Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a las autoridades educativas estatales a analizar la viabilidad de incorporar en el sistema de educación pública la licenciatura en puericultura, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, diputada federal de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública, y a las autoridades educativas estatales, para que analicen, mediante un estudio, la viabilidad de incorporar al sistema de educación pública la licenciatura en Puericultura, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
La historia del cuidado de los menores por instituciones en nuestro país, se remonta desde la época de la conquista, en enero de 1767 el señor arzobispo Lorenzana y Builtrón fundó el primer albergue infantil la “Casa para Niños Expósitos”; en la primer mitad del siglo XIX en el año de 1837, se inauguró la primera guardería en México, dirigida para el cuidado de los hijos de comerciantes del entonces Mercado del Volador.
En el México del siglo XX para el año de 1941, se inició con el carácter de seguridad social la prestación del servicio de guarderías para los trabajadores al servicio del Estado, por parte del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y fue hasta 1973, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) proporcionó, entre las prestaciones a sus derechohabientes, el servicio de guardería.
La puericultura en México data del año 1884, bajo la dirección del doctor Manuel Domínguez que entre las primeras medidas tomadas para el bienestar de los niños, fue separar a los niños que cumplían seis o siete años del resto de los menores, y para el año 1900 se instituyó la práctica de la biometría en los niños, así como la aplicación de la vacuna antivariolosa a cada niño que ingresaba a la casa de expósitos.
Consideraciones
La importancia de la puericultura recae en las aportaciones que ha realizado a la sociedad y al desarrollo de la infancia. La puericultura o “cuidado de los niños”, surge dentro de las ciencias médicas, actualmente está dirigida a identificar las características cognoscitivas y sociales del niño, valorando los trastornos del desarrollo y discapacidades para determinar su atención; aplica programas para desarrollar habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes tomando en cuenta la edad del menor. Los conocimientos médicos de esta especialidad la califican para la prevención de enfermedades, así como para la atención de los accidentes más comunes en la infancia, asimismo, realiza el diseño, aplicación de programas educativos, nutricionales y didácticos.
En nuestro país tenemos aproximadamente una población de 14,400,669 niños entre 0 y 6 años de edad, de los cuales, aproximadamente 509,337 niños son cuidados por sistemas públicos como guarderías o estancias infantiles del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Secretaría de Desarrollo Social.
Existe una gran diversidad de prestadores de servicios de guarderías, estancias infantiles, centros de desarrollo, clínicas y hospitales de carácter público y privado dedicadas al cuidado de los niños, el crecimiento en la demanda de estos servicios hacen que la necesidad de profesionalizar al personal sea primordial para los intereses y bienestar de las familias.
Por otra parte, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de la niñez y de velar por el interés superior de la infancia en cumplimiento con lo estipulado en el párrafo sexto del artículo 4º cuarto de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual prevé en su artículo 18 que “Los Estados Parte adoptarán todas mas medidas apropiadas para que los niños cuyos padres tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas”.
En la actualidad, la puericultura es un programa de capacitación que se imparte en 448 horas en el nivel de educación media superior, lo que genera que nuestra infancia esté bajo el cuidado de jóvenes con una preparación básica. Por otra parte la responsabilidad del Estado es asegurar el bienestar de la infancia que actualmente es aproximadamente del 10 por ciento de la población total del país y por lo tanto, éste sector de la sociedad debe de contar personal con un mayor nivel de formación para beneficio de toda la sociedad mexicana, para contar con profesionistas formadores de una nueva generación de ciudadanos mejor preparados.
Por lo anteriormente expuesto, se sustenta la solicitud dirigida a la Secretaría de Educación Pública, para la realización de un análisis en el cual se contemple la viabilidad de la creación e incorporación al sistema de educación pública de la carrera profesional a nivel de licenciatura en puericultura.
Son de considerarse los grandes beneficios que esta propuesta traería aparejados para la sociedad: la oportunidad con la que los jóvenes contarían al ofrecerles una nueva opción para su formación profesional, al capacitarse para un campo laboral que está en desarrollo y crecimiento; el estar en posibilidad de dar cumplimiento a lo estipulado en la norma oficial mexicana, NOM-167-SSA1-1997, para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores; el contar con una nueva generación de mexicanos con una formación de valores sociales, familiares y cívicos, mas sólidas que generaciones anteriores, así como con una mejor cimentación para su preparación académica y del cuidado de su salud, lo cual generaría un gran impacto social y económico en nuestro país.
Conforme al principio rector del Plan Nacional de Desarrollo, el propósito del desarrollo, es crear una atmósfera en que todos puedan aumentar su capacidad y las oportunidades puedan ampliarse para las generaciones presentes y futuras, por lo tanto, hay que crear conciencia que teniendo una niñez protegida se crea una juventud con futuro y que cualquier esfuerzo que se realice para el bien de este sector de la población, es mínimo para los beneficios que como nación podemos recibir en los años venideros.
En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas estatales, para que analicen, mediante un estudio, la viabilidad de incorporar al sistema de educación pública la licenciatura en Puericultura.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 9 de noviembre de 2010.
Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a reclasificar a partir de 2011 del área geográfica C a la B los municipios de San Luis Potosí, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes
Considerandos
1. La fracción VI del Apartado A) del artículo 123 constitucional faculta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para fijar éstos y a su vez el artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo establece que dichos salarios se fijarán cada año y comenzarán a regir el primero de enero del año siguiente, los cuáles deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural.
2. Durante diciembre del presente año, los miembros del honorable Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos procederán a fijar los salarios mínimos generales y profesionales que entrarán en vigor en la República Mexicana a partir del primero de enero de 2011.
3. En cumplimiento de los deberes y atribuciones señalados en la fracción III del artículo 561 y en el artículo 562 de la Ley Federal del Trabajo, la Dirección Técnica lleva a cabo los trabajos de investigación y los estudios necesarios para determinar las condiciones generales de la economía del país, los principales cambios observados en la evolución de las actividades económicas, así como las variaciones en el costo de la vida de las familias en todo el país.
4. En San Luis Potosí los efectos de la crisis económica del 2009 y la débil actividad económica del 2010, generó una importante caída en la capacidad adquisitiva de la población de la entidad con los sucesivos retrasos en materia de desarrollo social.
5. Con base en el desempeño esperado de la economía internacional y la información más reciente acerca de la actividad productiva nacional, en el 2010, el producto interno bruto de México será uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el mayor crecimiento económico este año, sin embargo, la economía mexicana registró una profunda crisis que llevó a que el crecimiento económico durante el 2009 fuera negativo a una tasa del 6.5 por ciento, con la consecuente pérdida de empleos.
6. En adición a lo anterior, el Consejo de Representantes al establecer los salarios mínimos que habrán de regir a partir del 1o. de enero de 2011, deben de considerar que el objetivo del empleo productivo debe ser una meta fundamental de la política y de la estrategia nacional de desarrollo, y base de la estrategia de reducción de la pobreza, más tratándose de entidades con elevados índices de marginación y rezago social.
7. La gente de San Luis Potosí está padeciendo con la crisis del empleo. Detrás de cada empleo perdido hay un drama personal, una familia en grandes dificultades y una crisis social. La incertidumbre y la disminución de los ingresos alimentan la inseguridad. Cuando el desempleo se prolonga, los trabajadores pierden progresivamente sus competencias laborales.
8. En varios municipios de San Luis Potosí hay ahora trabajadores calificados del sector formal que se están dedicando a actividades provisionales en la economía informal, donde están sometidos a condiciones laborales más desfavorables.
9. De acuerdo a las áreas geográficas vigentes en que para fines salariales se ha dividido a la República Mexicana, los municipios de San Luis Potosí se encuentran clasificados en el área geográfica C, mientras que algunos municipios de Tamaulipas como Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Ciudad Madero, Gómez Farías, González, El Mante, Nuevo Morelos, Ocampo, Tampico y Xicoténcatl se encuentran en la zona con nivel salarial B.
10. Actualmente los salarios mínimos generales que tienen vigencia a partir del 1 de enero de 2010 en las áreas geográficas son los que se señalan a continuación: Área geográfica A, corresponde un salario de 57.46 pesos; área geográfica B, un salario de 55.84 pesos y área geográfica C que corresponde un salario mínimo diario de 54.47 pesos.
En virtud de lo expuesto y fundado, se pone a consideración de esta honorable asamblea como de urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a reclasificar, a partir de 2011, los municipios de San Luis Potosí, del área geográfica C al área geográfica B, en materia de salarios mínimos, con el fin de favorecer a los trabajadores y familias potosinas que registran una pérdida del poder adquisitivo acumulada.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2010.
Diputada Delia Guerrero Coronado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión investigadora de los actos de corrupción en el IMSS, a cargo del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD
Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con puntos de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
El pasado martes 9 de noviembre se dieron a conocer a la opinión pública presumibles hechos que constituyen gravísimos actos delictivos y de corrupción, que denigran el eficiente y correcto ejercicio de la función pública en una de las instituciones que ha sido por más de 50 años piedra angular de la seguridad social en el país, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Todos hemos sido testigos de la difusión en los principales medios de comunicación de una grabación telefónica en la que un directivo del laboratorio Novartis presuntamente negocia un contrato con un funcionario del IMSS, César Mora Eguiarte.
Se ha informado que en estos hechos presuntamente se encuentra involucrado también el presidente ejecutivo del laboratorio farmacéutico Stendhal, Carlos Abelleyra, quien fuera presidente de la Canifarma, por lo que se dice que se trata de un acto de colusión y no de soborno.
Aun cuando ahora se maneja la versión de que la grabación telefónica es entre particulares, lo más grave y lamentable es que en estos hechos se utilicen recursos públicos y las instituciones como instrumento de negocio entre particulares.
No debemos permitir tal situación, más aún cuando aquí año con año aprobamos para el IMSS la asignación de esos recursos, cuyo destino es robustecer su operación y funcionamiento en favor de los trabajadores y los ciudadanos.
En años recientes hemos visto cómo el IMSS ha sufrido embates y acusaciones de inoperatividad, atención médica y hospitalaria deficiente, trato incorrecto a los usuarios y demás calamidades que también se ciñen sobre las instituciones públicas de servicio social que dan cobertura y asistencia a las clases más desprotegidas y vulnerables.
En días pasados, al celebrarse la asamblea general ordinaria del IMSS, el presidente de la República alertó sobre la falta de recursos para garantizar las pensiones de los trabajadores que gozan de dicha protección, toda vez que según la información que dijo conocer a más tardar en 2012 se dejaría de contar con recursos para la cobertura de la única fuente de subsistencia, precaria por cierto, de millones de trabajadores que entregaron los mejores años de su vida al engrandecimiento de México.
La información presidencial contradice lo que hechos recientes nos han demostrado: la exhibición en medios electrónicos de cobertura nacional de notorios actos de corrupción en los que presuntamente se encuentran involucrados funcionarios del más alto nivel del IMSS, y quizá de diversos ámbitos del sector salud, lo que arroja a la cara de la opinión pública la incongruencia de las afirmaciones oficiales.
Esos hechos, lejos de revertir el panorama que priva en las instituciones de seguridad social y de fortalecerlas, abonan y profundizan la situación compleja y de crisis por la que atraviesan éstas, concretamente el IMSS.
Tales hechos nos obligan a reparar y actuar con prontitud, toda vez que del diagnóstico último que emite Transparencia Internacional en materia de corrupción, se concluiría que el país es hoy más corrupto y menos democrático.
No en vano tal organismo señala que México obtuvo para este año 3.1 de calificación, por lo que toca fondo en el índice de percepción de corrupción: se coloca en el sitio 98, 9 lugares abajo con relación a 2009, cuando estuvo en el 89. Eso significa que el país es más corrupto que nunca, a la par de Egipto y Burkina Faso.
En suma, estas viejas prácticas y comportamientos perversos que ahora se han dado a conocer en el IMSS afectan la correcta administración y función pública. Deben ser aclarados.
El Congreso de la Unión no puede permitir que las instituciones públicas sigan siendo presa de situaciones y comportamientos que, de ser ciertos, deber ser sancionados con todo rigor.
Como representante popular interesado y comprometido con la ciudadanía y la clase trabajadora en la defensa de sus intereses y en la búsqueda de soluciones a sus reclamos, hago desde esta tribuna un firme llamado a quien dirige el IMSS para que venga a la Cámara a dar una explicación de cara a la sociedad sobre estos hechos, vergonzosos y lastimosos para todos los mexicanos.
Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General pido a la Presidencia de la Mesa Directiva que someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, como de urgente y obvia resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que le confieren el tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 41 de la Ley Orgánica del Congreso General, acuerda la integración de una comisión cuyo objeto es investigar los presuntos hechos de corrupción ocurridos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en torno de las adjudicaciones y contrataciones del inicio de la presente administración a la fecha; particularmente por la Coordinación de Adquisiciones de Bienes de dicho instituto, a cargo del ciudadano César Mora Eguiarte.
La comisión se integrará y funcionará conforme a los lineamientos básicos siguientes:
1. La comisión de investigación podrá allegarse de toda la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo estime conveniente con las autoridades correspondientes y realizar las gestiones necesarias, conforme a su marco normativo aplicable.
2. Se integra con nueve diputados, propuestos por los grupos parlamentarios, con base en la siguiente proporción:
2 del PRI, 2 del PRD, 1 del PAN; 1 del PVEM, 1 de Convergencia, 1 del PT y 1 de Nueva Alianza.
3. Los resultados de la actuación, investigaciones y conclusiones de la comisión se harán del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública, de la Procuraduría General de la República y demás autoridades competentes, para los efectos legales a que haya lugar.
Segundo. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados cita a comparecer ante el pleno de esta soberanía al ciudadano Daniel Karam Toumeh, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, con objeto de que informe a detalle sobre los procesos de licitaciones, adjudicaciones y contrataciones que se realizan desde el inicio de su gestión hasta la fecha, así como de los presuntos hechos de corrupción ocurridos recientemente en la Coordinación de Adquisiciones de Bienes del instituto.
Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2010.
Diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que la SRE proteja los derechos y las prerrogativas de los ciudadanos mexicanos en el extranjero y de las empresas con participación de capital mexicano, particularmente las constituidas para superación en la República Bolivariana de Venezuela y que han sido afectadas por las políticas públicas de carácter intervencionista, discriminatorio y abusivo por su presidente, a cargo del diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del PVEM
Guillermo Cueva Sada, diputado integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Desde 2008 el mundo padece una de las peores crisis económicas, misma que comenzó y tuvo origen en los Estados Unidos. Entre los principales factores causantes de la crisis estarían los altos precios de las materias primas, la sobrevalorización del producto, una crisis alimentaria mundial, una elevada inflación y la amenaza de una recesión en todo el mundo, así como una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados. La causa raíz de toda crisis según la teoría austríaca del ciclo económico es una expansión artificial del crédito. En palabras de Jesús Huerta de Soto esta crisis “surge de la expansión crediticia ficticia orquestada por los bancos centrales, y que ha motivado que los empresarios invirtieran donde no debían”.
Para agravar más aún este factor mundial de desequilibrio, en la República Bolivariana de Venezuela particularmente los mexicanos se han visto gravemente afectados en sus patrimonios, ya que el cambio en la línea ideológica de las políticas de Venezuela por la llamada Revolución Bolivariana hacia el socialismo del siglo XXI, implementadas por el presidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías, se ha caracterizado por la serie de ordenanzas de nacionalización de diversas empresas con participación de capitales mexicanos.
En México la Doctrina Estrada, que postula los principios de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, indica que el reconocimiento de gobiernos es una interferencia de un estado en otro, por lo cual el gobierno de México se limita y actúa al margen sin calificar el derecho de otros países a cambiar sus gobiernos o autoridades buscando relaciones diplomáticas sanas y de acuerdo, donde no cabe la injerencia de un estado en otro en cuanto a los cambios ideológicos, sociales o de gobierno.
De acuerdo a lo anterior es que reprobamos enérgicamente la implementación de las políticas y ordenanzas realizadas por dicho mandatario, ya que la belicosidad generada en la sociedad, la sustracción injustificada de recursos tanto de su pueblo, como de mexicanos que en un afán de progreso armónico han invertido en dicha nación, la falta de diplomacia por parte del gobierno y el trato discriminatorio del gobierno venezolano, ha generado daños evidentes a México y sus nacionales, a empresas de capital mexicano y a quienes en ellas trabajan.
Es totalmente reprobable el doble discurso con que se arropan la injusticia y abuso del gobernante venezolano, discurso que por un lado ondea una bandera que pugna por justicia, que pregona la unificación y respeto de los pueblos de la América Latina y, que por otro lesiona personas, menoscaba sus intereses y sobre todo su patrimonio, sin que medie en ello ningún respeto ni consideración sutil de convenios y cooperación.
El cambio ideológico y social comenzado desde el 4 de febrero de 1992 en Venezuela, basado en el ideario del libertador Simón Bolívar, las doctrinas de Simón Rodríguez, quien proponía que Latinoamérica inventase su propio sistema político, y el general Ezequiel Zamora, quien defendía la tenencia de la tierra para los campesinos que la trabajaban y tiene como fin llegar a un nuevo socialismo, no es el motivo del presente documento, sino las consecuencias de los actos abusivos e injustificados de un presidente que con sus abusos ha lesionado en su camino patrimonio hermano. México y sus ciudadanos han padecido los embates de estas estrategias del gobierno sufriendo un trato discriminatorio y socavando la inversión en su país.
Por lo anterior es que tenemos la obligación y compromiso como legisladores de velar por el respeto a los derechos y los intereses de nuestros representados en el extranjero, respaldar mediante las instituciones encargadas y competentes la estabilidad en el marco de la cooperación internacional y el respeto a la soberanía. Los países de la América Latina, como ha señalado Hugo Chávez en reiteradas ocasiones deben tener una estrecha relación de armonía y cooperación. Por eso es que consideramos la necesidad de exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para que intervenga en el ámbito de sus facultades protegiendo los intereses de los ciudadanos y empresas mexicanas, y manifieste enérgicamente una solicitud al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que en estricto apegó a derecho se dé cause a las negociaciones sobre la base de los principios de diálogo, trato no discriminatorio, concertación y apertura.
Punto de Acuerdo
Único. El Congreso mexicano hace un enérgico pronunciamiento para que la Secretaría de Relaciones Exteriores haga todo lo que se encuentre en el ámbito de sus atribuciones, para proteger en el marco de los tratados internacionales de cooperación y comerciales, los derechos y prerrogativas de los ciudadanos mexicanos en el extranjero así como de las empresas con participación de capital mexicano, particularmente los que han sido constituidos legalmente para su operación en la República Bolivariana de Venezuela y han sido afectadas por políticas públicas de carácter intervencionista, discriminatorias y abusivas por parte de su presidente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2010
Diputado Guillermo Cueva Sada (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a establecer un programa de formación y desarrollo de coros juveniles, que provea a los adolescentes de educación musical y propicie el aprendizaje y conocimiento de la música popular mexicana, a cargo de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados integrantes de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Primera. Que el bicentenario y el centenario de los inicios de la Independencia y de la Revolución Mexicana han motivado la realización de un conjunto de celebraciones que tienen como propósito la evocación histórica, la valoración de los elementos constitutivos de la identidad nacional derivados de estas gestas y el aquilatamiento de los valores de libertad, democracia y justicia que inspiraron a nuestros héroes patrios.
Segunda. Que un elemento fundamental de la identidad nacional se vincula con las expresiones artísticas populares derivadas de los movimientos de Independencia y de la Revolución. De manera muy significativa tanto la Independencia como la Revolución inspiraron a la plástica mexicana, y la música popular recoge diversos momentos del heroísmo popular y de la crónica de los sucesos acontecidos. El impacto en la cultura popular de ambos movimientos fue de tal trascendencia que le imprimió un sentido; en el caso de la música, produjo géneros musicales reconocidos que han tenido una gran repercusión en la música nacional y han trascendido nuestras fronteras, como el corrido revolucionario, entre otros.
Tercera. Que, el aprendizaje de la música desarrolla en niños y adolescentes el desenvolvimiento de sus sentidos, particularmente del oído musical, favorece y estimula la memoria y cuando se trata de trabajo en grupos, como son los coros y las orquestas, provocan un ambiente propicio para estimular la buena conducta vinculada al espíritu de cooperación, a la puntualidad, entre otros.
Cuarta. Que, habida cuenta de que participar en un grupo musical implica un esfuerzo de organización del tiempo, de higiene personal, de disciplina, para concurrir a los ensayos y propicia el trabajo en equipo, y que las experiencias de enseñanza musical en grupo han demostrado su repercusión positiva en el comportamiento de los educandos y en su concentración en el aprendizaje académico en otras materias.
Quinta. Que, considerando que en México es necesario estimular el espíritu de cuerpo, el trabajo en equipo, apoyar el reconocimiento de los atributos de un mexicano por otros mexicanos y favorecer todo lo que implique un trabajo de conjunto para desarrollar una conciencia de cooperación y de solidaridad entre los mexicanos.
Sexta. Que en los tres niveles de la educación de tipo básico se busca aproximar a los alumnos a las distintas maneras de hacer arte, pero es en la educación secundaria en donde se enfatiza la contextualización histórica y social de las manifestaciones artísticas como elemento que favorece la formación de la conciencia histórica y fortalece la construcción del sentido de pertenencia a una cultura nacional. Con pleno respeto a las preferencias musicales de los alumnos, es conveniente que en este nivel se les ofrezca la posibilidad de acceder a géneros y estilos valorados históricamente por nuestra sociedad.
Con base en las consideraciones anteriores, se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
1. Se instruye a la Secretaría de Educación Pública para que, con motivo de las conmemoraciones del inicio del bicentenario y el centenario de la Independencia y de la Revolución, establezca un programa de formación y desarrollo de coros juveniles, que provean a los adolescentes de educación musical y propicien el aprendizaje y conocimiento de la música popular mexicana.
2. El mencionado programa se establecerá en cada una de las escuelas de nivel secundaria de todo el sistema educativo escolarizado, en las fases que determine la Secretaría de Educación Pública.
3. El Conaculta, el Instituto Nacional de Bellas Artes, los Institutos de Cultura de los Estados y otras instituciones culturales de carácter público y privado, podrán coadyuvar para el establecimiento de los coros juveniles en todo el sistema de educación escolarizado público.
4. Las escuelas secundarias particulares que deseen sumarse al programa, podrán hacerlo, cumpliendo la normatividad que al efecto establezca la Secretaría de Educación Pública.
5. De ser necesario, la Secretaría de Educación Pública dispondrá de parte de los recursos autorizados por esta soberanía en el Ramo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, para la realización de este programa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2010.
Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a los gobiernos de Tlaxcala y de Puebla a hacer públicas las investigaciones sobre la contaminación de los ríos Atoyac, Zaguapán y Alseseca, así como las medidas que se llevan a cabo por ser éste un problema de salubridad general, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, diputados federales integrantes de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 8 de septiembre del 2010, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI), determinó reservar por 10 años un estudio del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para que éste no se hiciera público; dicho estudio se refiere al grado de contaminación de los ríos Atoyac, Zaguapan y Alseseca, argumentando la protección del “secreto comercial”, pues existía un convenio entre el instituto y el gobierno de Tlaxcala para no divulgarlo sin autorización.
Según las notas vertidas por el periódico Reforma , el estudio que efectuó el IPN en la cuenca del Alto Atoyac consistió en visitas trabajo de campo, pruebas de laboratorio, planos, revisiones técnicas y evaluación del personal de 28 plantas de tratamiento de aguas residuales. Obviamente, dentro del mismo estudio se incluyó una investigación sobre descargas clandestinas.
El instituto, además, elaboró diversos dictámenes técnicos y calculó los volúmenes de obra que se requieren para mejorar la eficiencia de las plantas de tratamiento existentes.
Es de mencionar que la decisión, dentro del mismo IFAI no fue unánime, siendo la votación de la resolución la siguiente: a favor votaron las comisionadas Wanda Sigrid Arzt Colunga, María Marván Laborde y Jacqueline Peschard Mariscal, y en contra Ángel J. Trinidad Zaldívar y María Elena Pérez-Jaén Zermeño, por lo que puede existir una duda razonable de que los argumentos esgrimidos a favor de la reserva pueden ser endebles, no por el número de votos, sino por los argumentos vertidos.
Es más, conscientes de que es un problema de salud pública, se consideró debían resguardar, quienes votaron a favor de la resolución de reserva, los intereses del Instituto Politécnico Nacional ya que, de violar el secreto impuesto en el convenio, según lo dicho por el Instituto Federal para el Acceso a la Información Pública y Datos Personales “la preocupación sería que la reacción de los gobiernos estatales fuera ya no contratar al Instituto Politécnico Nacional para que hagan este tipo de estudios”.
En ese sentido se apoyó el argumento de que el Instituto Politécnico Nacional estaba “actuando como un particular que ofrece sus servicios y que se somete a una competencia en el mercado frente a otros que pudieran realizar el mismo tipo de servicio”, por lo que, reitero, el IFAI está protegiendo, con la reserva, intereses de particulares en perjuicio de la población afectada por la contaminación en Tlaxcala y en los estados donde fluyen los ríos Atoyac, Zaguapan y Alseseca.
De las discusiones que el IFAI tuvo para aprobar tal reserva, se desprende que invocaron el artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial, que establece el secreto industrial para proteger toda información que signifique obtener o mantener una ventaja competitiva frente a terceros, en la realización de actividades económicas donde se haya buscado preservar su confidencialidad, restringiendo el acceso a dicha información.
De acuerdo a la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, su naturaleza (contenida en el artículo 1o. de la ley) es de una “institución educativa del estado creada para consolidar, a través de la educación, la independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política para alcanzar el progreso social de la nación, de acuerdo con los objetivos históricos de la Revolución Mexicana, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”; asimismo, uno de sus principales objetivos es 1 el de “Realizar investigación científica y tecnológica con vista al avance del conocimiento, al desarrollo de la enseñanza tecnológica y al mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales”, por lo que estimamos, el fundamento invocado para la reserva no es válido ni aplicable, debido a la naturaleza del instituto, el cual es una institución educativa estatal y no una empresa, y que, es más, es la obligación del mismo proporcionar toda información que se le solicite.
Por otro lado, al reclasificar el tipo de información a reservarse, para que el IPN no diera la información por razones de violación del secreto industrial, sin tomar en cuenta las razones de salud pública, pone de relieve el intentar hacer prevalecer los intereses de los particulares sobre los del interés general 2 .
El costo del estudio fue de 6 millones y medio de pesos que pagó el gobierno de Tlaxcala al IPN con recursos públicos, que se entregaron en el marco de un convenio de colaboración, por lo tanto, el estudio debe ser conocido, y aunque se haya determinado que al IPN no se le puede obligar a dar a conocer su estudio, sí al estado de Tlaxcala por razones de salud pública quien está obligado a hacerlo, sobre todo porque es al pueblo de Tlaxcala al quien afecta dicha polución.
Recientemente, los medios de comunicación han publicado dos cosas importantes que no debemos dejar de considerar:
1. La comisionada presidenta del instituto, Jaqueline Pesschard señaló que al existir la reserva, los únicos que podrían cambiar el status de la misma son el Instituto Politécnico Nacional y el gobierno de Tlaxcala 3 .
2. Este último ha sostenido que ya la hizo pública, al haberla “incluido en los documentos de transparencia y de acceso público” reconociendo que “la zona sur de Tlaxcala es un ‘foco rojo’ por contaminación del afluente que cruza por 16 comunidades tlaxcaltecas de la zona sur” 4 . Y se comentó que el culpable de todo el problema de contaminación es el vecino estado de Puebla, concretamente el municipio de San Martín Texmelucan 5 .
Siendo este honorable Congreso de la Unión, concretamente la Cámara de Diputados, el lugar idóneo para el debate que permita la solución de problemas, es que consideramos que, antes de que crezca la afectación a la salud de los habitantes de las zonas contaminadas y se complique la solución, con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, sin mayor afán que el bienestar de nuestros representados, pongo a su consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Primero. Se exhorta al gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Pesca y Alimentación, así como a los gobiernos de los Estados Libres y Soberanos de Tlaxcala y Puebla para que hagan pública la información que obre en su poder, respecto la contaminación de los ríos Atoyac, Zaguapán y Alseseca, así como de las medidas que se están llevando a cabo, por ser un problema de salubridad general.
Segundo. Se exhorta a los Secretarios de Salud, tanto del Poder Ejecutivo federal, como de los estados de Tlaxcala y Puebla para que tomen las medidas de salud pública que sean necesarias para atender a la población que resulte afectada.
Notas
1. Artículo 3o., fracción II de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional.
2. Basta ver la diferencia contenida en los artículos invocados de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública Gubernamental. El primero es el artículo 13 en su fracción IV que dice: “Artículo 13. Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión pueda... IV. Poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona...”, mientras que el 14, en su fracción II dice: “Artículo 14. También se considerará como información reservada... II. Los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal”
3. Reforma, 14 de octubre del 2010, Sección Nacional, página 14.
4. Reforma, 16 de octubre del 2010, Sección Nacional, página 9.
5. Ídem .
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2010.
Diputados: Esthela Damián Peralta (rúbrica), Vidal Yerenas Morales (rúbrica), Carlos Torres Piña (rúbrica), Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Filemón Navarro Aguilar (rúbrica), Lizbeth García Coronado (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas (rúbrica), Uriel López Paredes (rúbrica), José María Valencia Barajas (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Martha Elena García Gómez (rúbrica), Armando Ríos Piter (rúbrica), Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Florentina Rosario Morales (rúbrica), Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica), Víctor Manuel Báez Ceja (rúbrica), José M. Torres Robledo (rúbrica), Marcos Carlos Cruz Martínez (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Juventino Víctor Castro y Castro (rúbrica), Francisco Armando Meza Castro (rúbrica), Silvia Puppo Gastélum (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), José Luis Jaime Correa (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Magdalena Torres Abarca (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez (rúbrica), Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Avelino Méndez Rangel (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Luis Felipe Eguía Pérez (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), Ariel Gómez León (rúbrica), Adán Augusto López Hernández (rúbrica), Balfre Vargas Cortez (rúbrica), Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Ilich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Domingo Rodríguez Martell (rúbrica), Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica), Juan Carlos López Fernández (rúbrica), Julio César Godoy Toscano (rúbrica).
A las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Economía, a solicitud del diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, del Grupo Parlamentario del PAN
Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), solicita respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva que, con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos formule excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Economía para que presenten el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, y Federal sobre Metrología y Normalización, presentada por el diputado José Luis Ovando Patrón, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 21 de julio de 2010.
Antecedentes
I. Con fecha 21 de julio de 2010, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el diputado José Luis Ovando Patrón presentó en nombre propio y de Javier Bernardo Usabiaga Arroyo y Carlos Alberto Pérez Cuevas, ambos del Grupo Parlamentario del PAN, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, y Federal sobre Metrología y Normalización.
II. En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación para estudio e integración del dictamen correspondiente.
III. Posteriormente, y en atención de una solicitud de ampliación de turno, el 28 de julio de 2010 la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que la precitada iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Economía para estudio y dictamen.
Consideraciones
La presente iniciativa tiene por objeto fortalecer el marco jurídico aplicable a la generación de productos agroalimentarios óptimos, mediante el otorgamiento de facultades explícitas a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación relativas a la elaboración, emisión, inspección y verificación de las normas oficiales relativas a los estándares de sanidad, de inocuidad y de calidad que deban reunir los productos alimenticios de origen agropecuario, sin perjuicio de las normas que los productores soliciten para mejorar su presencia y credibilidad en los mercados internacionales.
El cometido de la iniciativa se sustenta en el criterio establecido por la Organización Mundial de la Salud relativo a la definición de inocuidad alimentaria, referida como el “conglomerado de acciones encaminadas a garantizar la máxima seguridad posible de los alimentos”, en el entendido de que las políticas y las actividades que persiguen dicho fin deberán abarcar toda la cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo.
En opinión del suscrito, en su calidad de proponente de la iniciativa, es indispensable fortalecer a las instancias gubernamentales encargadas de verificar la inocuidad de los productos agroalimentarios, a través del establecimiento de estándares o criterios de sanidad, de inocuidad y de calidad, particularmente los que sean aplicables a las fases primarias en la producción, a fin de erradicar cualquier tipo de contaminación en dichos productos desde de sus procesos de producción, al reducir de manera considerable cualquier riesgo o posibilidad de riesgo a la salud pública; es decir, a la salud del consumidor final.
Toda vez que a la fecha y sin causa justificada las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Economía no han presentado ante esta soberanía el dictamen correspondiente a la iniciativa referida, asumiendo que las reformas y adiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, y Federal sobre Metrología y Normalización propuestas en ella fueron presentadas en el segundo periodo de la Comisión Permanente del primer año de trabajo de la LXI Legislatura, y al ser inminente la conclusión del primer periodo ordinario del segundo año de trabajo, me permito solicitar respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que se sirva dar trámite a la siguiente
Excitativa
Único. Sea turnada esta excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Economía para que presenten el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, y Federal sobre Metrología y Normalización, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 24 de noviembre de 2010.
Diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica)
Con motivo del 19 de noviembre, Día Internacional para la Prevención del Abuso Infantil, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD
Esta conmemoración reviste especial importancia en estos días, pues frecuentemente encontramos iniciativas que indican una política pública ciega a la infancia y a la adolescencia; las y los niños constituyen un motor de cambio. Cifras aportadas por la Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), capítulo México, refieren que la población entre 0 y 5 años de edad es de 11.6 millones en 2009, de los cuales 5.9 millones son niños y 5.7 millones son niñas. El 61.2 por ciento de ellos se encuentra en condiciones de pobreza patrimonial y el 27,4 por ciento en condiciones de pobreza alimentaría. La desigualdad de sus ingresos y oportunidades varían con la geografía del país. Contrastan pues, las diferencias de estados como Yucatán a estados como Sonora. Sin embargo, todas y todos son profundamente vulnerables al maltrato y abuso infantil.
El lugar más frecuente del abuso infantil es la familia, en donde la madre y el padre presentan el más alto nivel de violencia ejercida hacia con los niños, seguidos de padrastros, madrastras, y otros. De las denuncias recibidas, sólo en 56 por ciento se comprueba el maltrato, donde la víctima en el mejor de los casos, tiene que irse a un albergue o en otros casos, escapan de ese entorno de maltrato para ingresar a la vida en la calle, en la que son víctimas de mayor violencia.
Mención especial merece el abuso sexual infantil, se calcula que ochenta por ciento de las agresiones sexuales contra niños ocurren en sus propios hogares o en espacios que deberían ser de protección: espacios religiosos, escuelas, gimnasios, es decir, lugares que deberían ser para el libre desarrollo de niños y de niñas.
Se calcula que en América Latina, menos de 5 por ciento de los abusos sexuales a niños y a niñas son reportados, muchos de ellos se cometen, como bien lo sabemos, por parientes, por conocidos, por gente que debería generar un espacio de protección. Datos de la UNICEF denuncian que sólo en el continente americano son objeto de agresiones severas, que incluyen las sexuales, más de 6 millones de menores. Siendo nuestro país uno de los focos rojos en la materia, con aproximadamente 16 mil casos de niñas y niños que son víctimas de abuso y comercio sexual.
La Convención Internacional de los Derechos de la Niñez (CIDN) que fue ratificada por el Estado mexicano en 1990, constituyó un instrumento fundamental para construir una nueva visión sobre la infancia y, por ende, para establecer compromisos y lineamientos para garantizar los derechos establecidos en la misma en correspondencia al ideal de máxima supervivencia y desarrollo, como lo instituye su artículo 6o. En el mismo instrumento internacional en su artículo 19 que es obligación de los estados proteger a los niños de todas las formas de violencia y maltrato, que hayan hecho padres, madres o cualquier otra persona dedicados a su cuidado. Sin embargo este problema está presente tanto en países del primer mundo, como aquellos en vías de desarrollo.
En México durante los 10 años de vigencia de la CIDN ocurrieron diversas reformas legislativas relacionadas con los derechos de la niñez, sobre todo a partir de la segunda mitad de los 90. Estas reformas tocaron aspectos como la violencia familiar, las adopciones, la tipificación de delitos cometidos contra niñas y niños, entre las principales; sin embargo también ocurrieron reformas en el sentido contrario sobre todo en el ámbito penal. Tales contradicciones frente a las difíciles y deprimentes condiciones de vida de millones de niñas y niños en México justifican, incluso, propuestas en torno a reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de establecer, desde la Carta Magna, los compromisos del estado frente a los derechos de la niñez y orientar así las leyes federales y estatales, dando origen a instrumentos especializados para tal efecto.
En este sentido es que se conmemora, el 19 de noviembre, el Día Mundial para la prevención del abuso del Niño, la cual es una iniciativa de la Fundación de la Cumbre Mundial de la Mujer (FCMM) en la que se han involucrado 149 organizaciones, hoy, cuando los medios de comunicación se encargan de mostrarnos niños sicarios, crueles y despiadados, busca satanizar a los niños sin suponer que seguramente fue un adulto quien le obligó a trabajar como sicario, sin suponer que esos jóvenes no tienen mayores expectativas de vida y menos de desarrollo. Es por eso que desde este espacio hago votos porque los niños de nuestro país crezcan libres de violencia, en entornos seguros y amorosos, con una educación integral y humanista, con acceso a la salud y al deporte como complementos.
No puede haber mayor futuro incierto que las miradas tristes de las niñas y los niños; como tampoco existe mayor dicha que sus sonrisas joviales.
19 de noviembre de 2010.
Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)
Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN
La violencia contra la mujer adopta formas diversas, incluidas la violencia en el hogar; las violaciones; la trata de mujeres y niñas; la prostitución forzada; la violencia en situaciones de conflicto armado, como los asesinatos, las violaciones sistemáticas, la esclavitud sexual y el embarazo forzado; los asesinatos por razones de honor; la violencia por causa de la dote; el infanticidio femenino y la selección prenatal del sexo del feto en favor de bebés masculinos; la mutilación genital femenina y otras prácticas y tradiciones perjudiciales.
Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas menciona que “La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos, pues no conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz”.
En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que fue definido que la “violencia contra la mujer” es todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o en la vía privada.
También, en esa Asamblea se reconoció que era necesaria una clara declaración de los derechos que se deben aplicar para asegurar la eliminación de toda violencia contra la mujer en todas sus formas, y un compromiso de los Estados y de la comunidad internacional en general para eliminar la violencia contra la mujer.
La declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer demuestra el reconocimiento y la comprensión internacionales de que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos, así como una forma de discriminación.
En la Plataforma de Acción adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, se define la violencia contra la mujer como una de las 12 esferas de especial preocupación que deben ser objeto de particular observancia por parte de los Gobiernos, la comunidad internacional y la sociedad civil.
En su cuadragésimo segundo periodo de sesiones, celebrado en 1998, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, propuso nuevas medidas e iniciativas que deberían aplicar los Estados Miembros y la comunidad internacional para poner fin a la violencia contra la mujer, incluida la incorporación de una perspectiva de género en todas las políticas y programas pertinentes.
Entre las conclusiones convenidas del periodo de sesiones, figuran medidas destinadas a prestar apoyo a la labor de las organizaciones no gubernamentales, combatir todas las formas de grata de mujeres y niñas, promover y proteger los derechos de los trabajadores migrantes y en particular, las mujeres y los niños, y además promover las actividades coordinadas de investigación sobre la violencia contra la mujer.
Para el 17 de diciembre de 1999, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se aprueba a petición de República Dominicana con el apoyo de 60 países, que el 25 de Noviembre de cada año, se celebre anualmente el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde, el principal motivo de la solicitud fue consecuencia del lóbrego asesinato de las Hermanas Mirabal, activistas políticas, éste hecho, fue perpetrado el 25 de noviembre de 1960 por órdenes del entonces dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo.
A raíz de éstas actividades, se han adoptado importantes medidas en el plano internacional para eliminar la violencia contra la mujer, como en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobado por la Asamblea General el 6 de octubre de 1999, en el que se establece el derecho de la mujer de pedir reparación por la violación de sus derechos humanos, incluida la violencia basada en el género.
También, la Asamblea General aprobó en 1997 las Estrategias y Medidas Prácticas Modelo para la eliminación de la violencia contra la mujer en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal.
Al igual que los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado en junio de 1998, contiene disposiciones específicas relativas a los delitos basados en el género.
Un proyecto de protocolo de un nuevo tratado propuesto, una convención de las Naciones Unidas para la supresión de la delincuencia organizada transnacional, el cual, versa concretamente sobre la Trata de Personas, en particular de mujeres y niños.
En éste orden de ideas, la Organización Internacional para las Migraciones estima que la trata de personas en lo relativo a mujeres y niños, que casi siempre se realiza para la explotación sexual con fines comerciales, genera alrededor de 8’000 millones de dólares anuales; por ende, las enormes ganancias que obtienen los perpetradores, que cada vez están más vinculados a la delincuencia organizada, han convertido ese delito en una amenaza mundial que se extiende rápidamente.
Las mujeres y niñas pobres figuran entre los principales grupos afectados por los tratantes debido a su marginación y limitados recursos económicos; algunas participan voluntariamente animadas por promesas de mayores ingresos y la esperanza de salir de la pobreza; Otras muchas más, lo hacen obligadas, y en consecuencia terminan en la prostitución contra su voluntad.
Para combatir éste flagelo, en diversos países se han emprendido acciones concretas, como el caso de Filipinas, donde se ha lanzado una iniciativa, en cooperación con la sociedad civil y otros gobiernos, que incluye actividades de capacitación de organismos de primera línea sobre cómo combatir la trata de mujeres y niñas, y elaborar procedimientos para ello; y como parte de su investigación de la delincuencia organizada, su policía creó una División para Combatir la Trata de Mujeres adscrito al Departamento de la Policía.
Por otro lado, en China se ha introducido enmiendas en su código penal respecto del secuestro de mujeres y niñas, y la prostitución forzada.
En las zonas fronterizas, Myanmar ha creado ocho centros profesionales para mujeres y niñas, a fin de evitar la trata de mujeres.
Los Países Bajos han designado un relator nacional encargado de describir el panorama general de los datos sobre la trata de mujeres y los métodos para prevenirla.
Albania y la Federación de Rusia han iniciado campañas educativas dirigidas a las posibles víctimas.
México ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1981, año en el que entró en vigor en nuestro país y, en apego al artículo 18 de la convención, ha presentado seis informes periódicos al Comité de Expertas sobre su aplicación en nuestro país.
Pero aún más allá, en cuanto a la violencia en el hogar, especialmente los golpes a la cónyuge, es tal vez la forma más generalizada de violencia contra la mujer. En países en que se realizan estudios confiables en gran escala sobre la violencia basada en el género, se informa de que más del 20 por ciento de las mujeres han sido víctimas de maltrato por los hombres con los que viven.
En respuesta a la Plataforma de Acción de Beijing, diversos Estados miembros de las Naciones Unidas y la comunidad internacional, han tratado de encontrar la manera de combatir más eficazmente la violencia en el hogar, por ende, muchos Estados han promulgado leyes en las que se reconoce que la violencia ejercida por los maridos debe ser tratada de la misma forma que la ejercida por extraños.
En Suecia esos actos se definen como graves violaciones de la integridad de la mujer, y se someten a penas más severas que en los casos en que esos mismos actos sean realizados por extraños.
En los casos de Austria, Belarús, Bhután, Hungría, México, Portugal y Seychelles han decidido, por primera vez, considerar delito la violencia sexual ejercida contra las mujeres por sus maridos.
En Sri Lanka, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ha trabajado en estrecha colaboración con las autoridades y las organizaciones no gubernamentales para prevenir la violencia en el hogar, mediante la educación del público utilizando los medios de información y celebrando cursos prácticos destinados a sensibilizar a los miembros del poder judicial y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Belarús, Polonia, la Federación de Rusia y Zimbabwe figuran entre los Estados que han tratado de introducir servicios, como los hogares de acogida y las líneas telefónicas especiales, para ofrecer apoyo a las víctimas de la violencia.
En Estados como Argelia y Brunei Darussalam, se han creado dependencias, en sus departamentos de policía, encargadas de combatir la violencia en el hogar.
Islandia ha creado un proyecto experimental de dos años de duración, titulado Hombres de responsabilidad, destinado a los hombres violentos; donde el proyecto, es supervisado cotidianamente por la Cruz Roja de Islandia y se someterá a evaluación cuando haya terminado.
En México, aunque aún falta mucho, es digno celebrar que se estén llevando a cabo esfuerzos para que existan Instituciones encargadas de promover una política nacional para lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en las acciones del Estado mexicano, donde se privilegia el fomento de nuevas relaciones entre mujeres y hombres de manera cada vez más equitativa, que también promueve la transformación de la cultura y las estructuras del Estado, para que las mujeres tengamos mayores oportunidades de acceso del pleno ejercicio de nuestros derechos humanos y propiciar el acceso a un ambiente libre de violencia que garantice el respeto, la igualdad de oportunidades y nuestro pleno ejercicio de derechos entre mujeres y hombres.
Pero es muy lamentable que aún hoy en día haya mujeres de todo el mundo que son objeto de violación, la violencia doméstica y otras formas de violencia, y a menudo están ocultas tanto su escala como su verdadera naturaleza, pues en el mundo, una de cada cuatro mujeres ha sido violada en algún momento de su vida; vivimos en un mundo, donde dependiendo del país, entre una y tres de cada cuatro mujeres son maltratadas físicamente en sus hogares de forma habitual; un mundo donde cerca de 120 millones de mujeres han padecido mutilaciones genitales; y un mundo donde las violaciones devastan principalmente mujeres, niñas y familias en los todos los conflictos armados.
Es, en conclusión y por todo lo anterior, que desde ésta tribuna sea reconocida una fecha tan emblemática y, en concordancia con la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de Diciembre de 1999, conmemoremos ésta fecha del 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, y así mismo, sea extensiva la invitación a los Gobiernos, Organizaciones Internacionales y nacionales, Organizaciones no Gubernamentales, Actores políticos y sociales, para redoblar esfuerzos y organizar actividades dirigidas a sensibilizar a la población para mitigar y combatir el problema.
Por tanto, es en fechas como hoy, cuando debemos refrendar en todas las esferas, en todos los niveles y en todas las familias, nuestro compromiso por proteger, mantener y asegurar un mundo más próspero, más equitativo, y continuar con esfuerzos que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes, brindando acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, para que vivamos mejor.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2010
Diputada Rosi Orozco (rúbrica)
Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo de las diputadas Leticia Quezada Contreras, Martha Elena García Gómez y Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del PRD
La Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró el 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cuya conmemoración pretende que se sumen voces de toda la aldea global contra todas las formas de manifestación de la violencia que vulneran a las mujeres, esta fecha convoca a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones de la sociedad civil a que organicen este día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al oprobio de la violencia contra las mujeres (resolución 54/134, de 17 de diciembre de 1999).
Las mujeres activistas rememoran el 25 de noviembre como día contra la violencia desde 1981. Esta fecha ha sido elegida para recordar el brutal asesinato en 1961 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, asesinadas por órdenes del dictador dominicano Rafael Trujillo.
A 46 años de distancia, alzamos la voz para que ninguna mujer calle, alzamos la voz para que no existan golpes que dominen la voluntad de ninguna mujer, porque no haya más dolor en mujeres, madres, esposas, hijas, hermanas, compañeras todas; porque un golpe a una nos lesiona a todas, porque la voz de una, es la voz de todas. Porque no puede haber desarrollo basado en la dominación de un género sobre el otro, porque no podemos seguir atadas a las cadenas de la desesperanza, de la falta de oportunidades en igualdad de circunstancias.
No se nos puede escapar que la violencia surge y actúa desde dentro del propio sistema, a través de la dilación en los procesos judiciales, en la falta de equidad en los juicios familiares, en la falta de medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia. No somos cifras, somos personas, no basta con estadísticas.
Falta sensibilidad para entender que la violencia no es normal, no podemos acostumbrarnos a ella, insensibilizarnos como servidores públicos también es una forma de ejercer violencia y perpetuarla es lo que llamamos: violencia institucional, en que se basan los ministerios públicos, los jueces, los policías, los militares, entre otros agentes del estado, ejemplos de ello los tenemos todos los días en los diarios.
Ni qué decir de la violencia que se comete en el ámbito familiar, recordemos que la violencia que se comete dentro de los muros de una casa, no es del ámbito privado y personal, sino que lacera toda la estructura social, debido a que perpetúa la violencia, pues la reproduce en todos los demás ámbitos. Sirva este espacio para llamar a todos los niveles de gobierno para construir espacios seguros para las mujeres y sus hijas e hijos.
Un sistema que permite que las mujeres cobremos menos, que sigamos recluidas en el ámbito de lo doméstico, que permite el hostigamiento y el abuso sexual en las escuelas, que permite que existan espacios laborales en los que sean mujeres las que mueren por estar encerradas en una tienda, no podemos permitir que sigan falleciendo mujeres jóvenes cuyo único delito sea apoyar en la economía familiar trabajando en una maquiladora; en definitiva, algo tiene que cambiar, tenemos que cambiar como sociedad.
En suma, las mujeres queremos una vida libre de violencia, que nos permita alcanzar sin estereotipos ni roles un proyecto vital autónomo, pleno, libre y en consecuencia feliz. Adueñarnos de nuestro cuerpo para asumirnos mujeres.
Para nosotras las diputadas de esta legislatura, que sea la política nuestra herramienta para cambiar la condición de las mujeres, para que el poder público sirva como instrumento transformador de nuestra realidad. No, una, sino todas, aquí o en el resto de Latinoamérica, aquí y en cualquier espacio público o privado; todas, luchando por transformar la humanidad.
25 de noviembre de 2010.
Con motivo del 19 de noviembre, Día de Lucha contra la Mutilación Genital Femenina, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD
La mutilación suele practicarse en niñas de entre 4 y 10 años. Habitualmente es realizada por una partera tradicional o una anciana experimentada de la comunidad. Se trata de una tradición pre-islámica y no en todos los países musulmanes se practica.
En los Países del Golfo, por ejemplo, salvo en Omán, la mutilación genital femenina no es frecuente. En Europa durante los siglos XVIII y XIX se practicó la cliterodectomía a las mujeres para “curar” la histeria y la epilepsia. Sus variantes pueden ser la infibulación (que consiste en el cosido y cerramiento casi total de los labios mayor y menor con diversos materiales, entre otros: fibras vegetales, alambre, hilo de pescar y la cliterodectomía que consiste en la extirpación del clítoris.
Los efectos
La mutilación genital, que dependiendo del corte o de si es mayor o menor, se llama infibulación, ablación o escisión, persigue un control de la sexualidad femenina, la eliminación de su sensación de placer y la vigilancia de su virginidad. Sus efectos pueden ser mortales y quienes la han sufrido arrastran toda la vida secuelas físicas que van desde hemorragias e infecciones a infertilidad o quistes. Además, la mutilación puede hacer del acto sexual y del parto algo terrible para las mujeres.
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional refieren que la mutilación genital femenina tiene su tradición en “el lugar subordinado que históricamente han ocupado las mujeres y niñas en la familia, la comunidad y la sociedad” para la organización, esta práctica es “una forma de persecución por razón del sexo”. Por esta razón, deben ser procedentes las peticiones de asilo basadas en el miedo o el peligro de las mujeres a una mutilación. En un estudio de Amnistía sobre el impacto de estas prácticas en África y Asia, sobre sus justificaciones y circunstancias sociales; ya que actualmente viven en el mundo 135 millones de mujeres con sus genitales mutilados. Además, cada año la sufren otros dos millones de niñas más, lo que significa un ritmo de casi 6.000 mil operaciones de este tipo al día, o de una cada 15 segundos. Esta operación, según la investigación de AI, se realiza en 29 países de África y tres de Oriente Próximo, así como en comunidades de emigrantes en todo el mundo. 1
Este día las mujeres de todo el mundo debemos reforzar nuestro mensaje de lucha contra la mutilación genital femenina que atenta contra la vida sexual y reproductiva de las mujeres, somos nosotras quienes debemos ser protagonistas en la eliminación de todo tipo de práctica cultural que atente contra nuestra vida. Para las mujeres, no deja de ser un atentado contra nuestra salud y nuestros derechos sexuales y reproductivos, es una forma de manifestación de dominio sobre nuestra sexualidad y manifiesta sin duda, el miedo de los hombres a la sexualidad femenina, a la alteridad que debe existir en las relaciones sexuales. En suma, hoy alzamos nuestra voz contra cualquier forma de dominación que subyugue a las mujeres como seres inferiores, que no nos permite ser libres y autónomas.
¡Alto a la dominación a través de la mutilación genital femenina!
29 de noviembre de 2010.
Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)
Con motivo del 2 de diciembre, trigésimo sexto aniversario luctuoso de Lucio Cabañas Barrientos, a cargo del diputado Eduardo Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del PRD
Eduardo Mendoza Arellano, en mi carácter de diputado de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 39, inciso 3, y 134 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta efeméride relativa al 2 de diciembre, trigésimo sexto aniversario luctuoso de Lucio Cabañas Barrientos.
Lucio Cabañas Barrientos nació en el Porvenir, Atoyac de Álvarez, Guerrero, en diciembre de 1938. Durante su infancia, su padre, su padrastro y sus tíos Leonardo Cabañas y Juan Iturio fueron asesinados por pistoleros sin que nadie hiciera justicia. Para poder estudiar la normal, Lucio se escapó de su casa. En febrero de 1956 entró en la escuela normal Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, para terminar su sexto año de primaria. En este lugar se enfrentó con el ausentismo de los maestros, así que organizó a su grupo y logró la remoción del director del plantel.
Emergió de las luchas estudiantiles, primero en la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, y, luego, como militante de la Juventud Comunistas de México, a partir de su ingreso en 1959. Participó activamente en el movimiento cívico en la deposición del gobernador Caballero Aburto en 1960. Participó como secretario general de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México de 1962 a 1963. Ya titulado, se vinculó gremialmente con el Movimiento Revolucionario del Magisterio, luchó contra los que se enriquecían a costa del sufrimiento y trabajo de los más pobres, contra la estructura violenta que caciques, pistoleros, gobierno estatal y federal, policías y soldados, agredían a los trabajadores del campo.
De agosto a noviembre de 1967 recorre, junto con los profesores de los poblados de la sierra de Átoyac, Juan Mata Cebrián, Serafín Núñez e Hilda Flores Reinada publica el volante “El Huarachudo, Voz de los Pobres de Atoyac”.
Lucio se sumergió en la clandestinidad. Promueve la organización del Partido de los Pobres. Durante lo que resta de 1967 y 1968 recorre pueblos y barrios de la región. El 29 de julio de 1967 aparece el primer número de “El Huarachudo”. Difunde volantes con llamados a la población para que se sumaran a la naciente organización. Los pueblos mantienen formas de organización comunitaria, tomando acuerdos mediante asambleas, en donde abordan los diversos problemas a los que se enfrentan. Lucio aprende de esas formas de organización y aprende a llevarlas a cabo. Se acerca a las asambleas comunitarias para explicar y promover la necesidad de formar defensas armadas, de acumular esfuerzos para la lucha guerrillera.
Lucio el revolucionario forma círculos de estudio y promueve la movilización de los pueblos en torno a la defensa de los intereses más sentidos por los campesinos sin dejar de lado los problemas magisteriales. Busca hacer conciencia de su lucha. El Ejército detecta los círculos de estudio promovidos por Lucio. Los considera reuniones subversivas porque “se les enseña marxismo a los campesinos”.
El Partido de los Pobres se formó con una amplia base social. Se sostuvo en los comités clandestinos organizados en las comunidades (después llamados Comités Revolucionarios del Pueblo).
A partir de 1968, Lucio comienza a reclutar a los integrantes profesionales de la naciente Brigada Campesina de Ajusticiamiento, constituida por dos tipos de integrantes: a) los combatientes transitorios (campesinos que formaban parte de de las bases del partido y que se decidían a unirse a la brigada durante tres meses como combatientes, para luego regresar a sus lugares de origen y promover al Partido en sus comunidades, y, b) los combatientes fijos, los cuales se dedicaban de tiempo completo a la lucha político-militar.
Su área de acción predominante fue la sierra de Guerrero, aunque tuvo también varias células operando en Michoacán, la región Huasteca, en áreas urbanas diversas y en la Ciudad de México.
En agosto de 1968, la BCA-PDLP ejecuta a Tinito Villegas, de Cacalutla. El 11 de octubre se publica en el periódico La Verdad, un desplegado firmado por Lucio, exigiendo a las autoridades el cumplimiento de las leyes y el encarcelamiento del Ejecutivo del estado y su gabinete. El 14 de noviembre de 1968 el Ejército Mexicano emprende su primera ofensiva contrainsurgente contra las fuerzas político-militares de la ACNR y del PDLP.
De mayo de 1970 a mayo de 1971 la directiva del PDLP recae en Lucio. Para 1971 se incorporan elementos de La Partidaria, grupo que meses más tarde formará la Liga Comunista 23 de Septiembre.
En julio de 1971 había fundado, al lado del profesor Filemón Bahena Román, las Fuerzas Revolucionarias Armadas Socialistas. El 17 de enero de 1972 sus esfuerzos por desarrollar la guerrilla en Sonora fracasan al ser detenido la mayoría de sus participantes integrantes de la Brigada 10 de Julio.
El 15 de marzo de 1972 un comando de la BCA, donde participa Lucio, secuestra a Cuauhtémoc García Terán, se pide por su vida tres millones de pesos y 10 mil volantes con el ideario del PDLP. Tras el ataque, los guerrilleros se trasladan a su campamento en el cerro de La Patacua, donde se aprueba su plan anual 1972-1973, contemplando tres ataques al Ejército, un secuestro económico y otro político, y se designa una nueva dirección. Los mandos de la DFS reconocen que con esa acción han “dejado la fase de la subversión y entran de lleno a la lucha abierta como guerrilla, actuando como fuerza popular” en contra del Ejército y las fuerzas de seguridad.
En el DF Lucio se hospeda en la casa de Alberto Salvador Ulloa Borneman. El líder guerrillero usa el tiempo para contactar a simpatizantes en Michoacán, Aguascalientes, Sonora, Durango, Veracruz y Morelos. Además, organiza un comando mixto de militantes de la BCA, M23S, Liga Comunista Espartaco y Movimiento Jaramillista, para expropiar la sucursal bancaria del Banco Comercial Mexicano en la SEP, el 13 de abril de 1973.
Lucio refuerza su liderazgo expulsando del seno de la BCA-PDLP toda disidencia. El 10 de julio de 1973 expulsa a todos los integrantes de La Partidaria. A su reincorporación en la sierra, Lucio planea la extensión del movimiento armado a otros lugares de la república. Los hermanos Jorge Francisco y Moisés Pérez Cipriano en coordinación con Abelardo Morales Gervasio, Rammel, realizan varios intentos en Bolaños, Jalisco. Fracasan.
En agosto, la BCA-PDLP reanuda su campaña ofensiva contra el Ejército Mexicano. Para ese entonces prácticamente ejerce un gobierno autónomo, popular y democrático. Lucio se dedica a resolver todo tipo de asuntos en las poblaciones, desde las necesidades médicas, escases de dinero, alimentación; da medios para los traslados, consejos, impone orden dentro de los pueblos.
El 11 de noviembre de 1973 los rebeldes de la BCA, comandados por Lucio, chocan contra cerca de 300 elementos de tropa, entre los poblados de Yerbasantita y Las Compuertas, en la sierra de Coyuca de Benítez; muere un rebelde, un sargento, un cabo y dos soldados. Lucio y sus compañeros deciden retirarse hacia Santa Rosa, donde Lucio conoce a quien será su última esposa, Isabel Ayala Nava, con quien procrea una niña, a la que le ponen el nombre de Micaela.
El 25 se produce otro choque en Santa Rosa entre tropas del Ejército y la BCA-PDLP. Se continúan las detenciones ilegales y el acrecentamiento de las desapariciones forzadas. Lucio decide regresar a la sierra de Atoyac. Para fines de diciembre la lista de desaparecidos se ha incrementado a 55.
A fines de 1973, a través del maestro Inocencio Castro Arteaga, también militante del MRM, el senador Rubén Figueroa le dirige una carta a Lucio proponiéndole entablar pláticas para pacificar a Guerrero. Los guerrilleros rechazan la solicitud de la carta.
El 16 de marzo de 1974 la BCA-PDLP embosca a la policía montada en el tramo Coyuquilla Norte, Coyuquilla Sur. Al siguiente día, la BCA, con Lucio al frente, ocupa temporalmente el poblado, 14 jóvenes se les suman. Tres días después, la brigada se traslada a El Valle, donde intentan infructuosamente emboscar a tropas del Ejército. Se trasladan a El Salto, con los mismos resultados; se trasladan al cerro de San Andrés y posteriormente a El Saltito donde se unen a las fuerzas comandadas por Lucio.
El 22 de marzo los rebeldes llegan a El Cacao, se reúne toda la comunidad en la cancha; se celebra, durante una hora y media, una asamblea popular presidida por Lucio. En todas las asambleas que participa, Lucio expone las razones por las cuales se encuentran levantados en armas e invita al poblado a unirse en la lucha contra los gobiernos estatal y federal y derrocar al régimen actual.
El 18 de mayo de 1974 se celebra, con la asistencia de 100 delegados, la última asamblea del PDLP en El Ciruelar. Se toma como puntos fundamentales seguir golpeando al Ejército Mexicano a través de la BCA-PDLP y hacer mayor propaganda del PDLP. El 30 de mayo de a las 7:00 p.m. llega Lucio con 12 de sus compañeros. Después de tres días de negociaciones, no se llega a ningún acuerdo, pues Lucio fija como condición de inicio la liberación de todos los presos. El diálogo se interrumpe cuando se le comunica a Figueroa y su comitiva la decisión de la BCA-PDLP de secuestrarlos.
La respuesta del Ejército al secuestro de Figueroa fue brutal en contra de las comunidades campesinas, a las que considera como bases del movimiento guerrillero. Ante la impotencia de localizar a la BCA, los militares atacan a la población civil indefensa.
El 23 de junio de 1974 llegan a México un grupo de 63 militares de la Escuela Superior de Guerra de Brasil, encabezado por Walter de Meneses Paz, procurador militar. Al siguiente día, arriba otro contingente de militares brasileños se les une. Son expertos en tácticas contraguerrilleras. El 24 de junio el “Grupo Sangre”, organizado por la DFS, informa a su superioridad, a través del capitán Luis de la Barreda Moreno, director de la Federal de Seguridad, que en fechas recientes tanto en Acapulco como en otras poblaciones han venido apareciendo cuerpos sin vida de personas no identificadas.
Los cuerpos, pertenecen a personas conectadas con Lucio Cabañas Barrientos y su gente, que han sido aprehendidos cuando bajan de la sierra para abastecerse de víveres y otros objetos necesarios para ellos, o sirven de correo entre los remontados y quienes se encuentran en la zona urbana.
El 11 de julio de 1974 se reúnen los grupos de la BCA-PDLP. Analizan sus fallas, pues casi logra escaparse Figueroa. 11 milicianos renuncian a la BCA y regresan a sus zonas de origen. El 13 se produce un enfrentamiento entre el grupo que custodia al senador Figueroa y tropas del ejército, en el camino que lleva a San Juanito al Plan de los Metates. Muere un guerrillero. Ese mismo día, en La Gloria, tropas del ejército sorprenden a la BCA comandada por Lucio.
Del 26 al 28 de julio de 1974, se reúne el conjunto de la BCA-PDLP. Se da a conocer el tercer comunicado para la liberación de Figueroa. Ante la negativa del gobierno federal a negociar, los guerrilleros solicitan 50 millones de pesos por la libertad de Figueroa, para ser entregados el 02 de agosto de 1974. El 27 de julio en el campamento de La Delfa, se incorpora a la guerrilla Marcelo Serafín Juárez, Arturo. Con 15 años, permanecerá al lado de Lucio hasta su muerte y será capturado vivo por el ejército, para ser posteriormente desparecido.
La BCA decide dividirse en dos columnas independientes. La de mayor número de combatientes, 42; la otra, la menor, al mando de Lucio, equipada con las mejores armas y mayor cantidad de parque, debía dirigirse a la sierra de Tecpan con el objetivo de atacar a las fuerzas militares, distrayendo así su atención de la columna principal.
El pequeño grupo de Lucio se va al Cacao, cerca de la poza de Atoyac y Tecpan, para organizar emboscadas a convoyes militares. Tenía la intención de llegar a la sierra de San Luis, hasta llegar a los límites del estado de Michoacán. El 14 de agosto de 1974, 11 milicianos de la columna mayor desertan. Quedan 31 insurgentes.
El 8 de agosto de 1974 la columna comandada por Lucio se enfrenta contra 150 soldados del 27 Batallón de Infantería, en un lugar denominado “Monte Alegre”, entre Plan de los Molinos y ranchería La Cebada. Mueren 11 soldados y otros 6 son heridos. Sin embargo, días después Miguel Ángel de la Cruz Martínez es detenido por soldados. Informa de la existencia de tres grupos de la BCA-PDLP: el que comanda Lucio, el que escolta al senador y su comitiva y los del Grupo “18 de Mayo”.
Rammel redacta una carta para Lucio con las condiciones para liberar a Figueroa y en intercambio sería soltado él y dejarían en libertad al profesor Inocencio Castro. La carta es enviada a Lucio a través de Félix Bautista y Juan, quienes son conducidos a la sierra el 11 de agosto por Bonilla, entrando por Arteaga. Abelardo e Inocencio jamás fueron puestos en libertad. Se encuentran desaparecidos.
El 21 de agosto una columna de la BCA-PDLP sostiene un encuentro contra el Grupo Escobedo, Grupo Iñigo y Grupo Llanos del 48 Batallón de Infantería; son capturados dos combatientes. Ese día, por la noche, a la altura de La Huerta de Los López, la BCA-PDLP comandada por Lucio embosca una columna de 100 soldados que se dirigían de El Ticuí a Caña de Agua. Los soldados tienen 29 bajas, 14 muertos y 15 heridos.
El 7 de septiembre de 1974, la comandancia de la BCA-PDLP comete un error fatal. En el justo momento en el que se encuentran arreglando las condiciones para soltar al senador y sus compañeros, deciden enviar a José a Acapulco para acelerar la entrega de Figueroa. José, de tan sólo 15 años de edad, al bajar de la sierra es capturado. El 8 de septiembre de 1974 inicia la Operación Atoyac, bajo la comandancia del teniente coronel Juan López Ortiz de la XXVII zona militar.
La columna de la BCA que custodia al senador se encuentra en Las Pascuas, al oriente de El Quemado; lugar donde iban a soltar a Figueroa. Las 48 personas, 11 de ellas mujeres, son cercados por elementos del Ejército Mexicano. Abren fuego contra los insurgentes. Al final el Ejército rescata a Figueroa y sus compañeros. Pierden la vida Sixto Serafín Castro, Sebas, brazo principal de la BCA-PDLP. Febronio Díaz Figueroa y el tío de Lucio, Luis, resultan heridos por el fuego de los soldados. Al ser trasladados a un hospital, fallece Luis.
La primera derrota militar de la BCA-PDLP marca el inicio de su derrota estratégica. Sólo quedan 11 combatientes de los 42 integrantes originales de la columna. Al día siguiente de la liberación de Figueroa, son detenidos diversos trabajadores de la revista ¿Por Qué?, por el delito de publicar en números anteriores los comunicados del PDLP. Permanecen desaparecidos, internados en el Campo Militar número 1, del 9 al 21 de septiembre de 1974.
Lucio, ante las noticias, decide cambiar de planes y restablecer contacto con la columna que custodiaba a Figueroa. Avanzan rumbo Achotla y Las Palmas.
En la tarde el 20 de septiembre de 1974, la BCA-PDLP comandada por Lucio se enfrenta, por quinta ocasión, contra tropas del Ejército, en la carretera de Cacalutla a la sierra, entre los barrios de Ixta y Las Trincheras. Mueren 9 soldados y quedan 7 heridos. Los guerrilleros pierden la historia gráfica de la guerrilla, la cual queda hasta la fecha en poder del Ejército Mexicano.
Para septiembre, ubicando los mandos del Ejército Mexicano la disgregación de la columna principal de la BCA y la posible ruta seguida por las fuerzas reducidas comandadas por Lucio perfeccionan un nuevo plan que comienzan a impulsar a fines de septiembre.
Los 14 integrantes de la BCA-PDLP acampan en Los Toronjos el 10 de octubre. Por un error, son detectados por una columna volante. Al otro día, amanecen cercados. Los militares abren fuego con balas y granadas. Los guerrilleros intentan romper el cerco. Se dividen en tres grupos. Dejan todas sus mochilas, las grabaciones realizadas a Figueroa, la ropa, las hamacas; todo su equipo cae en poder del Ejército Mexicano.
Mientras tanto, Lucio rompe el cerco. Más de doce días le tarda llegar Atoyac. Va herido de los pies, pues tiene que caminar sin huaraches; se le entierra un espinal. Se cae en un barrancón; enfermo, con calentura por la infección de la planta de los pies. En Los Corrales recibe ayuda. Le dan una carabina R-15. Lo medio curan. Le acompañan sólo tres compañeros. Esta confiado, a pesar de las adversidades, en poder reestructurar a la BCA y al PDLP en 1975. Cree que el PDLP conserva los 25 millones del rescate de Figueroa. Planea el crecimiento de las fuerzas guerrilleras, la compra de armas más poderosas, el mejoramiento de las radio comunicaciones entre sus milicianos; la publicación de un periódico, la instalación de una radiodifusora propia; establecer contacto con grupos revolucionarios de otros países; visitar los estados; de extender la organización del PDLP a todo el país. Una traición puso fin a los sueños de Cabañas.
El 1 de diciembre de 1974, bajo la guía de José Isabel Ramos, Chavelo, campesino cafetalero del ejido de Santa Lucia, Tecpan, el pequeño grupo de cuatro guerrilleros, comandados por Lucio, llega a la región de El Otatal. Con el pretexto de ir a tratar un asunto relativo a sus créditos a las oficinas del Inmecafe, se separa temprano –ese día– del grupo. Lucio le entrega 2 mil pesos. Baja para delatarlos al Ejército. En El Guayabillo le da la mitad de esa suma a su primo Gilberto Ramos, que era comisario municipal; le indica el lugar donde se encuentra Lucio y sus compañeros, encargándole que hable con el oficial en turno del Ejército para concertar una cita con él en la tarde de ese día. A las 10 de la noche en la casa de Gilberto, José se reúne con un general, un mayor y un capitán en ropas de civil. Planificaron la emboscada.
A las 7 horas del 2 de diciembre de 1974 se levanta el delator. Con su sobrino y los demás que lo acompañan desde que los encontró en el camino de El Guayabillo a El Otatal, le lleva a Lucio y sus compañeros comida.
Sin percatarse son rodeados por los grupos “Avispa” y “Vallecitos”, patrullas tercera, uno y dos, Isaías una, sección Barraza y Coral, así como la sección ocho, al mando del comandante del 19 Batallón de Infantería. Cerca de 200 hombres. Al retirarse del campamento José Isabel, los soldados abren fuego. Durante una hora los cuatro guerrilleros resistieron. Al final Lucio Cabañas Barrientos, Lino Rosas Pérez, René, mueren en combate.
Queda en manos del Ejército un rifle AR-15 (el cual portaba Lucio), un AR-18, una carabina M-1 y 4 carabinas M-2; un rifle Winchester calibre 30-06, dos rifles calibre 22 y dos escopetas. Además de documentos, literatura y efectos personales de Lucio Cabañas Barrientos.
El 3 de diciembre de 1974, en la madrugada, con suma discreción, pues el Ejército no quería que se repitiera lo que sucedió en el entierro de Genaro Vázquez Rojas, donde miles de campesinos se volcaron para despedir los restos de su dirigente, es enterrado el cuerpo del profesor Lucio Cabañas Barrientos en el cementerio de Atoyac de Álvarez, en una tumba sin identificación. Tiempo después se construye sobre sus restos una tumba de cemento para recibir a un individuo llamado Raúl Gallardo Benítez. En 1999 sus restos son exhumados. Se les aplica una prueba de ADN. Se comprueba su autenticidad. Actualmente sus restos reposan al pie del monumento que el pueblo le construyó en su memoria, en el centro de Atoyac.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2010.
Diputado Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica)