De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a establecer horarios para programas televisivos que atentan contra la moral y los derechos de los niños
Honorable Asamblea:
Las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 60, 87,88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Gobernación a establecer horarios para programas televisivos que atentan contra la moral y los derechos de los niños.
Antecedentes
El 3 de diciembre del 2009, la diputada Blanca Estela Jiménez Hernández, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Gobernación a establecer horarios para programas televisivos que atentan contra la moral y los derechos de los niños.
En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados, turnó la proposición con punto de acuerdo a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Gobernación, para su análisis y dictamen correspondiente.
Objeto del punto de acuerdo
En la proposición con de punto de acuerdo presentada por la diputada Blanca Estela Jiménez Hernández, destacan las siguientes afirmaciones:
a) Motivar a la niñez al cuidado del ambiente como parte integrante de éste, a través de la educación, encaminándola a realizar actividades diversas destinadas al desarrollo de su comunidad;
b) Permitir que el niño se desarrolle, dando solución a los problemas, implantando en él una actitud participativa, respetuosa, propositiva y con miras a un mejor fututo, que se vislumbre en un país de primer mundo;
c) Al paso del tiempo se ha ido descuidando la buena educación cívica cultural. Como consecuencia, los niños se han hecho muy rebeldes, irrespetuosos e irresponsables, teniendo como resultado su refugio en la drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, pandillerismo, lo que conlleva a la violencia intrafamiliar y a una juventud muy degenerada;
d) En el país, la participación de la juventud es poca, debido a que no se cuenta con los recursos económicos necesarios, y su nivel educativo es muy deficiente en comparación con el de niños de países del primer mundo, como Japón, Estados Unidos de América, Canadá o Alemania;
e) Los niños de quinto grado de primaria son más inquietos; todo lo que perciben a través de los sentidos tienden a imitarlo, buscando una identidad, por lo que es preciso motivarlos, proporcionando modelos a seguir por medio de pláticas informativas y de participación comunitaria, donde se reconozca su importancia como ser humano en el entorno social;
f) Se propone implantar en la formación educativa de estos individuos la integración comunitaria en la educación primaria para que se realicen faenas sabatinas de dos o tres horas, durante todo el año escolar, para inculcar en el niño principalmente una actitud de servicio hacia su comunidad, con el apoyo y la supervisión de los padres de familia y maestros, así como con la colaboración de las secretarías e instituciones de gobierno (federal, estatal y municipal).
Consideraciones
Los integrantes de las comisiones dictaminadoras compartimos las inquietudes manifestadas por la diputada, en el sentido de que los valores sociales se han perdido por la falta de compromisos reales en la educación. Los niños y adolescentes son parte importante del público, expuesto a los programas de televisión , y el más vulnerable ante sus mensajes.
La televisión, así como los medios de comunicación, nos obligan a valorar el uso de instrumentos tecnológicos como parte adicional de la educación y desarrollo integral de nuestros niños y niñas. Pues, en conjunto con la educación familiar, entorno social y escuela, se forman los valores ideológicos, sociales y culturales, desde donde son interpretados y asimilados, los mensajes del medio televisivo.
Sin embargo, puede ser un instrumento dañino y lesivo para la salud mental, puede ocasionar daños que pueden ser irreversibles en las conductas, hábitos y valores de los niños, niñas y adolescentes. Como puede ser la imitación que hacen los niños y jóvenes respecto a lo visto en la televisión, convirtiéndolo en patrones de conducta dentro de la sociedad.
Como sabemos, muchos niños pasan un promedio de 4 a 5 horas diarias viendo televisión, y en la mayoría de los casos, sin supervisión alguna. La televisión es, hoy en día, una influencia muy poderosa en el desarrollo del procedimiento de valores, en la formación, en la conducta. Lamentablemente nos damos cuenta que muchos de los programas de televisión contienen un alto grado de violencia e imágenes no aptas para los menores, en horas que se piensa son de horario familiar, por lo que se tiene como consecuencia, la imitación, la aceptación de la violencia, entre otros.
El Estado tiene el mandato constitucional de velar por el bienestar de todas las personas, ello implica, la salud mental, por medio de la regulación por parte de la autoridad competente. Como lo menciona la diputada proponente el artículo 3o. de la Ley de los Derechos de los Niños: “Los niños son lo primero, por lo cual los adultos deben pensar qué es lo mejor para ellos.”
Durante este período de la vida se producen una gran cantidad de cambios físicos, psicológicos y sociales normales, que conducen a su inserción positiva y productiva en la sociedad, y un muy reducido grupo de ellos y ellas adoptan conductas hostiles y violentas, que se manifiestan de varias formas que preocupan a la sociedad. Es sobre esta exposición indiscriminada a la que se expone a los niños de todas las clases sociales y sus efectos.
De manera que la exposición extensa a programas de televisión que contengan violencia causa mayor agresividad en los niños. En ocasiones, el ver tan sólo un programa violento puede aumentar la agresividad. Los niños que ven espectáculos en los que la violencia es presentada de forma muy realista, repetida, o sin ser castigada, tienen mayor probabilidad de imitar lo que ven.
Los padres deben utilizar estas medidas para prevenir los efectos dañinos que la televisión puede tener, establecer límites conjuntamente con ellos, en las múltiples situaciones que se presentan en diario vivir y convivir.
El artículo 27, fracción XXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que la Secretaría de Gobernación está facultada para vigilar que las trasmisiones de televisión se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz, a la moral pública y a la dignidad personal y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público.
El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y debe fomentar en él, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional.
El artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece las facultades de la Secretaría de Educación Pública, entre las que destaca vigilar que se observen y cumplan las disposiciones relacionadas con la educación preescolar, primaria, secundaria, técnica y normal, establecidas en la Constitución y prescribir las normas a que debe ajustarse la incorporación de las escuelas particulares del sistema educativo nacional, así como organizar y promover acciones tendientes al pleno desarrollo de la juventud y su incorporación a las tareas nacionales, estableciendo para ello sistemas de servicio social, centro de estudio, programas de recreación y de atención a los problemas de los jóvenes.
Por lo anterior, estas dictaminadoras consideran acertado el punto de acuerdo en estudio, al solicitar la regulación de los programas televisivos con contenido violento y discriminatorio que inciden en el comportamiento nocivo de los menores de edad dentro de nuestra sociedad.
Asimismo, se considera oportuno exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que se realicen acciones tendientes a fomentar valores cívicos en los niños y jóvenes como destinatarios de la educación básica impartida por el Estado.
Por lo cual, consideramos acertado el punto de acuerdo, al solicitar la regulación de los programas televisivos con contenido violento, discriminatorio que inciden en el comportamiento nocivo dentro de nuestra sociedad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Gobernación someten a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a efecto de que a través de la Subsecretaría de Normatividad de Medios y de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía vigile y verifique que los programas y las transmisiones televisivas se mantengan en cumplimiento de los horarios a fin de que éstos no atenten contra el sano desarrollo biopsicosocial de las niñas, los niños y los adolescentes del país.
Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a efecto de que en el ámbito de su competencia refuerce acciones para fomentar los valores cívicos de los estudiantes de educación básica.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de Julio de 2010.
La Comisión de Gobernación
Diputados: Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Ilich Lozano Herrera (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica en contra), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica en contra), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex, secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Sami David David, Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Vidal Llerenas Morales, Humberto Lepe Lepe, Miguel Ángel Luna Munguía, José Ricardo López Pescador, Andrés Massieu Fernández, Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Nazario Norberto Sánchez, Beatriz Paredes Rangel (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
Diputados: Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), presidenta; Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), María Joann Novoa Mossberger, Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Carlos Bello Otero, Claudia Edith Anaya Mota, secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Hilda Ceballos Llerenas, Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica), Laura Felícitas García Dávila, Inocencio Ibarra Piña (rúbrica), Blanca Estela Jiménez Hernández (rúbrica), Margarita Liborio Arrazola, Ilich Augusto Lozano Herrera, Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Nelly Edith Miranda Herrera (rúbrica), Daniela Nadal Riquelme (rúbrica), Rosario Ortiz Yeladaqui, Ana Elia Paredes Arciga (rúbrica), María Isabel Pérez Santos (rúbrica), Malco Ramírez Martínez (rúbrica), Caritina Sáenz Vargas (rúbrica), Laura Margarita Suárez González, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales.
De las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Economía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Profeco a implantar acciones para evitar publicidad engañosa y cobros indebidos de los prestadores de servicios de telefonía celular y fija; y, en su caso, a aplicar las sanciones procedentes cuando se incumpla lo acordado
Honorable Asamblea:
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; la Comisión de Comunicaciones somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea el presente dictamen respecto al punto de acuerdo antes mencionado, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
I. En sesión ordinaria celebrada en fecha 28 de abril del 2010 se dio cuenta a la asamblea de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor a implementar medidas respecto de cobros indebidos y uso de publicidad engañosa por parte de Radiomóvil Dipsa, SA de CV, Telcel, suscrita por la diputada federal Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
II. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades, y mediante el oficio número DGPL 61-II-5-717, instruyó el turno de la proposición con punto de acuerdo a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Economía, para su estudio y dictaminación.
III. En sesión ordinaria celebrada en fecha 29 de abril de 2010, se dio cuenta a la asamblea de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a implementar medidas respecto de cobros indebidos por parte de Teléfonos de México, SAB de CV (Telmex) y Radiomóvil Dipsa, SA de CV (Telcel), en perjuicio de sus usuarios, suscrita por la diputada federal Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
IV. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el oficio número DGPL 61-II-6-0513, instruyó el turno de la proposición con punto de acuerdo a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Economía, para su estudio y dictamen.
V. Con base en lo anterior, las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Economía de la LXI Legislatura, procedieron al análisis y elaboración del presente dictamen.
Contenido de las proposiciones
1. Manifiesta, la diputada Sofía Castro Ríos que la telefonía celular se ha convertido en una herramienta de comunicación indispensable para la sociedad. Además refiere que de acuerdo con datos de la Cofetel, existen en el país alrededor de 80 millones de usuarios de telefonía celular, lo que representa que de cada 10 mexicanos 8 utilizan esta modalidad en la comunicación, en cualquiera de los servicios.
La proponente destaca que, el uso de telefonía no puede ser considerado un lujo, pues la realidad muestra que este tipo de servicio es cada vez más usado por los mexicanos, atendiendo necesidades básicas y actividades prioritarias de millones de familias y de empresas. Contribuyendo al impulso de la economía nacional y permitiendo cerrar la brecha de la desigualdad.
Señala que la empresa Radiomóvil Dipsa, SA de CV, distribuye sus servicios con la marca Telcel, contando con poco más de 58 millones de usuarios, manteniendo concesiones operativas en las 9 regiones de México, con lo que cubre más de 200 mil poblaciones del país.
Refiere la proponente que Telcel es la empresa que cuenta con más denuncias ante la Profeco, en los temas de cobros indebidos y utilización de publicidad engañosa o abusiva.
Continua señalando que Telcel ofrece el servicio denominado “números frecuentes” o “números para llamadas ilimitadas” en sus diferentes modalidades, como prepago o “Amigo kit”, así como el plan de renta mensual, llamado “Más por menos”, incluyendo en sus servicios el registro de 3 a 10 números para llamadas ilimitadas, el cual consiste en realizar llamadas gratuitas a los números convenidos o dados de alta en el sistema de esa empresa hasta por 5 minutos. Para los usuarios de estos planes ofrece el servicio “Llamadas gratis antes del minuto 5”, a cuyo amparo pueden hacerse llamadas gratuitas siempre que no se excedan en los minutos. Recomienda la legisladora que las llamada se corten al minuto 4:30, y remarcar para reanudar el conteo y así sucesivamente para evitar los abusos por parte de la compañía; porque el no hacerlo así, al realizar el pago por el servicio, se encuentra con la sorpresa de que para la empresa se contabilizó como 6 minutos.
Sigue abundando la legisladora en el problema, destacando que quienes terminan las llamadas en el minuto 4:30 o 4:40 pensando que están en el margen de tiempo, resultando todo lo contrario: se les cargan los segundos que se tarda la otra persona en contestar, más los segundos que el sistema toma en cortar la llamada. De tal manera, que las fracciones y los segundos conllevan a rebasar el límite de los 5 minutos, lo cual se traduce en un robo, ya que si se exceden aunque sea por 1 segundo le aplican la tarifa de 1 minuto adicional. El fraude consiste en que hay un doble cronómetro: el de la empresa y el del usuario. Este hecho es responsabilidad del prestador del servicio, y no del usuario, a quien deben garantizarse los 5 minutos de conversación efectiva.
Considera la proponente que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones, tiene entre sus atribuciones regular, promover y supervisar a través de la Cofetel el desarrollo eficiente y la cobertura social de las telecomunicaciones.
Que la Profeco, con base en lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor, debe promover y proteger los derechos del consumidor, así como procurar y representar sus intereses, para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.
También debe vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas establecidos o registrados por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios y requerir a los proveedores o a las autoridades competentes que tomen medidas adecuadas a efecto de combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los intereses de los consumidores.
2. Por otro lado, manifiesta la diputada Sofía Castro Ríos que las empresas Teléfonos de México, SAB de CV (Telmex), y Radiomóvil Dipsa, SA de CV (Telcel), actualmente encabezan la lista de prestadores de servicios con más quejas y denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Señala la autora de la proposición, que Telmex atiende cerca del 90 por ciento del mercado de telefonía fija en el país, realizando un cobro indebido en perjuicio de sus consumidores por un servicio no prestado, dicha compañía debe proporcionar a sus usuarios de manera gratuita un directorio telefónico impreso que cubra el área urbana donde se haya contratado la línea telefónica, el cual contendrá los datos: nombre, número telefónico, domicilio y código postal de los suscriptores; el propio contrato de la compañía lo establece como un servicio, así como la concesión otorgada por el Estado, obliga a que sea gratuito.
Asimismo, Telmex realiza cobros indebidos a los usuarios que renuncian al servicio por no aparecer en el directorio, ni ser ofrecida su información a través del servicio de “asistencia de directorio nacional” en el número 040, dándole la denominación de “numero privado” a la línea telefónica, cobrando 24 pesos por renuncia de esta prerrogativa y una mensualidad de 12.42 pesos, significando ingresos indebidos para la empresa, a costa de los consumidores por un servicio no aceptado.
Respecto a la empresa Radiomóvil Dipsa, SA de CV Telcel, establece en los contratos con sus usuarios, bajo la modalidad “plan de renta”, otorgar una fianza a favor de Telcel a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago, durante el primer año es gratuita y a partir del segundo año en la factura mensual aparece “cargo de fianza anual” por la cantidad de 172.41 pesos más IVA.
El cobro indebido se realiza en el hecho de obligar a pagar una fianza por un servicio donde no debiera existir, además de que dicha fianza establecida para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago, no es devuelta al usuario que la pago, aunque esta no haya sido utilizada para cubrir algún incumplimiento de pago.
Que de acuerdo a la Ley Federal de Telecomunicaciones en su artículo 9-A, la SCT tiene dentro de sus atribuciones regular, promover y supervisar a través de la Cofetel, el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones.
Que la Profeco, como especifica la Ley Federal de Protección al Consumidor, en su artículo 20, debe promover y proteger los derechos del consumidor, así como procurar y representar sus intereses, para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.
De igual forma, debe vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas establecidas o registradas por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios y requerir a los proveedores o a las autoridades competentes a que tomen medidas adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los intereses del consumidor.
Concluye la proponente señalando, que las empresas cometen abusos contra sus usuarios sin que éstos tengan la posibilidad de ser resarcidos en su daño económico; porque no hay autoridad que imponga respeto a la ley, ya que el sistema de justicia es lo suficientemente benévolo y les permite alargar los juicios terminándolos con sanciones ridículas.
Consideraciones
1. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 24 fracciones I, II, III, V y XIII de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Profeco tiene facultades para:
• Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores;
• Procurar y representar los intereses de los consumidores, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan;
• Representar individualmente o en grupo a los consumidores ante autoridades jurisdiccionales y administrativas, y ante los proveedores;
• Formular y realizar programas de difusión y capacitación de los derechos del consumidor; vigilar y verificar el cumplimiento de precios y tarifas acordados, fijados, establecidos, registrados y autorizados por la Secretaría de Economía;
Asimismo, el artículo 96 de la referida Ley establece que la Profeco con el objeto de aplicar y hacer cumplir las disposiciones de esa ley practicará la vigilancia y verificación necesarias en los lugares en los que se presten los servicios, pudiendo actuar de oficio conforme a lo dispuesto en la ley de la materia o en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.
2. Que el artículo 2 de la Ley Federal de Protección al Consumidor define el concepto de proveedor como “La persona física o moral que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios”.
Asimismo, el artículo 6 del mismo cuerpo legal establece quiénes estarán sujetos a la aplicación de la Ley Federal de Protección al Consumidor, diciendo: “Estarán obligados al cumplimiento de esta ley los proveedores y los consumidores”.
Bajo este tenor, el Poder Judicial Federal ha interpretado los artículos 2 y 6 antes señalados, en el sentido de que las concesionarias de los servicios de telecomunicaciones están sujetas, en el ámbito de las relaciones de consumo, a las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor; lo que se puede observar en la siguiente tesis aislada:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIII, Febrero de 2006
Página: 1883
Tesis: I.8o.A.98 A
Tesis Aislada
Materia(s): Administrativa
Protección al consumidor. Las relaciones entre proveedores y consumidores de servicios de telefonía se rigen por la ley relativa, y no por la ley federal de telecomunicaciones, en tanto regulan distintas materias y protegen diversos objetos. De la Ley Federal de Telecomunicaciones se observa que entre sus objetivos se encuentran los de promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones; ejercer la rectoría del Estado en la materia para garantizar la soberanía nacional; fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios, y promover una adecuada cobertura social. Además, de su reglamento, así como de los cuerpos normativos que regulan la actividad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se advierte que su objeto se constriñe a regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, de las redes de telecomunicaciones y de la comunicación vía satélite, lo que es distinto del objeto de la Ley Federal de Protección al Consumidor, como lo es promover y proteger los derechos del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Por otra parte, la concesión de servicios de telecomunicaciones, se encuentra sujeta a la observancia de los ordenamientos relacionados con dicho servicio público, pero sólo en el ámbito de las obligaciones referentes a la explotación de la concesión otorgada, esto es, dichas regulaciones están destinadas a verificar que aquélla se ajuste a los principios previstos por el artículo 28 de la Constitución Federal. Lo anterior, pone de relieve que para efectos de sanciones, la concesionaria de los referidos servicios, es sujeto tanto de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el ámbito de las relaciones de consumo de servicios de telefonía que mantiene con los usuarios suscriptores, como de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en cuanto a las condiciones de explotación de la concesión de la que es titular, de lo que deriva que si bien está subordinada a ambos regímenes jurídicos, cada uno de ellos incide sobre cuestiones distintas y perfectamente delimitadas, habida cuenta que el servicio que presta no se encuentra dentro de las excepciones que establece el artículo 5o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor, por lo que, es incorrecto que quede erradicada toda posibilidad para que una autoridad distinta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, directamente o por conducto de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, pueda sancionarla con motivo de la prestación de los servicios concesionados que tiene otorgados a su favor. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Amparo en revisión 562/2004. Teléfonos de México, SA de CV. 9 de septiembre de 2005. Mayoría de votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: María Guadalupe Saucedo Zavala. Secretario: Joel González Jiménez.
3. Que el artículo 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor reconoce como principios básicos de las relaciones de consumo, entre otros:
• La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que representen;
• La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios.
4. Que el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor define a la información o publicidad engañosa o abusiva como aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.
5. Que con fundamento en el artículo 42 de la Ley Federal de Protección al Consumidor el proveedor está obligado a entregar el bien o suministrar el servicio de acuerdo con los términos y condiciones ofrecidos o implícitos en la publicidad o información desplegados, salvo convenio en contrario o consentimiento escrito del consumidor.
6. Que datos estadísticos de la Profeco 1 muestran que el sector de las telecomunicaciones es el de mayor incidencia en quejas y denuncias presentadas por consumidores tal y como se muestra en la siguiente tabla:
7. Que de lo expresado por la diputada proponente en la exposición de motivos de los puntos de acuerdo que se dictaminan, se aprecia que por una parte su motivación tiene que ver concretamente con actos u omisiones en la prestación de servicios de telefonía fija y móvil, y por otro, solicita girar exhortos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), además de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Ahora bien, como se desprende de los argumentos expresados, la Profeco es la autoridad investida de competencia para revisar y sancionar las acciones de quienes en una relación comercial tengan la calidad de proveedores , de ahí que las preocupaciones de la diputada proponente deben ser dirigidas a esta autoridad, pues las mismas son inherentes a las relaciones de consumo reguladas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, en las que la SCT o la Cofetel no tienen competencia.
Por lo anterior, se estima conveniente modificar los Puntos de Acuerdo que se dictaminan para el efecto de dirigirlos a la Profeco.
8. Que con base en los ordenamientos jurídicos y datos apuntados, los integrantes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Economía coincidimos con la propuesta de la diputada proponente, siendo legítimo exhortar a la autoridad competente con el fin de que se tomen acciones que permitan evitar la publicidad engañosa y las prácticas abusivas por parte de los prestadores de servicios de telefonía tanto celular como fija, y en su caso, se apliquen las sanciones conducentes cuando se incumplan con los servicios ofertados.
Asimismo, en virtud de que el sector de las telecomunicaciones es uno de los que presentan mayor número de quejas de los consumidores de esos servicios, se estima que el sentido del punto de acuerdo no debe ser dirigido a una sola de las empresas que prestan el servicio de telefonía celular, sino a todas las que lo ofrecen.
En merito de lo expuesto, las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Economía de la LXI Legislatura someten a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a efecto de que implemente acciones que permitan evitar la publicidad engañosa y cobros indebidos por parte de los prestadores de servicios de telefonía celular y fija y, en su caso, se apliquen las sanciones conducentes cuando no se presten los servicios de acuerdo a los términos y condiciones ofrecidos o implícitos en la publicidad o información desplegada.
Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que realice una investigación minuciosa, respecto de la posible práctica de algunas empresas de cobrar por dar al número telefónico la calidad de “número privado” y en caso de encontrarla contraria a los valores y principios protegidos por la Ley Federal de Protección al Consumidor, se sancione en los términos de ley, informando a esta soberanía el resultado de dicha investigación.
Se solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor que informe a esta soberanía, por conducto de las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Economía, dentro del término de 45 días, la resolución que recaiga sobre el asunto que se somete a su jurisdicción y competencia.
Nota
1 http://www.profeco.gob.mx/consumidor/listaprov.asp
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.
La Comisión de Comunicaciones
Diputados: José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), presidente; Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor, Pablo Rodríguez Regordosa, Arturo García Portillo (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, Gerardo Leyva Hernández, Fernando Ferreira Olivares (rúbrica), secretarios; Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Ana Estela Durán Rico (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Rogelio Cerda Pérez (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Janet Graciela González Tostado (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), Maricarmen Valls Esponda, Adriana Fuentes Cortés, Javier Corral Jurado, Adriana Sarur Torre (rúbrica en abstención), Martha Angélica Bernardino Rojas, Francisco Hernández Juárez (rúbrica en abstención), Genaro Mejía de la Merced.
La Comisión de Economía
Diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Noé Fernando Garza Flores, Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Jorge Humberto López-Portillo Basave, David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas Ramírez (rúbrica), David Ricardo Sánchez Guevara, José Antonio Arámbula López (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García, Martín Rico Jiménez, Ramón Jiménez López (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández, Carlos Torres Piña (rúbrica), José M. Torres Robledo, Ifigenia Martha Martínez y Hernández.
De las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe sobre los dispositivos de control en que se basan las autoridades para regular la calidad del servicio de las aerolíneas
Honorable Asamblea:
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; la Comisión de Comunicaciones, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el presente dictamen respecto al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que rinda un informe detallado sobre la operatividad y seguridad de los aerotrenes que transportan a los pasajeros de la terminal 1 y 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes
Antecedentes
I. En sesión ordinaria celebrada en fecha 15 de diciembre del año 2009, se dio cuenta a la asamblea de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, rinda un informe detallado sobre la situación que guardan en materia de operatividad y seguridad los aerotrenes que transportan a los pasajeros de la terminal 1 y 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Éric Rubio Barthell, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
II. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el oficio número DGPL 61-II-5-431, instruyó el turno de la proposición con punto de acuerdo a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes, para su estudio y dictamen.
III. Con base a lo anterior, las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Transportes de la LXI Legislatura, procedieron al análisis y elaboración del presente dictamen.
Contenido de la proposición
1. Manifiesta el diputado Éric Rubio Barthell, que los problemas que ha venido presentando el transporte aéreo en nuestro país, afectan principalmente al usuario.
Señala dos principales problemas:
Primero, el derivado del costo de las tarifas, que se debe fundamentalmente a la falta de claridad en la regulación de éstas, lo cual es consecuencia de una laguna jurídica que no permite a la autoridad competente establecer procedimientos de vigilancia, control y sanción hacia los concesionarios de las líneas aéreas.
En segundo lugar se encuentran las constantes quejas de los usuarios, por los cambios de hora repentinos que realizan las aerolíneas. Así como los constantes retrasos que presentan en sus vuelos las aerolíneas Mexicana de Aviación y Aeroméxico, lo cual se ve reflejado en una pérdida de tiempo para el usuario, ya que estos retrasos le impiden acudir a sus lugares de trabajo o negocios, ocasionándoles pérdidas económicas, de las cuales no se hacen responsables las compañías.
Además de las quejas de los usuarios que se quedan a la mitad de su destino debido a que el avión tuvo que hacer un cambio de ruta, retrasos en los vuelos, cancelaciones de los mismos o situaciones en las que existe una sobreventa de boletos.
Que el Reglamento de la Ley de Aviación Civil, en donde se enmarca los derechos del usuario, no es suficiente para garantizar éstos, por lo que considera que se debe legislar en la materia, con la finalidad de clarificar los derechos de los usuarios ya que los mismos no son negociables y no pueden estar sujetos a las disposiciones de un concesionario o una institución.
Resalta además, que las tarifas aéreas que se cobran en nuestro país son de las más caras a nivel internacional, en ellas se incluyen una serie de cobros por conceptos que en otras partes del mundo ni si quiera son conocidas. Un ejemplo de esto es el impuesto que se cobra por la carga de combustible a las aerolíneas, mismo que en países Europeos no se aplica.
Que el alto costo para quien compra un boleto de avión en México, se debe en gran medida a que hasta un 36 por ciento corresponde a impuestos, derechos y cargos adicionales, en tanto que en Estados Unidos, Europa y Sudamérica esa proporción varia de entre 9 y 28 por ciento. Lo anterior resulta incongruente que a pesar de que los usuarios pagan tarifas mucho más altas que en otros lugares del mundo, el servicio que reciben por dicho pago es completamente inferior y deficiente en la mayoría de los casos
El diputado Éric Rubio Barthell manifiesta que, la reciente ampliación y modernización de la terminal 1 y la puesta en operación de la nueva terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México (AICM), en la cual el gobierno federal invirtió 8 mil 586 millones de pesos, incluyó un transporte interterminales, la construcción de 2 distribuidores viales y una vialidad interna; dicha inversión se realizó con la finalidad de proporcionar un mejor servicio a los miles de usuarios del AICM. Sin embargo, la obra ha venido enfrentando diversos problemas desde la puesta en funcionamiento. Por ejemplo el transporte interterminales denominado aerotrén, cotidianamente presenta fallas en sus vagones y constantes choques entre los mismos, lo cual no sólo ocasiona retrasos a los miles de usuarios que diariamente transitan por el AICM, sino que representa un mal servicio para los mismos y genera una mala imagen de México hacia los turistas que visitan el país.
2. Que en el marco de la posible fusión entre las aerolíneas Mexicana de Aviación y Aeroméxico, es fundamental que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes rindan un reporte detallado sobre el estado que guarda dicha fusión.
Consideraciones
1. Con base en lo antes mencionado las comisiones dictaminadoras toman en cuenta la preocupación del diputado Éric Rubio Barthell del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional, acerca de la problemática que se deriva del costo de las tarifas por la falta de claridad en la regulación de éstas en nuestro marco jurídico.
Además de los problemas que viven los usuarios de las aerolíneas con los cambios de horarios sin previo aviso, así como los constantes retrasos, trayendo como consecuencia daños al usuario del transporte aéreo.
Las comisiones dictaminadoras, comparten la preocupación por los altos costos del boleto de avión en nuestro país, que comparado con otros países son significativamente más altos.
No pasa por alto la problemática de las terminales 1 y 2 del aeropuerto de la Ciudad de México, donde se implantó un transporte inter-terminales (aerotrén), el cual ha presentado fallas en sus vagones y choques entre éstos.
Las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes, coincidimos que la SCT debe presentar un informe sobre la posible fusión de las dos empresas líderes en el sector aéreo, Mexicana de Aviación y Aeroméxico.
En este contexto, se considera importante exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que en el ámbito de sus atribuciones, informe a esta soberanía sobre los metodos de control en los que se basan las autoridades para regular la calidad del servicio y las tarifas que prestan a los usuarios las aerolíneas en nuestro país; informe sobre el avance que se tiene de la presunta intención de fusión entre Aeroméxico y Mexicana de Aviación y; se informe sobre la situación que guarda en materia de operatividad y seguridad los aerotrenes que transportan a los pasajeros de la Terminal 1 y 2 del aeropuerto de la Ciudad de México derivado de los resientes accidentes ocurridos en los mismos, así como sus constantes fallas.
En merito de lo expuesto, las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Transportes someten a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en el ámbito de sus atribuciones informe a esta Soberanía los mecanismos de control en los que se basan las autoridades para regular la calidad del servicio que prestan a los usuarios, las aerolíneas en nuestro país.
Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones, y Transportes para que rinda ante esta soberanía:
1. Un informe sobre el avance que se tiene de la presunta intención de fusión entre Aeroméxico y Mexicana de Aviación.
2. Un informe detallado sobre la situación que guardan en materia de operatividad y seguridad los aerotrenes que transportan a los pasajeros de la terminal 1 y 2 del AICM. Derivado de los recientes accidentes ocurridos, así como por sus constantes fallas.
3. Se solicita atentamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe a esta Soberanía, por conducto de la Comisión de Comunicaciones, dentro del término de 45 días, la resolución que recaiga sobre el asunto que se somete a su jurisdicción y competencia.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2010.
La Comisión de Comunicaciones
Diputados: José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), presidente; Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica), Arturo García Portillo (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Fernando Ferreira Olivares (rúbrica), secretarios; Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Ana Estela Durán Rico, Sofía Castro Ríos, Hugo Héctor Martínez González, Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Rogelio Cerda Pérez, Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Janet Graciela González Tostado (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos, María Elena Perla López Loyo, Juan Huerta Montero (rúbrica), Adriana Fuentes Cortes (rúbrica), Javier Corral Jurado, Adriana Sarur Torre (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Francisco Hernández Juárez.
La Comisión de Transportes
Diputados: Francisco Javier Martín Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Ángel Aguirre Herrera (rúbrica), Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Dávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), José Ramón Martel López, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Rscárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González, Cuauhtémoc Salgado Romero, Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica en contra), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancilla Amador, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya, Ignacio Téllez González (rúbrica en contra), Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Mary Telma Guajardo Villareal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).
De las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a agilizar la suscripción de los convenios de reasignación con las entidades federativas y a tomar las medidas necesarias para evitar subejercicios
Honorable Asamblea:
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica, y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones somete a consideración del pleno de esta asamblea el presente dictamen, respecto a punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
I. En sesión ordinaria celebrada el 7 de abril de 2010 se dio cuenta a la asamblea de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la proposición con punto de acuerdo mediante la cual se solicita que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a agilizar la suscripción de los convenios de reasignación con las entidades federativas y a tomar las medidas necesarias para evitar subejercicios, suscrita por el diputado Hugo Martínez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
II. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el oficio número DGPL 61-II-4-409, instruyó el turno de la proposición con punto de acuerdo a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Transportes, para estudio y dictamen.
III. Con base en lo anterior, las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Transportes de la LXI Legislatura procedieron al análisis y a la elaboración del presente dictamen.
Contenido de la proposición
1. Manifiesta el diputado Hugo Martínez González que el artículo décimo quinto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 (PEF) define los procedimientos a los cuales se deberán de someter todos los proyectos del Programa de Infraestructura Económica de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales del ramo 09 que no cuenten con registro en la cartera de inversión del PEF. Como dicta el mismo artículo, las entidades federativas tienen hasta el último día de febrero para presentar a registro en la cartera de programas los proyectos de su entidad. Una vez registrados los proyectos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las entidades federativas podrán realizar los trámites conducentes para suscribir los convenios de reasignación correspondientes.
Que la suscripción de dichos convenios de reasignación se ha convertido en un gran problema para las entidades federativas. Usualmente, el proceso de suscripción toma varios meses, lo que provoca que los proyectos de las entidades federativas queden rezagados o tengan que presentar subejercicios debido al poco tiempo con que cuentan las entidades federativas para llevar a cabo y terminar los proyectos.
Que el principal problema que se presenta por retrasar la firma de los convenios son los subejercicios. Éste ya es un problema presupuestal histórico para el país. En esta soberanía se han hecho diversos esfuerzos para evitar que éstos se produzcan y que sean reasignados y destinados a fideicomisos, los cuales no pueden ser auditados.
Como bien define la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los subejercicios son metas no cumplidas. En esta soberanía se aprobó un presupuesto de egresos de la federación considerando las necesidades específicas de la nación. Estas necesidades deben ser satisfechas o al menos subsanadas en el periodo considerado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a fin de que los recursos destinados en el Presupuesto federal cumplan el objetivo original.
Que esta soberanía debe buscar que el PEF elaborado sea cumplido en tiempo. El retraso que presenta la SCT para suscribir los convenios de reasignación con las entidades federativas es un impedimento para cumplir dichos tiempos. Evidencia de esto son los subejercicios que se presentaron en periodos anteriores.
Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentó su informe sobre los subejercicios del gobierno federal y los saldos por dependencia. En el informe correspondiente al tercer trimestre de 2009 se acumularon 3 mil 731.8 millones de pesos, los cuales terminaron siendo reasignados a otros ramos o entidades.
Que en 2009, los subejercicios que se presentaron correspondieron principalmente a los ramos administrativos, pues los autónomos ejercieron su presupuesto conforme al calendario. Esto pone en evidencia la falta de compromiso de los ramos administrativos para cumplir el presupuesto aprobado por esta soberanía. Entre los subejercicios sobresalen los correspondientes a comunicaciones y transportes y aunque una parte fue subsanada, éstos ascendieron a 14 mil 125.9 millones de pesos. En salud, educación, medio ambiente, recursos naturales, energía, seguridad pública y desarrollo social también se presentaron subejercicios importantes, de los cuales una parte fue subsanada y el resto se reasignó a los fideicomisos.
Que los subejercicios constituyen un problema fundamental, ya que provocan grandes rezagos para el desarrollo de la nación. Esta soberanía tiene la responsabilidad de buscar una solución a esta situación, pues año con año se repiten estos subejercicios.
Que la SCT presenta subejercicios de manera usual. Incluso, esto se ha convertido en una constante, pues han ocurrido en múltiples ocasiones. La ineficiencia de la secretaría para suscribir convenios de reasignación es evidente y su consecuencia es un importante retraso en el desarrollo de la infraestructura de la nación.
Consideraciones
1. Con base en lo mencionado, las comisiones dictaminadoras toman en cuenta la preocupación del diputado Hugo Martínez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, acerca de la problemática para que se agilice la suscripción de los convenios de reasignación con las entidades federativas y se tomen las medidas necesarias para evitar subejercicios.
Señala como principal problema retrasar la firma de los convenios para los subejercicios, constituyéndose esto en un problema presupuestal histórico para el país, pese a los esfuerzos realizados por esta soberanía para que dichos recursos no sean reasignados y destinados a fideicomisos, los cuales no pueden ser auditados.
Es atinado el legislador al señalar que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria define los subejercicios como metas no cumplidas. Que el retraso que presenta la SCT para suscribir los convenios de reasignación con las entidades federativas resulta un impedimento para cumplir dichas metas.
Resulta evidente que los subejercicios constituyen un problema grave para el desarrollo social y económico del país.
Las comisiones dictaminadoras comparten la preocupación del suscrito en la búsqueda de soluciones de esta problemática para que se suscriban en tiempo y forma los convenios de reasignación, y con ello se eviten los retrasos por la SCT.
Se considera importante exhortar a la SCT a agilizar la suscripción de los convenios de reasignación con las entidades federativas.
En mérito de lo expuesto, las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Transportes someten a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes a agilizar la suscripción de los convenios de reasignación con las entidades federativas, salvaguardando en lo posible los proyectos incorporados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Segundo. Se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes a tomar las medidas necesarias para que los recursos asignados se entreguen en tiempo y forma, a fin de que se cumplan las metas de los programas presupuestados y evitar que se continúen presentando subejercicios en los recursos presupuestarios de 2010.
Se solicita atentamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que informe a esta soberanía por la Comisión de Comunicaciones, dentro del término de 45 días, respecto a la resolución que recaiga sobre el asunto que se somete a su jurisdicción y competencia.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2010.
La Comisión de Comunicaciones
Diputados: José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), presidente; Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica), Arturo García Portillo (rúbrica), Juan Flores Ramírez (rúbrica), Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Fernando Ferreira Olivares (rúbrica), secretarios; Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Ana Estela Durán Rico, Sofía Castro Ríos, Hugo Héctor Martínez González, Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Rogelio Cerda Pérez, Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Janet Graciela González Tostado (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos, María Elena Perla López Loyo, Juan Huerta Montero (rúbrica), Adriana Fuentes Cortés (rúbrica), Javier Corral Jurado, Adriana Sarur Torre (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Francisco Hernández Juárez.
La Comisión de Transportes
Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Ángel Aguirre Herrera (rúbrica), Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), José Ramón Martel López, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González, Cuauhtémoc Salgado Romero, Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica en contra), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya, Ignacio Téllez González (rúbrica en contra), Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández.
De las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar sobre la vigilancia, el funcionamiento y la operación de los servicios de las aerolíneas comerciales
Honorable Asamblea:
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; las Comisiones de Comunicaciones, y de Transportes someten a consideración del pleno de esta honorable asamblea el presente dictamen respecto al punto de acuerdo antes mencionado, al tenor de los siguientes
Antecedentes
I. En sesión ordinaria celebrada en fecha 1 de diciembre de 2009 se dio cuenta a la asamblea de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar a esta asamblea sobre la vigilancia, funcionamiento y operación de los servicios aéreos que prestan las líneas aéreas comerciales en México, suscrita por el diputado Jorge González Ilescas, del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional.
II. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el oficio número D.G.P.L. 61-II-2-212, instruyó el turno de la proposición con punto de acuerdo a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Transportes para su estudio y dictaminación.
III. Con base en lo anterior, las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Transportes de la LXI Legislatura, procedieron al análisis y elaboración del presente dictamen.
Contenido de la proposición
1. Dentro de la exposición de motivos, el diputado Jorge González Ilescas menciona que, de conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fomentar, regular y vigilar el funcionamiento y operación de la administración de los aeropuertos nacionales, así como fijar las tarifas para el cobro de los servicios públicos de comunicaciones y transportes, y participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el establecimiento de las tarifas de los servicios que presta la Administración Pública Federal en materia de comunicaciones y transportes.
Durante 2008, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional desarrolló un análisis en 21 terminales aéreas de América Latina, en el que afirma que los aeropuertos mexicanos tienen las tarifas más altas del mundo. El pago de aterrizajes y despegues, estacionamientos, iluminación, abordaje y desembarco de pasajeros son casi 50 por ciento más caros en aeropuertos mexicanos que en otros en el mundo. Entre las razones que invocan los grupos aeroportuarios para justificar esas tarifas, están las condiciones adversas derivadas de la crisis internacional, el encarecimiento del combustible, la caída de las rutas y la desaparición de aerolíneas de bajo costo, lo que incide en el costo de los servicios.
Señala que actualmente operan en México 6 aerolíneas nacionales de transporte de pasajeros, siendo Aeroméxico y Mexicana las dos empresas que concentran el 60 por ciento del mercado, mientras que Volaris e Interjet administran un 20 por ciento, el 20 por ciento restante lo maneja Aerobús, Magnicharters y las operadoras extranjeras. Entre 2007 y 2009 desaparecieron 5 aerolíneas de bajo costo que favorecían la libre competencia, así como la oferta de tarifas accesibles a los usuarios de transporte aéreo; con la desaparición de Aviacsa se contribuyó a la concentración del mercado por parte de las empresas Aeroméxico y Mexicana, lo cual viola los principios de la libre competencia y se atenta en contra de los intereses de los usuarios.
Expresa que uno de los problemas más graves es que las aerolíneas nacionales han subido sus precios a los diferentes destinos nacionales, ajenos las condiciones económicas que vive el país.
Menciona que, de acuerdo con el Banco de México, las tarifas que pagaron los usuarios del transporte aéreo durante el mes de octubre de 2009 fueron 2.71 por ciento más altas que las de octubre de 2008.
Asimismo, afirma que el elevado costo de las tarifas aéreas en México, se compone además del impuesto de la sobrecuota del valor del boleto de avión, lo cual no corresponde con la caída de los precios internacionales de la turbosina.
Sostiene, que aparte del elevado costo del boleto de avión, los usuarios del servicio aéreo también tienen que pagar los altos costos de hora-trabajo que tienen que perder porque las aerolíneas no avisan con anticipación los cambios de horario; con cualquier pretexto, las aerolíneas realizan los cambios de horarios de los vuelos de avión sin justificación alguna, y cuando se acercan a pedir información al respecto, los empleados asumen actitudes despóticas.
Por último, la proposición con punto de acuerdo indica que lo importante es que las condiciones de las aerolíneas comerciales mejoren, a precios accesibles que permitan que un mayor número de personas puedan transportarse.
Consideraciones
1. Con base en lo antes mencionado, la Comisiones dictaminadoras, comparten la preocupación del diputado Jorge González Ilescas acerca del servicio que prestan las aerolíneas comerciales, referente a las tarifas y al mal servicio prestado por éstas. Coincidiendo también que el costo de las tarifas en nuestro país comparadas con otros países son, significativamente, más altas, y que los horarios sufren cambios sin previo aviso y no hay una atención adecuada al usuario.
En este contexto, se considera importante exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la realización de un estudio detallado sobre cómo se planean, formulan y conducen las políticas y programas en la fijación de tarifas de cobro de los servicios públicos de transportes aéreos, que se realizan con la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así como, intensificar la vigilancia y verificación del funcionamiento y operación de la aviación comercial.
Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Transportes, someten a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar un estudio detallado sobre la planeación, formulación y conducción de las políticas y programas para fijar las tarifas para el cobro de los servicios públicos de transportes aéreos, que se realizan con la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fortalecer la vigilancia, verificación del funcionamiento y operación de la aviación comercial.
Se solicita atentamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que informe a esta soberanía, por conducto de la Comisión de Comunicaciones, dentro del término de 45 días, la resolución que recaiga sobre el asunto que se somete a su jurisdicción y competencia.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2010.
La Comisión de Comunicaciones
Diputados: José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), presidente; Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica), Arturo García Portillo (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Fernando Ferreira Olivares (rúbrica), secretarios; Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Ana Estela Durán Rico, Sofía Castro Ríos, Hugo Héctor Martínez González, Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Rogelio Cerda Pérez (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Janet Graciela González Tostado (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos, María Elena Pela López Loyo, Juan Huerta montero (rúbrica), Adriana Fuentes Cortés (rúbrica), Javier Corral Jurado, Adriana Sarur Torre (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Francisco Hernández Juárez.
La Comisión de Transportes
Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Ángel Aguirre Herrera (rúbrica), Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica en contra), Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), José Ramón Martel López, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González, Cuauhtémoc Salgado Romero, Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya, Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández.
De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a los secretarios de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública, y de Marina, así como al gobernador y al secretario de Seguridad Pública de Morelos, para que en sus funciones y acciones operativas de lucha contra la delincuencia organizada respeten las garantías individuales y los derechos humanos de los morelenses
Honorable Asamblea:
La Comisión de Derechos Humanos de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica; y 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente dictamen:
Antecedentes
1. El 25 de febrero de 2010, el diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al comandante de la vigésima cuarta zona militar, al secretario de Seguridad Pública y al Poder Ejecutivo de Morelos a respetar, en sus funciones y acciones operativas de lucha contra la delincuencia organizada, las garantías individuales y los derechos humanos de los morelenses.
2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos para estudio y dictamen.
Finalidad de la proposición con punto de acuerdo
Que en las acciones contra la delincuencia organizada que llevan a cabo, el Ejército, la Secretaría de Seguridad Pública federal y el Poder Ejecutivo de Morelos respeten las garantías individuales y los derechos humanos de los ciudadanos morelenses.
Consideraciones
Como señala el diputado promovente en la exposición de motivos, desde diciembre de 2009 elementos del Ejército Mexicano, de la Armada de México y de la policía de Morelos han desarrollado operaciones contra el crimen organizado en esa entidad federativa. En la lucha ha habido violaciones de los derechos humanos de la ciudadanía.
El diputado promovente enumera en la exposición de motivos algunos acontecimientos en los que ocurrieron las violaciones a que se refiere. Quizá el más emblemático sea la captura de 14 miembros del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, vinculados a la delincuencia organizada. La operación, que tuvo lugar en un domicilio situado a 100 metros de la casa de gobierno de Morelos, desencadenó serias violaciones de los derechos humanos en ese estado.
A partir de los acontecimientos que el proponente narra en la exposición de motivos, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, en un comunicado suscrito el 12 de abril de 2010, solicitó al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, en el ámbito de su competencia, garantice los derechos humanos de la ciudadanía en el estado.
El diputado Jorge Arizmendi García expresó en la sesión inaugural del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de Morelos (1 de febrero de 2010): “Este periodo inicia en medio de una de las crisis más graves de la historia reciente de la entidad, una crisis que ha puesto en duda la soberanía del estado, una crisis que vulneró las garantías individuales y, por tanto, una crisis que lastima a todos los morelenses”.
En la misma sesión, el diputado Arizmendi propuso la creación de una comisión legislativa plural que se encargue de investigar a fondo la problemática de inseguridad pública “para que todas las acciones encaminadas a combatir la delincuencia organizada se lleven a cabo en el marco de la ley”.
En los últimos años, la seguridad pública se ha convertido en absoluta prioridad. El colapso de gobiernos autoritarios confiados en la represión para el mantenimiento del orden y la paz social nos deja una herencia de instituciones debilitadas en sus estructuras orgánicas y operativas para intervenir eficazmente y conforme a las leyes establecidas en la lucha contra el crimen organizado.
Algunos servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley hacen uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego en perjuicio de las personas a que pretenden detener, someter o asegurar.
Los integrantes de esta comisión estamos de acuerdo con la detención, el sometimiento y el aseguramiento de personas cuando su conducta está prevista como delictiva en la legislación penal, y las leyes autoricen el uso legítimo de la fuerza y de las armas de fuego; estamos de acuerdo en que los servidores públicos con facultades para hacer cumplir la ley lleven a cabo su deber, siempre que tales actos se realicen conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, y en las leyes y los reglamentos aplicables.
Lo señala el artículo 22 constitucional en el segundo párrafo: “La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.
En el mismo sentido, el doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, afirmó: “Todo servidor público está obligado a acatar la Constitución, de tal manera que cuando se vulneren y se violen derechos humanos haya sanciones políticas y penales” (comunicado de la CNDH del 6 de diciembre de 2009).
Por ello, la CNDH comunicó el 29 de octubre de 2009 haber integrado, entre otras, las quejas con los números de expediente CNDH/ 2/ 2009/ 3978/ Q y CNDH/ 2/ 2009/ 3799/ Q, por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército Mexicano derivadas de allanamientos, detenciones arbitrarias, tortura, privación ilegal de la libertad y robo.
Por eso es imprescindible que los legisladores propiciemos que cada acto del ejercicio del poder se realice con base en el cumplimiento del orden jurídico establecido, como expresión de la voluntad general y sustento de la legitimidad del propio poder público.
El combate de la delincuencia organizada es materia de seguridad pública nacional y estatal.
Los integrantes de la comisión coincidimos con el diputado promovente en que es adecuado exhortar a las autoridades que intervienen en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, consideramos que el exhorto para que se respeten los derechos humanos de los morelenses en el combate de la delincuencia organizada debe ser a los titulares del Ejecutivo federal y del estatal para que éstos instruyan a su vez a las Secretarías de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional, y de Marina en cuanto al ámbito local; y a la de Seguridad Pública de Morelos.
Por lo expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados los siguientes
Acuerdos
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a instruir a los secretarios de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública, y de Marina a efecto de que, en el desarrollo de sus funciones y acciones operativas contra la delincuencia organizada, en Morelos, prevalezca el respeto de las garantías individuales y de los derechos humanos.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo de Morelos a instruir al secretario de Seguridad Pública de esa entidad para que en el desarrollo de sus funciones y acciones operativas contra la delincuencia organizada en el estado prevalezca el respeto de las garantías individuales y de los derechos humanos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2010.
La Comisión de Derechos Humanos
Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez, presidente; Sabino Bautista Concepción, Jaime Flores Castañeda, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Clara Gómez Caro, Rosa Adriana Díaz Lizama, Rosi Orozco, Enoé Margarita Uranga Muñoz, secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María del Rosario Brindis Álvarez, Yulenny Guylaine Cortés León, Sami David David, Margarita Gallegos Soto, Martín García Avilés, Lizbeth García Coronado, Noé Fernando Garza Flores, Héctor Hernández Silva, Juan Pablo Jiménez Concha, Silvia Isabel Monge Villalobos, Jesús Alfonso Navarrete Prida, Silvia Esther Pérez Ceballos, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, Gloria Romero León, Florentina Rosario Morales, Jaime Sánchez Vélez, María Sandra Ugalde Basaldúa, Guadalupe Valenzuela Cabrales, J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbricas).
De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a identificar, según las bases de datos de la Administración General de Aduanas y del Inegi, empresas que tengan un perfil de operación riesgoso y prevenir que las sujetas al régimen de importación temporal dejen de cumplir sus obligaciones patronales
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fue turnada para su estudio y dictamen el siguiente punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a agregar el inciso d) a la fracción VII del artículo 24 del decreto para el fomento y operación de la industria maquiladora, presentada por el diputado Roberto Pérez de Alba Blanco, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en fecha 4 de marzo de 2010.
La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la proposición del punto de acuerdo referida al tenor de los siguientes:
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados en fecha 4 de marzo de 2010, los Secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la proposición de punto de acuerdo que presentó el diputado Roberto Pérez de Alva Blanco
Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.
Tercero. El legislador propone lo siguiente:
“La actividad maquiladora fue el sector más dinámico de la economía mexicana en las dos últimas décadas del siglo pasado. Numerosos estudios indican que desde el establecimiento de las primeras maquiladoras en territorio nacional, el crecimiento anual de empleo fue próximo a 10 por ciento, en contraste con un promedio nacional del 2 por ciento concentrado principalmente en la franja fronteriza norte.
Ante el grave descenso de la actividad agrícola y la amplia demanda de empleo impulsada por diferentes fenómenos sociales, como la repatriación de los braceros y el descenso de la actividad turística en la zona fronteriza principalmente, se dio lugar a un alto índice de crecimiento poblacional, que fue generando un grave fenómeno de falta de empleo en las ciudades de esa franja.
Ante tal situación, en la década de 1970 el gobierno federal inició una serie de programas, como el Nacional Fronterizo, la introducción de los artículos gancho, y el Programa de Industrialización Fronteriza (PIF). Mientras las dos primeras medidas se orientaban a la reactivación y el impulso del turismo, buscando la retención de los compradores del lado mexicano, el PIF surgió con la idea de contrarrestar el desempleo generado por el término del Programa Bracero, así como del proceso de internacionalización de los grandes capitales y de empresas transnacionales.
Así, en 1965 se aprobó el impulso de la industrialización de la frontera norte mediante el PIF, que consistió básicamente en la instalación de fragmentos de los procesos productivos de industrias que requerían uso intensivo de mano de obra.
Para finales de los setenta, México se había convertido en uno de los países maquiladores más importantes: ocupaba el tercer lugar mundial, sólo detrás de Alemania occidental y Canadá.
El desarrollo de la industria maquiladora se ha situado en gran medida en la zona fronteriza norte, por el concepto de “plantas gemelas”, en las que una sola gerencia podía manejar una planta de alta tecnología de capital intensivo extranjero, y una planta de uso intensivo de mano de obra en el lado mexicano, acogiéndose al régimen aduanero de importación temporal, que permite la introducción en el país, con ciertas facilidades, de todo tipo de maquinaria, equipo, materia prima, etcétera, todo ello sujeto a la reexportación.
La industria maquiladora en el país, desde la publicación del decreto que regula su funcionamiento, ha cobrado enorme importancia en el ramo productivo y en la generación de empleos en el país, particularmente en la región fronteriza norte. Sus objetivos de crear fuentes de empleo, fortalecer la balanza comercial del país, elevar la competitividad internacional de la industria mexicana y fomentar la capacitación de los trabajadores, junto con el impulso del desarrollo y la transferencia de tecnología moderna en la nación, se han venido cumpliendo de manera cada vez más intensa, no obstante que su desarrollo ha enfrentado crisis recurrentes y altibajos, lo que puede observarse con una simple mirada a las estadísticas que lo confirman.
En efecto, en una amplia gama de actividades, las maquiladoras industriales, las controladoras de empresas, las de servicios, etcétera, que obedecen al concepto del proceso industrial o de servicio destinado a la transformación, elaboración o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación, han desempeñado su trabajo con inobjetable beneficio a la economía nacional, fundamentalmente en el marco de la legislación laboral mexicana y con un efecto que ha sustituido algunas otras ramas de la producción, en particular la actividad agropecuaria, que en los últimos años ha tenido un grave deterioro.
Por razones evidentes, este desarrollo se ha concentrado en la frontera norte, derivado de los bajos costos de transporte y la mayor calidad de la infraestructura industrial. Diversos estudios señalan que las diferencias entre la región norte y el centro del país en la captación de la inversión extranjera en la industria maquiladora en cuanto a tipo de industria y complejidad, antes de disminuir siguen aumentando; entre las razones están la proximidad con el mercado y los proveedores, los bajos costos de transporte y una mayor productividad, lo que desaparece otro tipo de desventajas, como la de remuneraciones más altas.
Lo expuesto deja muy en claro la enorme importancia y el nivel de participación que tiene en el empleo de miles de nacionales la industria de la maquila, que si bien cumple en lo general sus obligaciones patronales, con frecuencia saltan a la vista algunas que, desempeñándose formal o informalmente, dejan de hacerlo por la permisividad de la norma que las regula.
Para el propósito de esta propuesta, deseo centrar la atención en el aspecto laboral en el que se desempeñan, sobre todo en la zona fronteriza, decenas de miles de empleados, y muy particularmente resaltar algunas desventajas de esa ubicación tan cerca de la línea fronteriza, a la luz del acogimiento de ciertas empresas al régimen de importación temporal.
Particularmente deseo referirme al caso de la reexportación o retorno al país de origen de forma repentina de maquinarias, equipo y en ocasiones materias primas, que con la protección del régimen de importación temporal hacen algunas empresas en forma intempestiva, dejando tras de ese retorno deudas por falta de pago en salarios o prestaciones a los trabajadores y con adeudos ante los Institutos Mexicano de Seguro Social, y del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y que al retornar el capital que significa el equipo de trabajo, dejan a los empleados en el más absoluto desamparo.
Estas empresas, por fortuna las menos, han recibido el calificativo de “golondrinas”. Es frecuente que los medios de comunicación nos enteren de la justa protesta de los trabajadores por el uso abusivo del régimen de importación temporal que permite el retiro de los equipos de manera apresurada, lo que se convierte en un problema social que en un momento afecta también diversas instancias de gobierno.
La Ley Aduanera considera algunas prevenciones y requerimientos para que se permita a las empresas que dejan la plaza definitivamente el retorno de los equipos; sin embargo, esos requerimientos son de tipo administrativo y aduanero y en ningún capítulo se incluye alguna prevención que verifique la condición laboral que tras de sí dejan las empresas al momento del retorno de sus maquinarias.
Por lo anterior, el punto de acuerdo que se presenta exhorta al Ejecutivo federal a incorporar en el articulado de las obligaciones de las personas morales a que se haya aprobado un programa de operación de maquila como considera el decreto para el fomento y operación de la industria maquiladora de exportación un agregado que establezca la obligación para que en el trámite al momento del retorno y la salida definitiva del país ante la autoridad aduanera se incorpore en las documentales testimonio de la autoridad laboral o social correspondiente de que la empresa está al corriente con sus obligaciones patronales, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo y cualquier otra norma concurrente. Esto, a fin de proteger a los trabajadores ante un eventual incumplimiento de sus derechos, manteniendo los equipos en territorio nacional como garantía de sus prestaciones.
A fin de evitar complejidades burocráticas, el agregado que se propone establece que si las autoridades correspondientes no expiden la constancia de la regularidad en las obligaciones patronales en un plazo no mayor de 10 días calendario, la solicitud se tomará como respondida afirmativamente.
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a agregar el inciso d) a la fracción VII del artículo 24 del decreto para el fomento y operación de la industria maquiladora, para quedar como sigue:
Artículo 24. Las personas morales a que se autorice un programa están obligadas a
I. a VI. ...
VII. Solicitar a la secretaría el registro, previo trámite ante el SAT, de lo siguiente:
a) a c) ...
d) El trámite del retorno ante la autoridad aduanera deberá acompañarse de constancia de la Secretaría del Trabajo de que la empresa se encuentra al corriente de sus obligaciones patronales. Si la autoridad responsable no expide la constancia de la regularidad en un plazo no mayor de diez días hábiles a partir de que le fue solicitada, se tendrá por respondida afirmativamente.
VIII. a X. ...”
Consideraciones
Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición de punto de acuerdo presentada por el diputado Roberto Pérez de Alva Blanco.
Segunda. Que con base en los antecedentes indicados por el diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, la Comisión de Economía, con las atribuciones señaladas, se abocó de forma respetuosa y responsable a dictaminar la proposición con punto de acuerdo referida.
Tercera. Que el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:
“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación...”
Cuarta. Que el artículo 123 constitucional dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
Quinta. Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en el artículo 40 que a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos;
...VII. Establecer y dirigir el servicio nacional de empleo y vigilar su funcionamiento;...”
Sexta. Que la Ley Federal del Trabajo dispone en el artículo 3 que el trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia.
Asimismo, la mencionada ley establece en el artículo 132 las obligaciones de los patrones, entre las cuales se encuentran:
“I. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos;
II. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, de conformidad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento;...”
Aunado a lo anterior, el artículo 133, fracción VII, dispone que queda prohibido a los patrones ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores los derechos que les otorgan las leyes.
Séptima.- Que el decreto para el fomento de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación establece que, en promedio, se establecen en nuestro país 50 maquiladoras por mes, por lo que dicha industria representa una importante fuente generadora de empleo, así como de capacitación y adiestramiento de la mano de obra que contribuye al fortalecimiento de la actividad económica nacional.
Octava. Que el Plan Nacional de Desarrollo establece que uno de los objetivos de esta administración, es que sólo subsistan los trámites estrictamente necesarios y que estos se realicen en el menor tiempo posible y de manera más ágil en beneficio de la actividad económica del país.
Asimismo, el Ejecutivo federal ha implementado la operación de “tala regulatoria” para la reducción de trámites y términos para simplificar los procesos administrativos de los diferentes sectores en las dependencias del gobierno.
Novena.- Que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como autoridad fiscal tiene a su cargo, entre otras funciones, la de dirigir los servicios aduanales y de inspección en México por medio de la Administración General de Aduanas (AGA) cuya función es la de aplicar la legislación que regula el despacho aduanero, así como los sistemas, métodos y procedimientos a que deben sujetarse las aduanas para dar cumplimiento a las normas nacionales de carácter fiscal o aduanero y a los acuerdos y convenios internacionales que sobre estas materias se celebren por nuestro país a nivel bilateral o multilateral.
Que actualmente la AGA cuenta con información electrónica en línea prácticamente de todas las operaciones de importaciones y exportaciones que se dan en el país.
Décima. Que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es un organismo público con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonios propios, responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información de Estadística y Geografía, el cual tiene como finalidad el suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional.
Debe mencionarse que conforme al artículo 25 del decreto para el fomento de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, el Inegi integra el Sistema Nacional Estadístico con información que le es proporcionada por la Secretaría de Economía, por la propia industria maquiladora, así como por otras dependencias de la administración pública federal y el Banco de México.
Décima Primera. Que los diputados que integran esta Comisión de Economía coinciden totalmente con las preocupaciones y argumentos expuestos por el proponente con respecto a la necesidad de asegurar que las industrias que operen programas de maquila de importación temporal, cumplan con las obligaciones patronales establecidas en nuestra legislación, pues lamentablemente es un hecho que se han dado casos en los que empresas que utilizan el régimen de importaciones temporales, una vez retornadas las mercancías al país de origen, desaparecen sin hacerse responsables de sus obligaciones patronales, lo cual a toda luz representa un abuso que debe corregirse.
No obstante, los diputados que integran esta Comisión de Economía, también estiman que dado el dinamismo de ese sector y los beneficios que aporta a la economía nacional, las acciones que se tomen para asegurar el cumplimiento de las obligaciones patronales por parte de las empresas que realizan importaciones temporales, deben ser acordes con la “tala regulatoria” promovida por el gobierno federal para la reducción de trámites y simplificar los procesos que se llevan a cabo ante las dependencias del gobierno, pues esto es indispensable para aumentar la competitividad del país y con ello participar en el beneficio de todos los mexicanos.
Por lo anterior, esta comisión considera pertinente modificar el punto de acuerdo en el sentido de exhortar al Ejecutivo federal a fin de que a través de las diversas dependencias que participan de alguna manera en el sector que nos ocupa, como sería el Inegi o la AGA, se diseñen y ejecuten los mecanismos más adecuados que permitan identificar tempranamente empresas que pudieran desaparecer o poner en riesgo su viabilidad y con ello la estabilidad laboral de sus empleados; a efecto de que se tomen las medidas pertinentes para proteger a los trabajadores y evitar situaciones como las que narra el proponente.
Décima Segunda. Por lo que en virtud de lo expuesto; esta Comisión de Economía considera que lo correcto es dictaminar el punto de acuerdo propuesto en los siguientes términos:
La honorable Cámara de Diputados acuerda:
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que instruya a las dependencias competentes a fin de que tomando en cuenta las bases de datos de la Agencia General de Aduanas y del Inegi, se diseñen y ejecuten mecanismos pertinentes y adecuados para identificar empresas que tengan un perfil de operación riesgoso y prevenir que empresas sujetas al régimen de importación temporal, dejen de cumplir puntualmente con sus obligaciones patronales, buscando en todo momento mantener la competitividad del sector.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días de agosto de 2010.
La Comisión de Economía
Diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Noé Fernando Garza Flores, Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Jorge Humberto López-Portillo Basave, David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas Ramírez (rúbrica), David Ricardo Sánchez Guevara, José Antonio Arámbula López (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García, Martín Rico Jiménez, Ramón Jiménez López (rúbrica en abstención), Gerardo Leyva Hernández, Carlos Torres Piña (rúbrica), José M. Torres Robledo, Ifigenia Martha Martínez y Hernández.
De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las dependencias de los gobiernos federal, estatales y municipales a consumir vinos y bebidas de origen mexicano en sus festividades y compromisos sociales del bicentenario y posteriores
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fue turnado, para estudio y dictamen, punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales y federal a efecto de que en el marco de las festividades de celebración del bicentenario de la Independencia se consuman vinos de mesa preferentemente mexicanos, presentado por el diputado Francisco Arturo Vega, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en fecha 29 de abril de 2010.
La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis del punto de acuerdo mencionado al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, en fecha 29 de abril de 2010, los secretarios de ésta dieron cuenta al pleno de esta soberanía del punto de acuerdo que se mencionó en el exordio del presente dictamen.
Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Economía.
Tercero. El legislador propone lo siguiente:
1. El vino mexicano es de muy buena calidad y competitivo con vinos extranjeros. Para 2008, en el país se produjeron alrededor de 1.5 millones de cajas de vino, de las cuales 1.1 millones se destinaron al interior del país y se exportaron 300 mil, lo cual se tradujo en una facturación aproximada de 42 millones de dólares. Esa cifra se encuentra aún por debajo de lo que algunos países en el mismo continente producen, sin mencionar la producción y la facturación que presentan vinos europeos.
2. En México se define como vino de mesa sólo el líquido que resulta de la fermentación alcohólica, total o parcial, del zumo de uvas, sin agregarle ninguna sustancia. De igual forma, hay diferentes clasificaciones de vinos clásicos, los cuales son vinos tintos, blancos, rosados, claretes, de hielo y varietales, además del chacoli, el vino generoso, el vino espumoso, el vermut y el vino gasificado.
Con base en consideraciones generales, podemos clasificar los vinos en dos grupos: los de mesa y los especiales. Los primeros son los que generalmente se consumen durante las comidas y, los segundos, fuera de ellas. Siguiendo con esta clasificación, los vinos de mesa comunes deben tener características que los diferencien de los finos; una de ellas está relacionada con el tiempo de consumo, ya que los vinos de mesa se consumen en el año de elaboración, deben ser agradables pero a su vez de escaso costo, los vinos finos tienen un proceso más elaborado y requieren, entre otras características, mayor costo y cuidados, y afinamiento esmerado.
3. El vino ha estado en la historia humana desde las civilizaciones antiguas, donde se destacan las distinciones que hicieron con él las civilizaciones griegas y romanas, lo cual ha significado que es un producto con relevancia en las sociedades actuales, pues aún se consumen de manera considerable los productos emanados de la uva.
En la actualidad, la industria vitivinícola mexicana enfrenta grandes problemas. Uno de ellos radica en la distribución del vino y el espacio que ocupa en los anaqueles, ya que según la Asociación Nacional de Vitivinicultores, más de 85 por ciento del espacio en anaquel es para vinos importados y sólo 30 por ciento de ventas es de vino nacional, lo cual significa el doble de su espacio en anaquel encaminado a la venta nacional. Aunado a ello, se tiene el gran problema de la serie de impuestos generales y especiales que el vino mexicano debe cumplir para salir a la venta, lo cual se refleja en altos costos de los productos nacionales que, sin duda, merman el consumo y, por ende, su producción.
4. Para 2005, el consumo per cápita era de 0.25 litros de vino, lo que se traduce en 250 mililitros de vino que bebemos al año; en Chile se consumen per cápita 17 litros y en países europeos como Francia, España e Italia aumenta de manera significativa, hasta legar a 60 litros. Sin embargo, en los últimos años ha ocurrido un incremento considerable del consumo del producto de hasta 20 por ciento como país.
Pese a las adversidades que ha enfrentado la industria vitivinícola, ha demostrado tener un crecimiento sostenido e importante y ser una industria que requiere el apoyo del aparato gubernamental, visto no sólo desde la legislación sino, también, desde las acciones que las diferentes esferas de gobierno pueden hacer.
5. En el marco de las festividades del bicentenario de la declaración de Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana, los titulares de las dependencias de gobierno, locales y federales participarán de tan significante fecha.
La presente proposición trata de invitar a los titulares de las dependencias de gobierno para que en las festividades internas y con miembros de la sociedad civil consuman vinos de mesa de origen mexicano, ayudando así al aumento de la difusión y la demanda de nuestros productos.
Sin la finalidad de excluir a los municipios del presente exhorto se busca la justificación de abstenerse de sumarlos, respetando principalmente los ámbitos presupuestal e ideológico particular de cada uno de ellos, debemos estar conscientes de que en el país hay un número considerable de población indígena, al igual que convivimos con usos y costumbres diversos, al mismo tiempo ajenos al consumo de vinos de mesa, proponiendo que en las municipalidades urbanas nos apoyen a integrarse de manera voluntaria a la presente proposición.
En fechas pasadas presenté una proposición similar, con la finalidad que en las embajadas y los consulados mexicanos se consumieran vinos de mesa preferentemente mexicanos. Quiero participarles que ese punto de acuerdo tuvo una cálida bienvenida y fue adoptado como propio para gran parte de los sectores: turístico, restaurantero y de productores de vino, quienes solicitan reiteradamente que lo hagamos extensivo al propio gobierno.
Por ello, en esta ocasión les solicito respetuosamente su aval para que el mismo exhorto sea dirigido a los gobernadores de los estados, a los secretarios de Estado y a organismos desconcentrados y descentralizados de la administración pública federal y las estatales.
Hacemos un llamado a quienes forman parte de la titularidad de las dependencias federales y estatales para que apoyen la industria vitivinícola con la difusión de los vinos de mesa mexicanos.
Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Único. Que la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a las dependencias de los gobiernos estatales y federal a efecto de que en el marco de sus festividades y compromisos sociales propios consuman vinos de mesa de preferencia de origen mexicano.
Consideraciones
Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición de punto de acuerdo presentada por el diputado Francisco Arturo Vega.
Segunda. Que con base en los antecedentes indicados por el diputado Francisco Arturo Vega, la Comisión de Economía, con las atribuciones señaladas, se abocó de forma respetuosa y responsable a dictaminar la proposición con punto de acuerdo referida.
Tercera. Que los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establecen que las proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara serán pasadas a la comisión o comisiones que corresponda para su respectivo análisis y dictaminación.
Cuarta. Que de conformidad con el decreto del honorable Congreso de la Unión por medio del cual declara a 2010 como el año del bicentenario del inicio de la Independencia Nacional y del centenario del inicio de la Revolución Mexicana, establece entre otras cosas, las siguientes:
• Que se incluyan estudios, obras e investigaciones de naturaleza histórica, artística, científica de prospectiva, política económica o social que, a lo largo de las conmemoraciones, se considere necesario fomentar, y que aporten elementos para la planeación y la toma de decisiones públicas, sociales y privadas, con fundamento en principios democráticos, de justicia y solidaridad.
Quinta. Que con motivo de las festividades del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, una de las acciones que propone el diputado Francisco Arturo Vega para impulsar la economía nacional y las condiciones de vida de todos los mexicanos es crear un ambiente de participación y reflexión por parte del Estado y de la ciudadana, con la finalidad de que se consuman vinos de mesa de origen mexicano, ayudando así a la difusión y la demanda de nuestros productos.
Sexta. Que en 1948 se creó la Asociación Nacional de Vitivinicultores, cuya finalidad es la de fomentar el desarrollo del cultivo de la vid, la industrialización de la uva, comercializar los productos que de ellas se obtengan y mejorar la calidad de los productos vitivinícolas.
Debe decirse que a partir de 2009, el Consejo Mexicano Vitivinícola (antes asociación nacional de vitivinicultores) ha establecido una estrategia para promover el “vino mexicano” que tiene como propósito posicionar e inducir el enlace comercial entre los productores, distribuidores y consumidores que permita el crecimiento del consumo per cápita del vino, por tanto, el crecimiento y consolidación de esta industria con la consecuente repercusión a nivel económico y social del país.
Séptima. Que las fracciones I y III del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señalan que es atribución de la Secretaría de Economía formular y conducir las políticas generales de la industria, establecer la política de industrialización, distribución y consumo de los productos agrícolas, ganaderos, forestales, minerales y pesqueros.
Asimismo, la fracción IX del artículo 35 del referido cuerpo legal faculta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en coordinación con la Secretaría de Economía promuevan el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial de la producción agropecuaria.
Octava. Que los diputados que integran esta Comisión de Economía comparten la preocupación del proponente y coinciden en exhortar respetuosamente a las dependencias de gobierno estatales y federales, para que con objeto de impulsar a la industria mexicana del vino, se promueva una cultura de éste con base en los beneficios que el consumo del vino mexicano puede ofrecer de manera regular y sin exceso, creando políticas públicas que generen fuentes de empleos, desarrollo comercial y con ello mejores condiciones de vida.
Asimismo, esta Comisión de Economía considera que el exhorto no sólo debe ser a los gobiernos estatales y federal, sino que se deben incluir a los municipales y, además, no debe circunscribirse a las festividades del bicentenario, pues debe ser un esfuerzo que debe ser permanente más allá de las referidas festividades; por lo que se considera que el punto de acuerdo debe enriquecerse en los términos mencionados.
Novena. Por lo expuesto, esta Comisión de Economía dictamina positivamente el punto de acuerdo propuesto para quedar como sigue:
La honorable Cámara de Diputados
Acuerda
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las dependencias de los gobiernos federal, estatales y municipales, a efecto de que en el marco de sus festividades y compromisos sociales del bicentenario, y en adelante, se consuman vinos y bebidas de origen mexicano.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de agosto de 2010.
La Comisión de Economía
Diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; Noé Fernando Garza Flores, Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Jorge Humberto López-Portillo Basave, David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas (rúbrica), David Ricardo Sánchez Guevara, José Antonio Arámbula López (rúbrica), Sergio Gama Dofour (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García, Martín Rico Jiménez, Ramón Jiménez López (rúbrica en abstención), Gerardo Leyva Hernández, Carlos Torres Piña (rúbrica), José Torres Robledo (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).
De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a declarar como “chiles en nogada, platillo bicentenario del estado de Puebla” esa preparación típica
Honorable Asamblea:
A la comisión de Economía de la Cámara de Diputado del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fue turnada para su estudio y dictamen el siguiente punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para que realice las acciones necesarias para otorgar la denominación de origen del platillo típico denominado “chiles en nogada platillo bicentenario” al estado de puebla, presentado por el diputado Juan Pablo Jiménez Concha, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en fecha 27 de abril de 2010.
La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis del punto de acuerdo mencionado al tenor de los siguientes:
Antecedentes
Primero . En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el día 27 de abril de 2010, los Secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de esta soberanía del punto de acuerdo que se mencionó en el exordio del presente dictamen.
Segundo . El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.
Tercero . El Legislador propone lo siguiente:
“En la globalización la gastronomía es una fuente de identidad regional y nacional, un importante impulso a la actividad turística y un generador de desarrollo económico.
La gastronomía mexicana es parte importante de la promoción de México como destino turístico nacional e internacional, siendo una puerta para atraer el turismo a fin de mostrar la variedad culinaria de nuestro país. Puebla es sinónimo de gastronomía, su riqueza cultural integra una rica variedad de ingredientes que dieron origen a la suculenta cocina poblana que es reconocida internacionalmente.
El valor de nuestros productos y de la gastronomía poblana deben de ser protegidos para garantizar nuestro patrimonio histórico, el estado de Puebla tiene gran variedad de sabores e ingredientes nativos y especias finas que dan el toque de elegancia a la cocina poblana, de gran contenido nutricional en todos y cada uno de sus platillos típicos.
La mesa se viste y el paladar se da gusto con los exquisitos chiles en nogada, platillo barroco por excelencia. Es por ello que, a fin de garantizar la continuidad de las tradiciones culturales que dan el sello de identidad a cada estado, se debe promover que la gastronomía mexicana sea reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO) como “patrimonio cultural intangible de la humanidad”.
Nuestra cultura gastronómica debe ser materia de estudio legislativo, ya que representa nuestra esencia vinculada con nuestra historia y tradiciones que nos identifican como mexicanos a través de nuestros platillos regionales.
El platillo denominado “chiles en nogada” es representativo de la cultura poblana, símbolo indiscutible de la gran diversidad de frutas, chiles e ingredientes nativos y especias finas que fueron adoptadas por nuestra entidad federativa.
A su llegada, los españoles conocieron el chile cuando tuvieron contacto por primera vez con los pueblos mesoamericanos, ya que al arribar Hernán Cortes a las costas de Veracruz, Moctezuma Xocoyotzin le envió diversas viandas de chiles, entre otros productos.
Las fiestas patrias son la celebración de la Independencia política de México, de su nacimiento como Estado soberano. La ciudad de Puebla fue sede para festejar este acontecimiento y las religiosas del convento de Santa Mónica ofrecían un platillo original que consistía en chiles en nogada. Este platillo está por cumplir doscientos años, es apreciado mundialmente y debe ser reconocido como platillo bicentenario.
El platillo tiene el verde en el chile; el blanco en la salsa de nuez, lo cual explica el concepto de “en nogada”, elaborado con nueces de castilla; y el rojo con los granos de granada y el perejil con que se adornan. Es tradición que se prepare en agosto y durante el mes patrio, septiembre, por la celebración de la Independencia de México.
Es un verdadero manjar para quien lo degusta. El relleno del chile consiste en un preparado de carne molida (picada) con frutas como manzana, durazno y pera, frutas que el estado de Puebla cuenta con gran variedad, así como pasas y condimentos con especias finas. Es un platillo que también requiere mucho talento y paciencia. La receta consiste en lograr un equilibrio entre los sabores dulces de las frutas con los fuertes de las especias y el baño de la salsa de nuez hecha a base de nuez de castilla molida y mezclada con jerez, entre otras cosas.
Nuestro país debe de preservar su riqueza gastronómica y, en particular, el estado de Puebla. Recordemos que es un platillo que marcó el inicio del periodo independiente en el que México empezó a consolidar su propia identidad, incluyendo la gastronomía, la cual ya se venía perfilando desde la época colonial con toda la herencia que se conjugó de la cocina y los ingredientes nativos que llegaron de fuera.
Por ello, es indispensable que cuente con su denominación de origen, entendiendo por denominación de origen como el nombre de una región geografía del país que sirva para designar un producto originario de ésta, y cuya calidad y características se deban exclusivamente al geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos (artículo 156 de la Ley de la Propiedad Industrial).
Es importante destacar que durante agosto y septiembre, Puebla es visitada por turistas mexicanos y extranjeros, por la popularidad con la que cuenta este platillo y la demanda que tienen los restauranteros por los comensales que visitan la ciudad para degustar este rico platillo, sumado a esto la gran demanda turística y fuentes de empleo que generan estos meses del año para la entidad federativa.
En atención a lo anteriormente expuesto, el legislador que suscribe somete a la consideración del pleno, la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Esta soberanía exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a realizar las acciones necesarias para otorgar la denominación de origen del platillo típico “chiles en nogada, platillo bicentenario” al estado de Puebla, para que se dé protección nacional a través del Instituto de la Propiedad Industrial.
Segundo. Esta soberanía exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, una vez que se haya reconocido la denominación de origen por las autoridades federales, solicite su registro ante la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, en Ginebra, Suiza.
Tercero. Esta soberanía exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a proponer ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura que sea reconocido el platillo típico “chiles en nogada”, representante destacado de la gastronomía poblana, como patrimonio cultural intangible de la humanidad”.
Consideraciones
Primera . Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición de punto de acuerdo presentada por el diputado Juan Pablo Jiménez Concha.
Segunda . Que con base en los antecedentes indicados por el diputado Juan Pablo Jiménez Concha, la Comisión de Economía, con las atribuciones señaladas, se abocó de forma respetuosa y responsable a dictaminar la proposición con punto de acuerdo referida.
Tercera . Que los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara serán pasadas a la comisión o comisiones que corresponda para su respectivo análisis y dictaminación.
Cuarta . Que el artículo 156 de la Ley de la Propiedad Industrial a la letra dice:
Artículo 156. Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos.
En otras palabras, la denominación de origen es una indicación geográfica aplicada a un producto agrícola o alimentario cuya calidad o característica se debe fundamental y exclusivamente al medio geográfico en que se produce, es decir, a productos con cierta exclusividad y calidad de producción.
Ahora bien, sí para que exista la denominación de origen debe de probarse la existencia de un vínculo entre la denominación, el producto y el territorio, es evidente que el término chiles en nogada bicentenario no hace alusión a un vínculo entre los referidos elementos; por lo cual esta Comisión de Economía no podría generar un exhorto en el sentido que pide el proponente.
Quinta. Ahora bien, independientemente de lo mencionado en el considerando anterior, debe decirse que la denominación de origen genera la protección legal de un producto elaborado en un cierto lugar geográfico, por lo que el efecto, suponiendo sin conceder que fuera protegible el término chiles en nogada bicentenario, impediría que a lo largo del territorio nacional a excepción del estado de Puebla, se cocinaran chiles en nogada, lo que lejos de proteger las tradiciones mexicanas ocasionaría que ante la posibilidad de una sanción se desincentivara la elaboración de éste tipo de receta.
Asimismo, la receta de los chiles en nogada incluye una serie de productos como frutas, nuez, condimentos, que no son exclusivos del estado de Puebla, lo que acentúa la imposibilidad de que se pueda otorgar una protección como es la denominación de origen a una receta de cocina como la mencionada.
Sexta . No obstante lo anterior, no pasa desapercibido para esta Comisión de Economía, el hecho de que tal y como afirma el proponente, el platillo denominado “chiles en nogada” es representativo de la cultura poblana y de las fiestas patrias mexicanas; asimismo se comparte la visión de que la receta que nos ocupa tiene una trascendencia histórica, representatividad regional y vinculación con un sentimiento nacionalista inherente a las celebraciones del bicentenario de la Independencia de México, por lo que no existe duda de que los chiles en nogada deben ser declarados como un platillo del bicentenario propio del estado de Puebla.
Séptima . Por otra parte, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, otorgada en la 17a. reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en París, del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972, establece en sus artículos 1, 2 y 3 lo siguiente:
Artículo 1. A los efectos de la presente Convención se considerará “patrimonio cultural”:
- los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,
- los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,
- los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.
Artículo 2. A los efectos de la presente Convención se considerarán “patrimonio natural”:
- los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico,
- las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico,
- los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural,
Artículo 3. Incumbirá a cada Estado Parte en la presente Convención identificar y delimitar los diversos bienes situados en su territorio y mencionados en los artículos 1 y 2.
De la trascripción anterior se desprende que las recetas de cocina no son consideradas como “patrimonio cultural”, por lo que esta Comisión de Economía considera inapropiado realizar un exhorto para que el platillo de chiles en nogada sea reconocido como patrimonio cultural intangible de la humanidad.
Octava . Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Economía, estima que si bien no es posible solicitar la denominación de origen de un platillo como el que menciona el proponente bajo la denominación chiles en nogada bicentenario, así como que el mismo sea reconocido como patrimonio cultural intangible de la humanidad, si es legítimo solicitar al Ejecutivo el que declare a la receta de los chiles en nogada como “Chiles en nogada platillo bicentenario del estado de Puebla”; por lo que lo correcto es dictaminar el punto de acuerdo que nos ocupa en los términos siguientes:
La honorable Cámara de Diputados acuerda:
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que declare al platillo típico de los chiles en nogada como “Chiles en nogada platillo bicentenario del estado de Puebla”.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de junio de 2010.
La Comisión de Economía
Diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica en abstención), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Jorge Humberto López-Portillo Basave (rúrica), David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas Ramírez, David Ricardo Sánchez Guevara, José Antonio Arámbula López (rúbrica en abstención), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez, Ramón Merino Loo, Martín Rico Jiménez, Ramón Jiménez López (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández, Carlos Torres Piña (rúbrica), José M. Torres Robledo (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica en contra).
De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar mediante las Secretarías de Economía, de Desarrollo Social, de Comunicaciones y Transportes, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales el acceso y la promoción de diversos programas para la recuperación económica de Cananea, Sonora
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento a los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de Secon, Sedesol, SCT, Semarnat consideren el acceso y promoción de diversos programas para la recuperación económica de Cananea, en Sonora, presentada por el diputado Enrique Torres Delgado, en nombre propio y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el 10 de diciembre de 2009.
La Comisión de Economía, con fundamento en los artículo 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la proposición de punto de acuerdo referida al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 2009, los secretarios dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la proposición de punto de acuerdo que se mencionó en el exordio del presente dictamen.
Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.
Tercero. El legislador propone lo siguiente
“...La crisis económica mundial, combinada con la caída en los precios del petróleo y sus exportaciones, la contingencia producto de la influenza, la disminución en los ingresos por turismo y las remesas, han tenido efectos negativos en la economía nacional que repercuten en todas las economías locales del país.
Un efecto de la desaceleración económica, que afecta sensiblemente a la población es la falta de empleo, la tasa de desocupación a nivel nacional en octubre fue de 5.78 por ciento respecto a la población económicamente activa, inferior a la observada en el mes de septiembre, por tal razón se ha convertido en una de las preocupaciones centrales del Ejecutivo federal y en ese sentido es necesario seguir implementando acciones de política pública que permitan superar esta etapa cuanto antes.
En el caso particular del municipio de Cananea, en el estado de Sonora, al depender su economía de la actividad minera, este escenario se ve agravado por las difíciles condiciones económicas que aquejan a la localidad desde julio de 2007, a causa del conflicto entre los mineros de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y el Grupo Industrial Minera México.
Por causa del conflicto se han dejado de percibir 5 mil millones de pesos, desde que comenzó la huelga en 2007 hasta julio de 2009 se han cerrado casi 150 comercios y se han dejado de percibir impuestos que han afectado las finanzas del ayuntamiento.
La adversidad económica que vive Cananea se puede dividir en factores que tienen que ver con la afectación de los ciclos económicos de la economía mundial, con repercusiones en la economía nacional, pero también con una problemática endémica que agudiza su situación y que supedita su recuperación económica a la resolución de una problemática particular, en ese sentido la acciones encaminadas a superar esta fase deben de tomar en cuenta estos dos tipos de dificultades.
Es importante colaborar de diversas formas posibles, a través de apoyos como el Plan Especial de Apoyo a Cananea, anunciado por el gobernador de Sonora en días pasados, en el cual se contemplan 250 millones de pesos para la recuperación económica, o por medio de acuerdos como el alcanzado en el Senado a fin de promover reuniones entre Mexicana de Cananea y el sindicato minero para ayudar en la solución a la huelga.
Acorde a lo anterior, se considera necesaria la acción gubernamental a través de estrategias y distintos programas económicos y sociales para la resolución de problemas de infraestructura, de falta de servicios o dificultad para acceder a ellos y de falta de empleo, que al mismo tiempo permitan fortalecer y diversificar otros sectores productivos vinculados a la economía regional.
A la par de las distintas ayudas que se han formulado por parte del gobierno de Sonora y de compañeros legisladores, es necesario seguir promoviendo esfuerzos que a la brevedad permitan salir avante de la problemática que se vive en el municipio de Cananea...”
Puntos de Acuerdo
Primero. Se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, para que, por medio de programas como Pronafim o Fonaes promuevan un plan emergente de generación de empleo, y por medio de programas de apoyo a la maquila fortalezcan el sector del municipio y ayuden a diversificar la economía local, aprovechando la cercanía de Cananea con Estados Unidos.
Segundo. En el mismo sentido, se hace un atento exhorto a los gobiernos locales para que promuevan políticas públicas que atraigan inversión y permitan diversificar la economía local, a fin de generar alternativas de empleo de largo plazo.
Tercero. Se hace un atento exhorto a la Sedesol, a la SCT y a la Semarnat, a través del comité estatal del Programa de Empleo Temporal, para que consideren la necesidad de hacer una excepción en la asignación de recursos al municipio de Cananea, a fin de generar opciones de empleo.
Consideraciones
Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición de punto de acuerdo presentada por el diputado Enrique Torres Delgado.
Segunda. Que con base en los antecedentes indicados por el C. Diputado Enrique Torres Delgado, la Comisión de Economía, con las atribuciones señaladas, se abocó de forma respetuosa y responsable a dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo referida.
Tercera. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 25 la obligación del Estado de garantizar el desarrollo integral y sustentable de la nación mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, para permitir el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución.
Cuarta. Que el Plan Nacional de Desarrollo busca que cada mexicano, sin importar la región donde nació, el barrio o comunidad donde creció pueda tener oportunidades para desarrollarse a plenitud y mejorar así sus condiciones de vida, y para ello, la política social debe estar en estrecha relación con la política económica, pues sólo una economía competitiva será capaz de generar más empleos y oportunidades de mayores ingresos. Al mismo tiempo, sólo asegurando la igualdad de oportunidades en salud, educación, alimentación, vivienda y servicios básicos, las personas podrán participar activamente en esta economía dinámica y aprovechar los beneficios que ésta les ofrece.
También, es importante el apoyo a proyectos productivos que generen empleo y que permitan un mejor nivel de vida. Asimismo, es necesario invertir en infraestructura que permita atraer más recursos y que genere oportunidades de trabajo digno para sus habitantes.
Para lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 26 Apartado A, faculta al Ejecutivo federal a coordinar mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas las acciones a realizar para la elaboración y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
Quinta. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 116, fracción VII, faculta a la federación y a los estados para convenir la asunción por parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario.
Asimismo, los estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus municipios, a efecto de que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se refiere el párrafo anterior.
Sexta. Que a pesar de la existencia del Plan de Apoyo Especial a Cananea para lograr la reactivación y diversificación de la economía del municipio minero mediante la creación de empleo, la infraestructura productiva y la seguridad pública, se requieren esfuerzos adicionales y asignación de recursos para dar atención a programas de carácter social en el municipio.
Séptima. Que la Secretaría de Economía cuenta con diversos programas para promover y fomentar la inversión en las zonas necesitadas del país, tales como el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim) cuyo objetivo es contribuir a fortalecer el sector microfinanciero del país mediante una política integral de combate a la pobreza, dispersando recursos económicos en los 32 estados de la República Mexicana a través de instituciones de microfinanzas incorporadas al Programa. Asimismo, cuenta con El Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad (Fonaes), el cual atiende las iniciativas productivas, individuales y colectivas, de emprendedores de escasos recursos mediante el apoyo a proyectos productivos, la constitución y consolidación de empresas sociales y la participación en esquemas de financiamiento social.
Octava. Que el Programa de Empleo Temporal (PET) operado por las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), del Trabajo y Previsión Social (STPS), de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), tiene como objetivo apoyar temporalmente en sus ingresos a ciertas poblaciones en situaciones de baja demanda laboral y emergencias, y establece en sus Reglas de Operación que “...solo pueden ser beneficiaros de él, las localidades de hasta 15,000 habitantes, con preferencia en las que tienen hasta 5,000 habitantes pertenecientes a los municipios establecidos en los lineamientos de la dependencia...”
Novena. Ahora bien, es para todos conocido que el municipio de Cananea desde el conflicto minero en julio de 2007, ha pasado por difíciles condiciones económicas, por lo que se hace necesaria el establecimiento de programas de atención a la educación, al fomento del empleo y al desarrollo de infraestructura que permita lograr la recuperación económica y social, garantizando el correcto funcionamiento de los servicios públicos, la estabilidad social, la creación de empleos y la diversificación de la economía local.
Asimismo, debe establecerse que el PET puede apoyar a zonas vulnerables siempre y cuando se cumpla con las condiciones establecidas en el reglamento para su aplicación y que Cananea requiere de este tipo de apoyos para lograr su restauración y reactivación económica, pues con la implementación del referido programa además de beneficiar a la comunidad, complementaria las estrategias de otros programas sociales destinados a la creación de empleo, la infraestructura productiva y la seguridad pública.
Décima. Por lo anterior, es que la Comisión de Economía estima legítimo el punto de acuerdo propuesto, pues el Estado debe de implantar los programas de desarrollo social para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos.
Undécima. Por lo que en virtud de lo expuesto, la Comisión de Economía
Acuerda
Primero. Se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, para que, por medio de programas como Pronafim o Fonaes promuevan un plan emergente de generación de empleo, y por medio de programas de apoyo a la maquila fortalezcan el sector del municipio y ayuden a diversificar la economía local, aprovechando la cercanía de Cananea con Estados Unidos.
Segundo. En el mismo sentido, se hace un atento exhorto a los gobiernos locales para que promuevan políticas públicas que atraigan inversión y permitan diversificar la economía local, a fin de generar alternativas de empleo de largo plazo.
Tercero. Se hace un atento exhorto a la Sedesol, a la SCT y a la Semarnat, a través del comité estatal del Programa de Empleo Temporal, para que consideren la necesidad de hacer una excepción en la asignación de recursos al municipio de Cananea, a fin de generar opciones de empleo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días de del mes de mayo 2010.
La Comisión de Economía
Diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Alejandro Cano Ricaud, Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda, Norma Sánchez Romero (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Jorge Humberto López Portillo Basave, David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas Ramírez, David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez, Ramón Merino Loo, Martín Rico Jiménez, Ramón Jiménez López (rúbrica en contra), Gerardo Leyva Hernández, Carlos Torres Piña, José M. Torres Robledo (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Educación Pública a revisar los contenidos curriculares del sistema de educación básica y del bachillerato para promover la educación ambiental
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y análisis la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a efecto de que se revisen los contenidos curriculares del sistema de educación básica y del bachillerato para promover la educación ambiental, a cargo del diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45, numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 88, 93, 94 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen
I. Antecedentes
A . En sesión ordinaria celebrada por el pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el 15 de diciembre de 2009, el diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a que se revisen los contenidos curriculares del sistema de educación básica y del bachillerato para promover la educación ambiental.
B . En esta misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la proposición de referencia a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y dictamen correspondiente.
II. Contenido de la proposición
En su exposición de motivos, el proponente expresa que la educación es uno de los elementos que permite a las naciones conseguir un crecimiento económico sostenido, ya que un país que cuenta con una población con un alto nivel académico tiene mayores oportunidades de desarrollo y por lo tanto de lograr una mejor calidad de vida para la sociedad.
Expone que el sector educativo mexicano posee la característica de otorgar una preparación integral en sus contenidos curriculares, y dota a los educandos de las herramientas suficientes para hacer frente a los retos profesionales en el futuro. Sin embargo, aún hace falta mucho por hacer en materia educativa, específicamente en cuanto al fomento de la conservación y preservación del medio ambiente.
Enuncia su preocupación acerca de que la humanidad ha venido realizando un uso excesivo e irracional de los recursos naturales, lo cual ha generando una problemática que se presenta con mayor frecuencia y con mayor velocidad, cancelando el futuro de las nuevas generaciones. Esta problemática se debe, entre otras cuestiones, a la falta de una educación ambiental adecuada, lo cual impacta de manera desfavorable a la sociedad en los planos económico y social.
Con el objetivo de coadyuvar en la construcción de una cultura para mejorar el entorno ambiental, propone se revisen los contenidos curriculares a fin de fortalecer la educación ambiental, incorporando la enseñanza de medidas de mejoramiento relativas al tema en cuestión.
Exterioriza que, si se pretende realmente incidir en una reorientación educativa, dicha revisión se debe realizar de manera integral en el sistema de educación básica así como en el bachillerato, en razón de que los jóvenes representan un alto porcentaje de la población.
Manifiesta que “en el ámbito internacional, nuestro país cuenta con el reconocimiento mundial de ser un país que se preocupa por conservar y preservar su ecosistema haciendo uso de políticas públicas específicas en la materia, así como utilizando herramientas indispensables, tales como la educación.”
Bajo esta argumentación, el legislador propone que el pleno de la Cámara de Diputados exhorte al titular de la Secretaría de Educación Pública para que se revisen los contenidos curriculares del Sistema de Educación Básica y Bachillerato, a fin de promover la educación ambiental.
III. Consideraciones de la Comisión
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con base en los propósitos que orientan la iniciativa descrita en el punto anterior, da cuenta de la preocupación del legislador de que los problemas ambientales ocasionados por el uso excesivo e irracional de los recursos naturales, la insuficiente protección, conservación y preservación del medio ambiente, relacionados con la falta de una educación ambiental adecuada, es un tema de trascendencia nacional y de orden mundial.
La Comisión comparte estas preocupaciones y reconoce que dichos problemas ponen en riesgo la sustentabilidad ambiental de nuestro país. Asimismo, comparte la necesidad de que las escuelas de educación básica y bachillerato revisen sus contenidos curriculares a fin de fortalecer la educación ambiental y construir una cultura que permita mejorar nuestro entorno ambiental.
Coincidimos con la propuesta debido a que consideramos que esta medida contribuirá a la formación en los estudiantes para lograr una mejor comprensión de los problemas del medio ambiente y su desarrollo sustentable. Reconocemos que éste constituye un aspecto imprescindible e importante para la formación integral de los estudiantes del Sistema de Educación Básica, Bachillerato y de todos los niveles de enseñanza, así como de todos los ciudadanos. En este sentido, compartimos con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) 1 la idea de que la educación ambiental “constituye una herramienta fundamental para propiciar el tránsito hacia una modalidad de desarrollo que permita una mejor calidad de vida y la satisfacción de las necesidades humanas sin poner en riesgo los límites de capacidad de sostenimiento y regeneración de los sistemas ambientales.”
Es importante señalar que el presente exhorto no pretende invadir las facultades de las autoridades educativas de nivel federal y estatal respecto a la definición de contenidos educativos, ni mucho menos la autonomía de las instituciones de educación superior que imparten educación media superior. En el marco de las facultades establecidas por la Ley General de Educación para la autoridad educativa de nivel federal (artículos 12 y 48), y con absoluto respeto a la autonomía de las universidades y las demás instituciones de educación superior establecida en la fracción VII del artículo 3º constitucional, se considera que el presente exhorto puede contribuir a fortalecer el compromiso y la participación de las autoridades educativas en lo referente a la educación ambiental.
Con base en las consideraciones anteriores, los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, someten a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que:
1. Se revisen los contenidos curriculares del sistema de educación básica y bachillerato con el objetivo de fortalecer la educación ambiental, para que con ello se concientice a los menores y jóvenes sobre la preservación y conservación de los ecosistemas que existen en nuestro país.
2. Se diseñe una estrategia educativa que incluya el fomento de la preservación ambiental y el uso racional de los recursos naturales a fin de dar sustentabilidad y hacer un uso racional de los recursos no renovables.
Nota:
1 Educación Ambiental. Semarnat, consultado el 12 de mayo de 2010 en: http://www.semarnat.gob.mx/estados/ educacionambiental.aspx
Palacio Legislativo de San Lázaro, 16 de marzo de 2010.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero (rúbrica), Héctor Hernández Silva(rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina, María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo, Germán Osvaldo Cortez Sandoval, Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica en contra), Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat, Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez, Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Manuel Jesús Clouthier Carrillo, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Obdulia Magdalena Torres Abarca, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez (rúbrica), Reyes Tamez Guerra (rúbrica).
De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a agilizar la reubicación de la terminal de almacenamiento y reparto de Petróleos Mexicanos situada en Tapachula, Chiapas
Honorable Asamblea:
La Comisión de Energía, correspondiente a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 60, 87, y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes
I. Antecedentes
En sesión celebrada en la Cámara de Diputados de fecha 22 de abril de 2010, el diputado Sergio Lobato García, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a agilizar la reubicación de la terminal de almacenamiento y reparto de Pemex situada en Tapachula, Chiapas.
El presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.
II. Objeto y contenido de la proposición
La proposición materia del presente dictamen busca exhortar al Ejecutivo federal para que en el ámbito de su competencia, otorgue celeridad a la reubicación de la terminal de almacenamiento y reparto (TAR) de Petróleos Mexicanos situada en Tapachula, Chiapas. Asimismo solicita que se informe a esta soberanía sobre el avance de estas operaciones.
En apoyo de su proposición, el diputado Sergio Lobato García presentó diversos considerandos entre los cuales destacan las acciones emprendidas por los gobiernos, local y federal, así como por la paraestatal Petróleos Mexicanos para reubicar la referida TAR. Destaca que estas acciones tienen como antecedente el “Decreto por el cual se formula Declaratoria de Atención Prioritaria para la Prevención de Riesgos en el tránsito del Ferrocarril en la Ciudad de Tapachula, Chiapas y para la Reubicación de Instalaciones Ferroviarias y Tanques de Almacenamiento de Pemex”, publicado en el año 2000 en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas.
Señala el promovente que sólo mediante comunicados de prensa y documentos de trabajo ha sido posible conocer el avance a estas operaciones y agrega que pese al compromiso asumido por el gobierno federal, a los anuncios oficiales y a los informes de gobierno, la población de Tapachula no ha tenido respuesta.
Como antecedente a su proposición, el promovente comenta sobre un punto de acuerdo presentado en el Senado de la República el 17 de marzo de 2010 suscrita por el senador Manuel Velasco Coello del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México cuyo objetivo se centra en que se agilicen los trabajos para la reubicación de la TAR referida en la proposición en dictamen.
En virtud de lo expuesto el promovente plantea los siguientes puntos de acuerdo:
“Primero. Se exhorte al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, a agilizar en el ámbito de su competencia la reubicación de la terminal de almacenamiento y reparto de Pemex situada en Tapachula, Chiapas.
Segundo. Se exhorte a esta soberanía para que a través de la Comisión de Energía se solicite a Petróleos Mexicanos que presente un informe actualizado y detallado de las acciones realizadas al respecto, y el avance alcanzado; asimismo, que informe trimestralmente del avance y hasta la total reubicación de la terminal de almacenamiento y reparto en Tapachula.”
III. Consideraciones
Primera. Esta Comisión de Energía se manifiesta coincidente con la proposición presentada por el diputado Sergio Lobato García en el sentido de exhortar al Ejecutivo federal para que en el ámbito de su competencia gire instrucciones a las instancias correspondientes, a fin de agilizar la reubicación de la TAR de Pemex situada en Tapachula, Chiapas.
Segunda. En efecto, como lo señala el promovente, la terminal de almacenamiento y reparto de Tapachula inició operaciones en 1965. Actualmente ocupa una superficie de 2.6 hectáreas, dispone de un almacenamiento nominal de productos de 34.4 millones de barriles (MB), con ventas de operación del orden de los 7.0 MB día operativo, laborando de lunes a viernes.
Actualmente, se encarga de abastecer a 148 estaciones de servicio, de las cuales 124 se encuentran en los 17 municipios de Tabasco, 10 en Ciudad del Carmen, Campeche, y 14 en la zona norte de Chiapas, asimismo se encuentra ubicada cerca del centro de la Ciudad de Tapachula y está rodeada de asentamientos habitacionales, comerciales y bodegas diversas.
Por las condiciones de operación y la ubicación de instalaciones ferroviarias y la terminal de almacenamiento y reparto de Petróleos Mexicanos, el 19 de abril del año 2000 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, el “Decreto por el cual se formula Declaratoria de Atención Prioritaria para la Prevención de Riesgos en el tránsito de Ferrocarril en la Ciudad de Tapachula Chiapas, y para la Reubicación de Instalaciones Ferroviarias y Tanques de Almacenamiento de Pemex”, documento que contempla, entre otros aspectos, la reubicación de la TAR.
Tercera. De acuerdo con el Estudio de manifestación de impacto ambiental de la terminal de almacenamiento y reparto Tapachula realizado en mayo de 2009 por la Universidad Nacional Autónoma de México con base en información proporcionada por Pemex, se describe la problemática de la terminal de almacenamiento y reparto de Tapachula de la siguiente manera:
La demanda de destilados en Chiapas se ha comportado en forma ascendente en los últimos años, como consecuencia del crecimiento comercial, industrial y turístico de la región.
Los apoyos por vía terrestre han reflejado incrementos importantes que dificultan garantizar el abastecimiento oportuno de productos desde las terminales de almacenamiento y reparto (TAR) de Salina Cruz y Pajaritos hacia la actual TAR de Tapachula, adscrita a la Gerencia de Almacenamiento y Reparto del Golfo.
La situación anterior se traduce en un aumento de circulación de autotanques por las calles y avenidas de esta ciudad, con las consecuentes molestias que provoca a las vialidades, así como el riesgo que representa la presencia de autotanques con producto esperando turno de acceso a la actual TAR, al no contar con patios de estacionamiento dentro de la misma.
Con el fin de solucionar la problemática descrita anteriormente, el estudio citado propone que Pemex Refinación, construya fuera de la zona urbana una nueva TAR para la misma ciudad de Tapachula, lo anterior en concordancia con lo establecido en el decreto del 19 de abril de 2000 líneas arriba referido.
Esta comisión dictaminadora coincide con el promovente en considerar que es urgente resolver la problemática expuesta, toda vez que los gobiernos, local y federal, así como Petróleos Mexicanos por conducto de sus titulares, han asumido y hecho público el compromiso de atender esta situación luego de reconocer que no han existido programas y acciones concretas de planeación del centro de población de Tapachula, lo que ha provocado que las instalaciones de Pemex hayan sido absorbidas por la mancha urbana y con ello elevando el nivel de riesgo y las causas de diversos siniestros que han generado lamentables consecuencias contra la integridad física y el patrimonio de los habitantes de la zona.
Cuarta. Por otra parte, el promovente plantea en el punto de acuerdo Segundo que la Comisión de Energía solicite a Petróleos Mexicanos un informe actualizado y detallado de las acciones realizadas al respecto.
Por su parte, el diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, presidente de la comisión, con fundamento en lo dispuesto en el numeral I del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la Comisión de Energía solicitó al titular de Petróleos Mexicanos mediante el oficio CE/451/10 de fecha 4 de mayo de 2010, un informe actualizado y detallado de las acciones realizadas respecto a la reubicación de la terminal de almacenamiento y reparto de Pemex ubicada Tapachula, Chiapas.
Al respecto se informa que esta comisión recibió de la Dirección General de Coordinación Ejecutiva de Petróleos Mexicanos el oficio DG/CE/063/2010 de fecha 14 de junio de 2010 en respuesta a la solicitud de información, la cual ha sido del conocimiento por el diputado promovente de la proposición materia de este dictamen.
A continuación se expone la respuesta dada al presidente de la Comisión de Energía:
“El proyecto de Pemex Refinación para reubicar su Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) localizada actualmente en el centro de la Ciudad de Tapachula tiene como antecedente el decreto emitido por el gobierno del estado de Chipas en abril de 2000. El decreto responde a la decisión del gobierno del estado de Chiapas de instrumentar medidas de seguridad ante los riesgos ocasionados por el tránsito de carros tanque y por la antigüedad de las instalaciones. Actualmente, debido a los daños causados por el huracán Stan a gran parte de las vías férreas y a algunos los puentes de comunicación, la TAR de Tapachula es suministrada por medio de autos tanque que salen de la TAR Salina, Cruz, Oaxaca.
En 2008 Pemex Refinación acordó con el gobierno del estado de Chiapas la permuta de un terreno ubicado en el km 24 de la carretera Tapachula a Puerto Chiapas de aproximadamente 33.0 hectáreas, por otro localizado en un parque industrial en desarrollo denominado Fideicomiso para el Fomento Portuario de Tapachula, Chiapas (Fideporta) que tiene una extensión de 34.7 hectáreas.
Una vez que se llevó a cabo la regularización de la propiedad del terreno ubicado en Fideporta, Pemex contrató la ingeniería básica extendida para la instalación de una TAR con capacidad de 65 MB que permitiría dar servicio a la totalidad de la demanda de producto. La inversión programada será de aproximadamente 44.2 miles de millones de dólares.
Actualmente, se tiene programada la licitación de la obra para finales de agosto de 2010, por lo que, en caso de que la licitación no sea impugnada por ninguno de los licitantes, el fallo y firma de contrato se llevarían a cabo a finales del mes de noviembre del mismo año. El inicio de la obra está considerado para diciembre de 2010, teniéndose previsto un periodo de 20 meses para desarrollo de la construcción, pruebas y arranque. Se estima que la fecha de inicio de operaciones será el mes de junio de 2011.”
La respuesta dada por la paraestatal a la solicitud de información del presidente de la Comisión de Energía fue entregada al promovente en su oportunidad.
Quinta. Esta comisión concluye, con los elementos aportados por el proponente y por Petróleos Mexicanos que las instalaciones de la terminal de almacenamiento y reparto ubicada en Tapachula, Chiapas, además de presentar un rezago en la infraestructura para el transporte, el almacenamiento y la distribución de petrolíferos, representan un riesgo para los habitantes de la zona.
Para esta dictaminadora es claro que los tiempos programados para la reubicación de la TAR ubicada en Tapachula han sido rebasados, en virtud de que el compromiso que se asumió para esta reubicación está fechado a partir de la publicación en el año 2000 en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas el “Decreto por el cual se formula Declaratoria de Atención Prioritaria para la Prevención de Riesgos en el tránsito del Ferrocarril en la Ciudad de Tapachula, Chiapas y para la Reubicación de Instalaciones Ferroviarias y Tanques de Almacenamiento de Pemex”.
Bajo las consideraciones expuestas, los integrantes de la Comisión de Energía toman la decisión de respaldar la petición del diputado Sergio Lobato García y someten ante el pleno de esta soberanía un acuerdo en los siguientes términos:
Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal de los Estados Unidos Mexicanos, para que –en el ámbito de sus atribuciones– gire las instrucciones correspondientes a fin de otorgar puntualidad a los trabajos de reubicación de la terminal de almacenamiento y reparto (TAR) de Petróleos Mexicanos situada en Tapachula, Chiapas, para que inicie operaciones en los tiempos programados, de acuerdo con la información proporcionada a la Comisión de Energía.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de agosto de 2010.
La Comisión de Energía
Diputados: Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Ramón Ramírez Valtierra (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez, Eduardo Mendoza Arellano, Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica en abstención), Pedro Jiménez León, Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Canek Vázquez Góngora (rúbrica), José Luis Soto Oseguera (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Éric Luis Rubio Barthell, Miguel Martín López, Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata, César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), Magdalena Torres Abarca (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo.
De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promover por la Secretaría de Energía la elaboración y firma de los convenios y acuerdos de coordinación previstos en el artículo 8 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética
Honorable Asamblea:
La Comisión de Energía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, en atención al contenido de los artículos 38 y 40 de las Normas Relativas al Funcionamiento de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:
I. Antecedentes
1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 24 de noviembre de 2009, la diputada Laura Ledesma Romo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a promover la firma de un convenio de coordinación con el gobierno de Baja California para establecer las bases de participación en el proyecto del parque eólico en el estado.
2. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.
II. Contenido y objeto de la proposición
El objetivo central de la proposición con punto de acuerdo propuesto por la diputada Ledesma Romo es que se lleve a cabo el ejercicio de las facultades con que cuenta el Ejecutivo federal plasmadas en el artículo 8o. de la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para el caso específico del estado de Baja California.
La diputada Ledesma Romo hace alusión a la legislación en torno al aprovechamiento de las energías renovables: la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables 2009-2012 y el Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.
Posteriormente, alude a la construcción del parque eólico La Rumorosa en el estado de Baja California y reconoce el esfuerzo realizado en esa entidad para realizar dicho proyecto, el cual tendrá capacidad para generar 10 megavatios, beneficiando a la población de Mexicali y Tijuana.
Al considerar dicho proyecto como ejemplo a seguir en materia de aprovechamiento de energías renovables y considerando que existe un gran potencial en Baja California para producir energía eólica, solar, hidráulica, biomasa, residuos sólidos y oceánicos, la diputada Laura Ledesma Romo pone a consideración de esta soberanía un punto de acuerdo, en los siguientes términos:
“Único. Envíese atento exhorto al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Energía, y con fundamento en lo previsto en el artículo 8o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, promueva la firma de un convenio de coordinación con el gobierno de Baja California y sus municipios para que, en su caso y de manera conjunta, se busque establecer las bases de participación para instrumentar las disposiciones que se emitan de conformidad con dicha ley.
”Igualmente para promover acciones de apoyo al desarrollo industrial para el aprovechamiento de las energías renovables, facilitar el acceso a aquellas zonas con un alto potencial de fuentes de energías renovables para su aprovechamiento, establecer regulaciones de uso del suelo y de construcciones que tomen en cuenta los intereses de los propietarios o poseedores de terrenos para el aprovechamiento de las energías renovables, y la simplificación de los procedimientos administrativos para la obtención de permisos y licencias para los proyectos de aprovechamiento de energías renovables.”
III. Consideraciones
Primera. En forma previa, los integrantes de esta Comisión de Energía consideran necesario precisar que el título de la proposición con punto de acuerdo planteada por la diputada Ledesma Romo no corresponde con el contenido de su propia exposición de motivos y menos aún con el punto de acuerdo expresado.
Lo anterior es así, toda vez que en el título de la proposición se hace referencia a un exhorto a la Secretaría de Energía para promover la firma de un convenio de coordinación con el gobierno de Baja California para establecer las bases de participación en el proyecto del parque eólico en el estado; sin embargo, en el contenido de la exposición de motivos se reconoce la realización del citado proyecto en La Rumorosa; se toma como ejemplo a seguir, para después concluir con un punto de acuerdo en un sentido diferente.
Es decir, se propone la instrumentación de las disposiciones contenidas en el artículo 8o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética en el estado de Baja California y no un convenio específico para establecer las bases de participación en el proyecto del parque eólico en el estado.
No obstante lo anterior, se debe citar que en fecha posterior a la presentación del punto de acuerdo materia de este dictamen, específicamente el 9 de marzo de 2010, el Ejecutivo federal inauguró la construcción del Parque Eólico la Rumorosa I, en Baja California.
Segunda. La proposición con punto de acuerdo planteada por la diputada Ledesma Romo encuentra sustento jurídico en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, el cual se transcribe:
“Artículo 8o. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía podrá suscribir convenios y acuerdos de coordinación con los gobiernos del Distrito Federal o de los Estados, con la participación en su caso de los Municipios, con el objeto de que, en el ámbito de sus respectivas competencias:
”I. Establezcan bases de participación para instrumentar las disposiciones que emita el Ejecutivo Federal de conformidad con la presente ley;
”II. Promuevan acciones de apoyo al desarrollo industrial para el aprovechamiento de las energías renovables;
”III. Faciliten el acceso a aquellas zonas con un alto potencial de fuentes de energías renovables para su aprovechamiento y promuevan la compatibilidad de los usos de suelo para tales fines;
”IV. Establezcan regulaciones de uso del suelo y de construcciones, que tomen en cuenta los intereses de los propietarios o poseedores de terrenos para el aprovechamiento de las energías renovables, y
”V. Simplifiquen los procedimientos administrativos para la obtención de permisos y licencias para los proyectos de aprovechamiento de energías renovables.”
Al cotejar el contenido del punto de acuerdo propuesto con la transcripción anterior, se aprecia que la diputada proponente transcribe en su propuesta el contenido de dicho artículo con la finalidad de que las disposiciones contenidas en el mismo se apliquen de forma específica en el estado de Baja California. Asimismo, toma como punto de partida el potencial con que cuenta dicha entidad federativa en materia de aprovechamiento de energías renovables.
Los integrantes de esta Comisión de Energía coinciden con la diputada Ledesma Romo en la necesidad de promover y acelerar el desarrollo de las energías renovables en nuestro país con la finalidad de reducir la dependencia de los hidrocarburos como fuente primaria de energía; asimismo, se estima conveniente coadyuvar en la implementación de las diferentes disposiciones jurídicas plasmadas en la todavía reciente reforma del sector energético, misma que se publicó en el diario Oficial de la Federación de 28 de noviembre de 2008.
Para ello, es indispensable explotar el potencial con que cuenta nuestro país en dicho rubro; en consecuencia, se considera que la propuesta planteada no sólo resulta viable sino que además es compatible con la legislación vigente.
Cuarta. De acuerdo con la información contenida en el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables 2009-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de agosto de 2009, se hace un diagnóstico de los diversos tipos de energías renovables en nuestro país susceptibles de explotarse, así como los potenciales estimados de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.
Por ejemplo, en energía eólica se han identificado diferentes zonas con potencial para la explotación eólica para la generación eléctrica, como en el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, La Rumorosa en el estado de Baja California, así como en los estados de Zacatecas, Hidalgo, Veracruz, Sinaloa, y en la Península de Yucatán, entre otros. La Asociación Mexicana de Energía Eólica estima que estas zonas podrían aportar hasta 10,000 MW de capacidad al parque eléctrico nacional.
En energía minihidráulica, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía estimó en 2005 el potencial hidroeléctrico nacional en 53,000 MW, de los cuales, para centrales con capacidades menores a los 10 MW, el potencial es de 3,250 MW.
En energía geotérmica, la Comisión Federal de Electricidad estima que el potencial en México es de 1,395 MW. Sin embargo, el sector académico calcula que dicho potencial pudiera ser mucho mayor.
En energía de la biomasa, el potencial de la bioenergía en México se estima entre 2,635 y 3,771 Petajoules al año. En el sector agroindustrial de la caña de azúcar, se ha calculado un potencial de generación de electricidad, a partir del bagazo de caña, superior a 3,000,000 de MWh al año.
Quinta. Del diagnóstico del Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables se puede distinguir que, si bien el estado de Baja California es uno de estados que cuenta con un mayor potencial de generación de energía a partir de fuentes renovables, el impulso en este sector debe ser llevado a cabo en todo el territorio nacional y no sólo en un estado, zona o región.
Consecuentemente, los integrantes de esta Comisión de Energía estiman necesario modificar el punto de acuerdo propuesto por la diputada Ledesma Romo, para ampliar su alcance. Lo anterior, con la finalidad de impulsar el ejercicio de las facultades el Ejecutivo federal previstas en el artículo 8o. de la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, no sólo para impulsar el aprovechamiento de las fuentes renovables en el estado de Baja California sino en todas la entidades que conforman el territorio nacional.
Por lo expuesto, se somete ante el pleno de esta soberanía el siguiente:
IV. Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Energía, promueva la elaboración y firma de los convenios y acuerdos de coordinación, previstos en el artículo 8 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, con los gobiernos del Distrito Federal, estatales y municipales de nuestro país, previo análisis sobre la necesidad de los mismos, con el propósito de acelerar la adopción de tecnologías para el aprovechamiento de energías renovables.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de agosto de 2010.
La Comisión de Energía
Diputados: Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Ramón Ramírez Valtierra (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez, Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica en abstención), Pedro Jiménez León, Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Canek Vázquez Góngora (rúbrica), José Luis Soto Oseguera (rúbrica), Jorge Alberto Juradini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Éric Luis Rubio Barthell, Miguel Martín López, Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata, César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), Elsa María Martínez Peña, Magdalena Torres Abarca, Ramón Jiménez López (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica en abstención).
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno de Matamoros, Tamaulipas, que implante acciones y medidas que garanticen el debido cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnado para estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente número 1058, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Matamoros a llevar a cabo las acciones conducentes al rescate, al buen funcionamiento y a la adecuada operación del relleno sanitario del municipio para evitar mayor derramamiento de basura y contaminación del ambiente, presentada por la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).
Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica; y 60, 88, 95 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta asamblea el presente punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes
Antecedentes
Primero. El 15 de diciembre de 2009, la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Matamoros a llevar a cabo las acciones conducentes al rescate, al buen funcionamiento y a la adecuada operación del relleno sanitario del municipio para evitar mayor derramamiento de basura y contaminación del ambiente.
Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
En el punto de acuerdo objeto del presente dictamen, la diputada Salazar Vázquez refiere que en el relleno sanitario Matamoros Limpio se han reportado diversas irregularidades, pues prevalecen la mala administración, la acumulación de residuos, la deficiente separación de residuos orgánicos e inorgánicos y el manejo inadecuado de las instalaciones, que se percibe con la acumulación de residuos y fuga de lixiviados, lo cual genera un problema de salud pública e impacto ambiental y urbano.
En virtud de lo anterior, la diputada promovente sugiere el siguiente resolutivo:
Único. Se exhorta al gobierno de Matamoros a llevar a cabo las acciones pertinentes para el rescate, el buen funcionamiento y la adecuada operación del relleno sanitario que se encuentra en dicho municipio, a fin de evitar mayor derramamiento de basura y contaminación del ambiente.
En atención de dicha solicitud, la comisión legislativa que elabora el presente dictamen inicia el siguiente análisis:
Matamoros, Tamaulipas, tiene una extensión de 3 mil 351.96 kilómetros cuadrados y concentra 15.4 por ciento de la población del estado. Como es ciudad fronteriza tiene intensa actividad industrial, 1 que incrementa la demanda de servicios públicos como agua, luz, drenaje y recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos generados en ese territorio.
Hasta 2005, las más de 600 toneladas de residuos generados diariamente en el municipio eran depositadas en un basurero a cielo abierto que se encuentra en los alrededores de la laguna La Palangana, con producción de problemas de salud pública e impacto ambiental considerables.
Para garantizar el manejo y la disposición adecuada de dichos residuos, Matamoros, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), en el sentido de que el manejo integral de residuos sólidos urbanos (recolección, traslado, tratamiento, y disposición final) corresponde a los municipios, y en el marco del Plan Municipal de Desarrollo 2005-2007, coordinó la construcción del relleno sanitario Matamoros Limpio, con una inversión superior a 18 millones de pesos, aportados por los tres órdenes de gobierno y el Banco de Desarrollo de América del Norte.
El relleno, que inició operaciones el 2 de noviembre de 2005, tiene una superficie de 113 hectáreas, 48 de ellas aprovechables y 65 asignadas al área de amortiguamiento; una vida útil de 40 años y capacidad para recibir hasta 700 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos provenientes de Matamoros, el área de Laguna Madre y de Valle Hermoso.
Según se lee en el reporte publicado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en 2008, la obra involucra métodos de ingeniería civil y ambiental que cumplen los parámetros establecidos en la NOM-083-SEMARNAT 2003, “Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial”. 2
El relleno, que se hizo acreedor al premio Hábitat 2006, 3 cuenta con 10 macroceldas, más 1 de urgencia, con vida útil de 4 años cada una aproximadamente. Asimismo, en los antecedentes del premio otorgado, la Sedesol informó que el gobierno municipal ha programado acciones como la construcción de tres estaciones de transferencia y la remediación de los suelos que sirvieron como tiraderos a cielo abierto, para garantizar el manejo integral de los residuos en la zona. 4
No obstante lo anterior, la diputada promovente del punto de acuerdo objeto del presente dictamen refiere que se han reportado diversas irregularidades en el relleno sanitario Matamoros Limpio. Señala que prevalecen la mala administración, la acumulación de residuos, la deficiente separación de residuos orgánicos e inorgánicos y el manejo inadecuado de las instalaciones, que se percibe con la acumulación de residuos y la fuga de lixiviados, lo cual genera un problema de salud pública e impacto ambiental y urbano.
Atendiendo a lo señalado por la diputada Salazar Vázquez, esta comisión legislativa considera procedente realizar un respetuoso exhorto al gobierno Matamoros a realizar las acciones conducentes a garantizar el adecuado funcionamiento y operación del relleno sanitario Matamoros Limpio.
Lo anterior es así porque aun cuando la construcción del relleno atendió a los criterios técnicos para que en el sitio puedan ser depositados y manejados adecuadamente los residuos sólidos urbanos generados en la zona, las deficiencias del manejo integral de los residuos, como las mencionadas por la diputada promovente, son consecuencia de una gestión ineficiente.
Matamoros tiene una serie de obligaciones y facultades para garantizar que el manejo de los residuos generados sea el adecuado. Dichas facultades son puntualizadas en el artículo 10 de la LGPGIR, el cual refiere que los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, el traslado, el tratamiento y su disposición final; confiere, entre otras, las siguientes facultades:
I. Formular, por sí o en coordinación con las entidades federativas, y con la participación de representantes de los distintos sectores sociales, los programas municipales para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos;
II. Emitir los reglamentos y demás disposiciones jurídico-administrativas de observancia general dentro de sus jurisdicciones respectivas;
III. Controlar los residuos sólidos urbanos;
IV. Prestar, por sí o a través de gestores, el servicio público de manejo integral de residuos sólidos urbanos;
V. Otorgar las autorizaciones y concesiones de una o más de las actividades que comprende la prestación de los servicios de manejo integral de los residuos sólidos urbanos;
VI. Establecer y mantener actualizado el registro de los grandes generadores de residuos sólidos urbanos;
VII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, normas oficiales mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en materia de residuos sólidos urbanos e imponer las sanciones y medidas de seguridad que resulten aplicables;
VIII. Participar en el control de los residuos peligrosos generados o manejados por microgeneradores, así como imponer las sanciones que procedan, de acuerdo con la normatividad aplicable y lo que establezcan los convenios que se suscriban con los gobiernos de las entidades federativas respectivas, de conformidad con lo establecido en esta ley;
IX. Coadyuvar a la prevención de la contaminación de sitios con materiales y residuos peligrosos y su remediación;
X. Efectuar el cobro por el pago de los servicios de manejo integral de residuos sólidos urbanos y destinar los ingresos a la operación y el fortalecimiento de éstos; y...
El artículo 96 de la ley en comento refiere que los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el propósito de promover la reducción de la generación, valorización y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, deben llevar a cabo las siguientes acciones:
I. El control y vigilancia del manejo integral de residuos en el ámbito de su competencia;
II. Diseñar e instaurar programas para incentivar a los grandes generadores de residuos a reducir su generación y someterlos a un manejo integral;
III. Promover la suscripción de convenios con los grandes generadores de residuos, en el ámbito de su competencia, para que formulen e instauren los planes de manejo de los residuos que generen;
IV. Integrar el registro de los grandes generadores de residuos en el ámbito de su competencia y de empresas prestadoras de servicios de manejo de esos residuos, así como la base de datos en que se recabe la información respecto al tipo, al volumen y a la forma de manejo de los residuos;
V. Integrar la información relativa a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial al Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos Naturales;
VI. Elaborar, actualizar y difundir el diagnóstico básico para la gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial;
VII. Coordinarse con las autoridades federales, con otras entidades federativas o municipios, según proceda, y concertar con representantes de organismos privados y sociales, para alcanzar las finalidades a que se refiere esta ley y para la instauración de planes de manejo de los residuos que sean de su competencia;
VIII. Establecer programas para mejorar el desempeño ambiental de las cadenas productivas que intervienen en la segregación, el acopio y la preparación de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial para su reciclaje;
IX. Desarrollar guías y lineamientos para la segregación, la recolección, el acopio, el almacenamiento, el reciclaje, el tratamiento y el transporte de residuos;
X. Organizar y promover actividades de comunicación, educación, capacitación, investigación y desarrollo tecnológico para prevenir la generación, valorizar y lograr el manejo integral de los residuos;
XI. Promover la integración, la operación y el funcionamiento de organismos consultivos en los que participen representantes de los sectores industrial, comercial y de servicios, académico, de investigación y desarrollo tecnológico, asociaciones profesionales y de consumidores, y redes intersectoriales relacionadas con el tema para que tomen parte en los procesos destinados a clasificar los residuos, evaluar las tecnologías para su prevención, valorización y tratamiento, planificar el desarrollo de la infraestructura para su manejo y desarrollar las propuestas técnicas de instrumentos normativos y de otra índole que ayuden a lograr los objetivos en la materia; y
XII. Realizar las acciones necesarias para prevenir y controlar la contaminación por residuos susceptibles de provocar procesos de salinización de suelos e incrementos excesivos de carga orgánica en suelos y cuerpos de agua.
La comisión legislativa que elabora el presente dictamen considera que de prevalecer deficiencias como las señaladas por la diputada promovente del punto de acuerdo, en Matamoros deben implantarse medidas para garantizar el manejo responsable y adecuado de éstos desde su generación hasta el reciclaje o disposición final, lo cual puede obtenerse a través de la observancia de las facultades conferidas a los municipios en la legislación aplicable, pues no son suficientes el diseño y la construcción de un relleno que cumpla las normas técnicas necesarias. Por el contrario, deben atenderse las obligaciones legales, lo cual puede ponerse en práctica a través de la implantación de un sistema integral de gestión de residuos sólidos (SIGRS).
El SIGRS puede definirse como la selección y aplicación de las técnicas, de las tecnologías y de los programas adecuados que permitan mitigar las afectaciones de la salud, el desarrollo y el ambiente, favoreciendo el reúso y el reciclaje de materiales. Ese sistema comprende todas las acciones, como la expedición de reglamentos, establecimiento de estímulos para la reducción de la basura, promoción de centros de acopio, gestión de recursos y apoyos, capacitación, y una infinidad de aspectos económicos, políticos y sociales. 5
Así, el relleno sanitario Matamoros Limpio” será fortalecido con su correcta operación y mantenimiento constante, así como por la implantación de un SIGRS para el manejo y la disposición de los residuos en la región, con el objetivo final de prevenir los impactos negativos al ambiente y a la salud humana ocasionados por el manejo inadecuado de éstos.
Por lo expuesto, los integrantes de esta comisión nos permitimos someter a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita al gobierno de Matamoros, Tamaulipas, que implante las acciones y medidas que garanticen el debido cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, “Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial”, en el relleno sanitario Matamoros Limpio, así como que diseñe una política integral que permita minimizar los efectos al ambiente y a la salud pública.
Notas
1 Disponible en http://cuentame.inegi.gob.mx/monografias/informacion/tam/territorio/div _municipal.aspx?tema=me&e=28
2 La NOM-083-SEMARNAT 2003 fue publicada el 20 de octubre de 2004 y entró en vigor el 20 de diciembre de 2004.
3 En 2006, el relleno sanitario se hizo acreedor al premio Hábitat 2006, entregado por la Sedesol. Desde 2003, ésta instauró el programa Hábitat, como una respuesta al vertiginoso aumento de la pobreza humana y como un camino para integrar las zonas marginadas a las oportunidades que se generan en las ciudades. Sedesol, disponible en http://www.sedesol.gob.mx/archivos/802172/file/0_Presentacion_Premio_Ha bitat_2006.pdf
4 Sedesol, disponible en http://sedesol2008.sedesol.gob.mx/archivos/301117/File/94_Relleno%20san itario%20regional.pdf
5 Vázquez Morillas, Alethia. La gestión integral de los residuos, Universidad Autónoma Metropolitana, material de lectura del programa de máster en derecho ambiental y de la sostenibilidad. UAM Azcapotzalco-Universidad de Alicante, España.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de junio de 2010.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Ninfa Clara Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Francisco Alejandro Moreno Merino, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez, Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Leticia Robles Colín, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Semarnat que realice el estudio previo justificativo que permita valorar la viabilidad de establecer como área natural protegida la zona de Omitemi, Guerrero, conocida como “parque ecológico estatal”
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnado para estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente número 2067, que contiene proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a realizar las investigaciones y gestiones necesarias a fin de presentar al titular del Ejecutivo federal la propuesta para que se declare área natural protegida la zona de Omiltemi, Guerrero, conocida como “parque ecológico estatal”.
La comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes
Antecedentes
Primero. El 27 de abril de 2010, el diputado Mario Moreno Arcos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat a realizar las investigaciones y gestiones necesarias a fin de presentar al titular del Ejecutivo federal la propuesta para que se declare área natural protegida a la zona de Omiltemi, Guerrero, conocida como “parque ecológico estatal”.
Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
La diputada promovente solicita en el punto de acuerdo lo siguiente:
Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar en el ejercicio de sus facultades legales las investigaciones y gestiones necesarias a fin de presentar al titular del Poder Ejecutivo la propuesta para que se declare área natural protegida la zona de Omiltemi, Guerrero, conocida como “parque ecológico estatal”.
Partiendo de esta proposición, la comisión dictaminadora parte del siguiente análisis: dado que las áreas naturales protegidas son consideradas mundialmente como la principal herramienta de conservación de la biodiversidad, se ha tenido que seleccionar su administración de forma federal, estatal y municipal, a fin de conservar la vegetación y, a su vez, detener el crecimiento de las superficies transformadas (como la agricultura y los asentamientos humanos). 1
Actualmente, sólo 12 por ciento de la superficie del país se encuentra bajo la protección federal, estatal y municipal. Las áreas naturales protegidas han sido reconocidas como el instrumento de mayor importancia para la conservación de la biodiversidad. Las de carácter federal cubren una superficie de un poco más de 21 millones de hectáreas, de las cuales la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) administra actualmente 174, que representan más de 25 millones 384 mil 818 hectáreas, 2 y hay 242 áreas protegidas de competencia estatal, las cuales cubren cerca de 3.5 millones de hectáreas. 3
Si valoramos que México está reconocido en el mundo por su excepcional diversidad biológica y cultural, podríamos decir que las superficies citadas en el párrafo anterior son muy pequeñas, ya que el territorio mexicano es considerado uno de los cinco países con mayor biodiversidad. 4
La determinación de esta zona atiende a dos grandes criterios: el primero, por su naturaleza jurídica, que da valor a los derechos que señalan los ambientes que serán objeto de la aplicación de una política de protección, preservación o restauración; y la segunda, las de gestión o programáticas que establecen las obligaciones por cumplir en estas áreas y que se sustentan en el programa de manejo o de ordenamiento ecológico. 5
Es relevante la figura jurídica de las “áreas naturales protegidas”, las cuales son definidas en el Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) como las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente modificados por las actividades del ser humano, o que requieren ser preservadas y restauradas. 6
En el artículo 44 de dicha ley se describe:
Artículo 44. Las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieren ser preservadas y restauradas, quedarán sujetas al régimen previsto en esta ley y los demás ordenamientos aplicables.
(...)
Así, este instrumento de política ambiental orientado a la protección de los ecosistemas tiene como objetivos preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones; salvaguardar la diversidad genética de especies; asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional, los ecosistemas y sus elementos; y establecer las condiciones necesarias para la investigación científica, entre otros. 7
El artículo 46 de la LGEEPA enumera las categorías de áreas naturales protegidas de competencias federal y local:
Artículo 46. Se consideran áreas naturales protegidas
I. Reservas de la biosfera;
II. Se deroga;
III. Parques nacionales;
IV. Monumentos naturales;
V. Se deroga;
VI. Áreas de protección de recursos naturales;
VII. Áreas de protección de flora y fauna;
VIII. Santuarios;
IX. Parques y reservas estatales; y
X. Zonas de preservación ecológica de los centros de población.
Para efectos de lo establecido en el presente capítulo, son de competencia de la federación las áreas naturales protegidas comprendidas en las fracciones I a VIII señaladas.
Los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, en los términos que establezca la legislación local en la materia, podrán establecer parques y reservas estatales en áreas relevantes a nivel de las entidades federativas, que reúnan las características señaladas en los artículos 48 y 50, respectivamente, de esta ley. Dichos parques y reservas no podrán establecerse en zonas previamente declaradas como áreas naturales protegidas de competencia de la federación, salvo que se trate de las señaladas en la fracción VI de este artículo.
Asimismo, corresponde a los municipios establecer las zonas de preservación ecológicas de los centros de población, conforme a lo previsto en la legislación local.
En las áreas naturales protegidas no podrá autorizarse la fundación de nuevos centros de población.
Partiendo de esta premisa jurídica, la federación, los estados y los municipios pueden decretar zonas como áreas naturales protegidas, a fin de proteger la biodiversidad y los ecosistemas que la forman, así como el hábitat de las especies. La categorización o tipo de área natural protegida son muy importantes, pues permiten identificar el tipo de función de cada área, y al tener establecidos claramente los objetivos de éstas, se puede con mayor facilidad administrar y manejar los recursos que se protegen, y evaluar sus actividades. 8
De conformidad con el artículo 7o. de la LGEEPA, corresponden a los estados el establecimiento, la regulación, la administración y la vigilancia de las áreas naturales protegidas previstas en la legislación local, con la participación de los gobiernos municipales.
El artículo 56 de la ley en comento dispone que las autoridades de los estados y del Distrito Federal podrán promover ante el gobierno federal el reconocimiento de las áreas naturales protegidas que conforme a su legislación establezcan, con el propósito de compatibilizar los regímenes de protección correspondientes.
Las áreas naturales protegidas consideradas de competencia federal son manejadas por la Semarnat y, en especial, por su órgano desconcentrado Conanp.
Por ello, la comisión dictaminadora considera viable la propuesta del legislador promovente de exhortar a la Semarnat a decretar área natural protegida la zona de Omiltemi, Guerrero, conocida como “parque ecológico estatal”.
Respecto a esta zona, se requiere que el parque ecológico estatal Omiltemi sea declarado área natural protegida, por lo que el legislador promovente solicita que se exhorte a la Semarnat a realizar en el ejercicio de sus facultades legales las investigaciones y gestiones necesarias a fin de presentar al titular del Ejecutivo federal la propuesta para que se declare área natural protegida la zona de Omiltemi.
El parque ecológico estatal Omiltemi se localiza en la parte central de Guerrero, aproximadamente a 15 kilómetros de Chilpancingo, capital del estado. Es uno de los lugares con mayor riqueza ambiental en México, tiene aproximadamente 3 mil 971 hectáreas de bosque, entre coníferas, pino y encino, así como bosque mesófilo de montaña, por lo que posee gran potencial hídrico, ya que su zona de captación acuífera provee de agua potable a Chilpancingo.
Además, cuenta con una diversidad ambiental sobresaliente, que el diputado promovente resalta en los considerandos: describe en la categoría de la flora 205 especies de hongos macroscópicos, 595 tipos de plantas vasculares y 103 especies de orquídeas. En fauna describe la existencia de 161 especies de mariposas, 39 de anfibios y reptiles, 130 de aves y 54 de mamíferos.
Por esa gran biodiversidad, el gobierno del estado declaró el parque Omiltemi reserva natural estatal. Sin embargo, así como muchas de las áreas naturales protegidas estatales, el gobierno federal las ha convertido en reservas naturales protegidas, por lo que para permitir mayor énfasis en su conservación, el diputado promovente solicita en la proposición que se declare área natural protegida de competencia federal.
Esta propuesta también es apoyada por la Universidad Autónoma de Guerrero, por organizaciones no gubernamentales y el propio gobierno estatal, ya que está siendo destruida de manera alarmante.
Partiendo de esta propuesta, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales considera procedente exhortar a la Semarnat a realizar en el ejercicio de sus facultades legales las investigaciones y gestiones necesarias a fin de presentar al titular del Ejecutivo federal la propuesta para que se declare área natural protegida la zona de Omiltemi.
Por las consideraciones expuestas, los integrantes de esta comisión nos permitimos someter a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que realice el estudio previo justificativo que permita valorar la viabilidad de establecer como área natural protegida a la zona de Omiltemi, Guerrero, conocida como “parque ecológico estatal”.
Notas
1 Semarnat, Conabio y otros. Análisis de vacíos y omisiones en conservación de la biodiversidad terrestre de México: espacios y especies, México, 2007, página 53.
2 Información disponible en http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/
3 Ibídem, página 11.
4 Ibídem, página 9.
5 Carmona Lara, María del Carmen. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, comentarios y concordancias, Profepa, UNAM, México, 2003, página 216.
6 Fracción II del artículo 3o. de la LGEEPA.
7 Artículo 45 de la LGEEPA.
8 Gutiérrez Nájera, Raquel. Introducción al estudio del derecho ambiental, Porrúa, México, Distrito Federal, página 94.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de junio de 2010.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Ninfa Clara Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza, Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Francisco Alejandro Moreno Merino, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez, Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Leticia Robles Colín, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Semarnat que realice el estudio previo justificativo que permita valorar la viabilidad de establecer como área natural protegida la isla de Petatán, en Cojumatlán de Régules, Michoacán
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 1057, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realice los estudios técnicos necesarios que le permitan integran una propuesta para el Ejecutivo federal con miras a que se declare área natural protegida a la zona geográfica de la isla de Petatán, ubicada en el municipio de Cojumatlán de Regules en Michoacán, presentada por el diputado José Manuel Hinojosa Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 numeral 1, 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 60, 88, 95 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes
Antecedentes
Primero. El 15 de diciembre del 2009, el diputado José Manuel Hinojosa Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realice los estudios técnicos necesarios que le permitan integrar una propuesta para el Ejecutivo federal con miras a que se declare área natural protegida a la zona geográfica de la isla de Petatán, ubicada en el municipio de Cojumatlán de Regules en Michoacán.
Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva, turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
La determinación de áreas naturales protegidas se ha constituido en el principal instrumento de política ambiental para la protección de los ecosistemas y paisajes únicos que alberga México, en ese sentido el diputado promovente del punto de acuerdo objeto del presente dictamen manifiesta su interés por exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que realice los estudios técnicos justificativos para que la isla de Petatán, ubicada en Michoacán, a la que arriban cada año los pelícanos blancos procedentes de Canadá y Estados Unidos, sea decretada área natural protegida, proponiendo el siguiente resolutivo:
Único. Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a realizar en la zona geográfica de la isla de Petatán ubicada en el municipio de Cojumatlán de Regules, en Michoacán, los estudios técnicos necesarios que le permitan integrar una propuesta para el Ejecutivo federal con miras a que éste la declare área natural protegida.
Atendiendo a lo expuesto, la comisión legislativa que elabora el presente dictamen considera oportuno señalar lo siguiente:
México ha sido reconocido en el mundo por la excepcional diversidad biológica y cultural que alberga. Sin embargo, es innegable que el aumento de las presiones antropogénicas sobre la biodiversidad, en particular las que causan las elevadas tasas de cambio de uso de suelo, modificación de los ecosistemas, la extracción ilícita y mal planeada de los recursos naturales, están conduciendo a una pérdida irreversible de especies o sus poblaciones y el deterioro de los ecosistemas. 1
Frente a ese panorama es preciso diseñar e implementar estrategias para la conservación y el manejo sustentable de los recursos de nuestro país. En ese sentido una de las principales estrategias de protección de los ecosistemas y paisajes únicos que alberga México, es la determinación de superficies terrestres y acuáticas como áreas naturales protegidas (ANP), sometiéndolas a un régimen jurídico especial que garantiza la protección del capital natural de México.
Así, actualmente cerca del 12 por ciento de la superficie del país se encuentra bajo la protección de las redes de Áreas Protegidas (AP) federales, estatales y municipales, constituyéndose como el instrumento de mayor importancia para la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, según el reporte elaborado en el año 2008 por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Conabio, y otras organizaciones, para detectar vacíos y omisiones en conservación de la biodiversidad en México refiere que “a pesar de los esfuerzos de conservación realizados en los últimos años, para un país megadiverso y complejo como México, el reto es de tal proporción, que la superficie bajo protección resulta insuficiente y difícilmente podremos conservar adecuadamente una proporción representativa y viable de tal biodiversidad sólo con las actuales redes de Áreas Protegidas”. 2
En ese contexto, resulta acertada la propuesta presentada por el diputado Hinojosa Pérez en el punto de acuerdo objeto de este dictamen, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que realice los estudios técnicos necesarios que permitan determinar como ANP la isla de Petatán.
La isla de Petatán se encuentra ubicada en el municipio de Cojumatlán de Regules, en Michoacán. A ella arriban cada año miles de pelícanos blancos con manchas negras en las alas y un pico anaranjado, grande y ancho; envergadura de aproximadamente 3 metros, gráciles en vuelo, y cuyo nombre científico es Pelecanus erythrorhynchos, en el que se combina Pelecanus, latín para pelícano, con erythrorhynchos, que deriva del griego erythros: rojo, y rhynchos: pico .
En el año 2009 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estimó un arribo de 260 mil “pelícanos borregones” a la isla de Petatán, nombre que le han asignado los habitantes de la zona.
Estos pelícanos llegan procedentes de las regiones de la Columbia Británica, Alberta, Manitoba y Ontario en Canadá la Isla a mediados del mes de octubre, recorriendo una distancia de 3,876 kilómetros hasta llegar al Lago de Chapala, 3 el cual recientemente fue nombrado como sitio Ramsar. 4 El Pelecanus erythrorhynchos que habita en la Isla de Petatán es una de las 33 especies de aves migratorias que se encuentran dentro del catálogo de fauna reservada del Tratado de Cooperación Ambiental de América del Norte.
Investigadores del Colegio de Michoacán señalaron en una publicación de la Universidad de Berkeley, California, que esas aves migratorias llegan a la Isla debido a que ésta se encuentra en un polígono magnético, lo cual detectaron a través de estudios satelitales de la NASA. Por su parte, los habitantes de la isla aseguran que la presencia de los “pelícanos borregones” se ha incrementado porque ahí se depositan más de 4 toneladas diarias de vísceras de pescado provenientes de las fileteras instaladas en las cercanías.
La llegada de los “pelícanos borregones” a la isla de Petatán es un espectáculo natural que generan ingresos a los habitantes de la zona, sin embargo, existen evidencias de agresiones a estos pelícanos por parte de cazadores ignorantes que pretenden consumir su carne, pescadores que suponen que les quita su alimento o la cuota de pesca e incluso, aves que mueren a consecuencia de la obstrucción de vías respiratorias por plásticos. 5
En virtud de lo anterior y una vez que se ha reconocido a nivel internacional la importancia de la Isla en la conservación de medio ambiente, esta Comisión Legislativa considera procedente exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se realicen los estudios técnicos justificativos para que la zona que sirve de albergue a los pelícanos borregones, sea declarada como área natural protegida con el objeto de salvaguardar a esta especie durante su estancia en el país.
Al respecto es preciso señalar que la elaboración de los estudios técnicos 6 elaborados por la secretaría, deberán atender a lo dispuesto por el artículo 46 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas. Asimismo, una vez concluidos, deberán ser puestos a disposición del público para su consulta por un plazo de 30 días naturales, a efecto de que la Semarnat se encuentre en posibilidad de proponer al titular del Poder Ejecutivo federal el establecimiento de la isla de Petatán como área natural protegida.
Así, dicha determinación no sólo permitirá salvaguardar la zona sometiéndola a un régimen jurídico especial, sino que además con la elaboración de su respectivo plan de manejo se determinarán las actividades que podrán realizarse en cada zona, detectar deficiencias y establecer una estrategia con la comunidad lo que permitirá que la isla de Petatán continúe recibiendo a los pelícanos borregotes cada año.
Por las consideraciones expuestas, los integrantes de esta comisión nos permitimos someter a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a realizar el estudio previo justificativo, que permita valorar la viabilidad de establecer como área natural protegida a la isla de Petatán, ubicada en el municipio de Cojumatlán de Regules, Michoacán.
Notas
1 Conabio-Conanp-TNC-Pronatura-FCF-UANL. Análisis de vacíos y omisiones en conservación de la biodiversidad terrestre en México: espacios y especies. México, 2007, página 9.
2 Ibíd., página 11.
3 La isla de Petatán en la actualidad es parte de la ribera del lago de Chapala el cual se ubica en la parte occidental de México, al este de Jalisco con 90 por ciento de su superficie, y al noroeste de Michoacán con 10 por ciento.
En la ficha informativa de los Humedales de Ramsar (FIR) 2006-2008 se señala que una de las especies migratorias a conservar es el pelícano blanco.
Disponible en
http://innovacion.jalisco.gob.mx/wps/wcm/connect/bed3d68 040b209b9ae61bf09caa6c285/Ficha+Lago+de+Chapala.pdf?MOD=AJPERES& ;amp;CACHEID=bed3d68040b209b9ae61bf09caa6c285
4 El 2 de febrero de 2009, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas informó que el Lago de Chapala, el lago natural más grande de México, que se encuentra en Jalisco y Michoacán, fue designado como Sitio Ramsar.
Conanp. Disponible en http://www.conanp.gob.mx/pdf_comunicados/comunicadofinal.pdf
La designación del Lago de Chapala como sitio Ramsar le da valor internacional al reconocerse la importancia de su ecosistema como fundamental en la conservación global, como fuente de vida de diversas especies.
García Barajas, Eugenio. Vertientes. Revista de comunicación interna de la Conagua. Núm. 155. Marzo, 2009. P. 12-13.
5 Información disponible en http://flamingoscojumatlan.com/noticia02.html
6 En términos de lo dispuesto por el artículo 46 del Reglamento de la LGEEPA en materia de ANP, los estudios técnicos justificativos deberán contener, por lo menos, lo siguiente: I. Información general; II. Evaluación ambiental; III. Diagnóstico del área; y, IV. Propuesta de manejo.
Palacio Legislativo de San Lázaro a los días 10 de junio de 2010.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Ninfa Clara Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), María Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza, Jaime Álvares Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Francisco Alejandro Moreno Merino, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Leticia Robles Colín, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales.
De la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que, mediante la Sagarpa, la Conapesca evalúe la posibilidad de expedir permisos de pesca comercial de atún a los pescadores ribereños del país
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Pesca fue turnada, con fecha 27 de abril del presente año, para estudio y dictamen, el expediente número D.G.P.L. 61-II-8-384, que contiene proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Conapesca, a expedir permisos de pesca comercial de atún a los pescadores ribereños del país, suscrito por la diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 20 de abril de 2010.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente para dictaminar la proposición en comento, por lo que se somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen con base en los siguientes antecedentes y consideraciones.
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada el día 20 de abril del 2010, la diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Conapesca a expedir permisos de pesca comercial de atún a los pescadores ribereños del país.
Segundo. Con fecha veintisiete de abril del presente año, dicha proposición con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
A través de esta proposición, la diputada promovente expone que:
1. En las aguas mexicanas, especialmente las del océano Pacifico se caracterizan por presentar una de las más importantes concentraciones de atunes y barriletes, lo cual ha permitido el desarrollo de una importante industria pesquera de esta especie, con una flota cerquera altamente tecnificada y competitiva a nivel mundial.
2. Las principales características de esta pesquería, es que los atunes son especies altamente migratorias, con gran capacidad de reproducción y relativa facilidad para ser capturados. Del mismo modo expone que en la actualidad esta especie es una de las que son capturadas fuera de regulación legal alguna por la pesca ribereña, sobre todo en estados de alta marginación en su sector pesquero como Oaxaca y Chiapas, debido a que no se les otorgan permisos de pesca comercial para esa especie. Por motivos inexplicables los pescadores ribereños han sido excluidos del beneficio que representa el paso por nuestras aguas de estos recursos pesqueros, lo cual crea una situación de injusticia que es contraria al espíritu del artículo 27 constitucional.
3. Lo anterior ha sido una reiterada petición de los pescadores ribereños de dichas zonas, a los que se les han negado los permisos de pesca, siendo que esta exclusión de la pesca ribereña va en contra de la garantía social establecida en la Constitución de que el aprovechamiento de los elementos naturales del país, como son los recursos pesqueros, sea regulado en función del beneficio social que aporte.
4. En ese sentido la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables desarrolla esta disposición constitucional con toda precisión y claridad a través de diversos preceptos, entre los que la promovente destaca el artículo 2o., que establece entre los objetivos de la ley: “I.- Establecer y definir los principios para ordenar, fomentar y regular el manejo integral y el aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales”; de igual modo concatena lo anterior con los principios que rigen la aplicación de los programas e instrumentos que la Ley ordena, establecidos en el artículo 17 que a continuación de transcribe en lo conducente: “Artículo 17. Para la formulación y conducción de la política nacional de pesca y acuacultura sustentables, en la aplicación de los programas y los instrumentos que se deriven de ésta ley, se deberán observar los siguientes principios: .... X. La participación, consenso y compromiso de los productores y sus comunidades en la corresponsabilidad de aprovechar de forma integral y sustentable los recursos pesqueros y acuícolas”. En cuanto a las modalidades del otorgamiento de los permisos y concesiones nos relaciona el artículo 43 dela propia ley pesquera y acuícola que al igual, en lo conducente, se transcribe: “Artículo 43. El otorgamiento de concesiones y permisos, quedará sujeto a las modalidades que dicte el interés público, condicionado siempre a la disponibilidad y preservación del recurso de que se trate...
... La secretaría basará sus decisiones en criterios de equidad social y en la información científica disponible del recurso pesquero. Asimismo, se otorgarán preferentemente a los habitantes de las comunidades locales, siempre y cuando utilicen artes de pesca autorizadas”.
5. Con base en lo expuesto la diputada proponente señala que si bien las distintas pesquerías se manejan con base en cuotas de captura por país y éstas ya han sido asignadas y no hay excedente, cómo es posible que recientemente se hubieren expedido permisos para el desarrollo de los ranchos de engorda de atún, principalmente a empresas japonesas.
6. La proponente también expone que también es importante señalar que la flota atunera mexicana en términos prácticos se ha ido reduciendo y presenta datos del Anuario Estadístico de Pesca 2006, que en ese año contaba con 88 embarcaciones que pescaban con red de cerco y 12 con el método de varas (cañas), pero, según datos de la Carta Nacional Pesquera de 2006 (última publicada por la Sagarpa), la flota activa se componía de 58 embarcaciones cerqueras y cuatro vareras. De lo anterior se puede desprende que al quedar buena parte de la flota mayor fuera de las operaciones, es posible asignar una cuota de captura a la flota ribereña, en otras palabra, el incremento del esfuerzo pesquero que supondría la participación de la flota ribereña sería compensado por la disminución de facto que ha sufrido la flota mayor.
7. Otras causas que sustentan la necesidad de incluir a los pescadores ribereños en las capturas de túnidos se encuentran por una parte dentro de la ya mencionada Carta Nacional Pesquera, la cual indica que es posible incrementar las capturas de barrilete en el Pacífico mexicano.
8.- Por otra parte, las características migratorias de estas especies se prestan para poder contar con una pesquería ribereña sustentable en lo ambiental y sostenible en lo económico, ya que tanto atunes como barriletes son altamente migratorios y si bien prefieren el hábitat oceánico, algunos cardúmenes se desplazan cerca de la costa, de tal manera que la flota ribereña no sobreexplotaría el recurso, tomando en cuenta que el pescador ribereño no tendría que desplazarse a grandes distancias, lo que significa que los gastos de operación no serán elevados y lo más importante, no se pondrán en gran riesgo las vidas de los pescadores.
En síntesis la diputada proponente considera que la flota mayor y la flota menor pueden coexistir, sin que se afecten sus intereses legítimos. Además, el destino de sus capturas son diametralmente distintos, en tanto que la mayor se destina al procesamiento industrial, la menor se destina al consumo humano directo (fresco), sobre todo porque en los últimos años ha crecido la demanda de esta especie, dado su precio y variantes en que puede ser preparado.
Por las consideraciones expuestas, los integrantes de esta comisión nos permitimos someter a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Sagarpa, la Conapesca evalúe la posibilidad de expedir permisos de pesca comercial del atún a los pescadores ribereños del país, particularmente, a los que habitan en las zonas de mayor marginación social, en la que se considere una franja del litoral mexicano en donde se realice esta actividad, y se diseñe un programa equitativo y de largo plazo de ordenamiento que establezca la forma en que participen la flota mayor y el sector de pesca ribereña en esta pesquería, con la finalidad de prevenir los conflictos entre ambas partes.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Sagarpa, el Inapesca lleve a cabo los estudios técnicos y científicos necesarios que permitan evaluar el estado actual de la pesquería del atún, con la finalidad de instrumentar los mecanismos de participación de los pescadores ribereños en la captura comercial del atún.
Dado en las oficinas de la Comisión de Pesca, Palacio Legislativo de San Lázaro, en junio de 2010.
La Comisión de Pesca
Diputados: Felipe Cervera Hernández (rúbrica), presidente; Rolando Bojórquez Gutiérrez (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Carlos Oznerol Pacheco Castro, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), César Mancillas Amador (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica en contra), Miguel Martín López, secretarios; Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Francisco Javier Martín Gil Ortiz, Carlos Manuel Joaquín González, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Violeta Avilés Álvarez, Juan José Cuevas García, José Manuel Marroquín Toledo, Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), Fernando Santamaría Prieto, José Ignacio Seara Sierra (rúbrica en contra), Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Florentina Rosario Morales (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica).
De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a rendir mediante la Conagua un informe sobre las acciones específicas por realizar para atender el problema de la reducción de la disponibilidad de agua en Baja California
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Recursos Hidráulicos le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua que informe sobre las acciones específicas por realizar a fin de atender el agotamiento de la disponibilidad de agua para Baja California.
La Comisión de Recursos Hidráulicos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es competente para analizar y dictaminar la citada proposición con punto de acuerdo, y procede, en consecuencia, tomando en cuenta los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 24 de noviembre de 2009, la diputada Laura Elena Ledesma Romo presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua que informe sobre las acciones específicas por realizar a fin de atender el agotamiento de la disponibilidad de agua para Baja California.
Segundo. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite a la proposición en los siguientes términos: “Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos”.
Recibido el asunto, los integrantes de esta comisión dictaminadora procedimos al estudio del siguiente
Contenido de la proposición
La diputada proponente manifiesta que el estado de Baja California, es el segundo con menor precipitación pluvial en el país, y que con el cambio climático y sus posibles efectos se prevén escenarios de graves dificultades para el estado, ante la posibilidad de fuertes sequías que restrinjan el caudal del río Colorado, su principal fuente del recurso.
Expresa su preocupación por la disminución de los caudales del río, su impacto negativo en el suministro de agua a la región y su repercusión ecológica en la zona del delta en el extremo norte del golfo de California, así como por el alarmante aumento de la demanda del recurso hídrico debido al crecimiento de la población.
Por otro lado, señala que en Baja California no se atiende el mandato previsto en los artículos 115 de la Constitución federal, y 82 de la Constitución local, los cuales atribuyen a los municipios los servicios públicos de agua potable y saneamiento, en virtud de que sigue siendo el gobierno del estado quien controla dichos servicios a través de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California, en todos y cada uno de los municipios.
En base a lo anterior, la diputada proponente plantea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo a informar a esta legislatura a través del director general de la Comisión Nacional del Agua sobre las acciones específicas que se realizarán para atender el impacto del agotamiento de agua para Baja California, así como los resultados esperados con dichas acciones.
Segundo. Envíese al honorable Congreso del estado de Baja California una respetuosa excitativa a fin de que con la mayor brevedad realice un análisis y en su caso las adecuaciones correspondientes a su marco jurídico local para dar congruencia a los dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de administración y manejo del agua potable.
Analizado el contenido de la proposición que nos ocupa, las y los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos exponemos las siguientes
Consideraciones
Esta comisión dictaminadora estima válidos los argumentos vertidos por la diputada Laura Elena Ledesma Romo, los cuales, aunados a la consideración de los graves daños a la infraestructura hidráulica e hidroagrícola, ocasionados por los fuertes sismos ocurridos en Baja California a principios del presente año, son suficientes para exhortar al Ejecutivo federal a que, a través de la Comisión Nacional del Agua, informe a la Cámara de Diputados sobre las acciones específicas a realizar para atender el problema de la reducción de la disponibilidad del agua en Baja California, así como los resultados esperados con dichas acciones.
Por otro lado, estimamos que la legislación del estado de Baja California, en materia de servicio público de agua potable y saneamiento, contiene disposiciones que pueden estar en contravención de lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 81, 82, 84 y 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
En efecto, el artículo115 constitucional, prevé que los municipios:
– Tendrán a su cargo, entre otros, los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
– Previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos que les correspondan;
– Podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de los servicios públicos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el estado y el propio municipio, y
– Administrarán libremente su hacienda, la cual se formará, entre otros y en todo caso, con los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo, entre otros.
Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en su artículo 81, prevé que la Ley en materia municipal, tendrá por objeto, entre otros:
– Establecer las normas de aplicación general que deberán de observarse cuando los ayuntamientos celebren actos para la coordinación o asociación entre dos o más municipios para la eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les corresponden, y para la prestación temporal de un servicio o el ejercicio de una función de carácter municipal por el estado, ya sea de manera directa o a través del organismo correspondiente, o bien de manera coordinada con el estado; y
– Establecer el procedimiento y condiciones para que el estado asuma el ejercicio de una función o la prestación de un servicio público municipal, cuando el municipio se encuentre imposibilitado y no exista convenio; al respecto, deberá mediar solicitud previa del ayuntamiento, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes y así lo apruebe el Congreso del estado.
Asimismo, su artículo 82, dispone que para el mejor desempeño de las facultades que les son propias, así como para la prestación de los servicios públicos y el ejercicio de las funciones que les son inherentes, los ayuntamientos tendrán a su cargo, entre otros:
– Expedir los bandos de policía y gobierno, así como los demás reglamentos, circulares y disposiciones administrativas, que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, y
– Los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
Por su parte, el artículo 84 de la Constitución local, señala que los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les corresponden.
Asimismo, previene que cuando a juicio del ayuntamiento respectivo resulte necesario, se podrá convenir con el estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de los servicios públicos municipales, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el estado y por el propio municipio.
Finalmente, el artículo 85 de la Constitución Política de la entidad, establece que la hacienda municipal se formará de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso establezca a su favor, y en todo caso, con los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo, entre otros.
No obstante la congruencia entre las disposiciones constitucionales, federales y locales, citadas, la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California, establece:
“Artículo 1o. La proyección, dirección y ejecución de las obras de captación, conducción y distribución de los Sistemas de Agua Potable para el servicio público de las poblaciones del estado, estará a cargo de los organismos que designen las leyes respectivas...”, y
“Artículo 2o. La operación, conservación, vigilancia y reparación de los Sistemas de Agua Potable; las obras de ampliación de los mismos, la recaudación de los ingresos por la prestación del servicio y la imposición de sanciones por infracción a las disposiciones de esta ley, estará igualmente a cargo de los organismos a que se refiere el artículo anterior”.
En este contexto, la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California, establece:
“Artículo 1o. Las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de los Municipios de Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada, son organismos públicos descentralizados del gobierno del estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en las ciudades de Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada respectivamente.” y
“Artículo 2o. Es función de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos:
I. Todo lo relativo al cumplimiento y realización de los sistemas de agua potable y alcantarillado de aguas negras de cada uno de los municipios a que correspondan.
II. La ejecución directa o por contratación de las obras a que se refieren dichos sistemas.
III. La operación y mantenimiento de los sistemas de que se trata.
IV. La prestación a los usuarios de los servicios mencionados.
V. La recaudación de los derechos que conforme a la ley a convenios que celebren, les correspondan.
VI. El desarrollo de actividades que directa o indirectamente conduzcan a lograr los objetivos indicados.”
De la comparación de las normas constitucionales y legales transcritas, la Comisión de Recursos Hidráulicos estima que las disposiciones de las leyes locales, no guardan congruencia con lo previsto en las Constituciones Federal y Local, en materia de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. En consecuencia, consideramos procedente exhortar al honorable Congreso del estado de Baja California, a fin de que realice el análisis y, en su caso, las adecuaciones pertinentes a su marco jurídico local, para darle congruencia con lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, 82, 84 y 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de dichos servicios públicos.
Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Recursos Hidráulicos somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente
Proyecto de punto de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal a informar a esta soberanía, a través de la Comisión Nacional del Agua, sobre las acciones específicas a realizar para atender el problema de la reducción de la disponibilidad del agua en Baja California, así como los resultados esperados con dichas acciones.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Congreso del estado de Baja California a realizar el análisis y, en su caso, las adecuaciones pertinentes a su marco jurídico local, para darle congruencia con lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, 82, 84 y 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, a cargo de los municipios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de julio de 2010.
La Comisión de Recursos Hidráulicos
Diputados: Óscar Javier Lara Aréchiga (rúbrica), presidente; Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villlalva, José Ignacio Pichardo Lechuga, Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), Silvia Isabel Monge Villalobos (rúbrica), José Manuel Marroquín Toledo (rúbrica), José María Valencia Barajas (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Ninfa Clara Salinas Sada, Cora Cecilia Pinedo Alonso, secretarios; Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Héctor Franco López (rúbrica), Jorge Rojo García de Alba (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Fausto Sergio Saldaña del Moral (rúbrica), Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat, Edgardo Melhem Salinas, Rolando Zubía Rivera (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade, Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Ramón Merino Loo (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Domingo Rodríguez Martell, Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica).
De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar indicadores de desempeño en la aplicación de la Iniciativa Mérida
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura le fue turnada, el pasado 21 de abril de 2010, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar indicadores de desempeño en la aplicación de la Iniciativa Mérida para lograr los objetivos de ésta, suscrita por la diputada federal Adriana Sarur Torre, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la cual fue presentada al Pleno de la Cámara Baja y publicada en su Gaceta Parlamente con la misma fecha.
Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Seguridad Publica somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen en sentido positivo, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
I. Con fecha 21 de abril de 2010, la diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar indicadores de desempeño en la aplicación de la Iniciativa Mérida para lograr los objetivos de ésta.
II. En la misma fecha, el Presidente y demás integrantes que conforman la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dispusieron que dicha proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen.
III. El 1 de junio del 2010, en sesión plenaria de la Comisión de Seguridad Pública, este dictamen fue aprobado en sentido positivo por 18 votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones.
Contenido de la proposición con punto de acuerdo
1. La promovente exterioriza su preocupación por los múltiples aspectos que inciden en el alarmante incremento y expansión de la inseguridad manifestada en la violencia, el narcotráfico y la delincuencia organizada, que por su gravedad y sofisticación aqueja de manera importante el contexto biopsicosocial de los mexicanos de todas las edades y de todos los estratos sociales.
2. Asimismo advierte cómo el Gobierno Federal ante dicha problemática implementa estrategias nacionales para combatir de este fenómeno y que no obstante de mantener de forma permanente estos esfuerzos, dado que esta problemática rebasa las fronteras del país, ha requerido indispensablemente de concretar instrumentos de cooperación internacional para enfrentar exitosamente a esta amenaza.
3. En virtud de lo anterior la legisladora cita particularmente el proyecto de cooperación entre Estados Unidos de América y México denominado Iniciativa Mérida, el cual, indica, es un acuerdo bilateral cuyos objetivos son reformar los esfuerzos internos de procuración de justicia de México y de Estados Unidos, así como ampliar la cooperación regional para desarrollar e implementar tácticas, técnicas, acciones y estrategias de última generación que permitan el eficaz combate al narcotráfico, lo cual comprende el adiestramiento y obtención de recursos humanos cualificados; la utilización de tecnología de punta en información, comunicaciones, transporte, equipamiento; inmuebles adecuados, etc.; todo ello a través del financiamiento.
4. Por último, la proponente expresa un especial interés respecto a la forma en que se han aplicado los recursos de ambos países y de manera específica sobre las economías que ha aprobado y destinado Estados Unidos a México para el combate al crimen organizado en México en este proyecto bilateral, así como los resultados que se han obtenido; pues pese los acuerdos de este marco de cooperación la sociedad en general advierte mayor inseguridad. Por lo que solicita al Ejecutivo federal que implemente un sistema de indicadores de desempeño que mida efectivamente los resultados de la Iniciativa Mérida, a efecto advertir si el uso de los recursos es efectivo.
Establecidos los antecedentes y el contenido de la proposición con punto de acuerdo, los miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados suscriben el presente dictamen.
Consideraciones
Primera. La Comisión de Seguridad Pública realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la presente proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar y dilucidar el presente Dictamen
Segunda. Este punto de acuerdo se sustenta en el cumplimiento a los artículos 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Ley de Planeación, que a la letra dicen:
“Artículo 26.
”A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.
”Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal.
...”
“Artículo 12. Los aspectos de la Planeación Nacional del Desarrollo que correspondan a las dependencias y entidades de la administración pública federal se llevarán a cabo, en los términos de esta ley, mediante el Sistema Nacional de Planeación Democrática.
“Las dependencias y entidades de la administración pública federal formarán parte del Sistema, a través de las unidades administrativas que tengan asignadas las funciones de planeación dentro de las propias dependencias y entidades.”
Toda vez que el Gobierno Federal elabora el Plan Nacional de Desarrollo con la finalidad es establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la Administración correspondiente debe regir la acción del gobierno. Este plan nacional representa en sí el compromiso que el Gobierno Federal establece con los ciudadanos, permitiéndole rendir cuentas para ejercer un buen gobierno de tal forma que los objetivos, prioridades y políticas se ejerzan en base al buen desempeño de sus actividades.
Por tanto se debe tener en claro que el Plan Nacional de Desarrollo es la base para que los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales se diseñen y ejecuten bajo un proceso que permita la adecuada toma de decisiones y a su vez atender los desafíos que demanda la sociedad como son: el estado de derecho y la seguridad, la democracia efectiva y política exterior responsable, entre otros.
Tercera. Para que el Gobierno cumpla con su responsabilidad de dar respuesta a sus demandas y expectativas, es preciso aludir que en el año 2000 el Ejecutivo desarrolló acciones que permitieran gozar de un buen gobierno a fin de ser capaz de transformar radicalmente los esquemas tradicionales de la gestión pública.
Este proceso de transformación se ha cimentado en una mejora gradual de la procuración de los servicios públicos y urbanos, y continúa impulsando políticas gubernamentales donde de forma constante se somete a una rigurosa rendición de cuentas, no sólo en lo que se refiere al uso honesto y transparente de los recursos, sino también a la eficiencia y calidad con que se utilizan, es decir también en el desempeño y actuación de los funcionarios y servidores públicos.
Tal situación permite al gobierno en sus tres órdenes fijar prioridades sociales e invertir eficientemente sus recursos; además de ser un régimen ágil y flexible capaz de captar las oportunidades, atender los problemas y adecuarse a las circunstancias rápida y eficazmente.
Cuarta. El buen gobierno es un proceso que se trabaja bajo el modelo de innovación y calidad, el cual contempla entre otros aspectos la mejora de procesos y la calidad de la acción pública, es decir:
a. Consolidar una cultura de calidad en el servicio público.
b. Lograr una administración pública federal íntegra y transparente.
c. Rendir cuentas y resultados en forma sistemática.
d. Impulsar el ahorro y aprovechamiento de los recursos.
e. Unificar un sentido de mejora continua, innovación y competitividad en la gestión de las dependencias y entidades del gobierno federal.
Quinta. Bajo los considerandos anteriores debemos tener en cuenta que el modelo de innovación y calidad trae consigo el concepto de medición del desempeño como una herramienta que implica la utilización de indicadores que revelen el cumplimiento de las metas de una institución. Es decir, medir la efectividad y la eficacia de la gestión administrativa.
Por ello en la administración pública federal los indicadores de desempeño nos muestran el grado en que los factores, procesos y/o procedimientos satisfacen las expectativas y necesidades de los ciudadanos respecto de los productos y/o servicios que proporciona, como es la seguridad pública, ofreciéndonos así una instrumento para elevar su calidad.
Como podemos observar los indicadores son cuantificaciones útiles para la toma acertada de decisiones que impactarán la gestión de toda institución, esto significa que son parte dentro los programas sectoriales y consecuentemente son de observancia al Plan Nacional de Desarrollo.
Por tanto el establecimiento de tales indicadores involucra a los actores de la gestión administrativa, implica el establecimiento de parámetros de comparación con otras entidades y, obedece a las metas que la organización se traza para su cumplimiento así también a los valores que claramente ha definido y compartido.
Sexta. En este contexto y observando lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 9o. de la Ley de Planeación, que cita:
“Artículo 9o. Las dependencias de la administración pública centralizada deberán...
”...
”El Ejecutivo federal establecerá un Sistema de Evaluación y Compensación por el Desempeño para medir los avances de las dependencias de la administración pública federal centralizada en el logro de los objetivos y metas del Plan y de los programas sectoriales que se hayan comprometido a alcanzar anualmente y para compensar y estimular el buen desempeño de las unidades administrativas y de los servidores públicos.”
Con ello se infiere que todo recurso económico y/o material de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrará con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados y para ello será indispensable el establecimiento de mediciones de desempeño con el objeto de evaluar los resultados que se deriven de la óptima administración de los recursos asignados.
Séptima. En cuanto al plan “Iniciativa Mérida” debemos señalar que es un proyecto de cooperación bilateral, entre México y Estados Unidos de América, cuyos propósitos son dotar a México de las habilidades técnicas y de asistencia para: la profesionalización de la policía, la reforma judicial y penitenciaria, el reforzamiento de las tecnologías de información, el desarrollo de su infraestructura, la seguridad fronteriza y el fomento de una cultura de legalidad, el cual fue propuesto por México para promover la cooperación con base en los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua y el respeto a: los derechos humanos, la jurisdicción de cada país y los principios de política exterior como la soberanía y la no intervención.
Este proyecto se funda en instrumentos jurídicos bilaterales y multilaterales como son: el Acuerdo México-Estados Unidos sobre Cooperación para Combatir el Narcotráfico y la Farmacodependencia de 1989; la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988; la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 (Convención de Palermo).
Así también, que contempla únicamente el financiamiento en especie por USD $1,600’000,000.00 (un mil seiscientos millones de dólares) y su alcance radica en:
a. Compromisos de acción de cada uno de los gobiernos en su respectivo territorio.
b. Ampliación de las acciones, tácticas y estrategias de cooperación bilateral para robustecer e incrementar los esfuerzos internos de procuración de justicia en ambas naciones, así como de combate al narcotráfico y al crimen organizado.
c. Transferencias de equipo, tecnología y capacitación para México, las cuales fueron definidas por las dependencias del Gobierno Federal con el fin de incrementar sus capacidades para enfrentar a la delincuencia organizada, todo ello conforme a las normas de transparencia y rendición de cuentas correspondientes en ambos países.
d. Y adicionalmente la asignación de USD $50’000,000.00 en especie para algunos países de Centroamérica a fin de fortalecer la seguridad en la región.
Para lograr estos propósitos circunscribe 25 programas:
1. Apoyo a ONG de derechos humanos, sociedad civil, escuelas de derecho y barras de abogados
1.1. Se apoyará con intercambios de experiencias entre escuelas y facultades de derecho y las barras de abogados de México y EU;
1.2. Se brindará capacitación a ONG y asociaciones de la sociedad civil sobre las reformas judiciales, así como sobre las diferentes leyes internacionales, regionales y nacionales de protección de los derechos humanos.
2. Apoyo para la modernización técnica de la Unidad de Inteligencia Financiera
2.1. El programa brindará asistencia para que los equipos y programas informáticos respondan de manera más efectiva ante la naturaleza evolutiva del lavado de dinero.
3. Asistencia técnica en administración de prisiones
3.1. Se auxiliará a la SSP a mejorar la capacidad del sistema penitenciario.
3.2. Se capacitará a todos los niveles de la administración: los funcionarios de correccionales y el personal de apoyo.
4. Asistencia técnica para la conservación de evidencia y confiscación de activos
4.1. Se brindará capacitación para funcionarios de procuración de justicia sobre nuevos procedimientos judiciales; entre otros:
4.1.1. Aseguramiento de la escena del delito.
4.1.2. Preservación de la evidencia.
5. Asistencia técnica para programas de protección de víctimas y testigos, programa de trata de personas
5.1. Se apoyará a las procuradurías de justicia y otras instituciones encargadas del cumplimiento de la ley en el desarrollo de programas efectivos a nivel estatal y federal para:
5.1.1. La protección y seguridad de testigos y víctimas.
5.1.2. La prevención y persecución del delito de trata de personas.
6. Asistencia técnica para rescate de migrantes en situación de riesgo
6.1. Se apoyará al INAMI con equipo de telecomunicaciones y de búsqueda y rescate para auxiliar a las autoridades mexicanas en operaciones a lo largo de la frontera sur de México.
7. Avión Casa CN235
7.1. Para vigilancia marítima de Secretaría de Marina.
8. Capacitación e intercambio de experiencias en materia de extradiciones
8.1. Se enfocará en fortalecer capacidades de los ministerios públicos y otros funcionarios mexicanos del sector judicial en la especialización legal de la extradición internacional.
9. Capacitación en materia de derechos humanos
9.1. Se apoyará la capacitación a la policía, ministerios públicos y otros funcionarios para aplicar los estándares aceptados internacionalmente y las leyes mexicanas sobre derechos humanos.
10. Equipo de protección personal y seguridad para personal de procuración de justicia
10.1. Se contribuirá al mejoramiento la protección del personal de la policía y de los fiscales, proporcionándoles el equipo de seguridad, que incluirá:
10.1.1. Vehículos blindados.
10.1.2. Chalecos anti-balas.
10.1.3. Equipo de radiocomunicación.
11. Equipos para inspección no intrusiva y entrenamiento canino
11.1. Las dependencias participantes recibirán:
11.1.1. Unidades móviles de inspección no invasiva.
11.1.2. Entrenamiento para equipos caninos para detección de armas, explosivos, drogas y precursores químicos.
12. Expansión del programa Cultura de la Legalidad
12.1. Se llevará a cabo el desarrollo de las herramientas y condiciones necesarias para que la sociedad mexicana se vincule efectivamente con las instancias de procuración de justicia.
13. Fortalecimiento de acciones para el control de la demanda de drogas ilícitas
13.1. Se apoyará la expansión de la Red Nacional de Transferencia de Tecnología en Adicciones que permitirá que el Consejo Nacional contra las Adicciones desarrolle una campaña efectiva a nivel nacional contra las adicciones.
14. Fortalecimiento de los órganos de control interno
14.1. Se brindará asistencia técnica y equipo informático para desarrollar programas que desalienten las malas prácticas y abusos dentro de las dependencias participantes.
15. Fortalecimiento de programas de control de confianza
15.1. Se proporcionará equipo y capacitación para verificar la integridad de los funcionarios públicos involucrados en la lucha contra la delincuencia organizada, tanto en el proceso de reclutamiento como en el ejercicio de sus funciones.
16. Fortalecimiento de programas de profesionalización policíaca y Registro Nacional de Policía.
16.1. Se contribuirá al fortalecimiento de procedimientos para: el reclutamiento básico y la capacitación investigadora especializada.
16.2. Se dará asistencia técnica que ayudará a que las unidades investigadoras desarrollen procedimientos estándar de operación.
16.3. Se proporcionará al Registro Nacional de Policías equipo adicional para capturar y sistematizar datos.
17. Fortalecimiento de unidades especializadas contra delincuencia organizada.
17.1. Se encaminará a asegurar que las unidades especializadas de las dependencias comprometidas en la lucha contra el narcotráfico reciban capacitación profesional.
17.2. Se enfocará a proveer de equipo como sistemas de comunicaciones y de protección personal.
18. Fortalecimiento de consejos de participación ciudadana
18.1. Se fortalecerán acciones del gobierno de México en torno a la transparencia en la función pública, mediante asistencia técnica.
19. Fortalecimiento institucional y Estado de derecho
19.1. Se brindará asistencia técnica para institucionalizar programas de educación sobre el estado de derecho, así como el fortalecimiento institucional.
20. Helicópteros Bell-412
20.1. Para transporte de personal de SEDENA.
21. Helicópteros UH-60
21.1. Para transporte de personal policial de la SSP.
22. Modernización de sistemas de inspección postal de Sepomex
22.1. Se fortalecerá la capacidad de inspección con tecnología no intrusiva, equipo de seguridad y detección en varias instalaciones postales.
23. Modernización de sistemas informáticos y laboratorios periciales
23.1. Se contribuirá a modernizar las capacidades de la PGR y de la SSP en cuestiones periciales conforme a sus responsabilidades legales de investigación de delitos.
24. Perfeccionamiento de capacidades de investigación
24.1. Se apoyarán los esfuerzos de investigación mediante tecnología, sistemas operativos y capacitación técnica.
25. Solución alternativa de conflictos
25.1. Se brindará capacitación y soporte técnico a funcionarios, así como a las ONG para expandir el uso de resoluciones alternativas previas al juicio, tales como la negociación de reconocimiento de culpabilidad, mediación y justicia restaurativa.
Como se puede advertir éstos programas son parametrizables en cuanto a su impacto en el ámbito de la seguridad pública.
Por lo que esta comisión dictaminadora considera que la sugerencia planteada por la proponente resulta viable para fortalecer el criterio del gobierno federal respecto del buen gobierno y asegurar que crezca la confianza de la ciudadanía en su gobierno y en las leyes, en la actuación íntegra y transparente de sus autoridades e instituciones, así como en su objeto de avalar la adecuada utilización de los recursos, sin menoscabo de todo que su contexto se deriva de la responsabilidad compartida entre Estados Unidos de América y México para garantizar la seguridad pública.
Con base a lo expuesto y fundado, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Publica reconocen y concluyen que es procedente aprobar en sentido positivo el presente punto de acuerdo, por lo que someten a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a implantar indicadores de desempeño en la aplicación de la Iniciativa Mérida para lograr los objetivos de ésta.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 01 de junio de 2010.
La Comisión de Seguridad Pública
Diputados: José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinoza (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Alejandro Gertz Manero, Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Víctor Hugo Círigo (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica en contra), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Omar Fayad Meneses (rúbrica), Jorge Fernando Franco Vargas, Luis Alejandro Guevara Cobos, Aarón Irízar López (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Camilo Ramírez Puente, Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado.
De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a incluir Jalpan de Serra, Querétaro, en el programa Pueblos Mágicos
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Turismo de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a promover la inclusión de Jalpan de Serra, Querétaro, en el programa Pueblos Mágicos suscrita por el diputado Miguel Martínez Peñaloza integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, inciso e) y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:
Antecedentes
I. Con fecha 28 de abril de 2010 el diputado Miguel Martínez Peñaloza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sectur a incluir Jalpan de Serra, Querétaro, en el programa Pueblos Mágicos.
II . En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes.
Consideraciones
I. El presente dictamen tiene por objeto atender la solicitud del diputado Miguel Martínez Peñaloza, quien manifiesta en su punto de acuerdo el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a que en ámbito de colaboración entre los poderes, y en ejercicio de su competencia, incluya al municipio de Jalpan de Serra, Querétaro, al programa Pueblos Mágicos, con la participación y consulta que corresponda a la Comisión Nacional de Pueblos Mágicos, con la finalidad de fortalecer el desarrollo cultural y económico de sus habitantes.
En virtud de lo anterior el diputado promovente, Miguel Martínez Peñaloza, propone los siguientes:
Resolutivos
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Turismo a incluir al municipio de Jalpan de Serra, perteneciente al estado de Querétaro, en el programa de Pueblos Mágicos.
Segundo . Se exhorta al gobierno del estado de Querétaro y al municipio de Jalpan de Serra, para que realicen los trámites y acciones necesarias, para que se incorpore este último al programa de Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo.
II. La comisión legislativa que elabora el presente dictamen procede a elaborar el siguiente análisis.
Toda vez que el programa Pueblos Mágicos, contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. Más que un rescate, es un reconocimiento a quienes habitan esos lugares de la geografía mexicana y han sabido guardar para todos, la riqueza cultural e histórica que encierran.
Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin “magia”, que emana en cada una de sus manifestaciones socio-culturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico, para lo cual serán consideradas aquellas localidades que cuenten con una población base de 20 mil habitantes.
Asimismo, la localidad deberá ubicarse en una distancia no superior a los 200 Km., o el equivalente a 2 horas de distancia vía terrestre, a partir de un destino turístico consolidado o bien de una población considerada como mercado emisor.
Cumpliendo los requisitos señalados por las reglas de operación aprobadas por la Secretaría de Turismo, el estado deberá de presentar la solicitud ante el pleno del Comité Interinstitucional de Evaluación y Selección para en su caso dictamine la conducente.
Por lo anterior, esta comisión realiza el siguiente análisis:
El municipio de Jalpan de Serra tiene un origen prehispánico debido a la existencia de ruinas arqueológicas de importancia en los alrededores, así como por el testimonio de misioneros franciscanos, peculiarmente de fray Junípero Serra, a quien se le considera colonizador y pacificador de los indios pames, que habitaban y dominaban la región desde antes del siglo XIII.
Jalpan, es una palabra de origen náhuatl que significa “lugar sobre arena”, se deriva de la palabra xall que significa arena, y pan que significa sobre.
El municipio de Jalpan de Serra se localiza en la parte norte del estado de Querétaro, entre las coordenadas geográficas: 21° 06’ y 21° 41’ de latitud norte y 99° 05’ y 99° 33’ de longitud oeste. Este municipio se ubica en la parte norte del estado de Querétaro, cuenta con una extensión territorial de 1, 185.11 km2; conformando el 10.14 por ciento del total estatal y es el segundo municipio del estado con mayor superficie; limita al norte con el estado de San Luis Potosí, al sur con los municipios queretanos de Pinal de Amoles y San Joaquín y con el estado de Hidalgo, al este colinda con el municipio de Landa de Matamoros y con el estado de San Luis Potosí, al oeste con los municipios de Arroyo Seco y Pinal de Amoles; además, su polígono municipal mantiene una forma diagonal con orientación noreste-suroeste.
Se divide en 4 delegaciones que se integran a su vez por 137 localidades o núcleos de población. Por su ubicación geográfica el municipio es considerado un centro de abastecimiento y de gran fluidez económica; ya que la cabecera municipal se ubica céntricamente entre los tres municipios que conforman parte de la región serrana (Pinal de Amoles, Arroyo Seco y Landa de Matamoros) y que se encuentran inmersos en el área natural protegida más ecodiversa del país denominada “Sierra Gorda”.
Durante la época prehispánica, para fines del siglo XV y principios del XVI habitaban en varias localidades del municipio, grupos de “matecos”, pertenecientes a la cultura mesoamericana del sur del área costeña, quienes compartieron fronteras y formas de vida con los pames; también se encuentran rastros de influencia azteca.
En los primeros tiempos de la era novohispana los pames sufren una relativa aculturación, al instalarse tribus de huastecos en la Sierra Gorda, existiendo algunas localidades como Tancama, Tancoyol y Tangojó.
En 1522 Hernán Cortés conquista la Huasteca entrando por Coxcatlán; al derrotar a los huastecos y habiendo sometido a Oxitipa, funda Santiesteban del Puerto en Pánuco, y da los repartimientos o encomiendas a sus soldados, adjudicándose para sí el Tatuin y Oxotipa; dependiendo de ésta última Jalpan, Tancoyol y otras poblaciones de la sierra.
En 1744 se funda Jalpan como misión franciscana dependiente del Colegio Apostólico de San Fernando con el apoyo de José Escandón, quien provocó la expulsión de los ermitaños de San Agustín, que habían atendido Jalpan desde 1557; sufriendo las rebeliones pames de 1569 y 1587, erigiéndola como misión en 1608.
Al consumarse la Independencia y de acuerdo a las modificaciones emanadas del Soberano Congreso Constituyente Mexicano, el primer Congreso de Querétaro, el 12 de agosto de 1825, dividió el territorio de Querétaro en 6 municipalidades de su capital (Jalpan): San José de los Amoles, San Pedro Escanela, Landa, Arroyo Seco y Nuestra Señora de Guadalupe Ahuacatlán.
En 1919 siendo electo gobernador del estado el C. Salvador Argain, Jalpan se convierte en municipio, siendo su presidente el C. Lucio Olvera.
Es de hacer mención que en el año 2000 su población era de 22,839 mostrando ser el 1.63 por ciento del total de la población del Querétaro, y en el año 2005 se tenía una población total de 22,025 mostrando ser el 1.38 por ciento; esto representa una disminución de 814 pobladores, por lo que su tasa de crecimiento medio anual entre 2000 y 2005 es del -0.7 por ciento. Lo cual significa que existe una tendencia descendente del crecimiento en forma paulatina a lo largo de 4 años.
El municipio se ha caracterizado por ser promotor del desarrollo económico sustentable, comprometido con el patrimonio natural, cultural e histórico regional.
En mérito de lo expuesto, la Comisión de Turismo, se permite someter a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:
Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo del estado de Querétaro, a presentar ante la Secretaría de Turismo del gobierno federal, la documentación que soporte y acredite a Jalpan de Serra al programa de Pueblos mágicos, a fin de dar cabal cumplimiento a las reglas de operación que marcan los criterios de incorporación al programa Pueblos Mágicos.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 7 de septiembre de 2010.
La Comisión de Turismo
Diputados: Carlos Manuel Joaquín González (rúbrica), presidente; Laura Arizmendi Campos (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Lizbeth García Coronado (rúbrica), Miguel Martínez Peñaloza (rúbrica), Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica), Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Víctor Manuel Báez Ceja (rúbrica), Gustavo Antonio Ortega Joaquín (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Noé Martín Vázquez Pérez (rúbrica), Miguel Ángel García Granados, secretarios; Juan Nicolás Callejas Arroyo, José Luis Iñiguez Gámez (rúbrica), Cecilia Arévalo Sosa (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Juan José Cuevas García (rúbrica), María del Pilar Torre Canales (rúbrica), José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), Alfonso Jesús Martínez Alcazar (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), José Ignacio Seara Sierra (rúbrica), Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez (rúbrica), Efraín Ernesto Aguilar Góngora (rúbrica).