Gaceta Parlamentaria, año XIII, número 3131-VIII, jueves 04 de noviembre de 2010


Proposiciones
Excitativas
Efemrides

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir, remodelar y equipar los proyectos culturales de Baja California, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales Sergio Tolento Hernández, Óscar Martín Arce Paniagua, Alejandro Bahena Flores, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Gastón Luken Garza, César Mancillas Amador, Francisco Javier Orduño Valdez, Miguel Antonio Osuna Millán, José Luis Ovando Patrón y Francisco Arturo Vega de Lamadrid, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo con el propósito de que se consideren recursos para la construcción, remodelación y equipamiento de los distintos proyectos culturales en el estado de Baja California para el ejercicio Presupuestal 2011., al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El estímulo y fomento de la creación tanto artística como cultural así como la promoción, preservación y enriquecimiento de los bienes artísticos, culturales y patrimonios históricos con los que cuenta la Nación, son factores fundamentales por los que deben velar los gobiernos.

Las políticas públicas en materia de cultura, deben estar encaminadas a mantener un compromiso profesional que beneficie a toda la sociedad con la promoción y difusión de todo el sector cultural y artístico.

El conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a la sociedad mexicana , sus modos de vida, derechos humanos, sistema de valores, tradiciones y creencias; así como toda manifestación de la creatividad humana, energía generativa de lo humano objetivada en las artes del hacer, la invención, la expresión, cualquiera sea su modalidad, mérito o destino, en función de la diversidad, el bienestar y riqueza de la vida, del desarrollo social, del mejoramiento de la educación, el equilibrio ecológico y territorial, requieren de espacios de difusión

Los modelos de gestión cultural a partir de un principio de corresponsabilidad permiten contar con infraestructura moderna y dotada de tecnología, respetando la tradición de inmuebles de gran valor histórico, además dicha infraestructura debe estar diseñada para ofrecer una alternativa en la educación artística, que multiplicará la oferta para los ciudadanos interesados en los procesos del arte.

Con los proyectos de inversión en Baja California, se pretende estimular la creación artística y cultural con la garantía de que los creadores tengan plena libertad, garantizando que el estado promoverá, difundirá y elevará la presencia del arte y la cultura a través de dichos proyectos, a través de exposiciones, eventos culturales y cinematografía.

La construcción y equipamiento de la unidad Tijuana del Centro Estatal de las Artes de Baja California (Ceart), busca ampliar la cobertura del Ceart con el proyecto de construcción y equipamiento de la unidad Tijuana así, se obtendrá un beneficio para aproximadamente 2,500 alumnos al año en todas las disciplinas y 8,300 personas en actividades artísticas.

La construcción y equipamiento Museo El Caracol, dotará a la sociedad de Ensenada y de nuestra región, particularmente a los niños y jóvenes de “un espacio para disfrutar y crecer descubriendo”; dicha obra consiste en construir un acuario y museo de ciencias en el cual, a través de actividades recreativas, con experimentos y observaciones, se propicie en los niños y jóvenes la curiosidad y el placer de descubrir, que no es otra cosa que recrear en ellos lo que les es propio, innato.

La conclusión y equipamiento de Museo El Trompo que representa un espacio interactivo dedicado a la difusión de la ciencia y tecnología enfocado principalmente a la población infantil de la ciudad de Tijuana, en su conclusión se construirán 2 salas de exhibición, equipamiento, audiorama y el estacionamiento.

La construcción y equipamiento del museo El Ambar, consiste en la construcción de un centro interactivo, el cual en su parte medular tiene cuatro salas para uso de proyección multimedia y una sala para padres. Dicho espacio se basa en la ampliación de la base del conocimiento de la prevención en el uso de las drogas, en que su impacto es inmediato sobre la población estudiantil como mercado cautivo.

Rehabilitar un edificio histórico para la ciudad de Tijuana, como lo es el teatro Zaragoza, el cual requiere remodelación de baños, pisos, butacas, pintura, iluminación, aire acondicionado, acabados, restauración de la fachada principal, el rescate de tan importante recinto, representa un espacio idóneo para la creación, la comunicación, la expresión individual y colectiva, así como para la prestación de los servicios públicos culturales.

La construcción y equipamiento del Centro de Artes Musicales, consiste en una escuela para la enseñanza y desarrollo de alto nivel de las artes musicales la cual cuenta con salones para la teoría y practica del aprendizaje de diversos instrumentos, así la comunidad artística y en general la población que requiera desarrollar talentos musicales, lo podrá realizar en dicha sede lo que garantizará el despertar y desarrollar el potencial en dicha materia.

La plaza 11 de Julio, en Tijuana, que es una ciudad relativamente joven, pretende aumentar los escasos espacios públicos en donde se puedan realizar eventos cívicos, culturales, de recreación a gran escala y que sean identificados por los ciudadanos como un punto de referencia urbana. Es por esto que el se ha decidido construir este proyecto de gran importancia para los Baja Californianos, el cuales vengan a satisfacer la necesidad de espacios en donde se fomente valores, cultura, familia, recreación y vengan a multiplicar el sentido de pertenencia e identidad.

Para garantizar el éxito de algunas de éstas obras estas obras se creó un patronato ciudadano ajeno a los partidos políticos que promueva, mediante la organización, coordinación, difusión y la colaboración activa de organismos ciudadanos con el Gobierno del Estado, así como con instituciones públicas y privadas, la realización de estas magnas obras.

Con la participación de la sociedad, el Patronato 11 de Julio es un grupo no gubernamental y sin fines de lucro, conformado por líderes de la región y de reconocida solvencia moral cuya participación relevante y asesoría oportuna en la ciudad contribuirá de manera significativa al buen desarrollo de los dos proyectos más importantes en infraestructura de la ciudad de Tijuana: El zócalo 11 de Julio y el Bosque de la Ciudad.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de este pleno, los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 60 millones de pesos para la construcción y equipamiento de la unidad Tijuana del Ceart.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 50 millones de pesos para la construcción y equipamiento museo El Caracol, en el estado de Baja California.

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 35 millones de pesos para la Conclusión y equipamiento de museo El Trompo en el estado de Baja California.

Cuarto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 50 millones de pesos para Construcción y equipamiento de la Segunda etapa del museo El Ámbar, en el estado de Baja California.

Quinto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 5 millones de pesos para la restauración y remodelación del teatro Zaragoza, en el estado de Baja California.

Sexto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 30 millones de pesos para la Construcción y equipamiento del Centro de Artes Musicales en el estado de Baja California.

Séptimo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 150 millones de pesos para la Construcción y equipamiento de la plaza 11 de Julio en Tijuana, Baja California.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 4 de noviembre de 2010.

Diputados: Sergio Tolento Hernández, Óscar Martín Arce Paniagua, Alejandro Bahena Flores, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Gastón Luken Garza, César Mancillas Amador, Francisco Javier Orduño Valdez, Miguel Antonio Osuna Millán, José Luis Ovando Patrón, Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para los proyectos de inversión en materia ambiental y de recursos naturales de Baja California, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales Sergio Tolento Hernández, Óscar Martín Arce Paniagua, Alejandro Bahena Flores, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Gastón Luken Garza, César Mancillas Amador, Francisco Javier Orduño Valdez, Miguel Antonio Osuna Millán, José Luis Ovando Patrón y Francisco Arturo Vega de Lamadrid, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo con el propósito de que se consideren recursos para los diversos proyectos de inversión en materia de medio ambiente y recursos naturales del estado de Baja California para el ejercicio presupuestal 2011, lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Baja California enfrenta retos en todos los aspectos de la agenda ambiental, por lo que realiza diversas acciones a través de las cuales impulsa el desarrollo urbano y económico con base en la sustentabilidad; además, atiende temas relevantes que permiten una planeación a largo plazo y promueve la participación corresponsable de los tres órdenes de gobierno y la sociedad.

Convertir la sustentabilidad ambiental en un eje transversal de las políticas públicas es una necesidad que reclama la sociedad, ya que los modelos de desarrollo que no han tomado en cuenta al medio ambiente se manifiestan en problemas de orden mundial como el cambio climático. Baja California se ha sumado a los esfuerzos para lo cual, se han planteado diferentes proyectos de investigación y desarrollo para proponer medidas de mitigación a estos fenómenos en el estado.

Por ello y para enfrentar a esta problemática que nos ha hecho reflexionar sobre la importancia del medio que nos rodea y sobre la necesidad de un cambio de actitud y de participación de los distintos sectores de la sociedad y del gobierno, para la búsqueda de alternativas de solución a dicha problemática, de tal manera que nos permita alcanzar un desarrollo sustentable, es que se plantean los proyectos para ejecutarse en 2011.

Con una inversions de 12 millones de pesos por parte de la federacion, el estudio técnico e infraestructura para el rescate del humedal del complejo de lagunas urbanas de Mexicali, se persigue es brindar las condiciones de un microclima adecuado a los grupos humanos que habitan en el lugar, un ecosistema que contribuya al bienestar de las familias, elevar la calidad de vida de los habitantes y que sea un pulmón necesario en la ciudad.

Además de contar con el recurso de tratar las aguas bajo un sistema confiable de sanidad, brindar seguimiento comprobando y controlando los índices de contaminación, propiciar la infraestructura que debe prevalecer en la zona y llevar a cabo el mantenimiento constante, para evitar su descomposición.

El proyecto del parque ecológico de La Presa, busca asegurar la sustentabilidad de su contribución productiva a la sociedad, estableciendo un sistema efectivo para el manejo participativo y sustentable de los ecosistemas y aprovechamiento en el uso del agua, así como el fomento al deporte.

Provocar una verdadera conciencia respecto al cuidado del medio ambiente en la población de Baja California, contribuir a la creación de una cultura ambiental en la ciudadanía y Posicionar en la conciencia colectiva de la población adulta, infantil y juvenil del estado, por lo que se requieren de 5 millones de pesos para ejecutar dicho proyecto.

La construcción del vivero de ensenada consiste en hacer un invernadero en las inmediaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales de Ensenada con capacidad para producir 700,000 árboles anualmente.

Esto ayudara a promover la una cultura de cuidado y preservación de la vegetación en el estado, llevando a cabo acciones de forestación (jornadas y otros) a un costo muy por debajo del costo actual de 45 pesos por pieza de árbol comprado.

La construcción de los humedales Las Arenitas, pretende mejorar la calidad del agua del efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales Las Arenitas, buscando que la descarga del efluente de la planta de tratamiento al Río Hardy no origine ninguna afectación al ser humano ni a las actividades económicas y sociales que se realizan en el río.

Al término del proyecto se tendrá un humedal artificial de tratamiento de 4.7 hectáreas en desarrollo, incluyendo vegetación emergente y lagunas. Esta área se medirá en campo mediante un levantamiento topográfico y monitoreo de las condiciones de la vegetación emergente.

Con una inversión federal de 8 millones de pesos, para llevar a cabo acciones de adaptación al cambio climático mediante forestación en arreas y espacios urbanos de la ciudad de Mexicali, se busca que sea una acción detonadora para el rescate y mejora espacial ambiental e integración urbana del antiguo cauce del río Nuevo al desarrollo urbano de la ciudad de Mexicali.

La construcción de la segunda etapa del humedal río Tecate bajo la instrumentación de neumáticos de desechos pretende crear un espacio recreativo, educativo y de convivencia para los tecatenses y el resto de los bajacalifornianos, a fin crear espacios 100 por ciento sustentables, garantizando de esta manera el cumplimiento a las encomiendas por parte de la Organización mundial de la Salud (OMS) promoviendo la sustentabilidad del medio ambiente a través de la reutilización de las aguas tratadas del municipio de Tecate, BC, brindando una mejor calidad de vida a los habitantes de la región.

Como éstos, existen 33 proyectos de inversión, los cuales buscan redoblar los esfuerzos de educación ambiental dentro de las áreas, naturales protegidas con que cuenta nuestro país, tomar las medidas necesarias para el tratamiento y control de las plagas y enfermedades que estén afectando la salud y vitalidad de las zonas boscosas, así como planificar la instrumentación de estrategias que contribuyan a la conservación y uso sustentable de los espacios geográficos que funcionan como corredores biológicos transfronterizos de Baja California.

Cabe destacar y es de suma importancia resaltar que la región de Baja California y Sonora, limítrofe con el Alto Golfo de California y la costa Pacifico de Baja California, tienen perspectiva de desarrollo económico a nivel internacional con la serie de propuestas que se vienen realizando como por ejemplo, la construcción de un puerto de altura en Colonet y el consecuente desarrollo de vialidades terrestres y derroteros marítimos, que incrementarán significativamente el desarrollo comercial, industrial y poblacional del noroeste de México.

Para ello, se requiere mayor seguridad a las inversiones y la apropiada dotación de agua y energía para la consecución de un desarrollo armónicamente sustentable. Uno de los aspectos de seguridad que se deben de considerar, es el de riesgo geológico y sísmico.

Esta región es el límite entre las placas Pacífico y Norteamérica y está sujeta a un continuo movimiento tectónico que se manifiesta esporádicamente con la ocurrencia de temblores de hasta 7.0 – 7.8 de magnitud; tal es el caso del temblor ocurrido el pasado 4 de abril de 2010 denominado en el argot científico, el Mayor Cucapah, de magnitud momento Mw=7.2.

Ello provoca la continua y permanente separación de la península de Baja California con respecto al macizo continental norteamericano y que con la construcción de un sistema integrado de sismicidad, subsidencia, suelo, medio ambiente y control de agua, en Baja California como aspecto técnico práctico, deseamos lograr la modernización del sistema de medición de la componente vertical o altura en un contexto geodinámico congruente con la tendencia internacional de la geodesia en este siglo XXI.

Así pues, en esta propuesta se incluyen 10 estaciones que se instalarán en la zona de mayor riesgo sísmico de la región, la cual está asociada a las fallas Imperial y Cerro Prieto y que afecta las poblaciones de Mexicali, BC, y San Luís Río Colorado, Sonora; 10 estaciones mas en el Delta del Río Colorado donde la subsidencia observada a raíz del sismo el Mayor Cucapah provocará cambios ecológicos que deseamos observar y documentar; y 10 estaciones más en el Alto Golfo de California, donde deseamos llevar un control del incremento del nivel de mar con objeto de contrastarlo con mediciones mareográficas tradicionales alrededor del mundo y que proporcionan 1.5 mm por año de incremento en el nivel de mar, y las recientes observaciones por satélite que proporcionan un aumento del nivel del mar del orden de 3.4 mm por año.

En un lapso de lapso de 10 años con las mediciones en el Alto Golfo de California se puede dilucidar esta enorme diferencia de 2 mm por año en la elevación del nivel del mar, ello puede convertir este sitio de observación del nivel del mar en un icono a nivel internacional.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de este pleno los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 161.83 millones de pesos para la inversión en Proyectos de medio ambiente y recursos naturales, en el estado de Baja California.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 20 millones de pesos para la construcción del Sistema Integrado de Sismicidad, Subsidencia, Suelo, Medio Ambiente y Control de Agua, en los estados de Baja California y Sonora.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 4 de noviembre de 2010.

Diputados: Sergio Tolento Hernández, Óscar Martín Arce Paniagua, Alejandro Bahena Flores, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Gastón Luken Garza, César Mancillas Amador, Francisco Javier Orduño Valdez, Miguel Antonio Osuna Millán, José Luis Ovando Patrón, Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para la inversión en las zonas metropolitanas de Baja California, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales Sergio Tolento Hernández, Óscar Martín Arce Paniagua, Alejandro Bahena Flores, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Gastón Luken Garza, César Mancillas Amador, Francisco Javier Orduño Valdez, Miguel Antonio Osuna Millán, José Luis Ovando Patrón y Francisco Arturo Vega de Lamadrid, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo con el propósito de que se consideren recursos para las zonas metropolitanas Del Estado de Baja California para el ejercicio presupuestal 2011, lo anterior, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La inversión en las zonas metropolitanas coadyuva a la ampliación y adecuación de la infraestructura y el equipamiento, de la cobertura de dotación de servicios públicos suficientes y con calidad, lo que permite que las ciudades guarden congruencia con instrumentos de planeación de nivel federal, estatal y municipal, impulsen la competitividad económica y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, incentiven la consolidación urbana, permitan el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas, acrediten su beneficio económico y social, así como la evaluación de su impacto ambiental y amplíen los alcances de Impacto metropolitano.

Evidentemente, en las ciudades se requiere fortalecer el financiamiento público para ordenar las actividades productivas, fomentar la inversión privada y adecuar las infraestructuras, los equipamientos y los servicios públicos que sirven a las zonas metropolitanas.

Con la inversión del Fondo Metropolitano de 172 millones de pesos, la zona metropolitana de las ciudades de Tijuana, Tecate, y Rosarito y de 104 millones de pesos, zona metropolitana de la ciudad de Mexicali, BC, se obtendrá el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico de las ciudades de Tijuana, Playas de Rosarito Tecate y Mexicali.

Con esto se pretende:

• Fomentar la coordinación entre los diferentes actores públicos, privados y sociales a fin de crear acciones que permitan un desarrollo integral.

• El aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico de la ciudad de Mexicali y su Valle, Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate

• Identificar áreas de fortaleza y oportunidad para los municipios.

• Crear instrumentos de planeación, dirección y evaluación estratégica que permita responder con oportunidad al proceso de metropolización.

• Impulsar la planeación de gran visión del municipio.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de este pleno los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 172 millones de pesos para la zona metropolitana de las ciudades de Tijuana, Tecate y Rosarito, en el estado de Baja California.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 104 millones de pesos para la zona metropolitana de la ciudad de Mexicali, en el estado de Baja California.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 4 de noviembre de 2010.

Diputados: Sergio Tolento Hernández, Óscar Martín Arce Paniagua, Alejandro Bahena Flores, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Gastón Luken Garza, César Mancillas Amador, Francisco Javier Orduño Valdez, Miguel Antonio Osuna Millán, José Luis Ovando Patrón, Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir y modernizar infraestructura carretera en Baja California, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales Sergio Tolento Hernández, Óscar Martín Arce Paniagua, Alejandro Bahena Flores, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Gastón Luken Garza, César Mancillas Amador, Francisco Javier Orduño Valdez, Miguel Antonio Osuna Millán, José Luis Ovando Patrón y Francisco Arturo Vega de Lamadrid, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo con el propósito de que se consideren recursos para la construcción y modernización de infraestructura carretera en el estado de Baja California para el ejercicio presupuestal 2011, lo anterior, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La inversión y el desarrollo en infraestructura carretera es fuente generadora de actividad económica para el país, los estados y municipios, además de ser un factor fundamental en la integración de los núcleos poblacionales, comerciales y turísticos de las regiones, con los centros de producción y de consumo al interior del estado y con el resto del país.

La modernización de la red carretera permite eficientar los servicios de calidad, cobertura y accesibilidad, que son factores esenciales para elevar la competitividad de las regiones ya que reduce los costos y tiempos de transporte, facilita el acceso a mercados distantes, fomenta la integración de cadenas productivas e impulsa la generación de los empleos.

Por su ubicación geográfica, Baja California mantiene ventajas de transporte regional comparado con otros estados fronterizos mexicanos, razón por la cual, se requiere que el sistema carretero estatal se modernice, conjuntamente con aquellas estrategias necesarias para prestar un mejor servicio para el transporte de uso particular, de mercancías y de los turistas. Para ello, en los últimos años se han financiado proyectos con este objetivo, como es la ampliación de la carretera a cuatro carriles, Mexicali-San Felipe y de la carretera Tijuana-Tecate, sin embargo, se requiere gestionar una mayor inversión en estos rubros, especialmente donde la actividad comercial, industrial y agrícola lo requieren.

La modernización de la Carretera Puertecitos-Laguna Chapala , con una longitud de 19 kilómetros, beneficiara a más de 150 mil habitantes, esto ya que la comunicación hacia el sur de la península se hace a través de la carretera Transpeninsular, siendo conveniente contar con un eje paralelo por la costa del golfo, que en este caso reduce en 5 horas el tiempo de traslado hacia el sur de la Entidad.

Esto permitirá proporcionar acceso directo y permanente a 20,500 habitantes y dotarlos de manera permanente a los servicios básicos de salud, educación, agua potable, electricidad, drenaje, etcétera, disminuyendo el tiempo de recorrido en un 75 por ciento, obteniendo importantes ahorros en los costos de operación vehicular, además de incrementar notablemente la seguridad de los usuarios

Con la modernización de este camino beneficiara directamente a 20,500 habitantes que habitan en la región del municipio de Ensenada, se mejorará el nivel de servicio, se generarán ahorros en los costos de operación vehicular, se disminuirá el tiempo de recorrido y se incrementará la seguridad de los usuarios, además, se generarán ahorros en el transporte de bienes y productos, coadyuvando al desarrollo económico y social de la región.

Además, se permitirá abatir de manera importante los altos costos de conservación que actualmente requiere este camino, ya que al no tener protegida la superficie de rodamiento, resulta vulnerable en la temporada de lluvias.

Modernización Maneadero-Punta Colonet, con esta obra, se prevé el aumento en las velocidades de operación de los diferentes tipos de usuarios, reduciendo los tiempos de recorrido los costos de operación de los diferentes tipos de vehículos y los niveles de contaminación auditiva coadyuvando también a la baja en la degradación del medio ambiente, además de la posibilidad de hacer las operaciones más seguras para los usuarios al disminuirse la posibilidad de accidentes por maniobras de rebase, esto implica el mejoramiento del nivel de servicio para los usuarios.

Con esta modernización, se pretende dar un buen servicio al tránsito que utiliza el corredor Transpeninsular de Baja California. Lo anterior, contribuirá a impulsar las actividades comerciales, turísticas, agrícolas e industriales de la región.

El proyecto se sustenta también en el desarrollo del Puerto Colonet, como obra prioritaria en los contextos estatal y nacional, así como contribuir a la disminución de los desequilibrios socioeconómicos de la región al apoyar la actividad de los valles agrícolas ubicados al sur de Ensenada.

Modernización Mexicali-San Felipe , después del sismo del pasado mes de abril en la región de Mexicali, las afecciones en las vías de comunicación terrestre, lo que ocasiono cortes al transito entre la ciudad y la zona turística.

El propósito del proyecto de ampliación de la carretera Mexicali-San Felipe es proporcionar una vía acorde a la calidad mundial de los desarrollos turísticos actuales y que cumpla con las expectativas para potencializar el desarrollo turístico del corredor Mexicali-San Felipe-Puertecitos, en términos de incremento en la accesibilidad, la velocidad de viaje y la seguridad percibida por los usuarios de la carretera.

Asimismo se pretende Impulsar el crecimiento del turismo hacia los grandes desarrollos en el área de San Felipe, mejorar la accesibilidad, seguridad y confort de los usuarios provenientes de Tijuana, Tecate, Mexicali y principalmente de Estados Unidos, provenientes de los estados de California y Arizona, atraídos por los grandes desarrollos turísticos en el área de San Felipe.

Modernización Tecate-El Sauzal La puesta en operación de esta obra permitirá mejorar la movilidad de los viajeros de la carretera Tecate-El Sauzal, lo que dará una mejor conectividad entre las localidades de Tecate-Tijuana-Playas de Rosarito y el Valle de Mexicali, del estado de Baja California. Además, se tendrá la infraestructura adecuada para atender los flujos de transporte generados por el puerto de altura de Ensenada.

Este proyecto prevé aumentar las velocidades de operación y reducir los tiempos de recorrido, así como los costos de operación de los diferentes tipos de vehículos, ofrecer comodidad y seguridad para los usuarios al contar con acotamientos lo que dará seguridad a los usuarios al disminuirse la posibilidad de accidentes por maniobras de rebase, mejorando los niveles de servicio.

Con ésta obra, se tendrá la infraestructura necesaria para atender a los flujos de transporte de carga relacionados con las zonas de producción vitivinícolas.

Modernización de la carretera libre Tijuana-Ensenada , Con una longitud de 30 Kilómetros, esta modernización beneficiara a más de 115 mil usuarios de la red carretera del estado de Baja California, ampliando de 4 a 6 carriles en el tramo del Kilómetro 10+000 al 22+00.

La construcción de dos puntos de verificación interna, esta obra incluye accesos, señalamientos y obras complementarias, esto permitirá garantizar al turismo mejores condiciones de vialidad y seguridad, además de transitar en cintas asfálticas de primer nivel, lo que favorece menores tiempos de recorrido.

Construcción del libramiento Ensenada, tramo Sauzal-Avenida Ruiz, con una longitud de 25 kilómetros de vialidad, esta obra beneficiará a 300,000 personas, se realizara la construcción de una vialidad de cuatro carriles de circulación (dos por sentido) del kilómetro 1+750 al kilómetro 25, desde la carretera libre Tecate- Ensenada a la salida a Ojos Negros, incluye accesos, señalamientos y obras complementarias.

Cruce fronterizo El Chaparral. Esta obra es la complementación de la Garita Internacional actual, beneficiando a 500 000 habitantes, donde se realizara la construcción de una serie de acciones compuestas por puentes y vialidades que enlazaran a la ciudad de Tijuana de Manera ágil, así como la readecuación de la Garita de Entrada a México en la zona denominada El Chaparral.

Modernización de la carretera Mexicali-Tecate, ramal rjido Jacume, con una longitud de 8 kilómetros de vialidad, esta obra beneficiando a 75,000 personas, esta obra de modernización de camino rural existente, contempla dos carriles de circulación (uno por sentido), incluye señalamientos y obras complementarias.

Modernización de la carretera libre bulevar Camalu. Con una longitud de 3 kilómetros de vialidad, beneficiando a 175,000 personas, estas obras de Modernización de incluyen camellón central, acotamientos, alumbrado, señalamientos y obras complementarias

Las importancia de la construcción de las carreteras alimentadoras y los caminos rurales constituye la provisión de redes de infraestructura física y de servicios conexos asociados, con ello representan uno de los factores indispensables para el desarrollo de la actividad productiva a fin de crear una mayor conexión del en el estado y de reducir los costos de transacción y transporte locales.

Con una inversión de 1,523.6 millones de pesos, para la inversión en construcción, mantenimiento, ampliación y modernización de las carreteras alimentadoras, permitirán al estado de Baja California, desarrollar actividades que por su gran dinamismo económico se constituyen en pilares fundamentales de la economía de la región. Es por ello la importancia de canalizar las inversiones públicas necesarias para posibilitar el sano desarrollo del sector en beneficio de la población en general.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de este pleno los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 130 millones de pesos para la modernización de la carretera Puertecitos-Laguna Chapala, en el estado de Baja California.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 450 millones de pesos para la modernización de la carretera Maneado-Punta Colonet, en el estado de Baja California.

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 170 millones de pesos para la modernización de la carretera Mexicali-San Felipe, en el estado de Baja California.

Cuarto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 300 millones de pesos para la modernización de la carretera Tecate-El Sauzal, en el estado de Baja California.

Quinto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 40 millones de pesos para la modernización de la carretera libre Tijuana-Ensenada, en el estado de Baja California.

Sexto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 120 millones de pesos para la Construcción de la carretera Tijuana -Tecate entronques Bulevar 2000 y Zona Industrial de Tijuana, en el estado de Baja California.

Séptimo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 400 millones de pesos para la Construcción del libramiento Ensenada; Tramo Sauzal-Av. Ruiz, en el estado de Baja California.

Octavo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 100 millones de pesos para la construcción del cruce fronterizo El Chaparral en el estado de Baja California.

Noveno. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 30 millones de pesos para la modernización de la carretera Mexicali-Tecate, Ramal Ejido Jacume, en el estado de Baja California.

Décimo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 40 millones de pesos para la modernización de la carretera libre bulevar Camalu, en el estado de Baja California.

Undécimo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 1,523.6 millones de pesos para la construcción y modernización de las carreteras alimentadoras y caminos rurales en el estado de Baja California.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 4 de noviembre de 2010.

Diputados: Sergio Tolento Hernández, Óscar Martín Arce Paniagua, Alejandro Bahena Flores, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Gastón Luken Garza, César Mancillas Amador, Francisco Javier Orduño Valdez, Miguel Antonio Osuna Millán, José Luis Ovando Patrón, Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a la Secretaría de Salud, al gobierno de Michoacán, al ayuntamiento de Morelia y a las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a iniciar las actividades necesarias para crear en ésta el hospital universitario, a cargo del diputado José Manuel Hinojosa Pérez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado José Manuel Hinojosa Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaria de Educación Pública y a la Secretaría de Salud Federal, al gobierno del estado de Michoacán, al gobierno municipal de Morelia y a las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, inicien las actividades necesarias para la creación del Hospital Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. En 1540 Don Vasco de Quiroga fundó en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, el Colegio San Nicolás Obispo, con el propósito de formar sacerdotes que lo auxiliaran en la evangelización de los naturales del vasto territorio bajo su jurisdicción.

2. El 1 de mayo de 1543, Carlos I de España expidió una cédula real, en la que aceptaba asumir el patronazgo de dicho colegio y a partir de esa fecha pasaba a ser el Real Colegio de San Nicolás Obispo.

3. En 1580 con el cambio de la residencia episcopal de Pátzcuaro a Valladolid, el Colegio de San Nicolás también fue trasladado y fusionado al Colegio San Miguel Guayangareo, esta nueva sede presentó un gran avance para el fortalecimiento del obispado de Michoacán.

4. A finales del siglo XVII el Colegio de San Nicolás sufrió una profunda reforma en su reglamento y constituciones, que sirvió de base para la modificación al plan de estudios en el que entre otras cosas se incluyeron las asignaturas de Filosofía, Teología Escolástica y Moral.

5. Un real decreto del 23 de noviembre de 1797, concedió a San Nicolás el privilegio de incorporar las cátedras de Derecho Civil y Derecho Canónico a su estructura, sin embargo el movimiento de independencia acaudillado por un selecto grupo de maestros y alumnos nicolaitas, entre los que podemos mencionar a Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos, José Sixto Verdusco, José María Izazaga e Ignacio López Rayón llevaron al gobierno virreinal a clausurarlo. Con esta base el gobernador Melchor Ocampo procedió a su reapertura el 17 de enero de 1847 dándole nombre Primitivo y Nacional Colegio San Nicolás de Hidalgo y, a escasos días de tomar posesión del gobierno de Michoacán, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio logró establecer la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el 15 de octubre de 1917, formada con el colegio San Nicolás de Hidalgo, las escuelas de artes y oficios, la industrial y comercial para señoritas, superior de comercio y administración, normal para profesores y normal para profesoras, medicina y jurisprudencia.

6. En el año de 1920, el gobernador Francisco J Múgica modificó la ley constitutiva y nombró nuevas autoridades entre ellas la rectoría, la cual fue ocupada por el doctor Ignacio Chávez, quien fortaleció esencialmente el programa de enseñanza de medicina.

7. Desde hace más de veinte años, profesores, médicos en formación y autoridades en turno de la comunidad nicolaita han realizado una serie de acciones para la conformación del hospital universitario, el cual está basado en realidades y bien fundamentado en los diferentes marcos tanto legales, económicos, académicos, científicos y políticos, multidisciplinarios y en la relación y coordinación con la iniciativa privada y con órganos gubernamentales y no gubernamentales locales, nacionales e internacionales.

8. La construcción de este hospital universitario surge de la necesidad de elevar el nivel de atención de salud de los habitantes de la ciudad de Morelia y de los michoacanos en general, principalmente en aquellos sectores de la sociedad que por su situación socioeconómica se encuentran carentes de atención medica integral, como es el caso de los universitarios nicolaitas, de los migrantes y de sus familias así como de personas de la tercera edad.

9. Actualmente el estado de Michoacán cuenta con hospitales y clínicas de diversas instituciones, tanto federales como locales, sin embargo, la dinámica de crecimiento de la población ha generado una fuerte demanda de servicios médicos integrales con una insuficiente oferta para su atención, tal es el caso del municipio de Morelia, el cual ha registrado un importante crecimiento poblacional en los últimos años, presentando elevados índices de marginación, a su vez, carece de infraestructura suficiente para atender los requerimientos de salud de sus habitantes, sobre todo si se considera entre otros aspectos la creciente demanda de servicios de salud de la población femenina en edad fértil, la mayor expectativa de vida con aumento de miembros de la tercera edad y no contar con aéreas especificas de gerontología y geriatría entre otros aspectos que hacen necesario un centro de atención hospitalario que complemente a los que actualmente existen.

10. Entre otras de las ventajas de impulsar un hospital de este tipo, es que se puede contar con personal calificado que estará bajo la supervisión de los especialistas calificados tanto a nivel local, estatal, nacional e internacional con los que ya cuenta la universidad, tecnología de punta, entre otras.

11. Aunado a lo anterior, un hospital-escuela será de gran beneficio para la comunidad estudiantil perteneciente a las Facultades de Medicina, Odontología, Enfermería, Químico-Farmacobiología, Psicología, entre otras, toda vez que se podrán abrir campos clínicos de la misma universidad, donde podrán desarrollar sus expectativas de servicio social, internado, especialización y estudios de postgrados, tales como maestrías y doctorados, todo para proporcionar servicios integrados con calidad, calidez, oportunos y con tecnología de punta a la población en general.

12. Por otra parte, se estará contribuyendo a cubrir las expectativas del sector salud en el estado y en México, abatiendo la carga ya existente del Seguro Popular entre otros programas, coadyuvando a las instituciones a través de la creación de la Clínica del Migrante y de los institutos geriátricos, aunado al hecho de que podría ser un ejemplo para el desarrollo de este tipo de centros médicos universitarios en todo el país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaria de Educación Pública y a la Secretaría de Salud Federal, al gobierno del estado de Michoacán, al gobierno municipal de Morelia y a las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, inicien las actividades necesarias para la creación del Hospital Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir la red de alcantarillado sanitario del predio Vista Hermosa, en Martínez de la Torre, Veracruz, a cargo de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Alba Leonila Méndez Herrera, diputada de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

• El servicio público de agua potable y alcantarillado sanitario es indispensable para un crecimiento sostenido con bienestar y calidad de vida, por ello la ampliación de su cobertura beneficia la salud de la población. Llevar el alcantarillado a las colonias populares y comunidades rurales es un compromiso ineludible del Estado, pues se trata de un derecho humano que debe garantizar la disminución de los índices de morbilidad en la población y una vida digna que le permita al ser humano y a la colectividad un desarrollo sustentable.

• La cabecera municipal de Martínez de la Torre ha ido en crecimiento, sobre todo en la zona suburbana donde se asientan familias que vienen de comunidades rurales cercanas y que requieren de los servicios públicos básicos para vivir mejor. Es el caso del predio Vista Hermosa, situado en la periferia, al norte de la ciudad; consta de una superficie de 69 hectáreas divididas en 9 secciones, donde viven 2 mil 800 familias, todas de escasos recursos. Es pertinente señalar que ya cuentan con los servicios de agua potable, energía eléctrica y en algunas zonas con transporte público.

• A pesar del contexto de limitaciones económicas que prevalece en dicho predio, sus habitantes han insistido en la introducción del alcantarillado sanitario, argumentando principalmente que en época de lluvias se inundan, por lo que además del daño que sufren sus viviendas, su preocupación principal es el foco de infección que representa para ellos estas contingencias que pone en riesgo su salud.

• Su lucha por lograr su cometido ha llevado a las familias de Vista Hermosa a buscar la concreción de un proyecto de alcantarillado sanitario, cuyo costo total está calculado en 11 millones 432 mil 398.00 pesos, los que solicitan a esta soberanía se les asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación; lo que como representante del distrito de Martínez de la Torre, me he comprometido a promover. Por ser familias sumamente pobres, solicitan que el monto de la inversión sea aportado en su totalidad por el gobierno federal.

• Los servicios de agua potable y alcantarillado forman parte de los derechos humanos reconocidos en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene como finalidad liberar al ser humano de la miseria para que pueda alcanzar una vida digna y es el fin de esta propuesta: satisfacer las necesidades básicas de los habitantes de Vista Hermosa, municipio de Martínez de la Torre.

Por ello solicito a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Recursos Hidráulicos que asignen recursos para construir esta red de alcantarillado sanitario en la comunidad de Vista Hermosa, municipio de Martínez de la Torre.

Por lo expuesto, someto a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Recursos Hidráulicos, y de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar 11 millones 432 mil 398.00 pesos para la construcción de la red de alcantarillado sanitario del predio Vista Hermosa, municipio de Martínez de la Torre, Veracruz.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputada Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir una alberca semiolímpica en la unidad deportiva de Romita, Guanajuato, a cargo de la diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Cecilia Arévalo Sosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, fracción I, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo

Considerandos

En un mundo ideal, todas las regiones del país contarían con un espacio digno para la realización de diversas disciplinas deportivas. Los dirigentes deportivos siempre están en la búsqueda de inversiones para lograr el desarrollo del deporte con el que se ha asumido un compromiso. Esta inversión se ve limitada por factores económicos, legales, éticos entre otros.

El ingreso proveniente de la federación, es limitado, porque el presupuesto y fondos que destina el estado para el desarrollo del deporte no son suficientes para las necesidades y demandas deportivas que presenta nuestro país.

Estoy clara de que el deporte no es un fin en sí, sino que es un medio para contribuir a la formación integral de los individuos y que eso abone a tener sociedades más sanas y productivas, alejadas también de la delincuencia y las adicciones.

México, tiene talento y la gestión que ha desempeñado el presidente Felipe Calderón Hinojosa en estos años de su administración, se ha venido desarrollando un trabajo de nivel y compromiso con los jóvenes de nuestro país; se están cosechando resultados positivos en el ámbito deportivo.

Pero mi interés como legisladora no es sencillamente obtener resultados deportivos, mi interés es contribuir a la formación de la juventud de forma integral y transversal en nuestro país, abrirles espacios deportivos que les permitan generar alternativas para mejorar su calidad, es una de las aristas en las que tenemos que trabajar; es hacer de la actividad física un modelo de vida para la ciudadanía que la gente tienda a ejercitarse. Esto va a contribuir a la salud de la sociedad de forma general y transversal, que se verá reflejada en los tres niveles de gobierno.

El proyecto de concluir una alberca semiolímpica en el municipio de Romita en el estado de Guanajuato, responde de forma significativa a las necesidades no sólo en materia de espacios deportivos sino también a la recreación de la población en general, principalmente de los jóvenes donde además, se les brinda la oportunidad de interactuar con otras personas así como una alternativa para una mejor forma de vida. Este proyecto fortalece la identidad y orgullo de los ciudadanos del municipio de Romita, respecto a su espacio público deportivo.

Con la rehabilitación de dicha infraestructura se fomenta el deporte y la propia integración de los diferentes grupos sociales, mediante instalaciones públicas de excelente calidad, de tal modo que con el proyecto se logre beneficiar a más de cincuenta mil ciento treinta y dos habitantes por año.

Por ello, considero la necesidad de recrear actividad física y deportiva que de algún modo detona y amplia la oportunidad de desarrollo para la infancia y juventud del municipio de Silao. De esta forma también respondemos a la demanda de los habitantes de ese municipio como representantes del pueblo; se pueden enumerar un sin fin de argumentos para apoyar este proyecto, podemos mencionar que los beneficios más significativos del proyecto en comento son que contribuye a un fin integral de acuerdo a las expectativas actuales de ese municipio, renueva y mejora significativamente un espacio público deportivo ya existente, genera empleos, comercios y mejor forma de vida para los vecinos del municipio el cual, cuenta con ciento cincuenta mil trescientos cuarenta habitantes. El proyecto es integral, significa un trabajo con los padres de familia, con los maestros, con los directores de escuela, con toda la comunidad.

Debe ser prioridad de la sociedad y los gobiernos desarrollar el deporte porque esto significa desarrollar la cultura, valores y educación, y la inversión tiene como principal destino el recurso humano, elemento fundamental del desarrollo de nuestra sociedad.

Espero que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputado se sume a este proyecto de infraestructura deportiva que se desea concluir y poner en camino el municipio de Silao, creo que esto es importante para generar un modelo de vida más sano, además de que redundará en un mediano plazo en la economía del país, en el tema de salud, y además en una sociedad más sana física y culturalmente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que en la discusión, asignación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio de 2011, sea considerado el presupuesto suficiente para la construcción de una alberca semiolímpica para la unidad deportiva municipal en el municipio de Romita en el estado de Guanajuato.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para pavimentación en Río Bravo, Tamaulipas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Norma Leticia Salazar Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que se considere para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 la suficiente asignación de recursos para la pavimentación asfáltica en diversas localidades del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, con base en las siguientes

Consideraciones

Muchas son las ventajas de la inversión en capital sobre el crecimiento de una economía, percibidas por el impulso en la aceleración de la actividad económica que se genera en el corto y mediano plazos, así como por su incidencia en la productividad, y la renta en el largo plazo, por razón de la expansión del crecimiento potencial del país.

Ante ello, resulta indispensable la generación de condiciones para impulsar la atracción de capitales nacionales y extranjeros, lo cual se resume en el nivel de competitividad exhibido por una economía.

Por tanto, cuanto más facilidades e incentivos otorgue el país para crear negocios y generar utilidades, la captación de flujos de capital será mayor, así como los retornos asociados a ésta.

Entre otros aspectos, la provisión de redes de infraestructura física y de servicios conexos asociados con ello representan uno de los factores indispensables para el desarrollo de la actividad productiva a fin de crear una mayor conexión del territorio nacional y de reducir los costos de transacción y transporte nacionales.

Tanto el sector público como el sector privado juegan un papel importante en la creación de infraestructura básica, pues ante la falta de recursos disponibles del gobierno se deben buscar alternativas para lograr la colaboración del sector privado de tal manera que se convierta en parte activa en el desarrollo de obras y servicios públicos.

Una de las características más relevantes de la red carretera nacional es la centralización de su ubicación, pues una elevada proporción de sus carreteras en mejores condiciones y mayor capacidad de transporte confluyen hacia el centro del país, región que a su vez concentra un gran porcentaje de las actividades económicas. No obstante, hay regiones cuyo mercado de producción y de consumo necesita de una mayor conexión para poder impulsar sus actividades, como lo son las zonas con potencial turístico.

La inversión en infraestructura resulta pues indispensable para el desarrollo económico y social de un país, ya que eleva la competitividad de la economía al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas.

La provisión de infraestructura básica y de servicios conexos modernizados toma mayor importancia en una economía con actividades orientadas al comercio exterior, pues permite reducir costos de transporte y de transacción.

Además, la inversión en infraestructura estimula a la industria de la construcción, actividad que incorpora a un elevado número de trabajadores temporales a su nómina, por lo que representa un fuerte impulso para el crecimiento del empleo.

Este es precisamente el caso del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, situado al norte del estado. Su ubicación geográfica representa una alta importancia para el estado fronterizo, ya que comunica a los municipios de Reynosa y Matamoros, dada su colindancia y es vía de paso para los transportes terrestres que se dirigen hacia la frontera con Estados Unidos de América.

El municipio de Río Bravo ofrece una comunicación vía terrestre con transportes colectivos con alta incidencia de accidentes, ya que las vialidades se caracterizan por su innumerable cantidad de baches y topes, que se han ido incrementando por la presencia de lluvias y del paso de transportes pesados.

La pavimentación, reencarpetamiento y bacheo de calles y avenidas, permitirá garantizar a la población en general, la existencia de calles y avenidas por las que se transite fácilmente para dirigirse a centros de trabajo, educativos, comerciales, deportivos o los de otros prestadores de bienes y servicios.

En este sentido, se tiene conocimiento que el ayuntamiento del citado municipio cuenta actualmente con un proyecto ejecutivo que tiene por objeto la pavimentación de diversas localidades del municipio, lo que brindaría atención y un enorme beneficio no sólo a los habitantes de aquella región sino que también fomentaría el desarrollo económico de la entidad y del país, al satisfacer las condiciones básicas necesarias para las actividades productivas a través de una adecuada transportación de personas y mercancías.

Dicho proyecto ejecutivo considera la pavimentación asfáltica de avenidas con un costo aproximado de 72 millones 929 mil 452.00 pesos, motivo por el cual es que se estima que el costo sería relativamente menor al beneficio que brindaría en aquella región del país, considerando los elevados índices de transporte de mercancías y personas que se llevan en el citado municipio.

Es en esta tesitura y tomando en cuenta que parte de los objetivos de la presente administración se encuentra el de asignar un mayor monto del presupuesto al desarrollo de la red carretera nacional, a fin de lograr una mayor conexión del país, que permita impulsar el crecimiento del comercio y de las cadenas productivas de la economía, es que considero que el Poder Legislativo tienen que hacer su parte en lo que hace a la asignación de recursos suficientes que permitan el desarrollo de nuestra red carretera con el objeto de estimular la competitividad de nuestro país y elevar con ello, la calidad de vida de todos los mexicanos.

Por lo expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en la discusión, asignación y adecuación al Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2011, enviado por el Poder Ejecutivo, se considere la suficiente asignación de recursos para la pavimentación de diversas localidades del municipio de Río Bravo, estado de Tamaulipas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir terracería a unidades de producción de Tenabo, Campeche, a cargo de la diputada Yolanda del Carmen Montalvo López, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Yolanda del Carmen Montalvo López, diputada a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 a 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el ejercicio presupuestal de 2011 se consideren recursos suficientes para construir 3 kilómetros de terracería a unidades de producción de la comunidad de Emiliano Zapata y otros 6 a unidades de producción, en Tenabo, Campeche.

Consideraciones

1. Que la transitabilidad permanente de las vías de acceso a las explotaciones agropecuarias productivas es una necesidad inexpugnable para cualquier comunidad o municipio que vive de estas actividades económicas, ya que sólo mediante obras de mejorado y afirmado de la superficie de rodamiento de éstas puede asegurarse el incremento sostenido de la producción agrícola, tanto en cantidad como en calidad, en zonas del territorio provincial con potencialidad productiva postergada.

2. Que a través del establecimiento de efectivos mecanismos institucionales para asegurar la construcción, operación y mantenimiento de las obras de afirmado de caminos de tierra.- Materialización de las obras de estabilización de los suelos en los 3 y 6 kilómetros que forman los tramos objeto de ambos proyectos.- Incorporación de mejoras en la actividad productiva de explotación agropecuaria por lograr independencia de las condiciones climáticas para algunas de las operaciones vinculadas a la producción.

3. Que el área de influencia del proyecto propuesto en el presente acuerdo comprende caminos de producción en Tenabo, municipio que cuenta con aproximadamente 30 productores vinculados a actividades de agricultura, ganadería y de avicultura, según la zona agroeconómica en que se encuentran.

4. Que ambos proyectos pretenden volver transitables 9 kilómetros de caminos de tierra mediante el terraceado para insensibilizarlos a la acción del agua de lluvia, permitiendo su transitabilidad en forma permanente a las unidades de producción. Para lograrlo, se proyecta construir un camino de terracería con una corona de 4 metros.

5. Que el problema de la intransitabilidad de caminos es grave en Tenabo, pues la imposibilidad de comunicación entre los pobladores rurales y los consumidores de sus productos, tanto plantas de procesamiento como agroindustrias, mercados locales, etcétera, ha generado pérdidas para todos los sectores productivos, originando demandas permanentes ante autoridades comunales y provinciales, lo cual pretende solucionarse parcialmente con la ejecución del presente proyecto.

6. Que con las obras propuestas se pretende dar regularidad al transporte de productos desde las unidades de producción hasta las industrias, eliminando de esa forma un motivo de desaliento para los productores por la pérdida de valor del producido debido a la disminución de calidad; asimismo, se impediría la expulsión del circuito productivo de muchos productores avícolas que no cumplen el requisito impuesto por las plantas industriales de poseer acceso permanente. Al mismo tiempo, se promoverá el ingreso a la actividad de muchos otros productores.

7. Que, por otra parte, para hacer más efectivo el uso de esta obra, los usuarios de las trazas serán capacitados en las normas de su uso, mediante la realización de reuniones explicativas de dos meses. Posteriormente se entregarán folletos, a la vez que se instalarán carteles metálicos de advertencia, en lugares estratégicos elegidos para tal fin. Finalmente, la obra tendrá las siguientes etapas: a) construcción de obras viales de estabilización. b) difusión y fiscalización de normas de uso (capacitación de los beneficiarios, difusión de normas de uso del camino, señalización de éstos y otros)

8. Que la imposibilidad de comunicación entre los pobladores rurales y el mercado de sus productos, ya sea plantas de procesamiento, agroindustrias o mercados locales, ha generado pérdidas para todos los sectores productivos, originando demandas permanentes ante autoridades comunales y provinciales.

9. Que con la ejecución de estas obras se espera tener los siguientes resultados en las unidades de producción: a) aumento de la producción física en actividades tradicionales; b) reducción de costos de producción por ajustes en los costos de comercialización (fletes, secado) y en la escala de la planta, por efecto de disminución de los riesgos de producción derivados de la inseguridad de cosecha en tiempo y forma, o de extracción y venta del producto; c) mejora de los ingresos brutos por doble efecto de venta de mayor volumen, que posibilita mejor posicionamiento negociador y de productos de mayor calidad (leche y granos); d) mejora en el ingreso neto, de la que podrá surgir un excedente económico que genere capacidad de adquisición de crédito para inversiones necesarias; y e) afianzamiento de las familias en el medio rural, con lo cual se busca revertir la tendencia gradual de empobrecimiento de los núcleos familiares vinculados a las pequeñas y medianas unidades de producción.

10. Finalmente, se consideran beneficiarios directos del proyecto los 70 productores agrícolas que, a su vez, representan alrededor de 300 habitantes del municipio y comunidades aledañas, situados sobre la traza de los caminos a mejorar y los que poseen sus explotaciones en el área de influencia o sea hasta 1.000 metros de distancia de éstas. Dichos productores tendrán una reducción en las pérdidas de calidad de sus productos y el consiguiente aumento de rentabilidad y de ingresos.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Comunicaciones de la Cámara de Diputados a considerar recursos suficientes en el ejercicio presupuestal de 2011 para construir 3 kilómetros de terracería a unidades de producción de la comunidad de Emiliano Zapata y de otros 6 a unidades de producción, en Tenabo, Campeche.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputada Yolanda del Carmen Montalvo López

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para crear el fondo nacional de apoyo de jornaleros agrícolas, y de que se exhorte a la Sedesol a aplicar un programa de provisión de identificación documental de éstos, a cargo del diputado Carlos Luis Meillón Johnston, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Carlos Luis Meillón Johnston diputado en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), para que en el marco de análisis, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, considere la creación del Fondo Nacional de Apoyo al Jornalero Agrícola (Fonaja), e instrumente un Programa de Provisión de Identificación Documental a Jornaleros Agrícolas (Proidoja), que contribuya a abatir la marginación y el rezago de los jornaleros agrícolas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los jornaleros agrícolas dan viabilidad económica a la operación de un sector muy tecnificado, moderno, productivo, rentable y destinado fundamentalmente a los mercados de exportación, y en contrapartida, son trabajadores que sobreviven en condiciones laborales deplorables.

La actividad laboral del jornalero exhibe condiciones adversas y de rezago social, y al tratarse, en parte, de familias que emigran a otras entidades del país en búsqueda de trabajo e ingresos, incluye la contratación de mano de obra infantil, siendo esta población en su conjunto más vulnerable a enfermedades propias de la pobreza, a la desnutrición, a la reducción en la esperanza de vida, a la marginación social y a la violación de derechos humanos.

La problemática de dicho grupo es diversa y está asociada a la discontinuidad escolar, discriminación, analfabetismo, falta de patrimonio, falta de cohesión social, incertidumbre laboral, ausencia de servicios de salud, falta de vivienda digna, contención salarial, altas tasas de morbilidad, falta de documentos de identidad y dificultad para regularizarlos, entre otros.

Para contribuir a que este grupo social pueda disfrutar plenamente de sus derechos humanos y laborales y evitar el trabajo infantil, la política social de la presente administración ha buscado propiciar la igualdad de oportunidades como una obligación del estado hacia los grupos vulnerables.

Parte de dicha política social es el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), instrumentado por la Secretaría de Desarrollo Social, que contribuye con la protección social de los jornaleros agrícolas y sus familias, mediante acciones orientadas a generar igualdad de oportunidades y ampliación de capacidades, asimismo, a través del Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (Pronim), a cargo de la Secretaría de Educación Pública, se busca contribuir a superar la marginación educativa de las niñas y niños de México en contexto de migración. Además de que este segmento de la población puede acceder a apoyos de los programas de empleo temporal, 70 y más, y al de Desarrollo Humano Oportunidades.

No obstante la existencia de programas enfocados a la atención de jornaleros agrícolas y a sus familias, la condición de dicho grupo sigue siendo paupérrima, por lo que es necesario fortalecer la política social de abatimiento de la marginación y del rezago de grupos vulnerables. Es importante avanzar con mayor celeridad en la seguridad social, en que las personas en estas condiciones de vulnerabilidad accedan a redes sociales de protección.

Para la mayoría de la sociedad mexicana la problemática descrita es invisible, sin embargo, existen organizaciones de la sociedad civil que contribuyen directamente con servicios de vivienda, de educación, de salud, de capacitación y de alimentación de este grupo de la población, contribuyendo así con la política social de atención a grupos vulnerables, en ese sentido, el fortalecimiento de proyectos de coinversión social entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil enfocados a dicha tarea, resulta positivo.

Existen ejemplos de grupos de la sociedad comprometidos con el desarrollo social y humano, reflejado en el tiempo, recursos físicos y humanos que invierten a fin de financiar y operar proyectos que contribuyen a reducir la inequidad e injusticia social, no obstante, se enfrentan al reto de mantenerse económicamente y de seguir una estrategia que sume los esfuerzos del gobierno y la sociedad civil, en aras de conseguir un impacto que se traduzca en reducir la brecha de desigualdad.

A razón de lo anterior, consideramos precisa la creación de un Fondo Nacional de Apoyo al Jornalero Agrícola (Fonaja) que corresponda con la necesidad de incrementar los esfuerzos para apoyar a casi cinco millones de trabajadores, que siendo participes del desarrollo económico del campo, acusan una miseria vergonzosa, asimismo, que fomente y posibilite la iniciativa de organizaciones de la sociedad civil.

Es posible financiar el fondo a partir de una reasignación del gasto de diversos programas sociales, como pudieran ser el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias o el Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, que en la propuesta de presupuesto 2011 registran 6 mil 447 millones de pesos y casi 2 mil millones de pesos, respectivamente, y que pudieran ser reorientados al apoyo social de trabajadores agrícolas que contribuyen productivamente con el sector agroalimentario.

Con el Fonaja se busca apoyar a jornaleros agrícolas migrantes y locales por medio de la coinversión de proyectos de la sociedad civil como instancia ejecutora, siendo un recurso determinado con normas y procedimientos de la administración pública federal, en términos operativos y de evaluación, que permita una coparticipación de las distintas secretarías de estado y de las dependencias de los distintos órdenes de gobierno, de forma congruente con la política social nacional, con la ampliación de capacidades, la generación de oportunidades, la procuración de certidumbre jurídica, la protección social y la formación de patrimonio de los jornaleros agrícolas.

Aunado a lo anterior, se propone la creación de un programa abocado exclusivamente a provisión de documentos de identidad, denominado Programa de Provisión de Identificación Documental a Jornaleros Agrícolas (Proidoja), ya que la falta de documentos de identidad deriva en otros problemas que se extienden a la familia, como la falta de reconocimiento de derechos que den certidumbre laboral y acceso a la seguridad social o cualquier tipo de prerrogativas legales de las cuales debemos gozar todos los mexicanos, e incluso el incumplimiento de obligaciones por parte de patrones que incurren en irregularidades ante la falta de documentación de los trabajadores.

El Proidoja estaría a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con otras dependencias y órdenes de gobierno involucrados en el registro y acreditación de la identidad de la población.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se hace un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el marco de análisis, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, considere la creación del Fondo Nacional de Apoyo al Jornalero Agrícola (Fonaja), en aras de abatir la marginación y el rezago de los jornaleros agrícolas.

Segundo. Se hace un atento exhorto a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), para que instrumente un Programa de Provisión de Identificación Documental a Jornaleros Agrícolas (Proidoja) que robustezca la procuración de justicia en términos de que estos trabajadores obtengan y regularicen sus documentos de identidad y el de sus familias, a fin de garantizar mejores condiciones laborales y de vida.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para proyectos de inversión en infraestructura para la ampliación y el mejoramiento del puerto de Isla del Carmen, Campeche, a cargo del diputado José Ignacio Seara Sierra, del Grupo Parlamentario del PAN

José Ignacio Seara Sierra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Marina de la Cámara de Diputados a destinar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos a proyectos de inversión en infraestructura para ampliar y mejorar el puerto de Isla del Carmen, Campeche, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El puerto de Isla del Carmen, Campeche, se halla a la entrada de la Laguna de Términos, entre el estero de la Caleta y el Golfo de México, el cual se forma por un canal de acceso y tres dársenas, alrededor de las que se tienen 17 bandas de atraque.

La actividad portuaria se desarrolla con 113 unidades para el servicio de carga y descarga, donde descuellan las terminales especializadas de Petróleos Mexicanos, que casi en su totalidad realizan actividades de cabotaje, abastecimiento, importación de insumos catalogados como carga general suelta, tubería, estructuras metálicas, botes, cuerdas, etcétera.

La situación por la que atraviesa el puerto de Isla del Carmen hace necesaria una reactivación económica que repercuta en la comunidad, proyectando opciones para la generación de empleo y, a su vez, una derrama económica mediante el fortalecimiento portuario, pues no basta que se considere el puerto como el número uno por la cantidad de movimientos registrados debido a la industria petrolera, sino que se requiere que sea el motor de desarrollo social para el municipio y del mismo Campeche, que no dependa de la actividad petrolera.

Es necesario diversificar las actividades económicas del puerto. Debemos impulsar actividades diferentes de la petrolera, ya que ésta tiende a desaparecer una vez que las plataformas ahí asentadas terminen con el insumo. Por tanto, es necesario invertir en infraestructura para ampliar y mejorar el puerto, en busca de actividades tendentes a la industria turística.

Esta importancia de incorporar la nueva infraestructura radica en la ampliación del puerto carmelita con la reconversión de los muelles, el dragado y el mantenimiento integral, entre otras mejoras, como ha solicitado el Comité de Operaciones del Puerto: 120 millones de pesos para tal fin, pues el gobierno federal ha realizado diversas obras que si no las fortalecemos con un presupuesto viable, podían quedar inconclusas, y son de gran importancia para el puerto.

Así las cosas, los diputados del Partido Acción Nacional tenemos el compromiso social de proponer e impulsar todo proyecto que permita la subsidiariedad y desarrollo en favor de un mejor México.

Por tanto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Marina de la Cámara de Diputados a destinar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos a proyectos de inversión en infraestructura para ampliar y mejorar el puerto de Isla del Carmen, Campeche.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado José Ignacio Seara Sierra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para la Secretaría de Marina-Armada de México, a cargo del diputado José Ignacio Seara Sierra, del Grupo Parlamentario del PAN

José Ignacio Seara Sierra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta amablemente al Ejecutivo federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados, a fin de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se destinen más recursos a la Secretaría de Marina Armada de México para que se fortalezcan los buenos resultados obtenidos de su función al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La seguridad nacional es una obligación de nuestro gobierno federal que se ha legitimado a través de las fuerzas armadas por lo que se realizan incansables operativos de protección del territorio nacional orientados a vigilar las fronteras y el espacio aéreo, mares nacionales e instalaciones estratégicas para hacer frente a la delincuencia organizada y al mismo tiempo, auxilian a la población ante la presencia de desastres naturales como se ha comprobado en el presente año.

Nuestro presidente de la República se ha esforzado por robustecer tanto al Ejército como a la Marina Armada de México en el combate a la delincuencia desde que inició el sexenio dentro de la ofensiva gubernamental contra el crimen organizado ya que las fuerzas federales libran una batalla no sólo contra los cárteles de la droga, sino también contra el robo, la extorsión, el secuestro y el acoso de la delincuencia a la sociedad.

La Secretaría de Marina tenazmente ha otorgado apoyo inmediato a la población en casos de desastre por fenómenos meteorológicos, manteniendo una estrecha coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, para la ejecución oportuna del “Plan DNIII”, así como ha fortalecido sus capacidades de actualización, adiestramiento de las fuerzas armadas, la modernización de su equipamiento que han dado frutos en sus resultados y eficiencia que nos obliga a los legisladores en proveerlos de más recursos.

Por tanto, la seguridad nacional del país y el combate a la delincuencia organizada trasnacional requiere nuestra sensibilidad para el Presupuesto de Egresos de 2011, debemos convencernos de que el problema que vivimos de seguridad y defensa no sólo es un asunto del gobierno y de las fuerzas armadas también es de la sociedad y de los representantes sociales por lo que en Acción Nacional tenemos el compromiso y la confianza de que la Marina Armada de México tienen un solo propósito, el de dedicarse única y exclusivamente a proteger la soberanía nacional y combatir a los enemigos de la nación, por lo que sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un amable exhorto al Ejecutivo federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados, a fin de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se destinen más recursos a la Secretaría de Marina Armada de México para que se fortalezcan los buenos resultados obtenidos de su función.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado José Ignacio Seara Sierra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren al menos recursos similares a los asignados en 2010 para los programas de desarrollo social sujetos a reglas de operación del ramo 20, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Enrique Torres Delgado, diputado en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno, la proposición con punto de acuerdo a fin de que se considere para el Ejercicio Fiscal de 2011, al menos un presupuesto similar en términos reales al presupuestado asignado en 2010 para los programas sujetos a reglas de operación del ramo 20, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La actual política de desarrollo social del Gobierno Federal tiene como principal objetivo promover la igualdad de oportunidades entre los mexicanos para reducir la brecha entre quienes más tienen y quienes más necesitan.

La política de desarrollo social del presidente Calderón se ha sustentado en una serie de programas exitosos que han tenido como objetivos fundamentales la formación de capital humano; atención a grupos vulnerables que no habían sido incorporados a los beneficios de las políticas públicas; disminución de las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial y la dotación de infraestructura básica que permita integrar a las regiones rurales marginadas a los procesos de desarrollo y detonar sus potencialidades productivas; lo cual redunda en la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida en las ciudades para hacerlas más seguras y habitables.

Contamos con programas como Oportunidades y el Programa de Apoyo Alimentario para dotar de capacidades básicas a la población con el fin de que puedan que otorga suplementos de alimentación, atención médica gratuita, becas para los niños y una transferencia monetaria. Buscando con ello que las personas cuenten con un techo nivel mínimo de capital humano, para que con su propio esfuerzo obtengan un buen trabajo, alejándonos de las prácticas paternalistas o populistas.

También existen programas como Hábitat, el programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y el programa de Rescate de Espacios Públicos para llevar a cabo las obras y acciones que permiten el mejoramiento o rehabilitación de: sistemas para la provisión de agua potable, obras de saneamiento, incluyendo alcantarillado, drenaje, colectores y plantas de tratamiento de aguas residuales, rellenos sanitarios o similares, redes o sistemas de energía eléctrica, infraestructura educativa, centros de salud o similares, infraestructura productiva comunitaria, sistemas de comunicación y centros comunitarios digitales y otros espacios para el desarrollo comunitario.

Asimismo, para crear puentes desde la política social con el desarrollo económico, los programas de la Sedesol tales como el programa de Empleo Temporal, Opciones Productivas y el programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras, buscan ampliar las oportunidades de ingreso, impulsar las capacidades productivas de la población a través de microcréditos y acompañamiento empresarial, que redunden en proyectos económicamente viables; propiciar una mayor integración de las madres de familia al mercado laboral; e impulsar obras de infraestructura en las regiones más rezagadas del país para romper su aislamiento, promover su integración a los mercados locales y permitirles aprovechar su capital natural.

Ciertamente, es necesaria una revisión a fondo de los 20 programas sujetos a operación de la Sedesol, pero también es justo reconocer que varios de estos programas han recibido evaluaciones positivas por parte del CONEVAL e incluso de organismos internacionales debido a los buenos resultados que han arrojado en cuanto a los objetivos que persiguen cada uno de ellos. Lo anterior resulta relevante ya que en la actualidad nos encontramos en una situación difícil. La economía mundial vive la mayor contracción de la actividad económica producción, empleo, consumo y comercio de las últimas décadas. El bienestar de la población se ha visto afectado por la falta de dinamismo en el crecimiento económico, que ha implicado una disminución considerable de los ingresos tributarios, limitando las posibilidades de crear satisfactores básicos para la mayoría de la población y de avanzar en la reducción de la pobreza.

Compañeros legisladores, es necesario que en esta Cámara de Diputados, lleguemos a los acuerdos a que haya lugar para aumentar el presupuesto de los programas de combate a la pobreza para el Ejercicio Fiscal de 2011. Cabe mencionar que el aumento de la pobreza en nuestro país como resultado de la crisis económica mundial, y de la inflación internacional en el precio de los alimentos se estima en casi 10 millones, cifra que hace impensable e inconcebible una reducción en los recursos destinados al desarrollo social.

De acuerdo con cifras del proyecto de Presupuesto deEgresos de la Federación para 2011, el programa de Apoyo Alimentario muestra una reducción en términos reales del 20.8 por ciento; el programa de Abasto Social de Leche de Liconsa viene con un presupuesto reducido en un 22.2 por ciento; el programa de Empleo Temporal en 9.6 por ciento, el programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias en 12.5 por ciento. Contraviniendo lo establecido en el artículo 18 de la Ley General de Desarrollo Social, que a la letra dice:

“Artículo 18. Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley; y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, excepto en los casos y términos que establezca la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación”.

En este contexto, los legisladores de Acción Nacional proponemos que los programas de desarrollo social sujetos a reglas de operación, particularmente los antes mencionados tengan recursos autorizados para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 que sea al menos similar en términos reales al presupuestado para 2010. De tal modo que, para el programa de Abasto Social de Leche de Liconsa le corresponde un incremento de 54.8 millones de pesos, al programa de Empleo Temporal de 33.7 millones de pesos, al programa de Apoyo Alimentario de 204.4 millones de pesos, al programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias de 283.4 millones de pesos y para el programa Oportunidades de 289.7 millones de pesos.

Los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional sabemos de nuestra responsabilidad de tomar las decisiones necesarias para salvaguardar a las familias más pobres del país, que se encuentran en una situación de desventaja y vulnerabilidad social. Consideramos que el paquete económico enviado por el Ejecutivo federal es adecuado para la situación que enfrenta el país, pero debemos imprimirle un mayor espíritu social para beneficiar a aquellos que menos tienen, con el fortalecimiento de programas sociales que benefician a amplios sectores de la población.

Por lo expuesto, someto a la consideración de este pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social de la honorable Cámara de Diputados, a fin de que se considere para el Ejercicio Fiscal de 2011 al menos un presupuesto similar en términos reales al del presupuestado asignado en 2010 para los programas sujetos a reglas de operación del ramo 20, particularmente para los programas de Abasto Social de Leche de Liconsa, de Empleo Temporal, de Apoyo Alimentario, para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y para el de Desarrollo Humano Oportunidades.

Diputado Enrique Torres Delgado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a programar el establecimiento de una cuenca lechera en el estado de Sonora, y a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para llevar a cabo el proyecto de cuenca lechera de Río Magdalena, Sonora, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Enrique Torres Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General, presenta proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a tomar en cuenta el potencial productivo de leche y de productos lácteos de los municipios de Magdalena, Imuris, Santa Ana, Cucurpe, Trincheras y Benjamin Hill, y programe una inversión que capitalice dicho potencial mediante el establecimiento de una cuenca lechera en la región; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que en el marco de análisis, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2011 tome las previsiones necesarias que permitan llevar a cabo el proyecto “cuenca lechera del Río Magdalena”, en Sonora, de conformidad con los siguientes

Considerandos

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, México ocupa uno de los primeros países que consumen leche entera, después de países como Estados Unidos de América y España, además de que en 2009, la leche producida en el país habría alcanzado para distribuir casi cien litros a cada mexicano, considerando una población de 107.6 millones de personas (cifra del Consejo Nacional de Población).

Asimismo, la producción nacional de leche tuvo una variación porcentual anual positiva de 1.4 por ciento entre 2000 y 2009, sin embargo, nuestras importaciones de leche de bovino durante el periodo referido tuvieron una tasa media anual de crecimiento de 9.6 por ciento, y el valor de la leche importada en 2009 sumó 422 millones 963 mil dólares (información del sector agroalimentario, Sagarpa 2010).

De 2000 a 2009 el saldo de la balanza comercial de leche de bovino fue deficitario y, si bien, los cupos de importación de leche permiten cubrir en parte los requerimientos del programa de abasto social de leche, así como complementar el abasto de materia prima de la industria privada, es importante fortalecer la producción nacional y que esta aumente su participación en el mercado interno.

Garantizar el abasto de alimentos basándose en la importación puede representar presiones presupuestarias en el largo plazo y a medida que esto aumente, además de que distorsiona el mercado, afectando a productores mexicanos.

En el país existen productores que pudieran contribuir al crecimiento de la planta productiva nacional, pero que requieren de apoyo técnico y económico que les permita desarrollar proyectos viables.

Este es el caso de productores del estado de Sonora, que consideran que tienen potencial para constituir una cuenca lechera en el norte de la entidad y que acusan falta de inversión, de capacitación y de tecnología para llevar a cabo el proyecto “cuenca lechera del Río Magdalena”.

De acuerdo con estos productores que forman parte del distrito de desarrollo rural 140-Magdalena, la actividad productiva incluiría los municipios de Magdalena, Santa Ana, Trincheras, Benjamín Hill, Imuris y Cucurpe, zona con vocación en la producción de leche y de lácteos, y que según sus estimaciones, cuentan con un potencial para producir más de 11 millones de litros de leche al año.

Los productores de dicho distrito como parte del proyecto de la Magdalena han realizado estudios que señalan la necesidad de establecer una integradora que aglutine la producción de leche de los seis municipios señalados, de invertir en mejoramiento genético, de invertir en una red de tanques frío para la concentración de leche en 5 microrregiones, de adquirir vientres y sementales, de adquirir equipo de transporte, de acceder a equipos de ordeña manual, y de contar con capacitación que les permita potenciar la actividad productiva y organizarse de forma más eficiente.

El apoyo requerido para el establecimiento de la cuenca lechera del Río Magdalena significa una inversión estimada de 17 millones 852 mil pesos que sin duda además de fortalecer la planta productiva nacional representaría la creación de autoempleos en el medio rural con un gran impacto para la región.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se hace un atento exhorto al gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a tomar en cuenta el potencial productivo de leche y de productos lácteos de los municipios de Magdalena, Imuris, Santa Ana, Cucurpe, Trincheras y Benjamin Hill, y programe una inversión que capitalice dicho potencial mediante el establecimiento de una cuenca lechera en la región.

Segundo. Se hace un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que en el marco de análisis, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2011 tome las previsiones necesarias que permitan llevar a cabo el proyecto “cuenca lechera del Río Magdalena”, en Sonora.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Enrique Torres Delgado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos que se destinen a la debida aplicación de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, suscrita por los diputados Óscar Martín Arce Paniagua y Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben la presente, diputados Óscar Martín Arce Paniagua y Norma Leticia Salazar Vázquez, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante este pleno, una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la de Seguridad Pública para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se consideren recursos para la debida aplicación de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

Consideraciones

México vive una sensible crisis de inseguridad encabezada por las grandes bandas criminales quienes se han atrevido a lucrar con la libertad del pueblo de México, poniendo en riesgo uno de los más grandes derechos del hombre.

Vivimos tiempos en los que si queremos acabar con el terror y la sangre derramada por los grupos dedicados al secuestro, debemos asumir la responsabilidad reproducir las herramientas que sean útiles y eficaces y que permitan erradicar a un flagelo compuesto por individuos bien organizados para cometer estos actos que, de forma deleznable, han coartado la libertad de los mexicanos con base en los comisión de actos degradantes, indignantes y hasta sanguinarios, con plena ausencia de respeto por la vida y la dignidad humana.

El secuestro representa una gravísima violación a los derechos humanos que atenta contra la libertad, integridad y tranquilidad de las familias, ya que no sólo afecta a la persona que se encuentra en cautiverio; las madres, los padres, los hermanos, la esposa o los hijos se convierten en víctimas también al sufrir un impacto emocional traumático que se expande a la actividad laboral y otros ámbitos de la vida. El correr de las horas y el timbrar del teléfono se convierten en los peores enemigos; sin embargo, se mantiene la esperanza de que la siguiente llamada sea el final de un infierno.

Los secuestradores no se detienen en esa actividad, son capaces de engendrar otras actividades delictivas como el tráfico de menores que también pone en riesgo la estabilidad social.

Las inclemencias provocadas por aquellos que, a través de la extrema violencia, se han profesionalizado en dañar los cimientos de una sociedad con valores bien arraigados como es la mexicana, nos convoca a todos los ámbitos de gobierno a formar un frente común para lograr el abatimiento de esas bandas.

En Acción Nacional, reconocemos la labor del Ejecutivo federal de quien destacamos que hasta diciembre de 2009 se contó con el establecimiento de 32 Unidades Especializadas en el Combate al Delito de Secuestro (UECS), dependientes de las procuradurías generales de justicia estatales, una por cada entidad de la república y se cumplió de manera integral la capacitación base y especialización de los 331 servidores públicos adscritos a las UECS.

Asimismo, el gobierno federal ha colaborado y respaldado a las autoridades locales para ponerle un freno total al flagelo ocasionado por el secuestro. Así, en el periodo de diciembre de 2006 al 19 de agosto de 2010, se han detenido 2,990 secuestradores, se han desarticulado 564 bandas dedicadas al secuestro y liberado 3,746 victimas.

En el Congreso de la Unión también nos hemos sumado a esta lucha trabajando para lograr erigir un marco jurídico que sea un arma letal que cimbre a las organizaciones delictivas especializadas en el secuestro. Por ello, aquí en este mismo recinto legislativo, en un alarde de voluntad política, patriotismo y preocupación por el pueblo de México el 7 de octubre de este año aprobamos la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

Con la aprobación de dicho ordenamiento legal, se atenderá la defensa social de los derechos fundamentales de cada mexicano fortaleciendo, la respuesta y reacción pública que el estado asuma para enfrentar el delito de secuestro; se establecen tipos penales y sanciones, distribución de competencias y formas de coordinación entre la federación, el D F, estados y municipios; se impulsará y estimulará la participación de seguridad que permitan a jueces o magistrados sancionar hechos delictivos cuando se trate de deshonestidad y desvío doloso de la conducta de servidores públicos.

Otro aspecto importante que se contempla en esta ley es lo referente a los apoyos a las víctimas y testigos de cargo, a la restitución inmediata de derechos y reparación, así como la valiosa creación de fondo de apoyo para las víctimas u ofendidos. El objetivo principal es dotar a las autoridades de recursos para apoyar a las víctimas, así como incentivar la denuncia.

Compañeros legisladores, la aprobación de la ley antisecuestro es un arma invaluable en la lucha en contra de esa conducta bestial cuyo efecto expansivo de afectación es indescriptible, dejando huellas de dolor y odio que marcan para siempre a las víctimas, daños irreversibles tanto en lo psicológico como en lo patrimonial.

No obstante, debemos seguir en pie de lucha, otorgando aquellos complementos del nuevo marco jurídico que permitan su debida implementación, así como su eficacia. Por eso, resulta imperioso que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen todos los recursos que sean necesarios para dar vida a las bondades que la ley antisecuestro brinda.

Debemos destinar recursos para capacitación, para el apoyo a las víctimas del delito que permita dar la atención médica, psicológica y el apoyo económico con sumas de dinero, apoyos fiscales. Además es imperioso integrar el fondo de apoyo a víctimas del delito. Asimismo se deben considerar las cantidades que van a ser destinadas a las entidades federativas y los municipios para que sus distintos órganos lleven a cabo su trabajo de manera efectiva, eficiente, profesional y especializada.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la de Seguridad Pública para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se consideren recursos para la debida aplicación de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez

Diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para reestructurar el sistema penitenciario, conforme a lo establecido en los artículos 18 y 21 constitucionales, suscrita por los diputados Óscar Martín Arce Paniagua y Bonifacio Herrera Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben la presente, diputados Óscar Martin Arce Paniagua y Bonifacio Herrera Rivera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante este pleno, una proposición con punto de acuerdo por que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la de Seguridad Pública para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se consideren recursos para reestructurar el sistema penitenciario conforme a lo establecido por los artículo 18 y 21 de la Constitución.

Consideraciones

Compañeras y compañeros legisladores, tal y cómo lo señala el importante jurista Jürgen Habermas, el derecho positivo genera expectativas que pueden ser defraudadas al ser confrontadas con la realidad. 1

En ese sentido con la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, publicada el pasado 18 de junio de 2008, se modifico el artículo 18 constitucional a efecto de reestructurar el sistema penitenciario sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, por su parte, en el artículo 21 se estableció la innovadora figura del juez de ejecución de sentencias.

Tal disposición tiene propósito y, a su vez, genera la expectativa de poner fin a un sistema penitenciario que México ha arrastrado por décadas y cuyas principales características son la saturación de los penales, con mezcla de población procesada y sentenciada y la falta de coordinación para la aplicación de un programa de prevención y reinserción social de observancia genera para todas las entidades federativas.

Asimismo, se caracteriza porque la mayoría de los centros penitenciarios del país muestran un deterioro y carencias importantes en lo que se refiere al acondicionamiento de sus espacios, al estado de las instalaciones y el mobiliario, así como a la disponibilidad y el acceso universal por parte de los internos a bienes y servicios básicos.

Se suman a lo anterior, el abuso de poder, la corrupción administrativa y la desvinculación con los otros sectores del sistema de justicia penal que impiden cualquier posibilidad de reinserción. Así pues, se trata de una situación de permanente vulneración a los derechos humanos.

Por otra parte, los familiares de los internos son quienes con sus propios recursos sostienen una parte importante de los costos de reclusión del interno, dado que los abastecen de bienes y servicios básicos que la institución no les proporciona o lo hace de manera insuficiente.

Por lo mismo, las cárceles son lugares que propician la existencia de un gobierno paralelo al orden institucional ya que éstas no se encuentran en condiciones de cumplir con los preceptos legales, así como con la doctrina de la reinserción social mediante el trabajo, la educación y la capacitación para el trabajo.

Además, existe el problema de que en México no se logra la reinserción social, propiciando la profesionalización del delincuente, así como la gestación de delitos que han sembrado el terror entre el pueblo de México como el narcotráfico, secuestro, extorsión, todos de autoría intelectual desde las entrañas de cada centro de reclusión.

Señoras y señores legisladores, los problemas son inevitables, lo que cuenta es cómo respondemos a ellos. Por eso resulta imperioso dotar a los centros carcelarios de un marco jurídico idóneo que garantice por un lado el respeto a los principios de la legalidad y la efectiva reinserción social de aquellos que han cumplido una condena.

El que se guarda un elogio, se queda con algo ajeno 2 . Por eso hay que reconocer que ante este problema de gran magnitud, la Secretaría de Seguridad Pública ha estructurado e implantado la Estrategia Penitenciaria 2008-2012 cuyo fin es el de evolucionar hacia y a un nuevo sistema penitenciario centrado en la reinserción social, en el cual el trabajo es la arteria de los demás elementos: capacitación para el trabajo, educación, salud y deporte.

Recordemos que la seguridad pública es un valor fundamental, garantizado por nuestra ley suprema. Debemos promover la prevención del delito, así como la reinserción de aquellos que ya han cometido un delito. Las acciones se están concretando,. Razón por la que es de suma importancia acompañar al Ejecutivo federal en tales acciones, asignando a la Secretaría de Seguridad Pública mayores recursos para su aplicación en el sistema penitenciario. Con ello, sin duda, estaremos haciendo frente a la delincuencia común y a la delincuencia organizada que tanto mal y daño han generado entre nuestra población.

Por lo anterior, el objetivo de presentar este punto de acuerdo es el que de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se consideren mayores recursos destinados al Sistema Penitenciario, tal situación permitir5ía fortalecer la infraestructura con la ampliación de la capacidad de cada reclusorio o la rehabilitación del Complejo Penitenciario Islas Marías; asimismo, coadyuvaríamos a la debida construcción de nuevos centros de reclusión que permitirían una adecuada distribución de los reos federales.

Si tomamos en cuenta lo anterior, lograremos que lo prescrito por la ley se convierta en una realidad congruente con las expectativas generadas por la reforma constitucional de 2008, fortaleciendo la seguridad pública través de la prevención del delito y la efectiva reinserción social en un plano de respeto irrestricto a los derechos humanos.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la de Seguridad Pública para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se consideren recursos para reestructurar el sistema penitenciario conforme a lo establecido por los artículos 18 y 21 de la Constitución

Nota

1 Habermas, Jürgen, Facticidad y validez , Madrid, Trotta, 2008, página 84.

2 Pablo Picasso

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputados: Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera.

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para implantar el sistema de justicia penal acusatorio, conforme a lo establecido en el artículo 18 constitucional, suscrita por los diputados Óscar Martín Arce Paniagua y Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben la presente, diputados Óscar Martín Arce Paniagua y Sonia Mendoza Díaz, pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante este pleno una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Justicia para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2011, se consideren recursos para la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, establecido en la Constitución mediante la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 en materia de seguridad y justicia.

Consideraciones

Por décadas México ha lucha por emerger como un país plenamente democrático, en donde la eficacia y el respeto por los derechos humanos se constituyan en una síntesis que le den contenido material a una prevención del delito limitada.

Ello conforma una meta largamente anhelada por la ciudadanía de justicia y seguridad, a los que el pueblo de México se acerca con cada paso.

Recordar el pasado es importante para no repetir aquellos errores que hoy lastiman a nuestra sociedad; así pues, no olvidemos que nuestro proceso penal se ha distinguido por la figura de un juez cegado por las barreras de su oficina y que delega sus funciones en un secretario de acuerdos u otros funcionarios del tribunal, quienes presiden los debates y las diligencias; de esa manera el proceso se convierte en una serie de encuentros entre los secretarios y los abogados, Ministerio Público, los testigos y el probable responsable.

Por lo mismo, la escritura prevalece dentro del proceso penal como método de construcción de la verdad que sirve para condenar a una persona. En virtud de ello, lo que no está escrito, simplemente, no existe dentro del mundo de la verdad jurídica quedando excluido todo aquello que permite al juez conocer todos los elementos que le son de utilidad para decidir sobre el asunto en cuestión.

Aunado a lo anterior, nuestro sistema de justicia da cabida a que el juez delegue la función de redactar sentencias y otras resoluciones a los demás funcionarios del juzgado, por lo tanto se elaboran a través de filtros que pueden desvirtuar los hechos, las pruebas, declaraciones y en general todo lo asentado ene l expediente, lo cual es interpretado previamente por el Ministerio Publico derivando en la anticipación del resultado final del proceso.

Tampoco debemos olvidar que en México la justicia es excesivamente lenta y que por ello, al final, no satisface a ninguno de los sujetos que por desgracia tienen que enfrentar un juicio de carácter penal.

Señoras y señores legisladores, la democracia sólo la merece quien sabe conquistarla todos los días. Por eso el Estado mexicano ha trabajado incesantemente para consolidar un cambio radical en el d penal mexicano, cuyo objetivo principal es el de enaltecer los derechos humanos ante los actos de gobierno que pueden vulnerarlos. Poe se motivo, la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad y justicia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de junio de 2008 en un gran salto para lograr la gloriosa transformación de la justicia penal en México.

Con el cumplimiento de dicha meta, se reformó el primer párrafo del artículo 20. De esa forma se estableció que el proceso penal será acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Asimismo, en su apartado B se impone un catálogo de derechos para todos los sujetos imputados.

Sumado a lo anterior, el apartado C del citado artículo otorga una serie de derechos a la víctima y ofendido, tales como: recibir asesoría jurídica, a coadyuvar con el Ministerio Público, así como el derecho a recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia y la reparación del daño.

Compañeras y compañeros, la reforma constitucional del 2008 es, sin duda, una meta importante; sin embargo, representa sólo uno de los elementos de todo el sistema normativo que debemos construir para lograr una justicia que satisfaga las expectativas de los ciudadanos. No podemos vivir añorando la aprobación de dicha reforma, hay que seguir adelante con la ambición de consolidar una segunda generación de reformas legales que conduzcan al a plena implementación del sistema acusatorio.

No hay que olvidar que para edificar las cosas grandes y arduas se requiere de una combinación, no sólo de reformas legales, de recursos que permitan superar aspectos como las condiciones física de los juzgados, tecnología o que concreten la impartición de capacitación y la difusión del nuevo sistema de justicia.

Por lo mismo, en cumplimiento con lo establecido en el decreto de fecha 13 de octubre de 2008 se creó la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), cuyo principal objetivo es coadyuvar y brindar apoyo a las autoridades locales y federales en la implementación del sistema de justicia penal. Luego entonces la SETEC brinda respaldo en:

1. El diseño de reformas legales,

2. Cambios organizacionales,

3. Construcción y operación de infraestructura,

4. Capacitación para jueves, Ministerios Públicos, policías y defensores, y

5. Difusión

Para el ejercicio 2009, la SETEC dio inicio a las operaciones sin contar con recursos propios, por lo que sus actividades de llevaron a cabo con los recursos generados por la Secretaría de Gobernación (Segob).

Para lograr su cometido, el citado órgano requiere sostener las 89 plazas que actualmente operan, así como la creación de 18 adicionales. Para lograr lo anterior, el proyecto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011 considera la cantidad de $55’484,732.00 en el gasto corriente de Servicios Personales.

Por otra parte, la SETECE requiere recursos suficientes que le permitan llevar a cabo estudios relativos a la implementación del sistema de justicia penal en donde se consideren temas como: “Las Etapas del Procedimiento Penal en el Sistema Acusatorio según la Reforma Constitucional”; “La Función de la Policía Municipal en el Nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio” o “Estudios sobre las Garantías y Derechos Procesales de las Víctimas del Delito”.

Con el fin de transparentar y eficientar los subsidios, la Segob ene l 2010 diseñó y elaboró un conjunto de directrices, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2010, que permitieron, junto con los Convenios de Coordinación firmados con las Entidades Federativas, la autorización de recursos por un total de $312,027,210.00 a 22 Entidades Federativas, de las cuales Baja California Sur se encuentra en etapa inicial, 15 en planeación (Campeche, Chiapas, Colima, Distrito Federal, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán), 4 en operación (Chihuahua, Durango, Estado de México y Morelos) y en etapa de entrada en vigor están Baja California e Hidalgo.

El objetivo es que para el 2011 todas las Entidades Federativas de manera progresiva, con el debido respeto a su soberanía, avancen hacia la etapa inicial o entren a la de planeación y estas a su vez sean impulsadas a la etapa de entrada en vigor y estas últimas avancen en función de la estrategia de gradualidad establecida.

Por tanto, el presente Punto de Acuerdo tiene el objetivo de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 se destinen los recursos que sean necesarios y suficientes para avanzar de forma sólida, segura y consistente en la aplicación e implementación del sistema acusatorio adversarial establecido en nuestra Carta Magna y así concretar una de las más grandes reformas que nuestro país haya logrado.

Para lograr lo anterior es necesario destinar todos los recursos que sean necesarios para cumplir 5 ejes estratégicos, mismos que consisten en:

1. Servicios de Capacitación

2. Asistencia Técnica

3. Servicios de Difusión

4. Infraestructura y Equipamiento de las salas de audiencia, y

5. Tecnología basada en el diseño, desarrollo e implementación de software de gestión, equipamiento y capacitación

Diputadas y diputados, sería una equivocación garrafal el sentar los fundamentos jurídicos de lo que pretender ser un parte aguas en la vida democrática de México, sin disponer de todos los recursos económicos que hagan progresar a la reforma del sistema de justicia penal hasta convertirla en una realidad que dé a nuestro pueblo seguridad jurídica, confianza en las instituciones encargadas de la impartición de justicia y que contribuya a combatir los problemas de seguridad pública que hoy padecemos.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Justicia a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2011, se consideren recursos para la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, establecido en la Constitución mediante la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 en materia de seguridad y justicia.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 29 de octubre de 2010.

Diputados: Óscar Martín Arce Paniagua y Sonia Mendoza Díaz (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se asignen recursos a la Secretaría de Salud para una campaña intensiva en los medios de comunicación, a favor de la no discriminación de las personas con discapacidad, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Gloria Trinidad Luna Ruiz, diputada en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo a fin de que se consideren los recursos necesarios a la Secretaría de Salud para una campaña intensiva en los medios de comunicación a favor de la no discriminación de las personas con discapacidad, para el ejercicio presupuestal de 2011, con base en las siguientes

Consideraciones

El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el artículo cuarto estipula que los Estados parte se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad.

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación prevé que se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

De acuerdo a este ordenamiento, también se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones. Mediante esta ley se creó el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (Conapred), cuyo objeto es contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país; llevar a cabo las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación; formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato en favor de las personas que se encuentran en territorio nacional y coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación.

Además de estas disposiciones, el artículo cuarto de la Ley General de las Personas con Discapacidad también establece que los derechos previstos en su texto serán reconocidos a todas las personas con discapacidad, sin distinción por origen étnico o nacional, género, edad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil, o cualquiera otra que atente contra su dignidad. Aunado a ello define que uno de los principios que deberán observar las políticas públicas en la materia, es el de la no discriminación.

No obstante estos avances en el marco legal para prevenir y eliminar la discriminación, principalmente en contra de los sectores más vulnerables de la población como son las personas con discapacidad, se observa que se siguen presentando situaciones de exclusión social debido a la discriminación que persiste en contra de dichos sectores.

Muestra de ello son los resultados de la primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, realizada en2005. De acuerdo a estos resultados, las personas con discapacidad ocupan el tercer lugar como grupo social que se siente más desprotegido y el segundo lugar como grupo social más discriminado. Según este estudio, 14.5 por ciento de las personas entrevistadas señaló que después de las personas adultas mayores y de los indígenas las personas con discapacidad son las que quieren mayor protección. Asimismo, luego de los homosexuales, las personas con discapacidad se perciben como el sector más discriminado, el 94.4 por ciento.

Este estudio también reveló que más de la mitad de las personas con discapacidad, 52.1 por ciento señaló que no se le han respetado sus derechos en México. Una de cada tres personas con discapacidad fue víctima de un acto de discriminación durante el año previo a la encuesta.

El 53.4 por ciento de las personas con discapacidad han sufrido discriminación en su trabajo, lo cual los coloca en el primer lugar como grupo social con mayor discriminación en este entorno. Casi 60 por ciento de las personas con discapacidad se sienten rechazadas por la sociedad. Cerca de 90 por ciento de este sector de la población cree tener menos oportunidades para conseguir un empleo que el resto de las personas.

En el entorno familiar una de cada tres personas con discapacidad se han sentido víctimas de discriminación, el 19 por ciento manifestó que al interior de la familia se les da menos libertad que a sus hermanos, y el 14.5 por ciento que se les da prioridad a sus hermanos que no tienen discapacidad.

Estos datos revelan la enorme necesidad de establecer acciones orientadas a prevenir y eliminar todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad.

En este contexto, el Conapred publicó en 2006 el Programa Nacional para prevenir y eliminar la Discriminación, cuyo objetivo general es impulsar una política de Estado que favorezca la adopción de medidas y acciones de política pública para que toda persona goce, sin discriminación alguna, de los derechos fundamentales, libertades e igualdad real de oportunidades. Este programa considera líneas de acción muy específicas en favor de las personas con discapacidad.

Adicionalmente, el Conapred diseñó y puso en operación el modelo de reconocimiento por la cultura de la no discriminación, cuyo objetivo es reconocer públicamente a las organizaciones públicas, sociales o privadas, que se distingan por llevar a cabo programas y medidas para prevenir la discriminación en sus prácticas, instrumentos organizativos y presupuestos.

De acuerdo a lo anterior, se observa que aun y cuando ha habido algunos avances legislativos y de política pública en este campo, el reto consiste en fomentar un cambio de cultura entre la población general, que permita eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra los derechos de las personas con discapacidad. Sólo de esta forma se podrá asegurar un mejor entorno para las personas con discapacidad y favorecer la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida.

En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estamos convencidos de que requerimos leyes y acciones incluyentes que consideren la diversidad de nuestra población. Por ello, asumimos la responsabilidad de crear las condiciones necesarias para incorporar a las personas con discapacidad a los diferentes ámbitos de la vida nacional en condiciones de igualdad y oportunidades.

En ese sentido, consideramos que la mejor manera de incidir positivamente en la población para fomentar una cultura de respeto, inclusión y no discriminación contra las personas con discapacidad, es impulsando una campaña intensiva en los medios de comunicación a favor de la no discriminación de este sector vulnerable de la población, para lo cual se requieren 30 millones de pesos.

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Atención a Grupos Vulnerables de la honorable Cámara de Diputados a efecto de que se consideren los recursos necesarios a la Secretaría de Salud para una campaña intensiva en los medios de comunicación a favor de la no discriminación de las personas con discapacidad, para el ejercicio presupuestal de 2011.

Diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para las urgentes medidas de limpieza del cauce, desazolve, bordeo y saneamiento de las aguas del río Zahuapán y la reparación de las plantas de tratamiento de aguas residuales que están suspendidas en Tlaxcala, a cargo de la diputada Oralia López Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La diputada Oralia López Hernández, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Recursos Hidráulicos a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para las urgentes medidas de limpieza del cauce, desazolve, bordeo y saneamiento de las aguas del río Zahuapan y a destinar recursos para reparar las plantas de tratamiento de aguas residuales, obras que se encuentran suspendidas en el estado de Tlaxcala.

Considerandos

Diputadas y diputados el motivo de este punto de acuerdo, se basa en la extrema necesidad de exigir acciones que den una solución pronta por los daños que está ocasionando la contaminación del río Zahuapan en el estado de Tlaxcala, considerado como el más contaminado del país, además de comenzar a provocar problemas de salud en un amplio sector de habitantes del estado.

El Zahuapan es una corriente de agua que nace en el estado de Tlaxcala, y forma parte de la cuenca alta del río Atoyac, en la región hidrológica del Balsas. Tiene sus fuentes en la sierra de Tlaxco, al norte del estado, y atraviesa la entidad de norte a sur, hacia el estado de Puebla, donde desemboca finalmente en el río Atoyac.

El río cruza de forma directa por 25 de los 60 municipios de Tlaxcala, aunque de forma indirecta otros 20 realizan descargas de aguas negras a través de sus drenajes, sin ningún tipo de control, esto ha originado que los niveles de contaminación alcancen niveles desproporcionados.

El Zahuapan presenta una gran problemática ambiental. La sobreexplotación de su caudal con propósito de abastecer a una de las mayores concentraciones urbanas de México, aunada a la gran actividad industrial del valle poblano-tlaxcalteca, han puesto en peligro los ecosistemas asociados al río y la salud de los que habitamos en el estado, cabe señalar que todos los ríos de la entidad son considerados zonas críticas y los afluentes resultan auténticos depósitos de aguas negras. Esto ha traído como consecuencia el aniquilamiento de especies acuícolas y ha provocado un desequilibrio ecológico entre numerosas especies de animales y plantas.

Seis de los siete ríos del estado de Tlaxcala presentan altos índices de contaminación, causados por elevadas descargas de desechos sólidos y líquidos degradados de usos domésticos, agrícolas e industriales. El principal río contaminado por tales circunstancias es el Zahuapan y en menor proporción los ríos Atenco, Atotonilco (Tlaxco), el Atlixtac (San Benito Yauquemehcan) y el río Los Negros, entre otros.

El origen de los principales contaminantes que presenta el agua se genera en los desechos domésticos: detergentes y jabones, basuras; desechos industriales: colorantes y pigmentos, disolventes, ácidos grasos, sales, metales y diversas sustancias químicas que suelen ser tóxicas para la salud del hombre, la flora y fauna; así como los agropecuarios: insecticidas, plaguicidas, sales inorgánicas, minerales, desechos animales y fertilizantes entre otros.

Desafortunadamente, el principal motivo en la contaminación de los cuerpos de agua, se debe a las aguas residuales urbanas que se vierten en los diferentes causes que atraviesan al estado, la mayor contaminación es originada por las descargas de los ayuntamientos con más desarrollo, lo que origina, como ya lo he mencionado, problemas en los ecosistemas y de salud.

Un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Nacional de Pediatría, arrojó que existe una alta incidencia de cáncer en comunidades de Tlaxcala y Puebla aledañas a los ríos mencionados por la presencia de desechos industriales en sus aguas, dentro de los principales contaminantes detectados se encuentran: cloruro de metileno, cloroformo, pesticidas como Aldrin, plastificantes del tipo de los f-talatos y compuestos policíclicos aromáticos como el trifenilo y el crisano, de igual manera se encontraron metales pesados como el níquel, cadmio, plomo y cromo metales que son evidentemente altamente cancerigenos para el humano, esto, es altamente relacionable con que el aumento de cáncer en niños se aumentó en un 500 por ciento del 2008 a la fecha.

En la actualidad , existen cincuenta y seis plantas de tratamiento de aguas residuales en el estado, de las cuales veintitrés se encuentran fuera de operación totalmente y de las treinta y tres restantes, 17 requieren de distintos tipos de reparaciones algunas mayores y en otras menores, alcanzando un total de cuatrocientos millones doscientos cincuenta mil pesos para su reparación, ampliación y rehabilitación, y con ello, lograr su eficiente funcionamiento, siendo las de Tlaxcala, Totolac, Chiautempan las que requieren una mayor inversión según datos de la Coordinación General de Ecología del estado.

Lamentablemente el esfuerzo de reparar estás plantas de tratamiento de aguas negras, quedaría incompleto sin otorgar al problema, una solución de fondo, una solución integral que ponga un fin a la contaminación de los ríos en Tlaxcala, además de contribuir con los esfuerzos anteriores, se deben de construir más plantas que ataquen de fondo el problema, los municipios de Amaxac, Contla, Panzacola, San Pablo del Monte, Nopalucan, Santa Cruz Tlaxcala, Tepetitla, Nativitas, Chiautempan, Apizaco y Tetla son de los más afectados en la contaminación de sus aguas, donde la inversión económica para la construcción de plantas residuales en estos municipios, alcanza de igual manera casi los cuatrocientos millones de pesos según datos de la Coordinación General de Ecología del estado.

Es necesaria la inversión de recursos por parte del gobierno estatal para que estas plantas cumplan con su función y se dé solución inmediata a la contaminación en los ríos de Tlaxcala, este problema por las consecuencias que origina es considerado como una emergencia nacional que debemos atender de manera inmediata, ya que en el futuro los gastos y la inversión por problemas en la salud de los tlaxcaltecas será mucho mayor que el que representa actualmente sanear los ríos del estado.

Por lo anteriormente expuesto, someto ante está honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Recursos Hidráulicos, a fin de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se consideren mayores recursos para las urgentes medidas de limpieza del cauce, desazolve, bordeo y saneamiento de las aguas del río Zahuapan y a destinar recursos para reparar las plantas de tratamiento de aguas residuales, instalaciones que se encuentran fuera de funcionamiento en el estado de Tlaxcala.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputada Oralia López Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para el INEA, a cargo del diputado Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Marcos Pérez Esquer, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con base en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a analizar la pertinencia de incrementar en 10 por ciento el monto asignado al capítulo de servicios personales correspondiente al ramo administrativo 11, “Educación pública”, del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, previsto para el organismo público descentralizado Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. El 31 de agosto de 1981, el gobierno federal creó el INEA, con la finalidad de impulsar, “promover, organizar e impartir la educación básica para adultos”, 1 a fin de que las personas jóvenes y adultas mayores de quince años que por alguna situación no tuvieron la oportunidad de recibir una educación básica, pudieran contar con una opción gratuita, accesible, integral e innovadora que además de contar con los servicios de alfabetización, primaria y secundaria, pudiera incrementar sus capacidades para elevar su calidad de vida y contribuir a la construcción de un mejor país.

Segunda. Instituir la modalidad de la educación para jóvenes y adultos, significa para el gobierno federal una práctica efectiva para hacer llegar la educación a las personas en condiciones de rezago educativo, 2 pues esta modalidad educativa incluye un “...conjunto de procesos de aprendizaje, formal o no, gracias al cual las personas cuyo entorno social considera adultos desarrollan sus capacidades, enriquecen sus conocimientos y mejoran sus competencias técnicas o profesionales o las reorientan a fin de atender sus propias necesidades y las de la sociedad”. 3 Además, por su flexibilidad, integralidad, interculturalidad y dinamismo “comprende la educación formal y la permanente, la educación no formal y toda la gama de oportunidades de educación informal y ocasional existentes en una sociedad educativa multicultural, en la que se reconocen los enfoques teóricos y los basados en la práctica”. 4

Tercera. Por lo anterior es imprescindible reconocer que el conjunto de procesos que involucra la educación para jóvenes y adultos representa:

a) Geográficamente, hacer llegar los servicios educativos a los estratos sociales bajo, medio bajo e inclusive medio alto e indígena, en todos sus grados de urbanización. Es decir, desde las comunidades marginales cuyo acceso es complejo, difícil e incluso arriesgado, dadas las condiciones de inseguridad que actualmente en muchas localidades concurren, hasta las regiones más urbanizadas, donde también se localizan personas en rezago educativo.

b) Culturalmente, considerar todas las formas pedagógicas que involucren integralmente su lengua, costumbres, modo de vida, creencias, tradiciones, etc., para que tanto formativa como disciplinariamente se tenga un acceso eficaz de los servicios educativos.

c) Socialmente, sensibilizar en un entorno de responsabilidad social a todos los actores del país, sobre la importancia que implica superar el rezago educativo en México.

d) Demográficamente, considerar que la población en condiciones de rezago educativo está formada por más de 30 millones de personas, cuya mayoría sobrevive en condiciones vulnerables y de exclusión por su grado de pobreza, marginalidad, cultura, lengua, capacidad psicomotriz, etcétera.

e) De infraestructura, detonar la consolidación de una estructura productiva, suficiente y calificada, donde los recursos materiales, técnicos, tecnológicos, financieros, de obra pública y humanos, permitan desarrollar servicios educativos integrales y atender su demanda en forma efectiva.

f) Políticamente, reflexionar sobre la realidad de los factores que inciden en la existencia y, en su caso, el crecimiento de la población en condición de rezago educativo, y la importancia de abatir el déficit presupuestario que permita implantar las políticas públicas que aborden las áreas de oportunidad que se advierten para atender a esta población.

g) Económicamente, diseñar e implantar estrategias que permitan, en un entorno de responsabilidad y transparencia, que la administración, la aplicación y el control de los recursos humanos, materiales, tecnológicos, etcétera, observen año con año los principios de austeridad, optimización y eficiencia, sin que ello signifique limitar o disminuir los servicios que involucra la educación para jóvenes y adultos.

Todos estos factores resultan importantes para fortalecer al INEA permitiéndole contar con públicas modernas e innovadoras que coadyuven a materializar una plataforma educativa suficiente, cuyos servicios lleguen de forma efectiva y oportuna a este sector de la población.

Cuarta. Estadística del rezago educativo. Al revisar algunas cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 5 se observa en México lo siguiente:

• Más de la tercera parte de la población total (33 millones 400 mil personas) se encuentra en condición de rezago educativo, lo que equivale a 47 por ciento de la población de 15 años en adelante.

• En el mismo segmento de población, durante el quinquenio de julio de 2005 a julio de 2010, el analfabetismo se mantuvo constante en 8.4 por ciento, el rezago educativo a nivel primaria representó 15.3 y a nivel secundaria 16.1.

• En el sistema formal o escolarizado, la tasa de deserción a nivel primaria es de 1.2 por ciento y a nivel secundaria de 7.3, en tanto que el índice de eficiencia terminal es de 92.1 para el nivel primaria y de 78.8 para el nivel secundaria.

Lo anterior se traduce en lo siguiente:

1. De la población en educación básica en el sistema formal

a) A nivel primaria, cerca de 1 por ciento abandona sus estudios y alrededor de 8 por ciento no concluyen oportunamente su proyecto educativo conforme a los años que se tienen programados.

b) A nivel secundaria, poco más de 7 por ciento deserta de sus estudios, aunado a que aproximadamente 20 por ciento no los concluye conforme a los años programados.

2. De la población total en México de 15 años en adelante 6

a) Poco más de 70 por ciento se sitúa en estratos socioeconómicos bajo y medio bajo, la cual en el último quinquenio observó un incremento de 6 por ciento.

b) Aproximadamente 48 por ciento de esta población se halla en localidades con nivel de urbanización medio, bajo y rural; y cuyo incremento en los últimos cinco años ha representado cerca de 6 por ciento.

c) En la actualidad, esta población tiende a incorporarse a muy temprana edad al ámbito laboral, con objeto de solventar sus primeras necesidades, como alimentación, vestimenta, vivienda y salud.

Conforme a los datos del Inegi (en su consulta interactiva) al cierre de 2009

• De la población de 15 años en adelante, más de 40 millones de personas (es decir, más de 50 por ciento) es población económicamente activa;

• De la población anterior, más de 30 millones (+60 por ciento) se encuentran en condición socioeconómica baja y medio-baja; y

• De esta última población, más de 18 millones 500 mil personas (+60 por ciento) viven en localidades menos urbanizadas; es decir, con un grado de urbanización media, baja y rural.

Lo expuesto nos obliga a reflexionar respecto a que la población en rezago educativo en condiciones de marginalidad y pobreza extrema es un fenómeno que merece especial atención.

Quinta. Dada la importancia de lo referido, y al comparar el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 7 con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, 8 respecto al INEA, se hace inaceptable observar que el gasto corriente programado para solventar los servicios personales disminuyó en 5.2 por ciento. Esto significa que, en términos reales, el decremento presupuestal para 2011 en este concepto es mucho mayor.

Es evidente que esta disminución afecta significativamente el cometido de la educación para jóvenes y adultos, que es contribuir a “desarrollar la autonomía y el sentido de responsabilidad de las personas y las comunidades, reforzar la capacidad de hacer frente a las transformaciones de la economía, la cultura y la sociedad en su conjunto, y promover la coexistencia, la tolerancia y la participación consciente y creativa de los ciudadanos en su comunidad”. 9

Sexta. Considerando la importancia que tiene el contar con recursos humanos suficientes y calificados para asegurar la eficaz procuración de la educación básica a jóvenes y adultos en condiciones de rezago educativo, así como la disminución del presupuesto referida para el concepto de servicios personales, se propone observar lo dispuesto en las fracciones IV y VI del Apartado B del artículo 123 constitucional, que a la letra dicen:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

B. Entre los Poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

I. a III. ...

IV. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución y en la ley.

En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general en el Distrito Federal y en las entidades de la república.

V. ...

VI. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario en los casos previstos en las leyes;

...

Igual que el párrafo primero de la cláusula 64 del contrato colectivo de trabajo que celebraran el INEA y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos (SNTEA), aplicable también para el personal sindicalizado de los Institutos Estatales para la Educación de los Adultos (2008-2010), que refiere:

Cláusula 64. El salario no es susceptible de retenciones, descuentos o deducciones si no en los casos previstos en el artículo 110 fracción I de la ley, o por resolución de autoridad judicial competente.

Séptima. El acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto, publicado el jueves 10 de junio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, establece que el capítulo 1000, “Servicios personales”

Agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.

Octava. Entre los acuerdos del 21 de mayo de 2010 que concertaran el SNTEA, las Secretarías de Educación Pública, y de Hacienda y Crédito Público, y el INEA, se pactó que los trabajadores de la educación para adultos recibieran 4.5 por ciento de incremento directo al salario, además de 1.2 por ciento a prestaciones.

Novena. De conformidad con el artículo 74, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados “aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal”.

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 39, numerales 2, fracciones XIII, XX, XXVIII y XXXVII, y 3, que la Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura entre las cuales se encuentran las de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, las cuales tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio.

Para tales efectos, el 23 de agosto de 2010 la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 44, numeral 4, y 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 42, fracción VIII, inciso f), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, emitió el acuerdo por el que se establece el procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, en el cual se establece:

Primero. La comisión enviará a las comisiones ordinarias relacionadas con el ramo del Presupuesto respectivo el proyecto de Presupuesto de 2011, entregado por el Ejecutivo federal, y las propuestas de proyectos de inversión que le sean turnadas, para su análisis, discusión y opinión. Asimismo, les podrá enviar para opinión los puntos de acuerdo turnados por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados relacionados con el Presupuesto de 2011.

Segundo. Las comisiones ordinarias, una vez analizadas las propuestas señaladas en el punto anterior, deberán enviar a la comisión, a más tardar el viernes 29 de octubre de 2010, sus opiniones respecto del proyecto de Presupuesto de 2011.

Por todo lo expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública a analizar la pertinencia de incrementar en 10 por ciento el monto asignado al capítulo de servicios personales correspondiente al ramo administrativo 11, “Educación pública”, del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, previsto para el organismo público descentralizado Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

Notas

1 Decreto por el que se crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, artículo 1, página 1.

2 Rezago educativo: condición de atraso del país y de las entidades federativas por la falta de alfabetización y estudio y conclusión de la educación primaria y secundaria de las personas de 15 y más años que no están siendo atendidas por el sistema educativo, “Glosario”, acuerdo número 504 por el que se emiten las Reglas de Operación de los programas Atención a la Demanda de Educación para Adultos, y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (INEA), página 67.

3 Declaración de Hamburgo sobre la Educación de Adultos, quinta Conferencia internacional de educación de las personas adultas, 14 a 18 de julio de 1997, numeral 3, página 11.

4 Ídem.

5 Inegi. Cifras a julio de 2010.

6 Datos obtenidos del análisis de cifras proporcionadas por el Inegi mediante la consulta interactiva de datos, http://wwwinegi.gob.mx/lib/lap/general_ver4

7 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, carta del presidente, proyecto de decreto del PEF de 2010, paquete económico, en http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/ppef/2010/indez2 .html

8 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, carta del presidente, proyecto de decreto del PEF de 2010, paquete económico, en http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/ppef/2011/indez2 .html

9 Declaración de Hamburgo sobre la Educación de Adultos, quinta Conferencia internacional de educación de las personas adultas, 14 a 18 de julio de 1997, numeral 5, página 12.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Marcos Pérez Esquer (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para proyectos de infraestructura hidráulica en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El siglo XXI nos plantea grandes retos. Uno de ellos, quizás el más importante, es el conflicto geopolítico por el agua. La pugna se centra desde ya entre los gobiernos neoliberales, que consideran que el agua debe tratarse como un bien comerciable, y aquellos que mas sensatamente piensan que es un recurso natural que debe ser tutelado por el Estado como cualquier otro de los derechos universales del hombre. En nuestro país, y en particular en el estado de Oaxaca, la dificultad realmente radica en la mala gestión y distribución del vital liquido, pues en muchas poblaciones se presenta ya como un problema de salud pública. Miles de de personas, en su mayoría niños, enferman por el consumo de agua no potable. Con un suministro eficiente de agua potable y saneamiento adecuado, los índices de enfermos podrían reducirse hasta 75 por ciento. Con la ejecución de estas 28 obras, que suman un total de 284 millones 545 mil 387.25 pesos, se beneficiarán mas 225 mil habitantes de 9 municipios del estado de Oaxaca.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Recursos Hidráulicos, y de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a efecto de que en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011 consideren la programación de 284 millones 545 mil 387.25 pesos para 28 proyectos de infraestructura hidráulica.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputada Juanita Arcelia Cruz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para proyectos de infraestructura eléctrica en Oaxaca, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El inicio del nuevo siglo y el avance tecnológico que lo caracteriza obligan a estrechar y fortalecer los medios de comunicación entre los pueblos, como un instrumento fundamental para su desarrollo económico y social. En el estado de Oaxaca existen cientos de comunidades rurales e indígenas que carecen de los servicios más elementales, al no contar con el servicio de electricidad. Por tanto, al atenderlos no solamente se cumple con una obligación moral y política, sino que se hace también una acción de justicia histórica. Con la ejecución de estas 31 obras, que suman un total de 237 millones 699 mil 900.68 pesos se beneficiarán mas 160 mil habitantes de 11 municipios de Oaxaca.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Energía, y de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a efecto de que en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011 consideren la programación de 237 millones 699 mil 900.68 pesos para 31 proyectos de infraestructura eléctrica.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputada Juanita Arcelia Cruz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para proyectos de infraestructura hidráulica en Oaxaca, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El consumo racional del agua, así como la conservación y el cuidado de nuestro medio ambiente son responsabilidad ineludible de todos los mexicanos. Especial atención merece el proceso de captación, tratamiento y disposición de aguas residuales domiciliarias y pluviales. En el estado de Oaxaca, la dificultad realmente radica en la limitada asignación de recursos económicos que se asignan año con año para dar respuesta a la demanda ciudadana, y en su deficiente administración. Incluso, en muchos municipios oaxaqueños, al no contar con las instalaciones adecuadas se ha tornado en un problema de salud pública, afectando principalmente a niños y adultos mayores. Con un manejo más responsable del agua, los índices de contaminación ambiental podrían reducirse de manera considerable. Por tanto, con la ejecución de estas 13 obras, que suman un total de 208 millones 716 mil 262.25 pesos se beneficiará a mas 175 mil habitantes de 6 municipios de Oaxaca.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a efecto de que en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011 consideren la programación de 208 millones 716 mil 262.25 pesos para 13 proyectos de infraestructura hidráulica.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputada Juanita Arcelia Cruz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para proyectos de infraestructura educativa en Oaxaca, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Cualquier cantidad de recursos económicos destinados al rubro de la educación debe ser considerada como la más grande inversión en el desarrollo de un pueblo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 3o., considera la obligatoriedad del Estado en la educación de los mexicanos. En el estado de Oaxaca, cuya población alcanza los 3 millones y medio de habitantes, cuando menos 19 por ciento, esto es 649 mil habitantes, carecen de los medios para recibir esta instrucción básica, situación que lo sitúa con un rezago educativo de 67.7 por ciento. Sin embargo, lo mas critico aún, es que 13 por ciento de la población es analfabeta. El sector más vulnerable es el indígena, pues es ahí donde se encuentra el mayor número de población que no cuentan con dicha instrucción. Con una inversión de 31 millones 319 mil 337.12 pesos, para la ejecución de 6 obras se tiene la oportunidad de beneficiar al menos 110 mil personas de 5 municipios indígenas del estado de Oaxaca.

Por expuesto, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a efecto de que en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011 consideren la programación de 31 millones 319 mil 337.12 pesos para 6 proyectos de infraestructura educativa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputada Juanita Arcelia Cruz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el fortalecimiento de los programas de derechos humanos, de equidad de género y de vinculación ciudadana en la Sedena, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo para exhortar a integrantes de las Comisiones de Equidad y Género, de Derechos Humanos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de de esta XLI Legislatura para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2011 aprueben una partida etiquetada y adicional al ramo 07, “Defensa Nacional”, para el fortalecimiento de los programas de derechos humanos, de equidad de género y de vinculación ciudadana en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),con base en los siguientes

Antecedentes

1. Las iniciativas en materia de derechos humanos, promoción y desarrollo de la equidad de género y de vinculación ciudadana son esfuerzos institucionales relativamente recientes en la Sedena y que, con responsabilidad, nos convocan a su mejoría y ampliación.

2. De forma paulatina, se está abriendo espacio a una actuación de las fuerzas armadas que refuerce sus vínculos con el desarrollo de las libertades y derechos de las personas y la atención a la sociedad, que debe ser la principal beneficiaria de la actuación castrense.

3. La LXI Legislatura está convocada a tomar decisiones que fortalezcan esos esfuerzos institucionales, como una aportación concreta al desarrollo de una cultura de paz y el fortalecimiento de la legalidad como soporte del Estado constitucional y de los derechos humanos.

En particular, debemos responder a la demanda de reforzar las áreas de respeto a los derechos humanos y de capacitación en materia de equidad de género, áreas que, en conjunto, no representan más que 0.27 por ciento del gasto total de la secretaría, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que se nos propone para el ejercicio fiscal de 2011 y que, sin duda, constituye una de las demandas más sentidas de la sociedad civil en su relación con la Secretaría de la Defensa Nacional.

Considerando

I. En 2009 se iniciaron los trabajos dedicados a capacitar y sensibilizar a los efectivos en una perspectiva de género. No obstante las ingentes necesidades que se le presentan, para el ejercicio de 2010, estos recursos disminuyeron de 200 a 100 millones de pesos y para el 2011 se tiene proyectado un gasto de 104 millones de pesos, es decir se mantiene prácticamente igual, pues sólo se le actualiza la inflación.

II. Por lo que hace específicamente al programa de derechos humanos, a partir de la creación de la dirección general en la materia, en el ejercicio de 2010, se aprobó un monto de 36.5 millones de pesos y para el próximo ejercicio sólo se considera un incremento a 41.5 millones de pesos; dicho incremento resulta menor a las necesidades de atención a este tema por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

III. En relación al fortalecimiento del vínculo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos con la sociedad civil apenas se están dando los primeros pasos. Uno de ellos es el acuerdo por el que se crea la Unidad de Vinculación Ciudadana, publicado el 21 de junio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación. Esa unidad tiene el propósito de institucionalizar un organismo para la solución de los conflictos que se generen entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la sociedad, con motivo de la lucha que se libra contra las acciones criminales y brindar a la sociedad en general mayor información sobre el desempeño del Ejército y Fuerza Aérea.

IV. Aún cuando hay mucho terreno que avanzar, sin duda se está en la dirección correcta al generar mecanismos para la debida atención de la ciudadanía. Ante los conflictos que traen aparejada la presencia militar en las calles y en las carreteras del país lo responsable no es negar esos hechos, sino encararlos y desarrollar acciones que eviten su agudización o, mejor aún, que den cause a una conducta institucional que los inhiba y tienda a eliminarlos.

V. En la lucha contra el narcotráfico no sólo es necesario empeñar los mayores esfuerzos en la recuperación de la seguridad, debemos también reconocer errores y las muertes de los civiles muertos como los tristemente ocurridos en Acapulco, Tamaulipas o en Monterrey. Las condolencias y los pésames no bastan ante las pérdidas irreparables; es necesario seguir fortaleciendo y construyendo los puentes tendentes al acercamiento y fortalecimiento de la relación de los mandos de este instituto armado con la sociedad. Aunque todavía falta desarrollar una metodología para establecer, articular y mantener una efectiva comunicación entre los citados interlocutores para facilitar la solución de conflictos, lo conducente es reforzar el trabajo y otorgar un presupuesto suficiente a la Unidad de Vinculación Ciudadana, así como a los programas de derechos humanos y de sensibilización en perspectiva de género.

VI. Nuestro país y sus instituciones están emplazados a encarar el gran problema de la violencia y la criminalidad. No sólo mediante acciones punitivas, sino sumando al conjunto de la intervención pública y social en la inhibición de las condiciones que propician el deterioro social.

VII. De esta forma, en otros países, e incluso en Estados Unidos de América, se está observando una convergencia que tiende a vincular las fuerzas públicas a la prevención al consumo de drogas, la instrumentación de pruebas en la población con mayor riesgo, el acercamiento hacia las comunidades y de manera particular a los segmentos de los jóvenes, campañas de alto impacto contra el consumo de drogas y la criminalidad en medios de comunicación, y directamente en escuelas, hospitales e instituciones públicas, y la colaboración entre las agencias de seguridad pública y las instituciones de salud y educativas.

VIII. Estas líneas de acción y muchas más, sólo se consiguen en un ambiente democrático, en donde las instituciones, civiles y armadas están al servicio ciudadano, pero sobre todo, están cerca de los núcleos de la sociedad civil y contribuyen a la recuperación de la legalidad y del tejido social. Toca ahora a esta soberanía cimentar la edificación de las nuevas relaciones de las Fuerzas Armadas con la sociedad civil en un marco de pleno respeto a la legalidad y a los derechos humanos.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda otorgar en el ramo 07, “Defensa Nacional”, una ampliación presupuestal etiquetada de 300 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera:

a) 100 millones de pesos para la Unidad de Vinculación Ciudadana, para el desempeño de sus actividades institucionales del Programa M001, “Actividades Apoyo Administrativo”;

b) 100 millones de pesos para intensificar de las actividades del A900, “Programa de Capacitación y Sensibilización para Efectivos en Perspectiva de Género”; y

c) 100 millones de pesos para intensificar las acciones del Programa A017, “Derechos Humanos”.

Lo anterior representa un ajuste 300 millones de pesos adicionales al monto considerado en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, en el ramo 07, “Secretaría de la Defensa Nacional”, con objeto de contar con los elementos humanos y materiales necesarios para la renovación de las relaciones de las fuerzas armadas con la sociedad civil.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para la construcción de una vía de acceso que comunique la población de Hierbabuena con La Concordia, municipio de Tlahuiltelpa, Hidalgo, así como para la introducción de servicios públicos básicos y electrificación de la comunidad, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Leticia Quezada Contreras, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo para exhortar a los diputados integrantes de las Comisiones de Desarrollo Rural, Presupuesto y Cuenta Pública así como al pleno de la LXI Legislatura, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2011 se aprueben recursos etiquetados para la construcción de una vía de acceso que comunique la población de Hierbabuena con La Concordia, municipio de Tlahuiltelpa, Hidalgo, así como para la introducción de servicios públicos básicos y electrificación de la comunidad, bajo los siguientes

Antecedentes

Tlahuiltepa, Hidalgo ocupa una superficie de 468 kilómetros cuadrados, y se encuentra a una altitud sobre el nivel del mar de 2 mil metros. Sus colindancias son: Al norte con los municipios de Tepehuacán de Guerrero, La Misión y Chapulhuacán, al sur con el de Eloxochitlán, al oeste con el de Jacala y al este con los de Molango y Eloxochitlán.

Este municipio cuenta con tres zonas escolares, la zona número 147 zona escolar número 38, zona escolar número 101. La educación que se imparte es preprimaria, primaria, secundaria y actualmente la educación media superior a distancia.

En materia de salud el municipio cuenta con centros de salud, 12 en total, una unidad médica rural del Instituto Mexicano del Seguro Social, 5 unidades de asistencia social de IMSS Solidaridad y 6 unidades de la Secretaría de Salud, insuficientes para atender la demanda de la población más pobre del país.

En lo que respecta a vivienda, en el municipio los hogares son de piso de tierra en su mayoría, con paredes de madera y techo de sácate colorado, caña o tejamanil algunas otras ya cuentan con paredes de madera con lodo apisonado y techado de lamina, en un mínimo porcentaje cuentan con su casa de block y techado de loza.

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del Inegi, el porcentaje de población de 5 años y más que habla lengua Indígena es del 0.6 por ciento, con respecto a la población total. Actualmente la mayoría de los pobladores hablan el español y los idiomas como el Nahualt y Otomí.

En este municipio se encuentra enclavada la comunidad de Hierbabuena (Yerbabuena), la cual no cuenta con los servicios básicos que son indispensables para un desarrollo adecuado de las y los habitantes en sus actividades cotidianas.

Que en Hierbabuena comunidad de Hidalgo carecen de drenaje, electrificación, incluso carecen de un camino adecuado para comunicar su comunidad con la población más cercana que es la de La Concordia, que se encuentra a 5 kilómetros de distancia, estando obligados a llevar todos sus traslados a pie.

Los habitantes de la comunidad de Hierbabuena están obligados a trasladarse diariamente, sujetos a las inclemencias del tiempo a La Concordia solo con el apoyo de animales de carga, de esta manera se abastecen de víveres o trasladan su producción agrícola para venta en las poblaciones aledañas. Esta población carece de electrificación hecho que limita su calidad de vida y los aísla de los beneficios de este servicio público indispensable para desarrollar cualquier actividad de la vida moderna.

El aislamiento y el abandono gubernamental que padecen los habitantes de esta pequeña población son el día a día y pese a que han reiterado sus solicitudes a las autoridades municipales y estatales, las autoridades han sido omisas orillándolos as construir con sus propios medios y trabajo, apenas un camino rural de poco más de un kilómetro, pero sus recursos son escasos y requieren del apoyo del sector público para concluir el tramo de 5 kilómetros que los comunicará con La Concordia que es el poblado más cercano.

Considerando

Primero. Que es una realidad que en dicha población habitan decenas de familias que viven en un alto grado de marginalidad que carecen además de muchas otras cosas, de la infraestructura urbana básica para resolver sus necesidades cotidianas a las que se enfrentan cada a día.

Segundo. Que es nuestro deber como legisladores velar por el bienestar de todas y todos los mexicanos, en particular de los que menos tienen, garantizando que en el presupuesto aprobado a los gobiernos estatales y municipales sea destinado a cubrir, entre otras, las necesidades básicas de la población con la finalidad de elevar la calidad de vida de los habitantes del país.

Por ello es imprescindible que el Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe esta soberanía, establezca una partida presupuestal suficiente y etiquetada para la construcción del camino que durante años han gestionado los habitantes de la comunidad de Hierbabuena, municipio de Tlahuiltepa, Hidalgo, así como para la introducción y dotación de servicios básicos y electrificación.

Por lo expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los integrantes de las Comisiones de Desarrollo Rural, Presupuesto y Cuenta Pública así como al pleno de la LXI Legislatura a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2011 se aprueben 10 millones de pesos destinados para la construcción de una vía de acceso que comunique la población de Hierbabuena con La Concordia, municipio de Tlahuiltelpa, Hidalgo.

Palacio Legislativo, a 4 de noviembre de 2011.

Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD

María Araceli Vázquez Camacho, integrante de la Comisión de Educación Publica y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica que incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 una partida presupuestas por 100 millones de pesos más para la unidad académica Universidad Autónoma de la Ciudad de México al tenor de las siguientes

Consideraciones

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar el conocimiento y la cultura, entre otras. Asimismo es un derecho tutelado por las Carta Magna.

La recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura dispone destinar como mínimo un monto anual equivalente a 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país al gasto público federal en educación, no obstante de que la Ley General de Educación dispone en el artículo segundo transitorio de la reforma del 30 de diciembre de 2002 que los presupuestos del Estado, considerarán un incremento gradual anual, a fin de alcanzar en 2006, recursos equivalentes a 8 por ciento del producto interno bruto del país para el financiamiento de la educación, del cual al menos 1 por ciento debe ser destinado a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas.

La proporción del PIB que nuestro país destina a la educación es menor que la destinada en promedio por los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) es una institución de educación superior pública, decretada en abril de 2001, en la Ciudad de México, por el entonces jefe de gobierno, licenciado Andrés Manuel López Obrador. A diferencia de los demás estados de la república, la Ciudad de México no contaba con una institución de educación pública propia.

El 16 de diciembre de 2004 obtuvo la autonomía, que la hace una institución con la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí misma, definir su estructura y las funciones de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios del artículo 3 constitucional.

La UACM es una institución de cultura fiel a la vocación humanista, científica y crítica que ha animado a las auténticas universidades a lo largo de su historia centenaria. Sus funciones son la docencia, la investigación, la difusión de la cultura, la extensión de los servicios educativos a la sociedad y la cooperación con las comunidades de la Ciudad de México para la solución de sus problemas y su desarrollo cultural.

La UACM posee estudios de licenciatura y posgrado en áreas científicas, humanísticas e ingenierías. Está integrada por diversos planteles y es la primera institución pública educativa de nivel superior no federal creada en la Ciudad de México.

De acuerdo con las leyes vigentes, su función también es otorgar títulos, grados académicos, diplomas y certificados correspondientes a los conocimientos que se imparten en sus programas, independientemente de cómo fueron adquiridos dichos conocimientos. Los servicios educativos de la UACM se sustentan en los criterios que orientan la educación pública mexicana, entre ellos: laicismo; la democracia entendida no solamente como un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; la atención especial a nuestros problemas y al aprovechamiento de nuestros recursos; la defensa de nuestra independencia política y económica; la continuidad y el acrecentamiento de nuestra cultura y la contribución a la mejor convivencia humana.

Para la UACM la educación, más que la suma de información es el desarrollo de actitudes que hagan realidad los valores antes señalados y de las habilidades de análisis, crítica e investigación que permiten al estudiante ser participe de la evolución de la cultura y la sociedad.

Toda persona que ha obtenido el certificado de bachillerato tiene derecho a realizar sus estudios de nivel superior y, consecuentemente, no impone otra condición de ingreso.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, ramo 11, “Educación pública”, bajo el rubro de programas presupuestarios en clasificación económica, clave U otros subsidios programa 039, a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se le asigna una partida por 100 millones de pesos, lo que es insuficiente ante la demanda educativa al nivel superior en la Ciudad de México. Por ello se propone en el presente punto exhorte y solicite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados a que en el ámbito de sus facultades, etiquete o reasigne 100 millones de pesos más para que la UACM pueda seguir fortaleciendo su oferta educativa.

Puesto que la UACM no tiene recursos para admitir a todos los solicitantes, acude a un sorteo que se realiza ante notario público. Los aspirantes que no logran ingresar el año que hicieron su solicitud quedan registrados para la siguiente inscripción, y son incorporados en el orden que resulte del sorteo.

Por lo expuesto y fundando, someto a consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la de Educación Pública y Servicios Educativos, a efecto de que en el proceso de análisis, discusión, reasignación y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 incluya una partida presupuestal por 100 millones de pesos más en el ramo 11, “Educación pública”, bajo el rubro de programas presupuestarios en clasificación económica, clave U otros subsidios programa 039, a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Dado en la sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 4 de noviembre de 2010.

Diputada Araceli Vázquez Camacho (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para crear un fondo de fomento a la participación ciudadana en la prevención social del delito, a cargo de la diputada Teresa Incháustegui Romero, del PRD, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Las suscritas, integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 4, párrafo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

1. Que la violencia y la criminalidad que enfrenta México constituyen un fenómeno complejo y diverso, cuya intensidad, alcances y expresiones dependen en buena parte de la localización de las zonas y regiones de las localidades, así como de la capacidad de los gobiernos municipales para crear redes sociales de contención de la inseguridad; proveer servicios policiales más eficaces y para mejorar la calidad de los entornos urbanos en aras de propiciar ciudades más seguras.

En esta perspectiva, la seguridad es resultante de un conjunto de condiciones económicas, sociales, urbanísticas, institucionales y culturales, que requieren ser producidas con la concurrencia de diversos sectores de política pública y bajo un modelo integral. Se requiere por consiguiente, acompañar la política de contención y combate a la delincuencia con intervenciones sociales integrales de carácter preventivo, capaces de incidir sobre los actores clave y modificar los contextos locales de riesgo –cultural, social, económico, demográfico, urbano y jurídico–, que alientan y detonan violaciones a la ley, comportamientos violentos y actividades delictivas.

2. La victimización delictiva y la inseguridad no afecta de la misma manera a mujeres que a hombres; a población indígena y no indígena; a migrantes y no migrantes; a adultos y niños o adolecentes; a población rural que urbana. Diferentes formas y tipos de delito se dan también de acuerdo a los ámbitos de vida: en el hogar, en el lugar de trabajo, en los espacios públicos, en los centros de estudio, en las instalaciones de reclusión o de cuidado, etcétera. De ahí la necesidad de definir estrategias diferenciadas y situadas en la perspectiva de género, edad, diferencia cultural y tipo de lugar.

3. Las experiencias internacionales exitosas en materia de prevención del delito muestran claramente que el protagonismo de los gobiernos municipales y las instancias locales, unido a la concurrencia del trabajo sectorial de los otros niveles de gobierno, para recuperar la calidad de vida, reconstruir el espacio urbano y fortalecer la participación ciudadana y vecinal; han logrado la recuperación del tejido social, el incremento de la confianza entre ciudadanos y, respecto a las autoridades, teniendo como resultado final la reducción de la criminalidad.

De tal manera que prevención social del delito y participación ciudadana son dos elementos indisolubles. No puede haber prevención efectiva sin la participación de los diversos actores y grupos sociales. Y la participación ciudadana resulta formal y pasiva si no se articula a las acciones preventivas. En la prevención se expresa, hoy más que nunca, el rol fundamental de las comunidades y los ciudadanos como corresponsables de producir seguridad para todos.

4. La activa participación ciudadana y vecinal en acciones en favor de generar condiciones de mayor seguridad y en intervenciones para atender a las víctimas de la violencia delictiva o, bien, para dar seguimiento y apoyos al trabajo de cuerpos policiales ya se está dando en nuestro país. Muchas de ellas trabajan sin recursos, o con recursos muy escasos, conjuntando el trabajo de profesionistas voluntarios, organizaciones civiles, universitarios, atendiendo las secuelas de la victimización delictiva en las familias y grupos de la población. Se trata de esfuerzos que deben ser reconocidos y promovidos porque prestan servicios en áreas insuficientemente cubiertas por los gobierno o donde las instituciones públicas muestran menores capacidades conceptuales, metodológicas y operativas. Además de contar con el reconocimiento y la confianza en las comunidades donde actúan y conocen las problemáticas locales.

Todo lo cual convierte a las organizaciones sociales y ciudadanas, por derecho propio en interlocutores que deben ser tomados en cuenta para diseñar y operar políticas públicas con enfoque ciudadano y participativo en materia de prevención del delito.

5. Por lo anterior, planteamos la creación de un fondo de fomento a la participación ciudadana en la prevención social de la violencia y el delito, que permita impulsar y desarrollar acciones de prevención de la violencia social y de género y promover la organización de la ciudadanía en la generación de condiciones de vida seguras. Además de incidir en el diseño de las acciones y programas locales, darles seguimiento y evaluarlas.

Por lo expuesto, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a efecto de que en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011 considere la asignación de 550 millones de pesos al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que, dentro del Programa de Desarrollo y Aplicación de Programas y Políticas en materia de Prevención Social del Delito y Promoción de la Participación Ciudadana, se dé la creación de un Fondo de Fomento a la Participación Ciudadana en la Prevención Social del Delito.

Presentado ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputadas: Teresa del Carmen Incháustegui Romero, María Joann Novoa Mossberger, Alma Carolina Viggiano Austria (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para los proyectos, programas y propuestas que presentan presidentes municipales de Oaxaca, Michoacán, Hidalgo, Tabasco, estado de México, Jalisco y Zacatecas, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Samuel Herrera Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete al pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

Considerando que son muchas las necesidades que tienen los municipios de este país y que desde hace varias décadas de manera reiterada han solicitado recursos que permitan un desarrollo adecuado para sus pueblos, es urgente que como legisladores federales, apoyemos la aprobación de sus peticiones, tenemos la obligación de velar por el bienestar de todos, pero sobre todo de los mas necesitados, debemos garantizar que la aprobación del Presupuesto cubra las necesidades básicas de la población, que permita elevar la calidad de vida de todos los habitantes, es indispensable que se aprueben los recursos solicitados, para el mejor desarrollo comunitario, es una actividad encaminada a prever y adaptar armónicamente las actividades y necesidades básicas de la comunidad, donde el mejoramiento en infraestructura carretera es básica para orientar la actividad económica para obtener el máximo beneficio social.

Así, tomando en cuenta los requerimientos establecidos en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los criterios del gobierno de los estados y las demandas locales, los legisladores debemos asumir nuestro papel de promotores de la voz de nuestros representados.

Por esta razón, y conociendo las carencias y dificultades que los munícipes presentan para hacer llegar su propuestas, debo señalar la importancia de dar seguimiento y apoyo a cada demanda, pues sus esfuerzos deben materializarse en la asignación de recursos que permitan solventar sus requerimientos.

Asimismo, y debido a la dispersión de la población, encontramos que existen también grupos sociales en desventaja, cuya principal característica la constituye el hecho de no contar con los servicios básicos necesarios y vivir alejados de los grandes centros urbanos.

Convencido que su aprobación y asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 coadyuvará a un mejor desarrollo, pongo a consideración los siguientes proyectos que en materia de infraestructura carretera y desarrollo social, solicitan los presidentes municipales, gobernadores y representantes de las diferentes comunidades.

Por lo expuesto, me permito presentar la siguiente propuesta a las Comisiones de Transportes, y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados; la aprobación de los siguientes proyectos:

1. Ampliación y pavimentación del camino que inicia en santiago Quiotepec y que comunica con otras comunidades y concluye en la comunidad de Santa María Tlalistac, así como la introducción de otros servicios públicos en favor de la región de la cañada, en el estado de Oaxaca, por un monto de 15 millones de pesos.

2. Construcción de una vía acceso que comunique a la población de Hierbabuena con la comunidad de la Concordia, municipio de Tlahuiltelpa, del estado de Hidalgo, así como para la introducción de servicios básicos y electrificación de la comunidad, por un monto de 10 millones de pesos.

3. Modernización y ampliación del camino Santa María Lachixio-Santa María Zaniza, del kilómetro 27+000 al kilómetro 34+000, del estado de Oaxaca, por un monto de 790 mil pesos.

4. Construcción de puente a desnivel , salida a Morelia, situado en la avenida Juárez, a la altura de la central de autobuses, en el municipio de Zamora, del estado de Michoacán, por un monto total de 51 millones 756 mil 587.00 pesos.

5. Construcción de tratamiento planta de aguas residuales, en el municipio de Trancoso, del estado de Zacatecas, por un monto total de 7 millones 23 mil 333.20 pesos.

6. Construcción de bulevar de cuatro carriles, del tramo carretera federal número 180 Comalcalco-Cárdenas a la autopista La Isla–Puerto Ceiba, del kilómetro 0+000 al kilómetro 1+253.00, por un monto total de 22 millones 510 mil 193.89 pesos.

7. Construcción de un aula de medio, en la comunidad de San Pedro Yosotatu, Tlaxiaco, Oaxaca, por un monto total de 483 mil 448.58 pesos.

8. Municipio de Poncitlán, Jalisco: Infraestructura deportiva por 48 millones 770 mil 712.19 pesos; infraestructura de salud: 3 millones 580 mil 17.52 pesos; infraestructura educativa: 537 mil 228.48 pesos; equipamiento urbano y vialidades: 36 millones 879 mil 184.00 pesos; pavimento en caminos: 57 millones 106 mil 223.40 pesos.

9. Municipio de Tultepec, estado de México: ampliación a cuatro carriles del ramal Los Reyes FFCC, tramo del circuito exterior mexiquense a la vialidad mexiquense por un monto de 10.47 millones de pesos.

Dichos proyectos tendrán un alto impacto en la sociedad y son indispensables para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esos estados y municipios.

Por lo anterior, pongo a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Transportes, y a las ordinarias a efecto de que en la discusión y asignación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 se etiqueten recursos que cubran lo solicitado por los municipios de los estados de Oaxaca, Hidalgo, Tabasco, Michoacán, estado de México, Jalisco y Zacatecas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Samuel Herrera Chávez (rúbrica)

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Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el fortalecimiento del programa de escuelas de jornada ampliada para el Distrito Federal, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, LXI Legislatura del Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo para exhortar a los diputados integrantes de las Comisiones de Educación Pública, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de esta LXI Legislatura para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2011, aprueben una partida etiquetada y adicional al fortalecimiento del Programa de Escuelas de Jornada Ampliada para el Distrito Federal , bajo los siguientes

Antecedentes

1. En educación básica es necesario fortalecer la igualdad de oportunidades. Esto significa considerar los diferentes roles que mujeres y hombres tienen dentro de la familia y la sociedad, y sus repercusiones en su entorno. Para alcanzar un desarrollo equilibrado y productivo se requiere afianzar las condiciones educativas a través de políticas de equidad con oportunidad y sobre todo, impulsar una educación con calidad para la igualdad.

2. Las Escuelas de Jornada Ampliada, no son sólo la extensión del horario, sino un cambio cualitativo de gran impacto en la transformación al modelo educativo de la Ciudad de México.

3. El Programa Escuelas de Jornada Ampliada se sustenta normativamente en los preceptos básicos siguientes:

a. Artículo 3o. constitucional que señala como obligación del Estado mexicano el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano.

b. Programa Sectorial de Educación 2007-2012.

Objetivo 1. Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.

Objetivo 2. Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

...

Objetivo 4. Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural.

4. Las Escuelas de Jornada Ampliada en preescolar y primaria, se buscan crear las condiciones institucionales para que los alumnos, niños y niñas, tengan mayores y mejores oportunidades de alcanzar los aprendizajes definidos en los programas de estudio y desarrollen las competencias necesarias para la vida.

5. Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre sectores de la población y de género, cerrar brechas e impulsar la equidad, desarrollar en los estudiantes mayores capacidades para construir y fortalecer la democracia en todos los espacios de la vida ciudadana y contribuir a los requerimientos de nuevas competencias en las personas para asumir los desafíos del desarrollo productivo y de la inserción del país en un mundo y en una economía global son prioridades para la política educativa en el Distrito Federal.

6. La Jornada Ampliada promueve y fomenta programas y proyectos novedosos que buscan ofrecer a los niños, niñas y jóvenes herramientas para su formación integral y su desarrollo con igualdad de oportunidades.

7. Las Escuelas de Jornada Ampliada aumentan 50 por ciento de horas el servicio educativo. Se podría decir que un alumno que curse sus seis grados en una escuela primaria de jornada ampliada habrá tomado tres ciclos escolares más de clases que en una escuela regular.

8. En los centros educativos de jornada ampliada, el trabajo escolar se prolonga dos horas adicionales diarias, desde las 8:00 a.m. hasta las 14:30 horas. Diez horas más a la semana y 400 en un ciclo escolar que permitirán a la escuela fortalecer el trabajo con los contenidos curriculares, intensificar el desarrollo de la competencia lectora y matemática, la comprensión de la ciencia, e incorporar la adquisición del inglés como segunda lengua, desarrollar habilidades para el uso educativo de las tecnologías de la información y la comunicación, fomentar una cultura para una vida saludable y fortalecer las competencias para la convivencia y desarrollo cultural.

9. Por otra parte, Jornada Ampliada es sin duda un apoyo a madres de familia trabajadoras (inclusión de la mujer en la vida laboral), para satisfacer la necesidad de que sus hijos sean atendidos más tiempo y con calidad.

10. Con más tiempo en la escuela se está propiciando que alumnos y alumnas adquieran herramientas de aprendizaje que les permitan consolidar su vida de estudios hasta educación superior.

Considerandos

Primero. En el ciclo escolar 2010-2011 en el Distrito Federal se implementó en 662 escuelas de educación preescolar y primaria de jornada ampliada y se brinda a los alumnos tres horas del idioma inglés; a través del propio maestro frente al grupo, se les enseña a manejar las nuevas tecnologías informáticas y de comunicación, así como desarrollar las competencias para una vida saludable, a través de la educación física, las cuales constituyen herramientas indispensables para los niños.

Segundo. Los avances alcanzados en el actual ciclo escolar permiten que basados en dos estrategias fundamentales, se proyecte que se consolide el programa en las 662 escuelas en que ya existe y se incorpore personal especializado en actividades artísticas y se contribuya a formar a los alumnos en el dominio de las nuevas tecnologías informáticas y de comunicación. Adicionalmente se planea que se incremente el monto de la jornada laboral, con una compensación al sueldo del docente y en consecuencia también exista un impacto favorable en seguridad social. La segunda estrategia consiste en incorporar a este modelo a 4,200 grupos de aproximadamente 350 escuelas de educación preescolar y primaria a partir del ciclo escolar 2011-2012.

Tercero. En consecuencia, la consolidación de los servicios existentes, para el ciclo escolar 2011-2012, requiere de 728.2 millones de pesos.

Cuarto. Es decir, se requeriría una ampliación al ramo 25, consistente en 339.3 millones de pesos.

Quinto. Por otra parte y para complementar el apoyo que requiere éste programa, se requiere en forma urgente y progresiva, la reposición de mobiliario y equipo para aulas, laboratorios, talleres y bibliotecas, por lo que es indispensable destinar al menos 500 millones de pesos anuales para este gasto de inversión, con lo cual se beneficiará a un promedio de mil escuelas, que en caso de ser progresivo, en un horizonte de cinco años se repondría casi la totalidad del mobiliario en los plantes oficiales de educación básica en la ciudad.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. - Se exhorta los diputados integrantes de las Comisiones de Educación Pública y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de esta LXI Legislatura para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2011, aprueben una partida etiquetada de 1,067.5 millones de pesos destinados al fortalecimiento del Programa de Escuelas de Jornada Ampliada para el Distrito Federal.

Palacio Legislativo, a 4 de noviembre de 2010.

Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para el Fondo de Desarrollo Regional, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La desigualdad, la marginación y la pobreza, son problemas que atañen a esta soberanía, sin embargo, la desproporcionalidad regional, y sobre todo el rezago en el que viven algunas entidades federativas, es un problema que no se ha podido subsanar en nuestro país.

A lo largo de los últimos años, se ha intentado crear mecanismos que generen mayor desarrollo regional sobre todo en aquellas entidades en las que el desarrollo social se encuentra muy por debajo de la media nacional.

La desigualdad regional se hace visible en la diferencia de 0.1652 del Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de la Entidad con menor rezago como el Distrito Federal el cual cuenta con un índice de 0.8837 respecto a la más rezagada que es Chiapas con 0.7185. La diferencia entre la entidad con mayor desarrollo es equivalente a la de algunos países desarrollados, y la de menor desarrollo es parecida a algunos países del sur de África.

Considerando que el Índice de Desarrollo Humano se encuentra constituido por una variable de ingreso per cápita, la esperanza de vida, la matricula y el año promedio de escolaridad; la divergencia entre cada una de estas variables, entre las entidades federativas se acentúa cuando de acuerdo a la metodología del PNUD se correlacionan entre sí.

Así es nuestro país, un país de divergencia, de desigualdad y de marginación. Los esfuerzos realizados para aminorar esta situación no han sido suficientes, han funcionado como paliativos y no acciones que ataquen el problema de raíz.

De entre los esfuerzos realizados para reducir la brecha de desigualdad se encuentra la creación del Fondo de Desarrollo Regional, por primera vez propuesto por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, el cual fue incluido en el ramo general 23, “Provisiones Salariales y Económicas”.

El Fondo de Desarrollo Regional surge con la finalidad de proporcionar mayor presupuesto para inversiones en infraestructura pública a las 10 entidades federativas que presentan mayor rezago, y por ende un menor Índice de Desarrollo Humano, considerando la estimación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por ser un indicador de aceptación internacional.

Este fondo inicialmente era por un monto de 2 mil millones de pesos, llegando en 2010 a un monto de 5 mil 500 millones de pesos. La importancia de este fondo radica en que se trata de un fondo resarcitorio, que busca compensar el rezago existente entre las Entidades a través de dotar de recursos para inversión en infraestructura a las más afectadas en materia de desarrollo humano.

La distribución del mencionado fondo, se encuentra planteada inicialmente de acuerdo a la desviación estándar del índice de cada entidad con respecto a la media nacional. Sin embargo, es a partir de 2009 cuando se subdivide dicho fondo, con la finalidad de considerar mayores recursos para las 3 entidades más rezagadas, como son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, las cuales por sus atrasos históricos tienen niveles muy altos de marginación, y por lo tanto su desarrollo humano se encuentra muy por debajo de la media nacional.

Por la naturaleza del Índice de Desarrollo Humano, y el impacto que tiene la creación de infraestructura en la actividad económica y por ende en el desarrollo económico y social, es fundamental considerar que un incremento en la inversión para infraestructura de estas entidades acarreará en un mediano plazo mayores niveles de desarrollo social y humano.

México, se encuentra sumamente segmentado, en cuanto a niveles de vida se trata, y es fundamental que estas diferencias regionales se disminuyan. Es nuestra responsabilidad como legisladores generar mecanismos de equidad que coadyuven a una mejor vida para todos, y sobre todo para los sectores más desprotegidos y marginados.

El fondo regional constituye un avance importante en el esfuerzo del país por incorporar a las regiones menos desarrolladas a la dinámica del crecimiento nacional. También, al permitir que los estados inviertan en aquellas obras que de acuerdo a sus necesidades consideren más importantes, apoya la descentralización del gasto e incentiva la participación activa de los agentes económicos locales.

Es indispensable redoblar esfuerzos para mejorar la situación de las personas que viven en estas Entidades marginadas con el incremento de los fondos que se dedican a mejorar la infraestructura como es el Fondo de Desarrollo Regional. Por lo que los incrementos a éste deben de ser de acuerdo a las necesidades.

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se considera un monto de 3 mil millones de pesos para el Fonregion, cuestión que me parece inadmisible, ya que el año pasado se aprobó un monto de 5 mil 500 millones, y propongo que se incremente lo aprobado el año pasado más el 5 por ciento del indicador inflacionario.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en la discusión del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se considere incrementar el monto del Fondo de Desarrollo Regional a 5 mil 775 millones de pesos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2008.

Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para el programa social 70 y Más, y la creación de apoyos a madres solteras y discapacitados, cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Samuel Herrera Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. A lo largo de la historia se han observado vaivenes en las llamadas “estrategias de política social”, el origen las consideró de carácter general y a la población rural se le protegió a través de la reforma agraria, con la fijación de precios de garantía para productos básicos, y por otra parte a la población urbana se le garantizaron derechos laborales, el mantenimiento de los salarios mínimos y la seguridad social; por muchos años considerando a estas políticas como suficientes para mejorar las condiciones de vida de la población, dando prioridad a la política económica y a la búsqueda del desarrollo del país.

En consecuencia se diseñaron programas sectoriales orientados al fomento de la producción, el consumo y a la asistencia directa de los grupos desfavorecidos, conceptualizando a la pobreza un fenómeno predominantemente rural y por ende relativo a zonas “marginadas” asociadas a la desnutrición, la insalubridad, altas tasas de natalidad y mortalidad infantil, reducida esperanza de vida, ignorancia y desempleo.

Evidentemente la investigación y el análisis sobre políticas públicas enfocadas al desarrollo social resulta abrumadoramente técnico, prevaleciendo la inercia de estudios cuantitativos cuyo objeto es la medición de efectos en la aplicación de programas, pero es justamente aquí donde se encuentra uno de los principales errores sobre el tema, ya que sistemáticamente nos limitamos al funcionamiento de los programas de asistencia social y olvidamos la formulación y aplicación de verdaderas políticas redistributivas con valores tales como, a quién serán dirigidas, cual es el criterio correcto para decidirlo y si podemos basarnos solo en los ingresos que percibe un individuo, lo cual no puede y no debe ser medido únicamente con modelos estadísticos.

Cabe preguntarse entonces sobre la posibilidad de seguir otro rumbo en nuestras políticas redistributivas, la conveniencia de implementar políticas universales e incondicionales, y con ello la posibilidad de implementar estrategias que impacten directamente en el empleo y los niveles de ingreso, pensando en un camino posible y seguro por etapas que se ajuste a la realidad de nuestro país. Más allá del costo fiscal deberíamos pensar en los beneficios que podrían generarse, pues sin duda se contaría con un sistema de amplia cobertura que a cada ciudadano le otorgaría oportunidades reales de acceso al desarrollo social. Si partimos del supuesto en concordancia con nuestra realidad sobre la universalidad, haciéndolo solo en algunas políticas redistributivas, no se afectaría el desempeño económico del país, seguramente lograríamos alcanzar el éxito de forma progresiva, se abatiría la pobreza y el rezago a través del desarrollo de un sistema concentrado en los segmentos más desprotegidos de la sociedad.

La existencia de múltiples programas diseñados con años y en muchos casos décadas de diferencia, muestran esquemas redistributivos incapaces de responder eficazmente a los problemas actuales. En ese sentido es claro que la mayoría de los programas fueron concebidos como planes de emergencia social, dirigidos sin duda a compensar sectores vulnerables; por ende hoy se da la implicación forzosa de una revisión, así como la reconstrucción de estructuras y la reconfiguración de políticas sociales que permitan a través de la universalidad en el mediano plazo, el acceso a mejores condiciones de vida y desarrollo de nuestra población conformada por más de cuarenta y siete millones de pobres.

Lo anterior nos remite a mejorar nuestros niveles de justicia social, apostar por una política que tenga como principal objetivo mejorar las condiciones de vida y desarrollo social y así trascender la lógica asistencialista. Los programas actuales pueden ser concebidos como respuestas más o menos razonables frente a los graves problemas de vulnerabilidad y exclusión social, sin embargo, habrá que tener presente su naturaleza de corto plazo; si queremos pensar en el mediano y largo plazo, comencemos a estudiar la viabilidad de propuestas redistributivas universales. La pobreza invariablemente influirá en los problemas que enfrenta la sociedad, determina sus aspiraciones; desde la alimentación, la educación, la atención en salud y por supuesto la inserción de las personas en el ámbito laboral. Cuando existe pobreza no se tienen perspectivas de desarrollo, hay núcleos de la población en los que la alimentación es un problema, y como hecho vital hay que recurrir rápidamente a su atención, si uno cubre este aspecto, aparece el tema de la salud como asunto fundamental a resolver, pero inmediatamente aparecerá el problema educativo, como elemento accesorio a estos dos anteriores, de tal suerte urgen replanteamientos en torno al funcionamiento mediático de programas para la asistencia social.

Cada grupo social demanda atención para poner en marcha programas como los que actualmente existen de manera focalizada, pero la realidad abarca el denominador, “totalidad de la población”, y no acciones sociales insuficientes o ineficaces.

Sabemos que las crisis económicas en México inclinan el crecimiento de problemas en el núcleo de la sociedad (la familia), y si a esto sumamos el cambio en la estructura de la población con la explosión demográfica de los años setenta y los rezagos sociales acumulados, tenemos una sociedad tan plural, tan desigual, tan heterogénea y tan compleja que hoy se experimenta un proceso creciente de segmentación donde no existe comunicación, no se comparten proyectos y la mayoría se siente excluida.

Estos factores llevan a la pérdida de cohesión pero debemos pensar en impulsar una conciencia colectiva sobre la necesidad de revertir este proceso. El Estado, como la sociedad civil advierten el peligro de esas tendencias, mientras que los grupos más vulnerables buscan refugios y formas de existencia que les permitan sobrevivir.

Consecuentemente “los derechos sociales”, incluyen la satisfacción de necesidades esenciales, consignadas todas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de nuevos y diversos bienes y servicios vinculados a valores universales como la equidad, la igualdad de oportunidades, la tolerancia y el reconocimiento, siendo el Estado el responsable directo que tiene la obligación fundamental de garantizar que estos derechos se cumplan.

Lamentablemente lo que se vislumbra de continuar como hasta ahora es mayor desigualdad entre grupos sociales y regiones geográficas. No podemos permitir que la situación empeore porque cada administración imponga una estrategia no solo diferente, sino equivocada para atacar la pobreza.

Una propuesta viable y global de apoyo a grupos vulnerables podría el considerar a la población de adultos mayores, a personas con discapacidad y madres solteras.

II. Programa Setenta y Más

De acuerdo a las reglas de operación del programa a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), los beneficiarios deberán de cumplir con los criterios de elegibilidad enunciados a continuación:

– Tener 70 años de edad o más.

– Habitar en localidades de hasta 30 mil habitantes.

– No ser beneficiario del apoyo de adulto mayor del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades o aceptar la suspensión en caso de ser beneficiario de éste.

Los tipos de apoyo que se otorgan son los siguientes:

– Económicos directos: que consisten en el otorgamiento de 500.00 pesos mensuales.

– Acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental: consistentes en la integración de grupos de crecimiento y clubes, así como dar jornadas o sesiones informativas.

– Acciones para la protección social: consistentes en promover actividades productivas y ocupacionales, atender discapacidades y dar acceso a los servicios de salud.

El objetivo debe ser ampliar la cobertura para la totalidad de la población mayor a 70 años, conservando los apoyos que consideran las reglas de operación del programa.

El costo de ampliación de cobertura:

Para calcular el requerimiento de recursos para ampliar la cobertura del programa se consideró lo siguiente:

– La proyección de población del Consejo Nacional de Población (Conapo) para estimar el total de posibles beneficiarios.

– El otorgamiento de un apoyo de 500.00 pesos.

– El costo de operación de 7 por ciento (máximo) señalado en las reglas de operación del programa.

– Los beneficiarios no reciben apoyo alguno por parte de gobiernos locales o cualquier otro apoyo.

La situación económica de la sociedad en nuestro país, la pobreza no solo rural sino urbana y la falta de servicios de salud, obliga a plantear el aumento generalizado de forma progresiva y en algún momento de manera universal del padrón de beneficiarios. Además de realizar los ajustes al monto económico otorgado, tomando en cuenta entre otras cosas el índice nacional de precios al consumidor.

III. Programa de apoyo a personas con discapacidad

El 10 de junio de 2005 se publica la Ley General de las Personas con Discapacidad que tiene como propósito reconocer a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio. Asimismo, se constituye el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad es el instrumento permanente de coordinación intersecretarial e interinstitucional que tiene por objeto contribuir al establecimiento de una política de Estado en la materia, así como promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas derivados de esta ley.

Adicionalmente, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia ejecuta el Programa de Atención a Personas con Discapacidad que tiene como finalidad la de prestar servicios de rehabilitación integral a la población con discapacidad o en riesgo de presentarla, así como planear, organizar y controlar la operación y seguimiento de los centros, unidades básicas y unidades móviles de rehabilitación con el propósito de contribuir a su integración social.

De acuerdo a la información se observa que las acciones para atender a personas con discapacidad comprenden básicamente los ámbitos de la atención médica, estrategias de información, prevención y rehabilitación.

Ahora bien, se debe considerar la posibilidad de otorgar un apoyo económico de 500.00 pesos mensuales a las personas que presentan alguna discapacidad, tal y como se realiza con uno de los grupos vulnerables de la sociedad en la actualidad (adultos mayores) de tal suerte que el costo del apoyo económico de conformidad con el Censo General de Población y Vivienda realizado en el 2000, en el que la prevalencia de discapacidad en el país representó el 1.84 por ciento del total de la población, pero en la encuesta censal de ese mismo año y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud (Ensa 2000) también de ese año, se mostró que la prevalencia era aproximadamente de 2.30 por ciento. 1

Se presenta el siguiente cálculo:

Población total 2000: 97,483,412

Prevalencia según Ensa 2000: 2,242,118

Apoyo económico de 500.00 pesos mensuales (millones de pesos): 1,121.1

Costo anual del apoyo económico (millones de pesos): 13,452.7

Es importante señalar que debido a los problemas en la medición de la prevalencia de la discapacidad se consideró inconveniente hacer una estimación para los años siguientes de que se cuenta con información, por lo que la cifra deberá de considerarse como aproximada.

IV. Programa de apoyo a madres solteras

En el pasado reciente se han observado cambios en la estructura familiar, de tal manera que el papel de la mujer ha cobrado relevancia para encabezar el núcleo familiar, debido fundamentalmente a embarazos fuera del matrimonio y al crecimiento en la separación conyugal y divorcios.

En este sentido, se han incrementado acciones para atender a las mujeres que son madres, así por ejemplo se han implementado programas como el de becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas, de estancias infantiles para madres trabajadoras, centros asistenciales de desarrollo infantil y apoyos productivos entre otros.

Si se considera la posibilidad de otorgar un apoyo económico de 500.00 pesos mensuales como en los dos programas anteriores el costo del apoyo económico de conformidad con el material publicado por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) denominado Análisis de la situación de las madres solteras, 2 en su apartado de indicadores señala que según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2008, en México hay 28.3 millones de mujeres de 14 años y más con al menos un hijo nacido vivo; de ellas, 7.3 millones no tiene cónyuge, son madres solas (solteras, viudas, divorciadas y separadas) lo que representa 26.0 por ciento del total.

Con los datos anteriores se tiene el siguiente cálculo:

Madres solteras ENOE 2008 (millones de personas): 7.3

Apoyo económico de 500.00 pesos mensuales (millones de pesos): 3,650.0

Costo anual del apoyo económico (millones de pesos): 43,800.0

Entonces la pregunta es, ¿acaso no es posible garantizar por principio de cuentas a los grupos sociales en mayor desventaja los apoyos que verdaderamente requieren para lograr una mejor calidad de vida? Y si esto es así, ¿por qué no pensar en mejorar nuestras políticas en materia de desarrollo social a través de un camino por etapas, posible y seguro, de acuerdo a la realidad de nuestro país?

Por lo expuesto, se proponen los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se somete a consideración de las Comisiones de Desarrollo Social, de Atención a Grupos Vulnerables, y de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se incrementen los recursos otorgados al programa social setenta y más, estableciendo mayor equidad distributiva con el aumento de la población objetivo a que se dirige dicho programa, hasta 50 mil habitantes.

Segundo. Se somete a consideración de las Comisiones de Desarrollo Social, de Atención a Grupos Vulnerables, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos para le creación del Programa Social de Apoyo Económico a Madres Solteras a nivel federal, con un monto similar al otorgado a adultos mayores (setenta y más).

Tercero. Se somete a consideración de las Comisiones de Desarrollo Social, de Atención a Grupos Vulnerables, y de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos para le creación del programa social de apoyo a discapacitados a nivel federal, con un monto similar al otorgado a adultos mayores (setenta y más).

Cuarto. Dichos recursos serán de ejecución federalizada sin necesidad de contrapartidas de las entidades federativas.

Notas

1 Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012, Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, Secretaría de Salud, pagina 55.

2 Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, Cámara de Diputados, Análisis de la situación de las madres solteras en México”, 30 de julio de 2010, página 64.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Samuel Herrera Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a analizar a través de la Semarnat y de la Sener las bases financieras e institucionales existentes, con el apoyo del gobierno de Tabasco, a efecto de determinar la viabilidad de mantener inexplotadas las reservas petroleras de la reserva de la biosfera Pantanos de Centla, a cargo del diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del PVEM

Juan Gerardo Flores Ramírez, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Los pantanos de Centla es un área natural protegida, con categoría de reserva de la biosfera, y considerada el humedal más extenso de Norteamérica. La reserva posee 302 mil hectáreas, repartidas entre Centla, Jonuta y Macuspana. Comprende uno de los grupos de ecosistemas con mayor diversidad biológica del país, debido a la variedad de biotipos que presenta, como dunas, pantanos, manglares, esteros, marismas, espejos de agua dulce y salobre e islas fluviales, los cuales albergan amplia riqueza biótica, específicamente de insectos, moluscos, algas, reptiles, plantas fanerógamas y peces. Además, constituye un punto básico del equilibrio hídrico de Tabasco.

Históricamente, esta área natural ha sido explotada por la industria petrolera desde la década de 1950: en ella se ha llevado a cabo un sinnúmero de trabajos de prospección, exploración, producción y conducción de hidrocarburos, convirtiéndose a la fecha en una importante zona de producción de gas natural, con 55 campos petroleros y 295 pozos; 5 estaciones de recolección, 150 líneas de descarga de pozos y 5 ductos principales, todos diseminados en zona núcleo y de amortiguamiento.

Esa actividad petrolera ocasiona graves daños a la flora y la fauna, pues contamina el agua y el suelo con desechos tóxicos provenientes de pozos y gasoductos, que en el corto, mediano y largo plazos exterminan buena parte de los seres vivos del lugar. Además, la actividad ha sido reconocida por la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como un catalizador del proceso de deterioro de los pantanos de Centla, por retención de aguas, derrame de hidrocarburos, salinización, vertimiento de desechos tóxicos y extracción de materiales, entre otros factores.

En fechas recientes, Petróleos Mexicanos pretendió reanudar la exploración de yacimientos de gas en la zona a través de los proyectos Cobo II y Tojual, que implicaban el uso de explosivos sismográficos en la zona de amortiguamiento e incluso en parte de su zona núcleo.

Los efectos a escala mundial del cambio climático son cada vez más evidentes. Un ejemplo de ello son las lluvias atípicas, que en los últimos años han afectado a región, con inundaciones históricas en la mayor parte del territorio estatal.

Tabasco es clara muestra de los graves daños que la actividad petrolera puede ocasionar al ambiente. Desde la década de 1970, el estado ha enfrentado graves problemas ambientales provocados por esta actividad. Las lagunas y los pantanos tabasqueños, por ser las áreas más ricas en petróleo, son las que más han tenido afectaciones por la extracción de hidrocarburos, al provocar en ellos salinización y acidez. La quema constante de gas natural en instalaciones petroleras provoca la emisión al ambiente de grandes cantidades de dióxido de carbono y azufre.

Por ello se necesita reencauzar las políticas públicas en el país, dando valor prioritario a la conservación de las reservas naturales a través del desarrollo de proyectos para producir energía limpia o verde, como la eólica o la solar, que no genera residuos que afectan el ambiente, contrario a lo que sucede con la producción de gas o petróleo, que conlleva la emisión de gran cantidad de residuos, como el dióxido de carbono, cuyos efectos inciden directamente en el cambio climático que hoy nos aqueja.

A escala internacional hay opciones importantes de financiamiento para este tipo de proyectos como resultado de los objetivos vinculantes del Protocolo de Kioto, acuerdo internacional que tiene como finalidad reducir las emisiones de los seis gases que causan el calentamiento global, entre ellos el dióxido de carbono, que permite a los países firmantes, para cumplir sus objetivos, patrocinar en países en vías de desarrollo proyectos de producción de energía que reduzcan o eviten las emisiones de contaminantes al ambiente.

Se trata de un procedimiento eficaz en función de su flexibilidad para los países industrializados que tratan de cumplir sus objetivos en materia de cambio climático, ya que para ellos es más eficiente realizar actividades beneficiosas para el ambiente en los países en desarrollo que en su territorio.

México debe comprometerse ya en la ejecución de acciones que contribuyan a mejorar el ambiente; los efectos del cambio climático son hoy más evidentes que nunca. Por tanto, es viable que el Estado mexicano asuma el costo económico de la no explotación petrolera en esta área a cambio de los aportes internacionales que pudieran obtenerse, pero sobre todo a fin de iniciar el ejercicio de políticas públicas que hagan efectiva la garantía constitucional de que toda persona tenga derecho a un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, y la obligación del Estado de dirigir el desarrollo nacional garantizando que éste sea integral y sustentable.

La propuesta es viable y oportuna porque, como se ha señalado, hay bases financieras e institucionales para su ejecución.

Para robustecer lo expuesto, cabe citar el ejemplo de la Iniciativa Yasuní, presentada desde 2007 por la República de Ecuador. En ella, el gobierno se compromete a mantener indefinidamente inexplotadas las reservas petroleras en el parque nacional Yasuní, garantizando de esa forma la conservación de su biodiversidad.

La iniciativa propone no explotar los 846 millones de barriles de petróleo de reservas comprobadas a fin de evitar la emisión de dióxido de carbono de 407 millones de toneladas a la atmósfera provenientes de la quema de combustibles fósiles. Como compensación, el Estado recibirá una contribución solidaria internacional equivalente, como mínimo, a 50 por ciento de las utilidades que recibiría en el caso de explotar esas reservas. La iniciativa recibió el apoyo de países como Alemania, España, Bélgica, Francia y Suecia.

Por tanto, hoy se propone que el país inicie la construcción de bases financieras e institucionales sólidas para lograr la conservación efectiva y permanente de las áreas naturales protegidas, contribuyendo a los objetivos internacionales comunes que buscan la mitigación del cambio climático, la preservación de la biodiversidad y el desarrollo humano.

Es necesario que las autoridades federales competentes, con la coadyuvancia de las áreas estatales respectivas, analicen las bases financieras e institucionales de la propuesta que hoy se presenta, y determinen la viabilidad de su aplicación.

Los artículos 4o., quinto párrafo, y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señalan como una garantía que toda persona tenga derecho a un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar y la obligación del Estado de dirigir el desarrollo nacional, garantizando que éste sea integral y sustentable.

Considero por ello razonable exhortar al Ejecutivo federal a ordenar a las áreas competentes de la administración pública federal que, con la colaboración de las áreas estatales respectivas, analicen las bases financieras e institucionales existentes, a efecto de determinar la viabilidad de mantener permanentemente inexplotadas las reservas petroleras del área natural protegida, con categoría de reserva de la biosfera, Pantanos de Centla.

En mérito de lo expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a analizar a través de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Energía las bases financieras e institucionales existentes, con apoyo del gobierno de Tabasco, a efecto de determinar la viabilidad de mantener permanentemente inexplotadas las reservas petroleras del área natural protegida Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, para garantizar la conservación de sus ecosistemas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se considere la realización de modificaciones a efecto de incluir disposiciones relevantes en materia de ejecución del gasto, informes respectivos y evaluación del desempeño, a cargo del diputado Rodrigo Pérez-Alonso González, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, Rodrigo Pérez-Alonso González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los cuales se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 la realización de las modificaciones correspondientes al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2011 a fin de incluir disposiciones relevantes en materia de ejercicio de éste, informes respectivos y evaluación del desempeño, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El PEF constituye el elemento primordial de orientación de política pública: asigna los recursos a las prioridades del país. El Plan Nacional de Desarrollo establece los ejes de política pública relevantes; entre ellos, el de “economía competitiva y generadora de empleos”, que orienta los programas de la Secretaría de Economía.

Un componente importante en el PEF es el presupuesto relacionado con la promoción industrial y sectorial a cargo de la Secretaría de Economía.

En el proceso de análisis, discusión y aprobación del paquete económico, la Cámara de Diputados desempeña un papel primordial, y es facultad exclusiva la aprobación del PEF.

Las atribuciones de la Cámara no radican únicamente en la aprobación del Presupuesto: una tarea primordial es la revisión del ejercicio del gasto en el transcurso del año a fin de alertar y reorientar sobre las dificultades y los problemas en el ejercicio de los recursos aprobados por esta soberanía, exhortando a los ejecutores de gasto a la aplicación oportuna, eficiente y transparente de sus recursos.

Ello implica una revisión en línea de los programas y recursos, así como un seguimiento puntual de los informes presentados por el Poder Ejecutivo de forma periódica y una fiscalización ex post al cierre del ejercicio de los recursos, revisión a cargo de los órganos técnicos de la Cámara y de las propias comisiones.

Fiscalización y evaluación

La fiscalización de los programas y los recursos se encuentra como una tarea relevante de la Cámara, a través de sus órganos técnicos, principalmente la Auditoría Superior de la Federación, e implica el análisis de los indicadores derivados de la creación e implantación del Presupuesto basado en resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, así como de las evaluaciones internas y de las externas que el Poder Ejecutivo envía al Congreso para su estudio. Ello además debe vincular, en un círculo virtuoso, el proceso de evaluación con el proceso de toma de decisiones al momento de reasignación de recursos.

Reglas de operación

Igualmente, es importante para el ejercicio eficiente eficaz, con criterios de economía y oportunidad, el diseño de las Reglas de Operación y el mecanismo de ejercicio de los recursos. El proyecto de decreto del PEF de 2011 establece medidas relevantes para coordinar la participación del Congreso en el proceso de creación de las reglas de operación.

Por lo anterior, se considera necesario que, aunado a la creación de una estrategia de impulso a programas prioritarios durante la aprobación del PEF, logrado mediante el trabajo de acuerdos y consensos, se generen disposiciones para su mejor ejercicio, seguimiento, evaluación y fiscalización a través de la inclusión de artículos y normas en el decreto del PEF.

Ejercicio de los recursos, distribución regional y ejercicio oportuno

A fin de promover que los programas de acceso a financiamiento productivo de la Secretaría de Economía se conviertan en verdaderos mecanismos de política industrial, basadas en el fomento de las actividades productivas y de impulso a la reactivación económica, es necesario mejorar los lineamientos de asignación y ejercicio de los recursos, así como las reglas de operación y los informes que las Secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público rinden periódicamente a fin de dar un puntual seguimiento a su ejercicio, distribución regional, consecución de metas y evaluación del desempeño.

Con la finalidad de garantizar un ejercicio oportuno de los recursos de los programas sujetos a reglas de operación, es necesario determinar criterios generales para promover que los recursos se distribuyan a los beneficiarios desde el inicio del año de forma regular, con objeto evitar que al final del año se ministre a las dependencias y a los beneficiarios el porcentaje mayor de recursos, afectando la creación y el desarrollo de las actividades productivas y generación de empleos, estrangulando el flujo de recursos de forma armónica y eficiente, y la consecución de metas de los beneficiarios, y orillando a un ejercicio apresurado de dichos recursos.

Es importante retomar las disposiciones señaladas a fin de que la Cámara de Diputados desempeñe un papel importante en el proceso de toma de decisiones e información respecto del ejercicio y avance de estos recursos.

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita que el presente punto de acuerdo se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fin de que se considere que, en el marco de los trabajos de discusión e integración del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se incluyan estas modificaciones en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto a incluir en el proceso de discusión del dictamen del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación siguientes adiciones a dicho decreto:

Se adicionan un párrafo quinto al numeral VI del artículo 29 y un numeral XII al mismo artículo; se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto del inciso h), numeral III, del artículo 30; se reforman el numeral VII del artículo 29, el inciso f) del numeral I del artículo 30 y los párrafos primero y segundo del numeral II del artículo 30

Artículo 29.

...

...

...

...

A fin de promover la reactivación económica de manera urgente, los programas de fomento de las actividades productivas, los programas de empleo temporal y de reconstrucción de de las zonas dañadas por los desastres naturales ocurridos en 2010, ya sea en su modalidad de apoyo y subsidios a las regiones, así como los de construcción de infraestructura, deberán llevar un seguimiento puntual. Ello comprende además los programas de la Secretaría de Economía y otros relacionados. Por lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá presentar a la Cámara de Diputados, de forma extraordinaria, un informe trimestral, pormenorizado y puntual respecto al ejercicio de los recursos de los programas sujetos a reglas de operación, el otorgamiento de subsidios y entrega efectiva a beneficiarios, señalando el número de proyectos beneficiados, padrón de beneficiarios y el monto total entregado, así como el porcentaje de avance del ejercicio anual. Dicho informe deberá incluir un resumen de las evaluaciones practicadas, las observaciones señaladas y el avance de metas en la matriz de indicadores, indicando su avance trimestral respecto de las planteadas en el proyecto de Presupuesto de Egresos.

...

VII. La Cámara de Diputados, a través de las comisiones legislativas, ordinarias y especiales, la Auditoría Superior de la Federación y los centros de estudios correspondientes que lo soliciten, en los términos previstos en las disposiciones aplicables, tendrán acceso a la información relativa a la matriz de indicadores para resultados de los programas, al seguimiento del avance de cumplimiento de las metas de los indicadores de los programas, y a las evaluaciones realizadas, misma que será publicada en términos de su normativa interna.

...

XII. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con las dependencias y entidades, deberá diseñar un esquema de reportes homologado y con definiciones precisas respecto del estado del ejercicio del presupuesto aprobado, el cual incluya el presupuesto aprobado, modificado, ejercido al periodo, el porcentaje de avance del presupuesto al periodo, señalando el presupuesto devengado y comprometido y el recurso efectivamente transferido a las entidades, dependencias, beneficiarios y proveedores respectivos y el monto de recursos pendientes de comprometer y ejercer.

Artículo 30. Los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son los señalados en el anexo 18 de este decreto. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá incluir otros programas que, por razones de su impacto social, deban sujetarse a reglas de operación:

I. Las reglas de operación de los programas federales deberán sujetarse a los siguientes criterios generales:

...

f) Se promoverá un calendario eficiente para el ejercicio de los recursos federales respectivos, el cual deberá incluir un porcentaje de avance del ejercicio de los recursos en cada trimestre del año, de forma que al tercer trimestre se haya ejercido 85 por ciento de los recursos de dichos programas, y

...

II. La Cámara de Diputados, a través de la comisión ordinaria y especial que en razón de su competencia corresponda, podrá emitir opinión sobre las reglas de operación que el Ejecutivo federal haya emitido conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de manera previa a su publicación en el Diario Oficial de la Federación y a más tardar el 1 de diciembre, con objeto de que la aplicación de los recursos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia.

En el contexto de la revisión de la planeación nacional del desarrollo en términos del artículo 34, fracción I, de la Ley de Planeación, los Comités de Planeación para el Desarrollo de los Estados podrán participar con las comisiones ordinarias y especiales de la Cámara de Diputados en la elaboración de las opiniones sobre las reglas de operación de los programas federales.

En el caso de los programas sujetos a reglas de operación de la Secretaria de Economía, se deberá privilegiar un ejercicio eficiente, eficaz y con criterios de transparencia y economía. Asimismo, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía deberán informar trimestralmente de los avances del ejercicio de los recursos, detallando la información señalada en el artículo 29, fracción XII, así como los aspectos relevantes de la evaluación del desempeño de acuerdo con la matriz de indicadores de dichos programas y sus avances trimestrales en función de las metas anuales.

De igual manera, a fin de asegurar un ejercicio oportuno de los recursos, la Secretaría de Economía publicará las reglas de operación de los programas a más tardar 30 días hábiles después de publicado el decreto de Presupuesto de Egresos.

En dichas reglas de operación se deberá especificar que, a fin de promover un ejercicio oportuno de los recursos, al primer trimestre del año se deberá tener ejercido 25 por ciento de los recursos asignados al programa, al segundo trimestre, 55 por ciento de los recursos; y al tercer trimestre, 85 por ciento de los recursos aprobados del programa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos adicionales para superar los rezagos sociales en Oaxaca, a cargo de la diputada María Guadalupe García Almanza, del Grupo Parlamentario de Convergencia

La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario de Convergencia, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos adicionales para superar los rezagas sociales en el estado de Oaxaca que le permitan enfrentar los enormes problemas económicos y la profunda desigualdad social que padece, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante décadas, el estado de Oaxaca ha venido padecido un sometimiento indolente traducido en una forma de gobierno caracterizada por la represión contra la movilización, la indiferencia ante la pobreza y una aparente exclusión presupuestaria que hace sentir a su pueblo relegado dentro del pacto federal.

Los deseos de cambio, la búsqueda de la mejora material y de un mayor grado de desarrollo social se han topado de frente con el poder de los cacicazgos locales, económicos y políticos, que frenaron todo anhelo de tener una entidad federativa próspera y alejada de la pobreza.

Ahora que el empuje social, frenado en múltiples ocasiones, h logrado vencer la inercia de un poder político y económico que se había resistido al cambio, los oaxaqueños tenemos la oportunidad de alcanzar mejores estadios de desarrollo.

En Oaxaca, estamos forjando un nuevo rumbo para la gente. Hoy, podemos decirlo abiertamente, se puede superar el amplio velo de pobreza y miseria que cubrió el suelo oaxaqueño; cuyo saldo nos muestra un desolador panorama para el estado:

En 2006, Oaxaca se ubicó en la posición 31 a nivel nacional, al registrar un producto interno bruto (PIB) per cápita de 6,785 pesos, es decir, cerca de 8 mil pesos por debajo de la media nacional.

En 2007 se ubicaba en el lugar número 32 de entre las entidades federativas en materia de transparencia en cuanto a la evaluación hecha al poder Ejecutivo local y en la posición 30 en la evaluación al Poder Legislativo local (según datos del Centro de Investigación y Docencia Económicos).

En 2008 ocupó el lugar número 32 en el indicador de gobierno eficiente y eficaz (información del Instituto Mexicano para la Competitividad).

Desde 2006 Oaxaca se ha mantenido en la posición número 31, de entre todas las entidades federativas, respecto del índice de desarrollo humano, y el lugar 29 en relación al índice de desarrollo relativo al género (reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).

A partir de 2003, nuestro estado se ha mantenido en la posición 32 el indicador de una sociedad incluyente, preparada y sana (datos de Instituto Mexicano para la Competitividad).

En 2005 Oaxaca ocupó el lugar 31 en el promedio de escolaridad de la población con tan sólo 6.4 grados y un 19.3 por ciento de analfabetismo (información del segundo Conteo de Población y Vivienda 2005).

Junto con Chiapas y Guerrero, Oaxaca es la entidad con mayor incidencia de pobreza alimentaria (38.1 por ciento), de capacidades (46.9 por ciento) y de patrimonio (68.0 por ciento), reporta el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

También con datos de mismo Coneval, Oaxaca tiene un muy alto grado de rezago, derivado del alto porcentaje de carencias en materia educativa, muy baja cobertura de servicios básicos y un muy bajo acceso a la seguridad social.

Lo anterior muestra el deshonroso tercer lugar en cuanto al grado de pobreza de la población. Esto significa que de los 3 millones 506 mil 821 habitantes, 1 millón 337 mil 597 oaxaqueños sufrían pobreza alimentaria; en tanto que 1 millón 644 mil 680 personas padecían pobreza de capacidades y un total de 2 millones 384 mil 776 padecían pobreza de patrimonio (Conteo de Población y Vivienda 2005).

Con base en datos del Inegi (2005), en el estado sólo el 22.5 por ciento de la población total recibe servicios médicos, cuando la media nacional asciende a 46.9 por ciento.

En cuanto a las características de la vivienda, el 33.1 por ciento de los hogares oaxaqueños cuenta con piso de tierra, en tanto, el promedio nacional llega al 10.2 por ciento.

Además el 35.54 de las viviendas no dispone de drenaje, ocupando el primer lugar en este indicador; y en cuanto a agua entubada de red pública, Oaxaca ocupa el segundo lugar, pues el 28.04 por ciento no cuenta con ese servicio.

En materia educativa, la población de 15 años y más con educación media superior y superior, alcanza el 20.4 por ciento, cifra muy inferior al promedio nacional que es de 32.1 por ciento.

Otro aspecto profundamente significativo, lo representa el alto grado de analfabetismo, el cual en 2005 ascendía a 19.33 por ciento, superando ampliamente el promedio nacional del 8.35 por ciento, superando sólo a Chiapas (21.33 por ciento) ya Guerrero (19.86).

Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación investigó y encontró elementos suficientes para determinar que el gobierno de Oaxaca es responsable de graves violaciones a los derechos humanos.

Este sinuoso camino demanda una respuesta firme, pues sin duda el abatimiento de la marcada desigualdad social es el principal desafío para el estado. Sin embargo, son muchos los frentes que se tienen que atender: trabajar en la eliminación de las distorsiones regionales con una estrategia de desarrollo social incluyente que revierta los factores que han obstaculizado el desarrollo productivo de la entidad, de tal forma que no dependa tanto de los subsidios y apoyos federales.

Igualmente, ese pretendido desarrollo social implica imaginación gubernamental para reasignar recursos presupuestales y adecuar I políticas públicas para alcanzar los cambios que el pueblo espera.

Los retos de Oaxaca son inmensos: crecimiento solidario de la economía; expansión de los beneficios a toda la población; mejor distribución del ingreso; acceso a los servicios de educación, salud, vivienda, nutrición; respeto irrestricto a los derechos humanos; respeto a la diversidad de toda naturaleza; políticas públicas con inclusión de los sectores socialmente marginados: mujeres, indígenas, discapacitados, jóvenes , adultos mayores; promoción de la participación ciudadana; fortalecimiento de la seguridad y la justicia en beneficio de todos; aplicación puntual de los principios de transparencia y rendición de cuentas, entre otros.

La profunda crisis en que se encuentra sumergida Oaxaca demanda voltear los ojos a políticas que combatan decididamente la desigualdad, aprovechar mejor el sector forestal, emprender acciones en los rubros educativo, ecológico y forestal e invertir en infraestructura para potencializar el desarrollo.

Un sector en el que ha impactado fuertemente la grave situación económica es el empresarial. Esto obliga a atender al sector micro empresarial de Oaxaca, pues se estima que cerca del 90 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas continúa sus labores en malas condiciones.

Ahora, los esfuerzos y voluntades para construir una agenda mínima que permita la construcción de un fortalecido estado de Oaxaca, en donde impere un ambiente de justicia social y de convivencia pacífica, han delineado la instauración de un Gobierno que, mediante la participación activa de la sociedad, plantea la reestructuración institucional y del tejido social para el bienestar general.

En el fondo, lo que Oaxaca demanda y que se reflejó en el reciente proceso electoral, es la búsqueda de un nuevo pacto social que, sobre la base de nuevas reglas, implemente acciones y reformas legales que garanticen un horizonte mínimo de bienestar a su población.

En este contexto, para avanzar en la mejora de las condiciones de vida de los niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, indígenas, micro y pequeñas empresas, así como de la población en general, se requiere del esfuerzo y comprensión de todos, respecto a las difíciles condiciones que vive Oaxaca, sobre todo considerando los enormes daños ocasionados por las recientes lluvias, que orillaron a esta soberanía a aprobar recursos adicionales para la atención de miles de damnificados.

Por lo expuesto, es que someto a la consideración del esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos adicionales para superar los rezagos sociales en el estado de Oaxaca que le permitan enfrentar los enormes problemas económicos y la profunda desigualdad social que padece.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2011.

Diputada María Guadalupe García Almanza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a detener los constantes aumentos en el precio de la gasolina, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El presente punto de acuerdo nace de la necesidad que tenemos los legisladores de salvaguardar los intereses de la población y, a la vez, exhibir el mal trabajo del gobierno actual, así como el poco o el nulo interés que muestran por llevar a cabo esas políticas públicas que conlleven al verdadero desarrollo del país y que por el contrario, parece que la misión que se tiene, es dejar en completo estado de indefensión al pueblo y aumentar el número de pobres hasta llegar a cifras inimaginables.

En mi intervención pasada presente proposición con punto de acuerdo donde se solicitaba la suspensión de los incrementos de las tarifas eléctricas y de los precios de la gasolina, el diesel y el gas doméstico. No obstante, el lunes 11 de octubre del presente año volvimos a tener un aumento en el precio de la gasolina el gas y el diesel.

Este nuevo aumento es intolerable ya que como se ve actualmente llegamos casi a 9.0 pesos a la gasolina y de igual forma está arriba de 10 pesos el diesel, y no se acepta que aún cuando ya se expuso a esta asamblea, hagan caso omiso a lo planteado, este no sólo es un reclamo de una persona, es el reclamo de los millones de mexicanos que están pagando por la ineptitud del gobierno, por esas improvisaciones que nos hunden cada vez más.

Es evidente que el gobierno no tiene un plan bien estructurado, toda vez que no ha solucionado uno sólo de los problemas que más aqueja a la población y que por el contrario, lo único que sabe hacer es improvisar y tomar decisiones equivocadas, como en esta ocasión lo es el nuevo aumento de precio en la gasolina.

Como mencioné, éste es un tema que un servidor había expuesto hace sólo un par de días, lo que genera muchas dudas con respecto al papel que desempañamos como representantes del pueblo, ya que la respuesta a la proposición planteada fue totalmente ignorada y sólo recibimos mas aumento.

Lamentablemente la mediocridad con las que se han tomado las decisiones del actual gobierno, nos lleva a pensar que simplemente “así es en México”, pero no nos damos cuenta de que ésta es una enfermedad del gobierno, sin síntomas y sin dolores, razón por la cual parecen estar muy tranquilos con sus decisiones; pero a todos ellos les decimos que para su mala fortuna no son mayoría.

La mediocridad es un parámetro inevitable que marca la pauta entre los individuos, es lo que hace la diferencia entre alguien inteligente, justo y con valor moral y uno que sólo le interesa su imagen del poder y que sólo aparenta tener inteligencia. Ya lo dice el escritor José Ingenieros, “el hombre mediocre es una persona incapaz de usar su imaginación para forjar ideales que le planteen un futuro por el cual luchar”.

¿A qué nos lleva este aumento de la gasolina? A que los incrementos no sólo sean en ese rubro sino en todos los productos de primera necesidad, en todos los servicios ligados a este aumento intolerable. En estos casos nos damos cuenta de que las decisiones del gobierno no son tomadas pensando en los gobernados sino en los intereses de unas cuantas personas.

No volvamos a decepcionar a nuestro pueblo. Esta causa nos tiene que unir para evitar este tipo de atropellos y no permitir los nuevos incrementos; y a las autoridades les digo que no debemos olvidar que el hombre exitoso se rodea de buenos consejos.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva que someta a consideración del pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a esta soberanía a acordar con carácter de urgente y obvia resolución exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a detener los constantes aumentos del precio de la gasolina.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2010.

Diputado Pedro Ávila Nevárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y al Congreso de Durango a restablecer la autonomía de la Universidad Juárez y permitir que la comunidad de esa casa de estudios decida libremente su forma de gobierno y la designación de su rector, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PAN, del PRD y del PT

Los suscritos, Bonifacio Herrera Rivera, Laura Elena Estrada Rodríguez, Arturo García Portillo, Marcos Carlos Cruz Martínez, José Narro Céspedes, Pedro Vázquez González y Primitivo Alfonso Ríos Vázquez, diputados a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, y del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La autonomía universitaria es una de las grandes conquistas de las comunidades académicas y estudiantiles que permitió dotar a las instituciones de la capacidad de autogobernarse y elegir a las autoridades. La autonomía es ante todo una garantía jurídica de independencia académica y libertad de cátedra e investigación.

Es la facultad de las universidades de darse la organización que consideren adecuada para el cumplimiento de sus fines.

Cualquier acción que violente la autonomía universitaria es un atentado contra el estado de derecho y la libertad de cátedra e investigación que protege, y constituye un atropello contra la sociedad entera, que se beneficia de la noble misión de las instituciones de educación superior.

La Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), autónoma por ley, ha adquirido un merecido prestigio a lo largo de las últimas décadas, gracias a las estrategias diseñadas para consolidar los cuerpos académicos, dar elevada prioridad a la misión educativa por encima de cualquier interés extraño y fomentar la enseñanza de calidad. Es un baluarte que los duranguenses debemos defender y preservar.

Sin embargo, la UJED sufre una de las más brutales embestidas por el gobernador, Jorge Herrera Caldera, y el Congreso local, dominado por una mayoría priista insensata e irracional.

Dicha conflicto inició cuando el gobernador decidió, vulnerando la autonomía de la UJED, intervenir en la elección de rector y auspiciar un conjunto de reformas y actos legislativos contrarios a la ley y a la Constitución General de la República. Primero, a través de las reformas de los artículos 25 y 28 de la Ley Orgánica de la Universidad Juárez Autónoma del Estado de Durango, propuestas por el diputado del PRI Luis Enrique Benítez Ojeda, para evitar la reelección del rector con licencia contador público Rubén Calderón Luján, cuyo derecho podía ejercer libremente, e impedir que el Consejo Universitario, citado para el 8 de octubre de 2010, eligiera al nuevo rector por mayoría de votos, como establecía la legislación universitaria en vigor.

Esta iniciativa se presentó el 28 de septiembre del año en curso y, en un acto sin precedente, la reforma fue aprobada por el congreso local el día siguiente. La reforma fue acompañada con la medida anticonstitucional y lesiva a todas luces de la autonomía de la UJED, del nombramiento por la legislatura estatal de una rectora interina por un año.

Después, ante la presión de la comunidad universitaria y de la sociedad duranguense para que se respetara la autonomía de la universidad, el gobernador, en una maniobra burda, propia de un gobierno autoritario, envió al congreso local el 7 de octubre del año en curso una nueva iniciativa de reformas de diversos artículos de la Ley Orgánica de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que fue aprobada por la legislatura y publicada el mismo día por Jorge Herrera Caldera. La reforma consistió en desconocer el interinato de la rectora por un año, que el propio congreso había aprobado antes, y en instaurar un proceso de elección de rector al amparo de un procedimiento amañado, lleno de vicios y truculencias, que estaría a cargo de la rectora interina desconocida.

La supuesta nueva elección del rector de la UJED por un periodo de seis años, que recayó en Tomás Castro Hidalgo, conforme a las reglas aprobadas otra vez al vapor por el congreso local, se llevó a cabo el mismo 7 de octubre por un consejo universitario de dudosa legalidad, que sesionó a puerta cerrada y custodiado por la policía estatal. Reforma de la ley y elección de rector, todo en un día, a espaldas de la comunidad universitaria.

La flagrante violación de la autonomía universitaria ha provocado el repudio de la sociedad duranguense, que ya se ha movilizado, y la condena de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, así como del Consorcio de Universidades Mexicanas, que exigen la inmediata restitución de la capacidad de autogobierno de la UJED y la no injerencia externa que ha trastocado su quehacer institucional.

En el marco de los 100 años de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Poder Legislativo federal no puede estar al margen de este conflicto, máxime cuando la UJED recibe del gobierno federal 85 por ciento de los recursos que destina a sus labores de docencia, investigación y difusión de la cultura. Tales recursos, aunque insuficientes, le han permitido mantener y continuar su misión educativa en beneficio de la sociedad duranguense. Los universitarios participan activamente en el desarrollo de la entidad y no merecen que su institución sea vulnerada por un conflicto provocado por intereses partidistas, ajenos a la misión de la UJED. No permitamos que esos intereses se impongan.

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, solicitamos a la Presidencia que ponga a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador, Jorge Herrera Caldera, y al Congreso de Durango a restablecer de inmediato la autonomía en la Universidad Juárez del Estado de Durango, y a permitir que la comunidad universitaria decida libremente su forma de gobierno y la designación del rector, en ejercicio de dicha autonomía.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.

Diputados: Bonifacio Herrera Rivera, Laura Elena Estrada Rodríguez (rúbrica), Arturo García Portillo, Marcos Carlos Cruz Martínez (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica), Primitivo Alfonso Ríos Vázquez (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRA a designar un delegado especial para atender y solucionar definitivamente los conflictos agrarios más graves en Morelos, a cargo del diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos José Manuel Agüero Tovar y Luis Félix Rodríguez Sosa, diputados por Morelos pertenecientes al Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, fracción I, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de que la Secretaría de la Reforma Agraria designe un delegado especial para la urgente atención y solución de los 4 conflictos agrarios más urgentes que existen en Morelos.

Antecedentes

Desde el punto de vista de la tenencia de la tierra, hay comunidades “de hecho” y “de derecho”, las primeras son aquellas que no tienen ningún título que avale la posesión de sus tierras, según la legislación agraria, pero que poseen un territorio y conservan prácticas, tradiciones y formas organizativas que las caracterizan como tales. Algunas se encuentran ya reconocidas, otras esperan su reconocimiento en los tribunales agrarios.

Las segundas, “de derecho” son aquellas que cuentan con un reconocimiento amparado en documentos otorgados a partir de 1917 y que, en la mayoría de los casos, reconocen la posesión de las comunidades sobre territorios que han ocupado por siglos. A este procedimiento se le conoce como Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales.

Existen también pueblos indígenas a los que les otorgaron tierra por la vía ejidal, pero que mantienen usos y costumbres al estilo de las comunidades indígenas.

La reforma al artículo 27 constitucional, que dio origen a la nueva Ley Agraria, reconoce el régimen especial que guardan las comunidades agrarias y menciona que la ley promoverá que se respete y proteja la integridad de los derechos de las comunidades.

Nos encontramos entonces con el problema de que, si bien hay manifestaciones a nivel constitucional que otorgan un régimen especial de protección, éste no está debidamente reglamentado.

En Morelos existen 30 comunidades agrarias, 19 de ellas, tienen concluidas sus acciones agrarias que les reconocen 60 mil 143 hectáreas en beneficio de aproximadamente, 5 mil 100 comuneros; las otras 11 comunidades que involucran una superficie estimada de 17 mil 22 hectáreas (22 por ciento de la superficie comunal) y aproximadamente 2 mil 800 comuneros (35 por ciento); tienen sus expedientes para su resolución definitiva ante los tribunales agrarios en procedimientos que no han podido reconocer la totalidad de los límites por la oposición de otros pueblos colindantes.

Sólo dos comunidades cuentan con estatutos comunales operando; otras tres tienen conflictos judiciales por la doble representación de sus órganos comunales.

Estas 30 comunidades agrarias se dividen por sus indicadores en 20 rurales y se asientan en 16 de los 33 municipios del estado; Huitzilac, Tepoztlán, Tetela del Volcán y Tlalnepantla, y albergan en sus tierras a la totalidad de sus cabeceras municipales; las otras 10, como urbanas, al reflejar en sus indicadores demográficos un fuerte cambio del uso del suelo, del agropecuario al de desarrollo urbano; nueve se ubican conurbadas a Cuernavaca, y una más en la conurbación de Cuautla.

Información del Instituto Nacional Indigenista (INI), estima que en el estado existen 18 mil hablantes de lenguas indígenas, la mayoría de náhuatl y en menor proporción de mixteco guerrerense y zapoteco, sólo en las comunidades agrarias de Hueyapan y Cuentepec y en el pueblo de Santa Catarina, en Tepoztlán, se reportan organizados como ejidos. Todos estos pueblos indígenas tienen un parcelamiento “de hecho” en sus tierras, sin importar que sean comunidades agrarias o ejidos.

No obstante en las restantes comunidades agrarias la población no se asume como indígena, se aprecian usos, costumbres y tradiciones de la vida cotidiana muy propios de una etnia indígena.

En los terrenos comunales se asientan aproximadamente 335 localidades de las cuales 270 (80.5 por ciento) no alcanzan los mil habitantes.

Por lo general, los derechos de propiedad de los vecinos de estas localidades sobre sus solares que no están regularizados entran en contradicción con los derechos de uso y usufructo que pudieran corresponderles según la legislación agraria vigente. No resulta raro que innumerables propiedades privadas cuenten con escrituras debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad.

En el caso de las 10 comunidades agrarias que se ubican en áreas conurbadas del estado, cuatro de ellas han perdido mil 425.8 hectáreas, superficie desincorporada por virtud de nueve procesos expropiatorios, de los que destacan los destinados a regularización de asentamientos humanos, obras públicas para servicios municipales y la creación de la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (Civac).

Dentro de los límites del decreto del corredor biológico Ajusco-Chichinautzin de 1988, están comprendidas 10 comunidades agrarias a las que se les imponen restricciones de uso de las tierras en 37 mil 302 hectáreas para propósitos de preservación y regeneración de recursos naturales y de la fauna. Otras cuatro comunidades agrarias se ubican en las inmediaciones de las faldas del Parque Nacional Popocatépetl, que disponen de apreciables recursos forestales, cuyo aprovechamiento está regulado por ordenamientos específicos.

Otras seis comunidades agrarias disponen y explotan recursos minerales no renovables; cal, tezontle y pétreos de importancia, además de tierra de hoja. Asimismo, dos comunidades más disponen de abundantes recursos acuíferos y de escenarios naturales que sirven para actividades recreativas.

La organización para el aprovechamiento de los recursos naturales está escasamente desarrollada como para generar suficientes empleos, en relación con el potencial que tiene. Aquí se hace notar que grupos de comuneros con intereses particulares prácticamente se apropian de su aprovechamiento.

Todas las comunidades agrarias presentan un parcelamiento “de hecho”, a partir del cual se autodefine la calidad de comunero, posesión que a su vez sirve como área de trabajo para desarrollar sus actividades como campesino. Las actividades productivas son predominantemente agrícolas, con una agricultura tradicional con base en el cultivo de maíz, avena, trigo y cacahuate. Ésta se combina con otras actividades de explotación forestal y de pastoreo de ganado menor, para lo que usan superficies de uso común.

Grupos reducidos de comuneros con mayores recursos económicos se dedican a la producción de cultivos comerciales, como nopal, jitomate y tomate de cáscara; gran parte de estos productos los cultivan en parcelas rentadas a otros comuneros.

Por otra parte, hay una mínima actividad artesanal de producción de muebles de madera, utensilios de barro, bordados y pinturas en papel amate, y sus propósitos responden más al afán de continuar con la tradición popular que a satisfacer necesidades de consumo familiar.

Consideraciones

En Morelos se registran añejos problemas de límites territoriales con los estados de México, Puebla y Guerrero, y que existen casi desde la fundación del estado, pues Morelos formaba parte del estado de México, son pequeñas diferencias y criterios entre los vecinos de las áreas de colindancia.

Son los comuneros y ejidatarios quienes reclaman las tierras, que consideran pertenecen a Morelos.

En Morelos está latente de que existan graves problemas agrarios, toda vez que la delegación de la Reforma Agraria y de la Procuraduría Agraria, no han tomado las determinaciones sobre los casos particulares que los comuneros y ejidatarios han puesto a su consideración.

Uno de los conflictos más serios es el que se da en el municipio de Temoac, que reclama más de mil hectáreas al estado de Puebla, y cuyos comuneros han llegado al borde de enfrentamientos.

Los problemas agrarios del Estado se clasifican en:

Litigios

• Ejido Yautepec-Comunales

• Tepoztlán-Comunales

• Tejalpa Ejido

• Zapata-Ejido

• Zapata-Ejido Tezoyuca- Comunales

• Tetecalita-Comunales de Tepetzingo-Ejido Ticumán

• Comunales Tepetzingo-Cementera

• Comunales Tetecalita-Cementera

• Barranca Honda-Ejido

• Comunales Jiutepec-Emiliano Zapata

Asentamientos irregulares

• Comunales de Ticumán: invasión mancha urbana.

• Comunales Bonifacio García: invasión mancha urbana, conflicto entre autoridades, caciques y comuneros.

• Comunales de Tlaltizapán: Invasiones y proyectos de urbanización dentro de la zona comunal.

• Comunales Tejalpa-Texcal

• Comunales Santa Catarina- Texcal

Invasiones

• Zona comunal Tejalpa-Cerro, “La Corona” (Jiutepec)

• Zona comunal Cliserío Alanís-Cerro “La Corona”

• Ampliación Chapultepec-Cerro “La Corona”

• Ejido Yautepec-Cañon de Lobos-Amador Salazar-Las Tetillas.

Conflictos Internos

• Ejido Emiliano Zapata: reparto del ejido y definición del uso del suelo.

• Tepetzingo y Tetecalita: Venta (expropiación) de tierras a Tetecalita a favor de Cementos Moctezuma-Portland, siendo consideradas como tierras de Tepetzingo, pago y reparto del dinero de la expropiación.

En el año 2008, el secretario de la Reforma Agraria y el gobernador de Morelos, con la intención de eliminar con ello los riesgos para la paz social y la estabilidad en la entidad, firmaron el convenio de coordinación para resolver, los cuatro conflictos agrarios más importantes en el estado que se originaron de problemas de indefinición de límites y posesión de tierras, y que involucran 3 mil 200 hectáreas.

Dentro de los 521 conflictos agrarios que tiene la SRA identificados en todo el país, cuatro casos están en Morelos que aún subsisten lamentablemente a pesar de la declaración del gobierno federal de priorizar la consolidación de la propiedad en ejidos y comunidades, fortaleciendo su tejido social y los procedimientos que les asegure un mejor acceso al desarrollo económico del país.

Los casos son los siguientes:

A) Hueyapan, municipio de Tetela del Volcán contra San Miguel Huepalcalco, municipio de Ocuituco:

La comunidad de Tetela del Volcán reclama como suyas 988 hectáreas de los ejidos San Miguel Huepalcalco y Hueyapan para lo cual ha exhibido documentos virreinales.

Hueyapan es una comunidad ubicada en el municipio de Tetela del Volcán en los llamados altos de Morelos, por décadas, en la historia contemporánea, esta pequeña población indígena de no más de 7 mil habitantes han peleado y ganado en sucesivos juicios agrarios la dotación y ampliación de tierras que llevó a cabo el presidente Lázaro Cárdenas en 1938 y que los sectores dominantes mestizos de la cabecera municipal, Tetela, han querido arrebatarle aun con violencia.

El primero de diciembre de 1941 se redactó el acta de posesión y deslinde, se levantaron las mojoneras sin que los ejidatarios de Tetela del Volcán protestaran o mostraran su inconformidad por este acto de dominio. Fue hasta 1992 cuando inician juicio en los tribunales agrarios, donde Hueyapan, municipio de Tetela del Volcán y San Miguel Huepalcalco, municipio de Ocuituco presentaron sus documentos respectivos.

En el proceso, el tribunal número 49 con sede en Cuautla, resuelve el 8 de diciembre de 2006 que la comunidad de Tetela del Volcán, municipio del mismo nombre, no acreditó la propiedad de los terrenos en conflicto, consistentes en superficies de 664 y 344 hectáreas con que fueron beneficiados los ejidos de San Miguel Huepalcalco, municipio de Ocuituco, y Hueyapan.

Tetela del Volcán pierde también las sucesivas inconformidades y solicitudes de amparo en las instancias superiores, las cuales finalmente resuelven: “Por lo expuesto, fundado y además, con apoyo en los artículos de la ley de amparo se resuelve Único: La justicia de la Unión no ampara ni protege al comisariado de bienes comunales de Tetela del Volcán contra el acto que reclamó del Tribunal Superior Agrario, consistente en la sentencia del 22 de mayo del 2007, dictado en el recurso de revisión 1009/2007-49, relativo al juicio agrario numero 4/98-18”.

B)Tlayacapan ; contra San José de los Laureles:

El centro de la población de Tlayacapan cubre la mayoría de su superficie por el régimen comunal. De las 3 mil 462.25 hectáreas; mil 812.96 corresponden al régimen comunal y mil 649.29 a propiedad privada; representando el 52.63 y 47.64 por ciento.

El conflicto es por límites en el municipio de Tlayacapan, por una diferencia entre pequeños propietarios y “posesionarios” que involucra una superficie de 872 hectáreas.

C) El municipio de Jiutepec (Tejalpa) contra el municipio de Tepoztlán (Santa Catarina)

Los pobladores de Tejalpa y Santa Catarina llevan años en pugna. Cada uno dice ser poseedor de mil hectáreas de reserva ecológica. El Texcal está bajo continua presión principalmente por efectos de la industrialización y urbanización de las zonas aledañas, particularmente en su zona sur y oeste en donde se encuentra el área industrial y urbana de Cuernavaca. Luego de 65 años de litigio, Tejalpa le cede a Tepoztlán 967 hectáreas de los puntos: Acolapa, Milpillas y la Puerta. En estos momentos, urge al pueblo de Santa Catarina, la recuperación de 350 hectáreas más de la reserva ecológica, las cuales están siendo invadidas.

D) Paralelamente al anterior, destaca que de una minuciosa revisión del expediente relativo al juicio de inconformidad 20/52 interpuesto contra la resolución presidencial de primera instancia a los conflictos por límites de bienes comunales entre los ejidos Jiutepec y Emiliano Zapata ambos ubicados en el Estado de Morelos, se advierte que obran las siguientes constancias:

1) Proveído de veintiuno de noviembre de mil novecientos cincuenta y dos, mediante el cual se registró y formó el expediente en la Segunda Sala de este Alto Tribunal (foja 2), relativo al juicio de inconformidad 20/52, contra la resolución Presidencial dictada en el conflicto de límites por tierras comunales, entre el pueblo de Emiliano Zapata, municipio del mismo nombre y el de Jiutepec, ambos del estado de Morelos.

2) Oficio número 43782 enviado por el director general de Administración del Departamento Agrario y dirigido al Presidente de esta Suprema Corte, acompañado de 5 legajos conteniendo 10, 57, 90, 95 y 281 fojas útiles respectivamente; el expediente comunal del poblado de Emiliano Zapata, municipio del mismo nombre del estado de Morelos, en el expediente sobre conflicto de límites, titulación y confirmación de terrenos del poblado de Jiutepec, municipio de su nombre del citado estado, expedientes que se adjuntaron refundidos en el mismo número de expediente 276.1/2224 (foja 74).

3) Resolución del juicio de inconformidad 20/52 de doce de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho, donde se revocó la resolución presidencial dictada el siete de mayo de novecientos cincuenta y dos en el expediente sobre conflicto de límites, confirmación y titulación de terrenos comunales del pueblo de Jiutepec, municipio del mismo nombre, misma que preciso:

“i ... que el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización proceda a formular en los expedientes comunales de los poblados de Jiutepec y Emiliano Zapata, sendos proyectos de resolución definitiva en los que se deberán tomarse en cuenta los elementos de prueba aportados por los mencionados núcleos de población, para estar en condiciones de decidir, en los términos del artículo 319 del Código Agrario, el conflicto por los limites que confrontan ambos poblados.”

4) Oficio del entonces secretario general de acuerdos dirigido al jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, del veinticinco de enero de mil novecientos sesenta y nueve (foja 256), donde se constató el envío del testimonio de la ejecutoria dictada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el juicio de inconformidad 20/52, así como seis legajos relativos a los expedientes comunales que se enviaron a este Alto Tribunal con los oficios 43782 y 86390.

5) Escrito formulado por el titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Departamento de Asuntos Agrarios del Ejecutivo Federal dirigido al jefe de la Oficina Central de Archivo del Departamento, cuyo contenido hizo constar su recepción de la ejecutoria del juicio de inconformidad 20/52, así como seis legajos de expedientes agrarios comunales: uno del expediente 276.1/1923 y cinco del expediente comunal 276.1/2224 correspondientes a los poblados Emiliano Zapata y Jiutepec (foja 259).

Las anteriores situaciones hacen imposible incorporarlas en el Desarrollo Rural Sustentable y en equilibrio con el crecimiento urbano y la protección de los recursos naturales; asimismo, limitan el avance de las comunidades al no existir certeza jurídica en la tenencia de la tierra ni fin legal a conflictos sobre la misma.

A la fecha, la Secretaría de la Reforma Agraria ha declarado que no lleva conclusiones preconcebidas para los conflictos agrarios desde sus oficinas centrales, sino que la llega a ellas en el lugar de los hechos y con la exposición directa de la gente afectada, de esta manera se garantiza que queden resueltos de manera definitiva y que no resurjan al poco tiempo a través de nuevos grupos y expresiones. Desgraciadamente esta buena intención no se ha concretado.

No tener a la fecha una respuesta favorable para los comuneros involucrados, trae consigo problemas entre las comunidades, que en algunos casos han llegado a la violencia, sin que las autoridades municipales, estatales y federales; logren intervenir decidida y definitivamente a dar una solución final, a través de las Instituciones correspondientes como la Secretaría de la Reforma Agraria y los tribunales agrarios.

En virtud de lo anterior, sometemos a consideración del pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Que exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria a designar un delegado especial para la atención y solución definitiva de los 4 conflictos agrarios más graves que existen en Morelos.

Palacio Legislativo, a 27 de octubre del año 2010.

Diputados: Félix Rodríguez García Sosa, José Manuel Agüero Tovar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la SHCP a establecer el procedimiento necesario para que los recursos cobrados por seguros contra siniestros sean aplicados por la SEP en la reparación de daños de las escuelas afectadas, a cargo del diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Francisco Landero Gutiérrez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con los siguientes

Considerandos

La inversión en infraestructura en educación media superior se ha hecho crecer en este sexenio con el fin de ampliar la cobertura y mejorar las instalaciones de los planteles educativos.

Además del deterioro normal que la infraestructura escolar suele sufrir, también debe contemplarse el daño que frecuentemente sufre, y en proporciones mayores, debido a los siniestros causados por las fuerzas de la naturaleza, tales como sismos, inundaciones, huracanes, tormentas, etcétera.

Los daños de gran magnitud causados por un fenómeno generalizado a una región pueden ocasionar que se declare zona de desastre y entonces en el Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden) se consideren recursos para la reparación de escuelas. Pero puede tratarse de problemas más localizados en cuyo caso no sea aplicable el Fonden.

Previendo, ya sea que se puedan presentar siniestros muy localizados o que los recursos del Fonden no sean suficientes para sufragar los gastos de reparación de instalaciones escolares, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha previsto asegurar los planteles de dependencia federal, de modo que quede garantizado en dichas situaciones el restablecimiento del funcionamiento de los planteles.

La compra de estos seguros lo hace la Oficialía Mayor de la SEP, y el beneficiario es el gobierno federal, por lo que el monto del pago por un siniestro los seguros lo hacen a la Tesorería de la Federación.

Sin embargo, al no existir en la actualidad un mecanismo apropiado, estos recursos producto del cobro de los seguros ingresan a las arcas gubernamentales como un producto más, que podrá o no retornar a las escuelas siniestradas para reparar los daños causados. En caso de declaración de desastre natural lo harán en la forma de algún apoyo que puede resultar apenas suficiente o insuficiente dados todos los reclamos que hay que atender. Y en el caso de que no exista tal declaratoria, no habrá ese retorno, convirtiéndose la demanda de reparación de daños en una demanda presupuestal.

Para evitar todo esto, lo que parece ser más conveniente es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca un mecanismo que permita que el pago de los seguros se ingrese después de haber sido recibido por la Tesorería de la Federación a la Secretaría de Educación Pública y así, de esta manera, los destine a las escuelas afectadas. De esta forma se dará al cobro de los seguros el empleo para el que estaban destinados y contratados, y no se cargará a solicitudes presupuestales posteriores, dándose una atención más pronta y suficiente a la recuperación de las escuelas para volver a su funcionamiento normal.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer los mecanismos necesarios para que en el futuro del cobro de los seguros contra siniestros que la SEP contrate a favor de los planteles educativos de dependencia federal, éstos recursos se ingresen al presupuesto de la Secretaría de Educación y ésta los pueda destinar a la reparación de los daños de los planteles correspondientes. Y ante la situación actual en que los desastres naturales recientes sucedidos en diferentes partes del país han afectado a la infraestructura de los planteles educativos, se procure regresar dichos recursos, resultado del cobro de los seguros, a la SEP, para que se les dé el uso previsto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2010.

Diputado Francisco Landero Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar las condiciones de seguridad para que en México las organizaciones no gubernamentales ejerzan la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos, a cargo del diputado Noé Fernando Garza Flores, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito Noé Fernando Garza Flores, en nombre de los diputados federales del estado de Coahuila del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXI Legislatura, presenta a esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La inseguridad en México se ha convertido en el principal problema para la sociedad, en todos los niveles y en todos los ámbitos de actividad.

La participación de la sociedad civil en el diseño de estrategias y solución a éste y otros problemas que nos aquejan es determinante. Una forma de participación de la sociedad civil es a través de la sociedad organizada y que mejor que a través de las organizaciones no gubernamentales (ONG).

Desde la creación de las Naciones Unidas, las ONG han jugado un papel fundamental por ello han sido reconocidas por este organismo internacional quienes las definen como cualquier grupo no lucrativo de ciudadanos voluntarios, que está organizada a nivel local, nacional o internacional. Con tareas orientadas y dirigidas por personas con un interés común, las ONG realizan una variedad de servicios y funciones humanitarias, llevan los problemas de los ciudadanos a los gobiernos, supervisan las políticas y alientan la participación de la comunidad. Proveen de análisis y experiencia, sirven como mecanismos de advertencia temprana y ayudan en la supervisión e implementación de acuerdos internacionales.

Algunas de estas ONG están organizadas sobre temas específicos, tales derechos humanos, el medio ambiente o la salud. El financiamiento de sus actividades proviene de diversas fuentes que pueden ser personas particulares, Estados y otras administraciones públicas, organismos internacionales, empresas, otras ONG, etcétera. Las ONG han hecho valiosas contribuciones a la comunidad internacional, atrayendo la atención hacia los problemas, sugiriendo ideas y programas, difundiendo información y movilizando a la opinión pública en apoyo a las Naciones Unidas y a sus agencias especializadas.

Las ONG no tratan de reemplazar las acciones de los Estados u organismos internacionales en sus correspondientes países sino de cubrir y ayudar en aquellas áreas en las cuales no existen políticas sociales o económicas, o bien cuando estas políticas resultan insatisfactorias para algunos grupos de la sociedad. También denuncian las infracciones de los gobiernos, la corrupción y los abusos.

En México, como en otras partes del mundo las ONG, han adquirido gran importancia. El trabajo de estos organismos ha rendido frutos en diferentes aspectos en la vida política, económica y social. Es tan amplia la actividad de las ONG, que se puede afirmar que los beneficios que recibe la sociedad son muchos.

En México como en cualquier otro país, las ONG se concentran en la defensa por los derechos humanos, de la mujer, de los niños, de los indígenas entre otros, así como en la defensa por la democracia a través del voto.

Muchos de los cambios que se viven en México, se deben a la labor de las ONG a la participación de los ciudadanos, que aspiran una mejor comunidad. Sin embargo, sus actividades se han visto afectadas, debido al clima de inseguridad que impera en el país, y a la falta de garantías para realizar sus trabajos, por ello, muchas de estas ONG están restringiendo sus actividades de apoyo comunitario afectando con ello a miles de personas que viven bajo niveles de extrema pobreza. Cabe destacar que no sólo es la delincuencia organizada quienes agreden y amenazan sino agentes estatales, policías ministeriales y militares.

En octubre pasado, el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas emitió un reporte donde advirtió que “el incremento de la violencia relacionada con el crimen organizado ha intensificado la vulnerabilidad de los defensores de los derechos humanos; por lo que la ausencia de un enfoque de derechos humanos en el diseño e implantación de algunas políticas de seguridad puede llegar a ocasionar restricciones de derechos indispensables para que ejerzan su labor”. Asimismo señaló que la labor de las y los defensores no está debidamente reconocida ni valorada por las autoridades y la sociedad en general.

Coincidimos con el alto comisionado de la ONU en México, los defensores tienen que hacer frente a muchos de los prejuicios que aún subsisten en torno a los derechos humanos. No se han valorado las aportaciones que hacen con su actividad al fortalecimiento de la democracia, al combate de la impunidad, a la protección de los derechos de las víctimas, a generar espacios de diálogo y rendición de cuentas, a dar voz a los que no la tienen y, en general, a trabajar por una sociedad más justa. La falta del debido reconocimiento los coloca ya en una situación de vulnerabilidad.

Así, los propios medios de comunicación dan razón ya de la inseguridad que impera en al menos ocho regiones del país que ha paralizado actividades sociales gratuitas que ofrecían asociaciones médicas y religiosas de los Estados Unidos, sobre todo en ciudades fronterizas de los estados de Chihuahua y Tamaulipas.

Que organizaciones que tradicionalmente llevaban asistencia médica y legal, defensa de los derechos humanos, programas de desarrollo social y alimentos, suspendieron algunas de sus incursiones de campo y han adoptado protocolos de seguridad en previsión de agresiones.

Por mencionar un ejemplo, durante 45 años, médicos del Instituto Shriners atendieron a familias de escasos recursos de Ciudad Juárez. Hasta 2008 efectuaron infinidad de cirugías y regalaron prótesis a miles de infantes. La ayuda comenzó a trastocarse justo cuando recrudeció la violencia. En 2009 acudieron sólo en una ocasión, en vez de las cuatro anuales que acostumbraban.

Medidas igualmente drásticas tomaron instituciones de educación superior para proteger a sus alumnos, entre ellos el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y las sedes de la Universidad La Salle, en La Laguna y Ciudad Victoria.

Por otra parte, en una reacción a todas luces tardía, el pasado 22 de septiembre, el presidente Felipe Calderón anunció la creación de un esquema de protección para los trabajadores de la información en el país, en éste se contemplan medidas como un sistema de alerta temprana, reformas legales para prevenir la prescripción de los delitos en la materia o la creación de un consejo consultivo que permita identificar los motivos de las agresiones contra los periodistas.

Creemos que de manera similar, ante las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan las ONG, el Ejecutivo debe implantar medidas para garantizar condiciones mínimas de seguridad para realizar sus actividades.

Por todo lo anterior, acudimos a esta tribuna para solicitar su apoyo para respaldar la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a efecto de que en el marco de sus atribuciones garantice las condiciones de seguridad necesarias para que en México las organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, puedan ejercer plenamente la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2010.

Diputados: Noé Fernando Garza Flores, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Tereso Medina Ramírez, Melchor Sánchez de La Fuente, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Franco López, Hugo Héctor Martínez González, Francisco Saracho Navarro, Héctor Fernández Aguirre (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, a la SRA, a la Procuraduría Agraria, al Instituto Nacional de Migración y a la SHCP a poner en marcha acciones para la promoción y formalización del testamento agrario entre los mexicanos que radican en Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Norma Leticia Salazar Vázquez, integrante de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias de la administración pública federal respecto a la promoción y difusión de la realización del testamento agrario, así como para la asignación de recursos presupuestales para la implantación del programa piloto de testamento agrario en Estados Unidos de América, a través de los consulados mexicanos con base en las siguientes

Consideraciones

A partir de la década de los 40, muchos ciudadanos mexicanos emigraron hacia Estados Unidos de América en búsqueda de empleo y de ésta manera poder obtener mayores recursos económicos para el sustento de sus familias.

Al paso del tiempo, el número de migrantes que buscaban nuevas oportunidades aumentó de forma desproporcional, propiciando que emigraran sin documentos y en muchos de los casos se quedaran a vivir de forma definitiva. Estas circunstancias dieron origen a que al momento de su muerte los pocos bienes (terrenos agrícolas, parcelas, etcétera) con los que contaban los migrantes en sus lugares de origen quedaran intestados, ocasionando grandes problemas a sus familias quienes se veían obligadas a realizar todos los trámites para la regularización sin la presencia de los propietarios, lo que en la mayoría de los casos originaba gastos y una inversión en tiempo considerable ante las autoridades correspondientes.

En muchas de las entidades del territorio nacional, actualmente se encuentran comunidades que cuentan con un gran número de tierras que son fértiles y útiles para la siembra de diversos productos agrícolas, que ayudan a la generación de empleos y por consecuencia generan recursos económicos que benefician a trabajadores campesinos y a todo el país en general.

A pesar de ser la principal fuente de ingresos para muchas familias, existen personas que no cuentan con algún documento que acredite que son dueños de los terrenos, por lo que en muchas de las ocasiones los beneficiarios de las cosechas no tienen relación alguna con los mismos, al no poder comprobar la propiedad.

Lo anterior es consecuencia de que no existía en aquel entonces la información que permitiera a los dueños conocer los beneficios que se obtienen al registrar sus propiedades en un padrón, el cual permitiría tener un registro como herramienta con la que cuenta el gobierno federal, a fin de conocer quiénes son los propietarios de muchos predios que se encuentran en litigio y que en algunos casos no son utilizados para los fines adecuados y obtener beneficios hacia la familia del propietario.

Algunos de los problemas que se desprenden al no contar con un documento que acredite la propiedad, son la pérdida de tiempo y dinero al acudir a un Tribunal (Unitario Agrario) para poner en regla los papeles de la tierra que dejó el campesino fallecido.

Ante todas las controversias presentadas por no contar con los documentos oficiales para hacer uso de terrenos agrícolas, se pretende que con la regularización o la realización de un testamento agrario se eviten conflictos, gastos económicos y pérdida de tiempo ante los tribunales agrarios.

Otros de los beneficios son la continuidad en la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, la protección al patrimonio del campesino, le otorga certeza jurídica a las familias campesinas, así como la promoción de la cultura de la sucesión de bienes y derechos agrarios.

Por lo señalado es que en nuestro país se requiere llevar a cabo, con la mayor brevedad, acciones que permitan resolver las inconsistencias que se presentan en muchas comunidades que cuentan con propiedades de personas que se encuentran en el extranjero, por no contar con testamento agrario, tales como: problemas a la familia, incertidumbre con respecto a la tierra del campesino fallecido, pérdida de tiempo y dinero al acudir a un Tribunal (Unitario Agrario) para arreglar los papeles de la tierra.

Dichas acciones estarían encaminadas a llevar a cabo la firma de un convenio de colaboración institucional, entre la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaria de Relaciones Exteriores, siendo las dos primeras instituciones mencionadas las encargadas de llevar a cabo a nivel nacional los programas relacionados con la realización del testamento agrario.

De la misma manera se pretende que con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración, se facilite la difusión del Programa del Testamento Agrario para acercarlo a los connacionales que se encuentran en Estados Unidos de América, a través de estas oficinas consulares, obteniendo de esta manera certeza jurídica en la tenencia de la tierra y en el patrimonio de las familias campesinas.

La finalidad de dicho convenio sería la promoción y difusión del programa piloto “formalización del testamento agrario de los connacionales en Estados Unidos de América vía oficinas consulares”, el cual al realizarse tendría grandes beneficios para las personas tales como evitar posibles conflictos, gastos económicos y pérdida de tiempo ante los tribunales agrarios; promover la cultura de sucesión de bienes y derechos agrarios; dar continuidad en la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra; proteger el patrimonio del campesino; otorgar certeza jurídica a las familias campesinas así como fomentar la convivencia armónica entre ellas.

El programa piloto mencionado sería implantado por la Secretaría de la Reforma Agraria por conducto de la Procuraduría Agraria, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de los consulados mexicanos en Estados Unidos de América y del Instituto Nacional de Migración.

Cabe resaltar que en el presente punto de acuerdo, se solicita que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que considere dentro de las propuestas de Presupuesto para 2011 recursos a fin de que se lleve a cabo la promoción e implantación del programa piloto por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria y de la Procuraduría Agraria, en los términos que éstas establezcan.

Como legisladores tenemos la obligación de impulsar normas que mejoren el desarrollo y la convivencia social de todos los ciudadanos; por lo que la presente proposición con punto de acuerdo, pretende en términos generales, que la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración mediante los consulados mexicanos establecidos en Estados Unidos de América promuevan que los ciudadanos mexicanos que radican en el vecino país del norte que cuentan con parcelas de cultivo, inicien los trámites de regularización en las oficinas que corresponda al lugar donde radican, dejando así certeza jurídica a sus familiares respecto de la propiedad agrícola.

Es por todo lo anterior que se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de la Reforma Agraria, a la Procuraduría Agraria y al Instituto Nacional de Migración a celebrar la firma de un convenio de colaboración institucional para promocionar, a través de los consulados mexicanos establecidos en Estados Unidos de América, la formalización del testamento agrario entre la comunidad mexicana que radica en aquel país.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a coordinar las actividades junto con la Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria para apoyar la difusión de la formalización del testamento agrario, y de igual manera brinde el apoyo desde los Consulados a los connacionales para dicho trámite.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a considerar dentro de las propuestas de Presupuesto para 2011 recursos para la implantación del programa piloto de formalización del testamento agrario desde Estados Unidos de América, en beneficio de los familiares que se encuentran en nuestro país, cuando el propietario se encuentra en Estados Unidos de América.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2010.

Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Conade a informar a esta soberanía sobre el monto de lo erogado por la celebración del bicentenario el 9 y el 10 de octubre en la Ciudad de México, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI

Diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo fundada en las siguientes

Consideraciones

El estado del deporte en nuestro país es lamentable, tanto en los resultados a nivel internacional que son de sobra conocidos, como por los efectos y vinculaciones con nuestra realidad social. La realidad demuestra que la población en México que puede practicar actividades físicas con regularidad, en instalaciones seguras y funcionales, es demasiado escasa respecto de otros países, no sólo en referencia a naciones del primer mundo, sino frente a estados latinoamericanos. El problema de la obesidad y sobrepeso, que hoy alcanza cifras alarmantes en toda la población, entre otras causas, también se ve incrementado por la falta de políticas del deporte y de la actividad física.

En el año en que el gobierno de la república presume invertir como nunca en obras públicas, la inversión en infraestructura del deporte es mínima e insuficiente. En el año en que más ejecuciones de personas hay en nuestro país por razones del crimen organizado y en donde una respuesta necesaria, es poder dotar a nuestros jóvenes de espacios para practicar deporte y recreación de calidad, el gobierno federal prefiere gastar en policías y en festejos.

Existe un número importante de jóvenes que buscan practicar deportes y hay pocas instalaciones dignas y seguras, existen innumerables parques, deportivos, albercas, pistas o gimnasios que requieren mantenimiento, remodelación, inversión y los responsables del deporte y la actividad física se promueven con fines diferentes y escasean recursos para invertir al futuro mientras se prioriza el dispendio en festejos.

El pasado 9 y 10 de octubre en un acto unilateral se cerró una de las avenidas más grandes de la Ciudad de México, en un acto centralista y demagógico, para hacer una celebración fastuosa, en la que se contrataron como en un circo, atletas de talla internacional y nacional, supuestamente para estar en contacto con la gente; sin embargo, no sólo fue un acto arbitrario y mal organizado, sino un acto onerosos donde se presume, por falta de información, que se gastaron millones de pesos en un fin de semana, recursos por demás necesarios para rehabilitar e invertir en instalaciones e infraestructura, que millones de jóvenes, niños, hombres y mujeres requieren para hacer deporte a lo largo y ancho del país y con una visión sustentable de su futuro y del futuro de nuestra sociedad.

La arbitrariedad del asunto, no sólo se limita al cierre de arterias viales, sino a que no se entregan cuentas, ni se evalúa el impacto de estas actividades ante nadie, por lo tanto y en mérito de lo expuesto y fundado, solicito atentamente la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que informe con detalle a esta soberanía, el monto y detalle de los recursos erogados durante el Festival Olímpico Bicentenario que se llevó a cabo los días 9 y 10 de octubre del presente año en la ciudad de México y evalúe su impacto en el marco de sus atribuciones.

Segundo. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a que envíe a esta soberanía un informe completo de la situación que guarda la infraestructura física relativa a las instalaciones y obras públicas relacionadas con el deporte y la actividad física en toda la república.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar lo necesario para que el Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva expida la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2009, sobre prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, y la envíe a la Segob para su correspondiente publicación en el DOF, a cargo del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Gerardo del Mazo Morales, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

1. Que las “muertes evitables” son aquellas que por sus características y la disponibilidad de tecnología y conocimientos médicos pueden prevenirse. En México, del total de muertes que se presentan anualmente, casi el 40 por ciento son evitables.

2. Que el cáncer de mama es una enfermedad que entra dentro de esta categoría por lo que su diagnóstico no debería significar la muerte de una mexicana cada dos horas y aún así junto con las muertes ocasionadas por cáncer cérvico-uterino, provoca casi el 10 por ciento de los fallecimientos evitables en México.

3. Que diversos estudios revelan que a partir de 2006 el cáncer mamario se constituyó como la primera causa de muerte por neoplasia maligna entre las mujeres mayores de 25 años, con 4,440 defunciones registradas y una tasa de mortalidad de 15.8 fallecimientos por cien mil mujeres en este rango de edad, lo que representa un incremento de 9.7 por ciento en relación con el año 2000. Tan solo en el periodo de 1980 a 2005 se registraron un total de 67,854 defunciones por cáncer mamario, y se estima un incremento cercano a los 16,500 nuevos casos anuales para 2020.

4. Que desafortunadamente, la expansión de esta enfermedad en México no se ha acompañado de un incremento proporcional de los mecanismos de detección y tratamiento. De acuerdo al Estudio del Instituto Nacional de Salud Pública y la Fundación Mexicana para la Salud, llamado “Barreras de acceso a la atención del cáncer de mama en cuatro estados de México 2009”, son 4 las barreras de acceso que las mujeres mexicanas enfrentan para la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama:

Barrera de la información

Tiene que ver con la manera en la que nos llega la información y la convertimos en conocimiento. La muerte de 12 mujeres cada día, evidencia que a pesar campañas instrumentadas, existe una diferencia importante entre la cantidad y la calidad de la información pues en términos generales, la población mexicana desconoce el procedimiento para hacerse una autoexploración “correcta”.

Barreras económicas

La capacidad económica y la condición de aseguramiento en salud es la segunda barrera para lograr un acceso oportuno. El cáncer de mama es una enfermedad que implica altos costos para su diagnóstico y tratamiento por lo que la diferencia para muchas mujeres radica principalmente en el hecho de ser o no derechohabiente de la limitada seguridad social que proporciona el Estado.

Barreras sociales y culturales

Las mujeres afrontan restricciones de tipo moral, desconocimiento del propio cuerpo femenino, miedos, machismo, entre otros; son creencias que impiden la detección oportuna y un diagnóstico eficaz.

Barreras de la organización de los servicios de salud

La última barrera está vinculada a la organización y operación del sector salud en México. Las usuarias y sus familias reportan una falta de oportunidad en la atención, insuficiencia en la disponibilidad de servicios, carencia de recursos tecnológicos, materiales y humanos, largos tiempos de espera, exceso de trámites y requisitos burocráticos, poca confianza en la atención institucional, escasa resolución de demandas y necesidades, falta de entrenamiento y sensibilidad de los médicos de primer contacto, además de los elevados costos de atención y de medicamento en el ámbito privado.

5. Que uno de los datos relevantes es el hecho de que en México más del 90 por ciento de los casos son diagnosticados en etapas avanzadas, con tumores de más de cinco centímetros, mientras que en sólo el 3.7 por ciento de las pacientes las lesiones se identifican en estadios tempranos. La edad promedio de la mujer mexicana para desarrollar este tipo de tumor era 51 años, mientras que en otros países llegaba hasta los 63, pero en la actualidad el dato realmente preocupante es que 45.5 por ciento de los casos se presentan en menores de 50 años (mujeres en edad reproductiva). Otro dato que llama la atención es que entre el 75 y 80 por ciento de las mujeres a quienes se les diagnostica la enfermedad, no tiene factores de riesgo hereditarios.

6. Que la utilización de la mamografía, el examen clínico y el autoexamen en México continúan siendo prácticas extremadamente poco efectuadas, particularmente entre la población de bajos recursos y en las áreas rurales. De acuerdo con el Programa de Acción del Cáncer de Mama 2007-2012, la cobertura de detección por mamografía en mujeres de 50 a 69 años de edad es apenas del 8.5 por ciento. Por otro lado, sólo el 22 por ciento de las mujeres de 40 a 69 años de edad reportaron en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2005-2006 haber tenido una revisión clínica de mamas o una mamografía. La encuesta anterior muestra que sólo el 12 por ciento de las mujeres de 40 a 69 años de edad se había sometido a algún examen de diagnóstico de cáncer, incluyendo la mamografía, practicada por sólo 1 de cada 5 mujeres. La cifra llega apenas a 16 por ciento en el quintil más pobre de la población, comparado con un 28 por ciento entre el 20 por ciento de la población con recursos económicos más elevados.

7. Que en cuanto a la autoexploración, un estudio indica que menos del 15 por ciento de las derechohabientes del IMSS y la Secretaría de Salud se exploran los senos mensualmente. Por su parte, la frecuencia con que las mujeres acuden a un examen clínico es de 29 por ciento entre las mujeres de muy bajo nivel socio-económico comparado con 49 por ciento entre las de nivel alto. La frecuencia es más de dos veces mayor entre las mujeres de por lo menos estudios de bachillerato y residentes en áreas rurales (43 por ciento) que entre las mujeres sin escolaridad residentes en áreas rurales (20 por ciento).

8. Que el documento que unifica en México las acciones en salud en materia de cáncer de mama, y que tiene como propósito contribuir a la disminución de las tendencias de mortalidad por esta patología es la Norma Oficial Mexicana NOM­041-SSA2-2002, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de septiembre de 2003, la cual define los criterios de operación para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer mamario.

9. Que de conformidad con el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las normas oficiales mexicanas deben ser revisadas cada 5 años a partir de la fecha de su entrada en vigor.

10. Que desde el 2009, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, a través de la Comisión de Mejora Regulatoria, ha venido trabajando en la actualización y modificación del anteproyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-041-SSA2-2009, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama.

11. Que con fundamento en el artículo 40 fracción 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, corresponde al Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, elaborar y expedir las normas oficiales mexicanas en el ámbito de su competencia y formular las respuestas sobre los comentarios recibidos, así como vigilar su cumplimiento.

12. Que el 11 de octubre de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2010, en el que se da cuenta que el 30 de septiembre de 2010, el anteproyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2002, para la prevención, diagnostico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama; para quedar como Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-041-SSA2-2009, para la prevención, diagnostico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, se considera como dictamen total final.

13. Que para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza la clave del control del cáncer de mama es la detección temprana. Por ello, la modificación y actualización de la NOM-041-SSA2-2003 es de gran importancia para organizar los mecanismos y lograr una detección oportuna, mejorar los procesos de diagnóstico y asegurar un tratamiento oportuno y adecuado a través de la vigilancia epidemiológica y el control de la calidad.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que el Centro de Equidad de Género y salud reproductiva, con fundamento en la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 11 de octubre de 2010, expida la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2009, para la prevención, diagnostico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, y la envié a la Secretaría de Gobernación para su correspondiente publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Gerardo del Mazo Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSP, a la Sedena, a la Semar y a la PGR a fortalecer los operativos en las zonas fronterizas, a efecto de combatir el tráfico de armas, de indocumentados y de drogas, la piratería y el lavado de dinero, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe la presente, diputado Juan José Cuevas García, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante este pleno una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Seguridad Pública, de Defensa, y de Marina Nacional, así como a la Procuraduría General de la República a que, con el objetivo de salvaguardar la seguridad, la integridad y el respeto a los derechos humanos de los habitantes y de los migrantes, fortalezcan sus operativos en las zonas fronterizas, a efecto de combatir el tráfico de armas, indocumentados, drogas, piratería y lavado de dinero.

Consideraciones

“La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”, Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.

El crimen organizado es uno de los problemas, que de forma por demás indignante, restringe a la sociedad mexicana, y a la de todo el mundo, de uno de los valores que por naturaleza le pertenecen como es la libertad, la honra y la dignidad humana. Los grupos criminales, gracias a su organización, estructura y funcionamiento, han formado parte del proceso globalizador, por lo que han crecido de forma alarmante, a un grado tal que es posible equipararlos con las grandes empresas transnacionales.

En ese sentido, el crimen organizado no reconoce naciones ni fronteras, siendo estás el lugar en el que se gestan una serie de delitos que por su gravedad sangran las entrañas de la sociedad y ponen en riesgo a las instituciones gubernamentales.

La delincuencia organizada es fuente de una serie de actos que se generan a gran escala y que por su transnacionalidad puede diversificar sus operaciones en las fronteras mexicanas en delitos que generan grandes ganancias como en el tráfico de drogas, de indocumentados, de armas y el lavado de dinero.

Por consiguiente, la necesidad de que el actual gobierno fortalezca los mecanismos de seguridad que permitan proteger nuestras instituciones es imperiosa, poniendo especial atención en las zonas fronterizas frente a las amenazas y riesgos que puedan atentar contra la integridad y estabilidad de las personas que habitan o transitan por ellas. Es importante dar crédito a las obras, por eso hay que destacar que el Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Seguridad, de Defensa, y de Marina Nacional, así como la Procuraduría General de la República, realizan acciones de vigilancia de las zonas fronterizas para impedir el tráfico de personas, de drogas, de armas, de indocumentados y de mercancías.

Al respecto, es de reconocer que la Secretaría de la Defensa Nacional, en el último año, realizó 82 mil 62 patrullajes en las fronteras norte y sur, en los que intervinieron un promedio mensual de 9 mil 335 elementos militares, logrando en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como en Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas asegurar un total de 487 mil 26 kilogramos de marihuana, mil 307.2 kilogramos de cocaína, 5 mil 880 armas, mil 305,991 cartuchos, 60.1 millones de pesos, 22.8 millones de dólares, 3 mil 440 vehículos y 3 mil 200 personas detenidas.

Por su parte, la Secretaría de Marina, en el mismo lapso, realizó 12 mil 508 patrullajes urbanos con una participación promedio mensual de mil 514 elementos navales, en 53 ciudades fronterizas, lo que permitió el aseguramiento de 296 personas, 126 vehículos, dos embarcaciones, 133 armas, 380 cargadores, 20 mil 300 cartuchos, 27 mil 249 kilogramos de marihuana, 11 kilogramos de cocaína, 20 granadas de mano y 154 indocumentados de diferentes nacionalidades.

La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Federal, realizó el operativo espejo, realizado del 15 al 17 de octubre de 2009, en coordinación con los estados de Campeche, Chiapas y Tabasco, así como con autoridades guatemaltecas en la zona limítrofe entre México y Guatemala, en el que se efectuaron 647 revisiones para prevenir el tráfico de indocumentados.

Sumado a lo anterior, llevó a cabo el operativo salvavidas, realizado en la franja fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua, que consistió en recorridos binacionales en vehículos con apoyo aéreo; asimismo, participó en el intercambio de información entre las policías de países fronterizos como Guatemala y Estados Unidos de América.

Mientras tanto, la Procuraduría General de la República, a través de la Agencia Federal de Investigación, implantó el Programa de Revisión para inhibir el tráfico de personas indocumentadas y drogas en la terminal aérea de Tapachula, Chiapas, realizando la revisión de mil 270 aviones comerciales, 113 aviones privados, 10 mil 522 pasajeros, 10 mil 925 maletas de equipaje y 333 paquetes, logrando así la inhibición completa de actividades delictivas en la referida terminal aérea.

Adicionalmente, en el estado de Quintana Roo, la agencia logró el aseguramiento de cinco indocumentados de origen chino, la localización y presentación de 45 personas vinculadas al tráfico de personas y delincuencia organizada, así como la detención de 11 personas responsables del tráfico de indocumentados.

A pesar de las importantes acciones del Ejecutivo federal, las organizaciones criminales, gracias a su poder, han logrado permanecer vigentes y continúan llevando a cabo actividades ilícitas preocupantes para el resto del país. Paralelamente, debe tomarse en cuenta que al ingreso de toda clase de armas de fuego y hasta explosivos, además del tráfico de drogas e indocumentados y el lavado de dinero, tiene como consecuencia el aumento del índice de delitos de todo tipo y en todo el territorio nacional.

Compañeros legisladores, no hay que acostumbrarse a vivir con los enemigos de la libertad y la vida del pueblo e instituciones de México; el tráfico de armas es un problema que de pronto parece no tener solución y que representa el inicio del ciclo vital de toda clase de crímenes como el homicidio o el secuestro, bastiones de las organizaciones criminales y que son utilizados para dañar al Estado mexicano y exterminar a la gente de bien. Es por eso, que esta semilla del terror requiere de una estrategia agresiva que permita frenar el flujo de armas por parte del narcotráfico hacia México.

Tampoco hay que olvidar que todas esas armas que ingresan por las fronteras a nuestro país, son utilizadas por los cárteles para atacar a nuestras policías, a nuestros funcionarios, sin importar si son federales o locales, así como a los periodistas que tan valientemente ejercen su loable labor informativa ciudadana. Por tales razones, sabemos de la importancia de que todos los actores políticos empecemos a valorar, en su justa dimensión, el riesgo que significa esa inmensa capacidad de violencia provocada por las armas que entran a México, y luchar por impedir que el crimen organizado se fortalezca con el dinero y el arsenal importado y, finalmente, lograr el triunfo de la legalidad sobre las armas y la inseguridad.

Pero no sólo es responsabilidad de las instituciones federales, es necesario que los cuerpos policiales estatales participen en coadyuvancia con las acciones emprendidas por el ámbito federal, sobre todo en los municipios ubicados a lo largo de las fronteras norte y sur.

Por todo ello, es de vital importancia fortalecer las acciones del Ejecutivo federal a efecto de establecer una barrera de contención contra el tráfico de personas, armas, drogas y lavado de dinero, toda vez que son actividades que constituyen un problema que lastima a todos los ámbitos de gobierno y, por ende, a la sociedad que vive en México y a la que transita por nuestro territorio.

Así pues, es dable insistir en la necesidad de que las acciones llevadas a cabo por las Secretarías de Seguridad Pública, de Defensa y de Marina Nacional, así como por la Procuraduría General de la República, sean reforzadas con el objetivo de que tengan un carácter polivalente, ligeras, flexibles, de gran movilidad táctica y estratégica, con capacidad de respuesta, sólida moral, principios disciplinarios y arraigada vocación de servicio, dotadas de recursos humanos y tecnológicos de alta calidad, acordes a la potencialidad del país, para que puedan hacer frente a las amenazas que ponen en riesgo la seguridad de México.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Secretarías de Seguridad Pública, de Defensa y de Marina Nacional, así como a la Procuraduría General de la República, a efecto de que, con el objetivo de salvaguardar la seguridad, la integridad y el respeto a los derechos humanos de los habitantes y de los migrantes, fortalezcan los operativos en las zonas fronterizas, a fin de combatir el tráfico de armas, indocumentados, drogas, piratería y lavado de dinero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2010.

Diputado Juan José Cuevas García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS y al IMSS a tutelar con energía lo dispuesto en la ley para el debido respeto de los derechos de los jornaleros agrícolas, a cargo del diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Rodolfo Lara Lagunas, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

Estamos a unos días de conmemorar los 100 años de la Revolución Mexicana, y nos encontramos con que los jornaleros agrícolas del país, siguen viviendo entre la sobreexplotación y la negación de sus más elementales derechos. El diario “La Jornada” del 29 de enero de 2009, nos informa que “Ángela Barraza López, de 10 años perdió el brazo izquierdo la semana pasada. Una máquina se lo destrozó cuando limpiaba ejotes en la banda transportadora de una planta empacadora de productos agrícolas, en esta capital (Culiacán, Sinaloa)”. De acuerdo a la nota periodística Ángela recibía como salario diario la cantidad de 70 pesos, pero sin prestaciones.

Una y otra vez, diversos grupos parlamentarios, hemos denunciado la situación de violencia general a los derechos laborales de los jornaleros agrícolas en el país, especialmente en materia de seguridad e higiene. Sin que a la fecha, se hayan tomado las medidas de fondo que esta grave situación reclama.

Debemos desechar, el acontecer cercano, en que sólo en presencia de masacres, la autoridad se decide a actuar, ante todo por la presión internacional.

Sabemos que muchos de los jornaleros agrícolas laboran en una verdadera situación de neoesclavitud, de manera que les es negado la posibilidad de desplazarse más allá de los confines de los respectivos centros de trabajo, sujetos a la expoliación de la nueva versión de las tiendas de raya, con jornadas extenuantes, escasas o nulas condiciones de seguridad e higiene, salarios más que raquíticos y la negación de su derecho de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social.

La abusiva conducta de estos empresarios, nuevos señores “feudales”, no podría prosperar sin la complicidad de las autoridades de todos los niveles, ante algo que es un hecho público.

Esto extremos, cobran niveles de crueldad, cuando las víctimas son niñas y niños desde la más tierna edad, que no sólo deben soportar jornadas extenuantes, sino riesgos permanentes para su vida y salud. Aunado a la violación de sus derechos a la educación básica, al juego, al pleno desarrollo.

Ya no podemos seguir con la imposición de la “ley del más fuerte”; el sentido de nación y de democracia exige un equilibrio en la legalidad y la justicia.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta con urgencia a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones tutelen con energía lo mandatado por el artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, de manera que se respeten los derechos laborales y a la seguridad social de los jornaleros agrícolas, especialmente, tratándose de las niñas y los niños.

Segundo. También se les exhorta a las mismas, para que inicien las investigaciones que procedan a fin de deslindar responsabilidades, sobre las violaciones a los derechos humanos laborales y de la seguridad social de que son víctimas los jornaleros agrícolas en el país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2010.

Diputado Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco a tomar las medidas necesarias para resarcir a los usuarios que compraron boletos de Grupo Mexicana y a vigilar que la empresa reembolse todos los gastos en que incurrieron los consumidores, a fin de protegerlos integralmente de los daños causados por la quiebra, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Cora Cecilia Pinedo Alonso, diputada federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias, tome las medidas necesarias para resarcir a los usuarios que compraron boletos del Grupo Mexicana, vigilando que la empresa reembolse todos los gastos en que incurrieron los consumidores, con el fin de protegerlos integralmente de los daños causados por la quiebra.

Consideraciones

La quiebra técnica de Mexicana de Aviación, anunciada en el mes de agosto pasado, es un asunto muy delicado por la importancia de esta emblemática línea aérea en México y en el extranjero.

Esta situación, supone irresponsabilidad de la empresa, ya que las condiciones económicas por las que pasa Mexicana de Aviación, según los propios empresarios, no son recientes, la empresa ya venía reportando signos negativos que apuntaban a su quiebra.

Mexicana tiene importantes pasivos, recibió créditos importantes de Bancomex y Banorte que suman alrededor de 3 mil millones de pesos.

Según declaraciones de pilotos y sobrecargos de la Compañía Mexicana de Aviación hechas en la Cámara de Diputados, la quiebra de la que era la primera empresa aérea comercial del país, fue manipulada de manera intencional por los ejecutivos de la empresa en complicidad con las autoridades de Aeronáutica Civil y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

La quiebra técnica asumida por Mexicana de Aviación, obligó a suspender ventas, y dejar de prestar el servicio, dañando a los usuarios al reembolsar el costo del boleto y obliga a los consumidores a hacer un gasto adicional al obligarlos a comprar nuevamente el boleto en alguna otra compañía que preste el servicio.

Hoy se encuentra en proceso de concurso mercantil y es administrada por personal designado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Pero el grave problema continua, los usuarios no han sido atendidos, no se les ha reembolsado el boleto, ni mucho menos los gastos por los daños causados por la no prestación del servicio, como pago por servicio de hotel, viáticos, entre otros. Lo que si se hace en otros países como en Estados Unidos y Europa.

Por ello, solicitamos el apoyo de la asamblea, con el fin de dar una solución integral al problema, especialmente para dar respuesta a los usuarios y consumidores que pagaron boleto y que no recibieron el servicio contratado.

El problema es complejo y fue causado, entre otros, por un deficiente manejo financiero de la empresa, que por cierto, tenía todas las condiciones para seguir prestando el servicio y seguir creciendo, alcanzando mayores rutas, con estados financieros sólidos.

La quiebra de esta emblemática línea aérea, se da en un ambiente en el que la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tiene planteada como estrategia para este sector: “abatir el costo económico del transporte, aumentar la seguridad y la comodidad de los usuarios, así como fomentar la competitividad y la eficiencia en la prestación del servicio”.

Como podemos ver, esto no se cumple, la quiebra de Mexicana de Aviación, implica inmovilidad en el transporte de pasajeros nacionales y extranjeros con repercusiones negativas importantes en el sector turismo y los negocios.

La cancelación de los vuelos del Grupo Mexicana, implico un desplome de más del 40 por ciento, de la capacidad de transporte aéreo de pasajeros en el país, afectando severamente al sector turístico y de negocios, en especial por el aumento de precios de las otras líneas aéreas.

Las ineficiencias en la prestación del servicio, el encarecimiento de las tarifas y la profundización de la crisis que viene padeciendo el sector aéreo comercial, derivado de una estrategia inadecuada para el sector, impiden la recuperación de este importante sector de la economía mexicana.

Adicionalmente, y como antecedente de que la regulación del sector es ineficiente, el 30 de julio pasado, la Administración de Aviación Federal de los Estados Unidos, degrado a categoría 2 al sistema de aviación mexicano, lo que implica que las condiciones bajo las cuales se realizan los vuelos nacionales no son seguras por supervisión ineficiente del gobierno federal.

Ante esto, estamos obligados a vigilar que la Procuraduría Federal del Consumidor dé pronta y positiva respuesta a los usuarios que compraron boletos, que no han obtenido el servicio y que quedaron varados en diferentes destinos nacionales e internacionales.

Esperando una respuesta positiva y tomando en cuenta las consideraciones expuestas, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, solicita con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que sea considerado de urgente y obvia resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Artículo Único. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias, tome las medidas necesarias para resarcir a los usuarios que compraron boletos del Grupo Mexicana, vigilando que la empresa reembolse todos los gastos en que incurrieron los consumidores, con el fin de protegerlos integralmente de los daños causados por la quiebra.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de octubre de dos mil diez.

Diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir a través de la Sedesol el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Diva Hadamira Gastélum Bajo, diputada federal por el estado de Sinaloa e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), actualmente residen en nuestro país 8.2 millones de personas de 60 años o más; en 2030 se espera que sean 22.2 millones y, para la mitad del siglo, alcanzarán según lo previsto, 36.2 millones. Esto se reflejará en el aumento de las proporciones de adultos mayores en las próximas décadas. Ante tal situación es urgente crear la legislación jurídica adecuada que regule y reglamente a estas personas, por ello, no obstante que ya existe la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, se debe crear también su reglamento.

En atención a que los derechos fundamentales de las personas, al igual que los sociales y políticos, han llegado a una etapa de amplio reconocimiento por la comunidad internacional, quedando plasmados en diversos ordenamientos legales, tratados internacionales y declaraciones, con la finalidad de que su goce y ejercicio sea garantizado por todas las naciones, la nuestra no debe ser la excepción, es por ello que ante la inexistencia de un reglamento para la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, se debe instar a la autoridad correspondiente la creación de éste.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1o., refiere de manera clara y contundente que todo individuo gozará de las garantías que otorga dicho mandato, agregando que se prohíbe toda discriminación motivada entre otras por la edad o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; establece, además, la obligación de las autoridades para garantizarlos.

No obstante que la Constitución Federal debe garantizar a todos los individuos el goce de los referidos derechos, las condiciones específicas que afrontan diferentes grupos de la población, como de las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y los ancianos, no es impedimento que cada uno de ellos pueda ejercer sus derechos con eficacia, surgiendo la necesidad de crear ordenamientos legales y mecanismos adecuados como el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que permita alcanzar el disfrute pleno de los derechos que también fueron establecidos para ellos.

De acuerdo a lo anterior, las legisladoras y los legisladores, como atentos observadores y ejecutores de los cambios políticos, culturales, jurídicos y sociales que se van sucediendo, deben instar al Ejecutivo federal y actuar en consecuencia, provocando el establecimiento de condiciones que den respuesta oportuna a los problemas que dichos cambios conllevan, sobre todo, cuando estos afecten el goce de los derechos humanos del gobernado.

Por ser parte importante en la agenda nacional los derechos de las personas adultas mayores, someto a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social a expedir el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para garantizar plenamente el ejercicio de sus derechos, estableciendo las bases y disposiciones para su cumplimiento.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2010.

Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica)


Excitativas

A la Comisión de Gobernación, a solicitud de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN

Lucila del Carmen Gallegos Camarena, en su calidad de diputada a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso p) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 21, fracción XVI, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita, respetuosamente, que la Presidencia, tenga a bien formular una excitativa a la Comisión de Gobernación, a efecto de que dictamine la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a realizar y publicar el diagnóstico nacional y los estudios complementarios con perspectiva de género, sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, en todos los ámbitos a que hace referencia la fracción XII del artículo 42 de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, a fin de contar con información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en materia de prevención, atención , sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, con base en los siguientes

Antecedentes

Con fecha 24 de marzo de 2010, la diputada Tomasa Vives Preciado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados, una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a publicar el Diagnóstico Nacional sobre Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y Niñas; y a los órganos legislativos de los estados y del Distrito Federal a revisar y actualizar junto con la sociedad civil, el marco normativo para atender la violencia contra las mujeres.

La proposición presentada por la diputada Tomasa Vives Preciado fue turnada en la misma fecha para su dictamen a la Comisión de Gobernación, sin que a la fecha ésta haya sometido a consideración del pleno el dictamen respectivo.

Consideraciones

La dimensión de las consecuencias de la violencia con base en el género, es tan grave que no sólo viola los derechos humanos, también obstaculiza la productividad, reduce el capital humano y mina el crecimiento económico, generando costos sociales y económicos que repercuten en toda la sociedad.

Debido a la violencia, las mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para trabajar, pierden su sueldo, dejan de participar en actividades cotidianas y ven menguadas sus fuerzas para cuidar de sí mismas y de sus hijos.

Para combatir este problema y con el objeto establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha primero de febrero de 2007, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.

Para el logro de sus objetivos esta ley dispone, entre otras cosas, la elaboración de un Diagnóstico Nacional sobre Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y las Niñas , que de acuerdo con el artículo 42, fracción XII, está a cargo de la Secretaría de Gobernación.

La realización del diagnóstico señalado tiene como fin proporcionar información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

El artículo quinto transitorio del decreto por el que se crea la ley en comento dispone que el diagnóstico citado deberá realizarse dentro de los 365 días siguientes a la integración del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

No obstante que el 11 de mayo de 2007, se celebró la primera reunión extraordinaria del sistema y que de esa fecha al día de hoy han transcurrido aproximadamente mil 300 días, es decir, tres veces más el término que prevé la ley para la realización del diagnóstico, este no ha sido publicado.

La gravedad de la violencia contra las mujeres y las niñas y de sus efectos hace urgente contar con información objetiva, que permita la elaboración de políticas gubernamentales tendentes a la prevención, atención, sanción y erradicación de ésta.

Esta imperiosa necesidad hace que la proposición planteada por la diputada Vives Preciado, sea de urgente y obvio dictamen y resolución.

Por lo expuesto y fundado, a usted, ciudadano presidente de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva

Único. Excite a la Comisión de Gobernación para presente el dictamen respectivo de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a publicar el Diagnóstico Nacional sobre Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y Niñas; y a los órganos legislativos de los estados y del Distrito Federal a revisar y actualizar junto con la sociedad civil, el marco normativo para atender la violencia contra las mujeres.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena

(rúbrica)



Efemrides

Francisco I. Madero, o de cómo un reformista se transforma en revolucionario, a cargo del diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT

Han transcurrido más de cien años de la presentación pública de las propuestas constitucionales y políticas de Madero y hasta ahora no se han concretado. Madero sigue vivo porque sus ideas lo están, así como su ejemplo de lucha cívica. En sus aciertos los mexicanos debemos ver una orientación para el futuro de México, el que tiene que ver con la construcción de un sistema democrático y, de sus desaciertos, debemos aprender que los procesos de cambio político requieren de compromisos colectivos e incluyentes que involucran y atañen a todos y, que no son ni responsabilidad ni obligación del mejor líder. Si Madero fracasó, lo fue porque fue incomprendido por los sectores relevantes de su tiempo. La transformación democrática exige grandes dotes pedagógicas para transmitir los presupuestos, los procedimientos y los fines del cambio y, Madero las tuvo, pero no fueron suficientes para introducirlos en el alma individual y colectiva de los mexicanos.

Su ideario político lo defendió ante sus contemporáneos no sólo con la exposición de un marco teórico sino que lo promovió con la acción política. Como todos sabemos, Madero entregó su vida y su riqueza personal en la promoción de su proyecto político. Su coherencia política y ética están fuera de cualquier duda. Madero fue un hombre visionario, claro y honrado que quiso situar a México entre las naciones civilizadas y democráticas de su época.

Francisco I. Madero no planteó inicialmente una revolución, él prefería un cambio político pacífico para México. En su obra La sucesión presidencial en 1910 propuso la creación de un partido político –el Partido Nacional Democrático– y buscó motivar a los ciudadanos para que se interesaran en la contienda electoral de 1910. Los males de México, los ubicó en el “absolutismo” del ejercicio del poder y, por ello, apostó por la instauración de una democracia. La sucesión presidencial en 1910 defendió el antirreleccionismo como principio básico de la organización política del país, aunque Madero conciliadoramente con el antiguo régimen, estuvo dispuesto a negociar con Porfirio Díaz una última reelección a cambio de que el vicepresidente fuese elegido libremente por los ciudadanos. Las ideas de Madero sobre el cambio político, no son para muchos estudiosos tan radicales como podría suponerse, pues Madero se preocupó sobre todo por la permanencia antidemocrática de Díaz en el poder y su sustitución en el mismo por medio de elecciones libres. Su tesis no radicó en una transformación total de las instituciones sino en el fin del dominio de Díaz en la política nacional. 1

El cambio del planteamiento inicial de Madero –pacifista y pactado- a favor del levantamiento armado (la Revolución como motor de transformación) fue consecuencia de su participación política como candidato presidencial y, de la rigidez y cerrazón del régimen ante su propuesta de apertura política. La candidatura de Madero a la presidencia y su enorme popularidad en la población despertaron inquietud en el gobierno de Díaz, quien decidió aprehenderlo y encarcelarlo. En el Plan de San Luis, que se redactó en San Antonio, Texas una vez que Madero se fugó de la penitenciaria de la capital potosina, es en donde Madero convocó a todos los mexicanos a la lucha armada para el 20 de noviembre de 1910 a las seis de la tarde de ese día.

Madero nunca pretendió antes del Plan de San Luis el cambio violento del régimen de Díaz. Madero siempre abjuró y condenó los movimientos violentos. 2 Él quiso ante todo una sustitución pacífica y pactada con el régimen de Díaz, que hoy ubicaríamos dentro de los procesos de tránsito a la democracia. Su apuesta fue a favor de la creación de partidos políticos y de procedimientos electorales transparentes. Elementos que típicamente han sido parte de los procesos de transición a la democracia que a finales del siglo XX se han vivido en muchos países del mundo y que han permitido la transformación de regímenes autoritarios en democracias. En este sentido expuso que:

“La hipótesis de que estalle una revolución es la menos probable de todas, pues, por un lado, el elemento gobiernista procurará evitarla a toda costa y el medio más eficaz y más sencillo consistirá en hacer concesiones a la voluntad nacional, lo cual está en su mano; por otro lado, los que formen el Partido Democrático, como lo indica su nombre, son partidarios de la ley y por amarga experiencia sabemos los mexicanos que siempre que hemos empuñado las armas para derrocar algún mal gobierno hemos sido cruelmente decepcionados por nuestros caudillos que nunca nos han cumplido las promesas que nos hicieron, por cuyo motivo las tendencias del Partido Democrático serán, precisamente, trabajar por que por medio de prácticas democráticas se verifique el cambio de funcionarios”. 3

La caracterización de Madero sobre los regímenes “absolutos” y democráticos coincide, como ya se dijo, con las notas que sobre los mismos desarrollan las teorías políticas contemporáneas. Juan Linz ha indicado que un régimen autoritario es aquél que cuenta: 1) con un pluralismo limitado y no responsable; 2) no tiene una ideología acabada pero sí ciertos comportamientos políticos; 3) movilización política casi inexistente a no ser porque el régimen la impulse al necesitarla; y, 4) El poder reside en un líder o en un pequeño grupo. El ejercicio del poder que realiza puede totalmente predecirse aunque aparentemente no estén bien definidos sus límites formales. 4 Samuel Huntington señala que existe democracia si las elecciones son abiertas, libres y justas y, sostiene que los demás elementos que se incorporen a este núcleo inicial no son más que idealistas connotaciones a las que algunas personas pueden aspirar (control sobre los gobernantes, libertad, igualdad, fraternidad, transparencia pública, deliberación pública de los asuntos, igual participación en el poder, etcétera). 5

Madero opinaba que México estaba gobernado por una dictadura militar en la que existía unanimidad para el nombramiento de funcionarios, en donde las Cámaras legislativas y casi todos los “servidores públicos” actuaban por consigna del dictador, existía escasa libertad de imprenta, el designio más importante de Díaz era permanecer en el poder sin tener ninguna ideología política acabada, el régimen se asentaba en un poder centralizado –no se elegía ningún gobernador ni alcalde sino era por voluntad del dictador–, los políticos estaban subordinados al poder central, no existían movilización política –el régimen de Díaz había propiciado la existencia de dos grupos afines al interior del régimen: el de los científicos y el reyista–, el pueblo vivía con temor aunque dentro de un marco de paz social impuesta y, si acaso se producía algún brote de protesta, éste era acallado por cualquier medio. 6

El régimen era, como puede observarse, claramente autoritario: pluralismo profundamente limitado, sin ideología precisa, movilización política sólo al interior del régimen y con el beneplácito del dictador, y el poder residía en un solo hombre que determinaba las principales decisiones nacionales.

Para enfrentar las condiciones de poder autoritario, Madero estimaba que era preciso que las elecciones de 1910 fuesen libres, abiertas y justas –libertad de sufragio y no reelección- y, que para impulsar una candidatura alternativa a la de Díaz, se requería formar un partido –el Partido Nacional Democrático-, el que en convención democrática se debía elegir a su candidato a la presidencia –de preferencia invitando a alguno de los miembros de la administración de Díaz-. Madero indicaba que para que el Partido Nacional Democrático cumpliera su misión era necesario que el general Díaz renunciara al sistema de persecuciones y que concediera libertad a los ciudadanos para que éstos organizaran libremente partidos políticos y pudiesen elegir a sus gobernantes.

En el Plan de San Luis, Madero convoca a los ciudadanos de la República a tomar las armas para poner punto final a la dictadura. El plan es consecuencia como ya se mencionó de la aprehensión de Madero antes de las elecciones de 1910 y a que éstas fueron total y evidentemente fraudulentas. Los primeros puntos del plan tienen por propósito declarar nulas las elecciones para presidente y vice-presidente de la república, magistrados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Diputados y Senadores, celebradas en los meses de junio y julio de 1910. Además, se desconoce el gobierno del general Díaz y a todas las autoridades que fueron electas en esas elecciones y que son consideradas fraudulentas.

En el histórico documento, Madero sostiene que la tiranía de Díaz ofrece la paz, pero que se trata de una paz vergonzosa para el pueblo de México porque no tiene por base el derecho sino la fuerza, porque no tiene por objeto el engrandecimiento y prosperidad de la patria, sino enriquecer a un pequeño grupo que, abusando de su influencia, ha convertido los puestos públicos en fuente de beneficios personales, explotando sin escrúpulos todas las concesiones y contratos lucrativos. El plan realiza un retrato de las instituciones:

“Tanto el Poder Legislativo como el Judicial están completamente supeditados al ejecutivo; la división de los Poderes, la soberanía de los Estados, la libertad de los ayuntamientos y los derechos del ciudadano, sólo existen escritos en nuestra Carta Magna; pero de hecho, en México casi puede decirse que reina constantemente la Ley Marcial; la justicia en vez de impartir protección al débil, solo sirve para legalizar los despojos que comete el fuerte; los jueces, en vez de ser los representantes de la Justicia, son agentes del ejecutivo, cuyos intereses sirven fielmente; las Cámaras de la Unión no tienen otra voluntad que la del Dictador; los Gobernadores de los Estados son designados por él y ellos a su vez designan e imponen de igual manera a las autoridades municipales”. 7

La presidencia de Madero está enmarcada por enclaves autoritarios que propiciaron que ésta concluyera violentamente. Entre éstos podemos mencionar: lo paradójico que resulta conformar una democracia liberal a partir de una revolución armada; la permanencia e influencia en el poder del ejército y de otros sectores porfiristas; la influencia perniciosa del gobierno de los Estados Unidos; la incapacidad de Madero para proponer una reforma integral de régimen; y, los conflictos con el sector más radical de la Revolución.

El profundo cambio revolucionario no se dio. La manera de concebir la realidad y de actuar en el terreno público y privado de las elites políticas y económicas del porfiriato se mantuvo, con toda su carga de desprecio al pueblo y, por quienes no formaban parte de los círculos cercanos al antiguo régimen. Tampoco se realizó un pacto claro y expreso con esos sectores –no para gobernar el día a día- sino para modificar las instituciones existentes y generar otras que permitiesen la instauración de una democracia liberal que no sólo radicara en el respeto a los principios de no reelección y sufragio efectivo sino que transformara la totalidad de las instituciones y poderes públicos. En otras palabras, ni la revolución se llevó a sus últimas consecuencias ni se materializó una transición a la democracia que modificara las principales reglas e instituciones del entramado político del porfiriato.

Lo anterior era consecuencia también del clima político-intelectual de la época. Como lo ha señalado Ignacio Marván Laborde, la modernización del sistema político consistía en la reivindicación de la Constitución de 1857, el respeto al sufragio y del principio de no reelección. Aún en el Programa del Partido Liberal Mexicano de primero de julio de 1906, de evidente factura anarquista, las propuestas de reforma institucional consistían en lo siguiente: 1) Reducir en cuatro años el periodo presidencial; 2) Establecer el principio de no reelección para el presidente y los gobernadores; 3) Contemplar y garantizar la libertad de expresión; 4) Eliminar la institución de los jefes políticos; y, 5) Reorganizar al municipio. 8

Por eso las dos reformas jurídicas importantes, consecuencia inmediata del éxito del levantamiento del 20 de noviembre de 1910 fueron: 1) La reforma constitucional de siete de noviembre de 1911 que estableció el voto directo y prohibió la reelección del presidente y los gobernadores; y, 2) La aprobación en mayo de 1912 de una nueva ley electoral, que además de establecer el voto directo preveía reglas para la formación de partidos políticos.

La principal aportación de Madero a la vida nacional la ubicamos, sin lugar a dudas, en su concepción sobre la democracia liberal. Madero a partir de su formación teórica y de sus experiencias personales vividas en los Estados Unidos y en Francia, percibió que los sistemas políticos más justos y libres estaban basados en tres elementos: 1) la existencia de partidos; 2) Las elecciones –libres, auténticas y periódicas- como mecanismo para dirimir quien permanece en el poder transitoriamente; y, 3) La conformación de una opinión pública informada basada en una prensa libre.

Los tres elementos anteriores definen cualquier concepto mínimo de democracia de hoy en día. Las obras de teóricos como Schumpeter, Robert Dahl o Giovanni Sartori, no tienen problema alguno para admitir que una democracia sólo se reconoce como tal si esos tres elementos básicos y fundamentales están presentes en un sistema político. En este sentido, Madero fue el primer político de México que llegó al poder y advirtió el núcleo principal que conforma una democracia occidental.

Sin embargo, Madero no fue comprendido en su tiempo porque los habitantes de la época no tenían la conciencia, la creencia en la legitimidad de que la democracia liberal era la mejor forma de gobierno. Lo anterior, desde luego no es imputable a una sociedad en donde casi el 90 por ciento de la misma era analfabeta y en donde el régimen porfirista contaba con un halo de legitimidad basado en una paz y prosperidad impuestas a costa de las libertades básicas de todos.

Aún hoy en día, muchos sectores de la sociedad, no comprenden a cabalidad que la democracia es no solo el mejor método de gobierno existente, sino que es el sistema político en donde realmente tenemos la posibilidad de vivir una vida plena porque podemos diseñar libremente nuestros planes y proyectos de vida con autonomía, dignidad y autodeterminación. La democracia no se arraiga ni se consolida en México porque carecemos de esa conciencia y, por ello, el legado de Madero permanece vivo.

Muchos ahora, como en el tiempo de Madero, lo pueden cuestionar por no haber tenido una clara conciencia social, en los grandes problemas nacionales, tal como les llamó Andrés Molina, lo que en buena medida es totalmente cierto. Lo que habría que replicar a esos críticos, es que sin democracia liberal, que es el presupuesto para la discusión de los grandes problemas nacionales, la satisfacción de los derechos sociales, en caso de darse, sería impuesta a costa de los derechos de libertad de las minorías. Desde luego que se debe aspirar, porque es un deseo legítimo y deseable, a contar con una sociedad más justa e igualitaria, pero cualquier lucha política para la consecución de esos objetivos debe realizarse a través de las vías de la democracia liberal.

En consonancia con los ideales de Madero estamos obligados a perfeccionar los instrumentos de la democracia liberal que él propuso. En este sentido, es obligado reflexionar sobre nuestro sistema de partidos, nuestro sistema electoral y, sobre si los medios electrónicos de comunicación de nuestros días garantizan nuestros derechos a la libertad de expresión e información.

El sistema de partidos en México presenta rasgos preocupantes. Hemos conformado una partidocracia pero no un sistema de partidos democráticos. En ellos no existe vida interna democrática, las dirigencias se colocan por encima de las militancias, carecen de transparencia para la toma de decisiones y, el sistema de financiamiento y fiscalización vigente, no favorece la rendición de cuentas a la sociedad sobre los recursos que reciben y administran. La legislación no permite las candidaturas independientes, tampoco los obliga a contar con estructuras y procedimientos democráticos.

En cuanto al sistema electoral, éste aún presenta enormes deficiencias, entre las que podemos mencionar: la pervivencia del financiamiento privado que privilegia que los grandes empresarios y los poderes fácticos influyan en las contiendas electorales violando el principio de un hombre un voto; el gasto desmesurado del Estado –y por tanto de los contribuyentes– en el financiamiento público y en la organización de los procesos electorales; la carencia de autonomía e independencia de los órganos electorales, tanto de los federales como de los locales; la ausencia de mecanismos que legitimen procesalmente a los ciudadanos para impugnar resultados electorales o decisiones de las autoridades que violenten los principios básicos de la organización de los procedimientos electorales; la ausencia de autonomía de la Fiscalía Especializada para la atención de los delitos electorales; la debilidad del marco penal para tipificar y sancionar conductas que infringen los principios electorales; las limitaciones jurídicas e institucionales para prevenir y sancionar las distintas formas de compra y coacción del voto; la pervivencia del clientelismo y el corporativismo político; la inexistencia de mecanismos adecuados para evitar que se desvíen ilegalmente recursos públicos a las pre y campañas electorales; la indebida derogación de las causales abstractas de nulidad de las elecciones; y, en general, la incapacidad del sistema electoral vigente para garantizar plenamente elecciones libres y equitativas.

Respecto a los medios de comunicación electrónica, y a pesar de las reformas a la Constitución de 2007 y a la legislación federal de 2008, éstos determinan indebidamente la vida política del país y la profundidad de los avances democráticos. No se garantiza en nuestro país la libertad de expresión ni el derecho a la información. Muchos sectores y puntos de vista no tienen cabida en los medios de comunicación existentes.

En los medios de comunicación electrónica no hay competencia sino que prevalece un duopolio en la televisión privada y una oligarquía que favorece a unas cuantas empresas en la radio. La televisión y la radio pública, comunitaria e indígena no son alentadas seriamente por el Estado. El Congreso ha sido incapaz para aprobar una nueva legislación en la materia.

El derecho de réplica no se ha regulado en la ley secundaria. Tampoco existe una ley sobre la publicidad gubernamental que garantice imparcialidad y equidad en la presencia de los tres niveles en los medios de comunicación electrónica. Los medios tienen la fuerza y la posibilidad de construir o de destruir carreras políticas.

Sin embargo, lo más pernicioso del funcionamiento de los medios para el sistema político mexicano, reside en que éstos definen la agenda nacional y han sido incapaces para promover la cultura y la educación de los mexicanos y, desde luego no son útiles en las condiciones en las que se encuentran, para que exista un debate vigoroso, informado y libre sobre los grandes problemas nacionales.

El breve análisis expuesto nos muestra que las propuestas de Madero siguen sin realizarse. Estamos obligados a construir una democracia como él la quería. Para eso debemos luchar como nos enseñó, recurriendo en primer lugar a las vías pacíficas de participación electoral, protesta y de movilización y, si éstas no son suficientes para construir y consolidar la democracia, creo que es válido al menos preguntarnos como Madero –ante la cerrazón del régimen– si no es momento de emprender otras formas de reivindicación y reclamo político.

Notas

1 Garciadiego, Javier, “Prólogo”, en Madero, Francisco I., La sucesión presidencial en 1910, México, Random House Mondadori, 2010, pp. 13-25.

2 Knight, Alan, La Revolución mexicana. Del porfiriato al nuevo régimen constitucional, México, Editorial Grijalbo, 1996, vol. I, p. 83.

3 Madero, Francisco I., La sucesión presidencial en 1910, México, Random House Mondadori, 2010, p. 360.

4 Linz, Juan, “Totalitarian and Authoritarian Regimes, en Greensteinan, Fred I. (ed.), Handbook of Political Science, vol. 3, Berkeley, University of California, 1975, p. 24.

5 Huntington, Samuel, The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century, University of Oklahoma Press, 1991, p. 9.

6 Madero, Francisco I., La sucesión presidencial en 1910, obra citada, pp. 210-272.

7 Madero, Francisco I., Plan de San Luis. Documentos facsimilares, México, Partido Revolucionario Institucional, Comisión Nacional Editorial, 1976; y, Dromundo, Baltasar, Emiliano Zapata, México, Imprenta Mundial, 1934, pp. 36-41.

8 Marván Laborde, Ignacio, “La revolución mexicana y la organización política de México: la cuestión del equilibrio de poderes (1908-1932)”, inédito, 2010.

Diputado Jaime Cárdenas Gracia

Con motivo del 161 aniversario de la creación del estado de Guerrero, a cargo de la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de Convergencia

Nuestra nación es rica en etnias, costumbres, riquezas naturales, así como en pasajes históricos que otorgan a cada rincón, región, pueblo, municipio o estado, un tono especial que mantiene vivas y da color a escenas heroicas que construyeron lo que hoy es México.

En este contexto, hablar del estado de Guerrero es hablar de raíces, tradiciones, arte, cultura, artesanías y poesía.

Guerrero es uno de los estados más ricos en tradiciones, sus raíces provienen desde los olmecas, la cultura mezcala, los toltecas, purépechas, cuitlaltecas, ocultecas y matlatzincos, en la Tierra Caliente; los chontales, mazatlecos y tlahuicas en la sierra Norte; los coíxcas y tepuztecos en los valles centrales; los tlapanecos y los mixtecos en la montaña; los jopis, mixtecos y amuzgos en la Costa Chica, y los tolimecas, chubias, pantecas y cuitlaltecas en la Costa Grande.

En noviembre de 1810, José María Morelos y Pavón tuvo en mente erigir una provincia en el sur del país, proyecto que no cristalizó debido al declive de su campaña, quedando en el olvido. Fue hasta el año de 1823, durante el segundo congreso constituyente, cuando Nicolás Bravo y Vicente Guerrero recuperan esa idea de Morelos: la creación del Estado del Sur, que tendría el mismo territorio de la capitanía general del sur, pero el Congreso rechazó la propuesta, estableciéndose la comandancia militar del sur, con centro de operaciones en Chilpancingo.

A partir de 1816, con la muerte del generalísimo José María Morelos, la lucha insurgente tuvo un declive y muy pocos jefes siguieron combatiendo, Vicente Guerrero fue uno de ellos.

Cuando el virrey Apodaca acudió al padre del prócer para solicitarle que éste se entregara a cambio del indulto; Guerrero, al rechazar tal ofrecimiento pronunció la frase que hoy luce en el Muro de Honor esta Cámara de Diputados, y que a partir de entonces forma parte de la identidad nacional: “La Patria es Primero”.

En enero de 1821, Guerrero recibió de parte de Iturbide una invitación para conferenciar sobre la independencia. Dicho encuentro se llevó a cabo en Acatempan, donde se escenificó el famoso abrazo, conviniéndose la colaboración de Guerrero con las fuerzas imperiales.

Guerrero ocupó la presidencia durante el periodo comprendido del 1o. de abril de 1829 al 16 de diciembre del mismo año, como resultado de las innumerables traiciones que caracterizaron esa etapa del siglo XIX.

Después de su muerte ocurrida el 14 de febrero de 1831, varios diputados, entre ellos Benito Juárez, solicitaron en 1833 la creación del estado de Guerrero, y el cambio de nombre de Cuilapan por Guerrerotitlán, con el apoyo de Juan Álvarez y de Nicolás Bravo; propuesta que no fue aprobada.

El 15 de mayo de 1849 el presidente José Joaquín de Herrera envió al Congreso la iniciativa para crear el estado de Guerrero. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de octubre y por el Senado el 26 de octubre de ese año.

El día 27 de octubre de 1849 en sesión solemne del Congreso de la Unión, fue declarado constituido legalmente el Estado Libre y Soberano de Guerrero, y se nombró al general Juan Álvarez como comandante general interino.

En esa misma fecha, el presidente de la República, el general Joaquín de Herrera declaró la creación del Estado Libre y Soberano de Guerrero fundado con los territorios de Acapulco, Chilapa y Taxco.

El estado de Guerrero está situado en la región meridional de la República mexicana, sobre el océano Pacífico y se localiza entre los 16° 18’ y 18° 48’ de latitud norte y los 98° 03’ y 102° 12’ de longitud oeste. Si bien la totalidad de su territorio se encuentra en la zona intertropical, su compleja geografía facilita la existencia de múltiples tipos climáticos.

Su extensión territorial es de 64,282 kilómetros cuadrados, que corresponden al 3.3 por ciento del territorio nacional y ocupa el 14o. lugar con relación a las demás entidades federativas. Cuenta con un litoral de aproximadamente 500 km. desde la desembocadura del río Balsas en el noroeste, hasta el límite del municipio de Cuajinicuilapa en el sureste.

Por lo anteriormente señalado, es que presento esta efeméride como un homenaje a una tierra que ha dado al país personajes y pasajes de gran relevancia histórica, que han contribuido con su trabajo, visión y amor a su tierra, a la construcción de un país más próspero.

En Guerrero hemos tenido y tenemos hombres y mujeres de gran valía, desempeñando las más variadas y ricas tareas; en los hogares como amas de casa o gente del campo, sosteniendo la economía familiar; en el trabajo y en puestos directivos; en la vida pública en cargos de elección popular; en fin, en cualquier ámbito de la vida económica, política y social.

Sirva esta rememoración para que continuemos valorando el legado de las mujeres y hombres del sur, que renovemos la importancia que cada estado tiene para la federación, sin que medie color o ideología alguna, y a que luchemos por alcanzar un nivel de desarrollo que termine con las enormes desigualdades sociales, los rezagos económicos y la desatención a los problemas de desarrollo que afectan a la sociedad guerrerense, para que en un marco de respeto y equidad, contribuyamos a elevar los niveles de bienestar del estado de Guerrero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputada Laura Arizmendi Campos (rúbrica)