Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Guerrero a expedir el decreto correspondiente para dotar de personalidad jurídica suficiente y facultar como institución de educación pública superior a la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, a cargo del diputado Domingo Rodríguez Martell, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Domingo Rodríguez Martell, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y de la Comisión de Asuntos Indígenas, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La creación de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (Unisur) tiene sus orígenes en el encuentro de educación intercultural celebrado en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, en 1999, donde se acordó entre los pueblos indígenas mixteco, amuzgo, nahua, afromexicanos y mestizos, así como con las autoridades municipales, académicos y organizaciones civiles, promover la instauración de una institución de educación superior para la formación de profesionales, intelectuales indígenas, afromexicanos y mestizos, con un profundo compromiso comunitario, partiendo desde la óptica de la cultura propia y visión del mundo de los pueblos originarios, que coadyuven a un desarrollo integral y sustentable de sus comunidades.
La Unisur cuenta con cuatro sedes académicas ubicadas en Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec; Xochistlahuca, municipio de Xochistlahuaca; Xalitla, municipio de Tepecoacuilco, y Cuajinicuilapa, municipio de Cuajinicuilapa.
Asimismo, la universidad opera con tres órganos colegiados de gobierno: el consejo intercultural; el patronato y el colegio académico. Cabe resaltar que las autoridades tradicionales de los cinco pueblos originarios están representadas en el consejo intercultural. Incluso, los directivos de la institución son elegidos por las comunidades donde se asientan los planteles.
Sin lugar a dudas, el modelo pedagógico corresponde al método transdisciplinar e intercultural, a través de una organización modular establecida en trimestres.
La Unisur ofrece tres licenciaturas: Desarrollo Comunitario Sustentable; Gobierno y Administración de Municipios y Territorios; e Historia, Lengua y Cultura. Estos programas buscan el fortalecimiento de los estudiantes en su propio contexto comunitario o regional, buscando que los egresados estén preparados para ejercer en esos mismos espacios sus conocimientos organizados, a fin de promover el desarrollo local y regional.
El respaldo comunitario de los pueblos originarios que tiene la universidad le da legitimidad y, además, la comunidad es la encargada de brindar hospedaje y alimentación para estudiantes y profesores durante los ciclos escolares en las cuatro sedes académicas, quienes también han proporcionado aulas sencillas donde actualmente se dan las clases, incluso las comunidades han donado los terrenos para construir los planteles en forma y que dicho sea de paso, ya se cuenta con el diseño y los proyectos para tales fines.
No cabe la menor duda, esta educación superior gestada desde abajo, salvaguarda lo establecido en el artículo 2o. constitucional, específicamente, lo estipulado en la fracción IV del apartado A, lo que significa una contribución a la preservación y enriquecimiento de las lenguas, conocimientos, cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas.
Asimismo, favorece a afianzar el derecho a la educación con pertenencia cultural, definiendo y desarrollando programas educativos con contenido regional y con conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas, tal como lo establece la fracción II del apartado B del artículo 2o. constitucional.
Ante tal situación, es urgente que el gobierno del estado de Guerrero reconozca a la Unisur como una institución pública de educación superior. Esta falta de reconocimiento trae como consecuencia la no validez de los estudios universitarios de más de 250 estudiantes.
En suma, esta situación de incertidumbre jurídica frena o limita iniciativas y convenios con organismos internacionales y nacionales en materia de investigación, infraestructura, docencia y proyectos comunitarios.
Ante ello, compañeras y compañeros legisladores, someto a su consideración la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Guerrero a dictar de manera pronta y expedita el decreto correspondiente para que se dote de personalidad jurídica amplia y suficiente facultando como Institución de Educación Pública Superior a la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (Unisur), a fin de garantizar la educación de los pueblos originarios de la entidad federativa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2010.
Diputado Domingo Rodríguez Martell (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a rendir por la Conagua un informe detallado del estado que guardaban las presas de Nuevo León y Coahuila, particularmente la Venustiano Carranza, en el momento del embate del huracán Alex, suscrita por los diputados Fermín Montes Cavazos y Rogelio Cerda Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás normatividad aplicable, se somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
Sin duda alguna, los eventos del pasado primero de julio de 2010, generados con la llegada del huracán Alex, que impactó los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, es un tema que debe de llevar a los miembros de esta soberanía a hacer una serie de reflexiones puntuales sobre cómo prevenir y actuar frente a una catástrofe de la magnitud vivida como consecuencia del fenómeno meteorológico referido, y de manera particular, sobre el cómo evitar errores que aparentemente se cometen por falta de previsión y de instrumentos técnicos y materiales, causando graves daños a la población, su patrimonio y su actividad económica y social.
Los daños económicos que hoy tiene Nuevo León, según el último dato disponible, asciende a 16 mil 800 millones de pesos, sin incluir lo que corresponde a Tamaulipas y a Coahuila; han quedado lesionados el patrimonio y la forma de vida de cientos de miles de familias. Se afectaron los servicios de agua potable, de energía eléctrica, las vialidades urbanas, las carreteras, los caminos rurales y, en general, la vida cotidiana de la población.
Lo que llama poderosamente la atención es que por una mala decisión de la autoridad federal, la Comisión Nacional del Agua, en relación con los efectos de una tormenta de dimensiones sin precedente, se haya propiciado la inundación de una ciudad y afectado miles de hectáreas de cultivo que, al decir de sus habitantes, se debió a una decisión y acción tardía y a la evidente falta de mantenimiento de las compuertas de la presa Venustiano Carranza y, también, a la ausencia de técnicos capacitados y con experiencia en la toma de decisiones.
Las evidencias de que las compuertas de la presa Venustiano Carranza, situada en el municipio de Juárez, Coahuila, no pudieron ser operadas a tiempo, pues no contaban con los contrapesos correspondientes y el transformador estaba fuera de servicio, así como la presunta decisión tardía de la apertura de sus compuertas, ocasionaron la posterior inundación de la población de Anáhuac, Nuevo León, así como de miles de hectáreas de sembradíos y la muerte de cientos de animales de diferentes especies.
Es por eso, compañeras y compañeros legisladores, que debemos de estar muy atentos, para beneficio de la población, en esta temporada de huracanes (18 por el Atlántico y 12 por el Pacifico), para exigir al organismo federal responsable del tema, la Comisión Nacional del Agua, que informe y cumpla responsablemente con su tarea e informe a esta soberanía periódicamente de las acciones, medidas y prevenciones que frente a estos fenómenos se hayan tomado
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a rendir a esta soberanía los siguientes informes, a saber:
1. Informe en forma detallada el estado que guardaba la presa Venustiano Carranza al momento del impacto del huracán Alex, puntualizando el manejo de los volúmenes que entraron y salieron de la presa entre el 30 de junio y el 6 de julio de 2010, así como el estado de operación de las compuertas y el mantenimiento efectuado en éstas en los últimos 3 años.
2. Informe sobre el procedimiento y los tiempos que la Comisión Nacional del Agua empleará para resarcir los daños causados a los habitantes y a los productores agropecuarios del municipio de Anáhuac, Nuevo León.
3. Informe si a su leal saber y entender hubo algún manejo negligente en la operación de las compuertas de dicha presa por parte del personal técnico de esa dependencia.
4. Del manejo de las extracciones de agua de las presas el Cuchillo, Rodrigo Gómez (La Boca) y José López Portillo (Cerro Prieto).
Palacio Legislativo, a 23 de septiembre de 2010.
Diputados: Fermín Montes Cavazos, Rogelio Cerda Pérez (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud a ampliar el número de plazas correspondientes a residencias médicas en el trigésimo cuarto examen nacional de aspirantes a éstas; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a destinar mayores recursos al sector salud en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, a cargo del diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, Malco Ramírez Martínez y Marco Antonio García Ayala, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 a 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por los que se exhorta a la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud a ampliar el número de plazas para residencias médicas en el trigésimo cuarto examen nacional de aspirantes a residencias médicas; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 mayores recursos para el sector salud a fin de sustentar presupuestalmente esas plazas adicionales, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 26 de febrero de 2010, la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) aprobó la convocatoria correspondiente a 2010 para llevar a cabo el trigésimo cuarto examen nacional para aspirantes a residencias médicas.
Por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de octubre de 1983, se creó la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud la cual, a través del Comité de Enseñanza de Posgrado y Educación Continua, coordina todo lo relativo a la formación de médicos especialistas.
La CIFRHS está integrada por las Secretarías de Salud, de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. También participan la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, con la representación de la Secretaría General Ejecutiva, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y las regiones respectivas a través de las Universidades de Guadalajara, Veracruzana, Autónoma de Nuevo León, Autónoma de Baja California, Benemérita Autónoma de Puebla y Autónoma de Yucatán, las Academias Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, la Asociación Nacional de Hospitales Privados, y los servicios médicos de Petróleos Mexicanos, así como la Dirección General de Sanidad Militar y la Dirección General de Educación Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Escuela Médico Naval y los Servicios Médicos de la Secretaría de Marina Armada de México.
Para cumplir el proceso de formación de médicos especialistas es necesario contar con elementos sustantivos que garanticen una elevada calidad en su preparación y por ello fue diseñado el examen nacional de aspirantes a residencias médicas, el cual ha sido criticado porque se filtra, aparentemente es vendido, y con ello son defraudadas muchas personas que aspiran a ocupar un espacio como residentes médicos. Basta recordar el escándalo que se suscitó en 2007 cuando tuvo que ser suspendido el examen y se tomaron medidas adicionales para blindar su elaboración y aplicación.
El examen nacional de aspirantes a residencias médicas es un instrumento de medición de conocimientos de medicina general, que constituye la primera etapa del proceso para ingresar en el sistema nacional de residencias médicas.
Este año se sometieron a concurso 6 mil 500 plazas de residencia médica. Sin embargo, aplicaron el examen 23 mil 121 aspirantes. De los médicos inscritos, 98 por ciento proviene de 79 escuelas y facultades del país y el resto de 15 países, sobre todo de Colombia y Bolivia. Entre ellos, 115 provienen de escuelas militares. Sin embargo, independientemente de su capacidad, 72 por ciento de los aspirantes quedará fuera.
Lo anterior resulta paradójico porque la demanda de médicos especialistas es creciente. Sin embargo, la mayoría está centralizada en las ciudades capitales, dejando de lado las zonas rurales del país.
En entrevista, la doctora Marcela González de Cossío Ortiz, directora general de Calidad y Educación de Salud de la Ssa federal, indicó que si la CIFRHS sólo abre 6 mil plazas para el estudio de especialidades médicas es porque ésa es la capacidad existente en los institutos nacionales de salud y hospitales acreditados para la formación de residentes. Sin embargo, la demanda para ingresar en el sistema nacional de residencias en México en lugar de disminuir ha incrementado. De acuerdo con los datos del CIFRHS, de 1995 a 2006 el número de aspirantes a ingresar en el Sistema Nacional de Residencias Médicas creció 246 por ciento; no obstante, la tendencia en el número de plazas no fue la misma: el aumento de éstas en el mismo periodo fue de 146 por ciento.
Una investigación realizada por Margarita Vega, periodista de Reforma, y publicada el 6 de junio de 2010 refiere: “Si los médicos generales en México son pocos, los especialistas brillan por su ausencia”. Añade que la Secretaría de Salud reconoce que los médicos con alguna especialidad son insuficientes, se concentran sólo en cuatro áreas y están mal distribuidos en el país.
De acuerdo con la Dirección General de Información en Salud de la dependencia federal, en México hay 159 mil 949 médicos en contacto con pacientes –incluidos los que están en formación–, lo cual representa una relación de 1.4 galenos por cada mil habitantes, menos de la mitad del promedio que recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que asciende a 3 médicos por cada mil habitantes. De ellos, se estima que 73 mil 987 tienen alguna especialidad, lo que representa 7 médicos especialistas por cada mil habitantes.
El promedio de la OCDE es de 1.8 a escala estatal, la proporción en Chiapas es de 0.3 especialistas por cada mil habitantes, en Oaxaca de 0.4 y en Guerrero, Puebla y México de 0.5. Aunque la mayor parte de los médicos graduados han elegido una especialidad, 40 por ciento se concentra en cuatro áreas: ginecología y obstetricia, pediatría, medicina interna y cirugía. Actualmente, hay 8 mil 421 ginecólogos y 8 mil 591 pediatras, y apenas 919 psiquiatras, 653 urólogos, 382 ortopedistas o 260 endocrinólogos, por citar algunos ejemplos.
Las carencias también se reflejan a escala estatal. Colima, Nayarit y Zacatecas no tienen ningún ortopedista; Quintana Roo e Hidalgo carecen de endocrinólogos; en Baja California Sur, Campeche, Querétaro y Tlaxcala hay menos de siete urólogos para atender a todos sus habitantes. El resto de las especialidades, como oncología, cardiología y epidemiología, son menos elegidas por los estudiantes de medicina. Fin de la cita.
En el país hay un problema de distribución a escala regional, ya que los médicos suelen concentrarse en los grandes centros urbanos. Hay una iniquidad fuerte entre áreas urbanas y rurales, particularmente de los médicos especialistas que comparten mucho la consulta entre la institución pública y la consulta privada. Para ellos, la privada es el espacio donde obtienen sus recursos financieros mayoritariamente, y en áreas urbanas van a tener una población capaz de pagar las tarifas que cobran, indicó el funcionario. “Hay una experiencia interesante de los hospitales de alta especialidad de la Secretaría de Salud. Muchos de ellos están organizados para ofertar servicios de alta complejidad clínica y están equipados para hacerlo, pero tienen un gran talón de Aquiles: no tienen personal especializado, por ejemplo, en Tapachula y Oaxaca”.
En mayo pasado, Jesús Nader, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas, declaró a los medios de comunicación que por una gestión realizada ante autoridades de nivel central del IMSS se autorizó a la delegación regional Tamaulipas la contratación de médicos especialistas jubilados para fortalecer la plantilla en los siete hospitales de segundo nivel que operan en la delegación.
Nader señaló que, no obstante que en los dos últimos años se contrataron 148 nuevas plazas de trabajo de este tipo de médicos para los hospitales de la delegación, la cobertura de algunas especialidades sigue siendo un pendiente, pues hay un déficit nacional; es decir, “los médicos que egresan no alcanzan para satisfacer la demanda existente en el sector público de salud”.
Por otro lado, el periódico Observatorio Político, de Veracruz, publicó el miércoles 2 de junio de 2010: “Faltan especialistas en el ISSSTE. No hay médicos especialistas en el hospital del ISSSTE, denuncian derechohabientes, quienes aseguran que desde hace más de dos meses interpusieron su queja ante la dirección de la clínica y es momento en el que no han tenido una respuesta satisfactoria”.
”Los cientos de enfermos que acuden al hospital tienen que batallar para la atención especializada de sus padecimientos porque no hay médico especialista que los pueda atender, y si existe, como hay tantos pacientes, deben esperar mínimo un mes para conseguir su cita, y en algunos casos esta situación pueda generar al enfermo una complicación en su padecimiento o un desenlace fatal.
”Los mismos médicos, enfermeras y directora de la institución reconocen que la demanda de la atención medica tanto el inmueble, con toda y su rehabilitación, es rebasada.”
Francisco Espino Priego, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, indicó que el problema es añejo en la clínica y que lamentablemente la dirección general del ISSSTE a escala nacional nada ha querido hacer para solucionarlo. Ejemplos existen muchos más; sin embargo, por economía procesal no serán vertidos en la presente exposición.
La CIFRHS fue creada en 1983, con la consideración de
• Que el derecho de todos los mexicanos a la protección de la salud fue elevado a rango constitucional como una nueva garantía social, a fin de hacer efectivo el compromiso del Estado de extender los servicios de salud a todos los habitantes del país;
• Que para dar efectividad a la nueva garantía social se requiere ampliar la oferta de servicios adecuados para la atención de la salud;
• Que la prestación eficaz y oportuna de los servicios de salud se basa en gran medida en la formación y disponibilidad de recursos humanos debidamente capacitados;
• Que se requiere propiciar la adecuada formación de los recursos humanos para la salud.
Tiene entre sus facultades
• Promover acciones tendentes a lograr una adecuada distribución de los recursos humanos en formación entre los diversos campos de la salud;
• Opinar sobre los requisitos para la apertura y el funcionamiento de instituciones abocadas a la formación de recursos humanos para la salud, en los diferentes niveles académicos;
La Ley General de Salud establece en el artículo 90:
Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades educativas en la materia y en coordinación con éstas:
I. Promover actividades tendientes a la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos que se requieran para la satisfacción de las necesidades del país en materia de salud;
II. Apoyar la creación de centros de capacitación y actualización de los recursos humanos para la salud;
Los promoventes manifestamos que no podemos ser indolentes e insensibles ante esta realidad tan aterradora en el país. Aumentan los índices de morbimortalidad por falta de especialistas en zonas marginadas o rurales.
Por lo anterior planteamos que se incrementen mil plazas para residentes médicos que serán publicadas el 10 de octubre del año en curso y que comenzarán su residencia en febrero del próximo año. Este incremento no afectaría sustantivamente el Presupuesto de Egresos, toda vez que un residente de primer año gana 11 mil 903 pesos mensuales, generando un presupuesto adicional de 144 millones de pesos.
Además, al aumentar el número de médicos con especialidades nos colocaremos en estándares internacionales como los que establece la OCDE y ayudaremos a cumplir los Objetivos del Milenio, entre otros instrumentos internacionales que México ha firmado y que nos obligamos a cumplir.
El gobierno federal, los gobiernos locales, la Cámara de Diputados y la iniciativa privada debemos hacer un esfuerzo extraordinario por dotar de mayores recursos para crear plazas de residentes médicos, pues están en juego la salud y el respeto de la dignidad de miles de mexicanos. Ésta debe ser una responsabilidad compartida entre todos.
Por lo expuesto, se somete a su consideración la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud a que con base en las facultades que le confieren la Ley General de Salud, el decreto que la crea y su reglamento, amplíe a mil plazas adicionales del trigésimo cuarto concurso del examen nacional de aspirantes a residencias médicas y que se informen en conjunto con las 6 mil 500 que ya se tenían previstas el 10 de octubre del presente año.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para sustentar presupuestalmente las plazas que serán ampliadas por el CIFRHS en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2010.
Diputados: Malco Ramírez Martínez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a realizar acciones y establecer procedimientos para prevenir que las líneas aéreas comerciales apliquen sobreprecio a las tarifas por las dificultades económicas de la Empresa Mexicana de Aviación y sus filiales, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo
Quien suscribe, María de la Paz Quiñones Cornejo, diputada federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 43, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al licenciado Juan Francisco Molinar Horcasitas, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a realizar las acciones y mecanismos necesarios, ejerciendo las atribuciones de la secretaría, a fin de prevenir que las líneas aéreas comérciales apliquen sobreprecio a las tarifas con motivo de las dificultades económicas de Mexicana y sus filiales, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Como todos sabemos, la línea aérea Mexicana de Aviación está teniendo serios problemas de operación. Dicha línea enfrenta en este momento un juicio mercantil que pone en riesgo su permanencia en el mercado; en ésta misma problemática, se encuentran sus filiales con las cuales se cubrían las necesidades de transportación aérea nacional e internacional.
Lo anterior, es un problema muy serio, porque pone en riesgo un sector estratégico del país y una de las empresas emblemáticas, y más allá de ello, histórica.
Por lo anterior, el futuro de los trabajadores es incierto, más aun la adecuada transportación de millones de personas y sobre todo, que merma los ingresos a las arcas del país, ya que es una de las empresas que generaba recursos a los diversos sectores productivos del país; los sectores más afectados son a todas luces el turismo, los comercios y el transporte de mercancías.
En este sentido, es importante la intervención del Ejecutivo a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que ésta, tome las medidas necesarias para solucionar el conflicto y garantizar la permanencia y operatividad de dicha empresa estratégica en el desarrollo nacional.
En el marco de sus atribuciones, la SCT tiene la obligación de consolidar las áreas estratégicas en la materia y garantizar los medios necesarios para que el transporte de personas y mercancías, se mantenga en niveles óptimos, lo que implica, que pese a las dificultades que vive actualmente Mexicana, evite que se cobren con ese pretexto sobreprecios o se pretenda aplicar un aumento considerado en el precio de las tarifas comerciales; así como que se inicie una política de sobre venta que puede dejar a muchos pasajeros en tierra.
Al respecto, el subsecretario de la institución, aclaró que durante el periodo de vacaciones, las aerolíneas aumentan las tarifas por la temporada, pero entre agosto y septiembre, nuevamente, tienden a bajar, esto debido a la disminución en la demanda, por lo que, la situación actual del país obliga a que se cumpla una política estable en los precios, ya que tiene fundamento en las facultades de la institución.
Los funcionarios de la institución han declarado en diversas ocasiones que se “aseguraran que siga existiendo la competencia adecuada y que se mantendrán los precios”.
Si bien no se trata de afectar al mercado, la institución sí tiene el deber de que no se distorsione y se cumplan con las tarifas registradas ante dicha Secretaría.
A pesar de mencionar que no controlan los precios, sí tienen la facultad de obligarlas a cumplir con parámetros de distancia, tiempo, características del servicio y comparaciones internacionales, por mencionar sólo algunas.
Lo anterior, en congruencia, al derecho de transito consagrado en el artículo 11 de nuestra Carta Magna.
Incluso como parte de los ejes rectores de la Secretaría, encontramos que el Estado tiene la obligación de emitir los instrumentos jurídicos que normen las actividades económicas y sociales de los particulares, cuyo objetivo es garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados y generar el máximo beneficio para la sociedad.
Sin embargo, es posible que no toda la regulación responda a los fines deseables, pese a ello, si no se ejercen las facultades de manera adecuada, dicha situación, puede traducirse en mayores costos para la sociedad, barreras a la inversión y al comercio. En otras palabras, pérdida de competitividad.
Por lo que la mejora regulatoria es un conjunto de acciones que debe realizar el gobierno para mejorar la manera en que norma las actividades del sector privado y de la sociedad en su conjunto.
En consecuencia, la mejora regulatoria no se limita a desregular procesos burocráticos, también construye y actualiza el marco jurídico para subsanar vacíos, mejorar procesos y reformar la regulación vigente, sin que la intervención del gobierno sea excesiva, ineficiente o responda a intereses particulares, esa es la enseñanza de la falta de instrumentos para solucionar la problemática de Mexicana de Aviación.
En este orden de ideas, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al licenciado Juan Francisco Molinar Horcasitas, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a ejercer sus facultades para realizar las acciones y mecanismos necesarios, a fin de prevenir que líneas aéreas comérciales apliquen sobreprecio a las tarifas con motivo de las dificultades económicas de la empresa Mexicana de Aviación y sus filiales.
Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 21 de septiembre del año dos mil diez.
Diputada María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobierno de Baja California un informe detallado respecto a las condiciones en que se encuentran los jornaleros sobrevivientes del percance carretero ocurrido el 1 de septiembre en La Rumorosa, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del PRI
Con demasiada frecuencia se ha tenido noticias, que muchas veces se pierden ante la indiferencia, sobre accidentes donde mueren humildes jornaleros agrícolas trasladados hacia sus lugares de trabajo en vehículos inadecuados, en malas condiciones y con pésimo mantenimiento.
Este inicio de mes nos trajo una noticia que tomó relevancia por el número de víctimas. Se trata de la muerte de 14 jornaleros y decenas de heridos, algunos de mucha gravedad, como resultado de la volcadura de uno de esos viejos autobuses que contratan los empleadores de los jornaleros para llevarlos a sus lugares de trabajo.
He pedido la palabra no sólo como legisladora, sino como oaxaqueña de la región mixteca, para referirme a ese muy lamentable accidente donde perdieron la vida mis paisanos. Lo hago para reclamar a las autoridades competentes mayor atención y vigilancia sobre las pésimas condiciones laborales y de vida a las que son sometidos los jornaleros agrícolas de nuestro país, muchos de ellos mujeres y niños, sin duda los pobres entre los pobres de nuestra patria.
Son humildes campesinos que están en el jornalerismo trashumante, porque no tienen otro destino más que vender su fuerza de trabajo, pues sus tierras son tan menguadas que no les sirven siquiera para subsistir.
Cada año, al valle de San Quintín, de Ensenada, Baja California, llegan alrededor de 40 mil jornaleros a emplearse en el cultivo de hortalizas, como tomate, pepino, calabaza, coliflor, brócoli y fresa. Su cercanía con Estados Unidos y el bajísimo costo de la mano de obra hacen que las empresas agroexportadoras instaladas en la zona sean de las más competitivas y prósperas del mundo.
Esta prosperidad, sin embargo, no se compadece con la dramática realidad de las familias enteras que se emplean como jornaleros agrícolas, marcando un contraste violento e injusto. Están suficientemente documentadas sus difíciles condiciones de transportación, las insalubres condiciones de sus viviendas; los riesgos laborales que sufren al estar expuestos a agroquímicos prohibidos en otros países; el desgaste de las mujeres que deben realizar dobles y triples jornadas de trabajo; el rezago educativo de niños y adolescentes que deben elegir entre estudiar o ayudar a complementar el ingreso familiar.
Todo esto se sabe desde hace muchos años; sin embargo, las cosas siguen igual. Hay un programa de atención a jornaleros agrícolas de la Secretaría de Desarrollo Social que poco inciden en la vida de los jornaleros, por los escasos recursos que se le asigna. En esas condiciones, es necesario revisar la atención de los jornaleros en el seguro social; el respeto a los derechos laborales y revisar lo que se está haciendo para prevenir y evitar los accidentes causados por el deplorable estado del transporte.
Son ya varios los intentos en los que se ha buscado mejorar la legislación que proteja y apoye a estos humildes creadores de riqueza. Hoy tenemos información de que desde la comisión de asuntos laborales hay el empeño en impulsar una revisión integral de la Ley Federal del Trabajo para llenar sus vacíos y ampliar los beneficios que la ley pueda garantizar a los trabajadores, especialmente a los que, como los jornaleros agrícolas, están virtualmente desprotegidos.
Por estas consideraciones, me permito presentar los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Que por conducto de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se solicite al gobierno de Baja California un informe detallado sobre las condiciones en que se encuentran los 21 jornaleros sobrevivientes del percance carretero ocurrido en La Rumorosa el 1 de septiembre último, y si los deudos de los 14 muertos procedentes de la región mixteca fueron debidamente apoyados.
Segundo. Que se solicite a la delegación de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo un informe detallado de las condiciones en que viven y trabajan los jornaleros del valle de San Quintín, así como sobre la clase de vehículos con que los transportan.
Tercero. Que al discutir la nueva Ley del Trabajo se actualice el capítulo de los trabajadores del campo y se proteja a los asalariados del campo para que no vuelvan a ocurrir más accidentes como los que en forma recurrente afectan la vida de estos humildes mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre, 2010.
Diputada Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los grupos parlamentarios de esta soberanía a apoyar la propuesta de instaurar juicio político al titular de la STPS, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Ramón Jiménez López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 Y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo
Consideraciones
Nuestra historia se vuelve a llenar de sangre inocente.
El pasado 8 de septiembre de 2010, policías federales y estatales, así como cientos de esquiroles, irrumpieron en Cananea, Sonora para agredir a integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, cuyo saldo es de 8 mineros golpeados, 3 heridos de bala y 20 mineros “levantados”.
Las personas que violentan las leyes penales, encuentran a su paso la protección de los derechos humanos; pero los trabajadores en nuestro país son tratados peor que delincuentes, sin ninguna garantía. Con lo cual se deja a un lado, a la normativa que los protege; pero sobre todo el hecho indudable de que los trabajadores son la fuente de toda la riqueza en nuestro país, especialmente tratándose de los mineros que desarrollan un trabajo sumamente difícil, riesgoso y con una alta calificación.
De pronto pareciera que la mal llamada “guerra contra el narcotráfico”, es sólo una cortina de humo para desmantelar a las organizaciones populares y sus derechos, conseguidos como un producto de nuestra Revolución Mexicana, que ahora se gusta de festejar con huecos discursos e indignantes festividades.
El orquestador de todos estos desmanes contra de los trabajadores mexicanos, del cual es imposible esperar ninguna corrección, es el señor Javier Lozano Alarcón, cuyo deporte preferido es burlarse de nuestra Constitución General de la República y agredir a los trabajadores a los que debería tutelar frente a los abusos del capital. Por lo que es urgente que el señor Lozano sea sometido a un juicio político, con fundamento en los artículos 110 y 109 de nuestra Carta Magna, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Hay muchos mexicanos dignos de ocupar el cargo que este funcionario malamente ocupa. Pero a estas alturas, ya no basta que se le quite del cargo, sino que se le ponga ante la justicia para que dé cuenta de todos los delitos que ha cometido en contra de la clase trabajadora.
Antes ya se solicitó que el Ejecutivo federal removiera a este señor; se le solicitó directamente al señor Lozano que por un acto de mínima congruencia, renunciara; pero ambas peticiones han sido desoídas. En tal virtud, toca ahora a esta representación popular, hacer lo necesario para quitar a esta persona mediante un juicio político. Lo que resulta indispensable para que se aplique una nueva política laboral en nuestro país congruente con los derechos humanos.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta de manera respetuosa a todos los grupos parlamentarios de esta honorable Cámara de Diputados, para apoyar la propuesta de que se le instaure juicio político al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, con fundamento en los artículos 110 y 109 constitucionales, en relación con el artículo 7o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en sus fracciones I a III, y V a VII, en vista de la legalidad, el decoro nacional y la justicia social.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal y al gobernador del estado de Sonora, a que se investigue a fondo y se haga justicia sobre la agresión sufrida por los mineros de Cananea, el 8 de septiembre de 2010.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2010.
Diputado Ramón Jiménez López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el fomento de las artesanías, a cargo de la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, Magdalena Torres Abarca, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes
Consideraciones
México cuenta con una gran riqueza cultural que lo distingue, y de la cual debemos sentirnos profundamente orgullosos. Me refiero a la enorme riqueza de colores, olores, texturas y figuras plasmadas en una amplia diversidad de productos artesanales, elaborados con enorme trabajo, esmero y dedicación
Entre los diversos productos podemos encontrar hermosas artesanías elaboradas con piel, plata, oro, barro, telas, madera, ámbar. Procesadas en una gran cantidad de talleres dispersos a lo largo y ancho del territorio nacional, generando una actividad que representa un enorme potencial económico, en términos de empleo e ingresos para miles de mexicanos y sus familias.
Se calcula que en nuestro país asciende a 12 mil el número de pequeños talleres artesanales, con una estructura administrativa familiar.
Sin embargo, y no obstante su importancia, el sector enfrenta el riesgo de desaparecer, debido a las escasas oportunidades de financiamiento, capacitación, comercialización y modernización.
No obstante a que existen instituciones como Sedesol, Sedeco y Fonart, encargadas de atender al sector, persiste el deterioro de esta actividad. Su grave situación se expresa en la falta de datos oficiales del número total de artesanos en el país.
Enfrentan una competencia desleal con productos de origen chino o guatemalteco de mala calidad, que pretenden imitar las artesanías, cometiendo un doble atentado al plagiar sus diseños, producto de la creatividad de diferentes generaciones.
Los artesanos mexicanos requieren de acciones legislativas específicas, oportunas, efectivas y eficaces, que impulsen y promuevan las medidas de soporte institucional necesarias y suficientes para su reactivación. Para tal fin, es necesario un espacio de análisis, evaluación y discusión dentro de esta Cámara de Diputados, a fin de promover acciones legislativas para su fortalecimiento y desarrollo.
Por lo antes expuesto, acudo a esta tribuna apelando a su compromiso con los sectores más desprotegidos del país, solicitando su respaldo para la aprobación de una comisión especial de fomento a las artesanías.
Está en juego el empleo directo e indirecto de cerca de 7 millones de artesanos, que dependen de una actividad, que más allá de lo económico, nos otorga una identidad como país en el concierto de las naciones. Por lo anterior, presento el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados convoque a la integración de una comisión especial para el fomento de las artesanías.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2010
Diputada Magdalena Torres Abarca (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos destinados al Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos aportados por los ex trabajadores mexicanos braceros
Antecedentes
Como resultado de los trabajos realizados por esta soberanía en las legislaturas pasadas y la presente, podemos jactarnos de que el Poder Legislativo ha cumplido con los ex braceros de este país, reconociéndoles sus derechos, sobre todo actuando en consecuencia para que puedan disfrutar en vida de sus derechos ganados hace más de 50 años y que, sin embargo, apenas se les reconoció dicho derecho.
A partir de la creación de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos aportados por los ex trabajadores migratorios mexicanos en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, se ha mostrado que ha prevalecido un acuerdo entre todos sus integrantes para lograr los mejores compromisos en favor de los ex braceros.
Una muestra de ello: hicimos efectivo el acuerdo generado de la comisión para reformar la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
El acuerdo fue en aras de beneficiar a los ex braceros del país, que en promedio tienen 75 años (considerando que el programa Bracero inició en 1942 y terminó en 1964). Son ciudadanos que se dedicaron en su totalidad al campo y que hoy, dadas las condiciones difíciles de la economía, no pueden seguir esperando a que esos recursos, que por derecho les corresponde, lleguen hasta que el Ejecutivo muestre la voluntad de otorgarlos.
Por ello, el Legislativo planteó una solución de fondo, permitiendo mediante la reforma aprobada y con los recursos erogados en cada ejercicio fiscal que se atienda de una buena vez la demanda de los ex trabajadores.
En este año, que celebramos el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, damos cuenta de injusticias y luchas por derechos como las que vivieron nuestros antepasados, y vemos cómo los ex braceros quedan coartados por la falta de respuesta del Ejecutivo, que publica tardíamente el decreto aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, órganos que representan a la mayoría de los mexicanos.
Nuestra labor como diputados federales no termina con la aprobación de esta reforma: continúa en el momento de discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, pues al conocer el proyecto que nos envía el Ejecutivo, la propuesta sólo es de 300 millones, cantidad irrisoria que sólo permitiría pagar a 7 mil 849 ex braceros, y en la lista de espera se encuentran más de 150 mil
El mismo Ejecutivo ha estado cayendo en subejercicios en diversos programas y desafortunadamente este programa no es la excepción; por lo que se necesita que publiquen más listas de pago a fin de seguir ejerciendo los recursos que desde 2009 están en poder del Fideicomiso 2106.
A fin de que esta soberanía demuestre nuevamente al Ejecutivo la necesidad de que haga su trabajo y beneficie a quienes han dado tanto a este país presentamos las siguientes
Consideraciones
Con la reforma que inició en la Cámara de Diputados y que fue publicada el pasado viernes 10 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, por fin, después de cuatro meses de espera, esto de todos modos significa un gran avance respecto al problema de los ex braceros, y refleja el compromiso que mantenemos como representantes populares con el electorado. Sin embargo, la tarea que tenemos ahora es otorgar a las personas que se benefician de este programa los recursos económicos necesarios para que reciban de una buena vez su apoyo, que tanta falta les hace.
Los recursos aprobados por esta soberanía para 2007 fueron de 298.5 millones de pesos; para el ejercicio de 2008, 300 millones de pesos; para 2009, 700 millones de pesos; y para 2010, atendiendo la petición del Ejecutivo en razón del boquete fiscal generado por los problemas financieros internacionales que generaron un efecto en el país, aceptamos que se destinaran 300 millones de pesos, pero con la salvedad de que en la existencia de subejercicios de otros programas, estos recursos se destinarán a solucionar el asunto de los ex braceros.
Sin embargo, según el último informe que remite el Comité Técnico del Fideicomiso (CTF) 2106 a esta soberanía, a finales de junio se tenían disponibles más de 583 millones de pesos sin ejercer; y en la propuesta que nos envía el Ejecutivo en su paquete económico el pasado 8 de septiembre considera una partida de 300 millones de pesos. Parecería que el programa no necesita recursos; sin embargo, la situación de éste es otra.
Es preocupante que se haya publicado apenas el pasado 20 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación la lista 35, que contiene mil 150 ex braceros o sus familiares. Hablamos de personas que vienen desde el proceso de registro de 2005-2006 y que no habían cobrado un centavo de este apoyo. Para esta lista se aplicaron 43 millones 700 mil pesos; también, tenemos a miles de beneficiarios inscritos en la segunda parte del programa que se inscribieron por las reformas hechas a la ley por la anterior legislatura sólo recibiendo 4 mil pesos de un total de 38 mil, así como compatriotas radicados en Estados Unidos, quienes a través de los consulados entregaron los requisitos que marca la ley, hasta este momento ninguno de ellos ha sido apoyado por alguna cantidad económica a la cual tienen derecho.
Necesidades: Pagos de la segunda etapa, por 34 mil pesos. A la fecha en las listas 30 a 34 se han publicado 149 mil 20 ex braceros: 5 mil 66 millones 680 mil pesos.
Necesidades: Pagos pendientes a los ex braceros que radican en ciudades de Estados Unidos, 5 mil 89 personas, con 38 mil pesos; y gastos de operación del Fideicomiso 2106 (publicaciones): 193 millones 382 mil pesos.
Total de requerimientos: 5 mil 300 millones de pesos.
Fuente: Elaboración propia, con datos del CTF 2106.
Los más de 540 millones todavía sin ejercer por la Segob como entidad coordinadora del Fideicomiso 2106 representan un poco mas de 10 por ciento de los recursos necesarios para resolver de una buena vez el problema de los ex braceros. Si bien los requerimientos son de 5 mil 300 millones de pesos, pedimos a todos los presentes que hagan lo conducente desde sus espacios y con sus votos en la aprobación del dictamen de Presupuesto de Egresos para que en el próximo ejercicio fiscal a fin lograr que se eleve la cantidad de recursos para los ex braceros, ya sea tener los 5 mil 300 millones de pesos o al menos lograr recursos para apoyar a la mayor parte de los 150 mil ex braceros que esperan este beneficio.
Dadas las reformas hechas a la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para los ex Trabajadores Mexicanos Braceros, en el artículo octavo transitorio se instruye al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas para realizar un estudio del impacto presupuestal, a fin de otorgar a esta soberanía mayores elementos sobre los recursos necesarios para el programa. Por ello, la cifra puede ser aun mayor, debido a que si en futuro se abren nuevamente mesas receptoras de documentos ya que se agregó otro requisito como elemento probatorio para de haber sido ex bracero y, por tanto, obtener este derecho, así como otorgar el reconocimiento a las concubinas y legítimos herederos, por eso los diputados que promovemos este punto de acuerdo y con conocimiento de causa exponemos con datos las necesidades reales del programa y esperamos la ratificación del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Les pedimos que hagan conciencia y apoyen el punto de acuerdo.
Por lo expuesto, se someten a consideración de esta soberanía, como de obvia y urgente resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que considere la cantidad de 5 mil 300 millones de pesos para el Fondo de Apoyo Social para los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos para el ejercicio fiscal de 2011.
Segundo. Se solicita que la Secretaría de Gobernación no siga incurriendo en subejercicios y ejecute los recursos disponibles desde marzo de este año para el Fideicomiso 2106.
Dado en el salón de sesiones, a 28 de septiembre de 2010.
Diputados: María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica).
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas dependencias federales y estatales a coordinar programas y campañas de prevención y orientación para reubicar el grafiti, a cargo de la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En los setenta, surgió en Nueva York un movimiento juvenil denominado tager , que incorporó el break dance , el rap y los grafitis. Es el antecedente de los modernos grafiteros que además han estilizado y perfeccionado la forma de hacer sus graffitis, logrando en algunas ocasiones, verdaderas obras de arte.
Sin embargo, existe también el grafiti que deteriora la propiedad y promueve un ambiente compatible con el delito, este tipo de grafiti se ha convertido en uno de los problemas sociales que más molesta a la sociedad, pues además de la pésima imagen que representan, los dueños de casas y negocios tienen que sufragar gastos innecesarios, al igual que el gobierno federal, estatal y municipal ya que no se respetan edificios públicos ni monumentos históricos. Los jóvenes deben respetar el derecho de los demás, para que sea respetado su derecho a la libertad.
En México, la mayoría de los grafiteros provienen de barrios marginales, aunque no se desconoce el hecho de que también existen jóvenes de clase media que se dedican al grafiti, muchas veces forman grupos denominados Crew , que se distinguen porque dejan sus huellas por la ciudad con aerosoles y con una rúbrica denominada tag . No tienen base territorial y realizan grafitis por todos los lugares por los que transitan. Están en contra de la propiedad privada y consideran que las calles les pertenecen por ser espacios públicos.
En esta cultura juvenil se distinguen subdivisiones: los Owners , que son jóvenes que pintan de manera individual; los Sucios utilizan piedras de granito y rayan los vidrios del metro para garabatear sus nombres y firmas.
En nuestro país, las ciudades fronterizas fueron las primeras que comenzaron a tener este tipo de manifestaciones.
Considerado un fenómeno indeseable por muchos sectores sociales, los gobiernos de los tres niveles han emprendido diferentes acciones para erradicar el grafiti de las calles, y con ello recuperar la belleza y mantener limpias las ciudades. La cuestión es que el número de grafitis aumenta cada vez más, a pesar de las acciones que se han emprendido para disminuirlo.
A pesar de las prevenciones adoptadas, no se ha logrado controlar este fenómeno, y la creación de áreas para la expresión, no ataca de fondo la problemática, y mucho menos resuelve las necesidades de los jóvenes. Por el contrario, los alienta a continuar con estas prácticas; asimismo tampoco ayuda a controlar la situación el tipificar esta actividad en una ley, si no se hace valer, ni qué decir de la pintura con repelente que en este caso sólo es de utilidad para los afectados.
Es de señalarse que en la mayoría de las legislaciones penales de las entidades federativas, el grafiti está equiparado con el delito de daños, y sancionado con pena privativa de libertad que puede variar de tres meses a tres años, incluso hay legislaciones que contemplan diez años de prisión y multa pecuniaria estimando la reparación del daño.
Además en muchas de estas legislaciones existe la agravante cuando las manifestaciones de grafiti se realizan en bienes de carácter público o privado que hayan sido declaradas, por autoridades competentes, como acervo cultural.
Incluso, el Código Penal del Estado de Coahuila en su artículo 438 Bis, tipifica específicamente la figura de “grafito” como delito: “Se aplicará prisión de un mes a tres años de multa: A quien por cualquier modo, sin importar el material o instrumento que utilice y sin consentimiento de quien pueda darlo conforme a la ley: pinte, grabe, raye, riña o imprima palabras, dibujos, símbolos, manchones o figuras a un bien mueble o inmueble”.
En la mayor parte de los casos se trata de jóvenes que sólo requieren un poco de orientación y cuidado; muchos de ellos estudian secundaria, pero hay otro fracción que se ubica en el sector vandálico que sólo busca hacer daño y son a ellos a quienes también hay que detener, a través de los cuerpos policíacos.
En ese sentido cabe hacer mención al Programa de Fortalecimiento de la Cultura de la Legalidad y Prevención del Delito “Sensores Juveniles”, llevado a cabo por la Secretaria de Seguridad Publica federal en coordinación con diversos organismos e instituciones de las entidades federativas.
El Programa de Promoción de la Cultura de la Legalidad y Prevención del Delito fue creado para concienciar a la sociedad sobre los beneficios de actuar apegados a la legalidad. El programa de Sensores Juveniles capacita a ciudadanos entre los 18 y 28 años de edad para que puedan detectar conductas de riesgo, así como difundir acciones que coadyuven a la prevención del delito:
• Entre septiembre de 2008 y julio de 2009, se realizaron diversas actividades para promover una cultura de legalidad entre los jóvenes, en diferentes entidades del país:
Se presentó el programa a la comunidad educativa en diversas instituciones.
Se desarrollaron actividades de capacitación para la formación de sensores juveniles y de multiplicadores del programa en distintas ciudades e instituciones educativas.
Debido a las experiencias de éxito del programa “Sensores Juveniles”, durante mayo del 2009 se reestructuró y modificó su proceso de implementación, y por ende el contenido de los manuales para el sensor y el coordinador, además de guías de implementación del enlace de prevención y de la institución a cargo del programa.
De este ejemplo se desprende la necesidad de establecer de manera preventiva una política lineal desde los tres órdenes de gobierno a través de programas y campañas de prevención y orientación a través de distintas dependencias, como son la Secretaría de Seguridad Pública federal y estatal, las secretarias de Educación Pública de ambos niveles de gobierno, el Instituto Mexicano de la Juventud, así como los sistemas nacional, estatales y municipales de desarrollo integral de la familia.
Entre algunos de los objetivos de las campañas de prevención y orientación deben ir encaminadas a concienciar a los jóvenes que de acuerdo a los códigos penales vigentes, el grafiti se encuentra tipificado como delito, así como promover el cuidado de las áreas circunvecinas, para que padres, jóvenes y vecinos sean vigilantes de éstas, incitar en los jóvenes una cultura de respeto hacia las demás personas y prevenir prácticas vandálicas entre otros.
Entre el rango de los 14 a los 17 años se encuentran en la mayoría de los grafiteros detenidos, es decir, más del 70 por cierto de los infractores se encuentran en la etapa de la adolescencia por lo que, como ya se ha expuesto, se sugiere que los programas y acciones que implementen participe también el sector educativo.
El grafiti es un problema que ha crecido en nuestro país, agravar las penas no es la solución por sí sola. La solución está en la prevención y la orientación.
Con base en lo anteriormente expuesto, se presenta ante esta honorable soberanía la siguiente propuesta de
Punto de Acuerdo
Único. Que las secretarias de Educación Pública y Seguridad Pública federales y estatales, los sistemas nacional, estatales y municipales para el desarrollo integral de la familia e Instituto Mexicano de la Juventud en ejercicio de sus atribuciones coordinen programas y campañas encaminados a la prevención y orientación para reubicar el grafiti de los lugares no destinados específicamente para ello.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2010.
Diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial para el saneamiento de la cuenca del lago de Pátzcuaro, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Víctor Manuel Báez Ceja, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La cuenca del lago de Pátzcuaro se localiza en Michoacán, México. Es una cuenca cerrada con una superficie de 929 kilómetros cuadrados, se desarrolla desde los 2.035 hasta los 3 mil 300 metros sobre el nivel del mar, con una elevación promedio de 2 mil 369 metros sobre el nivel del mar.
La precipitación media es de 775 milímetros, mientras que la evaporación es de 1 mil 393 milímetros. Cuenta con un lago interior de 126.4 kilómetros cuadrados, el cual tiene una profundidad promedio de 4.9 metros y almacena 619.4 hectómetros cúbicos.
Su población aproximada es de 120 mil habitantes y su economía depende fundamentalmente del turismo, la explotación forestal, la pesca y las artesanías; recientemente, de las remesas que le llegan de sus migrantes que trabajan en Estados Unidos. Por su particular belleza y sus antecedentes históricos, los cuales se remontan a épocas prehispánicas, es considerada como una de las regiones emblemáticas de México.
En los últimos cincuenta años la cuenca por efecto de la sobreexplotación de sus recursos naturales y la contaminación ha sufrido un grave deterioro ambiental.
Los siguientes datos reflejan las condiciones ambientales de la cuenca al inicio del Programa (2003) y permite tener idea de la dimensión de la problemática por resolver:
• Deforestación. Debido a la tala clandestina, al uso de leña como combustible, la incidencia de plagas forestales, los incendios forestales y la explotación ilegal, se han perdido más de 10,000 ha de bosque.
• Cambio de uso y manejo inadecuado del suelo. Se incrementó significativamente la explotación agrícola y ganadera. Tanto las prácticas agrícolas como ganaderas son extensivas e inadecuadas, se usan técnicas no conservacionistas y de riego por gravedad, ambos de baja rentabilidad y el ganado pastea libre, pisando y comiendo brotes del bosque.
• Erosión. El 85 por ciento de los suelos de la cuenca presentan cierta afectación. Por los Intensos procesos de erosión se produce una significativa acumulación de azolves en el lago.
• Reducción de la superficie y profundidad del lago. En los últimos cincuenta años se ha detectado una disminución de 40 kilómetros cuadrados de la superficie lagunar y de 2.6 metros de profundidad, siendo uno de los mayores descensos históricamente registrados.
• Falta de infraestructura de saneamiento. Debido a que la cobertura de alcantarillado es parcial, a un uso ineficiente de fosas sépticas y letrinas, así como el fecalismo al aire libre, que en época de lluvias produce escurrimientos con alto contenido de materia orgánica, se tiene un riesgo en contaminación difusa y un preocupante estado de insalubridad en las partes baja y media de la cuenca.
• Contaminación de suelo y agua. Debido a que el 33 por ciento de la basura no se colecta, a que el 70 por ciento de las aguas residuales de las zonas urbanas y rurales no se tratan (120 mil habitantes en la cuenca), y a las descargas de drenes agrícolas (400 a 800 litros por segundo del dren Zurumútaro, Dr 091 Pátzcuaro), el lago y algunos manantiales, al igual que grandes superficies de suelo, presentan altos niveles de contaminación.
• Carga orgánica en el lago. Las descargas de aguas residuales sin tratar o con un tratamiento deficiente provenientes de 15 sitios, incluyendo Pátzcuaro y Quiroga (aproximadamente 200 litros por segundo), y la contaminación difusa en toda la ribera del lago, aportan una gran cantidad de contaminación por carga orgánica y nutrientes al lago (existe un mayor deterioro en la porción sur).
• Carga interna. La incipiente pero constante y cada vez mayo acumulación de sedimentos, producto de los arrastres de suelo por erosión de la cuenca alta, contaminados en el fondo del lago tiende a superar su capacidad de restauración natural.
• Amenazas a la vida silvestre. Se encuentra en riesgo de extinción cuatro especies acuáticas y 32 vegetales terrestres, entre ellas el pez blanco, especie emblemática de la región.
• Deterioro de la calidad del agua del lago Pátzcuaro. Por causa de la contaminación, el agua presenta alta turbidez, ensalitramiento, altas concentraciones de nutrientes en lugares puntuales y abatimiento del nivel de oxígeno disuelto en algunas zonas específicas.
• Caída de la producción pesquera. Por efecto de la utilización de artes de pesca inadecuadas, la introducción de especies exóticas (trucha, carpa, mojarra, entre otras), la sobreexplotación pesquera (en especial del pescado blanco) y las alteraciones del hábitat (turbidez, salinidad, lirio, entre otras). En los 13 años la producción pesquera se redujo la sexta parte.
• Baja cultura ambiental. La falta de una visión compartida respecto a los problemas de la cuenca, la poca continuidad de los programas y compromisos, la existencia de una red social de participación y comunicación fragmentadas entre las comunidades, y la carencia de un acuerdo institucional, son factores que no permiten adoptar un plan de largo plazo que incluya metas y recursos humanos, financieros y materiales compartidos.
• Falta de fuentes de trabajos alternativas. Existen condiciones de pobreza extrema en el 60% de la población rural e indígena de la cuenca. La falta de empleos hace que parte de esta población se dedique a la explotación de los recursos naturales.
• Baja conciencia. Por lo general, la población no está bien informada sobre la problemática ambiental y, por consecuencia, no es conciente del deterioro de la sobreexplotación que sufre la cuenca. La concentración de población y sus prácticas de consumo alteran el equilibrio ecológico.
La situación ambiental que padece la cuenca es crítica y tiene que ser atendida de inmediato, el 26 de febrero de 2003 se firmó el convenio que dio origen al “Programa para la Recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro”. En dicho programa participan el gobierno federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus organismos, la Comisión Nacional del Agua y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; el gobierno de Michoacán a través de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente; de los gobiernos municipales de Erongarícuaro, Huiramba, Pátzcuaro, Quiroga y Tzintzuntzan; de la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo; de la Universidad Autónoma de Zacatecas; de diversas organizaciones no gubernamentales.
Como he manifestado, podemos observar que existe un desequilibrio y contaminación ambientales que padece la cuenca del Lago de Pátzcuaro; motivando la generación de un espacio demasiado vulnerable para combatir los efectos del calentamiento global. Por ello, debe ser un tema atraído por esta soberanía ocupando un lugar de prioridad nacional.
Debemos participar y dejar de ser observadores, la solución adecuada es que participemos mediante la creación de la Comisión Especial para el Saneamiento de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, podamos de manera continua, pormenorizada, promover en el ámbito legislativo las medidas y acciones necesarias, encargada de coadyuvar, dar seguimiento puntual, contribuir y retomar en el ámbito de su competencia, las iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo así como la intervención de nuestra facultad exclusiva en la aprobación del Proyecto de Presupuesto.
Compañeros legisladores, sumemos esfuerzos por preservar nuestros recursos naturales saneándolos de la contaminación de las aguas superficiales y de los mantos acuíferos que ha afectado las reservas hídricas de todo el mundo y ante esta evidente lucha del cambio climático, sabemos que el sanear la cuenca lacustre del Lago de Pátzcuaro es un proceso largo que requiere del esfuerzo compartido.
Acudo a su buena voluntad política y a su amor por este país para que apoyen la proposición con punto que en este acto presento.
Por lo expuesto, y con fundamento en lo establecido en el artículo 42, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados constituya la Comisión Especial para el saneamiento de la cuenca del lago de Pátzcuaro que promoverá en el ámbito legislativo las medidas y acciones necesarias, encargada de coadyuvar, dar seguimiento puntual, contribuir y retomar en el ámbito de su competencia, las iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo encaminadas a proponer y fortalecer el Programa para la Recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro.
Segundo. La Comisión Especial para el saneamiento de la cuenca del lago de Pátzcuaro contará con los recursos y personal necesario para su operación, y su duración será hasta el término de la actual legislatura o cuando se hay cumplido su objeto. Para estos efectos deberá presentar de manera periódica un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso General.
Tercero. La Comisión Especial para el saneamiento de la cuenca del lago de Pátzcuaro estará integrada en forma plural, reflejando la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de esta legislatura, y estarán representados los diferentes grupos parlamentarios que la integran. Contará con una mesa directiva que se formará por un presidente y dos secretarios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil diez.
Diputado Víctor Manuel Báez Ceja (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a autorizar los recursos necesarios para construir infraestructura adecuada en las estaciones migratorias de la frontera sur; y al Consejo Directivo del Instituto Nacional de Migración, a proporcionar a los agentes aduanales y a los Grupos Beta de la frontera sur capacitación constante sobre los derechos de los migrantes y las leyes concernientes a su función, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI
José del Pilar Córdova Hernández, diputado federal por el estado de Tabasco; integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
1. El Instituto Nacional de Migración es un órgano técnico desconcentrado que depende de la Secretaría de Gobernación; tiene por objeto la planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios migratorios, así como el ejercicio de la coordinación con las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, que concurren en la atención y solución de los asuntos relacionados con la materia.
2. Los límites internacionales del sur de México separan a este país de los vecinos Guatemala y Belice, y los estados que hacen frontera con estos dos países son: Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco; su extensión es de mil trescientos treinta y ocho kilómetros, de los cuales ciento dieciocho están conformados por los municipios de Balancán y Tenosique en Tabasco, lo cual representa 9.8 por ciento de la medición total fronteriza del sureste, esta representación geográfica es el origen de la denominación política jurídica que hoy conocemos como frontera sur.
3. La frontera sur se consideraba de bajo tránsito migratorio, sin embargo a partir de los años ochenta aumentó considerablemente debido a los movimientos armados generados en Centroamérica, aunado a esto la transnacionalización laboral que establecían los mercados regionales; estos fenómenos fueron los que dieron origen a la migración de corto proyecto que se establece temporalmente en nuestro país y los de largo proyecto que buscan internarse en América del norte.
Las preocupaciones y actitudes, relativamente más adversas, han surgido recientemente con el incremento de la presencia de migrantes indocumentados. Estos migrantes no sólo provienen de Centroamérica sino también incluso de otros países. Estos migrantes intentan atravesar la frontera sur y después el territorio mexicano, con el objetivo de alcanzar y cruzar la frontera México-Estados Unidos.
4. Aunque para migrar se deben cubrir los requisitos que cada país solicita en sus respectivas leyes, la pobreza y la búsqueda de mejores condiciones de vida hacen de la migración ilegal un recurso desesperado en tiempos de crisis.
5. En la travesía que representa migrar ilegalmente se suscitan diferentes situaciones, una de ellas es la violencia sexual cometida hacia las mujeres quienes también son objeto de la delincuencia organizada ya que trafican con ellas.
6. En nuestro país no debemos permitir esas tropelías. Al encontrarnos en una fuerte guerra contra la delincuencia, se tiene que combatir ésta también en la frontera sur ya que el tráfico de personas es el segundo negocio más rentable del mundo, sólo superado por el narcotráfico.
7. Los principales factores que propician la inseguridad en la frontera sur de México son la falta de capacidad, de coordinación y la corrupción de los agentes migratorios. Por estas razones los migrantes, se convierten en víctimas de la delincuencia y de las fallidas políticas migratorias. Por si no fuera poco, los problemas sociales y económicos en algunos países como Guatemala, Honduras y El Salvador, hacen de la migración ilegal una decisión cada vez más popular.
8. Las estaciones migratorias que existen actualmente, no son suficientes, ni están equipadas para un funcionamiento eficaz, aunado a esto el personal no cuenta con las herramientas necesarias para desempeñar su labor de la manera más apropiada y con el trato que les dan a los migrantes demuestran que la capacitación que se les brinda, para desempeñar sus puestos, es escaza.
Por lo expuesto en las consideraciones que anteceden y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de acuerdo
Primero. Se exhorte a la Secretaria de Gobernación para que autorice los recursos necesarios para la construcción de infraestructura adecuada en las estaciones migratorias de la frontera sur, así como los recursos materiales y humanos con la finalidad de fortalecer el cuidado de las rutas que recorren los migrantes y mejorar la atención en la misma, a fin de que el personal adscrito al Instituto Nacional de Migración en dicha frontera realice con eficiencia su función.
Segundo . Se exhorte al consejo directivo del Instituto Nacional de Migración, para que a los agentes aduanales y Grupos Beta de la frontera sur, se les proporcione capacitación constante, instruyéndolos sobre los derechos de los migrantes, así como sobre la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás leyes concernientes a su función, con el fin de erradicar las arbitrariedades cometidas hacia los migrantes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2010.
Diputado José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía que constituya un grupo plural de trabajo que dé seguimiento puntual y contribuya a la realización del Programa para la Recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, Michoacán, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Víctor Manuel Báez Ceja, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La cuenca del lago de Pátzcuaro, Michoacán, se encuentra localizada en la cordillera Neovolcánica. Es una cuenca cerrada con una superficie de 929 kilómetros cuadrados, se desarrolla desde los 2 mil 35 hasta los 3 mil 300 metros sobre el nivel del mar, con una elevación promedio de 2 mil 369 metros sobre el nivel del mar.
El lago de Pátzcuaro tiene una superficie de 126.4 kilómetros cuadrados, el cual tiene una profundidad promedio de 4.9 metros y almacena 619.4 hectómetros cúbicos.
El clima es templado con lluvias en verano. La precipitación media es de 775 milímetros, mientras que la evaporación es de mil 393 milímetros.
La cuenca del lago de Pátzcuaro tiene una población aproximada de 120 mil habitantes y su economía depende fundamentalmente del turismo, la pesca, las artesanías y la explotación forestal.
Una parte importante de su población es de origen indígena. De hecho la cuenca del lago fue asiento principal del imperio tarasco. Posteriormente constituyó un núcleo de primera importancia en la sociedad colonial.
En los últimos cincuenta años, conforme a la “Memoria Ilustrada del Programa para la Recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, 2003-2008,” 1 la cuenca ha sufrido un grave deterioro ambiental. Esto, por efecto de la sobreexplotación de sus recursos naturales y la contaminación.
Conforme a dicha memoria se presentan de manera textual algunos de los principales datos al respecto:
“Deforestación: Debido a la tala clandestina, al uso de la leña como combustible, la incidencia de plagas forestales, los incendios forestales y a la explotación ilegal se han perdido más de 10 mil hectáreas de bosque.
Erosión: El 85 por ciento de los suelos de la cuenca presentan cierta afectación. Por los intensos procesos de erosión se produce una significativa acumulación de azolves en el lago (1 centímetro por año–0.2 Mm3 por año).
Reducción de la superficie y profundidad del lago. En los últimos cincuenta años se ha detectado una disminución de 40 kilómetros cuadrados de la superficie lagunar y de 2.6 metros de profundidad (uno de los mayores descensos históricamente registrados).
Contaminación de suelo y agua. Debido a que el 33 por ciento de la basura no se colecta, a que el 70 por ciento de las aguas residuales de las zonas urbanas y rurales no se tratan (120 mil habitantes en la cuenca), y a las descargas de drenes agrícolas (400 a 800 litros por segundo del dren Zurumútaro, DR 091 Pátzcuaro), el lago y algunos manantiales, al igual que grandes superficies de suelo presentan altos niveles de contaminación.
Carga orgánica en el lago. Las descargas de aguas residuales sin tratar o con un tratamiento deficiente provenientes de 15 sitios incluyendo Pátzcuaro y Quiroga (aproximadamente 200 l/s), y la contaminación difusa en toda la ribera del lago aportan una gran cantidad de contaminación por carga orgánica y nutrientes al lago (mayor deterioro en la porción sur).
Amenazas a la vida silvestre. Se encuentran en riesgo de extinción cuatro especies acuáticas y 32 vegetales terrestres, entre ellas el pez blanco, especie.
Caída de la producción pesquera. Por efecto de la utilización de artes de pesca inadecuada, la introducción de especies, exóticas (trucha, carpa, mojarra, entre otras), la sobreexplotación pesquera (en especial del pescado blanco) y las alteraciones del hábitat (turbidez, salinidad, lirio, entre otras, en los últimos 13 años la producción pesquera se redujo a la sexta parte.
Falta de fuentes de trabajo alternativas. Existen condiciones de pobreza extrema en el 60 por ciento de la población rural e indígena de la cuenca. La falta de empleo hace que parte de esta población se dedique a la explotación de los recursos naturales.”
Con el fin de contribuir a solucionar la problemática antes citada de la cuenca del lago, el 26 de febrero de 2003 se firmó el convenio que dio origen al Programa para la Recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro.
En el Programa participan el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus organismos, la Comisión Nacional del Agua y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; el Gobierno del Estado de Michoacán a través de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente; de los gobiernos municipales de Erongarícuaro, Huiramba, Pátzcuaro, Quiroga y Tzintzuntzan; de la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo; de la Universidad Autónoma de Zacatecas; de diversas organizaciones no gubernamentales.
Este programa tiene como objetivo poner en marcha acciones y proyectos para la solución de problemas relacionados con el deterioro ambiental de la cuenca del lago de Pátzcuaro, con el fin de buscar su recuperación e incrementar la cultura y conciencia ambiental entre los pobladores de la zona.
En su primera etapa, de 2003 a 2004, se desarrollo un plan estratégico y los beneficiarios directos del proyecto fueron los pobladores de los municipios involucrados en la cuenca del lago e, indirectamente, todos los michoacanos y los mexicanos en su conjunto.
En la segunda etapa, de 2004 a 2007, se incrementó el impacto con acciones concretas socialmente transferibles, la estrategia de comunicación fue mucho más focalizada y se amplió el conocimiento del uso del recurso agua.
La etapa, de 2008 a 2012, que actualmente está en marcha, si bien no descuida todos los aspectos considerados en las anteriores, es la más ambiciosa, la de mayores obras concretas, de beneficios tangibles, la de mayor impacto ambiental y social. Se plantean soluciones definitivas a los problemas macro presentes en la cuenca (recuperación de Janitzio, saneamiento de Pátzcuaro, tratamiento del río Guani y reforestación en la parte alta) acompañada de acciones marco que se han mantenido desde el inicio del programa.
Hasta ahora los resultados obtenidos son alentadores, pero es importante dar continuidad y reforzar las acciones previstas en el Programa. En especial se debe garantizar la suficiencia de recursos para el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa. Se estima, que para el Programa para la Recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro en su periodo 2011 a 2017 requiere recursos de los tres órdenes de gobierno por un total de 2 mil 130 millones de pesos y en especifico para el año 2011 de 513. 7 millones de pesos.
En dicho sentido y por la importancia de esta cuenca única en el país se propone la creación de un grupo de trabajo plural, integrado por legisladores integrantes de diversas Comisiones, como serían Agricultura y Ganadería, Asuntos Indígenas, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Presupuesto y Cuenta Pública, Recursos Hidráulicos, y Turismo, que permita desde la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, contribuir a la realización del Programa para la Recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro.
Compañeros legisladores, sumemos esfuerzos por preservar nuestros recursos naturales saneándolos de la contaminación de las aguas superficiales y de los mantos acuíferos que ha afectado las reservas hídricas de todo el mundo y ante esta evidente lucha del cambio climático, sabemos que el sanear la cuenca lacustre del Lago de Pátzcuaro es un proceso largo que requiere del esfuerzo compartido.
Acudo a su buena voluntad política y a su amor por este país para que apoyen la proposición con punto de acuerdo que les presento y someto a su aprobación la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados, que constituya un grupo de trabajo plural para dar seguimiento puntual y contribuir a la realización del Programa para la Recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, Michoacán. Conformado por integrantes de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Recursos Hidráulicos, Turismo, Presupuesto y Cuenta Pública, Agricultura y Ganadería, así como Asuntos Indígenas.
Segundo. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos por un total de 513.7 millones de pesos para el Programa para la Recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, Michoacán.
Tercero. El grupo de trabajo deberá presentar de manera periódica un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso General.
Cuarto. El grupo de trabajo estará integrado en forma plural, reflejando la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de esta legislatura, en la que estará representados los diferentes grupos parlamentarios que la integran.
Nota
1 García Villanueva, Nahún Hamed (editor). 2009. Memoria Ilustrada del Programa para la recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, 2003-2008. Jiutepec, Morelos: IMTA-FGRA. 144 pp.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a veintitrés días del mes de septiembre de 2010.
Diputado Víctor Manuel Báez Ceja (rúbrica)