Gaceta Parlamentaria, año XIII, número 3110-IV, martes 05 de octubre de 2010


Dictámenes a discusión

Dictámenes

De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, y a los gobiernos de las entidades federativas y al del Distrito Federal a apoyarse en la implantación de sus proyectos, en el desarrollo de obras públicas y en las auditorías en las empresas del complejo de alta tecnología Tecnópolis

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Ciencia y Tecnología de la honorable Cámara de Diputados, correspondiente a esta LXI Legislatura, se turnó para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a que incentive la creación de complejos de alta tecnología como el denominado Tecnópolis, para que estos a su vez colaboren al crecimiento económico del país ante la terrible situación de la crisis actual, presentada por el diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 13 de abril de 2010.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e, f y g, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58, 60, 66, 87 y 88 del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta comisión corresponde dictaminar la propuesta legislativa referida a partir de los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 13 de abril de 2010, los secretarios de la misma dieron cuenta al Pleno de la proposición con punto de acuerdo que a rubro se cita, suscrita por el diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio del derecho conferido por el artículo 58 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Ciencia y Tecnología”.

Tercero. El legislador propone lo siguiente:

• Exhortar al Ejecutivo federal y a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal para que se apoyen en la implantación de proyectos y desarrollo de obras públicas y auditoría de ambos, en el complejo de alta tecnología denominado Tecnópolis, creado por el Instituto Politécnico Nacional.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión dictaminadora formulamos las siguientes

Consideraciones

Primera. En la actualidad nuestro país atraviesa por una de las más grandes crisis económicas y laborales de toda su historia, independientemente de que ésta haya sido inducida por factores externos o internos, el caso es que el desarrollo económico se encuentra estancado.

Segunda. En este contexto, la búsqueda de alternativas no solamente es necesaria, es impostergable. La integración de México a la constante evolución del desarrollo científico y tecnológico representa una oportunidad en la que las instituciones gubernamentales, los centros públicos de investigación, las universidades públicas y el sector privado, pueden participar de manera articulada por medio de implementar, apoyar y estructurar acciones, políticas, mecanismos e instrumentos que desarrollen y estimulen proyectos que promuevan la creación de empleos, estimulen la creatividad e innovación, mejoren los niveles de competitividad y productividad del país.

Tercera. La creación de un complejo de alta tecnología para impulsar proyectos de empresas posicionadas en el mercado y en el corto plazo generar nuevos productos para el mercado global, se hizo realidad a finales del año pasado con la instalación del desarrollo tecnológico, de nombre Tecnópolis en la Ciudad de México, impulsado por el Instituto Politécnico Nacional, siendo un gran logro para el avance tecnológico de nuestro país.

Cuarta. Con Tecnópolis se pretende impulsar y promover la creación de microempresas nacionales para el desarrollo de tecnologías y servicios en materia de: telecomunicaciones, biotecnología, nano y microelectrónica, arte digital y tercera dimensión, nanociencias, desarrollo de software. Tecnópolis además contará con un espacio de diseño y desarrollo de software y hardware, una unidad de prospectiva tecnológica y un observatorio tecnológico a fin de favorecer el impulso de nuevos productos nacionales. Tecnópolis formará parte de las acciones que el Instituto encamina para el fortalecimiento del programa Emprendedores y la consolidación de la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial.

Quinta. La tesis que sustenta la creación de Tecnópolis, considera que la cercanía geográfica acrecienta los rendimientos productivos de este tipo de iniciativas, entre otras cosas porque genera una cultura de valores comunes entre empresarios, políticos locales y ciudadanos. De hecho, en las ciudades donde existen las Tecnópolis, suelen percibirse como un objetivo común y prioritario y su creación supone uno de los mayores esfuerzos que suelen hacer las ciudades contemporáneas para promocionarse internacionalmente y atraer inversiones, ya que su éxito puede suponer un importante salto en competitividad para toda la región urbana, además de que conforman un medio innovador, capaz de generar riqueza a partir del conocimiento.

Sexta. La zona metropolitana de la Ciudad de México se ha planteado la creación o instalación de Tecnópolis en puntos estratégicos; como una forma de incentivar la vida económica de la ciudad, buscando que la gente tenga la posibilidad de desarrollar al máximo sus capacidades; formándose alrededor un núcleo poblacional que crezca ordenadamente.

Séptima. Si Tecnópolis representó una gran inversión pública, es necesario que las autoridades gubernamentales apoyen, y se apoyen en este desarrollo tecnológico. No es aceptable, desde el punto de vista educativo, social y económico, que un complejo tecnológico de tales magnitudes, no se impulse desde los diferentes sectores que participan en el desarrollo económico de nuestro país.

Tecnópolis puede convertirse en un espacio por excelencia que albergue y dé trabajo a científicos, investigadores y tecnólogos mexicanos, y promueva el desarrollo científico, tecnológico y la innovación desde nuestra nación, combatiendo así la “fuga de cerebros”, que significa que académicos, científicos y técnicos de primer nivel, egresados de universidades mexicanas, tienen que emigrar al extranjero en busca de oportunidades, logrando desarrollar tecnología para los grandes emporios y empresas líderes en productos tecnológicos; los cuales posteriormente son adquiridos por los gobiernos y empresas nacionales, a muy alto costo, no obstante que los desarrolladores fueron capacitados en México.

Octava. Que de acuerdo a los argumentos vertidos en las consideraciones anteriores es que los CC. Diputados que integran la Comisión que dictamina, reconocen que no hay posibilidades de desarrollo para México si no se genera una nueva vocación de empresarios, con una visión de empleadores en lugar de empleados, lo que nos lleva al compromiso de impulsar los proyectos que apoyen y fortalezca a los emprendedores y las microempresas, para que la economía del país le apueste a la generación de conocimiento y la constante innovación y se concentre a aquellos individuos que generan tal conocimiento, repercutiendo con ello en la productividad y competitividad del país.

Por las consideraciones expuestas la que dictamina somete a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se haga un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal y los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal para que se apoyen en la implantación de sus proyectos, desarrollo de obras públicas y auditorías, en las empresas comprendidas en el complejo de alta tecnología denominado Tecnópolis, creado por el Instituto Politécnico Nacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de mayo de 2010.

La Comisión de Ciencia y Tecnología

Diputados: Reyes Tamez Guerra (rúbrica), presidente; Óscar Román Rosas González (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), secretarios; Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Ángel Aguirre Herrera (rúbrica), Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo, Germán Osvaldo Cortez Sandoval (rúbrica), Alejandro del Mazo Maza (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Aarón Irízar López, José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez (rúbrica), Oralia López Hernández (rúbrica), Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), José Trinidad Padilla López (rúbrica), César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), María Isabel Pérez Santos, Jorge Carlos Ramírez Marín, Jorge Romero Romero (rúbrica), Laura Margarita Suárez González (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica).

De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Conacyt a elaborar con apoyo del Sistema Nacional de Investigadores un catálogo de problemas y necesidades nacionales y a establecer plazos máximos para su atención planificada y definitiva

Honorable Asamblea:

La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88, y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de los miembros de esta honorable asamblea el dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a elaborar, con apoyo del Sistema Nacional de Investigadores, un catálogo de problemas y necesidades nacionales y, a establecer plazos máximos para su atención planificada y definitiva, presentada por el diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 5 de noviembre de 2009.

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el día 5 de noviembre de 2009, los secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de la proposición con punto de acuerdo que al rubro se cita, suscrita por el diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio del derecho conferido por el artículo 58 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Ciencia y Tecnología”.

Contenido

El legislador propone:

• Exhortar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para que elabore, en coordinación con el Sistema Nacional de Investigadores un catálogo de problemas y necesidades nacionales y a su vez establezcan plazos máximos de atención.

Con base en lo anterior, los integrantes de esta comisión formulamos las siguientes:

Consideraciones

Primera. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es responsable de elaborar las políticas de ciencia y tecnología en México y tiene como meta principal consolidar un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que responda a las demandas prioritarias del país, que dé solución a problemas y necesidades específicos mediante: una política de Estado en la materia, incrementar la capacidad científica y tecnológica del país y elevar la calidad, la competitividad y la innovación de las empresas.

Segunda. El Sistema Nacional de Investigadores tiene entre sus objetivos, promover y fortalecer por medio de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica, así como de la innovación que se produce en el país, así mismo contribuir a la formación y consolidación de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos altamente calificados, como un elemento fundamental para incrementar la cultura, la productividad, la competitividad y el bien estar social.

Tercera. Si las políticas públicas se conciben como cadenas de acciones con objetivos comunes, orientados a la atención de las necesidades y expectativas sociales, que han de formularse conjuntamente con entre el gobierno y la sociedad, un insumo fundamental para hacer eficiente la formulación y consecuente evaluación de políticas públicas es la claridad y precisión en el conocimiento de los problemas que aquejan a la sociedad, no solamente a nivel nacional, sino regional y local. Es por ello que se considera indispensable aprovechar al máximo los recursos humanos especializados con que se cuenta en el Sistema Nacional de Investigadores, a fin de que participen en la estructuración y ordenación de las situaciones insatisfactorias que detienen el desarrollo y el crecimiento, y deterioran cada vez más la calidad de vida de un creciente número de mexicanos.

El análisis estructural de la problemática nacional, regional y local, con la identificación y definición de las relaciones causales que se puedan establecer entre los factores que determinan los problemas que se enfrentan actualmente, permitirá fundamentar con criterios científicos y datos duros la formulación de políticas públicas acordes con la realidad, a la vez que brindará la posibilidad de contar con parámetros válidos para dar seguimiento y evaluar su implementación y sus resultados.

Cuarta. Así, la tarea a que se conmina es el estudio y análisis de la realidad social, económica y política del país, su entorno y circunstancias, aplicando para ello diversos enfoques y metodologías de evaluación diagnóstica, de manera que se conozcan diferentes perspectivas de los actores directamente involucrados, los que son afectados directamente por los problemas y los que participan desde distintas trincheras en sus soluciones. Será importante que estos estudios tomen en cuenta los esfuerzos realizados en el pasado mediato e inmediato, para no caer en la repetición de estrategias que probaron su ineficacia. Estos estudios habrán de ser insumo básico para conformar un catálogo de problemas nacionales, regionales y estatales, que fortalezcan a las instituciones y sean útiles para la orientación de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación.

Quinta. Esta unidad de apoyo parlamentario coincide con el promovente en señalar que por la crisis que atraviesa nuestro país, es urgente que los investigadores de reconocido prestigio contribuyan a la elaboración, junto a la sociedad, de un catálogo de problemas y necesidades nacionales, para enfrentar las diferentes problemáticas y carencias que tiene la población en su conjunto.

Por lo anteriormente fundado, la que dictamina somete a la consideración de la asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se exhorta al Conacyt, con apoyo del Sistema Nacional de Investigadores, a elaborar un catálogo con prioridades de problemas y necesidades nacionales y a establecer plazos máximos para su atención planificada y definitiva.

Segundo. Que el Conacyt desarrolle un plan que garantice que los investigadores nacionales atiendan los problemas más prioritarios del país y desarrollen modelos repetibles aplicables a soluciones, que generen modelos a las diferentes condiciones socioeconómicas del país.

Tercero. Que el Conacyt defina los campos prioritarios del desarrollo tecnológico, dando prioridad a la alimentación, agua, ingreso, cuidado del medio ambiente, reducción de costos, incremento de productividad, energía, comunicaciones y salud.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes septiembre de de 2010.

La Comisión de Ciencia y Tecnología

Diputados: Reyes Tamez Guerra (rúbrica), presidente; Óscar Román Rosas González, Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina, Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), secretarios; Ángel Aguirre Herrera, Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Alejandro del Mazo Maza (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza, Aarón Irízar López (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Oralia López Hernández (rúbrica), Miguel Antonio Osuna Millán, José Trinidad Padilla López (rúbrica), César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), María Isabel Pérez Santos (rúbrica), Jorge Carlos Ramírez Marín, Jorge Romero Romero, José Luis Velasco Lino (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica).

De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Conacyt a rendir un informe detallado del Fondo de Cooperación en Ciencia y Tecnología Unión Europea-México

Honorable Asamblea:

La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, numerales 1o. y 3o., y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 87 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

Primero. Con fecha 28 de abril de 2010, el diputado Martín García Avilés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a rendir un informe detallado sobre el Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología.

Segundo. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición con punto de acuerdo citado, para su estudio y dictamen, a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

II. Contenido

El legislador propone exhortar al titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Maestro Juan Carlos Romero Hicks a rendir un informe detallado del Fondo de Cooperación en Ciencia y Tecnología Unión Europea-México, especificando el nombre y número de beneficiarios, así como el monto invertido en ello y el estado que guarda a la fecha el mismo.

III. Consideraciones

Primera. En México la investigación científica y tecnológica es generadora de innovación y progreso, por ello el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), desde su creación en 1970, ha realizado diversos estudios e investigaciones en aras del progreso científico y educativo del país, contribuyendo a elevar el nivel de vida y bienestar de la población.

Segunda. El Conacyt realiza estudios en ciencias exactas, ciencias sociales, ciencias naturales, humanidades y cuenta con financiamiento de posgrado; sus áreas prioritarias y estratégicas son las tecnologías de información y las comunicaciones; la biotecnología; los materiales avanzados; el diseño y los proceso de manufactura; la infraestructura y el desarrollo urbano y rural.

Tercera. Para llevar a cabo las investigaciones, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología cuenta con fondos destinados por la administración pública federal como fondos mixtos conformados por estados y municipios, así como fondos internacionales, como el Fondo de Cooperación, entre los que destaca el proveniente de la Unión Europea.

Cuarta. El 8 de diciembre de 1997 se suscribió un acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación entre la Unión Europea y México. Dicho tratado, en su artículo 29, establece que la cooperación en ciencia y tecnología se centra en fomentar el intercambio de información y conocimientos especializados en ciencia y tecnología, misma que se realiza mediante proyectos de investigación conjunta.

Con base en lo anterior, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología suscribió un convenio de financiación específico con la Unión Europea para echar a andar un programa de cooperación para el fomento a la investigación científica y tecnológica entre la Unión Europea y México, que se instrumenta por medio del Fondo de Cooperación Internacional en ciencia y tecnología Unión Europea-México, con duración de cuatro años contados a partir del 2006 y la asignación de 20 millones de euros, proviniendo la mitad de la Comunidad Europea y la otra mitad del Conacyt.

Quinta. Cabe destacar que el aludido proyecto finaliza en diciembre del presente año y aún no se cuenta con información acerca de los montos que se han ejercido, ni quiénes han sido los beneficiarios, por lo cual es necesario se rinda un informe sucinto al respecto.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Ciencia y Tecnología, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), maestro Juan Carlos Romero Hicks, a rendir un informe detallado del Fondo de Cooperación en Ciencia y Tecnología Unión Europea-México, especificando el nombre y número de beneficiarios, así como el monto invertido en ello y el estado que guarda a la fecha el mismo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecinueve días del mes de mayo de 2010.

La Comisión de Ciencia y Tecnología

Diputados: Reyes Tamez Guerra (rúbrica), presidente; Óscar Román Rosas González (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), secretarios; Ángel Aguirre Herrera (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo, Germán Osvaldo Cortez Sandoval (rúbrica), Alejandro del Mazo Maza (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Aarón Irízar López, José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez (rúbrica), Oralia López Hernández (rúbrica), Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), José Trinidad Padilla López (rúbrica), César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), María Isabel Pérez Santos, Jorge Carlos Ramírez Marín, Jorge Romero Romero, Laura Margarita Suárez González (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica).

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Jalisco a prevenir actos de intimidación y hostigamiento contra defensores de los poblados afectados por la construcción de la presa El Zapotillo

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39, 45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 65, 87 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente dictamen.

Antecedentes

1. El 28 abril de 2010, el diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se reprueban los actos de intimidación del pasado 3 de abril en agravio a los ciudadanos que apoyan el movimiento contra la construcción de la presa El Zapotillo, en Jalisco.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la presente proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos para estudio y dictamen.

Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

Reprobar los actos de intimidación realizados el pasado 3 de abril en contra de los ciudadanos opositores a la construcción de la presa El Zapotillo, y que el titular del gobierno del estado de Jalisco investigue estos hechos y se sancione a los responsables. Se respeten los derechos de los habitantes de las comunidades afectadas por dicha construcción, así como de los defensores y periodistas y organizaciones que apoyan el movimiento en contra de la presa. De igual manera, solicita que se acepte y se cumpla la recomendación 35/2009 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y se cancele la construcción de ésta.

Consideraciones

A raíz de la construcción de la presa El Zapotillo muchos habitantes de los poblados de Temacapulín, Acasico y Parmalejo se han manifestado abiertamente en su contra e interpuesto múltiples quejas ante la CEDHJ, argumentando “posibles violaciones de los derechos a la legalidad, a la propiedad, al desarrollo y a la democracia por falta de participación en las decisiones gubernamentales”, 1 ya que tienen la seguridad de que esa obra inundará en sus comunidades.

De igual manera, los pobladores han expresado en diversos medios de comunicación que han sido amedrentados e intimidados por funcionarios del gobierno del estado, por su rechazo a la construcción de la presa. El proponente narra algunas de esas acciones en el texto de su proposición.

En consecuencia, el pasado 31 de diciembre la CEDHJ emitió la recomendación número 35/2009, en la cual solicita, entre otros puntos, la suspensión inmediata de las obras.

El 22 de abril, el licenciado Fernando Guzmán, secretario general de gobierno de Jalisco, envió la negativa a dicha recomendación, argumentando que lo solicitado es de la competencia de Comisión Nacional del Agua y que, por tanto, ellos no tienen injerencia en el asunto. 2

Sin embargo, dicha recomendación pide al gobierno de Jalisco que

Tercera. Se abstengan de realizar cualquier acción que redunde en actos de hostigamiento en contra de pobladores y propietarios de fincas en Temacapulín, Acasico y Palmarejo, tendentes a la construcción de la presa El Zapotillo.

Cuarta. Se informe de manera pormenorizada, con base en una política de fluidez y transparencia en la información, sobre la participación que tienen los distintos órganos de la administración pública de Jalisco y asuman la representación integral en la mesa interestatal, poniendo especial interés en expresar el sentir de la población que pudiera resultar afectada.

(...)

Duodécima. Realice un diagnóstico sobre la situación que guardan las presas y represas de agua construidas en Jalisco durante los últimos cincuenta años, en el que se evalúe su funcionamiento y el impacto final que tuvieron en las comunidades involucradas.

Decimotercera. Gire instrucciones por escrito a todos los funcionarios públicos para que se respeten y se salvaguarden la integridad y seguridad de las personas que defienden derechos humanos y que, conforme lo dispone la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los grupos y las instituciones, de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, proporcionen los apoyos suficientes para que ejerzan su labor en condiciones pacíficas, de libertad, transparencia y acceso a la información, respeto y libres de violencia, amenazas, represalias, discriminación, presión o cualquier acción arbitraria por parte de servidores públicos.

Decimocuarta. Respeten la integridad corporal y la libertad y seguridad jurídica de los defensores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Para ello deberán comprometerse, como garantes de los derechos de las distintas expresiones de la sociedad civil y sus líderes, a la participación activa en la toma de decisiones, a la organización social y libre derecho de manifestarse y difundir ideas, opiniones e información sin más limitaciones que las señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otra parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos salvaguarda la libertad de expresión y la libertad de asociación y reunión en los artículos 6 y 9 respectivamente.

Así, el artículo 6 constitucional menciona:

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público.

Mientras que el artículo 9 establece lo siguiente:

No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la república podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar.

No se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.

Estos derechos, además de estar considerados en la Carta Magna, se encuentran protegidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los artículos 19 y 20, respectivamente.

Por tanto, los opositores a la construcción de la presa están en el pleno uso de sus derechos al manifestarse, siempre y cuando lo hagan de manera legal y pacífica, que el Estado tiene la obligación de respetar.

En virtud de lo anterior, los integrantes de esta comisión coinciden con el proponente y consideran que es imperativo que se salvaguarden los derechos humanos de los defensores de los poblados afectados por la construcción de la presa.

Por lo expuesto y fundamentado, esta Comisión de Derechos Humanos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno de Jalisco a conciliar intereses con los ciudadanos opositores a la construcción de la presa El Zapotillo, y acepte la recomendación número 2939/2010, emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2010.

La Comisión de Derechos Humanos

Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez, presidente; Sabino Bautista Concepción, Jaime Flores Castañeda, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Clara Gómez Caro, Rosi Orozco, Enoé Margarita Uranga Muñoz, secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María del Rosario Brindis Álvarez, Yulenny Guylaine Cortés León, Sami David David, Margarita Gallegos Soto, Martín García Avilés, Lizbeth García Coronado, Noé Fernando Garza Flores, Héctor Hernández Silva, Juan Pablo Jiménez Concha, Silvia Isabel Monge Villalobos, Jesús Alfonso Navarrete Prida, Silvia Esther Pérez Ceballos, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, Gloria Romero León, Florentina Rosario Morales, Jaime Sánchez Vélez, María Sandra Ugalde Basaldúa, Guadalupe Valenzuela Cabrales, J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbricas).

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de los 31 estados de la república carentes de planes de derechos humanos a elaborarlos y expedirlos para contribuir a los propósitos del programa nacional

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica; y 65, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. El 4 de marzo del 2010, el diputado Juan Pablo Escobar Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó una proposición con punto de acuerdo.

En la citada proposición se plantea la necesidad de que las 31 entidades federativas y el Distrito Federal elaboren sus respectivos programas en materia de derechos humanos para que toda la actividad pública se desarrolle con irrestricto respeto de los derechos humanos reconocidos a escala internacional.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en la misma fecha, turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos, para el análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La proposición en estudio refiere la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012. En este instrumento se establecen los objetivos, las estrategias y las líneas de acción que llevará a cabo la administración pública para garantizar el respeto de los derechos humanos.

Por ello, considera el proponente, las entidades federativas y el Distrito Federal deben elaborar sus programas en materia de derechos humanos, con el propósito de que los contenidos del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, con el desarrollado por las entidades federativas y el Distrito Federal, permitan “la consolidación del desarrollo del sistema democrático” en el país.

Consideraciones

El diputado proponente cita como temas fundamentales en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012

• La inclusión de una perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas;

• La implantación de procedimientos de colaboración y coordinación entre los Poderes de la Unión y los órdenes de gobierno;

• La promoción y difusión de una cultura de derechos humanos; y

• La debida armonización legislativa.

Así como los cuatro objetivos:

1. Fortalecer la perspectiva de derechos humanos en la elaboración de las políticas públicas de la administración pública federal;

2. Fortalecer e institucionalizar mecanismos jurídicos y administrativos que garanticen la defensa y promoción de los derechos humanos;

3. Consolidar una cultura de respecto y defensa de los derechos humanos; y

4. Fortalecer el cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas de tratados e instrumentos jurídicos de derechos humanos y promover ese cumplimiento en los Poderes Legislativo y Judicial, y ante los tres órdenes de gobierno.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se considera fundamental que los Estados miembros se comprometan “a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo de los derechos y de las libertades fundamentales” de la humanidad.

También establece como un “ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse [para que] las instituciones, [...] promuevan, [...] el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción”.

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, se establece en el artículo 2 que los Estados parte “se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.

Y de acuerdo con los Estados formados en federación, como en el caso de nuestro país, 1 este instrumento dispone lo siguiente:

Artículo 28. Cláusula federal

1. [...]

2. Respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su Constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta convención.

3. [...]

Como señala el diputado proponente, en el objetivo 2 del Plan Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 –para el fortalecimiento e institucionalización de los mecanismos que garanticen la defensa y promoción de los derechos humanos–, se considera una “consolidación de mecanismos de colaboración y coordinación” no sólo del Poder Ejecutivo sino que, además, se requiere la suma de “los esfuerzos [...] de las entidades federativas y municipios”. 2

Lo anterior encuentra su aprobación plena en el convenio marco de coordinación en materia de derechos humanos que celebraron la Secretaría de Gobernación, las 31 entidades federativas y el gobierno del Distrito Federal, 3 en cuyo instrumento se destaca la obligación compartida que tienen las autoridades del país para atender el carácter universal de los derechos humanos, basada en la “gran variedad de problemáticas particulares dependiendo de las distintas regiones o zonas del país”.

De manera específica se establece el principio de unidad como “la activa participación de las entidades federativas, los Poderes de la Unión y la sociedad civil [para que] participen activamente en la consolidación de una política de Estado en materia de derechos humanos”, en “un marco de respeto de la autonomía y soberanía de las partes integrantes de la federación”.

Respecto al programa de derechos humanos para el Distrito Federal, el 25 de agosto de 2009 fue presentado públicamente el Programa de Derechos Humanos. 4 Se publicó al día siguiente en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el acuerdo por el que se establece la obligatoriedad del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal para las dependencias, los órganos desconcentrados, las delegaciones y las entidades del Distrito Federal.

Por lo expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a consideración de la asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de los Poderes Ejecutivos de los 31 estados de la República que no cuenten con sus respectivos programas de derechos humanos a elaborarlos y expedirlos a fin de coadyuvar y fortalecer los propósitos establecidos en el Programa Nacional de Derechos Humanos.

Notas

1 Artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Diario Oficial de la Federación. Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, viernes 29 de agosto de 2008.

3 Diario Oficial de la Federación, viernes 9 de diciembre de 2005.

4 http://www.derechoshumanosdf.org.mx/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2010.

La Comisión de Derechos Humanos

Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez, presidente; Sabino Bautista Concepción, Jaime Flores Castañeda, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Clara Gómez Caro, Rosa Adriana Díaz Lizama, Rosi Orozco, Enoé Margarita Uranga Muñoz, secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María del Rosario Brindis Álvarez, Yulenny Guylaine Cortés León, Sami David David, Margarita Gallegos Soto, Martín García Avilés, Lizbeth García Coronado, Noé Fernando Garza Flores, Héctor Hernández Silva, Juan Pablo Jiménez Concha, Silvia Isabel Monge Villalobos, Jesús Alfonso Navarrete Prida, Silvia Esther Pérez Ceballos, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, Gloria Romero León, Florentina Rosario Morales, Jaime Sánchez Vélez, María Sandra Ugalde Basaldúa, Guadalupe Valenzuela Cabrales, J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbricas).

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales a expedir una ley para prevenir y sancionar la trata de personas, y a armonizar su marco jurídico en la materia

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 65, 87, 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. El 8 de octubre, la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó una proposición con punto de acuerdo, suscrita también por diversas diputadas y diputados integrantes de los distintos grupos parlamentarios.

La diputada proponente solicita se exhorte a los congresos locales a afecto de que expidan una ley para prevenir y sancionar la trata de personas así como para que armonicen su marco jurídico penal de acuerdo a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

2. En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, turnó la citada proposición a la Comisión Derechos Humanos para su estudio y dictamen.

Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La proposición en estudio, señala que la trata de personas constituye uno de los delitos “más redituables a nivel mundial”, con presencia en 155 países. Y México representa “un país de origen, tránsito, y destino para la trata de personas, con los propósitos de explotación sexual y del trabajo forzado”.

La diputada proponente enlista los diversos instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, relacionados con la trata de personas. Sin embargo, a pesar de los compromisos internacionales contraídos, refiere que en diversas entidades federativas, existen discrepancias en la tipificación de este delito y no sólo eso, sino que además no se encuentra contemplada de manera integral, la atención a las víctimas.

La finalidad del exhorto propuesto es contribuir a la solución de estas carencias.

Consideraciones

La trata de personas en nuestro país constituye uno de los delitos que más ha crecido recientemente, razón por la cual nuestro país suscribió la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, el 13 de diciembre del 2000. Así como también firmó el Protocolo de Palermo, emanado del citado instrumento internacional.

Concretamente, el término de trata de personas se define como:

“la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, para propósitos de explotación, incluirá como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.

Con la definición del tipo penal antes citado, quedan claros los elementos que el delito de trata de personas conlleva; sin embargo, en México la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, como lo refiere la diputada proponente, ha sido incorporada a nuestra legislación de manera inconsistente, provocando así un difícil acceso a la justicia y, por ende, un estado de indefensión a las víctimas.

Mónica Salazar, coordinadora del colectivo Contra la Trata de Personas en México, refiere que “el tipo penal que contempla es muy general y amplio, lo que dificulta a los ministerios públicos, al momento de integrar la averiguación previa, comprobar los medios y las finalidades con los que las personas han sido sometidas a la trata en cualquiera de sus formas.” 1

Para esta misma investigadora, la integración de la averiguación previa de este delito es compleja y con motivo de la falta de conocimiento amplio del tipo, se acusa por otro delito, ya sea que el tipo penal descrito en la norma local difiera de la señalada en la Ley de Trata, motivo por el cual en ocasiones se persigue otro delito parecido, mismo que en ocasiones posee una penalidad más baja.

La oficina de la alta comisionada en México 2 ha señalado que el estado debe articular una política pública integral. Además de la ausencia de programas y políticas especializadas, el perfil poco especializado de las y los funcionarios designados, son situaciones que el estado debe superar.

De conformidad con el pacto federal, esta dictaminadora considera necesario armonizar la norma interna de conformidad con los estándares internacionales.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable Asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta respetosamente a los congresos locales a efecto de que, aquellos que no lo hayan hecho, expidan una ley para prevenir y sancionar la trata de personas o, en su caso, que armonicen su marco jurídico penal de acuerdo a Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Notas

1. 1 http://www.cencos.org/es/node/22649

2. 2 Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Informe sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 21 de septiembre del 2010.

Diputados: Rubén Moreira Valdez (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz (rúbrica), María del Rosario Brindis Álvarez (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Margarita Gallegos Soto (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Lizbeth García Coronado (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Silvia Isabel Monge Villalobos (rúbrica), Jesús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Gloria Romero León (rúbrica), Florentina Rosario Morales, Jaime Sánchez Vélez (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica).

De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol a aplicar por Diconsa, SA, un programa anual de compras basado en el sistema de licitación pública con las condicionantes de calidad, peso y empaque que dicha dependencia determine

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 38, segundo párrafo, de las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y de los comités de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

La Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el oficio número DGPL 61-II-6-109, de fecha 10 de noviembre de 2009, turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para estudio y dictamen, el expediente número 630, que contiene proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a instaurar mediante la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Diconsa, SA, un programa anual de compras basado en el sistema de licitación pública con las condicionantes de calidad, peso y empaque que dicha secretaría determine, permitir el desarrollo de nuevos agentes económicos regionales, licitando las compras para que sean entregados en los centros de distribución de la institución, presentada por la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la sesión de la misma fecha.

El 20 de noviembre de 2009, el diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, solicitó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ampliar el turno a la Comisión de Desarrollo Rural, en virtud de que la proposición tiene relación con el mandato de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de promover el desarrollo regional, por lo que es de interés de la citada comisión participar en el análisis y dictamen del referido punto de acuerdo.

Mediante el oficio número DGPL 61-II-6-0133, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados notificó la modificación del trámite dictado e incluir la opinión de la Comisión de Desarrollo Rural en el dictamen del punto de acuerdo referido.

Con estos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta con las siguientes

Consideraciones

I. La diputada Alba Leonila Méndez Herrera señala en la proposición con punto de acuerdo que Diconsa, SA de CV, tiene como finalidad coadyuvar al fomento del desarrollo económico y social del país, garantizando el abasto de productos básicos y complementarios no perecederos a precios competitivos, a fin de que se satisfaga la demanda de la población en pobreza extrema, mediante su participación organizada.

II. La diputada apunta que de los objetivos de Diconsa destacan los siguientes:

I. Garantizar el abasto de productos básicos y complementarios no perecederos a precios competitivos, a fin de que se satisfaga la demanda de la población en pobreza extrema, situada en zonas de alta y muy alta marginación, de difícil acceso y sin fuentes alternativas de abasto, mediante su participación organizada.

II. Organizar, administrar y operar sucursales o unidades operativas, así como de almacenes y puntos de venta destinados a la comercialización de los bienes de consumo necesario para la alimentación de los sectores de la población objetivo.

III. Promover y organizar la participación de la comunidad para propiciar la corresponsabilidad en los programas a cargo de la empresa.

IV. Impulsar la modernización del mercado de los bienes de consumo necesario para la alimentación de los sectores de la población objetivo.

V. Ampliar la cobertura de puntos de venta y almacenes, en la medida en que persistan problemas de competencia en los mercados rurales de las localidades objetivo, y particularmente en los lugares donde no exista presencia alguna de oferta de productos.

VI. Participar con las instituciones de gobierno o particulares en programas de abasto y distribución de productos, en beneficio de los grupos más vulnerables y cuando se presenten situaciones de urgencia o desastre.

III. La legisladora hace énfasis en que el precio estatal sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Social tiene como misión abastecer de los productos básicos a las zonas más alejadas del país a precios competitivos que permitan que las poblaciones más marginadas adquieran los bienes de consumo a precios suficientemente accesibles en comparación con el resto de los consumidores.

IV. La diputada afirma que los sistemas de compras de Diconsa, aunque transparentes, no han logrado desarrollar agentes económicos que fortalezcan las economías regionales, ya que generalmente se compra a nivel central sin que haya una participación puntual de las economías locales.

V. La Mesa Directiva de esta soberanía concedió a la Comisión de Desarrollo Rural una ampliación de turno a efecto de emitir su opinión sobre el tema de la proposición con punto de acuerdo en comento, debido a su estrecha relación con el desarrollo rural del país. En términos de lo establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas las acciones tendentes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según establece el artículo 26 de la Carta Marga.

VI. En la opinión turnada por la Comisión de Desarrollo Rural se aprueba y respalda el planteamiento de la legisladora proponente, considerando que de hacerse posible la instauración de un programa anual de compras basado en el sistema de licitación pública con las condiciones de calidad, peso y empaque que la Sedesol determine, se permitirá el desarrollo de nuevos agentes económicos regionales, quienes estarían en posibilidad de ser abastecedores de los centros de distribución de Diconsa, con ello se podrían generar empleos y se facilitaría el acceso a los productos básicos y complementarios no perecederos a sus precios competitivos en las regiones del país más apartadas , elevando la calidad de vida en el sector rural.

VII. La Comisión de Desarrollo Social concuerda con los puntos fundados y motivados de la legisladora y con la opinión de la Comisión de Desarrollo Rural, en el sentido de impulsar mecanismos que permitan el desarrollo de nuevos agentes productivos en las regiones. Esquemas de producción y distribución ágiles contribuirán con la creación de mejores condiciones económicas y con ellas mejorar la calidad de vida y las expectativas de la población rural en beneficio del desarrollo social en el país.

VIII. Por lo expuesto, la Comisión de Desarrollo Social, en la reunión plenaria del 8 de septiembre del presente año, consideró procedente el punto de acuerdo en comento.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las consideraciones realizadas, la Comisión de Desarrollo Social somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a aplicar mediante la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Diconsa, SA, un programa anual de compras basado en el sistema de licitación pública con las condicionantes de calidad, peso y empaque que la Secretaría de Desarrollo Social determine para que, de esa forma, permita el desarrollo de nuevos agentes económicos regionales, licitando las compras para que sean entregados en los centros de distribución de la institución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2010.

La Comisión de Desarrollo Social

Diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Jesús Giles Sánchez Morelos (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González, Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares, Martín García Avilés, Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston, Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez, Carlos Flores Rico, Bélgica Nabil Carmona Cabrera.

De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol a realizar estudios para medir y comprobar el impacto producido por la crisis económica mundial y el índice de desempleo de los migrantes repatriados por dicha causa

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica; y 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 38, segundo párrafo, de las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y de los comités de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue instalada el 6 de octubre de 2009.

La Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el oficio número DGPL 61-II-4-310, de fecha 9 de febrero de 2010, turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, para estudio y dictamen, el expediente número 1272, que contiene proposición punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y a la Comisión de Desarrollo Social de esta soberanía a crear un programa especial en apoyo de migrantes que por la crisis económica mundial quedaron sin empleo y están de vuelta en el país, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la sesión de la misma fecha.

Con estos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta, con las siguientes

Consideraciones

I. La proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Herrera Chávez plantea que un gran porcentaje de las familias zacatecanas tiene como única fuente de ingresos los recursos económicos de las divisas provenientes de Estados Unidos de América. La falta de aseguramiento en las condiciones mínimas y fundamentales para la satisfacción de necesidades como educación, salud, alimentación, vivienda y trabajo implica el problema migratorio, igual que la limitación de oportunidades para las generaciones actuales y las futuras.

II. El legislador opina que a causa de la crisis económica mundial suscitada el año anterior, ha regresado al país una gran cantidad de migrantes que, repentinamente, al quedar desempleados, están padeciendo mucho más de lo que ya de por sí nos cuesta a todos recuperarnos de tan lamentables acontecimientos. Lo anterior incrementa la necesidad de generar urgentemente un mayor número de empleos, por lo cual es primordial poner en marcha un programa especial en apoyo de los migrantes repatriados.

III. Con estos argumentos, el diputado Herrera Chávez propone destinar recursos económicos del ramo 20 y celebrar los convenios de coordinación a que haya lugar con la Sedesol, a fin de impulsar el trabajo corresponsable entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales que permita coadyuvar en la superación de la problemática planteada.

IV. En conclusión, el diputado Herrera Chávez propone 1. Exhortar a la Sedesol y a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados realizar en sus respectivos ámbitos de competencia los estudios a que haya lugar a efecto de medir y comprobar el efecto producido por la crisis económica mundial y el índice de desempleo de los migrantes repatriados por dicha causa; y 2. Crear un programa especial y el destino de recursos económicos del ramo 20 que permita lograr la solución a esta problemática.

V. La Comisión de Desarrollo Social está parcialmente de acuerdo con los resolutivos propuestos por el legislador, toda vez que no tiene capacidad para realizar los estudios de impacto señalados y no concuerda con la creación de un programa especial, que implicaría un impacto presupuestal considerable. Sin embargo, se estima importante y válida la preocupación del legislador proponente por impulsar estudios que permitan conocer el efecto del desempleo en los migrantes mexicanos.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las apreciaciones realizadas, la Comisión de Desarrollo Social somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a realizar en su ámbito de competencia los estudios a que haya lugar a efecto de medir y comprobar el efecto producido por la crisis económica mundial y el índice de desempleo de los migrantes repatriados por dicha causa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de agosto de 2010.

La Comisión de Desarrollo Social

Diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández, María Elena Perla López Loyo, Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Jesús Giles Sánchez Morelos (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González, Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez, Carlos Flores Rico (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera.

De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a impulsar la creación de un programa social de instauración de estancias de día para los adultos mayores del país

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica; y 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 38, segundo párrafo, de las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y de los comités de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue instalada el 6 de octubre de 2009.

La Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el oficio número DGPL 61-II-5-583, de fecha 11 de marzo de 2010, turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, para estudio y dictamen, el expediente número 1561, que contiene proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Desarrollo Social (Sedesol) a impulsar la creación de un programa social de instauración de estancias de día para los adultos mayores del país, presentada por la diputada María Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la sesión de la misma fecha.

Con estos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta, con las siguientes

Consideraciones

I. En la proposición con punto de acuerdo en comento, la legisladora García Gómez plantea que en el país, una de las poblaciones que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad es sin duda la de adultos mayores. El envejecimiento de la población es un fenómeno mundial cuyas características afectan directamente a las personas, las familias, las comunidades y prácticamente a todos los sectores del gobierno y la sociedad.

II. Para ella, el proceso de envejecimiento es el resultado de la interacción de diversos factores, entre los que se incluyen biológicos, psicológicos y sociales, que se complican al vincularse también con la aparición de sintomatologías que contribuyen en gran medida a la pérdida de capacidades. Ello representa en muchos casos una carga social y económica para quienes los rodean, sobre todo en grupos familiares donde se ha perdido la dimensión del papel tradicional del adulto mayor como consejero y poseedor de experiencia.

III. La legisladora sostiene que las situaciones de desventaja que viven los adultos mayores va desde lo económico hasta lo afectivo. En muchos casos, estas personas son víctimas de abandono, maltrato y marginación. Aun en el seno familiar, el despojo, las agresiones y la violencia son parte del esquema de vulnerabilidad que caracteriza la vida cotidiana de nuestros adultos mayores. La anterior es una realidad socialmente reconocida. Así lo muestra la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, realizada por la Sedesol y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, cuyo objetivo fue investigar la percepción que tienen los ciudadanos en México respecto a la discriminación hacia algunos grupos poblacionales específicos, uno de los cuales fueron los adultos mayores.

IV. La legisladora opina que el país se encuentra en un proceso de transición demográfica en el que la presencia de personas mayores de 60 años es creciente. Según el Consejo Nacional de Población, este grupo crece más rápidamente desde hace 20 años y, en proyección, duplicará su tamaño en menos de dos décadas. Mientras la población nacional crece a una tasa anual de 1.02 por ciento, las personas con 60 años o más se incrementan en 3.6. En 2005 residían en territorio nacional 8 millones 188 mil 898 adultos mayores, que representan 7.7 por ciento de la población. Esta proporción llegará a 15.8 por ciento en 2025 y a 28.0 en 2050.

V. De lo anterior se desprende que en un corto plazo la atención de los adultos mayores generará un problema más para gran número de familias, que se suma al vertiginoso empobrecimiento que han sufrido más de 50 por ciento de los hogares mexicanos que viven en pobreza. A esto debemos agregar que las mujeres son las históricas cuidadoras de personas mayores y de los niños. Ellas también están incorporadas al trabajo remunerado para aportar a la economía familiar, por lo que el cuidado de adultos resulta materialmente imposible.

VI. La legisladora plantea que la sociedad mexicana en su conjunto debe asumir la nueva realidad que demanda soluciones colectivas y públicas para generar apoyos sociales que permitan mayor desarrollo para las mujeres, así como formular la creación de condiciones seguras y dignas que permitan a los adultos mayores disfrutar plenamente de sus últimos años de vida. Por ello solicita la creación de un programa social de instauración de estancias de día para los adultos mayores del país. En esas instancias, deberá contarse con espacios físicos adecuados donde los adultos mayores desarrollen actividades que les permitan incentivar sus capacidades motrices e intelectuales, y además puedan convivir con otras personas de la misma edad.

VII. En las estancias de día se proporcionarán y fomentarán opciones a los adultos mayores para la ocupación creativa y productiva del tiempo libre mediante actividades culturales, deportivas, recreativas y de estímulo, el autocuidado y la salud. Otro aspecto que debe ser básico y fundamental es la promoción de la dignificación de esta etapa de la vida. En estos espacios se atenderá a los adultos mayores únicamente de día para que por la tarde regresen con sus familiares, lo que permitirá mantener integrado el conjunto de la familia, y que sus tutores o familiares puedan realizar sus tareas y responsabilidades cotidianas sin la limitación o la preocupación por el bienestar y la seguridad de su adulto mayor.

VIII. La legisladora señala que pese a la existencia de varios de estos centros por la instancia gubernamental encargada de la atención de esta población, su número es muy reducido e insuficiente para brindar ahora la cobertura requerida y la del futuro, ya que según las estadísticas poblacionales se incrementará considerablemente.

IX. El artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social señala entre los objetivos de la política nacional de desarrollo social propiciar condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social. La Comisión de Desarrollo Social considera muy importante la atención de este grupo vulnerable, con un sentido de justicia y reconocimiento social.

X. Debido a lo fundado, en la reunión plenaria del 12 de agosto del año en curso la Comisión de Desarrollo Social acordó dictaminar la procedencia del punto de acuerdo de la diputada María Elena García Gómez.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las apreciaciones realizadas, la Comisión de Desarrollo Social somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a impulsar la creación de un programa social de instauración de estancias de día para los adultos mayores del país, dentro de las posibilidades presupuestales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de agosto de 2010.

La Comisión de Desarrollo Social

Diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández, María Elena Perla López Loyo, Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Jesús Giles Sánchez Morelos (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González, Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez, Carlos Flores Rico (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera.

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a tomar medidas para que Pemex reduzca en la temporada invernal 2010-2011 el precio del gasóleo, del gas LP y del gas natural en Chihuahua

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Energía somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria celebrada en fecha 6 de octubre de 2009, se dio cuenta a la asamblea de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la proposición con punto de acuerdo de la diputada Adriana Terrazas Porras, para exhortar a la titular de la Secretaría de Energía a adoptar las medidas conducentes a efecto de que Petróleos Mexicanos otorgue a los consumidores en el estado de Chihuahua un descuento de 40 por ciento al gasóleo doméstico, al gas LP y al gas natural para el periodo que comprende del 1 de noviembre de 2009 al 31 de marzo de 2010.

Segundo. En esa misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.

II. Contenido y objetivo de la proposición

Inicia la diputada Terrazas señalando que la posición geográfica de Chihuahua da como resultado un clima desértico y sumamente extremoso, que provoca que se presenten temperaturas de hasta 45 grados centígrados en verano y de 20 grados bajo cero en invierno en algunas regiones del estado.

Las condiciones climatológicas de la entidad generan diversos problemas en la salud, lo que provoca ausentismo escolar y laboral y deterioran la economía de las familias chihuahuenses, entre las que podemos señalar los siguientes:

En lo que toca a la repercusión en la salud, el número de personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias agudas y por hipotermia, en cada ciclo invernal, es superior a las 750 personas y provoca alrededor de 75 defunciones.

Agrega la diputada proponente que por estas condiciones, el gasóleo, el gas LP y el gas natural son productos de alto consumo en los hogares chihuahuenses, sobre todo en la temporada otoño-invierno.

Desafortunadamente, el esquema de precios de dichos productos, señala la diputada Terrazas, obedece al fenómeno económico oferta-demanda, ocasionando con esto el encarecimiento en los energéticos para uso doméstico. El costo mensual promedio de los diferentes energéticos de uso doméstico representa en verano una carga importante para la economía familiar, que se agrava en la temporada invernal.

Menciona la diputada Terrazas que se han realizado estudios en relación con el impacto que estos costos tienen en los hogares chihuahuenses, los cuales concluyen que con un descuento del 40 por ciento en el precio de los combustibles se podría atenuar sensiblemente este impacto.

Por las razones expuestas, la diputada Terrazas Porras propone el siguiente acuerdo:

“Único. La Cámara de Diputados exhorta a la titular de la Secretaría de Energía a adoptar las medidas conducentes a efecto de que Petróleos Mexicanos otorgue a los consumidores en el estado de Chihuahua un descuento de 40 por ciento al gasóleo doméstico, al gas LP y al gas natural para el periodo que comprende del 1 de noviembre de 2009 al 31 de marzo de 2010.”

Establecidos los antecedentes y el contenido de la proposición, los miembros de las Comisión de Energía de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponen las siguientes

III. Consideraciones

Primera. La Comisión de Energía concuerda con la motivación y las razones expuestas por la diputada Adriana Terrazas Porras y considera que le asiste la razón al proponer el acuerdo descrito en el apartado anterior y que aquí es objeto de dictamen.

Segunda. La Comisión de Energía sin embargo, puntualiza los siguientes elementos de la legislación vigente, mismos que son pasados por alto en la proposición que aquí se dictamina:

• La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la instancia del gobierno federal encargada de “...establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, o bien, las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía y con la participación de las dependencias que correspondan...”

• Petróleos Mexicanos no realiza ventas al consumidor final. Las ventas –ventas de primera mano– las hace a los grandes distribuidores de petrolíferos o a las estaciones de servicio y distribuidores de combustibles, como se define en el artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

• Las diversas disposiciones que componen el marco jurídico en torno a la formulación del precio al usuario final de los energéticos indicados por la diputada Terrazas involucra la participación de instancias dependientes del Ejecutivo federal como son las secretarías de Hacienda y Crédito Público; de Energía; de Economía; así como la intervención de la Comisión Reguladora de Energía y de Petróleos Mexicanos.

• En los últimos años, se ha venido sujetando al gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y a usuarios finales, mediante diversos decretos expedidos por el Ejecutivo federal el 12 de marzo y 5 de septiembre de 2001; 4 de septiembre de 2002; 27 de febrero de 2003; 1 de enero y 28 de diciembre de 2007; 29 de diciembre de 2008 y 9 de enero de 2009.

En virtud de lo anterior, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideran que si bien ha de aprobarse el punto de acuerdo propuesto por la diputada Adriana Terrazas Porras, la redacción debe modificarse a fin de distinguir adecuadamente la instancia en cuyo ámbito recae la facultad de modificar los precios de los energéticos que la proponente señala como objeto de reducción.

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Energía de la LXI Legislatura, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Economía; así como de la Comisión Reguladora de Energía y Petróleos Mexicanos, realice las gestiones necesarias a efecto de que el precio al consumidor final del gasóleo doméstico, el gas LP y el gas natural en el estado de Chihuahua se reduzca para el periodo de la temporada invernal 2010-2011, a partir del 1 de noviembre de 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre de 2010.

La Comisión de Energía

Diputados: Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), presidente; Ramón Ramírez Valtierra, José del Pilar Córdova Hernández, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez, Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica), Pedro Jiménez León, Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Canek Vázquez Góngora, José Luis Soto Oseguera, Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino, Alfredo Villegas Arreola, Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Éric Luis Rubio Barthell, Miguel Martín López, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica), César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), Ramón Jiménez López, (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo. Jesús Everardo Villarreal Salinas (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas,.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a agilizar y facilitar la realización de los trámites de impacto ambiental, particularmente de proyectos de granjas acuícolas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnado para estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente número 1001, que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y al director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a agilizar y facilitar la realización de los trámites de estudio y manifestación de impacto ambiental, presentada por el diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica; y 60, 88, 95 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de la asamblea el presente punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

Primero. El 15 de diciembre del 2009, el diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Semarnat y de la Conagua a agilizar y facilitar la realización de los trámites de estudio y manifestación de impacto ambiental.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El presente dictamen tiene por objeto atender la solicitud del diputado Jiménez Merino, quien manifiesta en el punto de acuerdo que la acuacultura que es una de las actividades económicas más importantes a escala internacional para garantizar la seguridad alimentaria de la población mundial, mas están limitadas y obstaculizadas sus actividades en el país a consecuencia de la tramitología a que han de someterse los productores, particularmente para obtener la certificación de impacto ambiental, por los elevados costos que esto representa y lo complejo y retardado de dicho proceso.

En virtud de lo anterior, el diputado promovente sugiere el siguiente resolutivo:

Único. Se exhorta al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al director general de la Comisión Nacional del Agua a agilizar y facilitar la realización de los trámites de estudio y manifestación de impacto ambiental, con objeto de que un número mayor de acuicultores puedan realizar los trámites conducentes que les permitan obtener la manifestación de impacto ambiental, la cual incentivará la existencia de un número mayor de granjas acuícolas en el país.

En atención de dicha solicitud, la comisión legislativa que elabora el presente dictamen procede a iniciar el análisis.

La evaluación de impacto ambiental (EIA) ha sido uno de los instrumentos de política ambiental más conocidos y utilizados a escala internacional, impulsado de forma relevante por instrumentos jurídicos internacionales vinculantes y no vinculantes. El principio 17 de la Declaración de Río dispuso que cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente deberá sujetarse a una evaluación del impacto ambiental, en la calidad de instrumento nacional. 1

En México, este instrumento de política ambiental de carácter preventivo fue incorporado en el sistema jurídico en la Ley Federal de Protección al Ambiente y retomado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), 2 disposiciones que fueron reformadas sustancialmente en 1996. 3

La EIA como procedimiento administrativo por desahogar para obtener la autorización de impacto ambiental ha sido definida por el doctor José Juan González Márquez como un instrumento de política ambiental de carácter preventivo que asume la forma de procedimiento administrativo, de carácter sui géneris, 4 determinante en la preservación y calidad del medio ambiente.

Otros investigadores, como José Antonio Razquín Lizárraga, ha asignado otras características a dicho procedimiento administrativo, pues “la EIA no es, empero, cualquier evaluación o técnica de protección ni cualquier procedimiento de carácter ambiental, sino que para ser considerada tal ha de estar adornada de una específica conformación... De esa suerte, la EIA es un instrumento preventivo de protección ambiental de carácter procedimental con participación del público interesado y dictamen de la autoridad ambiental que incorpora la ponderación de la variable ambiental a la decisión de aprobación o autorización de determinados proyectos que tienen repercusiones significativas sobre el ambiente. Lo adornan, por tanto, las notas siguientes: fundamental, protectora, preventiva, procedimental, técnica, participativa y ambiental”. 5

Resulta evidente que la EIA que permitirá en su momento y previo agotamiento del procedimiento administrativo correspondiente la obtención de la autorización de impacto ambiental es un procedimiento preventivo en el cual la intervención de los particulares, la imposición de condicionantes o modificaciones en la actividad o proyecto sujeto a análisis son determinantes para evitar posibles daños al ambiente.

En ese sentido, el particular que pretenda realizar obras o actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los limites y las condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente deberán someterse a estudio y valoración ante la Semarnat a efecto de obtener una autorización.

Para el análisis de los proyectos y la emisión de la resolución correspondiente, la secretaría tiene un plazo de 60 días, contados a partir de la recepción de la manifestación de impacto ambiental. El plazo puede suspenderse en caso de que se notifique algún requerimiento adicional al particular, la suspensión no podrá exceder de 60 días. Asimismo, el plazo podrá prorrogarse por 60 días más, si la complejidad y dimensiones de la obra o actividad así lo determinan. 6

Atendiendo a la relevancia de la EIA como instrumento de política ambiental que permite evitar daños irreversibles al ambiente, ésta debe ser una evaluación técnica, jurídica y social exhaustiva que también debe ser resuelta atendiendo a los términos señalados en la LGEEPA y su Reglamento en materia de Impacto Ambiental, teniendo como premisa dar certeza jurídica a los promoventes de cada uno de los proyectos sometidos a esa evaluación.

El diputado Jiménez Merino señala en el punto de acuerdo objeto del presente dictamen que la acuacultura, una de las actividades económicas más importantes a escala internacional para garantizar la seguridad alimentaria de la población mundial, tiene limitadas y obstaculizadas sus actividades en el país a consecuencia de la tramitología a que han de someterse los productores, particularmente para obtener la certificación de impacto ambiental por los elevados costos que esto representa y lo complejo y retardado de dicho proceso.

La comisión dictaminadora coincide con el diputado promovente en el sentido de que se debe dar certeza jurídica a los productores acuícolas atendiendo y resolviendo en tiempo y forma las EIA presentadas ante la Semarnat. En virtud de la relevancia de este instrumento de política ambiental preventivo, dichas resoluciones deberán ser emitidas atendiendo a las disposiciones jurídicas aplicables en beneficio del ambiente.

Ahora bien, por lo que hace al exhorto dirigido a la Conagua para que agilice su intervención en las EIA en que sea requerida por la Semarnat, la comisión dictaminadora coincide con el diputado promovente, pues si la Conagua agiliza la emisión de su opinión, 7 fundamental y relevante en el proceso de evaluación de impacto ambiental, ésta podrá ser considerada en el momento de emitir la resolución, así como coadyuvar a que se atienda en tiempo y forma.

La comisión legislativa considera oportuno señalar con relación a la actividad acuícola, que ésta es regulada de forma específica en el Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, que determina los supuestos en que resulta procedente su presentación.

El artículo 5 del reglamento en referencia a la letra señala:

Artículo 5.

Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades requerirán previamente la autorización de la secretaría en materia de impacto ambiental:

U) Actividades acuícolas que puedan poner en peligro la preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas:

I. Construcción y operación de granjas, estanques o parques de producción acuícola, con excepción de la rehabilitación de la infraestructura de apoyo cuando no implique la ampliación de la superficie productiva, el incremento de la demanda de insumos, la generación de residuos peligrosos, el relleno de cuerpos de agua o la remoción de manglar, popal y otra vegetación propia de humedales, así como la vegetación riparia o marginal;

II. Producción de postlarvas, semilla o simientes, con excepción de la relativa a crías, semilla y postlarvas nativas al ecosistema donde pretenda realizarse, cuando el abasto y la descarga de aguas residuales se efectúen utilizando los servicios municipales;

III. Siembra de especies exóticas, híbridos y variedades transgénicas en ecosistemas acuáticos, en unidades de producción instaladas en cuerpos de agua, o en infraestructura acuícola situada en tierra; y

IV. Construcción o instalación de arrecifes artificiales u otros medios de modificación del hábitat para la atracción y proliferación de la vida acuática.

A mayor abundamiento, el artículo 11 del mismo reglamento refiere que la manifestación de impacto ambiental para granjas acuícolas se presentará en su modalidad regional cuando su extensión sea superior a 500 hectáreas, por lo que en caso de que no exceda de esas dimensiones deberá presentarse en su modalidad particular.

El artículo en comento a la letra señala:

Articulo 11. Las manifestaciones de impacto ambiental se presentarán en la modalidad regional cuando se trate de

I. Parques industriales y acuícolas, granjas acuícolas de más de 500 hectáreas, carreteras y vías férreas, proyectos de generación de energía nuclear, presas y, en general, proyectos que alteren las cuencas hidrológicas;

...

En los demás casos, la manifestación deberá presentarse en la modalidad particular.

Ahora bien, en cuanto a solicitar el apoyo de la Semarnat para facilitar los estudios de EIA del sector acuícola, el reglamento en comento hace referencia a la obligación de la secretaría de proporcionar a los promoventes una guía para facilitar la presentación y entrega de la manifestación de acuerdo con la obra señalada. En ese sentido, sería oportuno que se atendiese a lo dispuesto en el artículo 9 del reglamento:

Artículo 9.

...

...

La secretaría proporcionará a los promoventes guías para facilitar la presentación y entrega de la manifestación de impacto ambiental de acuerdo con el tipo de obra o actividad que se pretenda llevar a cabo. La secretaría publicará dichas guías en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Ecológica.

Esta comisión legislativa considera procedente dirigir una respetuosa solicitud a la Semarnat para que otorgue asesoría técnica y jurídica a los promoventes de EIA del sector acuícola, con objeto de empatar el desarrollo de una actividad productiva con la preservación del ambiente.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de esta comisión nos permitimos someter a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a agilizar los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, particularmente de proyectos de granjas acuícolas, resolviendo éstos en tiempo y forma, así como atendiendo a las disposiciones jurídicas aplicables.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a agilizar la emisión de su opinión en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental que sea requerido.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que otorgue asesoría técnica y jurídica a los promoventes que someten proyectos acuícolas a la evaluación de impacto ambiental.

Notas

1 Declaración de Río, 1992, principio 17.

2 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988.

3 La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente fue reformada sustancialmente en 1996. Se modificaron disposiciones relativas a la evaluación de impacto ambiental. Las reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 13 de diciembre de 1996.

4 González, Márquez, José Juan. Enciclopedia de derecho ambiental (publicación pendiente).

5 Razquín, Lizárraga, José Antonio. La evaluación de impacto ambiental, página 104.

6 Artículo 35 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

7 El artículo 4, fracción III, del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental faculta a la Semarnat para solicitar la opinión de otras dependencias y de expertos en la materia a fin de que sirvan de apoyo en las evaluaciones de impacto ambiental que se formulen.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 31 de agosto de 2010.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Francisco Alejandro Moreno Merino, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade, Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales (rúbrica).

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio de Ambiente y Recursos Naturales a emitir una norma oficial mexicana que regule eficazmente los procedimientos de cierre de operaciones de las minas en México para evitar así la generación de pasivos ambientales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnado para estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente número 1523, que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que emita un reglamento sobre la obligatoriedad de la planeación del cese de operaciones de las minas en México y garantizar que no se generen pasivos ambientales para el futuro de nuestros hijos, presentada por el diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica; y 60, 88, 95 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta asamblea el presente punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

Primero. El 4 de marzo de 2010, el diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Grupo Parlamentario del PVEM, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que emita un reglamento sobre la obligatoriedad de la planeación del cese de operaciones de las minas en México y garantizar que no se generen pasivos ambientales para el futuro de nuestros hijos.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva, turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El presente dictamen tiene por objeto atender la solicitud del diputado Moreno Terán, quien manifiesta en el punto de acuerdo que no hay una legislación precisa que regule la exploración y explotación de los recursos minerales en México, pero particularmente manifiesta su preocupación por la falta de normatividad relativa al cierre de operaciones de las minas, pues no hay garantía de que no se han generado riesgos significativos a la salud de la población o del ambiente.

En virtud de lo anterior, el diputado promovente sugiere el siguiente resolutivo:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que proceda a emitir con la mayor brevedad un reglamento que norme con efectividad la obligatoriedad de la planeación del cese de operaciones de las minas en México y que con esto se garantice que no se generen pasivos ambientales para el futuro de nuestros hijos.

En atención de dicha solicitud, la comisión legislativa que elabora el presente dictamen inicia el siguiente análisis:

La minería es una de las actividades industriales más antiguas que se desarrollaron en México. Sin duda, esta actividad ha sido sumamente significativa en la economía nacional, no sólo desde el punto de vista de satisfacción de las necesidades internas sino, también, como fuente para la captación de divisas a través de la exportación de minerales.

Lo anterior es así porque México es un país especialmente rico en depósitos minerales. En sus 32 entidades federativas se localizan yacimientos mineros, muchos de los cuales no han sido debidamente explorados o explotados. Se estima que 1.6 millones de kilómetros cuadrados del territorio nacional tienen condiciones geológicas apropiadas para los procesos metalogenéticos. Con todo, sólo 2 mil 500 kilómetros cuadrados de esa superficie, es decir, 1.5 por ciento, se han concesionado para su exploración o explotación. 1

A escala nacional destaca la producción de 10 minerales (oro, plata, plomo, cobre, zinc, fierro, coque, azufre, barita y fluorita), seleccionados por su importancia económica y su contribución a la producción nacional.

Otros minerales que en México también destacan por su volumen de producción son molibdeno, carbón mineral, manganeso, grafito, dolomita, caolín, arena sílica, yeso, wollastonita, celestita, feldespato, sal, diatomita, sulfato de sodio y sulfato de magnesio. 2

Hoy, la minería continúa siendo una actividad económica importante. La industria minera de México: retos y oportunidades, informe publicado por la Cámara Minera de México, señala que en 2009 el valor anual de su producción se estimó en 9 mil 319 millones de dólares; la actividad contribuyó con 1.6 por ciento del producto interno bruto, y generó 269 mil empleos directos y 1 millón 500 mil indirectos. Asimismo, refiere, la inversión en minería se redujo en 22 por ciento respecto al año anterior, pero no obstante se iniciaron 15 nuevas operaciones mineras. 3

Respecto a la exploración y explotación de los recursos minerales, el diputado promovente manifiesta preocupación por la falta de normatividad que regule el cierre de operaciones de las minas; en consecuencia, no se tiene la certeza de que el desarrollo de dicha actividad en el país haya generado pasivos ambientales con riesgos significativos para la salud de la población o del ambiente.

Sin duda, es necesario que en México se diseñe e implante una política que corrija las tendencias que conducen al agotamiento prematuro de ciertos recursos y obligue a la explotación adecuada de los recursos minerales, a fin de evitar procesos de deforestación, y contaminación de suelos y de aguas superficiales y subterráneas.

Ahora bien, a efecto de atender la solicitud del diputado promovente, la comisión que elabora el presente dictamen inicia el análisis del marco jurídico que regula la minería en el país:

La propiedad, el uso y el goce de los recursos minerales se encuentran regulados en el artículo 27, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el precepto se establece que corresponde a la nación el dominio directo de todos los minerales o sustancias en vetas, mantos, masas o yacimientos que constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes del terreno. Establece que el dominio de la nación sobre los recursos minerales es inalienable e imprescriptible, y que la explotación, el uso o el aprovechamiento de los ellos por los particulares se realizarán mediante concesión otorgada por el Ejecutivo federal.

Las bases establecidas en la Carta Magna fueron desarrolladas en la Ley Minera 4 y su reglamento. En dichos ordenamientos, la minería es regulada como una actividad productiva estrictamente, estableciendo que la exploración, la explotación y el beneficio de los minerales son de utilidad pública y preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno donde se localicen. De forma particular, la Ley Minera únicamente hace referencia a la protección del ambiente en el desarrollo de las actividades mineras, y fija ciertas obligaciones para los titulares de las concesiones otorgadas. Los preceptos en comento a la letra señalan:

Artículo 27. Los titulares de concesiones mineras, independientemente de la fecha de su otorgamiento, están obligados a

IV. Sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad en las minas y de equilibrio ecológico y protección al ambiente;

Artículo 39. En las actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias, los concesionarios mineros deberán procurar el cuidado del ambiente y la protección ecológica, de conformidad con la legislación y la normatividad de la materia.

De la lectura de los artículos citados se desprende que los titulares de concesiones mineras para garantizar la protección del ambiente deben remitirse a las disposiciones jurídicas y normatividad ambiental aplicable.

Ahora bien, las disposiciones jurídicas de protección del ambiente en el desarrollo de esa actividad productiva se encuentran en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual en el título tercero, “Aprovechamiento sustentable de los elementos naturales”, capítulo III, “De la exploración y explotación de los recursos no renovables en el equilibrio ecológico”, se ocupa de la regulación de la actividad para garantizar el manejo adecuado de dichos recursos y, en consecuencia, proteger las aguas, los suelos, y la flora y las fauna silvestres que se encuentran en torno de las actividades mineras.

Dicho capítulo está integrado por dos artículos, en los cuales se hace referencia a las facultades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para regular esta actividad a través de la expedición de normas oficiales mexicanas. Los artículos a la letra señalan:

Capítulo IIIDe la Exploración y Explotación de los Recursos no Renovables en el Equilibrio Ecológico

Artículo 108. Para prevenir y controlar los efectos generados en la exploración y explotación de los recursos no renovables en el equilibrio ecológico e integridad de los ecosistemas, la secretaría expedirá las normas oficiales mexicanas que permitan

I. El control de la calidad de las aguas y la protección de las que sean utilizadas o sean el resultado de esas actividades, de modo que puedan ser objeto de otros usos;

II. La protección de los suelos y de la flora y fauna silvestres, de manera que las alteraciones topográficas que generen esas actividades sean oportuna y debidamente tratadas; y

III. La adecuada ubicación y formas de los depósitos de desmontes, relaves y escorias de las minas y establecimientos de beneficios de los minerales.

Artículo 109. Las normas oficiales mexicanas a que se refiere el artículo anterior serán observadas por los titulares de concesiones, autorizaciones y permisos para el uso, aprovechamiento, exploración, explotación y beneficio de los recursos naturales no renovables.

Esta comisión legislativa considera que la regulación ambiental de la minería desde la exploración hasta el cierre de las minas teniendo como premisa el equilibrio ecológico debe estar contenida en las normas oficiales mexicanas. Sin embargo, actualmente éstas resultan insuficientes por la complejidad de la actividad, el impacto ambiental que ésta produce y la diversidad de los minerales explotados.

Lo anterior es así porque, como refiere acertadamente el diputado promovente, la normatividad vigente no determina el procedimiento para garantizar que tras el cese de operaciones de una mina no haya afectación al ambiente.

Las normas oficiales mexicanas publicadas que regulan la actividad minera son las siguientes:

NOM-120-SEMARNAT-1997 (modificada en 2004), que establece las especificaciones de protección ambiental para las actividades de exploración minera directa en zonas agrícolas , ganaderas o eriales, y en zonas con climas secos y templados donde se desarrolle vegetación de matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o encinos; 5

NOM-141-SEMARNAT-2003, que establece los requisitos para la caracterización del sitio, proyecto, construcción, operación y postoperación de presas de jales; 6

NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, que establece criterios para determinar las concentraciones de remediaciones de suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, selenio, talio o vanadio; y 7

NOM-155-SEMARNAT-2007, que establece los requisitos de protección ambiental para los sistemas de lixiviación de minerales de oro y plata. 8

De las normas citadas, únicamente las NOM 141 y 155 establecen criterios técnicos que faciliten la correcta operación, el cierre y postcierre de las minas, aunque en el caso de la NOM-155 los criterios establecidos son para dos minerales exclusivamente.

Atendiendo al sistema jurídico aplicable, la comisión que elabora el presente dictamen considera procedente exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a emitir una norma oficial mexicana en la que se regule el procedimiento de cierre de las operaciones mineras, contribuyendo así a

1. Prevenir y controlar los riesgos generados por el cierre de las operaciones mineras;

2. Que las empresas incluyan en la planeación y ejecución de la operación el proceso de rehabilitación progresiva del lugar, e incluyan el costo de dicha rehabilitación en los estudios de viabilidad financiera del proyecto y del presupuesto de operación consecuente, con la filosofía de minando para el cierre;

3. Que las comunidades puedan planear el futuro de éstas a consecuencia del conocimiento de los planes de rehabilitación y valorización del terreno;

4. Evitar la generación de pasivos ambientales;

5. Asegurar la existencia de fondos para dicha rehabilitación y el monitoreo de ésta.

La determinación de esta comisión legislativa respecto a exhortar a elaborar una norma oficial mexicana atiende a los criterios establecidos en la legislación vigente, de forma particular en la LGEEPA, respecto a la regulación de las actividades mineras en el país. Más aún, la elaboración de una NOM establecerá criterios técnicos específicos que garanticen la sustentabilidad de esa actividad productiva.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de la comisión nos permitimos someter a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a emitir una norma oficial mexicana que regule eficazmente los procedimientos de cierre de operaciones de las minas en México, evitando así la generación de pasivos ambientales.

Notas

1 Brañes, Raúl. Manual de derecho ambiental mexicano, página 435.

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Disponible en http://cuentame.inegi.org.mx/impresion/economia/mineria.asp

3 Cámara Minera de México. La industria minera de México: retos y oportunidades. Disponible en http://www.camimex.org.mx/informe/laindustriamineramex.pdf

4 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992.

5 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre de 1998.

6 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 2004.

7 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2007.

8 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2010.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 31 de agosto de 2010.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Francisco Alejandro Moreno Merino, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade, Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales (rúbrica).

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a asignar recursos para realizar estudios del estado de salud y conservación de la totoaba, en el alto golfo de California

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 1569, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Baja California a asignar los recursos necesarios para que se realicen los estudios del estado de salud y estatus de conservación de la población de totoaba en el Golfo de California.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

Primero. El 11 de marzo del 2010, el diputado Sergio Tolento Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Baja California a asignar los recursos necesarios para que se realicen los estudios del estado de salud y estatus de conservación de la población de totoaba, en el Golfo de California.

Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

El diputado promovente manifiesta la importancia de la conservación de la totoaba (Totoaba macdonaldi), 1 por lo que considera necesario que la autoridad realice una evaluación de su estado de salud y del estatus actual de conservación, mediante un estudio de biología fisiología, genética, dinámica y ecología de la población y sus reacciones con el ambiente del Golfo de California, así como proponer planes de ordenamiento alternativos, que prevengan la disminución crítica de la abundancia de su población y promuevan su conservación, recuperación y desarrollo sustentable, permitiendo las medidas de ordenamiento de la especie, en este tenor el diputado presenta el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al Gobierno del Estado de Baja California para que asignen los recursos necesarios para que se realicen los estudios del Estado de salud y estatus de conservación de la población de totoaba en el Golfo de California, fin de asegurar la sustentabilidad ambiental.

La totoaba puede crecer hasta dos metros en longitud y llegar a pesar 100 kilogramos. Su dieta consiste en pescados aletados y crustáceos. El crecimiento de la población es lento, la freza del totoaba es en el delta del río Colorado, y los adultos emigran ahí en abril y mayo.

De lo anterior, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales considera viable la propuesta del diputado promovente respecto a un estudio sobre el estatus de la totoaba, toda vez que la legislación ambiental mexicana relativa a la conservación y aprovechamiento sustentables de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana se contempla en la Ley General de Vida Silvestre, que maneja las políticas nacionales en materia de vida silvestre y su hábitat, por lo que describe que se deberá prever:

a) La conservación de la diversidad genética, así como la protección, restauración y manejo integral de los hábitats naturales;

b) Las medidas preventivas para el mantenimiento de las condiciones que propician la evolución, viabilidad y continuidad de los ecosistemas, hábitats y poblaciones en sus entornos naturales. En ningún caso la falta de certeza científica se podrá argumentar como justificación para postergar la adopción de medidas eficaces para la conservación y manejo integral de la vida silvestre y su hábitat;

c) La aplicación del conocimiento científico, técnico y tradicional disponibles, como base para el desarrollo de las actividades relacionadas con la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre;

d) La difusión de la información sobre la importancia de la conservación de la vida silvestre y su hábitat, y sobre las técnicas para su manejo adecuado, así como la promoción de la investigación para conocer su valor ambiental, cultural y económico como bien estratégico para la Nación;

e) Los procesos para la valoración de la información disponible sobre la biología de la especie y el estado de su hábitat; para la consideración de las opiniones de los involucrados y de las características particulares de cada caso, en la aplicación de medidas para el control y erradicación de ejemplares y poblaciones perjudiciales, incluyendo a los ferales, así como la utilización de los medios adecuados para no afectar a otros ejemplares, poblaciones, especies y a su hábitat. 2

La aplicación de estas políticas nacionales, corresponderá en sus respectivos ámbitos de competencia a los Municipios, a los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como al Gobierno Federal. 3

A la luz de estos supuestos jurídicos, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como los gobiernos Estatales, tienen la obligación de efectuar y realizar las políticas nacionales en materia de vida silvestre y su hábitat.

Asimismo, el artículo 56 de la Ley General de Vida Silvestre describe que la Semarnat identificará a través de listas las especies o poblaciones en riesgo, de conformidad con lo establecido en la norma oficial mexicana correspondiente, señalando el nombre científico y, en su caso, el nombre común más utilizado de las especies.

Es así como la totoaba se identifica como una especie endémica que está en peligro de extinción según la NOM-059-SEMARNAR-2001“Protección Ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo”. 4

En la Ley General de Vida Silvestre se precisan, en el inciso a) del artículo 58, las especies en peligro de extinción de la siguiente forma:

58. Entre las especies y poblaciones en riesgo estarán comprendidas las que se identifiquen como:

a) En peligro de extinción, aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones en el territorio nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales como la destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros.

Como ya se mencionó, la Semarnat puede suscribir convenios y acuerdos de concertación y coordinación con el fin de promover la recuperación y conservación de especies y poblaciones en riesgo, por lo que también debe impulsar la conservación y protección de las especies y poblaciones en riesgo, tal y como lo describe el artículo 60 de la Ley General de Vida Silvestre, que a la letra dice:

Artículo 60. La Secretaría promoverá e impulsará la conservación y protección de las especies y poblaciones en riesgo, por medio del desarrollo de proyectos de conservación y recuperación, el establecimiento de medidas especiales de manejo y conservación de hábitat críticos y de áreas de refugio para proteger especies acuáticas, la coordinación de programas de muestreo y seguimiento permanente, así como de certificación del aprovechamiento sustentable, con la participación en su caso de las personas que manejen dichas especies o poblaciones y demás involucrados.

El programa de certificación deberá seguir los lineamientos establecidos en el reglamento y, en su caso, en las Normas Oficiales Mexicanas que para tal efecto se elaboren.

La secretaría suscribirá convenios y acuerdos de concertación y coordinación con el fin de promover la recuperación y conservación de especies y poblaciones en riesgo.

Respecto a los antecedentes de conservación de la totoaba, encontramos los siguientes:

En agosto de 1975, la entonces Secretaría de Pesca estableció una veda permanente para la totoaba, que actualmente permanece en vigor. Posteriormente, en el artículo décimo del decreto por el que se declara área natural protegida con el carácter de reserva de la biosfera, se declaró nuevamente veda total e indefinida de caza y captura de la totoaba (Totoaba macdonaldi ). 5

Sin embargo, los operativos de protección y conservación para su cumplimiento no han eliminado totalmente la pesca clandestina. 6 Por ello, la inquietud del legislador promovente en realizar un estudio actual sobre la preservación de esa especie.

En 1976 la totoaba fue colocada en el Apéndice I de la Convención Internacional sobre el Tráfico de Especies Silvestres (CITES), como especie en peligro de extinción. 7

En 1983 el Instituto Nacional de la Pesca, creo el Consejo para la Investigación y Desarrollo de la totoaba en el Golfo de California, integrado por cerca de 20 Instituciones Federales, Estatales, Centros de Investigación y las Federaciones Regionales de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera, esto a la luz del programa “Operación Totoaba.” 8

Durante el I Congreso de la Asociación de Investigadores del Mar de Cortés, desarrollado en Hermosillo, Sonora en octubre de 1988, se elaboró y presentó una propuesta a las entonces Secretarías de Pesca, Secretaría de Marina y Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la cual planteaba un programa de protección y conservación en el Alto Golfo y un área de exclusión a la pesca, así como una campaña de educación, tendientes a evitar la extinción de la totoaba.

En marzo de 1993 en el marco del Comité Técnico para la Preservación de la Vaquita Marina y la Totoaba en el alto Golfo de California, fue presentado un documento denominado Propuesta para la declaración de reserva de la biosfera alto Golfo de California y delta del río Colorado, 9 con el fin de proteger Vaquita marina y la totoaba, estas dos especies fueron uno de los motivos que originaron el decreto de una zona protegida, ya que ambas representan un reto para lograr su recuperación y conservación. 10 El decreto determinó como área natural protegida con el carácter de reserva de la biosfera, la región conocida como alto Golfo de California y delta del río Colorado, ubicada en aguas del Golfo de California y los municipios de Mexicali, BC, de Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, Sonora. 11

En diciembre de 1995, se publicó el Programa de Manejo del Área Natural Protegida Reserva de la Biósfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. 12

Finalmente, el 19 de mayo del 2010, mediante oficio número DTAP/202/2010, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 13 (Conabio) que es una comisión intersecretarial y creada en 1992 con carácter de permanente, informa a esta comisión dictaminadora lo siguiente:

• El doctor Antonio de Anda del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, SC, presentó el proyecto HK050 “Estado de salud y estatus de conservación de la (s) población (es) de totoaba (Totoaba macdonaldi) en el Golfo de California: una especie en peligro de extinción”, dentro de la convocatoria “Conocimiento integral de la situación de las especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 y de especies prioritarias” publicada por la Conabio en 2009. La propuesta fue aprobada y la Conabio, a través del fideicomiso Fondo para la Biodiversidad financiará una primera etapa del proyecto con 800,000.00 pesos.

• La propuesta está enmarcada en un proyecto global sobre el conocimiento de la totoaba y se desarrollará en treinta meses, la Conabio apoyará la primera fase de doce meses, para trabajar en las líneas de investigación de ecología de comunidades, ecología trófica, oceanografía, biología reproductiva y dinámica poblacional de la especie. La información que se deberá entregar a la Conabio obligatoriamente es: 1) generalidades, 2) distribución, 3) ambiente, 4) historia natural de la especie, 5) factores de riesgo y categoría de riesgo en la que se encuentra la especie, 6) método de evaluación de riesgo, 7) bibliografía y 8) créditos.

• Asimismo, informó la Conabio que la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat también apoyará económicamente en una segunda fase del proyecto; sin embargo, a la fecha aún no se precisan las actividades a realizar ni su costo. Estos fondos serán administrados por el fideicomiso Fondo para la Biodiversidad.

• Finalmente, informó la Conabio a esta comisión dictaminadora que el convenio correspondiente con la institución en la que labora el investigador responsable del proyecto, aún no se firma, considerando que dicho convenio será suscrito en el mes de junio.

Con el objeto de que la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat apoye económicamente en la segunda fase del proyecto, el legislador promovente propone que el Ejecutivo federal contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal siguiente una partida para que se realicen los estudios del estado de salud y del estatus de conservación de la población de la totoaba en el Golfo de California, con el fin de asegurar la sustentabilidad ambiental, tal como está contemplado en el fideicomiso Fondo para la Biodiversidad, propuesta que considera viable esta comisión dictaminadora.

Asimismo, esta comisión considera procedente solicitar a la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat informe a este Órgano Legislativo sobre las actividades que realizará en la segunda etapa del proyecto HK050 “Estado de salud y estatus de conservación de la (s) población (es) de totoaba (Totoaba macdonaldi) en el Golfo de California: una especie en peligro de extinción”.

Finalmente, y por todo lo informado por la Conabio, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales considera que la propuesta del legislador promovente ha sido atendida, con respecto a la existencia del proyecto HK050 “Estado de salud y estatus de conservación de la(s) población(es) de totoaba (Totoaba macdonaldi) en el Golfo de California: una especie en peligro de extinción”. Sin embargo, esta comisión dictaminadora considera viable solicitar a la Conabio, que una vez que se firme el convenio y que se elaboren los primeros informes del proyecto HK050, informe a este órgano legislativo sobre los avances y resultados de dicho proyecto.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de esta comisión nos permitimos someter a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) que informe a este órgano legislativo sobre los avances y resultados del proyecto HK050 “Estado de salud y estatus de conservación de la(s) población(es) de totoaba (Totoaba macdonaldi) en el Golfo de California: una especie en peligro de extinción”.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal que considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal siguiente una partida para que se asignen los recursos necesarios a la Dirección General de Vida Silvestre, con la finalidad de realizar acciones de conservación de la población de totoaba (Totoaba macdonaldi), como son los estudios del estado de salud y conservación de su población en el Golfo de California.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que informe a este órgano legislativo sobre las actividades que realizará en la segunda etapa del proyecto HK050 “Estado de salud y estatus de conservación de la(s) población(es) de totoaba (Totoaba macdonaldi) en el Golfo de California: una especie en peligro de extinción”.

Notas

1 Conabio, Conanp, otros, Ficha Técnica para la evaluación de los sitios prioritarios para la conservación de los ambientes costeros y oceánicos de México, La totoaba está en peligro de extinción, es endémica, información disponible en:

http://www.conabio.gob.mx/gap/images/0/0f/17_Alto_Golfo_ California.pdf

2 Fracciones I, II, III, IV, y VII del artículo 5o de la Ley General de Vida Silvestre.

3 Artículo 6o de la Ley General de Vida Silvestre.

4 Diario Oficial de la Federación, Marzo 6 2002, México D. F., Sección Segunda.

5 Diario Oficial de la Federación, Junio 10 1993, disponible en:

http://www.conanp.gob.mx/sig/decretos/reservas/Altogolfo .pdf

6 Semarnat, Programa de Manejo 1, Áreas Naturales Protegidas, Reserva de la Biósfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, diciembre 1995, p. 5, disponible en: http://www.conanp.gob.mx/pdf_programa_manejo/alto_golfo.pdf

7 Ibídem. p. 20.

8 Ibídem. p. 5.

9 Ibídem. p. 6.

10 Ibídem. p. 20.

11 Diario Oficial de la Federación, http://www.conanp.gob.mx/sig/decretos/reservas/Altogolfo.pdf

12 Semarnat, Programa de Manejo 1, http://www.conanp.gob.mx/pdf_programa_manejo/alto_golfo.pdf

13 La Conabio tiene por objeto coordinar las acciones y estudios relacionados con el conocimiento y la preservación de las especies biológicas, así como promover y fomentar actividades de investigación científica para la exploración, estudio, protección y utilización de los recursos biológicos tendentes a conservar los ecosistemas del país y a generar criterios para su manejo sustentable.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de junio del 2010.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Francisco Alejandro Moreno Merino, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez, Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Leoncio Morán Sánchez (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Leticia Robles Colín, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo relativos al humedal Tembladeras, en Veracruz

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada, para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 1577, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades municipales de Veracruz, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Comisión Nacional del Agua a no autorizar los proyectos en el humedal de Tembladeras, presentada por el diputado Julio Saldaña Morán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 60, 88, 95 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes

Antecedentes

Primero. El 11 de marzo del 2010, el diputado Julio Saldaña Morán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades municipales de Veracruz, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a no autorizar los proyectos en el humedal de Tembladeras.

Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El presente dictamen tiene por objeto atender la solicitud del diputado Saldaña Morán, quien manifiesta en su punto de acuerdo que el cabildo del municipio de Veracruz ha otorgado el cambio de uso de suelo de preservación ecológica a mixto en la zona conocida como Tembladeras, a fin de incluirla dentro del Programa Estratégico de Gran Visión del Surponiente de la Zona Conurbada Veracruz-Boca del Río, asimismo refiere que en la zona se pretende construir un centro comercial, con supermercado, 101 locales comerciales y 12 salas de cine.

En virtud de lo anterior, el promovente sugiere los siguientes resolutivos:

Primero. Se exhorta al ayuntamiento de Veracruz y a su cuerpo edilicio a cancelar el cambio de uso de suelo aprobado en sesión de cabildo ordinaria del 27 de enero de 2010 y que decrete los humedales de Tembladeras como zona restrictiva y poner a consulta ciudadana el Programa Estratégico de Gran Visión del Surponiente de la Zona Conurbada de Veracruz.

Segundo. Se exhorta a la Semarnat y la Conagua a no autorizar los proyectos considerados en el humedal de Tembladeras, Veracruz, considerado en humedales inscritos en la Convención de Ramsar en 2005 como el sistema de lagunas interdunarias de la ciudad de Veracruz.

En atención a dicha solicitud la comisión legislativa que elabora el presente dictamen procede a iniciar el siguiente análisis.

Los humedales son ambientes de transición entre los ecosistemas terrestres y los acuáticos, con una biodiversidad propia y valiosa que debe conservarse. Debido a su ubicación geográfica, estos ecosistemas otorgan diversos servicios ambientales: favorecen la conservación de especies endémicas; la regulación de los ciclos hidrológicos locales al absorber una buena parte del exceso del agua producto de las tormentas y aguaceros; permiten la recarga de los acuíferos, la descarga de agua al subsuelo para el mantenimiento del manto freático; la permanencia de fuentes de agua en tiempos de sequía; amortiguamiento de eventos hidrometeorológicos extremos; y funcionan como verdaderos criaderos de especies de peces, moluscos y crustáceos de importancia económica; por citar algunos ejemplos. 1

Esos servicios ambientales hacen que los humedales se constituyan en ecosistemas de importancia ambiental, económica y social. Sin embargo, el crecimiento poblacional y la demanda de diversos servicios produce también la demanda de espacios físicos para atender las necesidades de vivienda, alimentación e incluso de recreación, constituyéndose los humedales en espacios atractivos para el desarrollo de actividades como la agricultura o bien, la construcción de viviendas o centros comerciales.

Ese es el caso presentado por el promovente del punto de acuerdo, objeto del presente dictamen, quién refiere que el cabildo del municipio de Veracruz ha otorgado el cambio de uso de suelo de preservación ecológica a mixto en la zona conocida como Tembladeras, a fin de incluirla dentro del Programa Estratégico de Gran Visión del Surponiente de la Zona Conurbada Veracruz-Boca del Río.

Al respecto es preciso señalar que la zona conocida como Tembladeras, localizada en el kilómetro 105 de la Carretera Veracruz-Xalapa, municipio de Veracruz, Veracruz Ignacio de la Llave, es una zona de humedales que favorece la mitigación de inundaciones en el puerto de Veracruz, al encontrarse ahí dos vasos reguladores con una extensión de 692 hectáreas. 2

No obstante lo anterior, la zona de Tembladeras, situada al sur-poniente del municipio, ya ha sido considerada para la construcción de diversos proyectos. Así, como refiere el promovente, en 2008 la empresa Espacios Comerciales Veracruz, SA de CV, sometió a evaluación de impacto ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales el proyecto plaza sendero 3 para construir un conjunto comercial, autorización que fue negada.

Recientemente la conservación de esa zona de humedales se encuentra en riesgo, según manifiesta el promovente, el cabildo del municipio de Veracruz autorizó en su sesión 146 el cambio de uso de suelo en zonas de reserva ecológica a habitacional y mixta, 4 la autorización fue otorgada para facilitar la implantación del Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del Sur Poniente de la Ciudad de Veracruz, el cual tiene por objeto el ordenamiento territorial de dicha área, en la cual se incluyen los municipios de Alvarado, Boca del Río, La Antigua, Medellín y Veracruz. 5

La difusión de la información ocasionó que grupos ambientalistas, partidos políticos, medios de comunicación y la sociedad en general manifestaran su oposición al cambio de uso de suelo autorizado en la zona de Tembladeras, pues científicos, políticos y grupos ambientalistas conocen la importancia de esos humedales para el puerto de Veracruz.

El conflicto social derivado del cambio de uso de suelo, particularmente en el municipio de Veracruz ocasionó que en la sesión extraordinaria de cabildo celebrada el 10 de marzo de 2010 el presidente municipal solicitara la integración 6 de una comisión especial transitoria para el estudio y análisis técnico de la zona baja del predio denominado Tembladeras. Durante la sesión se informó que para garantizar la eficaz implantación del Programa de Gran Visión, era oportuna la conformación de una comisión especial, la cual estaría integrada por regidores de diferentes partidos, el Instituto Nacional de Ecología, gobierno del estado y algunos diputados federales que venían manifestando su interés en el tema. La comisión tendría como objetivo deslindar cuál es el área de la zona de Tembladeras, específicamente para que ésta fuera denominada área natural protegida y sitio Ramsar. 7

Dos meses más tarde, el gobierno municipal de Veracruz emitió, el 7 de mayo de 2010, el comunicado de prensa número 2172, 8 en el que informó que en reconocimiento de la importancia de la zona de Tembladeras para el municipio de Veracruz y del medio ambiente en general, se había presentado una solicitud para que dicha zona sea denominada sitio Ramsar.

Lo anterior fue informado por el presidente municipal de Veracruz puerto, en un acto público realizado en el marco de la celebración del Día Mundial de las Aves, al cual asistió acompañado por el gobernador de Veracruz y el subsecretario de Medio Ambiente; el acto tuvo lugar en el centro de integración familiar La Pinera.

Durante el acto, tras la liberación de diversas especies de aves, el presidente municipal de Veracruz informó que los diferentes niveles de gobierno impulsarán acciones de conservación y preservación del medio ambiente. De forma particular, informó que autoridades municipales y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizaron un exhorto al director regional Planicie Costera y Golfo de México de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a efecto de que la zona de Tembladeras sea reconocida como sitio Ramsar. 9 Además, informó que se planea que en junio se concluyan los trámites para que el polígono de Tembladeras sea decretado área natural protegida estatal. El presidente municipal aseguró que el objetivo es preservar el patrimonio natural, conservar la biodiversidad y proteger la zona de posibles impactos ocasionados por el incremento de las actividades humanas y la expansión de la mancha urbana.

Con la publicación de dicha información, es evidente el reconocimiento del gobierno municipal y estatal de la importancia de la zona de humedales Tembladeras en el ciclo del agua, la conservación de especies de flora y fauna silvestres, y la estabilización de las condiciones climáticas locales, particularmente lluvia y temperatura.

Así, la comisión legislativa que elabora el presente dictamen considera que con el interés demostrado por parte del gobierno municipal y estatal en la protección, conservación y preservación de la zona de Tembladeras al solicitar que ésta sea reconocida como sitio Ramsar y área natural protegida (ANP), queda atendida la solicitud del promovente respecto de que no se autoricen proyectos en la zona. Sin embargo, considera oportuno solicitar información al ayuntamiento de Veracruz respecto del estado de las gestiones realizadas para que la zona de Tembladeras sea reconocida como sitio Ramsar y ANP estatal.

En el mismo sentido, se considera oportuno solicitar respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que informe si las gestiones para que la zona de Tembladeras sea designada como sitio Ramsar se han iniciado así como el estatus que guardan.

Esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturale, en apoyo a lo manifestado sobre el asunto Tembladeras por parte de las autoridades municipales y estatales, acuerda aprobar la solicitud del promovente respecto de dirigir una solicitud al ayuntamiento de Veracruz para que haga una revisión del cambio de uso de suelo aprobado en sesión ordinaria de cabildo del 27 de enero de 2010, en lo relativo a la zona de Tembladeras.

Finalmente, es importante señalar que de concluirse satisfactoriamente las gestiones iniciadas por las autoridades municipales, la zona de humedales de Tembladeras sería conservada a través de la utilización sostenible del ecosistema haciendo evidente que es posible la conservación de los humedales y del medio ambiente, con la participación de comunidades locales, organizaciones sociales y sociedad en general.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de esta comisión nos permitimos someter a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular del ayuntamiento de Veracruz que informe a esta soberanía el estado que guardan las gestiones para que la zona de Tembladeras, situada en ese municipio, sea designada como sitio Ramsar y decretada como área natural protegida estatal.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que informe a esta soberanía el estado que guardan las gestiones para que la zona de Tembladeras, situada en el municipio de Veracruz, sea designada como sitio Ramsar.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al ayuntamiento de Veracruz que haga una revisión del cambio de uso de suelo, aprobado en sesión ordinaria de cabildo del 27 de enero de 2010, en lo relativo a la zona de Tembladeras e informe sobre ello a esta soberanía.

Notas

1 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Inventario nacional de humedales. Disponible en http://www.conanp.gob.mx/pdf_humedales/DER%20250308_corr.pdf

2 Resumen ejecutivo cambio de uso de suelo en el predio particular "Tembladeras", municipio de Veracruz, Veracruz. Proyecto Plaza Sendero Veracruz. Disponible en http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/ver/resumenes/2008/30 VE2008FD046.pdf

3 El proyecto de Plaza Sendero fue sometido a evaluación de impacto ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 2008. En el resumen ejecutivo presentado por la empresa Espacios Comerciales Veracruz, SA de CV, se aprecia que la superficie total a utilizarse sería de 34-51-71.8491 hectáreas. En ella se construiría un conjunto comercial que incluía una tienda ancla, 101 locales, 18 locales de comida rápida, 19 subanclas, 13 subanclas en área común, 48 islas para comercios, área de servicios generales, estacionamiento con 2 mil 775 cajones, un city club y cine con 12 salas.

Resumen ejecutivo cambio de uso de suelo en el predio particular Tembladeras, municipio de Veracruz, Veracruz. Proyecto Plaza Sendero Veracruz. Disponible en http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/ver/resumenes/2008/30 VE2008FD046.pdf

4 Información obtenida de notas periodísticas toda vez que la sesión 146 del cabildo de Veracruz no se encuentra disponible en su portal del Internet.

Disponible en http://www.eldemocrata.com.mx/index.php?option=com_content&view =article&id=5261:aprueba-cabildo-cambio-de-uso-de-suelo-en-rese rvas-ecologicas-&catid=21:archivo&Itemid=20

5 El Programa Parcial Estratégico de Gran Visión del sur poniente de la ciudad de Veracruz fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el 9 de noviembre de 2009. Disponible en http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid=433,4038593&_ dad=portal&_schema=PORTAL

6 La solicitud se realizó con fundamento en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Municipio de Veracruz.

7 Durante la sesión extraordinaria de cabildo celebrada el 10 de marzo de 2010, la propuesta se aprobó con 10 votos a favor y 2 abstenciones, acordándose lo siguiente: Primero, autorizar la creación de la comisión especial transitoria, que tendrá como fin, el estudio y análisis técnico de la zona baja del predio denominado Tembladeras, situado en la zona sur-poniente de este municipio de Veracruz, que será integrada por los siguientes ediles: licenciado Maximino Torres Hernández, regidor tercero; ingeniero Ismael Reyes Lara, regidor quinto; arquitecta Nieves del Carmen Sánchez Gómez, regidora sexta; ingeniero Ramón Núñez López, regidor séptimo; Octavio Galindo Molina, regidor noveno; doctora Guadalupe Torres Rivadeneyra, regidora undécima; y profesora Perla Lozano Delgado, regidora décima.

Disponible en http://www3.veracruz-puerto.gob.mx/transparencia/sesiones/156/ACTA152.p df

8 Ayuntamiento de Veracruz, boletín de prensa número 2172, 07 de mayo de 2010. Disponible en http://www.veracruz-puerto.gob.mx/comunicacion/noticia.asp?id=3652

9 El Convenio de Ramsar o convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, fue firmado en la ciudad de Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971 y entró en vigor en 1975. Actualmente cuenta con 123 partes contratantes. Este acuerdo internacional es el único de los modernos convenios en materia de medio ambiente que se centra en un ecosistema específico, los humedales, y aunque en origen su principal objetivo estaba orientado a la conservación y uso racional en relación a las aves acuáticas, actualmente reconoce la importancia de estos ecosistemas como fundamentales en la conservación global y el uso sostenible de la biodiversidad, con importantes funciones (regulación de la fase continental del ciclo hidrológico, recarga de acuíferos, estabilización del clima local), valores (recursos biológicos, pesquerías, suministro de agua) y atributos (refugio de diversidad biológica, patrimonio cultural, usos tradicionales).

Humedales: agua, vida y cultura. Octava reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes en la Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) Valencia, España, 18 a 26 de noviembre de 2002. Disponible en http://www.prodiversitas.bioetica.org/des23.htm#Documentos%20informativ os

Actualmente México tiene 114 sitios Ramsar que cubren una superficie de 8,191,087 hectáreas. Disponible en http://www.ramsar.org/cda/ramsar/display/main/main.jsp?zn=ramsar&am p;cp=1-26-45-84%5E24252_4000_2__

Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados, a 31 de agosto de 2010.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), María Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Francisco Alejandro Moreno Merino, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Buitrón (rúbrica), José Eduardo Yánez Montaño (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade, Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales (rúbrica).

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional Forestal a revisar y evaluar las políticas implantadas en el Programa Estratégico Forestal para México 2025

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 1582, que contiene la proposición con punto de acuerdo relativo a la deforestación, conservación y protección de los Bosques y Selvas y su inventario, presentada por el diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numeral 1, 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 60, 88, 95 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

Primero. El 11 de marzo del 2010, el diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo relativo a la deforestación, conservación y protección de los bosques y selvas y su inventario.

Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El presente dictamen tiene por objeto atender la solicitud del diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo, quien manifiesta en su punto de acuerdo que es importante que se desarrollen e implementen políticas eficaces para la conservación y protección de los bosques y selvas, así como que se elabore un inventario nacional de bosques y selvas en el que señale el tamaño de la deforestación que han sufrido los mismos y se promueva el desarrollo de actividades productivas en las áreas forestales que sean compatibles con los recurso naturales que ahí se encuentran.

En virtud de lo anterior, el diputado promovente sugiere los siguientes resolutivos:

Uno. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a las Comisiones Nacionales de Áreas Naturales Protegidas, y Forestal a desarrollar e implementar, para que en uso de sus facultades, pero sobre todo de sus obligaciones, políticas eficaces para la conservación y protección de los bosques y selvas.

Dos. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a instruir a las dependencias correspondientes para que con la mayor brevedad actualicen el inventario nacional de bosques y selvas en el que señale el tamaño de la deforestación que han sufrido los mismos.

Tres. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a aplicar, a través de las dependencias correspondientes, los programas sustentables de empleo y producción necesarios para que los habitantes de las zonas boscosas y selváticas estén en posibilidad de cubrir sus necesidades básicas y a la vez convivan en armonía y respeto con el medio ambiente.

En atención a dicha solicitud, la comisión legislativa que elabora el presente dictamen procede a iniciar el siguiente análisis:

La ubicación geográfica de México lo ha favorecido al ubicarlo entre dos grandes masas oceánicas que bañan sus costas, el océano Pacífico y el Golfo de México en el que confluyen la mayoría de los climas y subclimas de la región, condiciones que permiten que el 70 por ciento del territorio nacional tenga vocación forestal, ocupando el lugar décimo segundo en superficie forestal a nivel mundial, con poco más de 139 millones de hectáreas.

Esos recursos forestales generan una serie de servicios ambientales: regulación del ciclo hidrológico, recarga de los mantos acuíferos, azolve de lagunas y presas, captación de bióxido de carbono y liberación de oxígeno, mantienen los canales hidrológicos necesarios para generar electricidad, resguardan las costas y los cauces de los ríos, retardando los procesos de erosión y estancamiento en las represas y canales; permiten el abastecimiento de recursos y materias primas para el hombre. 1 No obstante que los recursos forestales permiten mantener el equilibrio ecológico en nuestro planeta, la pérdida de los recursos, es decir la deforestación, es uno de los problemas ambientales más serios.

La deforestación es la remoción de la vegetación arbolada de un sitio, como las selvas o los bosques, para su transformación a terrenos agrícolas, ganaderos o urbanos. En el mundo y en México, la principal causa de deforestación es la necesidad de mayores superficies para cultivo y crianza de animales, aunque también la promueven los desmontes ilegales, la extracción de madera, el crecimiento de las vías de comunicación y los incendios forestales. 2

Al respecto la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) señaló, en la elaboración de la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales, que durante el período 2000-2005 en México se perdieron 260 mil hectáreas de áreas forestales. 3 Asimismo, que para el año 2002, habíamos convertido poco más de 27 por ciento de nuestro territorio en zonas agrícolas, ganaderas y urbanas. Los Estados más afectados por este fenómeno son Veracruz, Tamaulipas y Tabasco, en el Golfo y; Tlaxcala, Puebla e Hidalgo en el centro del país.

Frente a este panorama tan preocupante es preciso atender prioritariamente la problemática forestal de México, puesto que el incremento de la tasa de deforestación, cualquiera que sea su propósito (aprovechamiento de los recursos maderables, cambio de uso de suelo a pastizal para la ganadería o la agricultura) pone en riesgo el equilibrio ambiental, no sólo porque produce el deterioro del medio ambiente y la reducción de los recursos naturales no renovables como el agua, sino también porque generan la reducción de los servicios ambientales.

En ese sentido, el diputado promovente del punto de acuerdo objeto del presente dictamen refiere que es importante que se desarrollen e implementen políticas eficaces para la conservación y protección de los bosques y selvas; que se actualice el inventario nacional de bosques y selvas en el que señale el tamaño de la deforestación que han sufrido los mismos; y, que se apliquen los programas sustentables de empleo y producción necesarios para que los habitantes de las zonas boscosas y selváticas estén en posibilidad de cubrir sus necesidades básicas y a la vez, convivan en armonía y respeto con el medio ambiente.

Ciertamente como lo refiere el diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo, es necesario que se intensifiquen e implementen políticas públicas para la conservación de los recursos forestales. Al respecto es preciso señalar que el gobierno federal a través de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) ya ha diseñado e implementado una serie de políticas públicas de conservación y restauración dentro de las que detectamos acciones de reforestación, de estabilización y recuperación de suelos degradados; sanidad vegetal y; conservación de humedales.

Más aún desde el año 2001 se diseñó un Programa Estratégico Forestal para México 2025, que tiene como objetivo impulsar y fortalecer el desarrollo sustentable de los recursos naturales en los ecosistemas forestales mediante acciones de conservación, protección, restauración, fomento y producción para el bienestar de la sociedad, con base en ajustes de las políticas, instituciones y legislación, así como la propuesta de un programa de inversiones. El propósito es aprovechar las estrategias establecidas para formular planes y programas operacionales de corto, mediano y largo plazos, orientados al uso sustentable de los recursos forestales. 4 Ese programa estratégico describe el escenario que se desea para las zonas forestales y las estrategias ahí planteadas son retomadas en el Programa Institucional 2007-2012 de la Comisión Nacional Forestal, que sirve de base para la construcción e implementación de las políticas públicas aplicables en materia de conservación de los recursos forestales. 5 Sin embargo, como refiere acertadamente el diputado Ezeta Salcedo, es preciso que las autoridades ambientales hagan una revisión y evaluación de las políticas públicas implementadas y en su caso, reestructurarlas para impulsar el desarrollo forestal sustentable del país.

Ahora bien, respecto a la solicitud de actualizar el inventario nacional de bosques y selvas, esta comisión legislativa considera preciso señalar que el Inventario Nacional Forestal y de Suelos se encuentra actualizado.

“El Inventario Nacional Forestal y de Suelos de México 2004-2009. Una herramienta que da certeza a la planeación, evaluación y el desarrollo forestal de México”, fue publicada en el año 2009. El diseño e implementación del inventario se inició en 2004 y para noviembre de 2007 se concluyó con la etapa de muestreo de campo, habiéndose levantado 24 mil 659 conglomerados, que integran a su vez 81 mil 665 sitios de muestreo distribuidos geográficamente en todas las condiciones de vegetación del país.

La integración del inventario se realizó con base en la información cartográfica de uso del suelo y vegetación a escala 1:250,000 serie IV del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la cual se fundamenta en imágenes de satélite Spot del año 2007. La información generada a partir del Inventario es fundamental para realizar planeación estratégica, así como evaluaciones periódicas actualizadas de los recursos forestales de nuestro país. 6

La Conafor refiere que la metodología y tecnología aplicadas en el inventario se homologaron a las que utilizan Canadá y Estados Unidos, y con las cuales México será capaz de reportar el estado de los recursos forestales a nivel nacional e internacional, de acuerdo con lo solicitado cada cinco años por la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en su reporte de evaluación de los recursos forestales mundiales; con lo cual es posible concluir que las cifras de la FAO coinciden con las del gobierno federal pues son publicadas a partir de la información proporcionada por nuestro país. 7

Asimismo la Conafor refiere en el propio inventario que a partir del año 2009 se inició la actualización del Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2009–2014, con el objeto de cumplir con lo establecido por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento, que instruye actualizar el inventario cada cinco años. 8

Ahora bien, respecto la solicitud del diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo de que se apliquen los programas sustentables de empleo y producción necesarios para que los habitantes de las zonas boscosas y selváticas estén en posibilidad de cubrir sus necesidades básicas y a la vez, convivan en armonía y respeto con el medio ambiente, la comisión legislativa que elabora el presente dictamen coincide plenamente con el diputado promovente, pues aún cuando conocemos que la Comisión Nacional Forestal ha implementado una serie de políticas públicas para compatibilizar el desarrollo de las comunidades con la preservación de medio ambiente a través de diversos programas que apoyan la integración de cadenas productivas; el desarrollo de plantaciones forestales comerciales; silvicultura comunitaria; el desarrollo, difusión y promoción del turismo de naturaleza; apoyo y difusión del programa de certificación forestal que es un sello de garantía para el consumidor de que el producto que adquiere es resultado de prácticas responsables; e incluso ha pretendido implementar uno de los instrumentos de política ambiental más innovadores y relevantes a nivel mundial como lo es el sistema de pago por servicios ambientales a través del Proárbol. Esta comisión dictaminadora considera procedente hacer un respetuoso exhorto a la Conafor para que se fortalezcan, implementen y amplíe la cobertura de las políticas públicas de desarrollo forestal sustentable en beneficio de las comunidades que habitan bosques y selvas de este país.

Finalmente y atendiendo a lo señalado en el presente dictamen, es evidente que en materia de conservación, restauración y manejo sustentable de los recursos forestales el camino es largo y complejo.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de esta Comisión nos permitimos someter a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Forestal a

a) Llevar a cabo una revisión y evaluación de las políticas públicas diseñadas e implementadas en el Programa Estratégico Forestal para México 2025 a efecto de detectar deficiencias para impulsar el desarrollo forestal sustentable del país, así como que informe a esta Soberanía los resultados obtenidos.

b) Fortalecer, implementar y ampliar la cobertura de las políticas públicas de desarrollo forestal sustentable vigentes, en beneficio de las comunidades que habitan bosques y selvas de México.

Notas

1 Semarnat, La Gestión ambiental en México, noviembre, 2006. pp. 125 y 126.

2 Semarnat, ¿Y el medio ambiente? Problemas en México y en el mundo. México, 2008. P.25.

3 Semarnat, La Gestión ambiental en México, p. 126.

4 Comisión Nacional Forestal. Programa Estratégico Forestal para México 2025. México. 18 agosto, 2001. Disponible en http://era-mx.org/biblio/PEF_2025.pdf

5 Comisión Nacional Forestal. Programa Institucional 2007-2012. México. 2008. Disponible en http://148.223.105.188:2222/gif/snif_portal/administrator/sistemas/arch ivoslasdemas/publicaciones/ProgramaInstitucional2007-2012.pdf

6 Inventario Nacional Forestal y de Suelos de México 2004-2009. Una herramienta que da certeza a la planeación, evaluación y el desarrollo forestal de México. Comisión Nacional Forestal. Disponible en http://www.conafor.gob.mx/biblioteca/Inventario-Nacional-Forestal-y-de- Suelos.pdf

7 Para más información ver: Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010, informe nacional México. Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Disponible en http://www.fao.org/forestry/20262-1-176.pdf

8 Inventario Nacional Forestal y de Suelos de México 2004-2009. Una herramienta que da certeza a la planeación, evaluación y el desarrollo forestal de México. P. 18.

Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados el día 31 de agosto del 2010.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Francisco Alejandro Moreno Merino, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade, Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Leoncio Morán Sánchez (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales (rúbrica).

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Semarnat a implantar acciones de fomento y protección de los ecosistemas forestales para detener el cambio ilegal del uso de suelo por la apertura de plantaciones de aguacate en Michoacán

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 1816, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a establecer, mediante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acciones de inspección y vigilancia forestales para detener el cambio ilegal del uso de suelo de terrenos forestales por la apertura de plantaciones de aguacate en Michoacán, presentada por el diputado Víctor Manuel Báez Ceja, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 88, 95 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes

Antecedentes

Primero. El 7 de abril del 2010, el diputado Víctor Manuel Báez Ceja, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a establecer mediante la Profepa acciones de inspección y vigilancia forestales para detener el cambio ilegal del uso de suelo de terrenos forestales por la apertura de plantaciones de aguacate en Michoacán.

Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

El presente dictamen tiene por objeto atender la solicitud del diputado Báez Ceja, quien manifiesta en su punto de acuerdo que en el estado de Michoacán, el cual se caracteriza por sus recursos forestales y biodiversidad, está siendo objeto del cambio ilegal del uso de suelo, fenómeno que pone en riesgo la calidad de vida de los habitantes de la zona y la reducción de los servicios ambientales que esos recursos otorgan.

Asimismo refiere que este cambio se asocia con el incremento de las actividades agrícolas y ganaderas generando la pérdida de bosques y selvas, un dato contundente es que el 30 por ciento del territorio de Michoacán está ocupado por cultivos agrícolas.

De forma particular, el diputado promovente expone el caso del cultivo de aguacate, en donde Michoacán ocupa el primer lugar de la producción nacional. Sin embargo, el incremento de esos cultivos demanda espacios físicos para su cultivo produciendo el cambio de uso de suelo, que en ocasiones puede ser ilegal.

En virtud de lo anterior, el diputado promovente sugiere los siguientes resolutivos:

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, establezca de manera urgente acciones contundentes de inspección y vigilancia forestal con el objeto de detener el cambio ilegal del uso de suelo de terrenos forestales por la apertura de plantaciones de aguacate en Michoacán.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, a través de la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional de Área Naturales Protegidas, aplique acciones integrales de fomento y protección de los ecosistemas forestales, en y fuera de las áreas naturales protegidas de jurisdicción federal, con el objeto de detener el cambio ilegal del uso de suelo de terrenos forestales por la apertura de plantaciones de aguacate en Michoacán.

En atención a dicha solicitud la Comisión Legislativa que elabora el presente dictamen procede a iniciar el siguiente análisis.

La ubicación geográfica y condiciones climatológicas de México permiten que el 70 por ciento del territorio nacional tenga vocación forestal, con poco más de 139 millones de hectáreas nuestro país ocupa el lugar décimo segundo en superficie forestal a nivel mundial.

Los recursos facilitan la generación de una serie de servicios ambientales como la regulación del ciclo hidrológico 1 y la captura de carbono, por citar un ejemplo. Esos servicios garantizan la permanencia de las condiciones y procesos que sustenten la existencia de los seres humanos en el planeta.

No obstante lo anterior, la conversión de los bosques para asignar esos espacios físicos a otro uso, es muy frecuente. México ocupa uno de los primeros lugares mundiales en tasa de deforestación. 2 En este sentido, académicos del Instituto Nacional de Ecología y de la Universidad Nacional Autónoma de México, reportan que nuestro país ha perdido más del 50 por ciento de su cobertura vegetal original y que una tercera parte del remanente es vegetación que se está regenerando después de haberse deforestado.

Actividades como la expansión de la frontera agrícola y urbana, la tala ilegal, las plagas y los incendios forestales impactan cada año cientos de miles de hectáreas, reduciendo aún más la cobertura vegetal de nuestro país. 3 Sin embargo, la causa principal de presión sobre los recursos forestales, es el cambio de uso del suelo para fines agrícola, ganadero y urbano, lo que provoca una pérdida de la cobertura vegetal y una fragmentación del hábitat, alterando las condiciones del medio ambiente y favoreciendo los incendios y plagas que atacan a los bosques. 4

El cambio de uso del suelo es definido por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en su artículo 7, fracción V, como la remoción total o parcial de la vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales.

Históricamente las políticas públicas de fomento, de reparto agrario, entre otras han contribuido al cambio de uso de suelo asociado con el incremento de la frontera agropecuaria. Es evidente, entonces que el gobierno federal ha sido una de las fuerzas motrices más poderosas responsable de una parte importante de la deforestación de los ecosistemas naturales de México por medio del cambio de uso de suelo.

Hoy existe un reconocimiento cada vez mayor de que intentar fomentar la producción agropecuaria a costa del medio ambiente no sólo no es sustentable en términos ambientales sino que tampoco lo es, en términos sociales y económicos – sobre todo, dados los altos costos de la reforestación, la restauración ambiental y la reparación de los daños materiales causados por los desastres naturales, que han sido exacerbados por el deterioro de los ecosistemas y sus servicios ambientales. 5

A pesar de que las políticas públicas diseñadas deben tener en consideración ese criterio, como lo refiere el diputado promovente el cambio ilegal de uso de suelo es una práctica permanente como en el caso de Michoacán.

En ese contexto, es preciso señalar que el estado de Michoacán es una de las entidades con mayor riqueza de flora y fauna del país, ubicándose en el quinto lugar de entre las entidades biológicamente más ricas. Sin embargo, Michoacán también ocupa los primeros lugares en deforestación, pues su territorio ha sufrido intensos cambios de uso de suelo durante las últimas décadas. Sus tasas de deforestación están entre las más altas de México y Latinoamérica.

Un estudio elaborado por el Instituto de Geografía de la UNAM, publicado en el año 2001, refiere que en un lapso de 18 años se perdieron en Michoacán 513 644 hectáreas de bosques templados y 308 292 hectáreas de selvas, correspondientes a tasas de deforestación de 1.8 por ciento y 1 por ciento anual respectivamente. Adicionalmente, 20 por ciento de la superficie con bosques y selvas sufrió un proceso de degradación. 6 Por su parte, el Programa de Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán 2030 refiere que los causantes de la degradación de suelos en el estado son: deforestación 28.54 por ciento y el cambio de uso del suelo con 46.42 por ciento del total de la superficie. 7

De forma particular, el diputado promovente asocia el cambio ilegal de uso de suelo con el incremento de las plantaciones de aguacate en la región, lo anterior es así en virtud de que ese fruto es uno de los principales cultivos perennes en nuestro país, ocupando el octavo lugar en cuanto al volumen de producción (después de la caña de azúcar, alfalfa verde, naranja, plátano, limón, café-cereza y mango). Más aún, el estado de Michoacán ocupa el primer lugar en los cultivos de aguacate y contribuye con el 86 por ciento de la producción total nacional. 8 Atendiendo a esos datos, resulta factible lo expuesto por el diputado Báez, pues la demanda de espacios físicos para incrementar los cultivos de aguacate y con ello, los beneficios económicos obtenidos, podría generar cambios ilegales de uso de suelo en la zona.

En ese contexto, la Comisión Legislativa que elabora el presente Dictamen atendiendo a la elevada tasa de deforestación en el Estado a consecuencia del cambio de uso de suelo, considera procedente dirigir un respetuoso exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a efecto de que incremente las acciones de inspección y vigilancia, con el objeto de detectar terrenos o superficies en los que se haya modificado ilegalmente su vocación forestal.

Dicho exhorto resulta congruente con las facultades conferidas a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual en su artículo 32 Bis señala:

Artículo 32 Bis. A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable;

V. Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, y pesca; y demás materias competencia de la Secretaría, así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes;

VII. Organizar y administrar áreas naturales protegidas, y supervisar las labores de conservación, protección y vigilancia de dichas áreas cuando su administración recaiga en gobiernos estatales y municipales o en personas físicas o morales;

XLI. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

A mayor abundamiento, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) en sus artículos 16 y 158 refiere que la Semarnat debe formular y conducir la política nacional de desarrollo forestal sustentable. El artículo 16 a la letra señala:

Artículo 16. La Secretaría ejercerá las siguientes atribuciones:

I. Formular y conducir la política nacional de desarrollo forestal sustentable y asegurar su congruencia con la política ambiental y de recursos naturales nacional, así como las relacionadas con el desarrollo rural;

XVII. Llevar a cabo la inspección y vigilancia forestales;

Por su parte, el artículo 158 de la LGDFS es puntual al señalar que la Semarnat, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, tiene como principal función mantener vigilancia forestal constante, a través del inicio de procedimiento de inspección y vigilancia. Asimismo, refiere que la Semarnat deberá evaluar los programas de prevención y combate de actos de cambio de uso del suelo.

Artículo 158. La prevención y vigilancia forestal, a cargo de la Secretaría a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, tendrá como función primordial la salvaguarda y patrullaje de los recursos y ecosistemas forestales, así como la prevención de infracciones administrativas del orden forestal.

La Federación, en coordinación con los gobiernos de los estados y con la colaboración de los propietarios forestales organizados, comunidades indígenas, los Gobiernos Municipales y otras instituciones públicas formulará, operará y evaluará programas integrales de prevención y combate a la tala clandestina, especialmente en las zonas críticas diagnosticadas previamente, para enfrentarla con diversas acciones, así como para prevenir actos indebidos de cambio de uso del suelo, tráfico de especies y recursos forestales, extracción del suelo forestal, o bien, transporte, almacenamiento, transformación o posesión ilegal de materias primas forestales.

Asimismo, esta comisión dictaminadora considera procedente dirigir un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional de Área Naturales Protegidas aplique acciones integrales de fomento y protección de los ecosistemas forestales, en y fuera de las áreas naturales protegidas de jurisdicción federal, con el objeto de detener el cambio ilegal del uso de suelo de terrenos forestales por la apertura de plantaciones de aguacate en Michoacán.

Dicho exhorto es congruente con las atribuciones conferidas a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Comisión Nacional Forestal por el artículo 22 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Los preceptos en comento a la letra señalan:

Artículo 32 Bis. A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

VII. Organizar y administrar áreas naturales protegidas, y supervisar las labores de conservación, protección y vigilancia de dichas áreas cuando su administración recaiga en gobiernos estatales y municipales o en personas físicas o morales;

Artículo 22. La Comisión tendrá a su cargo la ejecución de las atribuciones que la presente Ley le confiere, así como todas aquellas que sean necesarias para poder cumplir con su objeto.

Para ello, la comisión ejercerá las siguientes atribuciones:

...

XXV. Diseñar y ejecutar programas de prevención, protección, conservación, y restauración de los recursos y suelos forestales

De la lectura de los preceptos citados se desprende que la solicitud del diputado promovente es acertada y congruente con la distribución de competencias establecida en nuestro sistema jurídico nacional.

Atendiendo a que el cambio ilegal de uso de suelo, es uno de los problemas ambientales más severos y con consecuencias más críticas para los países en desarrollo, es que esta Comisión Legislativa considera procedente dicho exhorto.

Por las consideraciones expuestas los integrantes de estas Comisiones nos permitimos someter a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente establezca acciones contundentes de inspección y vigilancia forestal con el objeto de detener el cambio ilegal del uso de suelo de terrenos forestales por la apertura de plantaciones de aguacate en Michoacán.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional de Área Naturales Protegidas aplique acciones integrales de fomento y protección de los ecosistemas forestales, en y fuera de las áreas naturales protegidas de jurisdicción federal, con el objeto de detener el cambio ilegal del uso de suelo de terrenos forestales, en especial por la apertura de plantaciones de aguacate en Michoacán.

Notas

1 Semarnat, La gestión ambiental en México, noviembre, 2006, p. 126.

2 La deforestación es definida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) como la conversión de bosques en otro uso de la tierra o la reducción a largo plazo de la cubierta forestal por debajo del 10 por ciento de su superficie original.

3 Fondo Mexicano para la conservación de la naturaleza. El libro verde. El patrimonio natural de México, amenazas y herramientas para resolverlas, p. 40.

4 Instituto Nacional de Ecología, Disponible en http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/312/bosquespres.html

5 Semarnat, La gestión ambiental en México, pp. 123-124

6 Bocco, Gerardo, Mendoza Manuel y Omar R. Masera. La dinámica del cambio del uso del suelo en Michoacán. Una propuesta metodológica para el estudio de los procesos de deforestación . Boletín del Instituto de Geografía. Universidad Nacional Autónoma de México. No. 44, 2001, pp. 18-38.

7 Gobierno del estado de Michoacán. Programa de Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán 2030. 2007. P. 11.

8 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, Sagarpa. Disponible en www.siap.sagarpa.gob.mx/sispro/.../SP.../aguacate/Descripcion.pdf

Dado en el Salón de Plenos de la Honorable Cámara de Diputados el día 31 de agosto del 2010.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Francisco Alejandro Moreno Merino, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade, Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Leoncio Morán Sánchez (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales (rúbrica).

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo relativos a la evaluación del impacto ambiental del proyecto turístico Zafiro, en la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 1978, que contiene la proposición con punto de acuerdo relativo al asunto de una invasión de terrenos en posesión de más de 80 familias en la zona playera de Chamela, Jalisco en los que están asentadas sus viviendas, sus propiedades, edificaciones correspondientes a un kínder y escuela primaria y que está atentando en contra de sus derechos humanos, amén del entorno ecológico.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes

Antecedentes

Primero. El 21 de abril del 2010, el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo relativo al asunto de una invasión de terrenos en posesión de más de 80 familias en la zona playera de Chamela, Jalisco en los que están asentadas sus viviendas, sus propiedades, edificaciones correspondientes a un kínder y escuela primaria y que está atentando en contra de sus derechos humanos, amén del entorno ecológico.

Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El diputado promovente, manifiesta que en la comunidad de Chamela, ubicada en el municipio de la Huerta en Jalisco, se pretende construir un complejo turístico denominado Zafiro.

El legislador expresa su preocupación por la construcción de dicho proyecto, ya que afectará el área natural protegida denominada Biosfera Chamela-Cuixmala, donde la Universidad Nacional Autónoma de México tiene instalaciones educativas, afectará también a familias que habitan en la zona desde hace muchos años, así como a los pescadores de dicho lugar quienes tienen un modus vivendi de la propia pesca; los alumnos del kinder Valentín Gómez Farías y de la escuela primaria Jaime Torres Bodet, se verán afectados cuando sean despojados de estos bienes, sin olvidar a la comunidad indígena de Jocotlán, municipio de Villa Purificación.

De lo anterior el diputado promovente solicita en el punto de acuerdo lo siguiente:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a través de los titulares de la Semarnat, de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de la Reforma Agraria, de la Secretaría de Educación Pública, de la Dirección del Registro Agrario Nacional, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas-Conanp; al titular del Ejecutivo estatal de Jalisco, a través de la Secretaría General de Gobierno, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Jalisco; al titular de la presidencia municipal de La Huerta, Jalisco y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, a que intervengan en el asunto de una invasión de terrenos en posesión de 40 familias de la zona playera de Chamala, Jalisco, en los que están asentadas sus pobres viviendas, sus propiedades, edificaciones correspondientes a un kínder y escuela primaria y que se está atentando en contra de sus derechos humanos consagrados en nuestras leyes, amén del entorno ecológico.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, considera que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) deberá evaluar conforme a la legislación ambiental la manifestación de impacto ambiental que ha presentado la Operadora Chamela, ya que consiste en la construcción y operación de un proyecto turístico, en una superficie de 9 millones 106 mil 431.66 metros cuadrados, ubicada en la denominada Costa Alegre, en el municipio de La Huerta, de Jalisco 1 .

La Reserva de las Biosfera Chamela-Cuixmala se ubica en la costa de Jalisco, en el municipio de La Huerta, aproximadamente a 120 kilómetros al norte de Manzanillo, entre el margen norte del río Cuitzamala y el arroyo Chamela 2 , fue declarada mediante decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1993, con una superficie de 13 mil 142 hectáreas, y su Programa de manejo se publicó en 1999.

Dicha reserva fue creada para proteger el bosque tropical caducifolio y humedales de la costa de Jalisco, y está comprendida por terrenos lagunares y costeros federales así como por predios de la Universidad Nacional Autónoma de México, como es la (Estación de Biología Chamela, IBUNAM), y la Fundación Ecológica de Cuixmala, AC, Universidad de Guadalajara, así como de pequeños propietarios y una porción del ejido Rincón de Ixtán (que ocupa el 12 por ciento de la superficie) # .

La Estación de Biología Chamela, IBUNAM participa en el esfuerzo de conservación, aportando 3 mil 319 hectáreas, las cuales se encuentran bien conservadas y contienen como vegetación dominante el bosque tropical caducifolio y bosque tropical subcaducifolio en las cañadas y arroyos. La estación usa parte de esta área para realizar estudios de distintos campos de la biología, los cuales se consideran sumamente importantes en el conocimiento de este tipo de comunidad 4 .

Es importante destacar que el uso de suelo de la zona de influencia de la región donde se pretende realizar el proyecto turístico Zafiro, es de agricultura de temporal y de riego, agricultura comercial, y el del área protegida es de reserva prácticamente destinada a la investigación y conservación de la naturaleza 5 . Por ello, es importante que la Semarnat y el gobierno estatal, evalúen si en un uso de suelo específico para la investigación y conservación de la naturaleza es viable construir un desarrollo turístico, que afectará los ecosistemas de la región.

Desde el punto de vista biológico, esa zona, es una de las regiones más importantes de México, ya que presenta una biodiversidad muy variada con sus humedales, manglares, selva baja y selva caducifolia, además cuenta con un clima cálido-subhúmedo. Esta reserva protege ambientes acuáticos y terrestres, y tiene especies endémicas de flora y fauna 6 .

La flora de la Reserva se ha calculado en mil 149 especies, entre los árboles endémicos están Jatropha chamelensis , la cactácea (Opuntia excelsa ) y otras especies como Agave colimana . Los estudios sobre invertebrados incluyen un listado de 1 mil 877 artrópodos, se han registrado 110 especies de peces y 71 de mamíferos. La herpetofauna consiste de 84 especies, 65 de reptiles y19 de anfibios. La reserva cuenta con sitios importantes de anidación de tortugas marinas, como la tortuga prieta (Chelonia mydas ) y la laúd (Dermochelys coriacea ). Se encuentra en el área el escorpión (Heloderma horridum ) uno de los dos lagartos venenosos que existen en el mundo, y el cocodrilo (Crocodylus acutus ). Todas estas especies están en peligro de extinción. Las aves están representadas por 270 especies, el 60 por ciento son residentes y el resto de las especies sonmigratorias 7 .

La diversidad de hábitats acuáticos y terrestres así como la gran heterogeneidad ambiental, hacen que se encuentren representados una amplia variedad de animales que incluyen a 540 especies de vertebrados. Se han registrado 72 especies de mamíferos, 270 especies de aves, 68 especies de reptiles, 19 de anfibios y 110 especies de peces. Estudios sobre invertebrados señalan a mil 877 especies de artrópodos, 14 especies corresponden a la clase Arachnida y mil 863 a la clase hexápoda. Entre las especies enlistadas como en peligro por la Norma Oficial Mexicana de Ecología 059 (NOM-ECOL-059, 2002) actualmente NOM-059-SEMARNAR-2001“Protección Ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo 8 ”, se encuentran tortugas como la prieta (Chelonia mydas), la laúd (Dermochelys coriacea), la carey (Eretmochelys imbricata) y la golfina (Lepidochelys olivacea). Otros reptiles incluidos en la lista son el escorpión (Heloderma horridum), la iguana verde (Iguana iguana) y el cocodrilo de río (Crocodylus acutus). En el grupo de los mamíferos están el jaguar (Panthera onca), el ocelote (Leopardus pardalis) y el tigrillo (Leopardus wiedii). En cuanto a las aves el loro (Amazona oratrix), la guacamaya verde (Ara militaris), el pato real (Cairina moschata) y la golondrina de mar (Sterna antillarum) 9 .

La reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala esta considerada como vulnerable, lo que significa que existe un riesgo alto de que el área protegida no pueda proteger ni mantener la diversidad biológica en el mediano plazo y que se requiere un constante monitoreo. Las amenazas más importantes incluyen: los proyectos carreteros y de infraestructura turística, la cacería y tráfico de especies silvestres 10 , y por supuesto la construcción de complejos turísticos.

Por la importancia biológica de la región, esta comisión dictaminadora considera viable exhortar a la Semarnat, con el fin de que evalué conforme a derecho la manifestación de impacto ambiental, con el fin de no afectar y provocar un desequilibrio ecológico en la región de la Reserva de las Biosfera Chamela-Cuixmala, así como de las comunidades aledañas.

Esto con fundamento en el artículo 28 de la LGEEPA, así como de lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, los cuales describen lo siguiente:

Una de las facultades de la Semarnat, es integrar el procedimiento de evaluación en materia de impacto ambiental tal y como lo estipula el artículo 28 de la LGEEPA, el cual describe:

Artículo 28. La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. Para ello, en los casos que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría:

...

XI. Obras en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación;

Asimismo, en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, señala en su artículo 4o:

Artículo 4o. Compete a la secretaría:

I. Evaluar el impacto ambiental y emitir las resoluciones correspondientes para la realización de proyectos de obras o actividades a que se refiere el presente reglamento;

II. Formular, publicar y poner a disposición del público las guías para la presentación del informe preventivo, la manifestación de impacto ambiental en sus diversas modalidades y el estudio de riesgo;

III. Solicitar la opinión de otras dependencias y de expertos en la materia para que sirvan de apoyo a las evaluaciones de impacto ambiental que se formulen;

IV. Llevar a cabo el proceso de consulta pública que en su caso se requiera durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental;

V. Organizar, en coordinación con las autoridades locales, la reunión pública a que se refiere la fracción III del artículo 34 de la ley;

VI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de este reglamento, así como la observancia de las resoluciones previstas en el mismo, e imponer las sanciones y demás medidas de control y de seguridad necesarias, con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, y

VII. Las demás previstas en este reglamento y en otras disposiciones legales y reglamentarias en la materia.

De lo anterior, esta comisión dictaminadora, considera viable exhortar a la Semarnat para que evalué conforme a derecho la manifestación de impacto ambiental presentada por Operadora Chamela, S. de R. L. quien pretende realizar un Proyecto turístico denominado Zafiro, en la zona de la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala, así como solicitar respetuosamente al gobierno de Jalisco, considere el uso de suelo de la región o regiones donde se pretende realizar el proyecto turístico, sean respetados . Esto en beneficio de los ecosistemas y de los servicios ambientales que ofrecen a la comunidad.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de esta comisión nos permitimos someter a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en la Evaluación del Impacto Ambiental, del proyecto turístico denominado “Zafiro”, presentado por Operadora Chamela, en el municipio de La Huerta, Jalisco, considere la opinión de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en la Evaluación en Materia de Impacto Ambiental del proyecto turístico denominado Zafiro, presentado por Operadora Chamela, en el municipio de La Huerta, Jalisco, considere los usos permitidos y prohibidos, así como la zonificación establecida en el decreto de la reserva de la Biosfera de Chamela-Cuixmala y en el Programa de Manejo, respectivo.

Tercero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que en el caso de que se apruebe en materia de impacto ambiental, el proyecto turístico denominado Zafiro, presentado por Operadora Chamela, en el municipio de La Huerta, Jalisco, verifique el cumplimiento de las condicionantes que se establezcan en el oficio resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Notas

1 Operadora Chamela, S de RL de CV, Resumen Ejecutivo de la manifestación de impacto ambiental, modalidad regional del proyecto “Zafiro” página 1 de 62.

2 Información disponible en: http://www.ibiologia.unam.mx/ebchamela/www/reserva.html

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 Semarnat, INE, Conabio, Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala, información disponible en: http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/2/chamela.html

6 Op. cit. Semarnat, INE y Conabio.

7 Perfil de Parque-México Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala, Septiembre 2003, págs. 1 y 2, disponible en: http://www.parkswatch.org/parkprofiles/pdf/ccbr_spa.pdf

8 Diario Oficial de la Federación, Marzo 6 2002, México D. F., Sección Segunda.

9 Ibídem, página 3.

10 Ibídem, página 2.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de junio del 2010.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), María Dina Herrera Soto (rúbrica), Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Francisco Alejandro Moreno Merino, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez, Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, Leoncio Morán Sánchez (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Leticia Robles Colín, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo relativo a la gestión de residuos sólidos en Tepetlaoxtoc de Hidalgo, México

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 2059, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente del estado de México y a las autoridades de Tepetlaoxtoc de Hidalgo, a revisar toda gestión encaminada a establecer o desarrollar depósitos de basura, rellenos sanitarios o recolectores de residuos sólidos en ese Municipio, presentada por la diputada Paz Gutiérrez Cortina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numeral 1, 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 60, 88, 95 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente Punto de Acuerdo de conformidad con los siguientes

Antecedentes

Primero. El 27 de abril del 2010, la diputada Paz Gutiérrez Cortina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente del estado de México y a las autoridades de Tepetlaoxtoc de Hidalgo, a revisar toda gestión encaminada a establecer o desarrollar depósitos de basura, rellenos sanitarios o recolectores de residuos sólidos en ese municipio.

Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva, turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El presente dictamen tiene por objeto atender la solicitud de la diputada Gutiérrez Cortina quien manifiesta en su punto de acuerdo que autoridades estatales y municipales analizan la posibilidad de autorizar la construcción de un relleno sanitario en el municipio de Tepetlaoxtoc de Hidalgo, estado de México.

Aun cuando dichas autoridades afirman que en la construcción de un confinamiento de residuos sólidos urbanos en San Miguel de las Peñas se utilizaría la mejor tecnología disponible, la diputada promovente manifiesta su preocupación pues existe el riesgo de que se contamine el manto freático del Valle de México. Lo anterior es así, en virtud de que el terreno previsto para el relleno sanitario forma parte del acuífero Tepetlaoxtoc-Texcoco, que comparte la misma cuenca de escurrimiento que llega hasta la Ciudad de México.

Finalmente, en el punto de acuerdo se señala que atendiendo a las características topográficas, su legado histórico y cultural, así como a sus recursos naturales, en el municipio de Tepetlaoxtoc se debe impulsar el desarrollo de infraestructura para la promoción del turismo.

En virtud de lo anterior la diputada promovente sugiere los siguientes resolutivos:

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente del estado de México, así como a las autoridades del municipio de Tepetlaoxtoc de Hidalgo, a revisar todas las gestiones y trámites que hasta el presente estuvieren realizando empresas privadas, ciudadanos particulares y organismos municipales, estatales o federales, con el objeto de obtener permisos, concesiones, licencias o cualesquier otra forma de usufructo para instalar, desarrollar o explotar depósitos de basura, rellenos sanitarios o recolectores de desechos sólidos, dentro de los límites de Tepetlaoxtoc de Hidalgo, estado de México y que al hacerlo pasen por alto o violen las especificaciones técnicas para la protección de los mantos freáticos y acuíferos de recarga.

Segundo. Se exhorta al gobernador constitucional del estado de México, licenciado Enrique Peña Nieto, a impulsar el desarrollo de infraestructura para la promoción del turismo en el municipio de Tepetlaoxtoc.

En atención a dicha solicitud la comisión legislativa que elabora el presente dictamen procede a iniciar su análisis.

Los residuos sólidos urbanos constituyen quizá uno de los problemas ambientales más visibles y cercanos al ciudadano común, así como también uno de los problemas que demanda atención prioritaria en función de su volumen y su convivencia directa con el colectivo social.

En México, durante el año 2008 se generaron 37.6 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos 1 , 2.2 por ciento más que los 36.8 millones de toneladas producidos en 2007. Del total se destinó 3.8 por ciento al reciclaje, 69.3 por ciento a la disposición final en sitios controlados y rellenos sanitarios, y el 26.9 por ciento restante (10 millones de toneladas) se dispuso en sitios no controlados a cielo abierto con los consecuentes problemas ambientales, de salud y de imagen en las zonas aledañas a esos sitios. 2

La cobertura del servicio de recolección formal en las ciudades mexicanas es de alrededor de 80 por ciento. Sin embargo, el problema se detecta en la disposición final de los residuos sólidos urbanos, pues menos del 5 por ciento de los 2 mil 445 municipios del país, 3 ha resuelto el problema, ya sea en rellenos sanitarios o de tierra controlados.

En ese sentido, es que cada uno de los municipios de México debe atender prioritariamente el manejo, reducción y disposición final de los residuos generados dentro de sus límites territoriales en observancia de las disposiciones jurídicas aplicables, lo cual garantiza la reducción del impacto negativo al ambiente.

En el caso particular del estado de México, el gobierno estatal informó que en la entidad se generan 14 mil 870 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, que equivalen a 16.7 por ciento del total producido en el país. 4 La generación de esos residuos en la entidad atiende a la cantidad de habitantes de la zona, a su ubicación geográfica y a que 40 de sus municipios forman parte de la zona metropolitana de la Ciudad de México.

Así, en reconocimiento de la importancia de los sitios de disposición final a los que han de llegar esas toneladas de residuos, la Secretaría del Medio Ambiente del estado de México impulsa el establecimiento de sitios de disposición, regionales y locales, atendiendo a las características particulares de cada región y el volumen de residuos que generan.

De esa forma, es evidente el reconocimiento del Gobierno del Estado de México de que sus municipios diseñen, construyan y operen centros de disposición final receptores de los residuos generados dentro de sus límites territoriales. Lo anterior, atendiendo a la distribución de competencias prevista por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que en su artículo 10 dispone que los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final.

De forma particular, en el municipio de Tepetlaoxtoc se ha detectado como uno de los pendientes prioritarios en materia ambiental, la contaminación del suelo a consecuencia de los tiraderos a cielo abierto. Refiriéndolo así en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Tepetlaoxtoc, al señalar en su foja 14 lo siguiente:

“La contaminación de suelo se debe al depósito de basura a cielo abierto /2,077 toneladas anuales ubicado al norte de Santiago Tepetlaoxtoc), revolviendo desechos orgánicos e inorgánicos al no existir la cultura de reciclaje. Parte de esta basura, se arroja clandestinamente a los barrancos y otra parte se incinera.

Un segundo tiradero se localiza en la comunidad de Tuilteca Teopan perteneciente al Municipio de Tepetlaoxtoc, pero que ha sido utilizado por el municipio de Papalotla causando daños al ambiente y a las poblaciones que se localizan a escasos 30 metros y a un asentamiento irregular colindante de la misma colonia Tulteca Teopan, algunos terrenos baldíos son también ocupados como tiraderos clandestinos de basura con la consecuente problemática de contaminación del aire.”

En ese sentido, resulta acertado que se construyan centros de disposición final de residuos sólidos urbanos para garantizar el manejo adecuado de los residuos generados. Sin embargo, la relevancia radica en que su diseño, construcción y operación debe atender a las normas jurídicas y técnicas que resulten aplicables, así como a las características particulares de cada región y el volumen de residuos que generan, como lo manifiesta el propio gobierno del estado de México en su cuarto Informe de Gobierno.

En ese contexto, la comisión legislativa que elabora el presente Dictamen considera procedente dirigir un respetuoso exhorto al Secretaría de Medio Ambiente del estado de México y a las autoridades del municipio de Tepetlaoxtoc de Hidalgo, para que en el análisis de las solicitudes de autorizaciones y licencias otorgadas para el manejo y disposición final de los residuos sólidos atiendan a las disposiciones jurídicas y normas técnicas aplicables, particularmente lo señalado en la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, "Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial", la cual en su numeral 6, especificaciones para la selección del sitio, determina como una restricción que no se puede ocupar zonas de recarga de acuíferos, con lo cual se estaría garantizando cualquier afectación a la cuenca hidrológica 5 .

Ahora bien, en el caso expuesto por la diputada promovente de que el municipio de Tepetlaoxtoc de Hidalgo, estado de México, no debe ser considerado para la construcción de un relleno sanitario, pues dicho municipio es reconocido por su legado histórico y cultural, por sus recursos naturales, sus características topográficas al estar ubicado entre los valles de México y Teotihuacán.

Respecto a lo manifestado por la diputada promovente, es oportuno mencionar que la creación de centros de disposición final no es contraria a la realización de otras actividades como la promoción turística del municipio de Tepetlaoxtoc.

Sin embargo, esta comisión legislativa no es competente para dirigir un exhorto a las autoridades del estado de México para promover el turismo en la zona. Lo anterior es así, en atención a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que establece, en su parte conducente, a las facultades de las comisiones ordinarias y las competencias de las mismas por correspondencia en lo general con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En ese sentido, compete a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, el dictamen de los temas correspondientes en las materias especificadas en el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de esta comisión nos permitimos someter a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente del estado de México, así como a las autoridades del municipio de Tepetlaoxtoc de Hidalgo, que en el análisis de las solicitudes de autorizaciones y licencias otorgadas para el manejo y disposición final de los residuos sólidos atiendan a las disposiciones jurídicas y normas técnicas aplicables, particularmente lo señalado en la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, "Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial".

Dado en la honorable Cámara de Diputados, el martes 31 de agosto del 2010.

Notas

1 Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole; artículo 5, fracción XXXIII de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

2 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Página 474.

3 El 5 por ciento de los municipios que han resuelto el problema de la disposición final de los residuos sólidos se encuentran en las zonas metropolitanas y grandes ciudades del país, como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

4 Semarnat, La Gestión ambiental en México, noviembre, 2006, p. 288.

5 Esta cantidad corresponde al volumen generado de manera conjunta por 13 estados de la República Mexicana (Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán). Gobierno del estado de México. Cuarto Informe de Gobierno. 5 Septiembre, 2009. Disponible en http://qacontent.edomex.gob.mx/edomex/gobierno/ resultadosdegobierno/ informesdegobierno/ index.htm

6 Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tepetlaoxtoc. Publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 16 de diciembre de 2005. Número 119.

7 XVI "Cuenca Hidrológica: Es la unidad del territorio, diferenciada de otras unidades, normalmente delimitada por un parte aguas o divisoria de las aguas -aquella línea poligonal formada por los puntos de mayor elevación en dicha unidad-, en donde ocurre el agua en distintas formas, y ésta se almacena o fluye hasta un punto de salida que puede ser el mar u otro cuerpo receptor interior, a través de una red hidrográfica de cauces que convergen en uno principal, o bien el territorio en donde las aguas forman una unidad autónoma o diferenciada de otras, aun sin que desemboquen en el mar. En dicho espacio delimitado por una diversidad topográfica, coexisten los recursos agua, suelo, flora, fauna, otros recursos naturales relacionados con éstos y el medio ambiente. La cuenca hidrológica conjuntamente con los acuíferos, constituye la unidad de gestión de los recursos hídricos. La cuenca hidrológica está a su vez integrada por subcuencas y estas últimas están integradas por microcuencas.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), María Dina Herrera Soto (rúbrica), Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Francisco Alejandro Moreno Merino, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade, Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Leoncio Morán Sánchez (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales (rúbrica).

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo relativos a la protección, evaluación y remediación de las aguas del Golfo de México por el derrame petrolero

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 2253, que contiene la proposición con punto de acuerdo relativo a la protección, evaluación y remediación de las aguas del Golfo de México por el derrame petrolero.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes

Antecedentes

Primero . El 29 de abril del 2010, el Diputado Alejandro del Mazo Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó Proposición con Punto de Acuerdo relativo a la protección, evaluación y remediación de las aguas del Golfo de México por el derrame petrolero.

Segundo. -En esa misma fecha, la Mesa Directiva, turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El honorable promovente, solicita en su punto de acuerdo lo siguiente:

Primero. Se hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realice una evaluación de los impactos ambientales en las aguas del Golfo de México.

Segundo. Se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal para que, a través de las entidades que sean pertinentes, exija un informe pormenorizado a los autores del derrame petrolero en aguas del Golfo de México.

Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de las entidades que sean pertinentes, exija la remediación del daño ambiental ocasionado en el Golfo de México.

Lo anterior, ya que con fecha 22 de abril del 2010, se hundió la plataforma Deepwater Horizon que se encontraba en el Golfo de México. Esta plataforma contenía 2.6 millones de litros de petróleo y extraía 8 mil barriles diarios, equivalente a 1 millón 272 mil litros. A consecuencia de ese hundimiento, diariamente se están vertiendo en las aguas del Golfo de México, más de un millón de litros de crudo, lo cual equivale a 8 mil barriles diarios, lo que está causando un grave daño a los ecosistemas marinos y a la pesca nacional del Golfo de México. En ese contexto, el legislador promovente manifiesta que el gobierno federal, debe solicitar un informe pormenorizado de la situación del derrame y la contaminación que está produciendo, así como la remediación del daño ocasionado.

El honorable promovente resalta en sus consideraciones que el Golfo de México es calificado como el noveno cuerpo de agua más grande del mundo, y se le considera como la cuenca de aguas protegidas más amplia del océano Atlántico.

Asimismo, menciona que desde el punto de vista biológico el Golfo de México cuenta con un conjunto de ecosistemas de gran riqueza tanto terrestre como marino, ya que los sistemas costeros abarcan formaciones de humedales, pantanos, y arrecifes coralinos, estos lugares son refugios de diversas especies de flora y fauna, además de ser zonas de crianza, reproducción de especies silvestres, finalmente proporcionan grandes servicios ambientales en beneficio del hombre.

No obstante lo anterior, el deterioro ambiental del Golfo de México es evidente pues destaca: la degradación de zonas costeras adyacentes a centros urbanos y turísticos, altas tasas de explotación de recursos naturales y pesqueros, lo que ha generado altos índices de contaminación e impactos al ambiente, principalmente en los ecosistemas marinos sin olvidar, la vulnerabilidad de la región a los efectos del cambio climático.

Partiendo del desafortunado acontecimiento ocasionado por el hundimiento de la plataforma Deepwater Horizon, y de la importancia de la biodiversidad marina que albergan las aguas del Golfo de México, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales coincide con la acertada propuesta del honorable promovente, procediendo a iniciar el análisis técnico jurídico de esa catástrofe ambiental.

El Golfo de México se sitúa entre la costa este de México, el noroeste de Cuba y la costa sur de Estados Unidos de América. Es una cuenca semicerrada que se comunica con una conexión con el Mar Caribe hacia el sur y con una pequeña entrada y salida en el oeste central del Océano Atlántico a través del canal de Yucatán y del estrecho de Florida; y presenta una profundidad máxima de 4 mil metros en la región central 1 .

Asimismo, es considerado como el gran ecosistema marino (GEM), ya que alberga una de las riquezas biológicas más grandes del mundo 2 . Es una región relativamente grande (de más de 200,000 km2) con características físicas, químicas y biológicas importantes desde el punto de vista de la productividad primaria y poblaciones tropicales dependientes. Son sistemas muy productivos que contribuyen con el 95% de las capturas mundiales de peces 3 .

Uno de los factores más importantes para el GEM del Golfo de México, son sus corrientes marinas. La corriente norecuatorial gira al oeste hacia el mar Caribe y entra al Golfo de México a través del canal de Yucatán formando la corriente de lazo. Ésta va girando a la derecha conforme se mueve a través del golfo y sale por los cayos de Florida. Esta corriente, es inestable y produce remolinos de agua caliente que giran con una periodicidad de cerca de 13 meses 4 .

Asimismo, en este GEM habitan una gran variedad de especies marinas, entre las que se ha registrado la presencia de 29 especies de mamíferos marinos: 28 especies de cetáceos (ballenas y delfines) y una especie de sirenio (manatí); así como la presencia de 5 variedades de tortugas marinas: tortuga blanca (Chelonia mydas ), tortuga caguama (Caretta caretta Linnaeus ), tortuga carey (Eretmochelys imbricada Linnaeus ), tortuga lora (Lepidochelys Kempi ) y, tortuga laúd (Demochelys ).

Numerosas especies en peligro dependen del golfo incluido el atún de aleta azul, que se encuentra en estado crítico y está en plena temporada de apareamiento; cuatro especies de tortugas marinas que están a punto de empezar su temporada de desove, y seis especies de ballenas.

También se han observado rorcuales (una especie de ballena) en la vecindad del derrame, así como otros mamíferos marinos en riesgo como son delfines, manatíes y nutrias de río.

Por otro lado, el riesgo es inminente para ciertas especies de aves, ya que el Golfo de México es una zona importante en las rutas migratorias del este del continente americano. En el Golfo existen 228 especies de aves de las cuales 50 (22.3%) son marinas, 112 (50%) acuáticas y, 62 (27.7%) terrestres. Las marinas obtienen su alimento del mar.

Con respecto a las aves, 32 especies están catalogadas en la legislación mexicana en la NOM-059-SEMARNAT-2001 “Protección Ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo 5 ; 18 se encuentran bajo protección especial, 9 amenazadas y 5 en peligro de extinción. Otras 7 están bajo alguna categoría de riesgo en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (3 vulnerables, 2 con bajo riesgo y 2 en peligro de extinción). De estas 3 especies de aves marinas (6%), 28 especies acuáticas o playeras (25%) y 6 especies terrestres (9.7%) se encuentran en alguna de estas categorías. Esto constituye el 18% del total de las especies se encuentran en alguna categoría de riesgo, el 15% están clasificadas por la NOM-059 y el 3% por la UICN.

Asimismo, las especies migratorias de peces sujetas a explotación se verán afectadas, ya que las pesquerías en el Golfo de México contribuyen con el 40% del total del volumen pescado en México y el 15.65% para los Estados Unidos. Las especies migratorias tales como camarón, sierra, atún aleta amarilla y tiburones, siendo estos recursos pesqueros importantes para ambas naciones, están siendo afectadas por el derrame de petróleo.

Por ello, no se puede omitir que los recursos pesqueros críticos (como son peces, crustáceos, molusco) en la plataforma continental nerítica del Golfo de México dependen de la calidad de las aguas. Ante todo derrame de hidrocarburos no hay sustentabilidad para las pesquerías, por lo que se verán afectadas ya que éstas dependen de la integridad ecológica de los ecosistemas costeros.

Entre las especies marinas que más se capturan en las aguas del Golfo se encuentran las siguientes: atún aleta amarilla (su captura se efectúa en gran parte del Golfo, el periodo de 1992-1998 se distinguió por un aumento en el volumen de capturas de esta especie, con un promedio anual de 800 ton, alcanzando un máximo histórico de 1,150 ton en 1998); el camarón (su captura se realiza en los cuatro estados limítrofes con el Golfo a excepción de Yucatán, en el período de 1996-1999, el camarón café (presentó una tendencia más o menos uniforme en cuanto a caídas y subidas), al final del periodo presenta un ligero crecimiento que alcanza las 15,000 ton.); el cangrejo (se captura en las costas de Veracruz, litoral de Campeche, en Yucatán frente a Celestún y en Sisal y en Quintana Roo, en la Laguna de Yalahu, Bahía de la Ascensión y del Espíritu Santo. De las tres especies que se capturan en esta zona, la única que tiene un ligero crecimiento es la especie “manos de cangrejo”, las demás han venido disminuyendo desde el año de 1997).

El caracol se captura en las costas de Campeche y Quintana Roo, entre estos dos estados se captura el 90% de la producción total de caracoles del litoral, en 1997 alcanzó la captura en Campeche la cantidad de 4,500 ton.

Otra captura importante en esta zona es la jaiba y el tiburón que en sus diferentes especies son capturadas y se encuentran en todo el litoral del golfo, la especie de jaiba de mayor importancia es la jaiba azul y sus mayores rendimientos se encuentran en Tamaulipas y Veracruz. En el caso del tiburón el de mayor producción es el cazón de ley, que alcanza una captura del 46% del total de tiburón, capturado en esta zona6.

Otra factor relevante es que en el Golfo Mexicano se tienen identificadas cuencas hidrológicas mexicanas muy importantes: Bravo-Conchos, San Fernando-Soto La Marina, Pánuco, Norte de Veracruz (Tuxpan-Nautla), Papaloapan, Coatzacoalcos, Grijalva-Usumacinta, Yucatán Oeste, Yucatán Norte y Yucatán Este. Y los ríos que desembocan en este ecosistema son: Grijalva-Usumacinta, Papaloapan, Coatzacoalcos, Pánuco, Tonalá, Bravo, Tecolutla, Nautla, Antigua, Tuxpan, Soto La Marina, Candelaria, Cazones y San Fernando7.

En ese sentido, el derrame de petróleo ocasionado por la explosión y/o hundimiento de la Plataforma Deepwater Horizon, podrá estar afectando estas cuencas hidrológicas.

Al respecto y una vez conociendo las características físicas del Golfo de México así como la riqueza biológica que alberga, es preciso señalar que el riesgo de que el petróleo, que se ha derramado desde el pasado 22 de abril hasta el día de hoy, tenga un impacto ambiental grave en las aguas y especies que alberga es muy alto.

Lo anterior es así, pues los hidrocarburos son un tipo de contaminantes que afectan a la calidad del agua de manera importante. Los derrames de petróleo, dejan estelas de contaminación de efectos a muy largo plazo. La formación de una película impermeable sobre el agua en las zonas de derrame afecta rápida y directamente a las aves y a los mamíferos acuáticos ya que obstruye el intercambio gaseoso y desvía los rayos luminosos que aprovecha el fitoplancton para llevar a cabo el proceso de fotosíntesis.

Los hidrocarburos forman con el agua una capa impermeable que obstaculiza el paso de la luz solar que utiliza el fitoplancton para realizar el proceso de la fotosíntesis, interfiere el intercambio gaseoso, cubren la piel y las branquias de los animales acuáticos provocándoles la muerte por asfixia.

El petróleo derramado en el mar se evapora o es degradado en un proceso muy lento por bacterias. Los hidrocarburos orgánicos volátiles matan inmediatamente a varios tipos de organismos acuáticos, especialmente en etapa larvaria. Este petróleo, también, cubre las plumas de las aves, especialmente de las que se zambullen, y la piel de mamíferos marinos como delfines, ballenas. Esta capa de petróleo destruye el aislamiento térmico natural de los animales y afecta su capacidad para flotar, por lo cual mueren de frío o porque se hunden y ahogan.

Las capas de petróleo en el océano son degradadas por bacterias, pero es un proceso lento en aguas calientes y mucho más lento en aguas frías. Los componentes pesados del petróleo se hunden hasta el fondo del mar y pueden matar organismos que habitan en las profundidades como los cangrejos, ostras, mejillones y almejas. Además los que quedan vivos no son adecuados para su consumo.

La mayoría de los ecosistemas marinos expuestos a grandes cantidades de petróleo crudo requieren más de 3 años para su recuperación. Sin embargo, los ecosistemas marinos contaminados por petróleo refinado, en especial en los estuarios, requieren de 10 años o más para su recuperación.

La contaminación de las playas por petróleo causa serios problemas económicos a los habitantes de las costas porque pierden ingresos por la actividad pesquera y la turística. Las playas contaminadas por petróleo requieren de al menos un año para su recuperación, cuando tienen corrientes y olas fuertes, pero las playas que no tienen estas características tardan varios años en recuperarse. Los estuarios y marismas sufren el mayor daño y no pueden limpiarse eficazmente.

También se considera que algunos componentes químicos del petróleo pueden interferir con sustancia químicas como las feromonas que los animales marinos secretan para llevar a cabo procesos vitales y de comunicación. Estos compuestos químicos les sirven para realizar diferentes procesos como escapar de los animales de presa, atracción sexual, selección de su hábitat y la alimentación.8

Hoy, el derrame petrolero ocasionado por el hundimiento de la Plataforma Deepwater Horizon, al norte del Golfo de México a aproximadamente 110 kilómetros de las costas de Misisipi a Alabama, ha afectado un área de 1500 kilómetros cuadrados9, generado un impacto social, económico y ambiental de magnitudes impresionantes, e impredecibles.

Sin embargo, la situación se agrava al considerar que el derrame se ha convertido en un problema tecnológico, pues existiendo varias opciones para tapar el pozo abierto en el fondo del mar, los intentos por lograrlo han resultado fallidos.10 La empresa Britsh Petroleum considera que la operación llevará otras dos a cuatro semanas11.

La fianza por el accidente de la explosión de la plataforma12 se ha hecho efectiva, empresa Transocean pagó una fianza sin embargo, los recursos no son suficientes para reparar el daño ambiental ocasionado. De forma paralela, las acciones para limpiar el derrame se han iniciado, medios de comunicación han informado que British Petroleum utiliza el químico Corexit 9500 para limpiar el derrame, este químico es una especie de detergente que sirve para cortar la grasa.

Finalmente, la Comisión Legislativa que elabora el presente Dictamen coincide con el honorable promovente respecto de que el Gobierno mexicano debe iniciar las gestiones conducentes para promover la elaboración de un Plan de contingencia, pues las características físicas del Golfo de México (ser una cuenca semicerrada y cóncava) incrementa las posibilidades de que el derrame petrolero alcance las aguas mexicanas.

En ese sentido, el científico y biólogo alemán, Johannes Warmuth, especialista en energías limpias y renovables, aseguró que el daño podrá percibirse en un corto plazo, en las playas de Veracruz, por lo que se verá afectada la pesca, el turismo y los ecosistemas acuáticos de la costa de México.

En ese contexto, la comisión legislativa que elabora el presente dictamen considera procedente dirigir un exhorto al Ejecutivo Federal para que instruya a las Secretarías competentes la elaboración de un Plan de Contingencia urgente en el que se instrumenten acciones para contener el derrame en caso de que el petróleo alcance las aguas mexicanas, así como para la reparación del daño ambiental. Igualmete, se considera viable solicitar al Ejecutivo federal, envíe a este órgano legislativo, un informe pormenorizado sobre el derrame de petróleo en el Golfo de México, así como los avances de recuperación ecológica de la zona.

Finalmente, se coincide con el honorable promovente, en el sentido de dirigir un exhorto al Ejecutivo Federal para que a través de las instituciones competentes, promueva y exija la reparación del daño ambiental ocasionado en el Golfo de México, por el hundimiento de la plataforma Deepwater Horizon.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de esta comisión nos permitimos someter a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal para que elabore, con carácter de urgente, un Plan de Contingencia para atender los impactos ocasionados por el derrame petrolero causado por la explosión y hundimiento de la plataforma de perforación petrolífera Deepwater Horizon en las aguas del Golfo de México.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realice una evaluación de los impactos ambientales ocasionados por el derrame petrolero causado por la explosión y hundimiento de la plataforma de perforación petrolífera Deepwater Horizon en las aguas del Golfo de México.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las entidades que sean pertinentes, solicite al gobierno de Estados Unidos de América, un informe pormenorizado del derrame petrolero en aguas del Golfo de México, causado por la explosión y hundimiento de la plataforma de perforación petrolífera Deepwater Horizon.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las instituciones competentes promueva la reparación del daño ambiental ocasionado en el Golfo de México, por el derrame petrolero causado por la explosión y hundimiento de la plataforma de perforación petrolífera Deepwater Horizon.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de junio del 2010.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), María Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Francisco Alejandro Moreno Merino, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez, Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, Leoncio Morán Sánchez (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Leticia Robles Colín, Rafael Pacchiano Alamán, Gerardo del Mazo Morales (rúbrica).

De la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2007

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Pesca fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente número D.G.P.L.61-II-6-0407, que contiene proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que en el ejercicio de sus facultades emita con la mayor brevedad el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables e informe, por conducto del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las razones por las cuales no se ha publicado, suscrito por el diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 7 de abril de 2010.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente para dictaminar la proposición en comento, por lo que se somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones

Antecedentes

1. Con fecha 7 de abril de 2010, el diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que

Primero. En el ejercicio de sus facultades, expida con la mayor brevedad el Reglamento de la Ley General de Pesca y Sustentables, debido a que ha transcurrido en exceso el plazo de seis meses a que se refiere dicho ordenamiento y, como respuesta a la urgencia de promover el desarrollo sustentable del sector pesquero nacional.

Segundo. Por conducto del Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informe a esta soberanía, en un plazo de 30 días hábiles, las razones por las cuales no se ha publicado el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura sustentables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2007.

2. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en esa misma fecha, acordó turnar la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa, para análisis y dictamen, a la Comisión de Pesca.

3. Tomando como base los elementos de información disponibles, así como la propuesta multicitada, la Comisión de Pesca se avocó al estudio y análisis para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados con base en las siguientes

Consideraciones

El diputado proponente expone que el 24 de julio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expide la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y entró vigor noventa días después, de conformidad con lo dispuesto en el artículo primero transitorio de la propia ley.

Asimismo, menciona que en la Ley se incorpora el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, se establece la concurrencia y competencia de la federación, entidades federativas y municipios para el ejercicio de atribuciones en materia de pesca y acuacultura, se reconoce el derecho de preferencia para el acceso de los pueblos y las comunidades indígenas al aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros en los lugares que habitan, se regula la acuacultura y se reconoce que ésta y la pesca son asuntos de seguridad nacional y de prioridad para el desarrollo nacional, entre otras nuevas figuras jurídicas.

De igual modo considera que a pesar del gran reto que, en su momento, representó la aprobación y promulgación de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, es una realidad que muchas de sus disposiciones no han logrado a la fecha materializarse o alcanzado su cumplimiento, debido en gran medida a que a casi tres años de haberse aprobado esta Ley por el Congreso de la Unión, no se haya expedido el reglamento, en cumplimiento a lo dispuesto en su artículo sexto transitorio, que claramente mandata al presidente de la república para que, dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor, expida la reglamentación correspondiente.

En ese sentido los integrantes de la comisión dictaminadora reconocen la importancia de la proposición manifestada por el diputado Eduardo Ledesma Romo, coincidiendo con él en la importancia que reviste el reglamento de una ley en el sentido de ser una herramienta fundamental para la correcta interpretación y aplicación de ésta.

En dicho contexto, con fecha ocho de abril del presente año la diputada Georgina Trujillo Zentella presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, signado igualmente por los diputados Felipe Cervera Hernández y Eduardo Ledesma Romo, diputado proponente del punto de acuerdo que en este documento se dictamina, en el que precisamente se planteó al pleno de la Cámara que emitiera el exhorto al titular del Ejecutivo federal para que expida y publique de inmediato el reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las demás disposiciones administrativas respectivas.

Por anterior, más allá de las coincidencias que los miembros de esta Comisión de Pesca hemos encontrado con la propuesta formalizada por el diputado proponente, en virtud de lo relacionado en él párrafo que antecede, esta comisión determina que el resolutivo primero de la proposición sometida para análisis ha sido satisfecha, más no lo relativo al segundo resolutivo.

Es el caso que a la fecha no se ha publicado el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. No obstante que desde el 22 de octubre de 2007 entró en vigor la propia ley, y que en su artículo sexto transitorio dispone que el Reglamento deberá ser expedido por el Presidente de la República dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de dicho ordenamiento legal.

En virtud de que el artículo sexto transitorio precitado no ha sido cumplido, esta comisión considera que procede exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal, toda vez que ha transcurrido en exceso el plazo de seis meses.

De acuerdo con lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión dictaminadora que suscriben la presente proposición, se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en uso de sus facultades, informe las razones por las cuales no se ha publicado el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura sustentables, publicada en el Diario Oficial de la Federación desde el 24 de julio de 2007.

Dado en las oficinas de la Comisión de Pesca, Palacio Legislativo de San Lázaro, a junio de de 2010

La Comisión de Pesca

Diputados: Felipe Cervera Hernández, presidente (rúbrica); Rolando Bojórquez Gutiérrez (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Carlos Oznerol Pacheco Castro, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), César Mancillas Amador (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica), Miguel Martín López, secretarios; Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Francisco Javier Martín Gil Ortiz, Carlos Manuel Joaquín González, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Violeta Avilés Álvarez, Juan José Cuevas García, José Manuel Marroquín Toledo, Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), Fernando Santamaría Prieto, José Ignacio Seara Sierra (rúbrica), Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Florentina Rosario Morales (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos.