarias que desarrollen valores sociales y arraigo.

La construcción de alternativas de desarrollo comunitario, parten de la existencia de espacios en donde se intercambian experiencias de vida, visiones de futuro y prácticas exitosas de desarrollo comunitario. Espacios que ofrezcan ocupación del tiempo libre de jóvenes y niños después de sus labores escolares.

La Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 11, fracción I, señala como objetivo de la Política Nacional de Desarrollo Social “propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social”.

Sin embargo, actualmente la Secretaría de Desarrollo Social ejecuta sólo dos programas orientados a la construcción y rescate de espacios comunitarios, con un impacto moderado y desarticulado; además, los recursos que se destinan al apoyo de proyectos comunitarios es insuficiente y sus reglas de operación son confusas y poco ágiles para el ejercicio de los recursos.

Por ejemplo, proyectos que tienen como objetivo la construcción de espacios comunitarios que fortalezcan la cohesión social y sano esparcimiento de jóvenes y niños en las comunidades, no resultan beneficiadas de los recursos programados en el Ramo 20, de Desarrollo Social. En todo caso, la inversión sobrepasa los límites establecidos en los programas hasta ahora en operación.

Las iniciativas de organizaciones sociales, de gobiernos municipales y estatales, son truncadas por la falta de coinversión de la Federación para estos rubros. Mientras en otros países, las organizaciones locales reciben pleno apoyo de sus gobiernos para realizar este tipo de proyectos, en nuestro país son abandonadas y sus iniciativas olvidadas en la burocracia presupuestaria.

Si bien existen apoyos focalizados para mitigar los bajos niveles de cohesión social que se presentan en algunas comunidades de nuestro país, los esfuerzos no son suficientes y son aislados y no cuentan con el apoyo de las comunidades.

El Programa de Rescate de Espacios Públicos ha promovido la realización de acciones sociales y la ejecución de obras para la recuperación de sitios de encuentro comunitario localizados en zonas urbanas, que presenten características de inseguridad y marginación. Este programa tiene una cobertura nacional en localidades urbanas integradas físicamente a las zonas metropolitanas y ciudades que cuentan con una población de 50 mil o más habitantes, de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población. En la distribución de recursos, se da prioridad a las localidades que presentan problemas de marginación e inseguridad.

El Programa contempla recursos para la modalidad de participación social y seguridad comunitaria de 30 mil a 300 mil pesos para apoyo de proyectos. Para la modalidad de mejoramiento físico el monto de apoyo varía de 300 mil a 3 millones de pesos.

Debe acotarse que este programa contempla que la aportación conjunta de las entidades federativas y municipios, así como de la comunidad, deberá ser por lo menos el 50 por ciento del costo total del proyecto integral.

También debe mencionarse que el programa ha logrado tener impacto en las comunidades apoyadas. En septiembre de 2009 se realizó la Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad, Conductas de Riesgo y Participación Social en Espacios Públicos, en 9 mil 600 hogares ubicados alrededor de 320 espacios públicos en 187 municipios y delegaciones de las 32 entidades federativas; entre los resultados obtenidos destacan que 94.4 por ciento expresó un muy alto o alto grado de satisfacción con las actividades sociales realizadas en los espacios públicos apoyados; y 74.4 por ciento participa en las actividades sociales realizadas en los espacios públicos apoyados.

De la misma manera el programa Hábitat, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social, se aplica en ciudades mayores de 15 mil habitantes. Al interior de éstas, focaliza sus acciones en zonas urbanas marginadas con alta concentración de hogares en situación de pobreza, denominados “Polígonos Hábitat”. Su población objetivo está constituida por los integrantes de hogares asentados en estas zonas y los municipios son los principales ejecutores de los proyectos.

Dentro de este programa, en lo que va del año, se han apoyado 254 proyectos para la construcción, habilitación o equipamiento de centros de desarrollo comunitario, sin embargo no se cuenta con información sobre el impacto de las obras y mucho menos se tiene un seguimiento de las acciones impulsadas.

Reorientar recursos que permitan impulsar obras integrales de mayor impacto es una necesidad que puede ser evaluada concretamente.

Por ejemplo, es necesario un programa especial que pueda financiar centros comunitarios como los propuestos por el municipio de San Luis Potosí con un costo de 30 millones de pesos; o como el proyecto de creación del Club de Niños y Niñas de Nogales, Sonora, con un costo de 21 millones.

La Política de Desarrollo Social del Gobierno Federal requiere de una profunda revisión y un análisis exhaustivo para que pueda funcionar con eficacia, eficiencia y con un verdadero interés por mejorar los niveles de desarrollo social y humano de la población.

Por lo antes expuesto y con base en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a impulsar con presupuesto suficiente en el año 2011 un programa especial para la construcción de espacios comunitarios seguros que fomenten la integración y cohesión social de las comunidades en nuestro país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2010.

Diputado José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias encargadas de revisar las embarcaciones extranjeras a cumplir la normatividad vigente para realizar actividades pesqueras en Ensenada, Baja California, a cargo del diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, facultado en las potestades conferidas en los artículos 58 y 60 del Reglamento para al Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes

Considerandos

1. La ciudad de Ensenada, se localiza aproximadamente a 80 km de la frontera México-Estados Unidos de América frente al océano Pacífico, su puerto cuenta con diversas rutas comerciales que lo enlazan con varias ciudades mexicanas y extranjeras, entre ellas se encuentran; La Paz, Manzanillo, Mazatlán, Acapulco y Lázaro Cárdenas, así como San Diego, Long Beach y Los Ángeles; Puerto Quetzal, Valparaíso, Yokohama y Hong Kong. Esta Ciudad, después del Distrito Federal, es la zona urbana con más residentes estadounidenses y europeos.

2. Debido a la importancia de este puerto, en Ensenada, se cuenta con una flota pesquera general, importante a nivel nacional, más sin embargo, no cuenta con una flota pesquera similar a la flota del sur de los Estados Unidos, ya que en ese país la flota pesquera deportiva es extensa y la infraestructura de las embarcaciones está muy por encima de la nuestra.

3. La importancia que cuenta el puerto de Ensenada a nivel nacional, no sólo radica en la cercanía con las ciudades fronterizas del norte de California, sino también, en la actividad pesquera que se desarrolla en la región, es por ello, que nuestro vecino país ha puesto en marcha algunas actividades para desarrollar la pesca en esa región, basándose en la carencia de la aplicación de los lineamientos específicos en la normatividad vigente mexicana.

4. A su vez, existe una deficiencia en la revisión de las actividades pesqueras, por parte de las autoridades mexicanas, tanto en las embarcaciones como a los miembros de las tripulaciones de dichos barcos, así como el tipo de actividad pesquera que realizan, esto, dentro de la jurisdicción marítima federal.

5. Ante la reglamentación internacional y la Ley de Navegación de México, cualquier barco extranjero que permanezca dentro del límite de aguas nacionales, que no sea simplemente por tránsito, está obligado a reportar su entrada a la capitanía de puertos más cercana, explicar las actividades marítimas que desea realizar, así como registrar la salida de la embarcación al término de la misma y demostrar los permisos necesarios emitidos por el Instituto Nacional de Migración, entre otras cosas.

Según datos enviados por el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación al respecto, nos establecen que los tripulantes pueden ser documentados como no inmigrantes turistas, dicho permiso se concede hasta por 6 meses y no es susceptible de prórroga, por lo tanto, no cuentan con permisos para laborar en territorio nacional.

6. La asociación de Armadores Unidos de Pesca Deportiva de Ensenada nos ha manifestado que el presente problema radica, sustancialmente, en que los barcos americanos que se encuentran dentro del territorio nacional, realizan actividades de pesca comercial, escudándose con un permiso de pesca deportiva, actividad que afecta al desarrollo de la región y afectan a la economía mexicana, sin que exista o medie alguna revisión oficial, por parte de nuestras autoridades.

Los encargados de otorgar las licencias y permisos para lo que respecta a las actividades pesqueras son la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, quién otorga las licencias para las diferentes clasificaciones de pesca, los permisos de actividad a realizar, los otorga la capitanía de puertos dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

A su vez, las autoridades encargadas de estas revisiones al interior del mar, son la Secretaría de Marina y la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en tierra los encargados de estas revisiones son el Instituto Nacional de Migración y la Dirección General de Aduanas, sin embargo, existen reportes por parte de los representantes de Armadores Unidos de Pesca Deportiva de Ensenada, que las embarcaciones estadounidenses realizan actividades pesqueras diferentes a las que fueron autorizadas.

Señoras y señores diputados: la defensa de nuestra soberanía es una labor conjunta que debemos atender, el presente es un llamado a nuestras autoridades portuarias y marítimas para que investiguen, y en su caso atiendan estas denuncias que nos han hecho los Armadores Unidos de Pesca Deportiva, es por ello, que les solicito de la manera más atenta que juntos impulsemos esta proposición a efecto de hacer que nuestras autoridades y demos resultados ante los sectores y las actividades que podemos sacar algún provecho económico.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Secretarías de Secretarías de Marina; de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, y al Instituto Nacional de Migración a efecto que refuercen el puntual cumplimiento de la normatividad en materia de otorgamiento de licencias y permisos para las actividades pesqueras realizados por los barcos extranjeros que ingresan a nuestro país en la zona de Ensenada, Baja California.

Segundo. Se exhorta al Gobierno de Baja California a fin de que refuerce los trabajos de coordinación, con la federación, dependencias y entidades competentes, en materia de cumplimiento y vigilancia de las actividades pesqueras y acuícolas, apegándose a la ley y a la normatividad vigente.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados a 28 de septiembre de 2010.

Diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cofepris y a la Secretaría de Salud a implantar programas constantes de información y vigilancia sobre las condiciones de infección ocasionadas por las actividades de Granjas Carroll, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo para exhortar a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Secretaría de Salud a implantar programas constantes de información y vigilancia sobre las condiciones de infección ocasionadas por las actividades de la empresa Granjas Carroll, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el país, la porcicultura fue el sistema ganadero de crecimiento más rápido e importante por su aportación a la producción de carnes entre 1975 y 1985. En la década de los sesenta y la mitad de los setenta, la carne de cerdo presentó amplia elasticidad de ingreso y, según las encuestas de ingreso-gasto de 1963 y 1967, fue el cárnico de mayor consumo en los estratos de la población de menores ingresos.

Irónicamente, a inicios de los ochenta el consumo per cápita alcanzó un incremento de 11 kilogramos a 19.6 6 por año, pero posteriormente la crisis de estos años, llamada “década perdida” y los programas de ajuste puestos en marcha modificaron por completo ese entorno; el mercado interno se estancó, se eliminó la mayor parte de los subsidios y se dio inicio a un proceso de apertura comercial que empezó con la adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio desde 1986, culminando en la primera mitad de los noventas con la firma de varios acuerdos comerciales con diferentes países; destacando el Tratado de Libre Comercio con América de Norte.

La producción entre 1985 y 2008 fue negativa, con un decremento anual de cero punto 3 por ciento, acompañado por periodos comprendidos con crecimientos y reducciones constantes.

Durante este periodo es posible identificar dos etapas: la primera desde 1985 hasta 1991 y la segunda de 1992 a 2008. En la primera etapa, la producción retrocedió prácticamente 730 mil toneladas con una tasa de crecimiento medio anual del menos 12.97 por ciento, equivalente a una pérdida total del 65 por ciento del volumen producido.

En la segunda etapa la tendencia fue positiva, con un incremento de casi las 392 mil toneladas, pasando de 757 mil 351 a 1 millón 148 mil 871 toneladas, cifras que equivalen a una tasa de crecimiento medio anual de 4.25 por ciento.

En ese tiempo, los avances a escala mundial en genética, sanidad, manejo y alimentación, repercutieron en un descenso en el precio relativo de la carne de cerdo, convirtiéndola a partir de entonces en el cárnico de mayor consumo en todo el orbe.

Otro aspecto se debió a un rápido proceso de urbanización, que provoco cambios sustanciales en los hábitos de consumo, además de una economía de subsidio y un mercado protegido con elevados aranceles y permisos de importación.

Es necesario tomar en cuenta que el extraordinario crecimiento de la porcicultura se llevo a cabo sin considerar los problemas ambientales originados con ello, ignorando que desde 1973 un reglamento establecía límites máximos permisibles de contaminantes en los desechos de la porcicultura.

A escala mundial se reconoce que los problemas más severos que provoca la porcicultura en el ambiente, tiene que ver con los siguientes factores:

• La contaminación del agua superficial y del subsuelo por el nitrógeno, amonio y fósforo contenido en las excretas, el exceso de nutrientes que favorece el crecimiento de las algas desencadenando con ello el agotamiento del O2 disuelto, favoreciendo la proliferación de larvas de insectos nocivos. Por su parte el amonio es tóxico para los peces y los invertebrados acuáticos. De igual forma, se produce la contaminación de mantos acuíferos por las descargas de aguas sucias, así como desperdicios perecederos generados en las actividades porcícolas ya que es notable la presencia de sólidos suspendidos, coliformes y nitrógeno entre otros.

• Se presencia el deterioro de la calidad del aire por la generación de gases tóxicos principalmente dióxido de carbono, amoniaco, ácido sulfhídrico y metano, afectando primeramente a los trabajadores de la granja y a poblaciones vecinas, sin olvidar que los propios cerdos son contaminados por falta de higiene a pesar de ser estos animales los que posteriormente se encuentran destinados para el consumo humano.

• Se provocan molestias por los olores desagradables, siendo además precursores de trastornos respiratorios en el hombre y animales, entre otros problemas como es la contribución de la destrucción de la capa de ozono por la producción de óxido nitroso como parte de los gases emitidos durante la degradación microbiana.

• Se produce la contaminación del suelo y agua por metales pesados, mayormente cobre y zinc por el vertido de un volumen de estiércol excesivo que además puede ocasionar la alteración del PH, la infiltración al subsuelo de nitratos, contaminación microbiológica, entre otros.

• Y para concluir una breve lista de muchos males, debemos mencionar la pérdida de la biodiversidad por causas de erosión genética.

Todos esos problemas son muy bien conocidos por los pobladores del valle del Perote, en los límites de Puebla y Veracruz, además de los habitantes de Santa Ana Nextlalpan, México, quienes también padecen situaciones similares de contaminación y daño a la salud.

El ambiente en las comunidades de estas zonas se caracteriza por los olores fétidos del aire, los enjambres de moscas, así como por la contaminación de mantos freáticos, pozos y lagunas. Además proliferan las enfermedades respiratorias, gastrointestinales y de la piel.

Caso particular son los problemas del valle de Perote, que tienen su origen en la producción masiva de cerdos de Granjas Carroll de México, SA de CV.

Se sabe que esta empresa es propiedad de la compañía estadounidense Smithfield, la mayor productora de cerdos en Estados Unidos, en sociedad con Agroindustriales Unidos de México, SA de CV, que son exportadores de productos del campo.

El crecimiento de Granjas Carroll ha generado protestas de comunidades en ambos estados por su efecto destructivo del ambiente y en la vida cotidiana de la población.

Algunos pobladores han promovido procesos penales contra Granjas Carroll por desacato de las normas ambientales y en perjuicio de la salud del hombre.

Lo irónico es que la empresa Smithfield Company vino a México huyendo de los problemas judiciales que enfrenta en su país por contaminar el ambiente en Carolina del Norte y Virginia.

En 1985, un juez de la Corte de Justicia del Cuarto Circuito de Apelaciones de Estados Unidos multó a Smithfield por contaminar el río Pagan, de Virginia. La sanción fue de 285 mil 338 dólares, el mayor castigo civil por una violación del Acta del Agua Limpia.

Una década después, en 1996, los directivos de Smithfield fueron sancionados por la misma corte de justicia por falsificar y destruir muestras registradas con la descarga intencional de agua tóxica al Pagan. En esa ocasión, la sentencia fue de 18 meses de prisión y una multa histórica de 12.6 millones de dólares.

Estos datos se incluyen en un reporte del Comité de Asuntos Gubernamentales del Senado estadounidense, fechado en marzo de 2002. Este documento contiene el testimonio de Richard J. Dove, integrante de la organización civil Alianza Waterkeeper, el cual advierte del daño que la empresa provoca en el ambiente de Carolina del Norte.

En el mismo reporte se dice que en junio de 2000, las organizaciones ambientalistas agrupadas en Riverkeeper documentaron 36 casos de demanda en la corte superior contra las operaciones de Smithfield. El objetivo de estos recursos legales era conseguir una orden judicial para que la industria porcícola dejara de “contaminar las corrientes de agua y aire, y reparara el daño causado a ríos y riberas de Carolina del Norte”.

En tanto, el estado de Virginia acusó a Smithfield por más de 22 mil violaciones legales a causa de su actividad contaminante. Dichas infracciones se registraron desde mediados de los ochenta hasta mediados de los noventa, pero el caso fue desestimado por el juez en 2001, al considerar que la acción federal excluyó los reclamos estatales.

El documento del comité senatorial subraya que un estudio de 1998 “encontró clara evidencia de que el nivel de exigencia de leyes y regulaciones ambientales, más que su castigo, tuvo una influencia directa en el crecimiento de la industria porcícola, que tiene que ubicarse en comunidades minoritarias donde la oposición es más fácilmente silenciada”.

La organización ambientalista citada en el reporte subrayó desde entonces: “La presencia de esta contaminante industria es una amenaza para la salud pública debido a que puede bajar el valor de las tierras y la calidad de vida, e impedir un desarrollo económico más saludable para las comunidades que sufren de bajos ingresos y acceso médico”.

La experiencia de las comunidades mayoritariamente afroamericanas de Carolina del Norte y de Virginia es la misma que enfrentan alrededor de 30 mil pobladores de ocho municipios en la región de Perote, donde Granjas Carroll se instaló en 1994.

Finalmente, compañeras y compañeros diputados, hemos de decir que aquí la empresa Smithfield Company creció exponencialmente en la última década: ha instalado más de 100 módulos en comunidades veracruzanas y poblanas. Sin embargo, sólo ha generado 550 empleos entre la población, pues según datos de la propia empresa sus instalaciones cuentan con avanzada tecnología.

Como sucedió en Estados Unidos, los pobladores del valle de Perote están padeciendo los cambios ambientales y el incremento de los riesgos sanitarios por las grandes cantidades de desechos químicos y microbianos que Granjas Carroll vierte al ambiente a consecuencia de su producción masiva de cerdos.

La Gloria, comunidad perteneciente al valle de Perote, es hoy un foco de atención internacional porque en este poblado, de unos 3 mil habitantes, se detectó el primer caso de infección por el virus de influenza A (H1N1) en un niño de 5 años, llamado Édgar Hernández, además de que dicho virus ha causado decenas de muertes en México y en otros países.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del pleno de esta asamblea, para que se considere de urgente resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a llevar a cabo acciones de monitoreo y vigilancia para determinar el grado de afectación de suelos y del medio ambiente por los contaminantes vertidos por la empresa de producción porcina Granjas Carroll de México, SA de CV, en las comunidades cercanas a Perote, en los límites entre Veracruz y Puebla.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud a rendir un informe sobre la totalidad de enfermos detectados a causa del deterioro ambiental originado por esa planta de producción porcina, además de la evolución de las personas detectadas con el virus de influenza A (H1N1), también producida por descuidos sanitarios de la empresa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2010.

Diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las autoridades mexicanas un informe detallado sobre las acciones específicas que realizan para revisar las actividades pesqueras de embarcaciones extranjeras en Ensenada, Baja California, a cargo del diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en las potestades conferidas en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite poner a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, conforme a los siguientes

Considerandos

1. A lo largo de nuestra historia, los puertos mexicanos han sido puntos clave para el desarrollo de la economía nacional. No cabe duda de que la importancia que radica en ellos nos hace más fuertes y sólidos como nación.

Las autoridades federales y las estatales han implantado diferentes métodos de revisión de las embarcaciones extranjeras que no sólo transitan por nuestro territorio, a las embarcaciones que entran a los límites marítimos nacionales con el objetivo de realizar alguna actividad productiva o de recreación.

2. Las embarcaciones internacionales que se internan en el norte del país son principalmente las que provienen del sur de California, las cuales son armadas principalmente en la bahía de San Diego y la franja de la costa sur de California, navegan con los permisos nacionales de pesca deportiva, sin mediar ninguna clase de investigación alterna alguna a los equipos de pesca y mucho menos al estatus migratorio preciso de la tripulación.

3. En el puerto de Ensenada hay un problema importante con la entrada y las actividades que estos barcos realizan, ya que los permisos de pesca que otorga la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca son destinados a la pesca deportiva sin mayor especificación.

Para el caso de los estadounidenses que se internen en el país en estos barcos, como parte de su tripulación es necesario documentarse como no inmigrante turistas. Los requisitos para su internación son, entre otros, los siguientes:

• Permiso TMN-I-01 turistas (fracción I del artículo 42 de la Ley General de Población y artículo 160 del Reglamento de la Ley General de Población).

• Formato oficial de trámite migratorio.

• Copia del pasaporte vigente extranjero.

• Carta dirigida al Instituto Nacional de Migración en la que se solicita la internación en la característica de turista o la de transmigrante, dentro de la calidad de no inmigrante, con el señalamiento de la actividad y de los lugares por visitar.

• Documento que acredite fehacientemente solvencia económica del extranjero.

A su vez, es necesario tener la certificación en la materia otorgada por la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa), así como cumplir el artículo 42 de la Ley de Navegación que, entre otras cosas, establece lo siguiente:

Los navieros, para la explotación de embarcaciones en servicio de navegación interior y de cabotaje

I. Requerirán permiso de la secretaría para prestar servicios de

a) Transporte de pasajeros y cruceros turísticos;

b) Turismo náutico, con embarcaciones menores de recreo y deportivas mexicanas, o mediante las embarcaciones extranjeras depositadas en una marina turística autorizada;

Esa ley establece que las embarcaciones que cuenten con el permiso otorgado por la Sagarpa podrán pescar que cuenten, a su vez, con la concesión, permiso o autorización de la misma secretaria, al calce de la fracción II, que establece lo siguiente:

II. Podrán, mediante embarcaciones que cumplan las condiciones de seguridad y navegación, realizar sin permiso previo de la secretaría los siguientes servicios:

b) Pesca, siempre que cuenten con concesión, permiso o autorización de la Secretaría de Pesca, de acuerdo con la ley de la materia.

4. Al amparo del vacío existente en la materia desde la Ley de Navegación, los barcos estadounidenses entran en territorio nacional para realizar pesca recreativa o deportiva.

Sin embargo, no se implantan lineamientos específicos para que las autoridades mexicanas practiquen una revisión exhaustiva del tipo de pesca que realizan estos barcos.

5. Hay diferencias sustanciales entre una y otra: la pesca deportivo-recreativa se hace con un fin enteramente de placer y sin fines de lucro; para su realización sólo se requiere permiso de pesca, y esta actividad no constituye de ninguna manera el modo de vida de estos pescadores. Por otra parte, la pesca deportiva comercial se realiza mediante contratación y pago de servicios de personas a quienes esta actividad constituye su forma de vida. Esta actividad requiere permiso de pesca, aunado al de turismo náutico e infraestructura en las embarcaciones.

Además de estas diferencias, la pesca regional de Ensenada se encuentra en detrimento. Es necesario un estudio que demuestre la viabilidad de los límites de la pesca comercial en una franja de 5 millas a partir de la línea de la costa y zonas exclusivas para la práctica de la pesca deportiva y artesanal.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a las Secretarías de Marina, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Comunicaciones y Transportes; a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca; y al Instituto Nacional de Migración que entreguen a esta soberanía un informe detallado, dentro de los siguientes 30 días naturales a su aprobación, de las acciones específicas que desempeñan para revisar las actividades pesqueras de embarcaciones extranjeras en la zona de Ensenada, Baja California.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a revisar de manera exhaustiva los procedimientos y los permisos del tipo de pesca que se otorgan a las embarcaciones extranjeras en la franja de Ensenada y la isla Todos Santos, en Baja California.

Tercero. Se exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Marina, y de Comunicaciones y Transportes, así como a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, que refuercen las medidas o acciones de vigilancia y sanción para la pesca ilegal en Baja California.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 5 de octubre de 2010.

Diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a publicar por la Semarnat las modificaciones correspondientes del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas, de acuerdo con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para fortalecer la certificación voluntaria de predios, a cargo del diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del PVEM

Alejandro Carabias Icaza, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En el Diario Oficial de la Federación del 16 de mayo de 2008 se publicó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) para fortalecer la certificación voluntaria de predios, a fin de que se consideraran formalmente como áreas naturales protegidas (ANP) y, con ello, complementar la política nacional en la materia.

Las reformas se realizaron a diversos artículos de la LGEEPA, entre los cuales destacan los siguientes:

• Artículo 46. Para reconocer como ANP las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, clarificando que éstas serán de competencia federal.

• Artículo 55 Bis. Se adicionó para establecer los criterios que motivan el reconocimiento de “áreas destinadas voluntariamente a la conservación”.

• Se incorporó una nueva sección V al capítulo de áreas naturales protegidas, la cual se denomina “Establecimiento, administración y manejo de áreas destinadas voluntariamente a la conservación”. En dicha sección se adicionó el artículo 77 Bis, el cual establece las disposiciones mínimas sobre este tipo de ANP. De esa forma, el promovente define las personas que podrán solicitar el reconocimiento de sus predios como “áreas destinadas voluntariamente a la conservación” y los requisitos para presentar la solicitud.

• Artículo Segundo Transitorio. En él se previó que el titular del Poder Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor de trescientos días, debía publicar en el Diario Oficial de la Federación las reformas necesarias del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas, para que fueran acordes con las reformas de la LGEEPA en materia de áreas destinadas voluntariamente a la conservación.

Con esta nueva figura, cualquier persona interesada, pueblos indígenas y organizaciones sociales, pueden destinar sus predios a esta figura, y ellos establecerán, administrarán y manejarán dichas áreas, a través de un certificado expedido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el cual se hace el reconocimiento del terreno como ANP.

Ante esta situación, es de destacar que a la fecha la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no ha realizado las modificaciones correspondientes al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas, que debieron publicarse el 13 de marzo de 2009, de acuerdo con lo previsto en el artículo segundo transitorio del citado decreto.

La falta de modificaciones del reglamento genera incógnitas como las siguientes:

• La forma de expedición de los certificados y niveles de certificación de las áreas.

• El procedimiento de modificación de superficies o estrategias de manejo, así como la transmisión, extinción o prórroga de los certificados expedidos por la secretaría.

• Los requerimientos para solicitar el sello de sustentabilidad en caso de aprovechamientos sustentable de recursos naturales.

Si bien el número de áreas destinadas voluntariamente a la conservación ha permitido lograr mayor participación ciudadana en la instauración de la política ambiental, es necesario que ésta se plantee de acuerdo con bases estrictas emitidas por la autoridad competente, que en este caso debe ser la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del reglamento de la ley.

En mérito de lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal a publicar por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales las modificaciones correspondientes al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas, de acuerdo con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para fortalecer la certificación voluntaria de predios.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 6 de octubre de 2010.

Diputado Alejandro Carabias Icaza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a informar sobre las afectaciones del tránsito generadas por el desarrollo del proyecto vial Viaducto Elevado Toreo-Tepotzotlán, y a considerar las acciones pertinentes para su pronta solución, a cargo del diputado Sergio Octavio Germán Olivares, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Sergio Octavio Germán Olivares, diputado a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta ante esta asamblea puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobierno del estado de México a informar sobre las afectaciones del tránsito generadas por el desarrollo de la obra y a considerar las acciones pertinentes para su pronta solución del proyecto vial viaducto elevado Toreo-Tepotzotlán, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El gobierno del estado de México desarrolla el proyecto carretero Viaducto Bicentenario Toreo-Tepotzotlán, con la finalidad de solucionar el problema de congestión vial que se tiene actualmente en el periférico norte.

El proyecto vial viaducto elevado Toreo-Tepotzotlán está programado en tres etapas: la primera comprenderá el tramo Toreo-Tepalcapa, con un cuerpo de tres carriles de circulación en sentido sur-norte, con una longitud de 22 kilómetros; la segunda etapa está programada del tramo Tepalcapa-Toreo, integrado por un cuerpo de tres carriles de circulación en sentido norte-sur, con una longitud de 22 kilómetros; la tercera etapa comprende Tepalcapa-Tepotzotlán y se compone de tres carriles de circulación en ambos sentidos, con una longitud de 10 kilómetros.

La obra tendrá un ancho de la calzada de 12.60 metros, atendiendo un aforo estimado de 30 mil 300 vehículos al día, con una inversión en la primera etapa de 4 mil 220 millones de pesos, cuya operación está programada para septiembre de 2010.

El proyecto viaducto elevado Toreo-Tepotzotlán que va en dirección sur-norte antes de cerrar el tramo del periférico a las 23:00 horas genera un grave caos vial que para salir de él. En promedio, tarda un automovilista entre dos y tres horas, debido a la falta de planeación de la obra por las autoridades responsables de dicho proyecto.

De acuerdo con la ejecución de la obra, ésta se realizará básicamente en jornadas nocturnas, con un plan vial de circulación alterno para dar fluidez a la circulación en el día sobre avenidas como Gustavo Baz, Adolfo López Mateos, calzada de Las Armas, Aquiles Serdán y López Portillo, que ayuden a desahogar el constante aforo vehicular. Sin embargo, la situación ha sido compleja, pues las autoridades responsables no han tomado las acciones pertinentes; ello ocasiona grandes conflictos viales que afectan a miles de usuarios que hacen uso cotidiano de esta importante vía.

No se tienen señalamientos de las vías alternas, no hay suficientes agentes de tránsito que agilicen el flujo vehicular ni sincronización de semáforos viales para el desahogo del tráfico. Falta información vial a los conductores para evitar avenidas que se encuentran sumamente congestionadas, y se generan elevados niveles de contaminación ambiental para toda la región.

Sin duda, la seguridad de los ciudadanos es nuestra prioridad, a fin de evitar cualquier siniestro que los ponga en peligro, por lo que resulta fundamental que las obras que se desarrollen tengan todos los estudios necesarios para minimizar los riesgos que se puedan presentar en el momento de su ejecución y en su operación.

Otro aspecto que me han expresado los ciudadanos mexiquenses es el costo del peaje que se ha manejado en el proyecto en comento, a raíz de la licitación que se realizó en 2007, donde se consideró un peaje de 1.20 por kilómetro, de acuerdo con la empresa ganadora, el cual es muy alto para los usuarios que quieran utilizar esta vía todos los días, por lo que es necesario que el gobierno del estado de México busque opciones para disminuirlo.

Actualmente se han vendido 57 mil TAG, o aparatos de transmisión de frecuencia, para ingresar en la autopista de cuota del viaducto elevado Bicentenario desde la zona de El Toreo hasta el lago de Guadalupe, en Tlalnepantla. Los TAG, que activan las plumas de acceso a esta autopista de cuota urbana, tiene un costo de 300 pesos, 105 pesos por cargo por activación y 195 pesos de crédito para poder transitar pagando 1.32 por kilómetro transitado.

Muchos ciudadanos que tienen automóvil que no poseen un TAG han querido ingresar en el viaducto elevado Bicentenario, donde no se tienen casetas de cobro, sólo plumas que restringen el paso y sólo se elevan al ser activadas por los automóviles que portan su TAG, creando confusión y desorden vial a falta de información, además de que el costo es demasiado elevado para la ciudadanía.

Estoy en favor de que es necesario crear obras de infraestructura con amplio sentido social, que generen soluciones a los problemas que enfrenta el crecimiento regional, sobre todo en la zona norponiente, en la que se encuentran Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Tepotzotlán, los que por su colindancia con el Distrito Federal originan que el flujo vehicular ocasionando por los requerimientos de traslado entre sus habitantes sea de proporciones considerables.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se hace un atento exhorto al gobierno del estado de México para que, en un término de 30 días, contados a partir de la publicación del presente, informe a esta legislatura acerca de los procedimientos que llevó a cabo para determinar los costos de peaje del viaducto elevado y, de no existir, que se inicien los procedimientos administrativos disciplinarios o resarcitorios a los servidores públicos responsables de dicha licitación.

Segundo. Se instruya a quien corresponda a efecto de iniciar los procedimientos de auditoría; y que de desprenderse responsabilidad alguna, se inicien los procedimientos administrativos correspondientes contra quien resulte responsable.

Tercero. Sean realizadas las adecuaciones correspondientes a efecto de que el viaducto elevado pueda ser utilizado por toda la ciudadanía y no sólo por quienes tramiten una tarjeta TAG, estableciendo casetas de cobro de ser necesario.

Palacio Legislativo, a 5 de octubre de 2010.

Diputado Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras, programas y proyectos en favor de Guadalupe, Zacatecas, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal de la LXI Legislatura y perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el mes de octubre de 2009 estuvieron presentes presidentes municipales de todo el país, de las diversas expresiones políticas, de visita en esta honorable Cámara de Diputados, los cuales nos plantearon dos propuestas que tienen que ver con la administración y la situación que complica la actividad diaria de los municipios; la primera, la creación de una iniciativa de ley para el fortalecimiento municipal, que consolide el pacto federal, fortaleciendo la hacienda municipal y la participación ciudadana. La iniciativa que presentamos contiene la propuesta y reclamo de los municipios.

De igual forma presentamos ante esta soberanía, punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que se aumenten los recursos a los gobiernos locales y a todos los municipios del país a través de los fondos participables como son, ramo 33, ramo 28, ramo 20, ramo 23 y demás ramos propuestos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y fondos complementarios para su desarrollo y que estos sean realmente distribuidos de forma equitativa.

Para respaldar estas propuestas de los municipios se realizaron foros y consultas en los municipios y gobiernos locales. Asimismo, tomando en cuenta los requerimientos establecidos en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los criterios generales y las demandas locales, creemos que todos los legisladores tenemos que asumir nuestro rol de promotores de la voz de nuestros representados. Nosotros somos quienes aprobamos el PEF y si bien es nuestra voluntad apoyar las prioridades de los gobernadores, creemos que debemos ser sensibles en apoyar con la misma prioridad proyectos de los presidentes municipales en las mismas entidades, con lo que cerramos el círculo entre criterios técnicos, financieros, gubernamentales y sociales.

Por el estado al que pertenezco planteo las siguientes propuestas en favor del municipio de Guadalupe, Zacatecas:

Por lo que proponemos a esta soberanía de la LXI Legislatura el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Exhortar a las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y a las distintas comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, para que se aprueben y dictaminen las propuestas, programas, obras, y proyectos que presenta el municipio de Guadalupe, Zacatecas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2010.

Diputado Samuel Herrera Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Sagarpa, y a los gobiernos de las entidades federativas, por medio de las reglas de operación de sus programas federales, y en cumplimiento del pari passu, respectivamente, a facilitar el acceso a los recursos destinados a productores de bajos ingresos de menos de 10 hectáreas, a cargo de la diputada María Felícitas Parra Becerra, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal María Felicitas Parra Becerra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a los gobiernos de las entidades federativas para que por medio de las reglas de operación de sus distintos programas federales, y el cumplimiento del pari passu, respectivamente, faciliten el acceso a los recursos destinados a productores de bajos ingresos de menos 10 hectáreas, al tenor de los siguientes

Considerandos

Que de acuerdo con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el Estado fomentará actividades productivas en el ámbito rural procurando elevar la productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural.

Que conforme a dicha legislación, el Estado atenderá de manera diferenciada y prioritaria a las regiones y zonas con mayor rezago social y económico, para lo cual llevará a cabo programas de atención especial.

El porcentaje máximo de apoyo será de hasta el 50 por ciento del costo total del proyecto, con excepción de los apoyos dirigidos a productores de bajos ingresos que serán conforme se establezca en las reglas de operación y la estratificación realizada por las entidades federativas.

Que los productores de autoconsumo y los productores en transición a comerciales constituyen la mayor parte de los productores del campo nacional, representando aproximadamente el 90 por ciento.

Que de la superficie agrícola total (29.9 millones hectáreas de superficie agrícola) el 82.2 por ciento es de temporal, además de que del total de unidades de producción (4.1 millones) 30.4 por ciento utiliza sólo tracción mecánica para las actividades agrícolas.

Que de acuerdo con estudios realizados por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), algunas características de los beneficiarios del programa especial concurrente dificultan el acceso a los subsidios a causa de un nivel educativo bajo; el 14.2 por ciento de los encuestados son analfabetas y la escolaridad promedio es de 4.4 años. 1

Que conforme al Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, de 4.1 millones de unidades de producción, el 72.8 por ciento cuenta con escolaridad, y de esta proporción el 75.4 por ciento es de nivel primaria.

Que de acuerdo al CEDRSSA, el monto promedio de los apoyos se incrementa a medida que aumentan los años de escolaridad del productor, además de que los apoyos para el fomento productivo decrecen rápidamente a medida que aumenta la marginalidad.

Que a nivel nacional sólo 76 mil 486 unidades de producción, es decir, 2 por ciento del total, se integraron en grupo para acceder a algún tipo de servicio o apoyo.

Que el 87.4 por ciento de las unidades de producción se dedican a la agricultura como actividad principal.

Que de las unidades de producción agrícola el 72.6 por ciento registran menos de 5 hectáreas, y en general una superficie promedio de 7.3 hectáreas.

Que en muchos de los casos la falta de aportaciones que tienen que hacer los productores o alguna entidad federativa, como parte del apoyo de distintos programas federales, dificulta el completo ejercicio de este tipo de recurso.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que por medio de sus programas sujetos a reglas de operación, se incremente el porcentaje de apoyo a productores de bajos ingresos de hasta 10 hectáreas de temporal, con requisitos más accesibles para este tipo de beneficiarios, con propósitos claros y definidos y con indicadores de impacto que precisen el cumpliendo de dicho propósito en beneficio de este sector de la población rural.

Segundo. Se hace un atento exhorto a los gobiernos de las entidades federativas, para que cumplan con el esquema de pari passu en los programas federales orientados a fomentar el sector agropecuario y pesquero, a fin de lograr un mayor desarrollo de los pequeños productores y del sector en su conjunto.

Nota

1 CEDRSSA, 2006. Aplicación e impacto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable en las UPR (2002-2005). Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria. Cámara de Diputados, LX Legislatura.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 14 de septiembre de 2010.

Diputada María Felicitas Parra Becerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSP, a la Sedena, a la Semar y a la PGR a fortalecer sus operaciones en las zonas fronterizas para combatir el tráfico de armas, de indocumentados y de drogas, así como la piratería y el lavado de dinero, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Juan José Cuevas García, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante este pleno, una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Seguridad Pública, Defensa y Marina Nacional, así como a la Procuraduría General de la República a que, con el objetivo de salvaguardar la seguridad, la integridad y el respeto a los derechos humanos de los habitantes y de los migrantes, fortalezcan sus operativos en las zonas fronterizas, a efecto de combatir el tráfico de armas, indocumentados, drogas, piratería y lavado de dinero.

Consideraciones

“La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida.” 1

El crimen organizado es un de los problemas, que de forma por demás indignante, restringe a la sociedad mexicana, y a la de todo el mundo, de uno de los valores que por naturaleza le pertenecen como es la libertad, la honra y la dignidad humana. Los grupos criminales, gracias a su organización, estructura y funcionamiento, han formado parte del proceso globalizador, por lo que han crecido de forma alarmante, a un grado tal que es posible equipararlos con las grandes empresas transnacionales.

En ese sentido, el crimen organizado no reconoce naciones, de quienes no respeta fronteras, siendo éstas el lugar en el que se gestan una serie de delitos que por su gravedad sangran las entrañas de la sociedad y ponen en riesgo a las instituciones gubernamentales.

La delincuencia organizada, es fuente de una serie de actos que se generan a gran escala y que por su transnacionalidad puede diversificar sus operaciones en las fronteras mexicanas en delitos que generan grandes ganancias como en el tráfico de drogas, de indocumentados, de armas y el lavado de dinero.

Por consiguiente, la necesidad de que el actual gobierno fortalezca los mecanismos de seguridad que permitan proteger nuestras instituciones es imperiosa, poniendo especial atención en las zonas fronterizas frente a las amenazas y riesgos que puedan atentar contra la integridad y estabilidad de las personas que habitan o transitan por ellas. Es importante dar crédito a las obras, por eso hay que destacar que el Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Seguridad, Defensa y Marina Nacional, así como la Procuraduría General de la República realizan acciones de vigilancia de las zonas fronterizas para impedir el tráfico de personas, de drogas, de armas, de indocumentados y de mercancías.

Al respecto, es de reconocer que la Secretaría de la Defensa Nacional, en el último año, realizó 82,062 patrullajes en las fronteras norte y sur, en los que intervinieron un promedio mensual de 9,335 elementos militares, logrando en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como en Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas asegurar un total de 487,026 kilogramos de marihuana, 1,307.2 kilogramos de cocaína, 5,880 armas, 1,305,991 cartuchos, 60.1 millones de pesos, 22.8 millones de dólares, 3,440 vehículos y 3,200 personas detenidas.

Por su parte, la Secretaría de Marina, en el mismo lapso, realizó 12,508 patrullajes urbanos con una participación promedio mensual de 1,514 elementos navales, en 53 ciudades fronterizas, lo que permitió el aseguramiento de 296 personas, 126 vehículos, dos embarcaciones, 133 armas, 380 cargadores, 20,300 cartuchos, 27,249 kilogramos de marihuana, 11 kilogramos de cocaína, 20 granadas de mano y 154 indocumentados de diferentes nacionalidades.

La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía federal, realizó el operativo Espejo, realizado del 15 al 17 de octubre de 2009, en coordinación con los estados de Campeche, Chiapas y Tabasco, así como con autoridades guatemaltecas en la zona limítrofe entre México y Guatemala, en el que se efectuaron 647 revisiones para prevenir el tráfico de indocumentados.

Sumado a lo anterior, llevó a cabo el operativo Salvavidas, realizado en la franja fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua, que consistió en recorridos binacionales en vehículos con apoyo aéreo; asimismo, participó en el intercambio de información entre las policías de países fronterizos como Guatemala y Estados Unidos.

Mientras tanto, la Procuraduría General de la República, la través de la Agencia Federal de Investigación implementó el programa de revisión para inhibir el tráfico de personas indocumentadas y drogas en la terminal aérea de Tapachula, Chiapas, realizando la revisión de 1,270 aviones comerciales, 113 aviones privados, 10,522 pasajeros, 10,925 maletas de equipaje y 333 paquetes; logrando así la inhibición completa de actividades delictivas en la referida terminal aérea.

Adicionalmente, en el estado de Quintana Roo, la agencia logró el aseguramiento de cinco indocumentados de origen chino, la localización y presentación de 45 personas vinculadas al tráfico de personas y delincuencia organizada, así como la detención de 11 personas responsables del tráfico de indocumentados.

A pesar de las importantes acciones del Ejecutivo federal, las organizaciones criminales, gracias a su poder, han logrado permanecer vigentes y continúan llevando a cabo actividades ilícitas preocupantes para el resto del país. Paralelamente, debe tomarse en cuenta que al ingreso de toda clase de armas de fuego y hasta explosivos, además del tráfico de drogas e indocumentados y el lavado de dinero, tiene como consecuencia el aumento del índice de delitos de todo tipo y en todo el territorio nacional.

Compañeros legisladores, no hay que acostumbrarse a vivir con los enemigos de la libertad y la vida del pueblo e instituciones de México; el tráfico de armas es un problema que de pronto parece no tener solución y que representa el inicio del ciclo vital de toda clase de crímenes como el homicidio o el secuestro, bastiones de las organizaciones criminales y que son utilizados para dañar al Estado mexicano y exterminar a la gente de bien. Es por eso que esta semilla del terror requiere de una estrategia agresiva que permita frenar el flujo de armas por parte del narcotráfico hacia México.

Tampoco hay que olvidar que todas esas armas que ingresan por las fronteras a nuestro país, son utilizadas por los cárteles para atacar a nuestras policías, a nuestros funcionarios, sin importar si son federales o locales, así como a los periodistas que tan valientemente ejercen su loable labor informativa. Por tales razones, sabemos de la importancia de que todos los actores políticos empecemos a valorar, en su justa dimensión, el riesgo que significa esa inmensa capacidad de violencia provocada por las armas que entran a México, y luchar por impedir que el crimen organizado se fortalezca con el dinero y el arsenal importado y, finalmente, lograr el triunfo de la legalidad sobre las armas y la inseguridad.

Pero no sólo es responsabilidad de las instituciones federales, es necesario que los cuerpos policiales estatales participen en coadyuvancia con las acciones emprendidas por el ámbito federal, sobre todo en los municipios ubicados a lo largo de las fronteras norte y sur.

Por todo ello, es de vital importancia fortalecer las acciones del Ejecutivo federal a efecto de establecer una barrera de contención contra el tráfico de personas, armas, drogas y lavado de dinero, toda vez que son actividades que constituyen un problema que lastima a todos los ámbitos de gobierno y por ende, a la sociedad que vive en México y a la que transita por nuestro territorio.

Así pues, es dable insistir en la necesidad de que las acciones llevadas a cabo por las Secretarías de Seguridad Pública, Defensa y Marina Nacional, así como por la Procuraduría General de la República sean reforzadas con el objetivo de que tengan un carácter polivalente, ligeras, flexibles, de gran movilidad táctica y estratégica, con capacidad de respuesta, sólida moral, principios disciplinarios y arraigada vocación de servicio, dotadas de recursos humanos y tecnológicos de alta calidad, acordes a la potencialidad del país, para que puedan hacer frente a las amenazas que ponen en riesgo la seguridad de México.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Secretarías de Seguridad Pública, Defensa y Marina Nacional, así como a la Procuraduría General de la República a que, con el objetivo de salvaguardar la seguridad, la integridad y el respeto a los derechos humanos de los habitantes y de los migrantes, fortalezcan los operativos en las zonas fronterizas, a efecto de combatir el tráfico de armas, indocumentados, drogas, piratería y lavado de dinero.

Notas

1. Miguel de Cervantes Saavedra, El Ingenioso Hidalgo Don quijote de la Mancha.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2010.

Diputado Juan José Cuevas García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar el 16 de octubre Día Nacional contra la Obesidad, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Leoncio A. Morán Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar el 16 de octubre de cada año como día nacional contra la obesidad, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El exceso de peso corporal (sobrepeso y obesidad) es reconocido actualmente como uno de los retos más importantes de Salud Pública en el mundo, dada su magnitud, la rapidez de su incremento y el efecto negativo que ejerce sobre la salud de la población que la padece, debido a que aumenta significativamente el riesgo de padecer enfermedades crónicas no trasmisibles, tales como la hipertensión arterial, infartos, enfermedades vasculares así como cáncer de mama, de esófago y riñón. Por ejemplo, el 90 por ciento de los casos de diabetes tipo 2, que hoy es la primera causa de muerte en el país, son atribuibles al sobrepeso y a la obesidad.

Lo anterior quedó expuesto en el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria: Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad, convocado por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, en el que llamó a todos los sectores del país a hacer un frente común contra el sobrepeso y la obesidad, mismo que fuera signado por todos los que en él participaron el pasado 25 de enero del año en curso.

En respuesta al crecimiento de esta epidemia, dice el acuerdo, la Organización Mundial de la Salud promovió la Estrategia Mundial sobre Alimentación Saludable, Actividad Física y Salud para la prevención de enfermedades crónicas, a la cual México se adhirió en 2004.

De 1980 a la fecha, la prevalencia de obesidad y sobrepeso en México se ha triplicado. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, México cuenta con 52.2 millones de personas con problemas de peso, esto representa en particular en la población adulta: 39.5 por ciento de los hombres y mujeres tienen sobrepeso y 31.7 por ciento obesidad. Es decir, aproximadamente 70 por ciento de la población adulta tiene una masa corporal inadecuada, al igual que alrededor de cuatro millones y medio de niños de entre cinco y once años.

Estas cifras hacen que México sea actualmente el país con mayor número de personas adultas con sobrepeso en el mundo y, por desgracia, con el mayor problema de obesidad infantil en todo el mundo.

Igualmente importante es resaltar que México gastó 3 240 millones de dólares para tratar enfermedades relacionada con el sobrepeso y la obesidad en 2009, como la diabetes, que es la primera causa de muerte en el país

El incremento registrado en la cifras de sobrepeso y obesidad es resultado de diversos factores, entre los que destacan los malos hábitos alimenticios, los cambios en el acceso y consumo de alimentos, así como los cambios drásticos en los estilos de vida en un tiempo relativamente corto.

El gobierno federal ha instrumentado una política integral de prevención y atención de la obesidad con una amplia participación de toda la sociedad, que propicia una responsabilidad compartida entre diferentes sectores y órdenes de gobierno, la sociedad civil, los sectores académicos y profesionales y la industria.

Entre las acciones que destacan se encuentra el programa 5 Pasos por tu Salud para Vivir Mejor, el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, antes mencionado y, la Estrategia de Sobrepeso y Obesidad, que tiene como objetivo detener y revertir el problema de salud que representa el sobrepeso y la obesidad. Entre otras. Se pretende impulsar una cultura de hábitos alimentarios saludables entre los niños, así como constituir normas claras sobre el tipo de productos que pueden expenderse o distribuirse en las escuelas de educación básica.

Además, para prevenir y controlar padecimientos como sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus y riesgo cardiovascular, en 2009 se programó la construcción de 50 unidades de especialidades médicas de enfermedades crónicas, construyéndose 59 durante el periodo enero a agosto de 2010, de las cuales se encuentran operando 56.

El Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria también estipula una ambiciosa meta social común inmediata, para lo cual se han acordado diez objetivos prioritarios incluyendo la temática de actividad física, el agua simple potable, la disminución de azúcares y grasas en bebidas, el aumento del consumo en frutas y verduras, el alfabetismo nutricional, la lactancia materna, la reducción de azúcares y grasas en alimentos, la reducción en porciones y la limitación en la cantidad de sodio.

También aborda cuatro acciones transversales referentes a generación de información, educación, comunicación, abogacía, regulación, corregulación, monitoreo, evaluación e investigación.

Con relación a lo anterior, en el estado de Colima el pasado día 14 de agosto del año en curso, mediante el decreto número 185 publicado en el Periódico Oficial local, se declaró el 16 de octubre de cada año en que se celebra el Día Mundial de la Alimentación, como Día Estatal contra la Obesidad.

Las razones para instituirlo fueron precisamente las que se exponen en el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, que son: controlar y erradicar el problema de sobrepeso y obesidad del que actualmente somos parte, haciendo necesario frenar el consumo de productos sin valor nutricional y, paralelamente, concienciar a la población para fomentar una adecuada educación alimentaria, que fortalezca una cultura de buenos hábitos alimenticios.

Así fue que en el estado de Colima se instituyó el día estatal contra la obesidad, precisamente en la fecha mencionada de cada año, en virtud de ser el Día Mundial de la Alimentación, proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), día que se fomenta comer sanamente para lograr una mejor calidad de vida.

En ese orden de ideas, considero que es de suma importancia extender a todo el país lo logrado en el estado de Colima, por lo tanto, mediante esta iniciativa propongo que la institución del Día Estatal contra la Obesidad en dicha entidad federativa se amplíe para que sea el Día Nacional contra la Obesidad en la República Mexicana, por las mismas razones que el mencionado decreto esgrime, en el que, al igual que en la entidad federativa referida, se realicen programas y políticas públicas enfocadas a fomentar la buena alimentación, concientizar sobre las fatales consecuencias que trae consigo el sobrepeso y la obesidad y la erradicación de dicho problema, en las que necesariamente deberán participar las autoridades de los tres niveles de gobierno relacionadas con la salud y el deporte, así como las organizaciones y personas vinculadas de una u otra forma en la prevención y combate de la obesidad, esto, con el fin de conjuntar esfuerzos para informar, prevenir y el realizar acciones especificas que coadyuven a frenar el problema y así prevenir consecuencias en el futuro.

Por lo expuesto, atentamente pongo a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal para que, en uso de sus facultades constitucionales, decrete el 16 de octubre de cada año como Día Nacional contra la Obesidad.

Segundo. Se exhorta al gobierno federal y a los estatales para que, en uso de sus atribuciones, realicen las acciones conducentes a promover el Día Nacional contra la Obesidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2010.

Diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Asuntos Fronterizos Zona Norte, del Senado de la República, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de esta soberanía, a realizar el segundo Parlamento de líderes migrantes, a cargo del diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, facultado en las potestades conferidas en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

1. El Parlamento de Líderes Migrantes Mexicanos en Estados Unidos de América, surge a raíz de una propuesta presentada el 3 de Octubre del 2007, del entonces Senador Ricardo García Cervantes, quien previó los fuertes problemas que tenemos en la zona fronteriza con el norte de nuestro país.

En dicha proposición se analizaba la falta de voluntad de avanzar sobre una posibilidad de reforma migratoria en aquella nación, aludiendo que desde la presidencia del presidente George W. Bush se anunciaban medidas destinadas a combatir la presencia de trabajadores indocumentados y al fortalecimiento de la frontera interna en la franja fronteriza con nuestro país.

2. Desde entonces a la fecha se han aprobado 170 leyes en 41 estados en contra de la contratación de trabajos indocumentados y el endurecimiento de la normatividad en contra de los indocumentados que iban desde la prohibición de contratación hasta la prohibición de rentas en vivienda y la negación de servicios públicos.

Se vislumbraba un panorama desalentador para los migrantes mexicanos en aquel país, lo cual se ha agravado en este último año, ya que ha aumentado la violencia en la frontera, así como las leyes que violan a todas luces los derechos humanos elementales y que son discriminatorias, asimismo, se han intensificado las detenciones y las deportaciones masivas por las garitas del norte del país, principalmente por las del estado de Baja California.

3. Desde la realización de este parlamento en el año 2007 han aumentado el número de migrantes muertos a manos de las autoridades migratorias, encargadas de la seguridad de la frontera estadounidense, de igual forma, se han incrementado las detenciones y las deportaciones masivas hacia nuestro país, vemos que se agrava el tráfico de armas y el problema tan grave que poseemos de la pesquisa contra migrantes mexicanos y latinoamericanos en general, solamente por su aspecto físico, elevando al grado de delincuentes a quienes permanezcan de manera ilegal en ese país.

4. Han pasado tres años desde que se realizó el primer y único Parlamento de Líderes Migrantes y los problemas de los migrantes y en nuestra frontera norte han aumentado, sabemos que existe la disposición de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de esta Cámara de Diputados para impulsar esta clase de foros; sin embargo, aún no se ha concretado la petición formal para dicho Parlamento, el cual tiene varios objetivos entre los que destacan:

• Convocar liderazgos mexicanos en Estados Unidos de América;

• Unificar los criterios de los líderes migrantes en el exterior; y

• Promover la discusión y de una agenda en común de migrantes;

En el Congreso de la Unión tenemos la responsabilidad de representación de todos los sectores y abarcar las necesidades imperantes al interior y exterior de nuestro país, tenemos claras las diferencias que desde nuestra Carta Magna se establecen hacia cada una de las Cámaras, es por ello, que invitamos al Senado de la República a integrarse a este Parlamento de Líderes Migrantes, velando por una de sus facultades exclusivas que son los Asuntos internacionales, y a esta honorable Cámara de Diputados aludiendo a la parte de los asuntos migratorios de nuestra comisión.

La Comisión de Asuntos Fronterizos Zona Norte del Senado de la República fue la encargada del desarrollo, en conjunto con esta Cámara de Diputados, de la realización de este foro, implementando tres grandes mesas de trabajo en las materias de migración y defensa de los derechos adquiridos, prosperidad regional, y seguridad nacional.

Estamos seguros de que en esta ocasión las comisiones en conjunto con los representantes migrantes tendrán, que establecer los temas prioritarios para delinear la agenda de este encuentro, sabemos que los temas se han agravado desde el año 2007 y que se deben imponer los temas sobre violaciones a los derechos humanos.

Si bien es cierto que los tiempos de realización son importantes, es cierto también que la premura del desarrollo nos urge a la realización del foro durante este año 2010

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se invita a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, y la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte del Senado de la República a efectuar el segundo Parlamento de Líderes Migrantes Mexicanos que viven en Estados Unidos de América.

Segundo. Se invita al Congreso de la Unión a instalar una comisión bicamaral para la organización y realización del segundo Parlamento de Líderes Migrantes Mexicanos que viven en Estados Unidos de América.

Tercero. Se exhorta a las Juntas de Coordinación Política del Senado de la República y de la Cámara de Diputados a efecto que se destinen los recursos suficientes para la realización del Segundo Parlamento de Líderes Migrantes Mexicanos que viven en los Estados Unidos de América.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 6 de octubre de 2010.

Diputado Francisco Vega de Lamadrid (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para el subsector cultura, en beneficio de las instituciones, las entidades federativas y los ciudadanos, suscrita por integrantes de la Comisión de Cultura

Los que suscriben, diputados integrantes de la Comisión de Cultura, con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que la pintura, la escultura, la arquitectura, el cine, el teatro, la música, la danza, la literatura, la gastronomía y muchísimas otras artes, son las piezas que conforman lo que comúnmente denominamos cultura, siendo importante destacar que cada peso destinado a fortalecer dichas manifestaciones es un peso invertido en fortalecer a México.

Que nuestra Carta Magna establece el derecho de toda persona para acceder a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como al ejercicio de sus derechos culturales. Se señala también que el Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura.

Que a fin de estar en condiciones de garantizar los derechos señalados en el párrafo anterior, es necesario que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo ejercicio fiscal, se establezcan recursos suficientes para las instituciones del subsector cultura, así como para las entidades federativas y para proyectos de inversión.

Que México celebra doscientos años de historia independiente, cien años de México institucional y cien años de contar con la Universidad Nacional Autónoma de México, por lo que este órgano legislativo tiene como compromiso ineludible dotar a los artistas, intelectuales, instituciones culturales y educativas de toda la nación, de los elementos suficientes para que realicen con eficiencia la actividad a la que se dedican y en el caso de las instituciones para cumplir con el fin que fueron creadas.

Que es importante destacar que la Encuesta Nacional de Prácticas y Consumos Culturales de 2005, hecha por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Universidad Nacional Autónoma de México, destacó que en México el 31.4 por ciento de la población nunca ha acudido a una biblioteca y el 47.5 nunca ha asistido a un espacio de representaciones musicales, asimismo, por ejemplo, el 38 por ciento de los habitantes de nuestro país no ha asistido a un museo.; y durante los cuatro últimos ejercicios fiscales se ha contado con un incremento considerable hacia este sector; siendo el ejercicio fiscal pasado el que ha recibido la mayor ampliación presupuestal. $3,058,500,000 (Tres mil cincuenta y ocho quinientos millones de pesos).

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011

Que desde el año inmediato anterior la situación económica mundial ha sido complicada y por supuesto nuestro país no es ajeno; sin embargo, hay que insistir en que uno de los caminos en una época como esta es apostar a la cultura como defensor de la identidad nacional, como un detonante económico, como creador de fuente de empleo, así como un elemento más en la prevención de delitos e infracciones cometidas.

Por lo expuesto, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que se amplíen dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, los recursos asignados al subsector cultura de nuestro país, en beneficio de las instituciones, las entidades federativas y la ciudadanía.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 5 de octubre de 2010.

Diputados: Kenia López Rabadán (rúbrica), presidenta; Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Víctor Alejandro Balderas Vaquera (rúbrica), José Luis Íñiguez Gámez (rúbrica), Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez (rúbrica), Herón Agustín Escobar García, secretarios, José Antonio Aysa Bernat, Juan Nicolás Callejas Arroyo, Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Héctor Hernández Silva, David Hernández Vallín (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez, Inocencio Ibarra Piña (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), Adán Augusto López Hernández, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), Reyes Tamez Guerra (rúbrica), María Marcela Torres Peimbert (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Gobernación de esta soberanía a considerar en el proceso de renovación del Consejo General del IFE la equidad de género, suscrita por las diputadas Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes y María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del PAN

Las que suscriben, diputadas federales a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Instituto Federal Electoral (IFE) es el organismo público autónomo responsable de la organización de las elecciones y es el garante de la democracia en México, a través de él, pueden ejercerse los derechos político electorales de los ciudadanos para acceder a una democracia representativa a través de elecciones libres, auténticas y periódicas para la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

La función que el IFE ejerce es de tal importancia que permite el funcionamiento equilibrado de las fuerzas políticas en el país.

La reforma electoral de 2007 estableció en el artículo cuarto transitorio constitucional, inciso c), que la Cámara de Diputados “elegirá, de entre los ocho consejeros electorales en funciones a la entrada en vigor de este Decreto, a tres que concluirán su mandato el 15 de agosto de 2008 y a tres que continuarán en su encargo hasta el 30 de octubre de 2010”.

En ese sentido y en cumplimiento a dicho mandato constitucional se determinó que los Consejeros Electorales Arturo Sánchez Gutiérrez, Virgilio Andrade Martínez y Marco Antonio Gómez Alcántar serían quienes concluyeran su mandato el 30 de octubre del año en curso.

No debemos olvidar que los consejeros electorales son elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 110 del Cofipe, lo que hace directamente responsable a esta soberanía el garantizar la igualdad de oportunidades para todas y todos los aspirantes al cargo.

Un aspecto relevante es que en el actual Consejo General sólo hay una Consejera mujer, la doctora María Macarita Elizondo Gasperín, aún y cuando nuestro país ha suscrito diversos tratados internacionales cuyo fin es garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, tal es el caso de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la cual establece en su artículo tercero que “los estados parte tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.

La igualdad de oportunidades para hombres y mujeres está garantizado en nuestra Constitución Política en su artículo primero al señalar que “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Para Acción Nacional Toda forma de discriminación o desigualdad de oportunidades por razón de sexo, edad, capacidad física, etnia, religión, convicción, condición económica o cualquier otra, debe ser rechazada, corregida y, en su caso, sancionada.

La equidad de género significa que mujeres y hombres deben desarrollarse plena, libre y responsablemente. La discriminación existente contra la mujer en la familia, en el trabajo, la política y en las demás esferas sociales es inaceptable. Los hombres y mujeres deben reconocer mutuamente su valor propio, y responsabilizarse el uno del otro, compartiendo las tareas que les corresponden dentro y fuera de la familia, sobre la base de igualdad de derechos y obligaciones.

La democracia, como sistema de vida y de gobierno, se funda en la igualdad de todos los seres humanos, condición esencial para responsabilizar a las personas del cuidado y procuración del bien común.

El buen funcionamiento de la democracia requiere de instituciones fuertes, en donde la participación de la mujer sea cada vez mayor y representativa.

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita diputada, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Gobernación y al pleno de la honorable Cámara de Diputados a tomar en cuenta, en el proceso de renovación del Consejo General del IFE, en el mes de octubre del presente año, la equidad de género en la elección de Consejeros.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2010.

Diputadas: Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, María Joann Novoa Mossberger (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para impulsar las actividades dedicadas al desarrollo científico y tecnológico y la innovación, suscrita por integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología

Los que suscriben, diputados integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Que en el artículo 74 Fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se prevé la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto respectivo presentado por el Ejecutivo federal.

Que en términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es competencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y, en términos del artículo 45, numeral 6, inciso g), de dicha ley, tiene la facultad de emitir acuerdos para realizar las actividades que se establecen en la misma y en otros ordenamientos aplicables.

Que de conformidad con el artículo 25 de la Ley General de Educación el Estado debe destinar al menos el 1% del producto interno bruto (PIB) a la investigación científica y el desarrollo tecnológico, y con el artículo 9o. Bis la Ley de Ciencia y Tecnología, que establece la necesidad de invertir por lo menos el 1% del PIB al sector, es que esta Comisión propone el presente punto de acuerdo.

Que no obstante lo anterior, México realiza un esfuerzo presupuestal insuficiente para inducir el desarrollo científico, tecnológico y de la innovación, inferior al óptimo social y reducido respecto a los parámetros internacionales, en particular para insertarse en sectores de alto dinamismo tecnológico. Se conoce ampliamente que en el ámbito internacional la ciencia y la tecnología representan un factor de transformación radical y acelerada, que tiene impactos significativos en todas las actividades humanas. No aprovechar las oportunidades que implica este proceso de cambio puede significar el agravamiento de las problemáticas actuales.

Que contra la desigualdad que domina en México, es necesario construir un nuevo camino que impulse el desarrollo nacional, cuyo eje central sea la lucha contra la inequidad, la pobreza, la exclusión, la ignorancia y la enfermedad.

Que muchos de los problemas estructurales del país no tienen solución si seguimos por el mismo camino, si no se efectúan reformas de fondo, si no se ponen en práctica políticas alternativas, si no se imagina y traza un nuevo proyecto nacional, en el que se incluyan como prioridades, con sentido de responsabilidad ineludible, la inversión en educación, y en el desarrollo científico, tecnológico y de la innovación.

Que México acusa un déficit en la inversión destinada a la investigación científica y el desarrollo tecnológico, que habría de orientarse estratégicamente a la atención de los múltiples problemas y rezagos en diversos ámbitos de la vida nacional. Esta falta de inversión se traduce en la dependencia tecnológica para atender problemas e imprevistos, lo que ineludiblemente se traduce en un gasto, en ocasiones mayor que el necesario para invertir en este rubro.

Que sin el apoyo a la ciencia y la tecnología, permanecemos frágiles ante la más mínima contingencia, como es el caso de fenómenos derivados del cambio climático, así como eventualidades en el ramo de la salud humana, como la aparición de nuevas epidemias.

Que aunque anualmente las instituciones mexicanas de educación superior y los centros de investigación preparan los recursos humanos necesarios para desarrollar investigación científica y tecnológica, no existen ni se generan los espacios laborales necesarios para que los egresados se incorporen, lo que propicia que muchos de los científicos mexicanos con niveles de excelencia, se vean en la necesidad de buscar empleo fuera del país.

Que la inversión federal en ciencia, tecnología e innovación es apenas del 0.49 por ciento del PIB, lo que nos ubica muy por debajo de la que realizan la mayoría de los países desarrollados, quienes, en promedio, invierten el 3 por ciento del PIB en este sector, y por debajo también de países latinoamericanos como Argentina, Cuba, Chile y Brasil.

Que la Comisión de Ciencia y Tecnología solicita atentamente se consideren los argumentos anteriores, con base en el inciso III del noveno criterio del acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por el que se establece el procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, en el que se menciona que un grupo de trabajo habrá de tomar en cuenta los puntos de acuerdo turnados por la Mesa Directiva de esta Cámara, para que en el dictamen del PEF que emita la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se contemple el incremento de la asignación presupuestal necesario para ser coherente con la Ley, además de la opinión de propuesta de modificación del proyecto de presupuesto 2011, que se emita en tiempo y forma esta comisión, atendiendo lo establecido en dicho acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 contemple un incremento adicional de recursos que permita fortalecer las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, que el país requiere.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2010.

La Comisión de Ciencia y Tecnología

Diputados: Reyes Tamez Guerra, presidente; Óscar Román Rosas González, Alejandro Bahena Flores, Guadalupe Eduardo Robles Medina, Rodolfo Lara Lagunas, secretarios; Ángel Aguirre Herrera, Pedro Ávila Nevárez, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Alejandro del Mazo Maza, José Alberto González Morales, Tomás Gutiérrez Ramírez, Juan Enrique Ibarra Pedroza, Aarón Irízar López, José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Óscar Lara Salazar, Gerardo Leyva Hernández, Ana Luz Lobato Ramírez, Oralia López Hernández, Miguel Antonio Osuna Millán, José Trinidad Padilla López, César Octavio Pedroza Gaitán, María Isabel Pérez Santos, Jorge Carlos Ramírez Marín, Jorge Romero Romero, José Luis Velasco Lino, José Antonio Yglesias Arreola.

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen mayores recursos al Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, a través del subsidio para seguridad pública municipal, se destinen a los municipios que resulten elegibles en el país, más recursos que los destinados en el año próximo anterior, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

La seguridad pública es uno de los temas, quizás el que mas, mas preocupantes de la actualidad, debido a los altos índices de delincuencia que en los últimos tiempos hemos vivido. Todos, directa o indirectamente hemos sido afectados. No cabe duda que para salvaguardar los derechos e integridad de los habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, es responsabilidad de todos, tanto ciudadanos como autoridades. Sin embargo, estas últimas deben contar con las herramientas necesarias para cumplir las obligaciones que tienen impuestas.

En ese sentido, el Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (Subsemun) tiene como objetivo que sus recursos sirvan de instrumento para el Nuevo Modelo Policial en los municipios más poblados e inseguros del país. Este modelo implica, entre otras cosas:

• La interconexión y cargado de bases de datos de los municipios del Subsemun a Plataforma México;

• La evaluación de sus elementos policiales;

• La aplicación del sistema de desarrollo policial y;

• El uso del informe policial homologado y la adquisición estandarizada de equipamiento.

Los recursos del subsidio privilegian la profesionalización de los elementos de las corporaciones policiales en lo relativo a su evaluación integral, capacitación y el diseño y habilitación del Servicio Profesional de Carrera Policial, a fin de conformar unidades modelo homologadas en los tres niveles de gobierno.

A su vez, los municipios tienen el compromiso de reestructurar el estado de fuerza de las corporaciones para ajustarse a este modelo y aplicar los recursos propios aportados al Subsemun, específicamente para la renivelación salarial

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, año en que dio inicio el Subsemun, se aprobaron recursos por 3 mil 589.4 millones de pesos (mdp) para distribuirse entre 150 municipios seleccionados de las 32 entidades federativas del país. En 2010, dicho presupuesto ascendió a 4 mil 137.9 millones de pesos, mdp, contemplando a 206 municipios y delegaciones del Distrito Federal. La propuesta de presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2011 es de 4 mil 303.3 mdp, por lo que en términos reales, el crecimiento del subsidio es prácticamente de cero.

Los recursos serían destinados para los conceptos y conforme a las reglas que estableció el Ejecutivo Federal, con el propósito de profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública en los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como mejorar la infraestructura de las corporaciones, en el marco de las disposiciones legales aplicables.

El Ejecutivo federal dio a conocer el 15 de enero del presente año, a través del Diario Oficial de la Federación, la lista de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del subsidio, así como la fórmula utilizada para su selección, misma que consideró, entre otros criterios, el número de habitantes y la incidencia delictiva; asimismo, se dio cobertura a municipios con destinos turísticos, zonas fronterizas, municipios conurbanos, así como a grupos de municipios que por su proximidad geográfica se veían afectados por la alta incidencia delictiva. En dicha publicación se estableció igualmente el porcentaje de participación que representaron las aportaciones de recursos que realizaron al fondo los municipios y el Distrito Federal.

Es importante seguir firmes en el combate contra le delincuencia, por eso es de suma importancia seguir fortaleciendo la seguridad desde la primera instancia donde se genera la demanda ciudadana, es decir, los municipios dotándolos de una mayor infraestructura, equipamiento vehicular, material de apoyo, armamento, profesionalización, mejores condiciones de vida para los elementos policíacos, entre otros.

También es importante ampliar la base de beneficiarios de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, ya que hoy en día vemos como la delincuencia ha llegado más lugares que requieren de contar con los elementos suficientes para hacerles frente, por lo que es necesario que el subsidio reciba los recursos suficientes para poder hacer frente a tan loable tarea que desde el Ejecutivo Federal se ha emprendido y que ahora se continua en el orden estatal y municipal.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a su consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Seguridad Pública y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se considere un incremento presupuestal al Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun) superior al programado en el proyecto presentado por la federación para el ejercicio del próximo año, con el propósito de profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como mejorar la infraestructura de las corporaciones, en el marco de las disposiciones legales aplicables.

Recinto legislativo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 6 de octubre de 2010.

Diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos al Programa de Zonas de la Frontera Norte, a cargo del diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, fundamentado en las potestades conferidas en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite poner a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Considerandos

1. En los Presupuestos pasados, los recursos destinados al Programa de la Frontera Norte se establecieron como un apoyo a las zonas de la frontera norte y era subsidios federales, incluidos los rendimientos financieros dirigidos a las entidades federativas y los municipios que integran la franja fronteriza del norte del país.

2. Según lo establecido en la fracción II del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se debe presentar a la Secretaría de Hacienda la evaluación de costo-beneficio de los programas y proyectos susceptibles de generar. La secretaría puede solicitar el dictamen en la materia por expertos de manera independiente.

Sin embargo, en la presente proposición se solicita que el apoyo desde el Presupuesto se indique hacia el Programa de Zonas de la Frontera Norte, que se ha implantado en anteriores Presupuestos y que el análisis que establece el artículo citado está por demás rebasado en los beneficios que ahí se establecen.

3. El artículo 214 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que las dependencias y las entidades de la administración pública federal que coordinen fideicomisos, mandatos o análogos, o que con cargo a su presupuesto se aporten recursos presupuestarios y tengan por objeto realizar o financiar programas y proyectos de inversión serán responsables de elaborar el análisis costo-beneficio para dichos programas.

4. Los recursos para el Programa de Zonas de la Frontera Norte están dirigidos a los municipios que integran la franja fronteriza del norte del país, entre los estados que comprenden Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se destinaron 200 millones de pesos y en el de 2010, sin mayor explicación, esto se derogó, dejando sin efecto las bondades hacia los 37 municipios.

5. Sabemos que la situación de la frontera norte se agrava cada vez más. Es necesario dotar de más recursos destinados a enfrentar los problemas de los municipios de la franja fronteriza norte.

Desde la creación de este programa federal se dio a conocer la necesidad de lograr un mayor desarrollo integral de frontera norte, el recorte presupuestal del año pasado en materia de egresos estamos ciertos que se debió a la crisis económica mundial que debimos enfrentar. A un año de enfrentar esa crisis, volvemos a solicitarles su apoyo para destinar mayores recursos a esos municipios.

Quienes padecemos los problemas específicos de la región sabemos que los recursos que este programa requiere son vitales y fundamentales para el desarrollo. Por ello, en la presente proposición solicitamos que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación destinar 200 millones de pesos para el Programa de Zonas de la Frontera Norte, en función que lo establecido en los ordenamientos propios del presupuesto están por demás cumplidos, a sabiendas de que es un programa que fue aprobado por la Cámara de Diputados y se encuentra definido y sustentado.

El monto que se solicita es el correspondiente a 2009, último año que se instauró dicho programa y que atañe a las necesidades básicas de apoyo a estas entidades federativas y a sus municipios.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a reincorporar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, en el ramo 23, “Provisiones salariales y económicas”, el Programa de Zonas de la Frontera Norte y destinarle 217 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 6 de octubre de 2010.

Diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica)