Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados emita una enérgica condena por los ataques de las Fuerzas Armadas de Marruecos contra población de la República Árabe Saharaui Democrática; y se exhorte al Ejecutivo federal a pronunciarse en el mismo sentido mediante la SRE, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, en nombre de los diputados federales del estado de Coahuila del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, presenta a esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La República Árabe Saharauí Democrática es un país que se encuentra ubicado al noroeste del continente africano, limita al norte con Marruecos, al este con Argelia, y al sur con Mauritania, en el oeste se encuentra bordeado por más de 1,000 kilómetros de costa del océano atlántico, en la cual se puede encontrar el segundo banco pesquero más grande del mundo, contando también con la reserva de fosfatos más importante del planeta, la cual fue descubierta en 1947.
El Sáhara Occidental fue la provincia número 53 de España, hasta que ésta la abandonara en 1975 sin concluir de manera correcta su proceso de descolonización, tal como lo delineaba las Naciones Unidas en su resolución 1514 del 14 de diciembre de 1960, la cual sin lugar a dudas desde ese año abrió una nueva etapa en el tratamiento del tema de la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.
Diferentes países de América Latina empezaron a reconocer a la naciente República Árabe Saharauí Democrática, en el caso de México, lo hicimos en septiembre de 1979. Dicha República hoy es miembro de la Unidad Africana y reconocida por más de 70 países.
Sin embargo, a partir de que España abandona su colonia en el Sáhara Occidental, ésta fue invadida por Marruecos pese a que España se había comprometido a realizar un referéndum sobre la independencia de la colonia.
Ante estos hechos se inicia una guerra entre el Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro (Polisario) que es el movimiento político y militar del Sáhara Occidental que lucha por la autodeterminación del pueblo saharauí contra Marruecos, sus vecinos del Norte, y Mauritania del Sur que se intentan adueñar de la zona occidental por ser un área con importantes yacimientos de fosfato, petróleo y gas natural.
En 1979, Mauritania firma la paz con la República de Saharauí y renuncia a sus pretensiones sobre el territorio y para 1991, Marruecos firma el alto al fuego con los saharauís. La ONU se compromete a realizar un referéndum en febrero de 1992. La consulta nunca se celebró. Por este motivo Marruecos ejerce su soberanía sobre la zona, pese a que la comunidad internacional considera que el Sáhara Occidental sigue siendo territorio pendiente de descolonización.
Cabe aclarar que dicho referéndum nunca se ha llevado a cabo por los recursos de apelación interpuestos por Marruecos en los que exige que los marroquíes instalados en la zona también tengan derecho a voto.
La invasión marroquí obligó a decenas de miles de saharauís a huir al desierto argelino y vivir en campos de refugiados. Los que no pudieron huir permanecen en el territorio ocupado por Marruecos bajo su hegemonía. Diferentes ONG han denunciado las constantes violaciones de los derechos humanos que sufre la población saharauí que vive bajo bandera marroquí.
Esta situación ha desencadenado a lo largo de todo este tiempo una serie de desencuentros entre los países en conflicto, culminando el pasado lunes con la invasión de las fuerzas marroquíes que asaltaron el campamento en el que se alojaban miles de refugiados en las afueras de la ciudad de El Aaiún, capital de la antigua colonia española anexionada por Rabat en 1975.
El campamento atacado se había levantado hace cuatro semanas en las afueras de Al Aaiún, la principal ciudad del Sahara Occidental y contaba con alrededor de 12 000 personas, los vecinos de la zona dijeron que fue totalmente desmantelado en el ataque y el Polisario indicó el lunes que las fuerzas de seguridad marroquíes habían asaltado el campamento por tierra y aire, utilizando helicópteros, militares y policías marroquíes intervinieron con cañones de agua, gases lacrimógenos, y macanas en el campamento.
De acuerdo con información dada a conocer por diversos medios, el ataque de Marruecos a Saharauí dejó al menos once muertos y el propio Polisario señaló que hay además 723 heridos y 159 desaparecidos.
Estos incidentes coinciden con el inicio en Nueva York de unas conversaciones de paz auspiciadas por Naciones Unidas entre el gobierno de Marruecos y el Frente Polisario.
Alrededor del mundo se han realizado algunas protestas en las embajadas de marruecos en contra de la invasión perpetrada contra Saharahui, sin embargo, éstas no han sido muchas, para empezar ni el gobierno de España y de Francia han condenado dicho ataque, países europeos relacionados con el país africano por los pasados tiempos del colonialismo.
Cabe destacar que en particular algunas comunidades autónomas de España a través de sus parlamentos sí han condenado “los actos de violencia del Gobierno de Marruecos sobre la población saharauí”, entre éstas se encuentran Navarra, Galicia, Islas Baleares e Islas Canarias entre otras.
El día 9 de noviembre, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Franco Fratini, expresó en Roma, su “profunda preocupación” por los actos violentos en el Sahara Occidental, tras el desmantelamiento del campamento de protesta saharauí de Gdeim Izik cerca de El Aaiún ocupado. “Estamos extremadamente preocupados por la muerte y lesiones de numerosas personas” en una declaración.
La Comisión Europea, expresó el martes, en Bruselas, Bélgica su preocupación por la “ola de violencia” en el Sahara Occidental, y lamentó las víctimas mortales de los incidentes ocurridos este lunes en El Aaiún, capital ocupada del Sahara Occidental: “La UE lamenta los incidentes mortales que se produjeron ayer en el territorio del Sahara Occidental. Estamos muy inquietos por la ola de violencia en el Sahara Occidental y seguimos muy de cerca los acontecimientos”, dijo la portavoz de la Alta Representante para la Política Exterior, Catherine Ashton.
El derecho a la autodeterminación de los pueblos, precisado en la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales de 1960 y que también se incluye en las dos Convenciones de 1966 (sobre derechos civiles y políticos y sobre derechos económicos, sociales y culturales) precisa que:
1. “La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundial.
2. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.” 1
México, en el concierto internacional se ha destacado por la defensa y el respeto a la vigencia de los principios de autodeterminación de los pueblos; de no intervención, de solución pacífica de todas las controversias y la proscripción de uso de la fuerza, para dirimir los conflictos internacionales.
En ese sentido estamos convencidos de que es necesario que resurja el valor de la diplomacia a través del diálogo y la concertación política para resolver dentro de las normas del derecho internacional el conflicto territorial entre Marruecos y la República de Saharahui.
Nuestro país ha condenado sistemáticamente el uso de la fuerza y la intervención externa sobre todo cuando se trata de Estados con condiciones militares diferentes.
Consideramos que es necesario que nuestro país se solidarice con la comunidad internacional que condena el uso de la fuerza como medida para solucionar cualquier conflicto de carácter nacional o internacional.
Por todo lo anterior acudimos a esta tribuna para solicitar su apoyo para respaldar la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero: La Cámara de Diputados emite una enérgica condena a los ataques perpetrados a la población de la República Árabe Saharauí Democrática, por las fuerzas armadas de Marruecos.
Segundo: Se exhorta al Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores se pronuncie, en el marco de las disposiciones internacionales y diplomáticas aplicables, en el mismo sentido.
Nota
1 http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/historia/dh-futuros.html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de noviembre del año 2010.
Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez, Noé Fernando Garza Flores, Tereso Medina Ramírez, Melchor Sánchez de la Fuente, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Franco López, Hugo Héctor Martínez González Francisco Saracho Navarro, Héctor Fernández Aguirre.
Con punto de acuerdo, relativo al proyecto Desarrollo del Puerto El Sauzal, en Ensenada, Baja California, a cargo del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del PVEM
Diputado Eduardo Ledesma Romo, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de julio de 1997, se habilitó entre otros puertos nacionales, el puerto de El Sauzal, que se localiza en el municipio de Ensenada en el estado de Baja California, para la navegación de cabotaje y altura, el cual fue delimitado como recinto portuario en 2003 1 , con una superficie total de 2’111,892.21 metros cuadrados.
Para efectos de la construcción de marinas, terminales e instalaciones portuarias y la prestación de los servicios portuarios en El Sauzal, la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. solicitó modificación al título de concesión otorgado en 1994, para la incorporación a su concesión integral de los bienes de dominio público de la federación del recinto portuario del Puerto de El Sauzal, la cual fue aprobada mediante el segundo addendum al título de concesión del puerto de Ensenada, publicado en el DOF el 6 de marzo de 2007 2 .
Con el propósito de cumplir con lo establecido en este Segundo addendum, el 22 de febrero del presente año, la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. (API) presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la Manifestación de Impacto Ambiental Regional modalidad A, para el proyecto denominado Desarrollo del Puerto El Sauzal, Baja California, por su posible afectación a ecosistemas costeros, en términos de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
El proyecto que promueve la Administración Portuaria Integral de Ensenada busca aumentar el nivel de servicios que ofrece El Sauzal, mediante su modernización y la reubicación paulatina de actividades que se realizan en el puerto de Ensenada como las actividades relacionadas con la pesca y los astilleros, los servicios de carga general y contenerizada; y, si las condiciones se presentan, también se incluirían las actividades de graneles agrícolas y graneles minerales.
El proyecto consiste en la realización de un conjunto de obras, pertenecientes al sector de vías generales de comunicación, dentro del recinto portuario de El Sauzal. Entre las obras se prevén
• La construcción de 3 muelles para el manejo de cargas a granel y carga general unitizada.
• La ampliación del rompeolas existente y construcción de nuevo espigón.
• Dragado para ampliar la zona navegable dentro del puerto (canal de acceso y dársena).
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales llevó a cabo del 9 de marzo al 4 de mayo de 2010 la consulta pública del proyecto Desarrollo del Puerto de El Sauzal, Baja California, y realizó una reunión pública de información el 21 de abril de 2010, en Ensenada, Baja California, de la que destaca
Que en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el proyecto de desarrollo del puerto El Sauzal que presentó la API, a pesar de que se identifican 17 impactos ambientales, no se identifican otros, como
• Contaminación permanente del aire con gases tóxicos derivados del uso masivo de diesel por parte de las embarcaciones, camiones de transporte de mercancías y equipo para movilizarlas dentro del recinto porturario.
• Daños colaterales a los habitantes de El Sauzal y zonas urbanas circunvecinas en materia de seguridad, iluminación, ruido y fealdad.
• Alteraciones al medio ambiente marino y a una de las mejores playas para la práctica del surf en Baja California, la playa Staks que brinda además un atractivo recreativo para la zona.
• Deterioro irreversible de la actividad pesquera ribereña que practican en la zona decenas de familias.
En consecuencia, la MIA del proyecto, no incluye medidas de prevención y mitigación para minimizar los riesgos a la salud que entraña la emisión de partículas y gases tóxicos durante la operación portuaria; la destrucción de mantos de sargazo que alimentan a las especies que dan sustento a las actividades pesqueras; la playa Staks como la única playa de arena del Sauzal que se utiliza no sólo para la práctica de surf, sino por bañistas en época de primavera y verano; la falta de infraestructura vial para el tránsito de vehículos transportes de carga y personas, entre otras.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estableció como fecha límite el 30 de noviembre para dictar la Resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental (RMIA) para el proyecto denominado Desarrollo del Puerto El Sauzal que presentó la Administración Portuaria Integral de Ensenada, de acuerdo con información disponible 3 , por lo que resulta procedente solicitar a la secretaría tome en cuenta en el resolutivo de impacto ambiental, las opiniones de otras instituciones en términos de lo dispuesto en la fracción III del artículo 4 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de evaluación del impacto ambiental.
El procedimiento de evaluación de impacto ambiental constituye un mecanismo preventivo, mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se hace de información para determinar la viabilidad de una obra o actividad que pueda causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas.
La obra sujeta a evaluación de impacto ambiental afectará la actividad pesquera ribereña por lo que es necesario que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, solicite la opinión técnica del Instituto Nacional de la Pesca, toda vez que a este órgano desconcentrado le corresponde, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 73 del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, elaborar investigaciones con un enfoque integral e interdisciplinario y vinculadas a los procesos naturales, económicos y sociales de la actividad pesquera, así como ofrecer a los usuarios públicos y privados, servicios profesionales de investigación científica y tecnológica, opiniones y dictámenes técnicos y consultoría, en las áreas de competencia del instituto.
Finalmente, se reconoce que El Sauzal es uno de los grandes puertos pesqueros de la región que brinda servicios a las flotas de atún, sardinas, anchovetas, entre otras, así como turísticas y comerciales, también se reconoce que con la realización de proyectos de desarrollo en el puerto, se podría incentivar la economía regional, por lo que no existe oposición a la construcción de obras que propicien el desarrollo económico y social de la región, pero sí oposición a las obras que impliquen amenazas o daños al medio ambiente.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a valorar y ponderar al resolver sobre la autorización en materia ambiental del proyecto denominado Desarrollo del puerto El Sauzal, Ensenada, Baja California:
a) La opinión técnica del Instituto Nacional de la Pesca.
b) Las observaciones que se hayan obtenido a partir del proceso de consulta pública.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informe a esta soberanía la resolución que emita con relación al proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto denominado Desarrollo del puerto El Sauzal, Ensenada, Baja California y los elementos de análisis que haya tomado en cuenta para su decisión.
Notas
1. Acuerdo conjunto de los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de julio de 2003.
2. Segundo Addendum al Título de Concesión de fecha 30 de junio de 1994 que otorga el Ejecutivo Federal a la empresa Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.
3. http://app1.semarnat.gob.mx/portal/NvoPortal/estado.php consultada el 9 de noviembre de 2010.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2010
Diputado Eduardo Ledesma Romo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a realizar el estudio previo justificativo sobre la viabilidad de establecer como área natural protegida la montaña que rodea Puerto Vallarta, Jalisco, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito diputado federal Juan José Cuevas García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, fracción I, 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Puerto Vallarta es uno de los principales destinos turísticos dentro de nuestro país, pues ofrece una excelente gama de atractivos como lo son sus playas, arquitectura, cultura y demás recursos naturales, lo que ha permitido posicionarse a nivel nacional e internacional.
Entre los recursos naturales que son un ícono de Puerto Vallarta se encuentran sus más de 19 mil hectáreas de montañas que rodean la ciudad propiedad mayoritaria de los ejidos El Coapinole, Playa Grande, Puerto Vallarta, Ixtapa, Boca de Tomatlán y Mismaloya.
Estas montañas además de ser un verdadero atractivo escénico, representan una importante fuente de servicios ambientales como la conservación de la biodiversidad, mantenimiento de los procesos ecológicos y evolutivos, regulación del microclima, producción y conservación de agua y suelo, mitigación de la contaminación, mejora de los sistemas de producción agrícola y pecuario, generación de oportunidades de empleo y de actividades recreativas, por mencionar algunos 1 .
Es importante mencionar que el Plan Municipal de Desarrollo 2030 de Puerto Vallarta señala la gran variedad de flora y fauna de la región, en donde destaca que por lo menos 7 de las 115 especies de aves del municipio se encuentran en algún estatus de vulnerabilidad de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2001. Asimismo, se estima que de 10 géneros endémicos de mamíferos del occidente de México, cinco están registrados en el municipio, por citar unos ejemplos.
Sin embargo, los ecosistemas de estas montañas se encuentran amenazados por la acción humana, principalmente por la deforestación que se realiza de manera clandestina, favorecida por la falta de vigilancia y la complicidad de las autoridades.
Cada día se tumban árboles y cubierta forestal con el fin de utilizar los recursos maderables, ganar espacio para cultivos y establecer más asentamientos humanos. Esto no sólo tiene implicaciones ecológicas, sino que pone en riesgo la dinámica económica y social del municipio.
La deforestación y los cambios de uso de suelo tienen impactos irreversibles en los ecosistemas e incrementan la vulnerabilidad del municipio, así por ejemplo se han acentuado los deslaves sobre las carreteras Las Palmas-Mascota y Vallarta-Melaque, así como en los centros de población, lo que pone en riesgo a los ciudadanos y su patrimonio.
A pesar de que la problemática ha sido identificada, esta zona montañosa no se encuentra protegida por alguna de las figuras que contempla la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Es importante resaltar que legisladores como la senadora Eva Contreras Sandoval y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la Cámara de Senadores de la LX Legislatura, en febrero de 2007 manifestaron su preocupación al respecto, por lo que solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) analizar la procedencia de establecer un área natural protegida de competencia de la federación en esta zona.
En este sentido, coincido con la necesidad de proteger los ecosistemas que se albergan en estas montañas, así como preservar los servicios ambientales que proporcionan, pues además de representar una fuente de sustento para la población, brindan protección al municipio ante las lluvias y deslaves, principalmente.
Es por esto que vengo ante esta soberanía con el fin de exhortar a la Semarnat para que realice los estudios justificativos que permitan obtener los elementos e información técnica, social y legal para evaluar la viabilidad de crear un área natural protegida (ANP) de jurisdicción federal en las montañas del municipio de Puerto Vallarta.
Declarar como ANP esta zona permitiría contar con un programa de manejo que sería el instrumento rector de la planeación, regulación y ejecución de actividades a fin de proteger el área.
Asimismo, considero de vital importancia exhortar al ayuntamiento de Puerto Vallarta para que se coordine con las demás autoridades a fin de proteger y conservar las montañas de su municipio, pues a pesar de que la preservación del medio ambiente es una facultad concurrente, el municipio es la autoridad directamente vinculada con las actividades que se realizan en esta zona.
Estoy seguro que con la aprobación de esta proposición, así como su atención por parte de las autoridades, contribuiremos a la conservación del medio ambiente.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice el estudio previo justificativo que permita valorar la viabilidad de establecer como área natural protegida el área de montaña que rodea a Puerto Vallarta, Jalisco.
Segundo. Se exhorta al ayuntamiento de Puerto Vallarta para que, en el ámbito de su competencia y de manera coordinada con las autoridades de los demás órdenes de gobierno, lleve a cabo las acciones que permitan proteger y conservar los ecosistemas de las montañas del municipio de Puerto Vallarta.
Nota:
1 Con base en el Plan Municipal de Desarrollo 2030 de Puerto Vallarta.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.
Diputado Juan José Cuevas García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar –por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud– las gestiones necesarias a fin de que el cáncer linfático, o no Hodgkin, se incorpore al catálogo universal de servicios de salud el próximo año y que el presupuesto necesario para atenderlo se utilice del Fondo de Gastos Catastróficos de dicha dependencia, a cargo del diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito diputado Malco Ramírez Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo; se exhorta a la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para que se realicen las gestiones necesarias para que el cáncer linfático o “cáncer no Hodgkin”, sea incorporado al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) para el próximo año y el presupuesto necesario para su atención, sea utilizado del Fondo de Gastos Catastróficos con que cuenta la Secretaría de Salud, con base en las siguientes
Consideraciones
Durante la época de frío son comunes las enfermedades respiratorias, principalmente las relacionadas a la inflamación de los ganglios en la zona de boca y garganta.
Sin embargo, no todas las inflamaciones de ganglios son producto de enfermedades respiratorias, ya que podría tratarse de un cáncer linfático.
Los principales síntomas del linfoma no Hodgkin como se conoce técnicamente al cáncer linfático son fiebre; diaforesis (sudor excesivo, especialmente por la noche); pérdida de peso inexplicable; falta de apetito; cansancio anormal, tos o falta de respiración y lesiones en la piel como tumoraciones.
Es muy frecuente que el linfoma no Hodgkin se asocie a enfermedades respiratorias, ya que los síntomas en un inicio se parecen a los de infecciones en el sistema respiratorio, pero si la inflamación de los ganglios de la garganta, como las amígdalas, persiste por más de dos semanas, no es normal.
También si estos bultos crecen arriba de un centímetro, deben ser analizados con una biopsia, a fin de descartar cáncer, señala la doctora Alva Zaragoza, hematóloga del hospital regional del IMSS, en Chihuahua.
Es importante poner atención si hay un crecimiento no habitual en la faringe, aunado a fiebre vespertina y nocturna, pérdida de peso, y sudoraciones.
Según el artículo “Medicamentos biológicos combaten los linfomas” publicado en la revista médica, Acontecer Médico, escrito por Héctor Medina Varalta.
Los medicamentos biológicos son una gran esperanza para mejorar la calidad de vida en pacientes con cáncer linfático o linfoma. Estos tratamientos ayudan a combatir los tumores malignos que se presentan en los ganglios, y al mismo tiempo, fortalecen el sistema inmunológico.
Los medicamentos biológicos son una nueva herramienta con la que dispone tanto la oncología como la hematología. Estos medicamentos están diseñados para atacar específicamente algunas zonas del tumor, con lo cual se evita los efectos secundarios no deseables que tienen otras terapéuticas, por ejemplo, la quimioterapia.
Los medicamentos biológicos han venido a revolucionar el tratamiento, aumentando la supervivencia de los pacientes de manera muy importante. La manera en que trabajan es ayudando y aportando al sistema inmunológico anticuerpos que el organismo no es capaz de producir porque en condiciones normales no son necesarios. Ayuda, entonces, identificando un blanco específico y muy característico de la enfermedad para que se logren erradicar las células malignas con mucha precisión.
Receptor CD 20
Los linfomas son un cáncer de los linfocitos, y están relacionados con otros tipos de leucemias. Los linfocitos se encuentran en todo nuestro organismo y su función principal es la de combatir las infecciones. Al convertirse en malignos forman tumores y están en todo nuestro organismo.
El medicamento es un anticuerpo monoclonal. Desarrolla un anticuerpo para combatir específicamente una zona de la célula que está enferma. La célula expresa un receptor o un punto que se llama CD 20; este receptor es atacado mediante el Rituximab que se pega a este receptor y condiciona la muerte de la célula. Esto es muy efectivo porque este receptor es muy específico o muy característico de este tipo de células que están enfermas. Por lo tanto, la terapia es mucho muy específica a diferencia de lo que sucede con la quimioterapia. El uso del medicamento biológico es altamente moderno y muy efectivo.
Riesgo de desarrollar un linfoma
Las personas que han recibido un trasplante de cualquier órgano tienen mayor posibilidad de desarrollar un linfoma, pues éste surge por una alteración del sistema inmune.
Lo mismo sucede con los pacientes que tienen SIDA, pues si no son tratados adecuadamente tienen 100 veces más riesgo que el resto de la población de desarrollar un linfoma.
En resumen, el linfoma es un cáncer de los ganglios linfáticos y como los tenemos en todo el organismo, este tipo de cáncer puede aparecer en cualquier parte de éste. Habitualmente, son el cuello, las axilas o las ingles. Pero puede aparecer en cualquier órgano.
Afortunadamente, la información es cada vez mejor difundida y si bien, ya estamos conociendo los cambios que da la información en otros cánceres más frecuentes como el cáncer de mama, en el que vemos que las mujeres se atienden en etapas más tempranas, se tiene que seguir con los siguientes en orden de importancia.
El cáncer de los ganglios o linfoma, ocupa en nuestro país el quinto lugar en importancia; no es un cáncer raro, sino mucho más frecuente de lo que se piensa. Fin de la cita.
El cáncer linfático, es curable si se trata a tiempo, por ello es necesario implementar acciones de difusión, de detección temprana y de tratamiento, para abatir el índice de mortalidad que este cáncer actualmente tiene.
Atento a la ciudadanía, como procuro estar, se acercó a mis oficinas, la directora ejecutiva de la asociación Gerardo Alfaro, la contadora pública Silvia Infante, dicha asociación sin fines de lucro, tiene como misión difundir los síntomas del cáncer linfático, buscando así generar detección y tratamiento oportunos, así como aumentar la posibilidad de supervivencia y/o remisión de quienes lo padecen.
Se acercaron, para explicarme sus actividades y solicitar el apoyo para que esta soberanía se sensibilice sobre este tema que representa el quinto cáncer causante de mortalidad en México.
Refieren que actualmente el CAUSES o Catálogo Universal de Servicios de Salud, que contiene todas las enfermedades que cubre el Seguro Popular.
La integración del catálogo se basa en criterios epidemiológicos, estimando que las intervenciones de primer nivel seleccionadas cubren cerca del 100 por ciento de la demanda de atención a la salud. La información derivada de dichas intervenciones queda registrada en el Sistema de Información en Salud (SIS) y en el Sistema Único de Información para Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) de la Secretaría de Salud y los servicios estatales de salud.
Sin embargo, como he referido líneas arriba, existe cada día más cantidad de personas con estas enfermedad, que puede ser prevenible y curable, detectada a tiempo.
Considero que se vuelve fundamental apoyar las causas que la ciudadanía demanda, debemos ser sensibles y atentos a lo que los mexicanos nos solicitan, porque es a través de esa real atención que podemos dar buenos resultados como representantes populares.
Por lo anteriormente expuesto, fundado someto a la consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para que se realicen las gestiones necesarias para que el cáncer linfático o cáncer no Hodgkin, sea incorporado al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) para el próximo año y el presupuesto necesario para su atención, sea utilizado del Fondo de Gastos Catastróficos con que cuenta la Secretaría de Salud.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2010
Diputado Malco Ramírez Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de la Unión a diseñar un logotipo que represente las comisiones bicamarales, a cargo del diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Jorge Humberto López Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión a efecto de diseñar un solo logotipo para ser utilizado a nivel nacional e internacional por las comisiones bicamarales de la Cámara de Diputados, así como para ser implantado dicho logotipo en la Comisión Bicamaral Globe, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Poder Legislativo recae en el Congreso de la Unión, un cuerpo legislativo bicameral compuesto por el Senado de la República y la Cámara de Diputados.
Desde la creación del Congreso de la Unión a principios del siglo XX, en su proceso de integración, éste fue consiente de la necesidad de dar un símbolo de identidad con el que los Estados pudieran identificar al Poder Legislativo como Congreso, desde ese momento, los congresistas eligieron por unanimidad un emblema, el escudo nacional, dándose así el Congreso de la Unión.
El Congreso de la Unión, además de las funciones legislativas y presupuestarias, están los trabajos legislativos, los cuales se desempeñan conjuntamente, es por ello, que parte la necesidad de crear las comisiones bicamarales.
A nivel nacional como internacional las comisiones bicamarales realizan sus diversas actividades legislativas, usando individualmente un logotipo distintivo para cada una de las Cámaras, representando la imagen gráfica del Congreso, pero esto hecho no sólo se sustenta en logotipos sino que también implica un sistema de identidad.
No obstante, surge la idea de proyectar una sola imagen gráfica, con el propósito prioritario de contar con un elemento visual unificado, como es el logotipo.
A través de la historia de México, el logo tiene un lugar especial, porque se formula a partir de representaciones visuales o verbales que pretenden difundir valores o personajes célebres de cada país. De ahí que el logotipo del Congreso tuvo como objeto lograr una identidad institucional y de armonía entre las dos Cámaras, tanto a nivel nacional como internacional.
Además, es el momento idóneo de tener un logotipo único para las comisiones bicamarales del Congreso de la Unión, ya que primordialmente en las comisiones bicamarales con proyectos y tareas internacionales, como es el caso de la Comisión Bicamaral Globe. La cual propone emplear un solo logotipo ideal, con el propósito de llevar una imagen de identidad nacional como elemento visual de homogeneidad a la comunidad internacional Globe.
El carácter fundamental de un logo dentro de la identidad de un país, demuestra la institucionalidad, por eso el uso permanente de un mismo logotipo en las comisiones bicamarales del Congreso de la Unión, tendría como consecuencia identificación personal en toda la documentación que éstas a su vez emitan.
Nuestra tarea y compromiso fundamental y conforme a los tiempos actuales de interacción y desarrollo que actualmente caracteriza a las comisiones bicamarales del Congreso de la Unión, es prioritario y positivo que se cuente con una identidad grafica única, exclusiva y de fácil identificación que represente a dichas Comisiones.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, de urgente resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta al Congreso de la Unión a efecto de diseñar un solo logotipo, que represente a las comisiones bicamerales del Congreso.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2010.
Diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SRE, de la PGR y del Instituto Nacional de Migración a realizar acciones para crear procedimientos de asistencia que proporcionen apoyo e información a las integrantes de la caravana de madres centroamericanas, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Héctor Pedraza Olguín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Como es de su conocimiento el pasado día 31 de octubre del año en curso partió de la ciudad de Tapachula, Chiapas, hacia distintos puntos del país, una caravana de madres centroamericanas con el objeto de solicitar apoyo para localizar a sus hijos extraviados en su travesía por el territorio nacional y con destino hacia los Estados Unidos.
Su estrategia desde hace seis años es transitar los mismos caminos que sus familiares, en su recorrido hacia los Estados Unidos, ir a los parques públicos, recorrer las vías del tren, visitar los albergues y mostrar las fotografías de sus seres queridos a las personas, dando como resultado que hayan sido localizadas 50 personas que estaban desaparecidas.
De acuerdo a los organizadores de la marcha existen alrededor de 1000 inmigrantes perdidos en México, el propio gobierno federal ha reconocido que se necesita hacer más para proteger a los migrantes centroamericanos que, como es cotidiano, son asaltados, secuestrados y asesinados, como fue el caso reciente de 72 migrantes en el estado de Tamaulipas.
Con motivo de este clima de inseguridad, que no sólo afecta a los migrantes centroamericanos, sino a nuestros connacionales, también se realizó por parte de 13 mujeres procedentes de Ciudad Juárez, que representan a muchas otras, una protesta frente a la Casa Blanca para exigir mayor atención por parte del gobierno estadunidense por el clima de violencia, persecución, desempleo y migración que se vive en esa zona de la frontera norte del país.
Asimismo expresaron que la protesta es con motivo del desempleo y pobreza que se vive en el país, aunado a que no encuentran respuesta por parte de las autoridades mexicanas en su demanda de mejores condiciones de vida, ya que actualmente las políticas sociales son poco sustantivas, de corte asistencialista y alejados de las recomendaciones de los órganos internacionales en encargados de abatir la pobreza y marginación.
Dicha caravana de madres centroamericanas, tuvo un encuentro el pasado día 4 de noviembre del año en curso, con los secretarios de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, en dicha reunión pidieron la intervención de esta H. Cámara de Diputados, para solicitar al gobierno federal, a efecto de que tome las medidas necesarias para la localización de sus familiares extraviados en el territorio nacional y, en su caso, su repatriación a sus países de origen.
En este sentido, como ya lo he manifestado en otras intervenciones, se confirma que la política migratoria está desacertada, sólo atiende la simple administración de los flujos migratorios, y no tiene un enfoque integral de protección y respeto a los derechos humanos de los migrantes. Ello aunado a la descomposición social, la impunidad y la corrupción de las autoridades; obliga a aplicar nuevas políticas y a modernizar los programas de atención y protección a los migrantes.
En este orden de ideas, resulta prioritario que las diversas dependencias del gobierno federal en el ámbito de sus respectivas competencias, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República a través de su Programa de Apoyo a Familiares de Personas Extraviadas, Sustraídas y Ausentes y del Instituto Nacional de Migración, destinen los recursos y personal necesarios para la localización de los familiares extraviados de las integrantes de la caravana de madres centroamericanas.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Procuraduría General de la República y del Instituto Nacional de Migración para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomen las acciones necesarias para crear los mecanismos de asistencia, a efecto de prestar apoyo e información a las integrantes de la caravana de madres centroamericanas para la localización y en su caso repatriación de sus familiares que se encuentren extraviados en el territorio nacional y destinen los recursos y personal necesarios para dicho propósito.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2010.
Diputado Héctor Pedraza Olguín (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la formación del sistema de seguridad de la república, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, César Augusto Santiago Ramírez, diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La cronología reciente de la violencia en México es sencillamente insoportable. Solo la insensatez gubernamental, puede ser capaz de minimizarla o peor aún, de tratar de convertirla en estratagema publicitaria.
La violencia de los últimos días ha tocado los linderos del terrorismo. Decenas de jóvenes han muerto en distintos lugares, se dice que como consecuencia de luchas entre grupos criminales; pero el hecho que refleja cada uno de ellos muestra una descomposición social que nunca antes habíamos visto.
Seguir en esta línea sólo garantiza un deterioro mayor cada día. Ya está probado que más dinero para policías, armamento, uniformes, despliegues publicitarios y propaganda mediática, no resuelve nada.
Todo el dispendio frente a una criminalidad rampante que toca ya los límites de lo intolerable. Ya está probado que pretender explicar todo como el resultado de luchas intestinas o incluso celebrar las matanzas como lo hace el secretario de Gobernación para afirmar temerariamente que esas son “resultado de la atingencia de la política gubernamental”, sólo sirve para distraer momentáneamente para que las cosas sigan cada vez peor.
En el nivel publicitario el gobierno ha intentado todo: desde los desplantes de su ex secretario de Gobernación y las declaraciones del actual, a la discreción del procurador y de los altos mandos del ejército que contrastan con el protagonismo exacerbado del secretario de Seguridad Pública.
Los reclamos de las Cámaras de poco han servido, las consultas convocadas por el ejecutivo y por hasta por los grupos de incondicionales disfrazados de activistas imparciales, han caído en el desprestigio por su complacencia e inutilidad.
La machacona presencia del Ejecutivo en la televisión y los anuncios de capturas novelescas, están terminando en contribuir a la incredulidad pública, ya pocos creen en esos capos que un día parecen capturados, para entrar de inmediato a los esquemas publicitarios que ya no son suficientes para ocultar el fracaso brutal de todo el sistema.
El presidente ya no podrá salir bien librado de esta guerra que declaró y que no ha podido conducir, las instituciones ya están dañadas y el enfrentamiento político es evidente.
Urge una política de la República, porque hasta el término “política de Estado”, ha entrado en franco desprestigio.
Debe ser la Cámara de Diputados la que convoque al Poder Judicial y al Ejecutivo, para construir la acción común de la República, que supere la crisis y ponga los cimientos de un nuevo orden institucional de la República.
Se deben usar los instrumentos del Estado para divulgar medidas preventivas, acciones profilácticas, alertas y convocatorias. Se debe establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública, que funcionen como Institución y no como simple vocería, con una legislación que la haga ajena a las motivaciones políticas de los partidos y que conforme un modelo de organización institucional, más allá de la propaganda institucional.
Se debe prohibir el aprovechamiento de las acciones que el gobierno tiene la obligación de ejecutar, como mecanismo publicitarios para el gobierno o su partido, y se debe racionalizar el uso del dinero para dotar a este país de centros de tratamiento a adictos y lugares de rehabilitación.
Se debe construir un modelo que devuelva la confianza en la gente para que pueda denunciar y reconstruir el tejido social, que nos haga solidarios con la lucha contra la delincuencia y se debe aprovechar en volúmenes presupuestales importantes para el desarrollo de la cohesión social, el empleo para los jóvenes, la vivienda, el trabajo.
Se debe sanear a las grandes empresas del estado para mostrarlas como ejemplo de honradez y pulcritud y todo se debe hacer en un sistema armónico en que de verdad participe la República y no sea sólo un mecanismo, un escaparate para las ceremonias fastuosas y los comerciales espectaculares.
Aquí está una cronología del horror que aporto de lo que ha pasado estos últimos meses, que justifica la necesidad de poner en práctica la propuesta que ahora formulo.
Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Uno. Que la Cámara de Diputados a través de los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios, convoque al Senado de la República, al Poder Judicial de la Federación, al Poder Ejecutivo de la Unión, a los gobernadores de los estados y del Distrito Federal y a los presidentes de las legislaturas estatales a conformar el sistema de seguridad de la República.
Dos. El sistema de seguridad de la República tendrá una dirección colegiada, integrada por un representante de cada uno de los Poderes de la Unión, una representación de los gobernadores y una representación de los Congresos locales, que sesionaran mensualmente para verificar la realización del plan y la estrategia.
Tres. El sistema de seguridad de la República será el único autorizado para emitir comunicaciones públicas, campañas de información masiva y convocatorias públicas en relación con el sistema en general.
Cuatro. El sistema no autorizará publicidad con los hechos delictivos o las medidas adoptadas para su erradicación.
Cinco. El sistema autorizará los volúmenes presupuestales a disponer para el combate a la delincuencia y el mantenimiento de las fuerzas armadas y policiales, destacando la necesidad de que estas muestren la eficacia de su desempeño y sus resultados. Y no simplemente el desfile mediático sin realizaciones concretas.
Seis. El sistema de seguridad de la República convocará para que de manera emergente, se establezcan cuerpos especializados que verifiquen la operación de las fronteras, las aduanas, y el servicio migratorio con personal especializado que dependa directamente del sistema.
Siete. El sistema procederá a hacer acopio de la información de decomisos, incautaciones y aseguramientos para que con sus productos se pueda incentivar una campaña de apoyo social con un diseño específico que mejore la cohesión social y la solidaridad.
Ocho. El sistema promoverá las reformas legales indispensables para garantizar la viabilidad del sistema y la estabilidad de la República.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2010.
Diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial investigadora de comisiones unidas de vigilancia, función pública, salud y seguridad social para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a los presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias que involucran a servidores públicos del IMSS, el titular de la Cofepris y los que resulten, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Antonio Benítez Lucho, diputado federal del el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, fracción II, de nuestro reglamento y artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los diputados integrantes de la LXI Legislatura que se forme una comisión especial plural investigadora de comisiones unidas de las comisiones de vigilancia, función pública, salud y seguridad social, para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a los presuntos actos de corrupción y tráfico de influencia, mencionado en los medios comunicación en relación a la denuncia que involucra a los diversos funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social y al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Miguel Ángel Toscano Veslasco, y los que resulten, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. el 19 de octubre la Cámara de Diputados en sesión aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, plantea prever como parte de las medidas para fortalecer las finanzas públicas, que durante el siguiente ejercicio fiscal el Instituto Mexicano del Seguro Social pueda transferir a la reserva financiera y actuarial del seguro de enfermedades y maternidad el excedente de las reservas de los seguros de invalidez y vida y de riesgo de trabajo, de acuerdo con las estimaciones de suficiencia financiera de largo plazo de estos últimos seguros, así como posibilitar de nueva cuenta que el gasto que realice el citado organismo descentralizado con cargo a los recursos acumulados en las reservas a que se refiere el artículo 280 de la Ley del Seguro Social, así como en la subcuenta 1 del fondo para el cumplimiento de obligaciones laborales de carácter contractual y legal deba ser registrado en los ingresos y en los egresos del flujo de efectivo autorizado para el ejercicio fiscal que corresponda, de tal manera que no se afecte la meta de las reservas establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.
2. posteriormente, en la centésima primera asamblea general ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), prevista el 3 de noviembre de 2010, el director del IMSS, Daniel Karam Toumeh, declara que la situación financiera que vive el IMSS es la más delicada de la historia. Por un lado el régimen de jubilaciones y pensiones de los propios trabajadores del instituto, que fueron contratados antes de 2008, implican una presión financiera que llega a los 11 puntos del producto interno bruto.
El riesgo es inminente, de no hacer cambios al sistema en el corto plazo, veremos comprometida nuestra capacidad para atender las necesidades de nuestra derechohabiencia.
Por ello, hemos planteado transferir el excedente de las reservas de los seguros superativos a aquellos que son deficitarios. En concreto, se trata de que los seguros de invalidez y vida, y riesgo de trabajo, no generen recursos ociosos que podrían utilizarse para atender la demanda de salud de la derechohabiencia. Esto es importante, y no debe haber inequívocos, nuestros esfuerzos de planeación financiera tienen que ser responsables en dos sentidos.
Por un lado, se debe estimar, con toda precisión, el monto de los recursos que se requieren para darle viabilidad, presente y futura, a los seguros de invalidez y vida y de riesgo de trabajo y que, por ningún motivo, se comprometa su futuro por decisiones coyunturales. Y, por otra parte, sería igualmente irresponsable acumular recursos innecesarios cuando se tienen presiones de gasto para las atenciones de salud.
3. a su vez, el Ejecutivo federal en la misma asamblea general ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social prevista el 3 de noviembre de 2010, menciona que la compleja situación financiera del seguro social no puede resolverse ya con medidas meramente administrativas.
El uso de las reservas, que ahora son indispensables para garantizar la operación del seguro, no es, ni puede ser la puerta de salida de las dificultades que enfrentan no alcanzarían las reservas, ya no para cumplir sus fines propios, sino para ser frente a la propia operación del instituto.
4. que la Auditoría Superior de la Federación, en su reciente informe de la auditoría realizada en el 2008 a la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios señalo 34 recomendaciones, de las cuales 4 han sido atendidas; y 26 de promoción de responsabilidades administrativa sancionatorias; todas han sido promovidas por parte de la Auditoría.
5. con fecha 9 de noviembre de 2010, se difunde en los medios de comunicación las conversaciones de un presuntos actos de corrupción al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre lo que se destaca en las conversaciones la complicidad con la que operan los diversos funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría de Salud, en la que mencionan al coordinador de Adquisición de Bienes del IMSS, César Mora Eguiarte, y al director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitarios, Miguel Ángel Toscano Velasco; esto sin dejar de mencionar al encargado de relaciones del laboratorio Norvartis, Rafael Castro, en la que pretendía llevar a cabo una licitación pública por más de 80 millones de pesos, que se presentaría el jueves 11 de noviembre del presente año, y obsequiarle una comisión del 5 por ciento.
Considerandos
I. Que es necesario que desde este órgano legislativo exijamos que los actos de corrupción y tráfico de influencia sean esclarecidos por las autoridades correspondientes.
II. Que es imperiosa la necesidad de que este cuerpo colegiado cuente con una comisión especial investigadora que dé seguimiento puntual a este gravísimo problema de corrupción que afecta seriamente a las finanzas públicas y a la rendición de cuentas y transparencia de las instituciones en comento.
III. cabe mencionar que, de acuerdo con los documentos publicados el mercado de medicamentos en México es cercano a los 9500 millones de dólares anuales, de los cuales el 18 por ciento corresponde en valor al sector publico y 50 por ciento en volumen para el caso del IMSS, sus compra de medicamentos representan en promedio el 14.4 por ciento del mercado esto equivale a precios actuales a una compra de medicamentos por un monto aproximado de 1368 millones de dólares, equivalentes a 16,990 millones de pesos a una paridad de 12.42 pesos por dólar (El Universal, 10 de noviembre de 2010).
IV. esto quiere decir si hacemos una extrapolación sencilla del 5 por ciento de supuesta comisión, los funcionarios del IMSS estarían recibiendo un monto superior de casi 850 millones de pesos por este presunto acto de corrupción.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a esta honorable Cámara de Diputados de la LXI Legislatura que forme una comisión especial investigadora de Comisiones Unidas de Vigilancia, de la Función Pública, de Salud, y de Seguridad Social, para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a los presuntos actos de corrupción y tráfico de influencia que involucra a servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Miguel Ángel Toscano Velasco, y los que resulten.
Diputado Antonio Benítez Lucho (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a investigar y sancionar a los responsables de la muerte de seis trabajadoras de Coppel y a reparar en lo posible el daño a los familiares, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
Las seis trabajadoras, todas muy jóvenes, que murieron asfixiadas al interior de una tienda de la cadena Coppel el 11 de noviembre de 2010, en Culiacán, Sinaloa, es un nuevo crimen espantoso, que viene a enlutar a la clase trabajadora y a todo el pueblo de México. Nuevamente enfrentamos un hecho que no es accidental, ya que la patronal las mantenía encerradas contra todo derecho, sin esperanza de salvación, violando los más elementales derechos laborales y humanos; como si se tratara de esclavas. Sin duda que el incendio en una de las instalaciones de la empresa Coppel sí se puede catalogar de accidente, pero no tendría por qué haber cobrado la vida de seis personas si éstas hubieran tenido la facilidad de abrir puertas de emergencia desde adentro, situación que no se presentó, por lo cual al estar ellas encerradas, sí se configura un hecho criminal imputable a la empresa y a las autoridades locales y federales responsables.
Por supuesto que se da la complicidad en la inspección del trabajo, de competencia conjunta federal y local, la cual de haber cumplido con su obligación de verificación y de entrevistar a las trabajadoras, como lo ordenan las disposiciones aplicables, habría detectado e impedido este nuevo atentado.
Y me pregunto, ¿hasta cuándo nosotros los diputados, que nos decimos representantes del pueblo, vamos a seguir permitiendo que se continúe violentando de manera tan grosera la dignidad y los derechos, comenzando con su derecho a la vida, de las personas que con su trabajo productivo son el sostén de nuestro país? ¿Hasta cuándo vamos a asumir nuestra soberanía como legisladores, a lo que la Constitución nos obliga, y poner los frenos necesarios al Ejecutivo, para lograr el indispensable equilibrio de poderes que es base de la democracia?
Esta muerte espantosa tampoco es accidental, porque es la consecuencia necesaria de la política laboral impulsada por Felipe Calderón y Javier Lozano, quienes han tenido como propósito fundamental el desmantelar todos los derechos de los trabajadores para alcanzar una acumulación inadmisible de la riqueza para un grupo minoritario. Si no ponemos un remedio profundo, es hora de que vergonzosamente, nos preguntemos, cuándo será el próximo homicidio industrial.
Insisto nuevamente, como lo ha hecho mi partido, que los derechos que consagra el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo (LFT) no son más que derechos mínimos, producto de siglos de dolorosas experiencias y luchas de la clase trabajadora, para evitar este tipo de crímenes; que el mayor de los crímenes es pretender suprimirlos con una reforma laboral como la propuesta por diputados panistas el pasado 18 de marzo de 2010. La LFT no sólo no debe desaparecer, para aumentar la sobreexplotación y los riesgos de los trabajadores, sino debe fortalecerse en la letra y espíritu que nos marca el artículo 123 Constitucional, y las dolorosas experiencias como las pérdidas irreparables de los mineros en Pasta de Conchos, y ahora la cobarde muerte de estas jóvenes en la tienda de Coppel.
Pero ya no basta denunciar y lograr míseras indemnizaciones para los familiares. Tenemos que lograr el castigo ejemplar para los empresarios y funcionarios federales y locales involucrados, que se sepa que en México se deben respetar puntualmente los derechos de los trabajadores ¡o no se puede ser empresario! ¡Ya basta de muertes inocentes en el país, sobre todo de jóvenes!
¿Tenemos que esperar, como los “científicos” del gobierno de Porfirio Díaz, una explosión social para rescatar la justicia mínima para el pueblo?
Desde esta tribuna expreso nuestro más profundo pésame a los familiares de estas seis trabajadoras, y nuestro compromiso para que se haga justicia y ya no se repitan este tipo de crímenes.
El poner fin a la impunidad de mano de la justicia social más amplia, será única manera de recobrar la dignidad y la paz en México. No hay que olvidar que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, parte de la muerte de un grupo de costureras víctimas de un incendio, que igual fueron encerradas por la patronal. ¿Es así como se evoluciona, volviendo a los mismos crímenes y la misma barbarie?
No pido un minuto de silencio para estas trabajadoras, pues estos minutos de silencio se hacen tan seguido en esta Cámara de Diputados que corren el riesgo de volverse irrelevantes; sino mi exigencia es para que se castigue a los responsables y se tomen las medidas verdaderas para evitar en lo futuro este tipo de crímenes.
En fundamento al contenido del presente, me permito transcribir, en lo conducente, los artículos 512-F y 527 de la Ley Federal del Trabajo:
Artículo 512-F. Las autoridades de las entidades federativas auxiliarán a las de orden federal en la aplicación de las normas de seguridad e higiene en el trabajo, cuando se trate de empresas o establecimientos que, en los demás aspectos derivados de las relaciones laborales, estén sujetos a la jurisdicción local.
Artículo 527 LFT, último párrafo. También corresponderá a las autoridades federales la aplicación de las normas de trabajo en los asuntos relativos a obligaciones patronales en materia de seguridad e higiene en los centros de trabajo.
123 constitucional, aparatado A, fracción XV. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso.
La tutela de la seguridad e higiene, sinónimo de la tutela a la vida y salud, es el primer derecho de los trabajadores, y el primer deber de los patrones y el Estado. ¡Esto es indeclinable!
Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados integrará un grupo de trabajo con legisladores de todos los grupos parlamentarios, con objeto de que se investigue la muerte de seis trabajadores en una tienda de la cadena Coppel, en Culiacán, Sinaloa, y en general investigue las condiciones de seguridad e higiene que privan en los centros del trabajo del país, proponiendo las reformas legales y medidas necesarias para evitar la actual violación sistemática a las normas sobre salud y riesgos de trabajo, y sancionar severamente, tanto laboral como penalmente, a los empresarios y servidores públicos involucrados, haciendo realidad los derechos humanos a la vida y salud de los trabajadores, poniendo especial énfasis en dar fin a la misoginia laboral.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal y el gobernador del estado de Sinaloa a que, sin más interés que el de la justicia, se investigue a fondo la muerte de las seis trabajadoras en la tienda de Coppel, y se castigue con severidad a los empresarios y funcionarios involucrados, otorgando a los familiares afectados un respeto inmediato e íntegro de sus derechos y se les haga una justa reparación de daño.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer la investigación sobre la muerte de estas seis trabajadoras, ante la magnitud de la tragedia, con fundamento en el artículo 73 constitucional, fracción XXI, y 10 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Cuarto. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a colaborar en las investigaciones sobre las responsabilidades del caso y de las condiciones generales de trabajo en estas empresas y similares en todo el país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2010.
Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los órganos y a las instituciones gubernamentales a adquirir artesanías, a cargo de la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada federal a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General del los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con las siguientes
Consideraciones
El sector artesanal se enfrenta a uno de los momentos más críticos y delicados a su historia debido a que se enfrenta a un mercado interno totalmente debilitado y abarrotado de mercancías pirata, mercancías clonadas de mala calidad provenientes principalmente de China.
Adicionalmente se enfrenta a elevados costos de producción, debido al incremento en el precio de los insumos y mano de obra. Todo, aunado a la falta de tecnología, capacitación, financiamiento y canales de comercialización.
Hace falta damos cuenta de la importancia de este sector como parte de nuestra etnicidad y cosmología, como parte de nuestra cultura, pero sobre todo, como una parte fundamental de la actividad económica y comercial en la que se sustentan una gran cantidad de regiones y comunidades.
Comunidades a las que aporta una gran cantidad de ingresos y empleos, máxime en un momento en que nuestra economía se encuentra tan deprimida. Es importante hacer conciencia de que en la medida en que los mexicanos adquiramos y consumamos lo que producimos, entonces en esa medida, empezaremos a crecer.
No podemos permitir que se agoten nuestros oficios, no podemos permitir que desaparezca la economía auténticamente artesanal. No podemos permitir el triunfo de la artesanía de mercado, el triunfo de la artesanía pirata.
En esa medida, hoy más que nunca, hago un llamado para que todos los representantes populares adquiramos artesanía para regalar. Considerando que en la medida en que lo hagamos haremos felices a muchas familias mexicanas, principalmente a muchas niñas y niños mexicanos, cuyos padres contarán con ingresos para su educación y salud.
Esto es una inversión que a todos nos beneficia; invirtamos y gastemos en México; rescatemos lo que haya que rescatar, nuestra dignidad y fortaleza.
Es tiempo de volver a confiar en nosotros, en nuestros productos, en nuestros artesanos, en nuestro país. Volvamos a lo auténtico, volvamos a la artesanía nacional producida por mexicanos para mexicanos y para el mundo.
Es por lo expuesto y fundado que propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a todos los órganos e instituciones del Gobierno federal, a los integrantes del Congreso de la Unión, a los gobiernos de las entidades federativas y, en general, a todas y todos los representantes populares a adquirir artesanías para sus regalos decembrinos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2010.
Diputada Magdalena Torres Abarca (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a otorgar la toma de nota a la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, división administrativos, elegida democráticamente el 13 de julio, a cargo del diputado Herón Agustín Escobar García, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, diputado federal a la Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, para que sea considerado como de urgente resolución, atendiendo a las siguientes
Consideraciones
Una vez más se pretende vulnerar la autonomía sindical en nuestro país.
Los trabajadores administrativos sindicalizados de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en los meses recientes, renovaron su dirigencia con apego a su estatuto y normatividad.
Este proceso dio inicio en mayo pasado, con la emisión de la convocatoria a la asamblea general ordinaria donde se acordó la integración del colegio electoral, el cual tuvo un periodo de vigencia del 27 de mayo hasta el día 17 de julio de 2010, que fueron los meses en los que se desarrolló el proceso para renovación de la dirigencia.
El consejo electoral legalmente electo acordó emitir la convocatoria a elecciones ordinarias para renovar el comité ejecutivo para el periodo 2010-2013, señalando como fecha para emitir la votación el 13 de julio, de las 8:00 a las 20:00 horas.
El 16 de julio del presente año, el consejo electoral dio a conocer los resultados de la elección llevada a cabo el 13 de julio, en la que resultó ganadora la planilla Movimiento Estatal de Trabajadores Activos y Jubilados, con un total de mil 720 votos contra mil 619 votos de la planilla Unidad y Fortaleza Sindical.
En esa misma fecha, el reporte del colegio electoral, fue avalado por la asamblea ordinaria del sindicato, donde se le tomó protesta al nuevo comité para el periodo 2010-2013, encabezado por el ingeniero Marco Antonio Medrano Palazuelos.
A raíz de la aprobación por parte de la asamblea sindical, se procedió a solicitar la toma de nota a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, hecho que hasta la fecha no se ha llevado a efecto, dejando al sindicato y a los trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma de Sinaloa en una situación de vulnerabilidad.
Los documentos que avalan el proceso de elección no dejan lugar a duda de que no hay anomalía ni irregularidad alguna que impida que la Junta de Conciliación emita la toma de nota y la dirigencia sindical pueda ejercer las funciones de salvaguardar los intereses de los trabajadores de dicho centro de estudios.
Las autoridades universitarias no han reconocido al nuevo comité del sindicato y señalan que la única dirigencia reconocida es la que terminó funciones en julio pasado.
La información más reciente que tenemos es que se pretende llamar a elecciones de manera irregular con el afán de imponer una dirigencia a modo y en contubernio con las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Compañeras y compañeros diputados: los trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, eligieron de manera democrática, abierta y transparente a la dirigencia de su sindicato, siempre en apego a sus disposiciones estatutarias.
La intervención de las autoridades para enturbiar el proceso y negar la toma de nota rompe con los principios democráticos del sindicato y vulneran a la base trabajadora.
Es por ello, que creemos que se debe buscar que le sea otorgada la toma de nota a la dirigencia electa el 13 de julio pasado, que encabeza el ingeniero Marco Antonio Medrano Palazuelos.
Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a otorgar la toma de nota a la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, División Administrativos, electa democráticamente el 13 de julio, y que encabeza el ingeniero Marco Antonio Medrano Palazuelos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2010.
Diputado Herón Agustín Escobar García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a ejercer la facultad de atracción de la denuncia número AP/PGR/DDF/SPE-XXXI/3479/10-08, del 11 de octubre de 2010, e investigar en la Ciudad de México los hechos posiblemente constitutivos de delitos resultantes del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal Emilio Serrano Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Consideraciones
Es evidente que la actitud irresponsable, miope, tendenciosa, parcial, vacilante e indiferente de algunos de los órganos de la Procuraduría General de la República específicamente de la Subdelegación de Procedimientos Especiales, perteneciente a la delegación en el Distrito Federal de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, instancia ante la que presenté denuncia de hechos presuntamente constitutivos de delitos AP/PGR/DDF/SPE-XXXI/3479/10-08 de fecha 11 de octubre de 2010, en contra del ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar Horcasitas y/o quien resultara responsable por los terribles y vergonzosos acontecimientos de la Guardería, ABC, SC, de la ciudad de Hermosillo, Sonora.
Porque, sin duda alguna, dicha persona es un servidor público; que éste, en razón de su empleo, cargo o comisión, tenía obligación de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos; y que por el incumplimiento de su deber, dicho sujeto, de esta forma, propició daños a las personas, lugares, instalaciones, objetos y bienes, y que, por lo mismo existió pérdida o sustracción de objetos que se encontraban bajo su cuidado, su posición de garante respecto al bien jurídico lesionado se acreditaba en virtud de las formas en que se puede colocar un servidor público en tal calidad respecto a diversos bienes: a) la ley, b) el contrato de trabajo y c) orden emitida por personas facultadas para que el garante ocupe ese cargo.
En consecuencia Juan Francisco Molinar Horcasitas, siendo en ese entonces la máxima autoridad administrativa del Instituto Mexicano del Se uro Social incumplió con los deberes jurídicos exigidos por la ley en el otorgamiento, funcionamiento, supervisión del servicio de guarderías operado bajo el sistema de subrogación. Si hubiese cumplido en tiempo y forma sus deberes, se habría evitado con ello la tragedia garantizando la salvaguarda de la vida, salud e integridad de los menores que se encontraban ahí.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de ésta soberanía con el carácter de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorte al titular de la Procuraduría General de la República licenciado Arturo Chávez Chávez para que proceda a ejercer la facultad de atracción prevista en los artículos 73, fracción XXI, de la Constitución y 10 del Código de Procedimientos Penales en el caso de la denuncia AP/PGR/DDF/SPE-XXXI/3479/10-08, de fecha 11 de octubre de 2010, y se investiguen en la Ciudad de México, Distrito Federal, los hechos posibles constitutivos de delito resultantes del incendio de la guardería ABC, SC, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.
Diputado Federal Emilio Serrano Jiménez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se solidariza con los 51 connacionales sentenciados a muerte en Estados Unidos de América, y se exhorta al Ejecutivo federal a realizar una revisión integral de sus políticas y programas de protección de los derechos humanos de los migrantes en ese país, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propone a la honorable asamblea como de urgente y obvia resolución la aprobación de la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente
Exposición de motivos
1. La LIX Legislatura del Congreso del estado de Jalisco aprobó el 10 de junio de 2010, entre otras acciones, un exhorto a los congresos estatales y al Congreso de la Unión para que se solidaricen con 51 connacionales condenados a muerte en Estados Unidos.
2. La Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados remitió a la Comisión de Derechos Humanos, los días 5, 13 y 14 de octubre del año en curso, los acuerdos aprobados por los Congresos de los estados de Quintana Roo, San Luis Potosí e Hidalgo, respectivamente, para que la Cámara de Diputados manifieste la solidaridad que se requiere para los 51 connacionales condenados a muerte en Estados Unidos.
Los hechos que motivan esta proposición con punto de acuerdo son los mismos que originalmente condujeron al acuerdo del Congreso de Jalisco; varios de los cuales retomamos de manera textual a continuación.
1. El nueve de enero de 2003 el gobierno federal, interpuso demanda en contra de los Estados Unidos de América ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, aduciendo violaciones al artículo 36 de la Convención de Viena, al omitirse informar a los detenidos sobre su derecho de comunicarse con los consulados mexicanos, figura jurídica que dentro del Derecho Internacional se conoce como la “Garantía de Asistencia Consular”, en relación a 51 ciudadanos mexicanos que fueron condenados a muerte por ilícitos cometidos en los estados de Texas, Oklahoma, California, Ohio y Oregón.
2. La Corte Internacional de Justicia de la Haya ordenó el día último de marzo de 2004 a los Tribunales de los Estados Unidos de América, revisar los casos de 51 mexicanos condenados a muerte, al comprobarse la violación al artículo 36 de la Convención de Viena, que como se mencionó con antelación garantiza el derecho de asistencia consular.
3. Con motivo de la Resolución de la Corte Internacional de la Haya, la Casa Blanca el jueves 1o. de abril de 2004, informó que realizaría una revisión muy cuidadosa de la sentencia no vinculante, señalando el portavoz Mac Clelam que, “Es un dictamen muy completo, hay muchos asuntos qué encara el fallo, así que estaremos haciendo una revisión muy cuidadosa”.
4. El equipo legal que representó a México en la Haya expresó su confianza en que el Gobierno de los Estados Unidos de América, cumpla con el mandato de la Corte Internacional de Justicia, aunque no se descartó recurrir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en caso de incumplimiento.
5. Dicha resolución involucraba a 51 mexicanos condenados a muerte que se encontraban sentenciados en los Estados Unidos de América, en donde se pronunciaba la Corte Internacional de la Haya por la revisión y reconsideración a las sentencias de nuestros connacionales, ajustándose la resolución al marco jurídico de la Convención de Viena, siendo esto un hito en los anales del derecho internacional al resolverse por unanimidad en contra de los Estados Unidos de América, el fallo internacional, al advertir el incumplimiento al derecho de asistencia consular de nuestros connacionales.
Todos los estados miembros de las Naciones Unidas, tenemos la obligación de, más allá de un compromiso moral, dar cabal cumplimiento a los instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos de las personas, sin distinción de ningún tipo, en virtud de que estamos ceñidos al contenido, alcance y cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en cuyos considerandos se establece que “los estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre”.
Tanto México como Estados Unidos tenemos, como estados miembros de las Naciones Unidas, la obligación internacional de respetar y garantizar los derechos humanos en la administración de justicia. Por lo que, además de la sujeción que tenemos a la Corte Internacional de la Haya, nos encontramos sujetos a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, cuyo instrumento incluye el derecho de asistencia consular que permitiría, sin lugar a dudas, un procedimiento justo a nuestros connacionales.
Nuestro país, como estado que aspira a ser garante de los derechos humanos, debe velar por el respeto a tales derechos, no sólo de aquellas personas que se encuentran en nuestro país, sino también de aquellas que para obtener una mejor calidad de vida cruzan nuestras fronteras.
Por lo que nosotros, como Cámara de Diputados, atendiendo la reflexión que nos demandan los Congresos estatales, debemos externar nuestro interés y preocupación por el desacato del gobierno de Estados Unidos a la sentencia dictada por la Corte Internacional de la Haya, el 31 de marzo de 2004, relativa a la falta de asistencia consular de nuestros connacionales sentenciados a muerte.
En los casos que nos remiten los congresos locales, resulta preocupante la falta de atención que el gobierno estadunidense ha tenido a la sentencia emitida por la Corte Internacional de la Haya. Pero tampoco podemos olvidar que como Estado mexicano hemos asumido cabalmente durante muchos años, el respeto absoluto a los principios de la libre determinación de los pueblos y el de la no intervención, los cuales nos han permitido mantener una sana convivencia con la comunidad internacional, basada en el respeto mutuo y en la cooperación entre naciones.
La Cámara de Diputados no puede más que sumarse a las peticiones de los congresos estatales, subrayando el exhorto que se hace al Poder Ejecutivo para que, en caso de que persista la negativa de Estados Unidos a revisar los casos de los sentenciados a muerte, nuestro gobierno acuda a las instancias superiores de la ONU a hacer valer los principios consagrados en los instrumentos internacionales que hemos suscrito.
En virtud de lo anterior, someto a esta honorable asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo como de urgente y obvia resolución, en los términos siguientes
Acuerdos
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respondiendo al exhorto hecho por el Congreso del estado de Jalisco, se solidariza con los 51 connacionales que se encuentran sentenciados a muerte en Estados Unidos.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que recurra al Consejo de Seguridad de la ONU por el incumplimiento de Estados Unidos a la resolución dictada por unanimidad por la Corte Internacional de La Haya, el 31 de marzo de 2004, relativa a los 51 mexicanos sentenciados a muerte.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal para que realice una revisión integral de las políticas y programas de protección a los derechos humanos de los migrantes mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, con el propósito de que se respeten de manera absoluta sus derechos humanos.
Cuarto. Comuníquese el presente acuerdo a las legislaturas estatales, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a la Cámara de Senadores, para los efectos legales que correspondan.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.
Diputado Rubén Moreira Valdez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para que la Segob cumpla las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el pago de la indemnización a las víctimas de los casos Campo Algodonero, Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, integrantes de diversos Grupo Parlamentarios de la LXI Legislatura, proponemos a la honorable asamblea como de urgente y obvia resolución la aprobación de la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
Para que la responsabilidad del Estado por violación a derechos humanos sea determinada, deben concurrir los tres siguientes elementos: a) acción u omisión del Estado; b) que cause un daño y que vulnere un derecho humano, y c) una resolución del órgano competente que así lo declare.
México ratificó en 1981 la Convención Americana de Derechos Humanos y no fue sino hasta 1998, que nuestro país reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh). En este sentido, conforme a los artículos 67 de la Convención Americana y 31 del Reglamento de la Coidh –los cuales, para el caso de nuestro país son vinculantes como lo establece el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos– nuestro país acepta y reconoce el carácter inapelable y definitivo de las sentencias emitidas por este tribunal y se obliga a cumplir en todos sus términos y plazos, todas las disposiciones derivadas de cualquier sentencia que esta Corte emita .
El marco jurídico de la responsabilidad de reparar el daño en materia de derechos humanos en México se fundamenta en el artículo 113 constitucional. La reforma a dicho artículo en 2002, tuvo por objeto garantizar el derecho a exigir la responsabilidad del Estado por el actuar de sus representantes y obligar al Estado de establecer un régimen de responsabilidad patrimonial:
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.
Asimismo, en la exposición de motivos de la reforma de 2002 a dicho artículo se señala que:
Estas modificaciones constitucionales permitirán desarrollar más adelante, a través de una ley reglamentaria de la materia, un sistema de responsabilidad directa y objetiva del Estado, en mérito de la cual se reconocería la obligación de éste de resarcir los daños y perjuicios que cause a los particulares, cuando éstos no tengan la obligación jurídica de soportarlos y, al mismo tiempo, impulsar la eficiencia y el control de las actividades en su conjunto.
La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado (LFRPE) fue expedida en 2004 como reglamentaria del segundo párrafo del artículo 113. Esta Ley, fija las bases y procedimientos para reconocer el derecho de las victimas de daños a la indemnización, (como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado); y establece en su artículo 2o. que, en materia de indemnización, será aplicable “para cumplimentar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos...”
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) tiene la partida de gasto 394 (antes 3904) denominada “Sentencias y resoluciones judiciales” y se describe como “Asignaciones destinadas a cubrir el pago de obligaciones o indemnizaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente”. Esta partida, atiende específicamente lo que dispone el artículo 5o. de la LFRPE, a saber:
Los entes públicos federales cubrirán las indemnizaciones derivadas de responsabilidad patrimonial que se determinen conforme a esta Ley, con cargo a sus respectivos presupuestos.
Los pagos de las indemnizaciones derivadas de responsabilidad patrimonial se realizarán conforme a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente, sin afectar el cumplimiento de los objetivos de los programas que se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En la fijación de los montos de las partidas presupuestales deberán preverse las indemnizaciones que no hayan podido ser pagadas en el ejercicio inmediato anterior, según lo dispuesto en los artículos 8 y 11 de la presente ley.
Todo lo anterior nos permite dar sustento jurídico y legal al carácter vinculante de las sentencias que condenan al Estado mexicano y lo obligan a cumplir –en todos sus términos– sus disposiciones, dado que concurren los tres elementos que determinan la responsabilidad del Estado por la violación a derechos humanos y que se describen al inicio de este punto de acuerdo.
De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Corte IDH en los años 2009 y 2010, el Estado mexicano está obligado a cumplir con la reparación del daño por ser responsable internacionalmente de diversas violaciones a los derechos humanos, y ha sido condenado a pagar a las víctimas y a sus familias por concepto de indemnización las siguientes cantidades:
a) Sentencia dictada el 16 de noviembre de 2009 en el caso González y otras (“Campo Algodonero”) versus México
Daño material ....................... US$1`172,600.00
Daño inmaterial ........................ US$383,000.00
Costas y gastos ........................... US$45.000,00
Total .................................... US$ 1’600,600.00
b) Sentencia dictada el 23 de noviembre de 2009 en el caso Rosendo Radilla Pacheco versus México
Daño material ............................. US$13,300.00
Daño inmaterial ........................ US$120,000.00
Costas y gastos ........................... US$25,000.00
Total ......................................... US 158,300.00
c) Sentencia dictada el 30 de agosto de 2010 en el caso Inés Fernández Ortega vs México
Daño material ............................... US$5,500.00
Daño inmaterial .......................... US$87,500.00
Costas y gastos ........................... US$25,000.00
Total ........................................ US$118,000.00
d) Sentencia dictada el 31 de agosto de 2010 en el caso Valentina Rosendo Cantú vs México.
Daño material ............................... US$5.500,00
Daño inmaterial .......................... US$60.000,00
US$10.000,00
Costas y gastos ........................... US$25,000.00
Total ........................................ US$100,500.00
Monto en dólares estadounidenses US $ 1`977,400.00
Monto en pesos mexicanos..... $ 24’717,500.00
(*Tipo de cambio: $12.50 MN = $1.00 USD)
Al ser condenado el Estado mexicano, la obligación de responder se hace efectiva para los tres ámbitos del gobierno federal. De ahí que el Poder Legislativo esté sujeto a la obligación de realizar las gestiones necesarias para asegurar que sean pagadas íntegramente las indemnizaciones a las víctimas y a sus familias y evitar con ello, una nueva re-victimización que no puede ser tolerada por esta Soberanía. Asimismo, el Estado mexicano deberá cubrir las cantidades líquidas devengadas por sentencias que eventualmente se emitan por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo sería una resolución condenatoria en el caso de los señores Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García (“Campesinos Ecologistas”).
Por lo expuesto, ponemos a su consideración la siguiente propuesta de
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a efecto de que, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2011, considere la asignación de $24’717,500.00 (veinticuatro millones setecientos diecisiete mil quinientos pesos moneda nacional) a la Secretaría de Gobernación en la partida de gasto 394, (antes 3904) denominada “Sentencias y resoluciones judiciales” que se describe como “asignaciones destinadas a cubrir el pago de obligaciones o indemnizaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente”, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que se refiere al pago de la indemnización a las víctimas de los casos Campo Algodonero, Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.
Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Filemón Navarro Aguilar, Mario Moreno Arcos, Vidal Llerenas Morales, Javier Corral Jurado, Jesús Alberto Cano Vélez (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Salud federal y locales a implantar campañas preventivas, integrales y estratégicas permanentes para abatir la obesidad y el sobrepeso, a cargo del diputado Rodrigo Reina Liceaga, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe Rodrigo Reina Liceaga, diputado federal de la Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo sustentado en las siguientes
Consideraciones
México ocupa el segundo lugar en obesidad después de Estados Unidos de América. El exceso de peso corporal (sobrepeso y obesidad) y sus complicaciones constituyen uno de los retos más importantes de salud pública en el mundo. En México, tan sólo de 1980 a la fecha, la prevalencia de sobrepeso y obesidad se ha triplicado en todas las edades, regiones y grupos socioeconómicos, y continúa creciendo a un ritmo alarmante, lo que ha llevado a nuestro país a ocupar el segundo lugar en obesidad en el mundo.
El sobrepeso y la obesidad ocasionan enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición, como la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, el aumento de triglicéridos y colesterol, algunos tipos de cáncer, etcétera.
Actualmente, 12 por ciento de la población que vive en condiciones de pobreza tiene diabetes y 90 por ciento de los casos se pueden atribuir al sobrepeso o la obesidad. La diabetes representa un gasto repetitivo y de por vida para estas familias.
El costo relacionado con el sobrepeso y la obesidad se ha duplicado en 8 años. En lo referente a la población infantil y adolescente, el aumento del sobrepeso y obesidad durante los últimos años en nuestro país es alarmante, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad se presenta en uno de cada tres niños y en uno de cada tres adolescentes.
En México, más de 4 millones de niños de entre los 5 y 11 años tienen sobrepeso y obesidad. Los estilos de vida de los niños y adolescentes son sedentarios, el 70 por ciento de los escolares no realiza actividad física regular y consume una cantidad de calorías mayor a las recomendadas.
En enero de 2010, la Secretaría de Salud diseña y publica el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, como estrategia contra el sobrepeso y la obesidad.
En febrero de 2010, por acuerdo presidencial, se publica en el Diario Oficial de la Federación, la creación del Consejo Nacional para el Control y Prevención de Enfermedades Crónicas (Conacro), que con la finalidad de asegurar las acciones intersectoriales, incluye a las Secretarías de Salud, de Educación, de Trabajo, de Agricultura, de Desarrollo Social, de Economía y de Hacienda. Actualmente varios estados están creando los propios o asociando estos objetivos a otros de sus consejos existentes.
En agosto de 2010, en Helsinki, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce como caso de éxito la creación de la Conacro y la campaña 5 Pasos, implantada desde 2009 por México, relacionada con el cambio de hábitos, basada en evidencia científica, fácil de entender y posible de aplicar.
Al seno de la Cámara de Diputados en la legislatura LX, se han venido trabajando y propuesto diversas iniciativas relacionadas con la prevención de la obesidad debido a la relevancia en la agenda del tema.
Considerando el informe sobre la obesidad y la economía de la prevención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el cual señala que una estrategia efectiva de prevención debe combinar fuerzas complementarias, con enfoques poblacionales, destinadas a distintos grupos de edad y a los determinantes de la obesidad; focalizando el cambio de hábitos como centro de la estrategia y combinando la educación en salud, campañas de promoción de la salud, la reglamentación gubernamental, medidas físicas y enfoques individuales como la consejería de los médicos familiares en estilos de vida, para contar con una solución más asequible y rentable. Así pues, debe contarse con una estrategia integral que es mucho más efectiva que las acciones aisladas.
Asimismo, en materia de costo-efectividad, el informe de la OCDE señala que una estrategia comprensiva de prevención evitaría en México 55 mil muertes por enfermedades crónicas, teniendo un costo de 12 dólares per cápita.
De esta forma, es de relevancia señalar que México lleva adepto desde 2004 la estrategia mundial sobre alimentación saludable, actividad física y salud para la prevención de enfermedades crónicas, estrategia emitida por la Organización Mundial de la Salud.
Considerando que es necesario mejorar la educación de la población con respecto al tema de la obesidad y el sobrepeso y en cumplimiento de las metas estratégicas del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, es importante contar con estrategias y herramientas adecuadas de comunicación social que proporcionen mensajes clave a los ciudadanos.
A fin de hacer congruente la estrategia de sobrepeso y obesidad, y las acciones que de ella se han derivado y han sido impulsadas por la Secretaría de Salud, se hace necesario el fortalecimiento de diversas acciones, para obtener un mayor impacto en la población.
Informar a la población sobre las propiedades nutrimentales de los alimentos y bebidas, y su contenido de carbohidratos, proteínas, sodio, grasas (totales, saturadas y trans), vitaminas y minerales, con la finalidad de disminuir el consumo de alimentos ricos en éstos, al tiempo de impulsar el consumo de agua simple potable sobre otras bebidas y fomentar la actividad física.
Las campañas de prevención contra la obesidad y el sobrepeso deben de focalizarse en el tema de cambio de hábitos y no solo en la pérdida de peso, ya que esto último ha demostrado ser temporal y con efectos de rebote en el mediano plazo, no aportando a la mejora de estilos de vida. El cambio de hábitos se logra a través de una mejor información, educación y comunicación, la abogacía, regulación y corregulación, así como actividades de investigación y monitoreo que nos permitan reorientar acciones. Todo lo anterior debe tener una base con evidencia científica, ser fácil de entender y posible de aplicar.
Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a las Secretarías de Salud del gobierno federal y de las entidades federativas a implantar de manera permanente campañas de carácter preventivo, integral y estratégico a fin de abatir la obesidad y el sobrepeso.
Segundo. Se tomen las medidas necesarias para asegurar los recursos financieros, para que estas campañas puedan incluirse en los planes estratégicos de desarrollo de los diferentes niveles de gobierno.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.
Diputados: Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), Marco Antonio Benítez Lucho (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín, José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Oralia López Hernández, Fernando Morales Martínez, Ana Elia Paredes Arciga (rúbrica), Laura Piña Olmedo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras, Malco Ramírez Martínez (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Sergio Tolento Hernández, Alicia Elizabeth Zamora Villalva (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales, Felipe Borja Texocotitla, Yolanda de la Torre Valdez, Olga Luz Espinosa Morales, Leandro Rafael García Bringas, Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a resolver la improcedencia del cobro por contratación de instrumentos financieros de cobertura hecha por Gas Natural de Juárez, SA de CV, a cargo de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del PAN
María Antonieta Pérez Reyes, diputada de Chihuahua a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
Ciudad Juárez es actualmente una comunidad sitiada. A la amenaza permanente de los delincuentes organizados y de los no organizados se han sumado empresas y dependencias proveedoras de servicios básicos que, alejadas de su objetivo primordial, se han dedicado a aumentar la angustia social y económica en que viven miles de juarenses. En mi ciudad es ahora impensable vivir; es imposible disfrutar de ella.
En esta ocasión expondré sólo uno de los agravios, uno de los grandes abusos contra la economía local: los elevadísimos precios del gas natural distribuido por el monopolio Gas Natural de Juárez.
Derivado de un contrato de cobertura calculado y contratado por la empresa Gas Natural de Juárez, la ciudad para desde 2008 precios altísimos por el energético, en comparación con los precios internacionales. Durante este periodo hemos pagado el doble y el triple del precio por el consumo de gas natural. A enero de 2010 se estima que la afectación económica por sobreprecio del energético ha mermado a los usuarios menores y mayores en un monto que rebasa 450 millones de pesos.
Empresas han pagado acumulado en los últimos dos años hasta 12 millones de pesos en sobreprecio, modestas casas de familias han generado recibos de hasta 10 mil pesos en un mes de invierno. El monopolio gasero, ante la desesperación y enojo de sus clientes, se dedica a organizar rifas y torneos, ignorando y exhibiendo su falta de sensibilidad social.
El invierno golpea de manera severa la región, una zona donde anualmente se presentan muertes provocadas por las bajas temperaturas. La economía familiar y comercial continúa deprimida por la situación extraordinaria y trágica que vive la comunidad. Como si esto fuera poco, enfrentaremos nuevamente los próximos cuatro meses invernales con la angustia de decidir entre calentarnos con gas natural o comer, usar este energético o pagar la renta de la casa, sufrir el frío inclemente o buscar energéticos alternos.
El contrato de cobertura que autorizó precios fijos calculados de manera equivocada y unilateral debe cancelarse porque viola, entre otros, los derechos y las garantías de los usuarios del energético.
El 30 de septiembre de este año un grupo de usuarios menores afectados presentamos ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE) un escrito para solicitar la declaración de improcedencia del contrato de cobertura en mención.
Por lo señalado, varios juarenses acudimos el 30 de agosto del presente año a la CRE para solicitar que se pronuncie respecto a la improcedencia del concepto de cobro correspondiente a la contratación de los instrumentos financieros de cobertura hecha por Gas Natural de Juárez, SA de CV.
La Ley Federal de Procedimiento Administrativo señala un plazo máximo de cuatro meses para emitir, en este caso la CRE, una resolución. Pero dada la gravedad de la coyuntura que viven miles de familias y de empresarios en Ciudad Juárez, solicito a esa comisión que resuelva cuanto antes.
Por lo expuesto y fundado en los puntos anteriores, la suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, somete a consideración del pleno la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a resolver cuento antes la solicitud formulada por un grupo de usuarios del servicio de gas doméstico de Ciudad Juárez, Chihuahua, a efecto de que se declare la improcedencia del concepto de cobro correspondiente a la contratación de los instrumentos financieros de cobertura hecha por Gas Natural de Juárez, SA de CV, que fue autorizado por dicho órgano administrativo en la resolución número RES/200/2003, de fecha 1 de octubre de 2003.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2010.
Diputada María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica)
A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a solicitud del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar
El que suscribe Jaime Arturo Vázquez Aguilar, diputado de la LXI Legislatura al Congreso de la Unión y diputado sin partido, con fundamento en lo que disponen los artículos 21 y 87 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicitó a esta honorable presidencia que, en ejercicio de sus facultades, tenga a bien excitar a la Comisión de Educación y Servicios Educativos para que presente los dictámenes relativos a la minuta remitida por el Senado de la República por el que se expide la Ley del Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación, y los dictámenes correspondientes de las iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario del PT de la LX Legislatura, los diputados María Gabriela González Martínez y Alejandro Landero Gutiérrez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, y la diputada Guillermina López Balbuena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, todas con respecto a la expedición de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, por haber transcurrido el plazo reglamentario que tiene la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictaminar los proyectos de decreto sometidos a su consideración, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. Con fecha del 6 de abril de 2006, el Senado de la República remite a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la minuta por el que se expide la Ley del Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación y del Sistema Educativo, mediante el cual se reforma la Ley General de Educación y se reforma la Ley federal de las Entidades Paraestatales, cuyo objetivo es crear el Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación y el Sistema Educativo; asimismo que Instituto Nacional para la Evaluación Educativa sea un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica, de gestión y presupuestaria.
La minuta que crea el Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación y el Sistema Educativo, fue turnada a la Comisión de Educación y Servicios Educativos, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su opinión.
Segundo. El 28 de septiembre de 2006, los diputados Ricardo Cantú Garza, Jaime Cervantes Rivera, Rubén Aguilar Jiménez, Rodolfo Solís Parga, Abundio Peregrino García, María Mercedez Maciel Ortiz, Santiago Gustavo Pedro Cortés, Félix Castellanos Hernández, Pablo Leopoldo Arreola Ortega, Joaquín Humberto Vela González, Anuario Luis Herrera Solís, Rosa Elia Romero Guzmán, Silvano Garay Ulloa, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LX Legislatura, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley que crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 1
La iniciativa expide la ley que crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como un organismo público autónomo, de carácter técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la ciudad de México, que podrá establecer oficinas en cualquier lugar de la república.
La iniciativa plantea que el instituto tendrá por objeto ofrecer a las autoridades educativas de naturaleza federal y locales, así como al sector privado, las herramientas idóneas para hacer la evaluación de los diferentes elementos que integran sus correspondientes sistemas educativos. Será objeto de los programas, servicios y acciones del instituto la educación de tipo básico, en sus niveles de preescolar, primaria y secundaria y la de tipo medio superior de bachillerato o profesional, tanto en modalidad escolar, en escuelas públicas y privadas, urbanas y rurales, como en las modalidades no escolarizada y mixta, incluyendo la educación para adultos, la educación especial, la indígena y la comunitaria. La educación superior no será objeto de la actividad del instituto.
Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de Cámara de Diputados para ser dictaminada y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su opinión.
Tercero. Con fecha del 19 de abril de 2007, los diputados María Gabriela González Martínez y Alejandro Landero Gutiérrez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a efecto de que el instituto sea un organismo descentralizado del estado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa. 2
La iniciativa propone convertir al Instituto Nacional de Evaluación Educativa en un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, operativa y administrativa. Asimismo, prevé establecer el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que tiene por objeto coordinar las acciones de evaluación educativa entre los distintos ámbitos de gobierno de la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal, municipios y entidades paraestatales para la buena cooperación y aplicación de los instrumentos que al efecto consideren pertinentes.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, para ser dictaminada y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su opinión
Cuarto. El 25 de septiembre de 2008, la diputada Guillermina López Balbuena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Educación; y expide la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 3
La iniciativa pretende: 1) modificar el sistema educativo nacional para que sea promotor y creador de innovaciones, rinda cuentas de su desempeño y atienda la demanda de educación con equidad y solidez académica; 2) reformar planes de estudio y proporcionar el diseño de mejores prácticas para la enseñanza y la investigación; 3) cambiar los sistemas de formación y actualización del magisterio; 3) impulsar a la ciencia y la tecnología; 4) evaluar el aprendizaje, la preparación y las habilidades con las que salen los alumnos de su proceso educativo; y, 5) instaurar el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y Educación Pública y Servicios Educativos de Cámara de Diputados para su dictaminación, y a la Comisión Presupuesto y Cuenta Pública de Cámara de Diputados, para su opinión.
Quinto. Está por concluir el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la LXI Legislatura, sin que se presentaran los dictámenes correspondientes de las comisiones de Puntos Constitucionales, y Educación Pública y Servicios Educativos, con las opiniones correspondientes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados, pendientes desde la LX Legislatura, por lo que es necesario que se analicen, discutan y dictaminen tan importantes iniciativas con proyectos de decreto y minuta.
Consideraciones
1. Al reconocer el papel privilegiado de la evaluación como una herramienta para lograr elevar la calidad de la educación en el país, el Programa Nacional de Educación 2001-2006, propuso la consolidación de un sistema de evaluación, como eje fundamental de la política educativa. Mientras que en el Programa Sectorial 2007-2012, plantea, entre otros objetivos, elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo.
El 7 de agosto de 2002, el Ejecutivo federal consideró como una prioridad de la política educativa mexicana la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con la tarea primordial de ofrecer a las autoridades educativas y al sector privado herramientas idóneas para la evaluación de los sistemas educativos, en lo que se refiere a educación básica (preescolar, primaria y secundaria) y media superior.
De igual forma, prevé la colaboración con la Secretaría de Educación Pública en las evaluaciones que ésta deba realizar respecto del sistema educativo nacional, así como para la fijación de los lineamientos generales conforme a los cuales las autoridades educativas locales deban evaluar sus respectivos sistemas educativos.
Las funciones del instituto se desarrollan en tres subsistemas básicos: de indicadores de calidad del sistema educativo nacional y de los subsistemas estatales; de pruebas de aprendizaje, y de evaluación de escuelas. Desde su creación a la fecha, las acciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa han incidido en la toma de decisiones en materia educativa.
De acuerdo con el artículo 3o. del decreto de creación del INEE, corresponde a éste desarrollar un sistema de indicadores de la calidad del sistema educativo nacional, apoyar la realización de evaluaciones nacionales del aprendizaje de los alumnos; desarrollar modelos para la evaluación de las escuelas; apoyar la extensión de la evaluación en las entidades federativas y la evaluación de programas y proyectos prioritarios, diseñar instrumentos y sistemas de evaluación; impulsar la cultura de la evaluación, difundir los resultados y desarrollar acciones de capacitación; realizar investigaciones en la materia; representar a México ante los organismos internacionales de evaluación educativa y coordinar la participación del país en los proyectos internacionales al respecto.
2. Sin embargo, en la actualidad se han privilegiado la aplicación de las pruebas a los alumnos, descuidando la evaluación de las escuelas como unidades orgánicas, la del sistema educativo como tal y la de otros actores y elementos de dicho sistema.
Por ello, es necesario avanzar en el establecimiento de instrumentos de evaluación eficientes y modernos para analizar la pertinencia de la política educativa, la capacitación y superación profesional, la competencia de las autoridades, la inversión en infraestructura y equipamiento tecnológico, a efecto de mejorar las condiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje y obtener indicadores para corregir el rumbo.
La evaluación es un elemento fundamental para dar respuesta a la creciente demanda social de información, para objetivar el debate educativo y para anotar sobre bases sólidas los procesos de toma de decisión. La evaluación suministrará una información muy valiosa para elaborar planes de mejora del sistema educativo.
No hay que olvidar que un buen sistema de evaluación ofrece una plataforma adecuada para tomar decisiones sobre las estrategias que coadyuven a alcanzar los objetivos y fortalecer la calidad de programas y escuelas. Asimismo, es un instrumento central para que los padres de familia y la sociedad conozcan la calidad de la educación que se imparte y hagan efectivo, con mayor información, su derecho a la rendición de cuentas.
Compartimos la visión de que si no hay evaluación no hay calidad en la educación.
3. Debido a la naturaleza creadora del instituto, que actualmente depende de la SEP, es menester señalar, que aún y cuando existe un significativo avance en la evaluación educativa del país, no podemos dejar de precisar que el hecho de que el instituto no cuente con una autonomía plena, demerita la fortaleza en sus trabajos. Cabe recordar que sin autonomía no hay credibilidad en los resultados, se rompe el principio de que no se debe ser juez y parte en los procesos de evaluación.
Por ello, es impostergable analizar, discutir y dictaminar las diferentes propuestas para que el INEE se convierta en un órgano público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, o en su caso un organismo descentralizado del estado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, operativa, administrativa y financiera, a efecto de que pueda cumplir con mayor eficacia con los objetivos y metas trazadas y coordinar un Sistema Nacional de Evaluación que permita evaluar el proceso educativo con indicadores más objetivos y transparentes.
El INEE debe evolucionar y avanzar de acuerdo a las necesidades del sistema educativo nacional, debe representar una instancia válida y confiable, y lograr dar respuesta a las demandas de una sociedad mexicana que pugna por una educación de calidad.
4. De aprobarse las reformas se logrará una evaluación precisa de todos los elementos que componen al sistema educativo mexicano y se dará un paso importante para mejorar y replantear las acciones de la política educativa nacional.
Corresponde a la Cámara de Diputados retomar el debate para mejorar las funciones y atribuciones del INEE, la intención de abordar con seriedad y eficacia esta causa, que a diferencia de la mayoría de los temas nacionales ha causado amplios consensos entre todas las fuerzas políticas, en ámbito académico y en amplios sectores sociales.
Es indispensable buscar cambios que apunten en la dirección correcta para construir el México de los próximos 50 años. La calidad educativa demanda criterios de eficiencia y eficacia. Ésta es una oportunidad histórica, y está en nuestras manos empezar a pensar en una educación de calidad, en donde todos los actores seamos responsables y generosos en la construcción de mejores políticas educativas, en el corto, mediano y largo plazo.
Por lo anteriormente expuesto, y habiéndose cumplido el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de las atribuciones que me confiere la ley, y por considerar impostergable el análisis, discusión y aprobación de la minuta y proyectos de decretos, me permito solicitarle la propuesta de la siguiente
Excitativa
Primero. Excite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, y que se le remita el presente documento para que dictamine a la brevedad la minuta con iniciativa de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación y del Sistema Educativo, remitida por el Senado de la República el 6 de abril de 2006.
Segundo. Excite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para que dictamine a la brevedad la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LX Legislatura el 28 de septiembre de 2006; asimismo excite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para emitir su opinión.
Tercero. Excite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para que dictamine a la brevedad la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, presentada por los diputados María Gabriela González Martínez y Alejandro Landero Gutiérrez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura el 17 de abril de 2007; asimismo excite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para emitir su opinión.
Cuarto. Excite a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y Educación Pública y Servicios Educativos para que dictamine a la brevedad la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Educación; y expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, presentada por la diputada Guillermina López Balbuena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura el 28 de septiembre de 2008; asimismo excite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para emitir su opinión.
En caso de que las comisiones no presenten los dictámenes respectivos, se proponga un cambio de turno a otras comisiones, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 21, fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Notas
1. Gaceta Parlamentaria, número 2102-1, viernes 29 de septiembre de 2006. (57)
2. Gaceta Parlamentaria, número 2236-IV, jueves 19 de abril de 2007. (666)
3. Gaceta Parlamentaria, número 2599-11, jueves 25 de septiembre de 2008. (2175)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2010
Diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar (rúbrica)