Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos al Programa de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, a cargo del diputado Víctor Roberto Silva Chacón, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados por Chihuahua, integrantes de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción I de los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a efecto de que incluya en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, recursos presupuestales igual o superiores a lo aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal de 2010, con respecto al programa de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, en virtud de las siguientes

Consideraciones

El dotar a los mexicanos de una vivienda digna es un compromiso del Estado mexicano prescrito en el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución que a la letra dicte:

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.

De este modo, el sector público tiene la obligación de organizar un conjunto de acciones y de la creación de instituciones orientadas hacia la dotación de vivienda, especialmente para los grupos de menores ingresos. En efecto, el sector público en los tres órdenes de gobierno ha participado en los últimos 40 años en la provisión de vivienda a distintos grupos de la población a través de tres mecanismos estratégicos: 1) Como constructor directo de viviendas populares a través del Infonavit, Fonhapo y Fovi; 2) Ha creado sistemas de ahorro para la vivienda, inscritos en los distintos esquemas de seguridad social (Seguro Social (IMSS), ISSSTE (Fovissste) y Seguro Social de la Fuerzas Armadas) y, últimamente, 3) Ha promovido a través de la banca comercial, y en acuerdo con constructores privados, programas de financiamiento a la vivienda popular y de interés social.

Sin embargo, en los últimos dos años y como consecuencia de exabruptos económicos en el orden internacional, la economía nacional y principalmente en el ramo de la construcción, ha tenido graves repercusiones a pesar de las medidas anticíclicas impulsadas por el Ejecutivo federal desde mediados de 2008.

Por su parte, el rubro de vivienda en México fue de las actividades más golpeadas por la crisis económica mundial, a su vez de que a la fecha, los sistemas de seguridad social en cuanto a esta prestación se refiere, no ha podido desplegar a plenitud a como se pretendía en los primeros cuatro años de gobierno de la presente administración.

No obstante cabe destacar que el sector habitacional ha venido arrastrando un estancamiento derivado desde la crisis de 1994, donde muchas empresas de la industria de la construcción se descapitalizaron, disminuyeron su actividad y, en el peor de los casos, desaparecieron del mercado. Adicionalmente, la banca de desarrollo dejó de apoyar de manera decidida a los desarrolladores de vivienda con créditos puente.

Tan sólo en términos de referencia el rezago habitacional al que se enfrentó la administración 2000-2006, era de 4 millones 291 mil viviendas, cantidad que se divide en dos segmentos diferentes: por un lado, el de las viviendas nuevas que se necesitan, que ascendían en ese entonces a 1 millón 811 mil unidades; y por el otro lado, las viviendas que requerían rehabilitarse, mantenerse o ampliarse, que eran del orden de los 2 millones 480 mil unidades.

De ahí que en el año 2000 el promedio anual de requerimientos habitacionales por vivienda nueva para nuevas familias (matrimonios) era de 731 mil 584 y el de mejoramiento era de 398 mil 162 unidades por año.

Ante tal situación deficitaria, se asumieron estrategias y medidas que anteriormente estaban dispersas, es decir, se diseñaron instrumentos de coordinación institucional en el sector para articular el mercado, se crearon espacios propicios para la participación ciudadana que permitiera el diálogo entre el gobierno y los diferentes actores que inciden en el sector.

En lo que toca al financiamiento y para resolver la carencia de coordinación interinstitucional, el primer paso dado fue la creación de la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (Conafovi), como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de tal forma que la citada comisión sería la única instancia encargada de diseñar y conducir la política de vivienda y los instrumentos necesarios para su implementación. Posteriormente, se llevó a cabo un importante proceso de reingeniería institucional de los organismos nacionales de vivienda: Infonavit, Fovissste y Fonhapo, lo cual permitió diversas transformaciones en tales organismos para allegarse de más recursos, adicionalmente se integró una política de subsidios y de créditos ahora con la aplicación de esquemas más transparentes, abiertos y modernos de acuerdo a reglas de operación.

Por otro lado, se creó la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), como un nuevo banco de desarrollo habitacional ayudando así a aumentar el financiamiento hipotecario y modernizar el sistema financiero y canalizar recursos adicionales hacia el mercado con origen en el sector privado, sector que a su vez se agrupó en la nueva Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) que junto con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) establecieron la interlocución de los privados con los demás actores del sector.

De manera integradora en la ejecución de las políticas de vivienda, se estableció la suscripción de convenios entre los gobiernos federal y los subnacionales, a fin de simplificar y desregular los trámites relacionados con la obtención de permisos y licencias para la edificación de vivienda. También se estableció un instrumento de coordinación directa entre ambos órdenes de gobierno (Codevisu). También se instaló el Consejo Nacional de Vivienda (Conavi) con la finalidad de ciudadanizar las estructuras gubernamentales y crear espacios de participación social.

En cuanto a la cobertura de los financiamientos por nivel de ingreso, por un lado la banca se reincorporó al mercado hipotecario básicamente para atender a la población de ingresos medios y altos (SHF). Para atender a los segmentos de bajos ingresos, la respuesta institucional fue en el sentido de crear el Fondo Nacional de Apoyo Económico a la Vivienda (Fonaevi) que junto con Fonhapo se encargaron de los programas de subsidios en apoyo a la construcción, mejoramiento y adquisición de vivienda para las familias de menores ingresos.

Con esta reingeniería institucional en la materia, se determinó aprovechar una estructura robusta para la oferta eficaz de créditos con baja dependencia del mercado de capitales, y de los diversos programas y acciones auspiciados por los organismos nacionales de vivienda como Infonavit, Fovissste y Fonapho, planteándose la meta inicial de financiar por lo menos 750 mil viviendas al año hacia 2006, meta anual que debía sostenerse para los posteriores años incluyendo las implicaciones financieras que al Estado le corresponden.

En suma, durante el primer gobierno de la alternancia se otorgaron poco más de 4 millones 144 mil créditos y subsidios –de los cuales el 68 por ciento fue para la construcción de vivienda– con una inversión real para el mismo período (2001-2006) de 732 mil 789 millones de pesos, inversión verdaderamente destacable para una función prioritaria de Estado.

No obstante en el tiempo trascurrido por la presente administración federal (2007-2012), la política de vivienda se ha ejecutado de manera sobria y accidentada, ya que a pesar de que el vigente Plan Nacional de Desarrollo reconoce las necesidades de vivienda de la población en donde estima una demanda de aproximadamente 3.9 millones de viviendas para el mismo número de nuevas familias así como demanda derivada de las necesidades de 2.1 millones de familias ya establecidas, el gobierno federal, hasta la fecha, persiste en crear anquilosados programas burocráticos sujetos a burdas reglas de operación, sin suficiencia presupuestal y sin metas ni objetivos definidos.

Tal es el caso por ejemplo del programa Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, que otorga un subsidio a personas con ingresos de hasta 4 salarios mínimos a la par con un financiamiento para la adquisición, construcción o mejoramiento de vivienda. Este programa en su primer año y medio de operación, otorgó alrededor de 270 mil apoyos; para 2007 se otorgaron poco más de 1 millón 161 mil créditos y subsidios para todos los programas habitacionales con una inversión de 241 mil 183 millones de pesos; para 2008 las cantidades fueron de 1 millón 324 mil créditos y subsidios con una inversión de 281 mil 542 millones de pesos; alcanzando en cada año respectivo, un 2.7 por ciento del PIB.

Cosa contraria ocurrió para el año 2009 cuando los efectos de la aguda recesión internacional, contribuyó para que el gobierno federal, adecuara la programación y ejecución del Presupuesto reconociendo a su vez que el sector inmobiliario era crucial para mitigar los efectos recesivos.

En consecuencia, el gobierno federal implementó –de manera tal vez improvisada– el llamado Pacto Nacional por la Vivienda llevado a cabo por la Sedesol, fijando inicialmente como meta la construcción y mejoramiento de 800 mil casas para ese año y la generación de cerca de 2 millones y medio de empleos en la industria de la construcción con una inversión de 7 mil 400 millones de pesos para el Programa Tu Casa dirigido a dar subsidios a las familias de menores ingresos.

En tanto, el financiamiento total acumulado para vivienda popular para ese año fue de 180 mil millones de pesos sumando los esfuerzos del Infonavit, Fovissste, Conavi, SHF y Fonhapo-Sedesol.

Es de especial atención que en el caso del Infonavit –organismo gubernamental y del sector productivo que funge como el principal promotor de vivienda en cuanto inversión y cobertura se refiere– desde el año 2008, ha registrado montos financieros de operación sin altibajos en comparación con lo asignado en los Presupuestos de Egresos para tal función, ya que si bien depende en una parte del programa de Subsidio a la Vivienda, éste no le es directamente perjudicial en caso de que se disminuya el Fondo debido a que cuenta con mecanismos para compensar la pérdida de recursos a través de las aportaciones patronales, de los trabajadores y de la recuperación de créditos existentes en cartera vencida. 1

Sin embargo, para el ejercicio fiscal de 2011, el gobierno federal pretende disminuir este subsidio (programa de Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda) en 11.9 por ciento al pasar de 5 mil 870.44 a 5 mil 173.30 millones de pesos, es decir, una disminución absoluta de 697.14 millones de pesos en comparación con lo aprobado por la Cámara de Diputados para 2010.

Asimismo, también se observa la misma tendencia con respecto al ramo Desarrollo Social en su vertiente vivienda, donde la disminución es de 9.6 por ciento respecto al gasto aprobado por esta soberanía para el ejercicio de 2010, y es que de los 8 mil 822.1 millones aprobados para este año, el Ejecutivo pretende disminuirlo a 7 mil 975.1 millones de pesos para el siguiente año, es decir, la diferencia en términos absolutos son de 847.1 millones de pesos.

Otro claro ejemplo del retroceso a la inversión de capital en cuanto a vivienda, es el referente a lo proyectado para 2011 a la Conavi, ya que de acuerdo a lo presupuestado por el Ejecutivo, decrecen sus recursos en un 11.36 por ciento al pasar de 5 mil 976.90 millones a, 5 mil 297.81 millones de pesos, lo que significa una disminución de 679.09 millones.

Caso contrario ocurre cuando se analiza el monto propuesto por el Ejecutivo para el ramo de las erogaciones para los programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca en específico el concerniente al pago hipotecario de vivienda, donde se prevé un incremento del 66.3 por ciento para 2011, al pasar de 2 mil 433.90 millones en 2010, de acuerdo a lo aprobado, a 4 mil 046.40 millones según lo propuesto por el Ejecutivo Federal.

En suma, se puede inferir que la diferencia total de las disminuciones para financiamiento y subsidio a la vivienda, ascienden a poco más de 2 mil 223 millones de pesos, los cuales bien servirían para privilegiar prioritariamente el subsidio destinado a las familias para la adquisición de vivienda nueva, puesto que, esta modalidad, es la que realmente permite el crecimiento económico y de empleo para miles de mexicanos. De tal suerte que, de la persistencia del gobierno federal por destinarlos al pago de deuda por el concepto de hipotecas, tal y como anteriormente lo reflejamos, dependerá en gran medida un verdadero impulso a este imprescindible sector económico.

Por consiguiente, que de aprobarse en el próximo presupuesto el monto propuesto por el Ejecutivo federal para la función y subfunción vivienda, así como de los diversos esquemas de financiamiento y subsidio por parte de los diversos organismos encargados para la promoción de vivienda en el país, se truncará en una gran proporción la meta fijada de 6 millones de acciones para la construcción, adquisición o remodelación de vivienda en el sexenio más aun cuando el ramo de la construcción no termina por desplegar sus posibilidades de recuperación.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, a afecto de que incluya en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, recursos presupuestales igual o superiores a lo aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal de 2010, con respecto a la subfunción vivienda, así como de los diversos esquemas de financiamiento y subsidio federal por parte de los diversos organismos encargados para la promoción de vivienda en el país.

Nota

1 El pasado 13 de octubre de los presentes, en el marco de la comparecencia del Director General del Infonavit ante la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, señaló que en menos de diez años se han otorgado 3.8 millones de créditos y que uno de cada cuatro mexicanos vive en una casa financiada por dicho instituto.

Abundó que esos créditos han generado una derrama económica de casi 907 mil millones de pesos, lo que ha contribuido a abatir el rezago habitacional que actualmente tiene el Infonavit, toda vez que, estima, se requieren de por lo menos 13.8 millones de casas para abatirlo en un plazo no menor de 5 años y a lo que precisó también, que únicamente, se atenderán las necesidades que se vayan generando año con año por el crecimiento de la población y la incorporación de trabajadores jóvenes a la base laboral.

En cuanto a las finanzas del Instituto, el compareciente aseguró que se mantienen sanas... que los ingresos totales tienen una tendencia a la alza... que la reducción y control de la cartera vencida se ha logrado con un enfoque social, mediante el apoyo a quien verdaderamente lo necesita y de reconocer a los cumplidos, por lo que pasó de un 21 por ciento en 2000 a un 5.49 por ciento a agosto de 2010.

Finalmente mencionó que las perspectivas para finales de 2010, es que 475 mil trabajadores se conviertan en propietarios... que de octubre del presente año a diciembre de 2012, el Instituto podría otorgar más de 1.2 millones de créditos. Con ello, durante la actual administración federal, se habrían formalizado tres millones de préstamos por este Instituto, generando una derrama económica de un billón de pesos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil diez.

Diputados: Guillermo Márquez Lizalde, Víctor Silva Chacón, Luis Carlos Campos Villegas, Guadalupe Pérez Domínguez, Maurilio Ochoa Millán, Adriana Terrazas Porras, Ana Georgina Zapata Lucero, Alejandro Cano Ricaud, Jaime Flores Castañeda.