Gaceta Parlamentaria, año XIII, número 3131-VII, jueves 04 de noviembre de 2010


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat y al gobierno de Michoacán a realizar las gestiones necesarias para garantizar la participación de las comunidades de Uruapan en la administración, custodia y operación del parque nacional Barranca del Cupatitzio, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Fernando Espino Arévalo, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por medio del cual este órgano legislativo exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del gobierno del estado de Michoacán para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las gestiones necesarias para que garanticen la participación de las comunidades del municipio de Uruapan, Michoacán; en la administración, custodia y operación del parque nacional Barranca del Cupatitzio”, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

La problemática del medio ambiente en la actualidad ha tenido un peso considerable en los debates concernientes al cambio climático, pues el desgaste ocasionado a la naturaleza por la industria y las actividades humanas cotidianas, han creado un cuadro de incertidumbre para la sobrevivencia de las próximas generaciones.

Ahora, los asuntos de discusión no sólo intentan resolver problemas de índole política o económica, sino también establecer programas y mecanismos que permitan atender los efectos contraproducentes que cualquier sujeto o entidad económica llegara a provocar al medio ambiente.

Como punto de referencia, es importante señalar que el Índice Planeta Vivo del Fondo Mundial para la Naturaleza, estima que en los últimos 30 años las especies forestales, marinas y animales han disminuido en 15.0, 54.0 y 37.0 por ciento, respectivamente.

No obstante, lo más preocupante de estas cifras es su proximidad a aquellas etapas de la historia en que se documentaban las grandes extinciones de la vida, razón suficiente que ha presionado a los gobiernos de cada país a diseñar mecanismos de conservación y preservación del medio ambiente.

Al respecto, México, conforme a lo dispuesto en el artículo 4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual establece que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”, 1 ha realizado una serie de acciones relacionadas a crear una adecuada normatividad y planeación estratégica en pos de regular de manera explícita, cualquier actividad humana que pueda generar un efecto adverso a la naturaleza.

En este sentido, la nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988, ha enmarcado hasta la fecha en beneficio de la sociedad, las disposiciones generales relacionadas con la preservación y restauración del medio ambiente en el país.

Como consecuencia de lo anterior, se ha creado un importante marco jurídico basado en la aprobación y aplicación de reglamentos, normas oficiales mexicanas o convenios de concertación, los cuales han permitido a las autoridades competentes implementar de manera propia o en coordinación con otros órganos institucionales o inclusive, con la participación de la sociedad; programas conducentes a la reducción gradual del deterioro ambiental.

Bajo esta lógica, se han protegido numerosos espacios naturales donde la biodiversidad vegetal y animal han logrado sobrevivir ante las graves condiciones de contaminación y degradación ambiental que vivimos.

Entre muchos casos observables, podemos citar el referente al parque nacional Barranca del Cupatitzio, el cual por decreto del general Lázaro Cárdenas del Río, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de noviembre de 1938, se otorga a los habitantes de Uruapan, “el soporte legal para disfrutar de esta Área, y con ello, la obligación de preservarla a través de sus instituciones”. 2

El parque nacional en comento, se ubica en el estado de Michoacán a 130 kilómetros de la ciudad de Morelia y colindando con el área urbana de Uruapan.

En cuanto a la estructura del parque, se divide en dos secciones. La primera, denominada Área de Montaña, se localiza al poniente con una extensión de 438.55 hectáreas abarcando parte de los municipios de Uruapan y Nuevo Parangaricutiro.

La segunda sección, designada Área de Río, se encuentra al oriente, dentro del municipio de Uruapan, con una extensión de 19.66 hectáreas.

El parque en comento se considera área natural protegida, pues su composición original no ha sido gravemente alterada por la acción humana, por lo que requiere ser preservada y restaurada con el paso del tiempo, de conformidad a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Cabe mencionar que, dadas las dimensiones de la Barranca del Cupatitzio, se considera una de las áreas naturales protegidas más pequeñas del país, distinguida por los siguientes elementos:

• Contiene 84 distintas variedades de hongos, “495 especies de plantas nativas y 213 especies de vertebrados terrestres. 3

• Protege a 28 especies endémicas de México: dos de anfibios, tres de reptiles, 14 de aves, cinco de mamíferos y cuatro de orquídeas.

• Es un sitio en el que están representados dos tipos de vegetación del bosque templado, pino y pino-encino. 4

• Conserva rasgos representativos de la flora y la fauna del Eje Neovolcánico Transversal, especialmente de las zonas medias y bajas de la Sierra Purépecha.

• Protege los manantiales que dan origen al río Cupatitzio. 5

• Por sus características fisiográficas, ubicación geográfica y su relación con otros grandes macizos montañosos, forma parte de un importante corredor biológico entre el parque nacional Pico de Tancítaro y la zona protectora forestal de Uruapan. 6

• Cuenta con 31 especies de plantas y animales en situación de riesgo, según la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001.

En adición a lo anterior, para el municipio de Uruapan, el parque representa un importante centro económico debido a los siguientes aspectos:

• Es un polo de atracción turística nacional.

• Genera 83 empleos permanentes y más de 100 empleos indirectos.

• La zona está catalogada como de alta capacidad para la captación de agua y sus manantiales abastecen a la zona urbana e industrial del municipio y la región agrícola en la parte baja de la subcuenca hacia el sur.

• Abastece a tres hidroeléctricas que aprovechan las aguas del río Cupatitzio. 7

Cabe señalar que desde el decreto presidencial publicado en noviembre de 1938, el parque en comento, es una zona propicia para el establecimiento de una estación piscícola enfocada a la propagación de peces, alimento básico para la dieta de la población residente.

En este sentido, dado el relevante impacto económico y social que genera el parque nacional al interior del estado de Michoacán; en el año de 1979, la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), transfiere la administración del Área de Río al municipio de Uruapan bajo la figura de patronato.

Para agosto de 1996, el patronato se ve fortalecido en su estructura operativa por el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación en el que “se desincorporan del régimen de dominio público de la Federación, la fracción del parque nacional Barranca del Cupatitzio”; 8 la cual será enajenada a título gratuito al gobierno del Estado Libre y Soberano de Michoacán a fin de efectuar la regularización de la tenencia de la tierra para sus ocupantes, quienes conforman en este momento las colonias 28 de Octubre y Plan de Ayala.

Como consecuencia, el 15 de diciembre de 1999 queda formalmente constituido el Patronato del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, AC, el cual estará representado por los tres órganos de gobierno, la sociedad civil y las instituciones que muestren interés por salvaguardar el lugar.

El organismo en comento, tendrá por objeto social, “administrar los recursos naturales, económicos y humanos del Parque 9 además de ejercer las funciones de protección y conservación de las zonas naturales que sean representativas del patrimonio cultural de la región y del país, conforme al reglamento interno del mismo.

Por otro lado, con la creación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) 10 en el año 2000 y con el objetivo de mantener las actividades de conservación y preservación ambiental de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (hoy Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) fue necesario celebrar un convenio de concertación con el patronato del parque nacional en noviembre del mismo año, donde esta comisión le transfiere las dos secciones del parque para emprender acciones de restauración, conservación, desarrollo y vigilancia del lugar.

Para el cumplimiento de tales objetivos, ambos organismos han elaborado el Programa de Conservación y Manejo del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio como eje rector de planeación y regulación del mismo; enfocado a “promover el desarrollo de flora, fauna, piscicultura, turismo alternativo, educación ambiental, el crecimiento profesional y desarrollo humano del personal”. 11

Dicho programa ha mostrado ser “una amplia gama de mecanismos de participación, tanto en las actividades de planeación, como en el desarrollo e instrumentación de programas específicos en materia de conservación”. 12

No obstante, dado que cierta porción del parque nacional se ubica en la ciudad de Uruapan, se generan constantemente eventos de pérdida de control ambiental que los subprogramas en cuestión no han sido capaces de solucionar.

Al mismo tiempo, estas situaciones inducen a “buscar apoyos adicionales que permitan aplicar recursos económicos en el mantenimiento y protección para mejorar la conservación de su diversidad biológica y recursos naturales, además de incrementar las acciones en pro de la conservación en su zona de influencia”. 13

Recientemente se ha detectado que la vegetación del Área de Montaña del parque se ha visto agravada con los incendios “provocados por quemas agrícolas en los pastizales y huertas de los alrededores, así como por agentes naturales, como eventos meteorológicos”. 14

“Otra causa la constituían paseantes y vecinos del Parque, que intencionalmente iniciaban incendios de manera vandálica”. 15

Basta mencionar que durante el periodo 2003-2005, acontecieron dos incendios por año afectando a más de tres hectáreas del parque. No obstante, se cuentan con registros históricos que datan una destrucción gradual de 70 hectáreas durante 10 años (1983-1991).

“Otro factor antropogénico de alteración de la composición natural del bosque y sus procesos, lo representa la tala clandestina en los linderos del Área de montaña con las colonias vecinas al este y en su zona norte en el límite con el ejido Cheranguerán”. 16 Continuamente los habitantes de las colonias talan árboles ya sea para la formación de postes o “para abastecer hornos de carbón y carpinterías clandestinas”. 17

Por otro lado, el ambiente natural del parque se ha ido modificando por la inserción de plantas de ornato para reforestación que no cumplen con “la adecuada planificación ni control de procedencias”. 18 Como caso grave de esto, lo conforma el Área de Río, pues “más del 80 por ciento de la superficie de vegetación original ha sido sustituida por especies de ornato”. 19

A su vez, las “plagas y enfermedades forestales pueden representar un peligro para los bosques de coníferas del parque”. 20 Entre los años 2001 y 2005, alrededor de 400 árboles de pino fueron afectados por hongos e insectos descortezadores, “los cuales fueron sujetos de prácticas de saneamiento forestal para evitar la infestación del arbolado sano”. 21

En relación a la fauna silvestre, se presume la existencia de cacería ilegal, dado que “es frecuente encontrar casquillos y cartuchos percutidos en las zonas más alejadas del Área de Montaña”. 22 Como consecuencia, “los zorrillos, conejos y musarañas, se han vuelto difíciles de detectar; de los dos primeros es posible que sus poblaciones hayan disminuido por la presión humana”. 23

Por otro lado, los “caminos y las edificaciones existentes en el interior del parque, tienen un impacto negativo en la hidrología, suelos y calidad del paisaje”, 24 en especial de las instalaciones que colocan los vendedores de alimentos y artesanías, sin descontar la basura que es arrojada al río Cupatitzio.

A pesar de que el parque se ha convertido en un importante espacio económico y fuente de empleo para la región, la ampliación de la mancha urbana ha tenido repercusiones en “la zona de recarga de acuíferos, con la consecuente reducción del gasto de los manantiales del río Cupatitzio y disminución de la disponibilidad de agua para la población de Uruapan”. 25

Como se puede observar, de no atenderse tales problemáticas de forma inmediata, “se provocaría un empobrecimiento de la diversidad florística, así como la modificación del hábitat de la fauna silvestre” 26 del parque.

Por tales circunstancias, el presente punto de acuerdo propone exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada, para que en el ámbito de su competencia, realice las gestiones necesarias para garantizar la participación de las comunidades que habitan cercanas al parque nacional Barranca del Cupatitzio en pos de realizar actividades de administración, custodia y operación del mismo.

En dicho sentido, se fomentaría en los habitantes del municipio de Uruapan, la responsabilidad de la conservación, mantenimiento y restauración del parque en coordinación con las autoridades correspondientes (incluyendo al patronato responsable del lugar), conforme a las disposiciones legales aplicables.

Al respecto se podrían formar y capacitar brigadas locales que ayuden a:

• Prevenir incendios en el área natural protegida.

• Sustituir las plantaciones de especies exóticas por flora nativa del lugar.

• Monitorear y vigilar las instalaciones del parque para evitar las prácticas de tala clandestina o cacería ilegal.

• Establecer acuerdos con los propietarios de los comercios relacionados con la venta de alimentos y artesanías al interior de las instalaciones, con el objeto de evitar que la basura siga siendo arrojada al río Cupatitzio.

Lo anterior resulta factible porque dentro de las cláusulas del convenio de concertación entre la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (hoy Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Patronato del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, AC, se establece que estos órganos institucionales “podrán celebrar conjunta o separadamente, acuerdos, convenios o contratos con otras dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, así como con agrupaciones de los sectores social y privado, a efecto de coordinar y concertar acciones e inversiones que permitan apoyar la consecución objeto del presente instrumento y los objetivos del establecimiento” 27 de dicho parque.

Con ello, indirectamente se estarían creando sinergias importantes en cuanto al crecimiento y desarrollo económico de la región. Por ejemplo, la organización de recorridos ecoturísticos en el parque nacional podría generar otras fuentes de empleo que a la vez permitiría elevar el nivel de vida de la población bajo un esquema de sustentabilidad ambiental.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, el suscrito diputado Fernando Espino Arévalo, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por medio del cual este órgano legislativo exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del gobierno del estado de Michoacán para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las gestiones necesarias para que garanticen la participación de las comunidades del municipio de Uruapan, Michoacán, en la administración, custodia y operación del parque nacional Barranca del Cupatitzio.

Acuerdos

Primero. Este órgano legislativo exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones necesarias a fin de garantizar el cumplimiento estricto de lo dispuesto por el convenio de concertación entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Patronato del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, AC.

Segundo. Que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que de manera urgente realice lo debido, a efecto de llevar a cabo el rescate ecológico de la cascada de agua denominada como la Tzararácua, ubicada en las proximidades del parque nacional Barranca del Cupatitzio, en Uruapan, Michoacán.

Tercero. Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con el titular del gobierno del estado de Michoacán, establezcan lo conducente a efecto de que no se permita el cambio de uso de suelo de la zona de absorción de la subcuenca del río Cupatitzio.

Cuarto. - Que este órgano legislativo solicite al titular de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que determine lo preciso para que cualquier modificación o adición que se pretenda realizar al convenio de concertación entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Patronato del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, AC, estás deberán contar con la aprobación de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la honorable Cámara de Diputados.

Notas

1 Honorable Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o. Última reforma: Diario Oficial de la Federación, 29/07/2010.

2 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional de Áreas Protegidas, Programa de Conservación y Manejo Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, México, DF, p. 3.

3 Ídem, p. 11.

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 Ídem, p. 10.

9 Ídem, p. 43.

10 Órgano administrativo desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; responsable de conservar el patrimonio natural del país mediante las áreas naturales protegidas y los programas de desarrollo rural en regiones prioritarias para la conservación.

11 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Op. Cit., p. 4.

12 Ídem, p. 16.

13 Ídem, p. 9.

14 Ídem, p. 47.

15 Ídem, p. 46.

16 Ídem, p. 48.

17 Ibídem.

18 Ibídem.

19 Ibídem.

20 Ídem, p. 49.

21 Ídem, p. 50.

22 Ídem, p. 52.

23 Ídem, p. 53.

24 Ibídem.

25 Ídem, p. 54.

26 Ídem, p. 46.

27 Convenio de concertación que celebran, por una parte, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, representada por su director general, el ciudadano Javier de la Maza Elvira, y, por la otra, la asociación civil denominada Patronato del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, AC; representada por su presidente de la mesa directiva, el ciudadano Luis Eduardo Romero Camberos, partes a quienes en lo sucesivo se les denominará “la Conanp” y la “Asociación” respectivamente, con el objeto de transferir a ésta última, la administración del área natural protegida, con la categoría de parque nacional denominado Barranca del Cupatitzio; así como para llevar a cabo diversas acciones que apoyen la restauración, conservación, desarrollo y vigilancia del mismo. Firmado en la ciudad de Morelia, Michoacán, el 23 de noviembre del año 2000.

Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro a los 13 días del mes de octubre de 2010.

Diputado Fernando Espino Arévalo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para llevar a cabo acciones que permitan operar con mayor seguridad la Línea A y dar mantenimiento mayor a trenes del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Fernando Espino Arévalo, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por medio del cual se solicita respetuosamente a este órgano legislativo que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el ámbito de sus atribuciones, asigne dentro del ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación para Ejercicio Fiscal de 2011 la partida de recursos presupuestales suficientes para llevar a cabo las acciones que permitan operar con mayor seguridad la línea A y el mantenimiento mayor de trenes del Sistema de Transporte Colectivo Metro, de acuerdo a la siguiente

Exposición de Motivos

Actualmente la Ciudad de México comprende una vasta gama de infraestructura y urbanización que a la par del crecimiento demográfico, ha sido necesaria la aplicación de numerosas políticas públicas que permitan atenuar problemas de índole social y económica.

Lamentablemente, las autoridades gubernamentales locales han enfrentado continuamente situaciones que rebasan la disponibilidad de los recursos con los que cuentan y por lógica, la prestación de los servicios públicos no logra satisfacer las crecientes necesidades de la sociedad.

Al mismo tiempo, es preocupante que una ciudad como la nuestra, presente diariamente congestionamientos viales donde millones de emisiones contaminantes se esparcen en el ambiente con sus repercusiones a la salud de los habitantes.

Basta mencionar, que de acuerdo a investigaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la zona metropolitana del valle de México registra 36 millones de viajes al día, de los cuales cerca de 60.0 por ciento del total acontecen al interior del Distrito Federal mientras que otro 23.0 por ciento ocurre en los municipios conurbados del estado de México.

Como se puede observar, el número de traslados que suceden diariamente genera efectos contraproducentes en la infraestructura urbana derivado del congestionamiento vial y la contaminación ambiental, mismo que de acuerdo con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias cobra la vida de aproximadamente 4 mil personas al año.

Ante esta circunstancia, previamente se había planteado como respuesta a este fenómeno, la creación por decreto presidencial publicado el 29 de abril de 1967, del organismo público descentralizado Sistema de Transporte Colectivo, comúnmente conocido como Metro. La función primordial que llevaría a cabo esta empresa paraestatal, sería la administración y operación de un tren en la Ciudad de México.

Derivado de lo anterior, a partir de 1969 el Metro se convirtió en la gran empresa de infraestructura de largo plazo que a la fecha, su impacto de operación abarca el Distrito Federal y las áreas conurbadas del estado de México, Hidalgo, Morelos y Puebla.

Rápidamente, el Metro se consolidó como un sistema de transportación masivo, eficiente y amigable con el medio ambiente, donde más de 4.5 millones de personas se trasladan diariamente a sus correspondientes destinos.

Para esta enorme demanda, el Metro se compone por una red de 11 líneas con 175 estaciones en una longitud de 201.4 kilómetros de vías dobles.

Para medir los resultados por la prestación del servicio, se puede decir que las líneas 1 (Pantitlán-Observatorio), 2 (Cuatro Caminos-Tasqueña) y 3 (Indios Verdes-Universidad) concentran la mayor afluencia de pasajeros (aproximadamente 53.0 por ciento del total).

Por tal situación, en los últimos años, el Organismo ha puesto en marcha, programas y proyectos de mejora para elevar sus niveles de seguridad, calidad y rendimiento, de tal manera que pueda reducir los costos vinculados a su funcionamiento.

Como parte del plan maestro del Metro, el 12 de agosto de 1991 se puso en operación la línea A ubicada al oriente de la ciudad, la cual cuenta con una extensión de 17 kilómetros de vías dobles en las que se distribuyen 10 estaciones que dan servicio a los habitantes del DF y del estado de México.

Debemos señalar que la línea A en el año 2007 transportó 99.9 millones, para el 2008 la cifra disminuyo a 97.6 millones, en el 2009 este descenso continuo al ubicar la cifre en 83.1 millones y al mes de agosto del 2010 escasamente esta línea ha transportado a 19 millones de personas; como se puede apreciar de 2007 a 2008 la afluencia decreció en un 2.8 por ciento, mientras que del 2008 al 2009 este descenso se elevo a un 17.42 por ciento, está perdida de usuarios no es obra de la casualidad, pues hoy por hoy las condiciones de operación que prevalecen en la línea A no son precisamente las ideales lo que aunado a la falta de material rodante fiable provoca que los usuarios busquen otras opciones que satisfagan sus necesidades.

No podemos pasar por alto que las condiciones geográficas que presenta la zona oriente de la ciudad de México, derivado de la excesiva sobreexplotación de agua del subsuelo, además de las condiciones del mismo, así como las fallas estructurales que presenta la región, han provocado grandes oquedades que ponen en grave riesgo la resistencia del cajón y del largo riel soldado con los que está construida la línea A.

Desafortunadamente, la condición que prevalece en torno al cajón y las vías data de varios años y alguno de sus efectos se mostró en marzo de 2002, cuando un movimiento abrupto de los estratos del subsuelo, deformó el trazo de las vías en la inter-estación Peñón Viejo- Guelatao lo que provocó el descarrilamiento de un tren, evento que gracias a la pericia y capacidad del conductor no arrojo consecuencias para los usuarios; sin embargo esta condición de inseguridad y disminución de la calidad del servicio provocó que los usuarios se abstuvieran de usar esta línea, pues del 2002 al 2003 la afluencia disminuyó sensiblemente en un 37.89 por ciento.

Debemos apuntar que respecto de los hundimientos diferenciales del subsuelo en la línea A, el STC Metro los ha venido monitoreando de forma permanente desde 2005, de tal suerte que se tienen perfectamente ubicados 54 puntos críticos a lo largo de 17 kilómetros de la línea, mismos que por muy diversas causas no han sido atendidos, lo que ha propiciado que se tomen algunas medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, como son las reducciones de velocidad en ciertos tramos, hecho que necesariamente demerita la calidad y fluidez del servicio, provocando que los usuarios busquen otras alternativas para satisfacer sus necesidades de transporte.

En razón de lo expuesto y ante los constantes reclamos de los habitantes de la zona oriente de la ciudad y su zona metropolitana resulta ingente atender dichas demandas, aun cuando esta problemática es la suma de factores exógenos, el Sistema de Transporte Colectivo tiene la responsabilidad de buscar a través de todos los medios a su alcance la solución a los multicitados problemas, y como ya hemos apuntado se tienen identificados los puntos críticos, así como la forma de solventarlos, para lo cual existen 13 de ellos que presentan una condición extrema que se debe atender de forma inmediata; en tal virtud, resulta indispensable que este órgano legislativo, dentro del Presupuesto de la Federación para el ejercicio fiscal de 2011, asigne y etiquete los recursos para cumplir dicho fin.

Es evidente que al tratarse de una línea de rodadura férrea las condiciones de la vía resultan fundamentales para garantizar la circulación segura de los trenes y si a ello le agregamos las condiciones relacionadas con el cambio climático que dan como resultado variaciones muy marcadas de las temperaturas ambientales, se potencializan la multicitada problemática, se potencializan pues el largo riel soldado puede elongarse o contraerse, pudiendo materializarse en descarrilamientos de trenes.

Bajo esta premisa, si el incidente ocurriera en horas pico, muy probablemente habría un número elevado de personas lesionadas que no sería sencillo atender a través de los servicios de emergencia.

Más grave aún sería el caso, si el descarrilamiento del tren llegara a derribar el murete central cuando en ese mismo instante pasara el otro tren por la otra vía, habría una alta probabilidad de que chocaran entre sí, con efectos catastróficos.

Cabe agregar, que las condiciones actuales de las instalaciones fijas y el cajón de la línea A, presentan mayor vulnerabilidad a fenómenos naturales como los sismos, o asentamientos diferenciales, que dependiendo de su magnitud, podría ocasionar una mayor deformación de las mismas y el posterior descarrilamiento de trenes.

Lo expuesto nos lleva a concluir que es imprescindible ejecutar acciones que reduzcan el riesgo de una catástrofe que podría afectar no sólo a la operación del organismo sino también, la integridad de todos los trabajadores y usuarios que utilizan este transporte

En otro orden de ideas tenemos que apuntar que, el Sistema de Transporte Colectivo cuenta con 355 trenes, sin embargo el parque vehicular destinado a la prestación del servicio al público, hoy en día es de 253 trenes.

Desafortunadamente en los últimos años el metro está manejando un polígono de servicio que involucra sólo al 72 por ciento del parque vehicular, pues resulta que el 28 por ciento de los trenes restantes se encuentran fuera de servicio por falta de refacciones o mantenimiento, es tal el caso que algunos de estos trenes se han usado para refaccionar otros o simplemente se han excedido por mucho los limites de kilometraje para proporcionarles el mantenimiento mayor, como es el caso de 33 trenes férreos de la línea A que se sobreexplotaron hasta los 2 millones kilómetros cuando la ficha técnica del fabricante indica que deben entrar a mantenimiento mayor a los 500 mil kilómetros, circunstancias que necesariamente implican en un mayor número de fallas, incremento de los riesgos y baja de la fiabilidad, lo que se refleja en la disminución de los niveles de seguridad y calidad del servicio.

Paralelamente y supuestamente bajo el argumento de que para mejorar el servicio, el organismo, modificó la capacidad de algunos trenes de nueve a seis carros con el fin de incrementar la frecuencia del paso de los convoyes, sin embargo, esta situación ha generado una reducción de capacidad de pasajeros por tren en 33.3 por ciento, implicando una mayor utilización del parque vehicular.

Cabe señalar y como ya se comento que la red del metro cuenta con 355 trenes cuya estructura general se basa en seis y nueve carros. Del total, 90.7 por ciento son de rodadura neumática mientras que el resto son de rodadura férrea.

Asimismo, 30.0 por ciento del parque vehicular cuenta con sistemas de tracción –frenado electromecánico mientras que el resto posee un sistema de tracción– frenado con semiconductores y control electrónico, lo que en cierta medida, permite aumentar la fiabilidad y disminuir los costos de operación y mantenimiento.

Como se puede observar, el Metro cuenta con diversos sistemas tecnológicos para operar, lo que implica el uso de diferentes materiales y refacciones para el mantenimiento de los trenes, lo que puede acarrear mayores costos si alguno de ellos es sobre utilizado.

Por tal motivo, compañeras y compañeros diputados la propuesta que hay someto a su distinguida consideración en comento, exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que analice, evalúe y asigne dentro del Presupuesto de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, recursos presupuestales al Sistema de Transporte Colectivo Metro por un monto mínimo de mil 600 millones de pesos para ser canalizados directamente a la solución de los problemas planteados previamente.

Por lo expuesto, fundado y motivado, el suscrito diputado Fernando Espino Arévalo, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por medio del cual se solicita respetuosamente a este órgano legislativo que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el ámbito de sus atribuciones, asigne dentro del ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, la partida de recursos presupuestales suficientes para llevar a cabo las acciones que permitan operar con mayor seguridad la Línea A y el mantenimiento mayor de trenes del Sistema de Transporte Colectivo Metro , para lo cual se emite el siguiente:

Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica de este Órgano Legislativo, para que en el ámbito de sus atribuciones, asigne y etiquete dentro del ramo 23 del Fondo Metropolitano de la Zona Metropolitana de Valle de México del Presupuesto de Egresos de la Federación para ejercicio fiscal 2011, los recursos presupuestales por un monto de 800 millones de pesos para que el Sistema de Transporte Colectivo Metro, realice la estabilización y renivelación de 13 puntos de la Línea A; así como 800 millones de pesos más para efectuar la rehabilitación y mantenimiento mayor de 35 trenes.

Dado en el recinto legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2010.

Diputados Fernando Espino Arévalo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para restaurar, construir, ampliar y mejorar los planteles educativos de todos los niveles en Ecatepec de Morelos, México, a cargo del diputado Jorge Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política; y 56, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Jorge Hernández Hernández, diputado del distrito 11 de Ecatepec de Morelos, México, ocurre a esta soberanía a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se incrementen en 250 millones los recursos de dicho municipio, en el concepto de restauración, construcción, ampliación y mejoramiento de los planteles educativos de todos los niveles.

Exposición de Motivos

Ecatepec tiene 2 mil 998 escuelas, federales, estatales y particulares:

Fuente: Portal del gobierno del estado México.

Son imperiosos la restauración, la construcción, la ampliación y el mejoramiento de los Planteles Educativos, donde se imparte día a día el conocimiento objetivo y se forman a los jóvenes que en un futuro conformarán la base productiva de nuestra nación.

Ecatepec requiere el incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 con la finalidad primordial de mantener una educación vanguardista y de elevado nivel académico.

La educación es sin duda la piedra angular que sostiene el desarrollo de los pueblos; es la bujía del motor que impulsa el progreso de la raza humana. Educarnos es apropiarnos de los conocimientos, de las conductas, de las costumbres, de la idiosincrasia, entre oros aspectos, que ha ido acumulando la cultura de nuestros ancestros, para convertirnos en transformadores de nuestra realidad y aportar al futuro sustantivos que permitan el desarrollo y la innovación tecnológicos, científicos y culturales.

Esto se da en las instalaciones educativas, en sus laboratorios y en investigaciones aportadas por la población académica en de los planteles educativos.

Por ello solicito a esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se incrementen en 250 millones de pesos los recursos de Ecatepec de Morelos, México, en el concepto de restauración, construcción, ampliación y mejoramientos de los planteles educativos de todos los niveles.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Jorge Hernández Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para becas en todos los niveles escolares en Ecatepec de Morelos, México, a cargo del diputado Jorge Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política, y 56, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Jorge Hernández Hernández, diputado del distrito 11 de Ecatepec de Morelos, México, ocurre a esta soberanía a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se incrementen en 250 millones de pesos los recursos de dicho municipio, en el concepto de becas en todos los niveles escolares.

Exposición de Motivos

Ecatepec tiene una población de 3 millones de habitantes, de los que 782 mil 190 se hallan inscritos en los diferentes niveles educativos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con datos de 2008, 128 mil 967 son profesionales.

Se tiene el propósito democrático e institucional de detonar el rendimiento educativo en Ecatepec de Morelos, el municipio más poblado de Latinoamérica, donde hay en matrícula escolar una población en la educación básica un promedio de 679 mil 921:

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El artículo 3o. constitucional consagra la educación pública como la fuente del conocimiento en que el individuo se desarrolla, fomentándole el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.

Como educación básica obligatoria, el Estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios– impartirá la educación preescolar, primaria y la secundaria.

Por ello y para dar mejor alcance a los programas educativos previstos e implantados en el sistema educativo federal, estatales, del Distrito Federal y de los municipios y para estimular el aprovechamiento académico como la ayuda para los que no tienen los recursos necesarios para el acceso a la educación, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2011 se incrementen en 250 millones de pesos los recursos de Ecatepec de Morelos, México, en el concepto de becas en todos los niveles escolares.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Jorge Hernández Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para infraestructura carretera, hidráulica, deportiva, cultural, educativa, de desarrollo social y de salud en Melchor Ocampo, México, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en la normatividad aplicable, se somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El municipio es la base del federalismo en México. Como en otras naciones con sistema federal, este nivel de gobierno es autónomo; sin embargo, a diferencia del de otros países, el gobierno municipal mexicano aún está en un proceso de consolidación de sus atribuciones, derechos y responsabilidades administrativas.

Hay casos en que la autonomía de los municipios llega a ser de tal magnitud e importancia, que su fortaleza y sustentabilidad jurídica y económica son fundamentales para lograr el desarrollo de un país.

Uno de los ejemplos más claros es el ocurrido en Brasil, que en 1999 debió presentar un recurso de moratoria financiera de su deuda porque Minas Gerais tuvo problemas financieros que le impidieron cumplir sus compromisos de deuda pública.

En México, gracias a la firma de un pacto federal, es posible la coordinación de los tres niveles de gobierno, lo cual permite la implantación de proyectos y programas regionales de amplio efecto social, generando un beneficio colectivo en favor de la sociedad que habita en dichas localidades.

Indico lo anterior para enmarcar la situación que prevalece en Melchor Ocampo, localidad situada al norte del estado de México y que requiere apoyos financieros que le permitan detonar las oportunidades de desarrollo económico que se presentan en la región.

La ampliación de la infraestructura e instalaciones de diversa índole permite generar un efecto integral, complementario, donde cada una de las propuestas de inversión tiene como fin lograr la meta de beneficiar a la colectividad social.

Los proyectos enmarcados en la solicitud de recursos que se presenta mediante la coordinación del sector agrario incluyen inversiones destinadas al mejoramiento, a la ampliación y al mantenimiento de infraestructura carretera, así como a la construcción de instalaciones que beneficien a los grupos vulnerables, como es el caso de la edificación de la casa del adulto mayor.

Otros proyectos de amplio efecto social se encuentran en la construcción de un espacio de recreación y práctica de actividades deportivas, elemento importante para alejar de las manos de la delincuencia y la drogadicción a los jóvenes.

Un aspecto relevante son los proyectos relacionados con la red de agua potable, alcantarillado y obras de saneamiento que deben realizarse en Melchor Ocampo: de no hacerse, se pondría en riesgo la viabilidad de la localidad, debido a la insuficiencia para atender la demanda creciente de agua potable.

Los factores educativo y cultural van de la mano, permiten el desarrollo pleno de las personas, dándoles la oportunidad de mejorar su calidad de vida a través de la educación. Por ello, la edificación de aulas de uso múltiple para realizar actividades culturales es importante. De igual forma, la rehabilitación y ampliación de las instalaciones educativas es una prioridad, pues permiten ampliar la oferta educativa en favor de los jóvenes que requieren mayores oportunidades para su desarrollo.

La salud deber ser uno de los temas inmediatos de la agenda nacional. Consciente de esa situación, Melchor Ocampo solicita que se le asignen recursos federalizados para construir una unidad de rehabilitación e integración social, a fin de ampliar la red del sistema de salud vigente.

Como legisladores, tenemos la responsabilidad de manifestar ante el Congreso de la Unión las necesidades más sentidas e inmediatas de los componentes de la sociedad mexicana. En razón de ello, la solicitud que ahora presento se sustenta en dicho precepto.

Con fundamento en lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos a Melchor Ocampo, México, a fin de que desarrolle los proyectos que se mencionan a continuación:

• Infraestructura carretera

a) Construcción de guarniciones, banquetas y arrollo vehicular de concreto hidráulico en el nuevo bulevar Deportistas (segunda etapa);

b) Ampliación de dos a cuatro carriles con concreto hidráulico de la carretera nacional Cuautitlán-Zumpango;

c) Reacondicionamiento con concreto hidráulico de la avenida Corregidora (Visitación-Tenopalco);

d) Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Justo Sierra, en Visitación;

e) Construcción de guarniciones, banquetas y arroyo vehicular de concreto hidráulico en la calle Pino Suárez;

f) Construcción de guarniciones, banquetas y arroyo vehicular de concreto hidráulico en la calle Carrillo Puerto; y

g) Construcción de arroyo vehicular con concreto hidráulico en la calle Víctor Bravo Ahúja.

• Infraestructura hidráulica

a) Introducción de red de agua potable, sanitaria y alcantarillado en las calles Emiliano Zapata y Adolfo López Mateos;

b) Construcción de redes hidráulica y sanitaria en el nuevo bulevar Techachalco-Totoltepec;

c) Introducción de redes hidráulica y sanitaria, así como de alcantarillado, y construcción de pozos de absorción en la ampliación de carriles de la carretera nacional Cuautitlán-Zumpango;

d) Introducción de redes de agua potable, sanitaria y de alcantarillado en la calle Zitlaltepec;

e) Introducción de redes de agua potable y sanitaria, y construcción de pozos en la ampliación de carriles de la carretera nacional Cuautitlán Zumpango; y

f) Introducción de redes de agua potable y sanitaria, y construcción de pozos en la calle Pino Suárez.

• Infraestructura deportiva

a) Construcción de aéreas deportivas en Tenopalco.

• Infraestructura cultural

a) Construcción de tres aulas de usos múltiples y obra exterior de la cabecera municipal.

• Infraestructura educativa

a) Construcción de ocho aulas y un cubo de escalera en la escuela primaria Francisco I. Madero;

b) Construcción de cuatro aulas y un cubo de escalera en la escuela preparatoria oficial del estado de México número 190;

c) Construcción de cuatro aulas y un cubo de escalera en el centro de bachillerato tecnológico Isaac Newton, situado en la cabecera municipal;

d) Construcción de cuatro aulas y de cubo de escalera en la escuela secundaria técnica Juan Nepomuceno Pérez, situada en la cabecera municipal;

e) Construcción de cuatro aulas y de un cubo de escalera en la escuela secundaria técnica Juan Nepomuceno Pérez, situada en la cabecera municipal;

f) Construcción de cuatro aulas y un cubo de escalera en la Escuela Pedagógica Nacional, situada en la cabecera municipal; y

g) Remodelación de la biblioteca Bicentenario, de la cabecera municipal.

• Infraestructura para el desarrollo social

a) Construcción de la casa del adulto mayor en la cabecera municipal.

• Infraestructura para salud

a) Construcción de la unidad de rehabilitación e integración social.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputados: Héctor Eduardo Velasco Monroy, Alberto Jiménez Merino (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir la línea de agua tratada que alimente la zona chinampera de Tetelco y Míxquic, en Tláhuac, Distrito Federal, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados Roberto Rebollo Vivero y Alberto Jiménez Merino, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad aplicable, someten a consideración de este pleno, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México es un país en el cual las políticas públicas de impulso a la conservación y uso del agua son insuficientes para resarcir los problemas derivados de la escasez del vital líquido.

El anterior problema, se manifiesta en mayor medida en las grandes urbes y ciudades, en donde la concentración poblacional día a día se incrementa de manera preocupante, ya que se saturan los servicios públicos requeridos ante una demanda creciente.

El urbanismo y las políticas sobre el tema se han dejado de lado, dando paso a las políticas inmediatistas, de corto plazo, en donde los efectos son marginales y de poca relevancia.

En el tema de la disponibilidad, la Ciudad de México enfrenta un problema grave, a pesar de que en los últimos años los índices de lluvia han aumentado de manera considerable, no se cuenta con la infraestructura necesaria para aprovechar de manera eficiente el agua de lluvia.

Esta problemática ha puesto en jaque la viabilidad de la propia ciudad, poniéndonos en la disyuntiva de elegir entre la posibilidad de generar agua para consumo humano y actividades industriales, y la opción de mantener vigente la escasa producción agrícola de la capital.

No debemos perder de vista que la zona sur del Distrito Federal se caracteriza por contar con zonas con alta productividad agrícola, en donde destacan las localidades ubicadas en la delegación Tlahuac, siendo las localidades de Tetelco y Mixquic, dos de las más representativas.

En los lugares mencionados se generan un conjunto de productos agrícolas de alta comercialización y consumo entre la población de la Ciudad de México y la zona conurbada. Sin embargo, durante los últimos años se ha complicado el panorama que enfrentan, ello como consecuencia de la disponibilidad de agua en la región.

Lo anterior, hace necesario implantar acciones inmediatas para subsanar dicho problema. Es por ello que la presente solicitud tiene por objeto, exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Soberanía, para que designe una partida presupuestal para desarrollar el proyecto de la construcción de la línea de agua tratada para alimentar la zona chinampera de Tetelco y Mixquic, en la delegación Tlahuac, del Distrito Federal.

Al realizar la provisión de los recursos, estaremos contribuyendo a fortalecer y dar sustentabilidad a la producción agrícola de esta zona de la Ciudad de México. Asimismo, permitirá detonar la posibilidad de alcanzar un mayor nivel de desarrollo, en beneficio de las familias que dependen de dichas actividades productivas.

Con fundamento en lo mencionado, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se destinen recursos para el proyecto de la construcción de la línea de agua tratada para alimentar la zona chinampera de Tetelco y Mixquic, Tláhuac, Distrito Federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de 2010.

Diputados Roberto Rebollo Vivero y Alberto Jiménez Merino (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el proyecto de cultivo y reproducción de bagre del Balsas en Puebla, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Alberto Jiménez Merino, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en La LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad aplicable, somete a consideración de este pleno, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde hace más de 18 años, la pesca marítima mundial se ha estancado en 89 millones de toneladas al año. La acuacultura es una de las actividades agropecuarias que cada vez adquiere mayor relevancia en el conjunto de ramas que integran el sector primario y representa alrededor del 60 por ciento de la producción de peces y similares.

El bagre es una especie de importancia en las actividades deportivas recreativas en México y otros países. Su cuerpo es aplanado dorsoventralmente por su parte anterior. El dorso es de color gris o azul grisáceo con los costados plateados y puntos obscuros, su cabeza es grande y gruesa, con hocico amplio? el labio inferior presenta dos pares de barbas negras y en el superior un par, en donde inicia el ángulo de su boca existe un par de barbillas más pequeñas.

No obstante que es una importante fuente de proteína de alta calidad y que su precio de venta en el mercado regional de Puebla, Oaxaca y Guerrero alcanza más de 100 pesos, las artes de pesca inadecuadas y la contaminación de los ríos ha disminuido drásticamente las poblaciones, afectando negativamente las posibilidades de alimentación e ingreso de las familias y comunidades ribereñas que se encuentran en las afluentes del río Balsas, situadas en las mixtecas.

El bagre, habita en aguas de poco flujo, con fondo de roca grava o arena, lo mismo prefieren aguas claras o turbias con vegetación sumergida o emergente, evita la vegetación densa.

Es una especie con hábitos nocturnos refugiándose durante el día en la parte profunda de los embalses. Es omnívora, consumiendo restos de plantas y animales, en ocasiones es carroñera o predador de especies menores.

El pez adulto come en el fondo, mientras que el joven lo hace en la superficie. Los bigotes los utiliza para seleccionar el alimento que va a ingerir.

En cautiverio acepta el alimento artificial, los desechos de rastros y vegetales, así como harinas y peces frescos.

Esta especie es una alternativa al complemento alimenticio, ya que 250 gramos proporcionan el 85 por ciento de las proteínas requeridas por los niños y el 65 por ciento en los adolescentes.

Con relación a su tipo de reproducción, se puede mencionar que los adultos se reproducen a la edad de 2 a 4 años, cuando pesan de 1.5 a 4.5 kilogramos, presentan dimorfismo sexual con fecundación externa. La época de reproducción es de abril a agosto, en aguas con temperaturas de 20 a 30 grados centígrados.

Ya se han puesto en marcha proyectos de esta índole en algunas de las entidades federativas del país, siendo exitosas en la mayoría de los casos, razón por la cual es imperativo continuar fomentando e impulsando este tipo de actividades acuícolas.

Hace más de cuatro años, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Rural de Puebla, inició una investigación para desarrollar la reproducción del bagre nativo del río Balsas en cautiverio.

Hace tres meses los investigadores acaban de validar el método de producción y ahora se requiere de apoyo financiero para la instalación de laboratorios, la ampliación de la infraestructura en donde se realiza la reproducción, así como los recursos para la implementación de dicho proceso en las localidades en que exista viabilidad para su producción.

Lo anterior beneficia a más de 100 mil familias, ubicadas en poco más de 350 comunidades, las cuales se encuentran en alrededor de 120 municipios, de una región que comprende 4 estados donde la pobreza encuentra una respuesta económica en la migración hacia Estados Unidos de América.

Con fundamento en lo mencionado, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se destinen recursos para el proyecto de cultivo y reproducción del bagre del Balsas, a desarrollarse en Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Alberto Jiménez Merino (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para apoyar proyectos de inversión en materia agropecuaria en Puebla, Francisco Z. Mena y Chiautla de Tapia, Puebla, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad aplicable, someto a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El campo mexicano es un sector que ha demostrado su fortaleza y empuje a pesar de la falta de atención y de políticas púbicas que impulsen el crecimiento y la productividad del sector primario.

De acuerdo a información proporcionada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el sector agropecuario presenta una tasa de crecimiento superior a la del sector industrial, ello demuestra la capacidad y el potencial con que cuenta el campo mexicano.

El desarrollo del sector agropecuario se ha debido, en una parte, a la incorporación de nuevos métodos e innovaciones tecnológicas aplicadas a las actividades del sector rural. Esta combinación es la clave para el crecimiento sustentable y mejor aprovechamiento de los recursos naturales y la eficiencia en la producción de bienes.

No podemos dejar de mencionar una parte del éxito en el sector primario se debe al fomento y apoyo de proyectos de inversión dirigidos a mejorar el proceso de producción, industrialización, comercialización y traslado de los bienes generados en el campo.

Lo anterior, hace necesario continuar con este tipo de políticas de fomento debido a que un gran número de productores no cuentan con los recursos económicos para poner en marcha dichos proyectos. De igual forma, se deben considerar otro tipo de factores, tales como el educativo, siendo el promedio de escolaridad de 3.5 años; el nivel de ingresos, ya que cerca del 20 por ciento de quienes trabajan en el campo no reciben algún tipo de ingreso.

Si bien es cierto que los gobiernos locales tienen la responsabilidad de apoyar proyectos de inversión de esta índole, también se debe reconocer la incapacidad financiera de este nivel de gobierno, razón por la cual es necesario que el gobierno federal otorgue financiamiento para desarrollar las propuestas.

En el estado de Puebla se han puesto en marcha numerosos proyectos de inversión vinculados a la actividad agropecuaria, generando un efecto positivo en las familias rurales, dándoles la oportunidad de mejorar su calidad de vida.

Los proyectos son diversos e integrales, en el caso de la solicitud que a través de este documento realizo, destacan las propuestas para producir y distribuir abono orgánico para la agricultura en la capital del estado de Puebla; la implementación de invernaderos para producir jitomate, así como una empacadora para dicho producto.

En el caso del municipio de Francisco Z. Mena, se solicita se destinen recursos para establecer un Centro de engorda de bovinos, lo cual permita producir carne de alta calidad, así como un centro de pies para la cría de sementales.

Por su parte, el proyecto a realizarse en Chiautla de Tapia tiene por objeto desarrollar al agroindustria para la elaboración de productos derivados de la jamaica.

Los anteriores, son sólo algunas de las propuestas más sensibles que deben ser sujetas de financiamiento, ello en aras de contribuir al desarrollo regional, el crecimiento económico del sector e incrementar la productividad del campo mexicano.

Con fundamento en lo anteriormente mencionado, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se destinen recursos para apoyar proyectos de inversión en materia agropecuaria, en los municipios de Puebla, Francisco Z. Mena y Chiautla de Tapia, en donde se propone poner en marcha procesadoras y empacadoras de jitomate, el establecimiento de centros de cría de sementales y de carne de alta calidad, así como desarrollar la agroindustria de la jamaica, en el estado de Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Alberto Jiménez Merino (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para infraestructura cultural en Teotlalco, Huehuetlan el Chico y Chiautla de Tapia, Puebla, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad aplicable, somete a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El derecho a la educación va estrechamente ligado con el derecho a la cultura, entendiendo esta última como la posibilidad de que los habitantes de una nación puedan contar con los elementos necesarios que le permitan tener una mejor formación educativa, profesional y humana.

En el caso de México, como lo han señalado estudios en la materia, la población mexicana tiene un promedio de escolaridad de 8.5 años, equivalente al segundo año de educación secundaria, este indicador nos ubica entre los últimos lugares en el conjunto de países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

La educación debe ser integral, incluyendo aspectos que permiten al individuo formarse un carácter, una personalidad y una plena identificación con sus orígenes, su historia, y el avance de la modernidad, a la cual estamos habituados.

Sin embargo, la heterogeneidad y la ausencia de factores que permitan cohesionar y aglutinar los conocimientos, a lo largo y ancho del territorio nacional, no ha permitido alcanzar un mayor nivel de preparación.

En este sentido, la cultura es una de las principales debilidades de la sociedad mexicana, aún y cuando se sabe que el sistema educativo nacional tiene la responsabilidad de enseñar los lineamientos mínimos necesarios para que un individuo cuente con la preparación cultura, también se debe reconocer que esta es una labor conjunta, complementaria.

La descentralización de la educación en México, otorgó mayores opciones y responsabilidades para los gobiernos locales, jugando un papel fundamental los ayuntamientos y regímenes municipales, los cuales, deben poner en marcha una serie de acciones que le permitan contribuir en mejor medida a lograr el objetivo de incrementar el nivel cultural de las personas,

Cabe destacar que los gobiernos municipales son los principales promotores de la cultura, para lo cual destinan parte de sus recursos, infraestructura y propiedades, para el desarrollo de la cultura.

Es bien sabido que los recursos con que cuenta un municipio son insuficientes para lograr un mayor impulso de este tipo de acciones, es por ello que se requiere de la asignación de recursos por parte del gobierno federal para realizar proyectos vinculados con el fomento de la cultura.

En esta situación se encuentran los municipios de Teotlalco, Huhuetlán el Chico, y Chiautla de Tapia, quienes requieren de recursos económicos para construir una casa de cultura en sus respectivas cabeceras municipales.

En el caso particular de Chiautla de Tapia, además de la construcción de la Casa de Cultura, se deben asignar una partida presupuestal que permita la edificación de un museo regional, el cual tiene como principal objetivo, resguardar los acervos pertenecientes a personajes que participaron en las gestas de independencia y la revolución mexicana.

Con fundamento en lo anteriormente mencionado, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se destinen recursos para la construcción de una casa de cultura en los municipios de Teotlalco, Huehuetlán el Chico, y Chiautla de Tapia, asimismo, en este último, ayuntamiento, se construirá un museo regional, a desarrollarse en el estado de Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Alberto Jiménez Merino (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para infraestructura hidráulica, agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en diversos municipios de Puebla, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Alberto Jiménez Merino, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en La LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad aplicable, somete a consideración de este pleno, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El agua, es un recurso natural que escasea cada vez en mayor cuantía, poniendo en riesgo la sustentabilidad de las regiones en el mundo, muchas de las cuales han puesto en marcha acciones que les permitan superar los riesgos y efectos negativos de la falta del vital líquido.

México no está ajeno a esta problemática, muestra de ello es que algunas entidades federativas padecen los estragos de la escasez del agua necesaria para la vida humana y el desarrollo de actividades económicas.

Ante este panorama, algunas entidades federativas han mostrado su preocupación, y sensibles de la complejidad que conlleva la falta de agua en algunos municipios y comunidades, se han dado a la tarea de desarrollar estrategias, planes, programas y proyectos hidráulicos, tal y como lo demuestra el estado de Puebla.

Uno de los objetivos fundamentales es la búsqueda de la eficiencia en el uso, aprovechamiento y tratamiento del agua disponible, este último elemento adquiere cada vez mayor relevancia debido a que es imperativo aprovechar de manera racional los recursos disponibles.

Los gobiernos municipales conocen de mejor manera la problemática que aqueja a las familias rurales y de las cabeceras del Ayuntamiento, sin embargo, las haciendas locales no cuentan con los recursos económicos suficientes para desarrollar obras hidráulicas de gran envergadura y con un alto impacto social.

En razón de lo anterior, los representantes institucionales municipales, de las comunidades y de los grupos organizados acuden a esta Soberanía con el objetivo de buscar que sus necesidades más inmediatas sean atendidas, ello a través de la asignación de partidas presupuestales que permitan poner en marcha proyectos hidráulicos.

En esta situación se encuentran los municipios de San Pedro Cholula, Huauchinango, Petlalcingo, Huehuetlán el Chico, Chila de la Sal, Santa Inés Ahuatempan, ubicados en el estado de Puebla.

En San Pedro Cholula, los proyectos incluyen la gestión de caudales, el aprovechamiento de agua residual para riego y para el proceso de rastro, en suma, los proyectos de tipo hidráulico son 26; en Huahuchinango la solicitud es para ampliar la red de agua potable; en Petlalcingo, el apoyo solicitado es para la construcción del sistema de alcantarillado, al igual que en el municipio de Huehuetlán el Chico y Santa Inés Ahuatempan.

Con fundamento en lo mencionado, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se destinen recursos para la construcción y ampliación de la red de agua potable, alcantarillado público, proyectos de aprovechamiento de agua residual para riego y rastro, en los municipios de San Pedro Cholula, Huauchinango, Petlalcingo, Huehuetlán el Chico, Chila de la Sal, Santa Inés Ahuatempan, a desarrollarse en el Estado de Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Alberto Jiménez Merino (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para infraestructura carretera y caminos rurales en diversos municipios de Puebla, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Alberto Jiménez Merino, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en La LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad aplicable, somete a consideración de este pleno, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La infraestructura carretera y de caminos rurales es un componente fundamental para determinar el grado de desarrollo de una nación, de ahí su importancia y relevancia para lograr el crecimiento económico y el beneficio colectivo.

La inversión en la construcción de carreteras, caminos rurales y demás infraestructura complementaria, entre la que se encuentran los puentes vehiculares, boulevares, periféricos, y demás obras complementarias, representan una de las mejores opciones para reactivar las economías locales, regionales, y por ende, el mercado nacional.

Los sectores, ramas y actividades económicas que convergen en torno a los proyectos carreteros generan externalidades positivas que se traducen en un impacto a favor de mejores condiciones de vida para millones de familias.

Desde la perspectiva del sistema productivo, el contar con una infraestructura carretera adecuada y en óptimas condiciones, permite el eslabonamiento productivo, gracias a que el traslado de las mercancías se puede realizar de manera pronta, segura y con menores costos de traslado, derivados del uso del combustible, el embalaje y otro tipo de elementos usados para la conservación.

Desde la óptica de los beneficios inmediatos, la construcción de obras carreteras genera empleos de corto y mediano plazo, no sólo para quienes desempeñan actividades de mano de obra calificada, sino también se deben considerar los empleos que otras ramas económicas pueden proporcionar, siendo las industrias del acero y el concreto, las que mayor dinámica presentan.

Puebla es, sin lugar a dudas, una entidad ejemplar en el tema de la red carretera y de caminos rurales. Durante los últimos años, se ha construido una red de vías de comunicación que agiliza el traslado, permite la conexión y la incorporación de comunidades que se consideraban alejadas y marginadas.

El hecho de saber que una determinada comunidad o poblado cuenta con una carretera que la comunica con el resto de su entorno, cambia el contexto en el que se desarrollan los habitantes de estas zonas.

Al igual que en otros temas, las haciendas municipales no cuentan con los recursos suficientes para hacer frente al costo que implica la construcción de una carretera. En algunos casos, el diseño del proyecto ejecutivo se encuentra por encima de su capacidad financiera, ya que a pesar de que al construirse dicha obra el impacto positivo será muy alto, el gobierno municipal no puede solventar el pago de dicho proyecto.

Con lo anterior se hace referencia a que los apoyos solicitados no son sólo para la construcción de la obra, ya que se requiere del apoyo financiero que permita diseñar el proyecto ejecutivo de dicha infraestructura.

Dotando a los municipios de los recursos económicos para carreteras y caminos rurales, estaremos contribuyendo a lograr la meta de reactivar la economía, de igual forma, como legisladores, daríamos respuesta a las necesidades inmediatas más sensibles, trayendo beneficios a las poblaciones que no cuentan con una vía terrestre de comunicación.

Con fundamento en lo mencionado, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se destinen recursos para la construcción, remodelación, diseño de proyecto ejecutivo en materia de infraestructura carretera, en los municipios de:

• Izúcar de Matamoros: construcción de carretera Izúcar de Matamoros-Huajuapan de León, tramo: Izúcar de Matamoros-Acatlán de Osorio

• Tulcingo de Valle: modernización de camino Tulcingo de Valle-San Miguel Tlaltepexi-Xixingo de los Reyes; pavimentación de camino Atzompa-Guadalupe Victoria 9+379.37.

• Acatlán de Osorio: modernización de camino Ahuatempan-Acatlán de Osorio, y, modernización de camino el Capulín-San José Petlalcingo-ejido San José Tierra Colorada-Texcalapa, y construcción de carretera: libramiento Acatlán-Huajuapan de León; construcción y pavimentación del camino Hermenegildo Galeana-Rancho Nuevo, 4 kilómetros; pago de servicios profesionales para la elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción y pavimentación del camino Nuevos Horizontes-la noria chica; pago de servicios profesionales para la elaboración del proyecto Acatlán de Osorio-La Trinidad.

• Cuayuca de Andrade: modernización de camino San Pedro Cuayuca - Puente Márquez y modernización de camino Tehuitzingo - los Hornos de Zaragoza - San Pedro Cuayuca.

• Tehuitzingo: modernización de camino San Francisco de Asis-e.c. Mexico – Oaxaca;

• Chila de la Sal: modernización de camino Huehuepiaxtla-ec, (Tulcingo-Chila de la Sal).

• Chiautla de Tapia: construcción y pavimentación de libramiento de Chiautla - Tlanhuanpican - Tulcingo del Valle; continuación de pavimentación de camino Chiautla de Tapia-San Miguel Ejido-Izúcar de Matamoros, longitud 12 kilómetros; construcción del libramiento Pilcaya-entronque con carretera Chiautla de Tapia-Ixcamipa de Guerrero, longitud 1.5 kilómetros.

• Chietla: conclusión de la pavimentación de camino lagunillas de rayón - Cuayuca, longitud 3 kilómetros; construcción y pavimentación de camino al mirador, (entronque de carretera Izúcar-Barranca del Muerto, longitud 800 metros; reconstrucción y pavimentación de carretera Atencingo-El Organal, longitud 3 kilómetros construcción del puente vehicular con longitud de 60 metros en la población de Atencingo, municipio de Chietla; continuación de pavimentación del camino Tzompahuacán-Coayuca.

• Chila de las Flores: pavimentación de camino Yucunduchi-San José Chapultepec, municipio de Chila de las Flores e.q. carretera Huajuapan, longitud, 8+327.11 kilómetros.

• Guadalupe Santa Ana: modernización y ampliación del camino Guadalupe-Mariscala de Juárez, tramo Guadalupe-Barranca Honda; modernización y ampliación del camino tramo Jehuital-Vista Hermosa-San Antonio Chiltepec.

• Huehuetlán el Chico: pavimentación de camino Huehuetlán el Chico-Tecocoyuco.

• Jolalpan: elaboración de estudio y proyecto para pavimentación de camino Huachinantla-El Salado, 6 kilómetos; elaboración de estudio y proyecto del camino Xochitepec-Jolalpan-Cohetzala.

• Petlalcingo: Reencarpetamiento de carretera de Salitrillo-Tepejillo, 8.7 kilómetros; continuación de pavimentación de camino Petlalcingo-Santo Domingo Tonahuixtla, 12 kilómetros.

• San jerónimo Xayacatlán: pavimentación de camino la Tepachera a Gabino Barreda, 8 kilómetros; construcción de puente vehicular rio Tizac-Cañada Estaca.

• San Miguel Ixitlán: continuación de pavimentación del camino San Miguel Ixitlàn-San Miguel Ixtapan, 11.5 kilómetros.

• Tecomatlán: construcción de carretera Tecomatlán-Mixquiapan-Quicayan, 20 kilómetros.

• Tilapa: terminación de la carretera de Cuexpala-Cuautepec, 3.5 kilómetros.

• Teotlalco: construcción de carretera en San Miguel Teotlalco, segunda etapa: Achichipilco-Teotlalco-Quicayan, 5 kilómetros; pavimentación de camino tipo C de Teotlalco-San Miguel: construcción de un puente vehicular en Teotlalco.

• Santa Inés Ahuatempan: pavimentación del camino Santa Inés Ahuatempán-comunidad La Concepción, 4.5 kilómetros.

• Xicotlán: continuación de construcción y pavimentación de camino Xicotlán-Chila de la Sal, incluye libramiento 1.5 kilómetros.

• Xicotlán: pago de servicios profesionales para elaboración del proyecto ejecutivo de camino Xicotlán-Coacalco 25 kilómetros.

• Atzitzihuacan: construcción de carretera de camino entronque Atzitzihuacán-El Mirador.

• San José Miahuatlán: modernización y ampliación de camino San José Axuxco tramo: del 0+000.00 al kilómetro 4+522.55.

• Ttlacotepec de Benito Juárez: construcción de carretera Ixcaquixtla-Tlacotepec de Benito Juárez, tramo 1 km 0+000 a kilómetro 26+000; tramo 2, kilómetro 26+000 a kilómetro 42+954; ramal 3 ramal a Atenayuca de kilómetro 0+000 a kilómetro 10+623.

A desarrollarse en Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Alberto Jiménez Merino (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para que las entidades federativas implanten campañas zoosanitarias que mejoren la inocuidad de sus productos agropecuarios, a cargo del diputado Héctor Eduardo Velasco Monroy, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Héctor Eduardo Velasco Monroy, diputado a LXI Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás normatividad aplicable, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a destinar un mayor presupuesto a las entidades federativas para la implementación de campañas zoosanitarias con el objetivo de mejorar la inocuidad de sus productos agropecuarios, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 define al sector agropecuario y pesquero como estratégico y prioritario para el desarrollo del país porque, además de ofrecer los alimentos que consumen las familias mexicanas; provee de materias primas a las industrias manufacturera y de transformación y se ha convertido en un importante generador de divisas al mantener un gran dinamismo exportador.

De acuerdo con el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012, la presencia reciente en otros países de enfermedades tales como la encefalopatía espongiforme bovina y los brotes de influenza aviar de alta patogenicidad, aunada a los avances nacionales en sanidad animal, propician oportunidades de crecimiento para algunas actividades de la ganadería mexicana, como la avicultura, porcicultura y la producción de carne y leche de bovino, ya que México puede ofrecer productos libres de dichas enfermedades hacia los mercados nacionales e internacionales más exigentes en términos de calidad, sanidad e inocuidad.

En la dinámica internacional, un factor que ha redefinido los flujos comerciales es la sanidad e inocuidad en los alimentos. La sanidad se ha convertido en un importante activo de los países para participar en el comercio agroalimentario. En la actualidad, los países son más estrictos en el control de las plagas y enfermedades, en línea con políticas orientadas a preservar la vida silvestre, la salud animal y con el fin de garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos para la población.

De tal manera que éstos son factores determinantes en el intercambio de mercancías en el ámbito internacional.

Las implicaciones sanitarias para los exportadores van más allá de un rechazo a un embarque de productos porque no sólo se cierra una puerta comercial, sino que afecta la imagen del país, al resto de los productores y a la economía nacional.

Entre las estrategias del programa sectorial se incluye la Estrategia 2.2, “Proteger al país de plagas y enfermedades y mejorar la situación sanitaria”. La protección al país de la introducción y establecimiento de plagas y enfermedades, mediante acciones de inspección, vigilancia y activación de dispositivos de emergencia sanitaria, así como la mejora de las condiciones sanitarias que actualmente se tienen mediante campañas sanitarias y operaciones de reducción de riesgos, permitirá a los productores, industriales, comercializadores y consumidores de bienes y productos del campo y los mares una mayor posibilidad de superación económica y a la vez, una mejor calidad de vida.

Entre los problemas de sanidades e inocuidad se pueden mencionar los siguientes:

a. Existencia de plagas y enfermedades endémicas.

b. Carencia de recursos impide potenciar campañas sanitarias.

A. Prevalencia de plagas y enfermedades restrictivas para la producción y el comercio.

a. Dificultades de control en frontera genera introducción de enfermedades y plagas desde el exterior.

b. Dificultades de barreras sanitarias generan transmisión de plagas y enfermedades entre Estados.

B. Riesgo de diseminación de plagas y enfermedades.

a. Baja difusión de los estándares de calidad e inocuidad.

b. Falencias de los sistemas de apoyo técnico a los procesos de certificación.

c. Productos con problemas de calidad e inocuidad.

C. Baja capacidad para obtener certificaciones para productos y procesos.

De alguna forma (a) y (b) contribuyen a que se presente (A), que junto con (B) y (C) dan lugar a la problemática final expresada como.... Productores agropecuarios, pesqueros y rurales tienen un entorno sanitario desfavorable para una inserción sostenible de sus productos en los mercados.

El país cuenta con el Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. En los avances presentados en los diferentes informes sobre el estado que guarda el Senasica, permiten reconocer que en materia de sanidad agroalimentaria se cubren los indicadores presentados dentro del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario 2007-2012. Sin embargo, dada la escasa capacidad humana y económica del Senasica para cubrir al 100 por ciento de las Unidades de Producción, es importante la participación de los gobierno locales en los avances sobre el estatus fito y zoosanitarios para las diferentes entidades federativas y municipios.

Además, las principales tareas de vigilancia, inspección y monitoreo se realizan de manera coordinada con las entidades federativas. La falta de recursos ha ocasionado que diversas tareas relacionadas con la sanidad hayan sido dejadas de lado, por este motivo se solicitarán más recursos para que los estados puedan atender las demandas de los productores en la materia.

Tan sólo para el estado de México, la falta de recursos ha significado que se dejaron de operan 4 campañas en sanidad vegetal perdiendo los avances tendientes a mejorar estatus sanitarios a zona libre, también se dejaron de operar 3 campañas de salud animal, 2 áreas de inocuidad pecuaria y 13 puntos de verificación zoosanitaria quedando vulnerables al ingreso de plagas y enfermedades. Por lo que disminuyo la cobertura de todas las actividades sanitarias y de inocuidad, dejando de atender la demanda de los productores y se perdió a profesionales sanitarios capacitados.

Por lo anterior, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta al Ejecutivo federal a destinar un mayor presupuesto a las entidades federativas para la implementación de campañas zoosanitarias con el objetivo de mejorar la inocuidad de sus productos agropecuarios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Héctor Eduardo Velasco Monroy (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar el fondo de investigación en biotecnología y bioseguridad que atienda las necesidades de los productores nacionales, a cargo del diputado Héctor Eduardo Velasco Monroy, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, Héctor Eduardo Velasco Monroy, diputado a la LXI Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. La biotecnología no constituye en sí misma un sector industrial sino una plataforma tecnológica que interactúa en forma transversal con numerosas disciplinas y encuentra aplicaciones en diversos sectores productivos, permitiendo un aumento de su productividad y competitividad. El sector agropecuario es sin duda el que se ha visto más beneficiado por esta tecnología, pero la salud humana y animal, la industria y el mejoramiento del medio ambiente también han encontrado aplicaciones de la misma.

2. El sector agropecuario es sin duda el que se ha visto más beneficiado mediante la comercialización de la primera generación de semillas genéticamente modificadas para aumentar su tolerancia a herbicidas y su resistencia a insectos, hongos y virus, por el contundente aumento de la productividad y la disminución del costo de los cultivos. Sin embargo ya se están concretando ejemplos una segunda generación de cultivos Organismos Genéticamente Modificados (OGM) que presentan mejoras en su calidad nutricional, en su contenido vitamínico, en la extensión de su tiempo de preservación y también en las características medicinales.

3. En el sector agrícola de México la capacidad científica y tecnológica está dispersa y sin integración sin poder impactar positivamente al campo mexicano. En el caso particular de la biotecnológica aplicada a la producción de alimentos, no obstante la capacidad del país en materia de investigación y desarrollo en biotecnología, con más 750 doctores que laboran en centros de investigación nacional, en el país, la oferta de los instrumentos para el empleo de los productos de la biotecnología está liderada por las empresas trasnacionales, el país requiere de recursos económicos que permitan generar sus propias capacidades para el empleo de esta herramienta resultado de la ciencia y la tecnología. Recursos que serían destinados a aspectos de biotecnología y bioseguridad.

4. Estos recursos permitirían dar complimiento a las disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), disposiciones que establecen la formulación de un Programa y de un Fondo orientado a atender las necesidades de los productores nacionales.

5. La LBOGM tiene por objeto regular las actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de OGM, con el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola. La ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 18 de marzo de 2005.

6. En el capítulo VI, Del Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología, señala que el Ejecutivo federal fomentará, apoyará y fortalecerá la investigación científica y tecnológica en materia de bioseguridad y de biotecnología a través de las políticas y los instrumentos establecidos en la misma y en la Ley Ciencia y Tecnología (LCT) (artículo 28).

7. La LBOGM establece para la biotecnología: impulsar proyectos de investigación y desarrollo e innovación, formación de recursos humanos especializados y el fortalecimiento de grupos e infraestructura de las universidades, instituciones de educación superior y centros públicos de investigación, que se lleven a cabo para resolver necesidades productivas específicas del país y que beneficien directamente a los productores nacionales.

8. Además, instituye que para lograr el fomento a la investigación científica y tecnológica en materia de bioseguridad y de biotecnología se establezca un programa cuya formulación estará a cargo del Conacyt con base en las propuestas que presenten las Secretarías y las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que apoyen o realicen investigación científica y desarrollo tecnológico. Dicho programa forma parte del Programa Especial de Ciencia y Tecnología que establece la LCT (artículo 29).

9. La ley establece que el Conacyt constituya un Fondo para el Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología conforme a la LCT, al cual se destinen recursos fiscales que aporten las dependencias y entidades para tal fin, recursos de terceros e ingresos que por concepto de derechos determinen las disposiciones fiscales, que deriven de actos realizados en aplicación de la ley (artículo 31).

10. Además, en el artículo décimo transitorio se estableció que el programa para el desarrollo de la bioseguridad y la biotecnología a que se refiere el artículo 29, debió ser formulado y expedido en un plazo no mayor a un año contado a partir de la entrada en vigor de la ley, es decir antes de marzo de 2006.

11. Con estos recursos se fortalece la capacidad del país para el empleo de los productos de la biotecnología moderna acorde a las necesidades nacionales y no a la oferta internacional. Este fondo sería administración por la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Por lo anterior, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Exhorta al Ejecutivo federal a instrumentar el Fondo a la Investigación de Biotecnología y Bioseguridad, que atienda las necesidades de los productores nacionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Héctor Eduardo Velasco Monroy (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir un cajón captador de aguas pluviales de concreto armado en Playas de Rosarito, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El acelerado crecimiento demográfico, la expansión urbana y las limitaciones financieras de Playas de Rosarito, han provocado un importante rezago en términos de infraestructura, equipamiento urbano y obras complementarias, situación que condiciona que uno de los grandes problemas que enfrenta la ciudad sea entre otros, precisamente la falta de obras de protección a pavimentos, equipamientos urbanos y construcciones que garanticen su conservación.

Uno de los principales problemas que enfrenta Playas de Rosarito es la falta de obras de protección que garanticen la conservación de infraestructura, construcciones y en última instancia la vida, salud y el patrimonio de las personas, no sólo en los nuevos asentamientos, sino que también de las colonias tradicionales de la ciudad.

Este es el caso de bulevar Benito Juárez, entre el puente Machado y la avenida Guadalupe Victoria, principal vialidad del centro de Rosarito que, en razón de la topografía del municipio y su ubicación en período de lluvias se ve severamente afectado por escurrimientos que afectan al patrimonio público y privado, así como a la salud pública y la comunicación interna y externa de la ciudad.

La solución a este problema es la construcción de un cajón captador de aguas pluviales de concreto armado con una inversión de 14’867,750.00 pesos, cantidad que no contiene el impuesto al valor agregado.

El beneficio social directo de esta obra será garantizar la salud, la protección civil, la seguridad patrimonial y la comunicación de 56,687 personas que habitan 30 colonias en la localidad Playas de Rosarito.

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 14.86 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la construcción de un cajón captador de aguas pluviales de concreto armado, en el municipio de Playas de Rosarito, en el estado de Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el puente Machado, en Playas de Rosarito, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La infraestructura de transporte en México presenta deficiencias que obligarán a llevar a cabo un gran esfuerzo de inversión pública y privada durante los próximos años, para poder continuar con la construcción, la modernización y la ampliación de la red carretera en todas las regiones del país.

Las características de las secciones viales que conforma el sistema vial de Playas de Rosarito en su mayoría se observan limitadas con respecto a la cantidad de vehículos que circulan por ellas, lo que es mayormente notorio en días festivos para vacacionistas provenientes de diferentes puntos de la región inclusive de los Estados Unidos, lo anterior se puede interpretar como una alta demanda de movimiento vehicular contra una oferta limitada en cuanto a vialidades.

El impacto de la creación de un nuevo carril de este tramo se verá reflejado en una mayor velocidad de operación de todos los vehículos que transitan por él, reduciendo así los costos de operación vehicular, los tiempos de recorrido y los accidentes por maniobras de rebase.

Las condiciones climáticas, los volúmenes de transito, la demanda por satisfacer, así como la disponibilidad presupuestal para su atención, desarrollo y mantenimiento, provoca que exista una clara limitación en el nivel de operación y servicio de esta vialidad.

Por su parte, el desarrollo y consolidación de las mismas, presenta principalmente dos desafíos; primero seguir extendiendo la cobertura de las redes y asegurar el adecuado mantenimiento de los caminos existentes.

Ubicado en la colonia villa turística, misma que se ha convertido en la zona comercial y de servicios en Rosarito, aunando a la alta densidad existente en la colonia Lucio Blanco y Constitución, tomando en cuenta que la única alternativa para cruzar la autopista Tijuana-Ensenada en el sentido este-oeste; es el denominado Puente Machado, reviste gran importancia.

Es por la enorme necesidad de integrar al gran flujo de vehicular que existe en esa zona que es imperativo construir las modificaciones geométricas en salidas del puente una vez que los movimientos direccionales que se requieren en la actualidad no cuentan con una solución directa, lo que provoca una serie de problemas en el funcionamiento del mismo.

El beneficio de mejoramiento del servicio del tráfico en tanto se construye otros cruces del poblado. La población directamente beneficiada es de aproximadamente de 30.000 habitantes. El tiempo de ejecución de la obra del Puente Machado será de aproximadamente 4 meses.

El proyecto contempla realizar el acondicionamiento de cruce de carga vehicular obra orientación y desvío, además de ser un nuevo enfoque al boulevard Bicentenario, por lo que se tendrá un mejoramiento del servicio de tráfico en tanto se construyen otros cruces del Municipio.

La ejecución y puesta en marcha de este proyecto coadyuvará al desarrollo regional, mejorando vías de comunicación, evitará también problemas sociales y movilizaciones por parte de la población solicitando la atención a la problemática de congestionamiento viales, las autoridades locales podrán canalizar esfuerzos a zonas diferentes que también lo necesiten. También se podrá programar la pavimentación de las vialidades, colocación de señalización y semaforización para una mejor circulación beneficiando en general al municipio de Playas de Rosarito. Así también mejorando la imagen de los gobierno ante la sociedad.

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 11.00 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la construcción del puente Machado, en el municipio de Playas de Rosarito, en el Estado de Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el Gran Parque Metropolitano Rosarito, en Playas de Rosarito, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Playas de Rosarito es el municipio con la mayor tasa de crecimiento demográfico en el estado, situación que lo lleva a que su población se duplique cada 20 años; lo anterior es resultado de una integración acelerada al núcleo central de la zona metropolitana, Tijuana, como resultado de la conurbación física, así como de la intensa migración poblacional de Tijuana y del interior del país a este municipio ante la saturación y carecimiento del suelo urbano de aquella ciudad.

Estudios han determinado que, Rosarito tiene el más alto grado de incorporación e integración funcional a la metrópoli, como se acredita con la población que radica en Rosarito y trabaja en Tijuana y la población de esta ciudad que labora en Rosarito.

A efecto de prevenir una mayor degradación en el tejido social, el incremento de la inseguridad y la delincuencia, y la erosión y degradación de los recursos naturales, así como garantizar un nivel de calidad de vida que garantice el desarrollo social, económico e institucional de la zona metropolitana, crear espacios que posibiliten el desarrollo social y humano de los habitantes de la metrópoli Tijuana/Tecate/Rosarito, el gobierno municipal de Playas de Rosarito, con la colaboración del ejido Mazatlán, del gobierno del estado, del Patronato y del Comité Ciudadano de Promoción ha logrado arrancar el proyecto del gran parque metropolitano de Rosarito.

El polígono del gran parque metropolitano cuenta con 53 hectáreas, con caminos de acceso, el primero por la avenida Lomas de Coronado la cual actualmente da acceso a la población estudiantil de la Universidad de Baja California, el otro camino es una ruta de uso ancestral hacia la zona rural, conectando este camino desde el entronque con la carretera escénica TIJ-ENS y por el otro extremo con el boulevard 2000, el cual da fácil acceso con Tecate y Mexicali.

A la fecha más allá de la población residente se cuenta con una demanda del parque por asociaciones de la sociedad civil como Scout de Tijuana, Clubs de Ciclismo de Montaña de Tijuana y Playas de Rosarito, Turismo de Tijuana.

La falta de espacios públicos para el fortalecimiento del tejido social comunitario, la interacción social a través del desarrollo humano mediante la práctica de actividades recreativas, deportivas, culturales y la conservación de los recursos naturales, como condición fundamental para la prevención y el combate social a la inseguridad y la delincuencia.

Con la ejecución de dicho proyecto se busca proporcionar un espacio adecuado para el desarrollo de las actividades recreativas, deportivas, culturales y de convivencia social hacia la población de los municipios de Tijuana-Tecate y Rosarito, pues debido al crecimiento acelerado que se está dando en el estado y la falta de espacios con las dimensiones que ofrece este proyecto, estamos seguros que el impacto de este proyecto será un bien para la población que obtendrá un espacio de calidad y apto para la realización de cualquiera de las actividades antes mencionadas.

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 128.00 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la construcción del gran parque metropolitano Rosarito, en el municipio de Playas de Rosarito, en el estado de Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el proyecto Arroyo Huahuatay, en Playas de Rosarito, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México presenta un problema muy grave en cuanto al tema de inundaciones; y Baja California no es la excepción.

La ciudad de Playas de Rosarito y su zona conurbada es surcada por escurrimientos y arroyos que anualmente, en la temporada de lluvias, presenta situaciones de riesgo, por los daños que las avenidas causan a la población; pero esto, masque a su magnitud, se debe a la ocupación que sus habitantes han hecho de la zona federal y hasta el cauce, con viviendas construidas con todo tipo de materiales, al ejecutar obras a su arbitrio, ocasionado estrangulamientos o cambios de dirección, depositando toda clase de desperdicios; así mismo, por lo general los ocupantes de estos terrenos no están conectados al drenaje sanitario y descargan directamente a los cauces las aguas servidas, provocando contaminación y azolve tanto en los cauces como en las estructuras de control, situación por lo que es indispensable llevar a cabo los proyectos y trabajos de canalización y proceder conforme a derecho para su recuperación.

El proyecto tiene como propósito fundamental el evitar inundaciones en los márgenes del arroyo Huahuatay, propiciando el desarrollo armónico de la zona, al garantizar la seguridad de los habitantes de la zona, como aguas abajo, dando certidumbre para invertir en equipamiento urbano e instalaciones diversas, permitiendo la comunicación eficiente tanto en forma paralela al cauce como perpendicularmente, enlazando ambas márgenes, mejorando el entorno y protegiendo el centro de población compuesto por la zona conurbana de la ciudad de Playas de Rosarito.

Con esto se evitara el riesgo de desbordamientos del cauce en precipitaciones extraordinarias eliminando con ello las pérdidas materiales y humanas debido a inundaciones en la infraestructura urbana, áreas comerciales e industriales y a las viviendas ubicadas en las márgenes y que se encuentran habitadas actualmente.

Con la ejecución del proyecto propuesto se mejoran las condiciones de vida de los residentes de su área de influencia, se garantiza su seguridad de sus bienes, se abaten los índices de algunos padecimientos y enfermedades asociadas con la presencia regular a la humedad, y de la infraestructura existente en la zona, independientemente que se evitan los problemas por la afectación al tránsito de vehículos, se prolonga la vida de la superficie de rodamiento, cordones y banquetas, ya que prácticamente en su totalidad están pavimentadas, los problemas son de los residentes, si no entorpeciéndolo tanto en las vialidades primarias con encharcamientos importantes, por lo que los automovilistas pierden tiempo al reducirse el número de carriles y la velocidad, por lo que en muchas ocasiones se recurre a rutas alternas que se saturan, con la multicitada pérdida de tiempo, el aumento de consumo de gasolina y los apresuramientos y retardos para presentarse a los centros escolares y de trabajo.

Se considera que los beneficiarios directos una vez finalizada la construcción de dicho proyecto serán los habitantes del municipio, esto es 50 mil habitantes

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 56.06 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para la construcción del proyecto Arroyo Huahuatay, en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el tercer acceso a playas, en Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Baja California, es una de las entidades del país con mayor turismo nacional y extranjero. Por ello, invertir en infraestructura carretera es de suma importancia para el desarrollo y fortalecimiento del estado, la construcción de carreteras, nodos viales, bulevares y ampliaciones, permitirá la creación de circuitos turísticos y en consecuencia detonará el desarrollo regional.

La infraestructura carretera es uno de los componentes que impacta de mayor manera las diversas ramas del la economía; los beneficios son de mediano y largo plazo, provocando la generación de empleos, lo que conlleva a un progreso en el municipio y sin duda alguna el mejoramiento del estado.

Tijuana es el municipio del estado con mayor población y la quinta más grande en México, favorecida por su posición geográfica, es la ciudad más visitada del estado. Su infraestructura hotelera, permite recibir anualmente un gran número de turistas lo que deja una derrama económica muy importante para la entidad.

Contar con recursos suficientes a fin de construir, modernizar, rehabilitar y ampliar obras viales en beneficio de la comunidad significa desarrollo en diversos ámbitos, como el turístico y cultural. El problema de viabilidad en el municipio comienza a generar caos vial y peatonal; por ello, la construcción del tercer acceso a Playas, es sin duda una obra prioritaria para el municipio, la construcción de este tercer acceso generará un gran impacto para la región, favoreciendo la comunicación, el desarrollo social y económico del municipio y del estado.

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 123.56 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la construcción del tercer acceso a playas, en el municipio de Tijuana, Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para rehabilitar y construir la unidad deportiva San Antonio, en Linares, Nuevo León, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La juventud hoy en día se encuentra expuesta a una campaña de pérdida de valores, ya que si bien es cierto que la juventud es la etapa de mayor crecimiento emocional, donde se prepara para llegar a la edad adulta. La participación del estado debe ser esencial para el fortalecimiento de los valores y principios básicos, que pueden verse reflejados en inversiones aplicadas a la construcción y rehabilitación de áreas recreativas como unidades deportivas, parques, áreas de recreación, etcétera.

Es indispensable invertir en proyectos que apoyen la formación de nuestros jóvenes, ya que esto sin duda alguna es invertir a futuro. Como es sabido en este periodo de la vida se prepara para adquirir nuevas responsabilidades, como formar un hogar o insertarse en la vida laboral

El deporte y la actividad dentro de la formación de los jóvenes se integra en gran parte de su educación, cultura y salud, así mismo, agiliza los conocimientos teóricos y técnicos de su naturaleza. De tal manera se puede decir que el deporte forma parte como un valor de la sociedad que perfecciona a la persona en su dimensión física y a su vez perfecciona a la sociedad a la que pertenece, transmitiendo valores como la lealtad, la energía, la perseverancia y la decisión.

El proyecto de rehabilitación y construcción de la unidad deportiva San Antonio, que se pone a consideración es de suma importancia para el municipio ya que cuenta con gran afluencia de jóvenes y actualmente se encuentra en una deteriorada situación. La inversión traerá grandes beneficios a su comunidad, ya que igualmente sirve como espacio de esparcimiento para familias completas, que sin duda alguna es un punto importante para el desarrollo armónico y normal de la sociedad.

Punto de Acuerdo

Primero. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 12.21 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la rehabilitación y construcción de la unidad deportiva San Antonio, en el municipio de Linares, Nuevo León.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para modernizar la avenida Reforma, de Ensenada, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Baja California, es una de las entidades del país con mayor turismo nacional y extranjero. Por ello, invertir en infraestructura carretera es de suma importancia para el desarrollo y fortalecimiento del estado, la construcción de carreteras, nodos viales, bulevares y ampliaciones, permitirá la creación de circuitos turísticos y en consecuencia detonará el desarrollo regional.

La infraestructura carretera es uno de los componentes que impacta de mayor manera las diversas ramas del la economía; los beneficios son de mediano y largo plazo, provocando la generación de empleos, lo que conlleva a un progreso en el municipio y sin duda alguna el mejoramiento del estado.

Contar con recursos suficientes a fin de construir, modernizar, rehabilitar y ampliar obras viales en beneficio de la comunidad significa desarrollo en diversos ámbitos, como el turístico y cultural. El problema de viabilidad en el municipio comienza a generar caos vial y peatonal; por ello, la modernización de la avenida reforma es, sin duda, una obra prioritaria para el municipio, la modernización generará un gran impacto para la región, favoreciendo la comunicación, el desarrollo social y económico del municipio y del estado.

Dotar a la zona sur de la ciudad con una vialidad segura, rápida y cómoda es el objetivo principal que tiene la modernización de la avenida reforma, con una eficaz circulación y desalojo de parque vehicular que se encuentra en continuo crecimiento en esta área de la ciudad, 650,000 es el número de habitantes que se verán beneficiados con esta obra.

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 60.00 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la modernización de la avenida Reforma, en el municipio de Ensenada, en el estado de Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el nodo vial Clouthier-Cucapah, en Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Baja California, es una de las entidades del país con mayor turismo nacional y extranjero. Por ello, invertir en infraestructura carretera es de suma importancia para el desarrollo y fortalecimiento del estado, la construcción de carreteras, nodos viales, bulevares y ampliaciones, permitirá la creación de circuitos turísticos y en consecuencia detonará el desarrollo regional.

La infraestructura carretera es uno de los componentes que impacta de mayor manera las diversas ramas del la economía; los beneficios son de mediano y largo plazo, provocando la generación de empleos, lo que conlleva a un progreso en el municipio y sin duda alguna el mejoramiento del estado.

Tijuana es el municipio del estado con mayor población y la quinta más grande en México, favorecida por su posición geográfica, es la ciudad más visitada del estado. Su infraestructura hotelera, permite recibir anualmente un gran número de turistas lo que deja una derrama económica muy importante para la entidad.

Contar con recursos suficientes a fin de construir, modernizar, rehabilitar y ampliar obras viales en beneficio de la comunidad significa desarrollo en diversos ámbitos, como el turístico y cultural. El problema de viabilidad en el municipio comienza a generar caos vial y peatonal; por ello, la construcción del nodo vial Clouthier-Cucapah, es sin duda una obra prioritaria para el municipio, la construcción de éste nodo vial generará un gran impacto para la región, favoreciendo la comunicación, el desarrollo social y económico del municipio y del Estado.

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 50.00 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la construcción del nodo vial Clouthier-Cucapah, en el municipio de Tijuana, en el estado de Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el plan de desarrollo regional del valle de San Quintín, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La pobreza es uno de los problemas sociales más extendidos en nuestro país. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre 2006 y 2008, los dos primeros años de la actual administración federal, el número de pobres en México aumento en 5.9 millones de personas.

En este contexto, la lucha contra la pobreza, particularmente contra la pobreza extrema, es uno de los objetivos prioritarios de la política social, si bien hay causas estructurales que la generan, existen instrumentos, programas y acciones que pueden realizarse a través de los cuales es posible el acceso de grandes núcleos de población a mejores condiciones de vida, que contribuyan a que salgan paulatinamente de esta situación de pobreza que lastima y desalienta a quienes la padecen y afrenta a la sociedad en su conjunto.

Tal es el caso de la zona rural sur en el municipio de Ensenada, Baja California, integrada por 13 delegaciones municipales que son: Maneadero, Santo Tomás, Eréndira, San Vicente, Colonet, Camalú, Vicente Guerrero, San Quintín, El Rosario, El mármol, Bahía de Los Ángeles, Punta Prieta y Villa de Jesús María, en la que existen grandes contrastes en relación con otras regiones y municipios del estado. La cual cuenta con diversos valles cuya vocación es la agricultura de exportación, entre estos sobresalen el valle de Maneadero, San Vicente y el Valle de San Quintín. El caso del Valle de San Quintín destaca por ser el de mayor población indígena y diversidad pluricultural. La situación en la que viven actualmente miles de personas en San Quintín, hace que sea un imperativo tomar medidas inmediatas y aplicar una política social orientada a mejorar radicalmente sus condiciones de vida y resolver sus carencias.

Es necesario un esfuerzo deliberado, organizado y sostenido para dar respuesta institucional a las demandas acumuladas de la población desposeída, constituida en su gran mayoría por indígenas provenientes del sur del país, y jornaleros migrantes quienes llegaron a la región en la búsqueda de nuevos y mejores horizontes de vida para ellos y sus familias; y que en su gran mayoría viven en condiciones similares a las que los obligaron a salir de sus comunidades.

En la región de San Quintín sobre todo en la zona denominada Valle de San Quintín, predominan los asentamientos con población indígena provenientes del sur del país, mismos que han llegado a esta parte de Baja California, trayendo sus propios usos y costumbres.

Otro de los elementos culturales más arraigados en esta población, es el valor que tiene la decisión de la comunidad para elegir los aspectos de interés general. La toma de decisiones colectiva es un patrimonio que es defendido con firmeza y que constituye un elemento vital en la vida cotidiana de la gente. La palabra de la asamblea es ley, considerando que los pueblos indígenas en México, siguen practicando formas propias de autogobierno y rigiéndose por sus propios sistemas normativos, lo cual es una forma de preservar su autonomía.

Considerando que por la grave situación de pobreza la suma de la demanda acumulada para atender las necesidades asciende a varios miles de pesos, la solicitud que se pone a la atenta consideración de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública es que, en una primera etapa, se autorice una bolsa etiquetada para obras y acciones en materia de desarrollo social del orden de 305 millones de pesos. Las obras a realizarse serían tomadas de la demanda global acumulada, con el fin de evitar el desvío de recursos.

Se trataría de que esta bolsa se distribuyera en la forma más equitativamente posible en la región, siendo fundamental en este proceso el tener la sensibilidad institucional para realizar a través de personal con experiencia y conocimiento de la realidad y de los liderazgos existentes, consultas a las comunidades y propiciar que las obras y acciones a realizarse fueran las decididas y priorizadas en su ejecución por ellas mismas, de conformidad con sus formas de gobierno y procesos asamblearios, con el fin de trabajar bajo un enfoque intercultural y no violentar sus usos y costumbres ni imponer verticalmente algo que, aunque fuera necesario, pudiera ser rechazado por la forma empleada en decidirlo o el orden de su realización.

El municipio de Ensenada tiene un área de 53,304 Kilómetros cuadrados, en el cual se desarrollan actividades acuícola, agrícola, científica, comercial, ganadera, industrial, minera, pesquera, turística y vitivinícola; siendo el de mayor extensión territorial de la República Mexicana. Abarca la mayor parte del Estado de Baja California, colindando al norte con todos los demás municipios de esta entidad: Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana, al sur con el Estado de Baja California Sur; al este con el municipio de Mexicali y el Golfo de California o Mar de Cortés y al oeste con el Océano Pacífico.

El inmenso territorio municipal, la falta de planeación de los asentamientos y el que coexistan en una misma extensión muy diversas características económicas, ambientales, sociales, culturales, socio-demográficas, geográficas y vocaciones productivas, dificultan la existencia de una adecuada cobertura institucional para resolver todas las necesidades y demandas existentes, por lo que existen numerosos problemas y rezagos aún no atendidos. Las autoridades municipales requieren formular estrategias de atención adecuadas a cada región y sector específico; y aplicar programas sociales comunes a la problemática que sea similar en las distintas circunscripciones, colonias y comunidades.

Particularmente el desarrollo agrícola, comercial, industrial, portuario, turístico de Ensenada en los últimos años han acelerado el crecimiento de la población sin precedentes. A lo anterior hay que agregar que Baja California es uno de los Estados de mayor atracción migratoria, tanto por ser frontera con los Estados Unidos, país al que desean entrar –ya sea legal o ilegalmente– miles de mexicanos, centroamericanos y trabajadores provenientes de Sudamérica, como por contar, sobre todo en el Valle de San Quintín, del municipio de Ensenada, con enormes extensiones de campos agrícolas productores de hortalizas de exportación, que demandan mano de obra, que es aportada por jornaleros agrícolas.

El desarrollo económico y el social se encuentran estrechamente vinculados. El desarrollo social no puede descansar exclusivamente en la política social, sobre todo, porque no alcanzarían los recursos presupuestales para atender todas las necesidades. Por otra parte, el crecimiento y la política económica no pueden, por si solas, generar condiciones de equidad y de mejoramiento social. Ambos desarrollados son complementarios y habrán de estar interrelacionados; la política económica que se establezca tendrá que ir de la mano de la política social.

Así, el desarrollo económico condiciona las posibilidades e impacto de la política social; y viceversa, habiendo inversión en capital humano e infraestructura social y un ambiente de equidad, se propician condiciones favorables para el desarrollo económico y la estabilidad política y social que genere igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Desde una perspectiva de la política social, que es la que se trata en este documento, en un contexto de recursos escasos habrán de priorizarse los beneficios sociales directos para la población, como son la salud, la educación, la adecuada nutrición, la vivienda, la protección social, otros servicios básicos y la atención a todos los sectores vulnerables, además de los enlistados constitucionalmente y que correspondan a las necesidades específicas de la región de San Quintín en Ensenada, como son la electrificación donde aún no llega, la construcción de espacios deportivos, escuelas, la instalación de agua potable y drenaje sanitario, plazas públicas, embanquetados, y el establecimiento de programas específicos de atención a sus grupos vulnerables, entre muchas otras obras y acciones necesarias para elevar la calidad de vida de los ensenadenses más pobres, que habitan en San Quintín.

Debe manifestar la voluntad política del más alto nivel para llevar a cabo el cumplimiento de los fines del Estado en materia de desarrollo social.

Requiere definirse mediante el consenso de todos los sectores sociales involucrados, incluyendo a los propios beneficiarios.

El proyecto de Inversión que requiere la región, abarca diferentes sectores, los cuales en conjunto crean el desarrollo que se pretende alcanzar.

El resumen de requerimientos para que se contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 es el siguiente:

Atención grupos vulnerables

Subtotal: $19,791,600.00

Comunicación y transportes

Subtotal: $29,600,000.00

Cultura

Subtotal: $16,755,000.00

Desarrollo metropolitano

Subtotal: $ 5,150,000.00

Desarrollo social

Subtotal: $57,350,000.00

Educación

Subtotal: $57,718,400.00

Juventud y deporte

Subtotal: $ 6,015,000.00

Medio ambiente

Subtotal: $14,420,000.00

Vivienda

Subtotal: $98,2000,000.00

Total: $305,000,000.00

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica destine una partida de 305 millones de pesos para aplicarlos en el Plan de Desarrollo Regional para el Valle de San Quintín, en el estado de Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para la remodelación y el proyecto de la unidad deportiva Rosarito, en Playas de Rosarito, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México es una nación orgullosa de la riqueza milenaria de una cultura que se ha manifestado en muy diversas formas a lo largo de la historia. Hoy, los mexicanos tienen un horizonte formidable de retos y logros y un pasado glorioso al cual volver la mirada. El futuro sólo tiene sentido en función de ese pasado y de un presente que debe asumirse con pasión y orgullo para engrandecer a la patria, dignificando el destino de cada mexicana y de cada mexicano. La cultura de México es la suma de lo mejor del pasado y del presente. Es la voz viva de un pueblo; es el colorido de expresiones que distinguen al país en el mundo. Por ello, el Gobierno de la República considera que fortalecer nuestras manifestaciones culturales es fortalecer a México, y este mismo razonamiento se aplica al arte, el deporte y la recreación. Lamentablemente, las brechas existentes en la sociedad mexicana impiden que gran parte de la población tenga.

Para el ayuntamiento de Rosarito el deporte es una estrategia para que los jóvenes se alejen de actividades ilícitas, por lo que es importante poder apoyar la realización de este tipo de proyectos, toda vez que los deportistas rosaritenses han logrado despuntar y sobresalir en las competencias a nivel nacional.

Por lo que el proyecto dentro de la unidad deportiva Rosarito, adquiere gran importancia, en dicho espacio se carece de espacios para la práctica de deportes de alto rendimiento tales como: Squash, box, raquetbol, frontón, artes marciales y luchas asociadas, dichas disciplinas se pretenden impartir en el gimnasio de usos múltiples cuya medida será de 1,480 m2, la cual también contara con baños, gimnasio de pesas y salón de usos múltiples. Además se pretende techar el área de la alberca y el área de las canchas de basquetbol.

Por otro lado los problemas de seguridad pública de Playas de Rosarito están estrechamente ligados en primer lugar a la drogadicción, siendo sus causas principales la desintegración familiar y las malas relaciones personales de su entorno. Las actividades del municipio enfocadas a la diversión sana de la juventud son escasas entre ellas para la práctica deportiva por lo que aparte de dotar de infraestructura se tendrá que realizar un trabajo arduo de difusión e implementar programas para el entrenamiento de dichas disciplinas.

De ahí lo importante de desarrollar este tipo de espacios, con la construcción de este espacio se busca complementar y modernizar la unidad, construyendo instalaciones con tecnología de primer nivel aplicando el concepto funcional y espacial de la arquitectura contemporánea y el cual permita el máximo desarrollo de los deportistas de Baja California.

Con la remodelación de la Unidad deportiva, se obtendrá un espacio digno y moderno con instalaciones deportivas para la práctica de Squash, box, raquetbol, frontón, artes marciales y luchas asociadas, dichos deportes se estarán impulsando ya que esta será la única unidad deportiva que cuente con áreas específicamente para estos deportes, por lo que tendrá gran impacto en la población. Además este lugar servirá para que los deportistas que sobresalieron en estas disciplinas en las olimpiadas nacionales tengan un lugar para la práctica y también se identifiquen nuevos talentos.

Los espacios públicos deben ser para los ciudadanos y no para los delincuentes. Los criminales deben ser aprehendidos y consignados para que haya tranquilidad en los hogares, las calles, las plazas, en las escuelas, en los centros de trabajo y en donde viven las familias. De esta manera, se fomenta también la convivencia comunitaria, que ayuda a crear redes y generar capital social.

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica destine una partida de 12.87 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la remodelación y proyecto de la unidad deportiva Rosarito, en el municipio de Playas de Rosarito, en el estado de Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir la unidad deportiva Ignacio Zaragoza, en Linares, Nuevo León, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La juventud hoy en día se encuentra expuesta a una campaña de pérdida de valores, ya que si bien es cierto que la juventud es la etapa de mayor crecimiento emocional, donde se prepara para llegar a la edad adulta. La participación del estado debe ser esencial para el fortalecimiento de los valores y principios básicos, que pueden verse reflejados en inversiones aplicadas a la construcción y rehabilitación de áreas recreativas como unidades deportivas, parques, áreas de recreación, etcétera.

Es indispensable invertir en proyectos que apoyen la formación de nuestros jóvenes, ya que esto sin duda alguna es invertir a futuro. Como es sabido en este periodo de la vida se prepara para adquirir nuevas responsabilidades, como formar un hogar o insertarse en la vida laboral

El deporte y la actividad dentro de la formación de los jóvenes se integra en gran parte de su educación, cultura y salud, así mismo, agiliza los conocimientos teóricos y técnicos de su naturaleza. De tal manera se puede decir que el deporte forma parte como un valor de la sociedad que perfecciona a la persona en su dimensión física y a su vez perfecciona a la sociedad a la que pertenece, transmitiendo valores como la lealtad, la energía, la perseverancia y la decisión.

El proyecto de construcción de la unidad deportiva Ignacio Zaragoza que se pone a consideración es de suma importancia para el municipio ya que esta zona donde pretende realizarse existe una gran afluencia de jóvenes y actualmente no cuenta con canchas deportivas, ni áreas de recreación. La inversión traerá grandes beneficios a su comunidad, ya que igualmente sirve como espacio de esparcimiento para familias completas, que sin duda alguna es un punto importante para el desarrollo armónico y normal de la sociedad.

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica destine una partida de 9.5 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la construcción de la unidad deportiva Ignacio Zaragoza; en el municipio de Linares, en el estado de Nuevo León.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el bulevar Zertuche Norte, en Ensenada, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Baja California es una de las entidades del país con mayor turismo nacional y extranjero. Por ello, invertir en infraestructura carretera es de suma importancia para el desarrollo y fortalecimiento del estado, la construcción de carreteras, nodos viales, bulevares y ampliaciones, permitirá la creación de circuitos turísticos y en consecuencia detonará el desarrollo regional.

La infraestructura carretera es uno de los componentes que impacta de mayor manera las diversas ramas del la economía; los beneficios son de mediano y largo plazo, provocando la generación de empleos, lo que conlleva a un progreso en el municipio y sin duda alguna el mejoramiento del estado.

Contar con recursos suficientes a fin de construir, modernizar, rehabilitar y ampliar obras viales en beneficio de la comunidad significa desarrollo en diversos ámbitos, como el turístico y cultural. El problema de viabilidad en el municipio comienza a generar caos vial y peatonal; por ello, la construcción del bulevar Zertuche Norte, es sin duda una obra prioritaria para el municipio, la construcción de éste Bulevar generará un gran impacto para la región, favoreciendo la comunicación, el desarrollo social y económico del municipio y del estado.

El bulevar Zertuche Norte facilitara el acceso a zonas habitacionales populares, creando una ruta alterna al bulevar Reforma, dando servicio a los centros de gobierno y educativos de la zona, beneficiando a 65,000 habitantes

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica destine una partida de 45.00 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la construcción del bulevar Zertuche Norte, en el municipio de Ensenada, en el estado de Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para la apertura del camino tipo rural, tramo entronque a carretera Simojovel de Allende-El Chacacal, en Simojovel, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Diputado Federal Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de pobreza, marginación, atraso y rezagos en infraestructura carretera, educativa, deportiva, de salud, de energía, de vivienda, de servicios; así como de escases de oportunidades de empleo y en general, de desarrollo humano, es hablar de uno de los estados con el mayor contraste nacional. Se trata de Chiapas, estado rico en bellezas naturales, rico en cultura, rico en historia, sin embargo, su gente, sobre todo la de la zona indígena, padece la pobreza más extrema.

Las cifras no pueden ser más elocuentes, de los cien municipios más pobres de México, 28 están en Chiapas. De esos 28, en el distrito en el que fue electo el que suscribe se encuentran 13. Más aún, de los diez municipios más pobres del país, 3 están en Chiapas, todos en el distrito del promovente.

La profundidad e intensidad de la pobreza que existe en el estado cuna de Belisario Domínguez es de tal magnitud, que encabeza la lista de las tres entidades federativas con el mayor número de carencias sociales, de acuerdo a información del Coneval. Chiapas tiene 3.43 millones de pobres multidimensionales: 1.58 en pobreza extrema y 1.85 moderada.

Al referirse Coneval a pobreza multidimensional, se refiera a tres espacios analíticos que comprenden: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. Variables que determinan la multidimensionalidad de un estado especifico de carencias.

En estas condiciones, si alguna entidad requiere de atención y recursos especiales, ese es Chiapas. Los recursos que se demandan para esta entidad no son para fortalecer alguna rama productiva, o detonar el desarrollo regional, son apenas para abrir brechas, que acorten distancias y acerquen algo de bienestar a la gente.

Se trata de justicia mínima para una sociedad alejada de los avances sociales que ha tenido México; que está ausente de recursos básicos, ya no se diga de mercados y globalizaciones que en esa región suenan a años luz de distancia.

En estas condiciones de atraso, es indispensable, entre otras muchas cosas, porque en esas tierras falta todo, invertir en infraestructura carretera y caminos rurales, por su trascendencia para abrirle brecha a mejores oportunidades a la población que habita la montaña y la selva.

Para mucha gente de esas zonas cuesta hora y hasta días de camino salir a un lugar para lograr algún intercambio de productos o la compra de algún alimento.

No se trata de destinar recursos para la modernización, rehabilitación o embellecimiento de vías de comunicación. Se trata de, en un acto de plena justicia, de etiquetar fondos para abrir una esperanza a quienes están muy lejos de nosotros, padeciendo atraso y marginación.

Con este marco de deuda ancestral con nuestros hermanos de las zonas más pobres de Chiapas, es que solicito el apoyo de los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr recursos que abran nuevas esperanzas a un pueblo olvidado. La miseria no tiene colores.

Es hora de tomar las riendas de un México más justo y trabajar todos unidos hasta alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello pongo a la consideración de la Cámara de Diputados, en espera de su respaldo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 17 millones 250 mil 486.33 pesos, para la apertura de 4.550 kilómetros del camino tipo rural, tramo entronque a carretera Simojovel de Allende-El Chacacal, del municipio de Simojovel, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir terracería, obras de drenaje, pavimentación y señalamiento en Chichelalo, de Larráinzar, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de pobreza, marginación, atraso y rezagos en infraestructura carretera, educativa, deportiva, de salud, de energía, de vivienda y de servicios, así como de escasez de oportunidades de empleo y, en general, de desarrollo humano es hablar de uno de los estados con el mayor contraste nacional: Chiapas, rico en bellezas naturales, en cultura y en historia. Sin embargo, su gente, sobre todo la de la zona indígena, padece la pobreza más extrema.

Las cifras no pueden ser más elocuentes: de los 100 municipios más pobres de México, 28 están en Chiapas. De esos 28, en el distrito en que fue elegido el que suscribe se encuentran 13. Más aún, de los 10 municipios más pobres del país, 3 están en Chiapas, todos en el distrito del promovente.

La profundidad e intensidad de la pobreza existente en el estado cuna de Belisario Domínguez es de tal magnitud, que encabeza la lista de las tres entidades federativas con el mayor número de carencias sociales, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas tiene 3.43 millones de pobres multidimensionales: 1.58 en pobreza extrema y 1.85 moderada.

Al referirse el Coneval a pobreza multidimensional, habla de tres espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. Esas variables determinan la multidimensionalidad de un estado específico de carencias.

Si alguna entidad requiere atención y recursos especiales, es Chiapas. Los recursos que se demandan para esta entidad no son para fortalecer alguna rama productiva, o detonar el desarrollo regional: son apenas para abrir brechas, que acorten distancias y acerquen algo de bienestar a la gente.

Se trata de justicia mínima para una sociedad alejada de los avances sociales que ha tenido México; que está ausente de recursos básicos, ya no se diga de mercados y globalizaciones que en esa región suenan a años luz de distancia.

En estas condiciones de atraso es indispensable, entre otras muchas cosas, porque en esas tierras falta todo, invertir en infraestructura carretera y caminos rurales, por su trascendencia para abrir brecha a mejores oportunidades a la población que habita la montaña y la selva.

Para mucha gente de esas zonas, cuesta horas y hasta días de camino salir a un lugar para lograr algún intercambio de productos o comprar alimento.

No se trata de destinar recursos para la modernización, rehabilitación o embellecimiento de vías de comunicación. Se trata de, en un acto de plena justicia, etiquetar fondos para abrir una esperanza a quienes están muy lejos de nosotros, padeciendo atraso y marginación.

Con este marco de deuda ancestral con nuestros hermanos de las zonas más pobres de Chiapas, solicito el apoyo de los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr recursos que abran nuevas esperanzas a un pueblo olvidado. La miseria no tiene colores.

Es hora de tomar las riendas de un México más justo y trabajar todos unidos hasta alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello pongo a consideración de la Cámara de Diputados, en espera de su respaldo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 5 millones 203 mil 89.92 pesos para construir terracería, obras de drenaje, pavimentación y señalamiento de 1.36 kilómetros de camino en Chichelalo, de Larráinzar, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para pavimentar el camino Desvío José María Morelos-Límite Raya con Tabasco, en Huitiupán, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de pobreza, marginación, atraso y rezagos en infraestructura carretera, educativa, deportiva, de salud, de energía, de vivienda y de servicios, así como de escasez de oportunidades de empleo y, en general, de desarrollo humano es hablar de uno de los estados con el mayor contraste nacional: Chiapas, rico en bellezas naturales, en cultura y en historia. Sin embargo, su gente, sobre todo la de la zona indígena, padece la pobreza más extrema.

Las cifras no pueden ser más elocuentes: de los 100 municipios más pobres de México, 28 están en Chiapas. De esos 28, en el distrito en que fue elegido el que suscribe se encuentran 13. Más aún, de los 10 municipios más pobres del país, 3 están en Chiapas, todos en el distrito del promovente.

La profundidad e intensidad de la pobreza existente en el estado cuna de Belisario Domínguez es de tal magnitud, que encabeza la lista de las tres entidades federativas con el mayor número de carencias sociales, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas tiene 3.43 millones de pobres multidimensionales: 1.58 en pobreza extrema y 1.85 moderada.

Al referirse el Coneval a pobreza multidimensional, habla de tres espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. Esas variables determinan la multidimensionalidad de un estado específico de carencias.

Si alguna entidad requiere atención y recursos especiales, es Chiapas. Los recursos que se demandan para esta entidad no son para fortalecer alguna rama productiva, o detonar el desarrollo regional: son apenas para abrir brechas, que acorten distancias y acerquen algo de bienestar a la gente.

Se trata de justicia mínima para una sociedad alejada de los avances sociales que ha tenido México; que está ausente de recursos básicos, ya no se diga de mercados y globalizaciones que en esa región suenan a años luz de distancia.

En estas condiciones de atraso es indispensable, entre otras muchas cosas, porque en esas tierras falta todo, invertir en infraestructura carretera y caminos rurales, por su trascendencia para abrir brecha a mejores oportunidades a la población que habita la montaña y la selva.

Para mucha gente de esas zonas, cuesta horas y hasta días de camino salir a un lugar para lograr algún intercambio de productos o comprar alimento.

No se trata de destinar recursos para la modernización, rehabilitación o embellecimiento de vías de comunicación. Se trata de, en un acto de plena justicia, etiquetar fondos para abrir una esperanza a quienes están muy lejos de nosotros, padeciendo atraso y marginación.

Con este marco de deuda ancestral con nuestros hermanos de las zonas más pobres de Chiapas, solicito el apoyo de los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr recursos que abran nuevas esperanzas a un pueblo olvidado. La miseria no tiene colores.

Es hora de tomar las riendas de un México más justo y trabajar todos unidos hasta alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello pongo a consideración de la Cámara de Diputados, en espera de su respaldo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 119 millones 504 mil 934.06 pesos para pavimentar del kilómetro 0+000 al 24+857.47 del camino Desvío José María Morelos-Límite Raya con Tabasco, de Huitiupán, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para modernizar y ampliar el camino Portugal-El Jardín, en Simojovel, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de pobreza, marginación, atraso y rezagos en infraestructura carretera, educativa, deportiva, de salud, de energía, de vivienda y de servicios, así como de escasez de oportunidades de empleo y, en general, de desarrollo humano es hablar de uno de los estados con el mayor contraste nacional: Chiapas, rico en bellezas naturales, en cultura y en historia. Sin embargo, su gente, sobre todo la de la zona indígena, padece la pobreza más extrema.

Las cifras no pueden ser más elocuentes: de los 100 municipios más pobres de México, 28 están en Chiapas. De esos 28, en el distrito en que fue elegido el que suscribe se encuentran 13. Más aún, de los 10 municipios más pobres del país, 3 están en Chiapas, todos en el distrito del promovente.

La profundidad e intensidad de la pobreza existente en el estado cuna de Belisario Domínguez es de tal magnitud, que encabeza la lista de las tres entidades federativas con el mayor número de carencias sociales, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas tiene 3.43 millones de pobres multidimensionales: 1.58 en pobreza extrema y 1.85 moderada.

Al referirse el Coneval a pobreza multidimensional, habla de tres espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. Esas variables determinan la multidimensionalidad de un estado específico de carencias.

Si alguna entidad requiere atención y recursos especiales, es Chiapas. Los recursos que se demandan para esta entidad no son para fortalecer alguna rama productiva, o detonar el desarrollo regional: son apenas para abrir brechas, que acorten distancias y acerquen algo de bienestar a la gente.

Se trata de justicia mínima para una sociedad alejada de los avances sociales que ha tenido México; que está ausente de recursos básicos, ya no se diga de mercados y globalizaciones que en esa región suenan a años luz de distancia.

En estas condiciones de atraso es indispensable, entre otras muchas cosas, porque en esas tierras falta todo, invertir en infraestructura carretera y caminos rurales, por su trascendencia para abrir brecha a mejores oportunidades a la población que habita la montaña y la selva.

Para mucha gente de esas zonas, cuesta horas y hasta días de camino salir a un lugar para lograr algún intercambio de productos o comprar alimento.

No se trata de destinar recursos para la modernización, rehabilitación o embellecimiento de vías de comunicación. Se trata de, en un acto de plena justicia, etiquetar fondos para abrir una esperanza a quienes están muy lejos de nosotros, padeciendo atraso y marginación.

Con este marco de deuda ancestral con nuestros hermanos de las zonas más pobres de Chiapas, solicito el apoyo de los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr recursos que abran nuevas esperanzas a un pueblo olvidado. La miseria no tiene colores.

Es hora de tomar las riendas de un México más justo y trabajar todos unidos hasta alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello pongo a consideración de la Cámara de Diputados, en espera de su respaldo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 52 millones 650 mil 276.24 pesos para modernizar y ampliar el camino Portugal-El Jardín, kilómetro 0+000 a 8+700, en Simojovel, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir terracerías, obras de drenaje, pavimentación y señalamiento en Jolnachoj, de Larráinzar, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de pobreza, marginación, atraso y rezagos en infraestructura carretera, educativa, deportiva, de salud, de energía, de vivienda y de servicios, así como de escasez de oportunidades de empleo y, en general, de desarrollo humano es hablar de uno de los estados con el mayor contraste nacional: Chiapas, rico en bellezas naturales, en cultura y en historia. Sin embargo, su gente, sobre todo la de la zona indígena, padece la pobreza más extrema.

Las cifras no pueden ser más elocuentes: de los 100 municipios más pobres de México, 28 están en Chiapas. De esos 28, en el distrito en que fue elegido el que suscribe se encuentran 13. Más aún, de los 10 municipios más pobres del país, 3 están en Chiapas, todos en el distrito del promovente.

La profundidad e intensidad de la pobreza existente en el estado cuna de Belisario Domínguez es de tal magnitud, que encabeza la lista de las tres entidades federativas con el mayor número de carencias sociales, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas tiene 3.43 millones de pobres multidimensionales: 1.58 en pobreza extrema y 1.85 moderada.

Al referirse el Coneval a pobreza multidimensional, habla de tres espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. Esas variables determinan la multidimensionalidad de un estado específico de carencias.

Si alguna entidad requiere atención y recursos especiales, es Chiapas. Los recursos que se demandan para esta entidad no son para fortalecer alguna rama productiva, o detonar el desarrollo regional: son apenas para abrir brechas, que acorten distancias y acerquen algo de bienestar a la gente.

Se trata de justicia mínima para una sociedad alejada de los avances sociales que ha tenido México; que está ausente de recursos básicos, ya no se diga de mercados y globalizaciones que en esa región suenan a años luz de distancia.

En estas condiciones de atraso es indispensable, entre otras muchas cosas, porque en esas tierras falta todo, invertir en infraestructura carretera y caminos rurales, por su trascendencia para abrir brecha a mejores oportunidades a la población que habita la montaña y la selva.

Para mucha gente de esas zonas, cuesta horas y hasta días de camino salir a un lugar para lograr algún intercambio de productos o comprar alimento.

No se trata de destinar recursos para la modernización, rehabilitación o embellecimiento de vías de comunicación. Se trata de, en un acto de plena justicia, etiquetar fondos para abrir una esperanza a quienes están muy lejos de nosotros, padeciendo atraso y marginación.

Con este marco de deuda ancestral con nuestros hermanos de las zonas más pobres de Chiapas, solicito el apoyo de los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr recursos que abran nuevas esperanzas a un pueblo olvidado. La miseria no tiene colores.

Es hora de tomar las riendas de un México más justo y trabajar todos unidos hasta alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello pongo a consideración de la Cámara de Diputados, en espera de su respaldo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 6 millones 284 mil 872.35 pesos para construir terracería, obras de drenaje, pavimentación y señalamiento de 1.82 kilómetros de camino en Jolnachoj, de Larráinzar, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir terracerías, obras de drenaje, pavimentación y señalamiento del camino Simojovel-La Pimienta, en Simojovel, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de pobreza, marginación, atraso y rezagos en infraestructura carretera, educativa, deportiva, de salud, de energía, de vivienda y de servicios, así como de escasez de oportunidades de empleo y, en general, de desarrollo humano es hablar de uno de los estados con el mayor contraste nacional: Chiapas, rico en bellezas naturales, en cultura y en historia. Sin embargo, su gente, sobre todo la de la zona indígena, padece la pobreza más extrema.

Las cifras no pueden ser más elocuentes: de los 100 municipios más pobres de México, 28 están en Chiapas. De esos 28, en el distrito en que fue elegido el que suscribe se encuentran 13. Más aún, de los 10 municipios más pobres del país, 3 están en Chiapas, todos en el distrito del promovente.

La profundidad e intensidad de la pobreza existente en el estado cuna de Belisario Domínguez es de tal magnitud, que encabeza la lista de las tres entidades federativas con el mayor número de carencias sociales, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas tiene 3.43 millones de pobres multidimensionales: 1.58 en pobreza extrema y 1.85 moderada.

Al referirse el Coneval a pobreza multidimensional, habla de tres espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. Esas variables determinan la multidimensionalidad de un estado específico de carencias.

Si alguna entidad requiere atención y recursos especiales, es Chiapas. Los recursos que se demandan para esta entidad no son para fortalecer alguna rama productiva, o detonar el desarrollo regional: son apenas para abrir brechas, que acorten distancias y acerquen algo de bienestar a la gente.

Se trata de justicia mínima para una sociedad alejada de los avances sociales que ha tenido México; que está ausente de recursos básicos, ya no se diga de mercados y globalizaciones que en esa región suenan a años luz de distancia.

En estas condiciones de atraso es indispensable, entre otras muchas cosas, porque en esas tierras falta todo, invertir en infraestructura carretera y caminos rurales, por su trascendencia para abrir brecha a mejores oportunidades a la población que habita la montaña y la selva.

Para mucha gente de esas zonas, cuesta horas y hasta días de camino salir a un lugar para lograr algún intercambio de productos o comprar alimento.

No se trata de destinar recursos para la modernización, rehabilitación o embellecimiento de vías de comunicación. Se trata de, en un acto de plena justicia, etiquetar fondos para abrir una esperanza a quienes están muy lejos de nosotros, padeciendo atraso y marginación.

Con este marco de deuda ancestral con nuestros hermanos de las zonas más pobres de Chiapas, solicito el apoyo de los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr recursos que abran nuevas esperanzas a un pueblo olvidado. La miseria no tiene colores.

Es hora de tomar las riendas de un México más justo y trabajar todos unidos hasta alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello pongo a consideración de la Cámara de Diputados, en espera de su respaldo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 35 millones 228 mil 59.94 pesos para construir terracería, obras de drenaje, pavimentación y señalamiento de 8.8 kilómetros del camino Simojovel-La Pimienta, en Simojovel, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir y pavimentar carretera, tramo Majomut-Los Chorros de Chenalhó, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de pobreza, marginación, atraso y rezagos en infraestructura carretera, educativa, deportiva, de salud, de energía, de vivienda y de servicios, así como de escasez de oportunidades de empleo y, en general, de desarrollo humano es hablar de uno de los estados con el mayor contraste nacional: Chiapas, rico en bellezas naturales, en cultura y en historia. Sin embargo, su gente, sobre todo la de la zona indígena, padece la pobreza más extrema.

Las cifras no pueden ser más elocuentes: de los 100 municipios más pobres de México, 28 están en Chiapas. De esos 28, en el distrito en que fue elegido el que suscribe se encuentran 13. Más aún, de los 10 municipios más pobres del país, 3 están en Chiapas, todos en el distrito del promovente.

La profundidad e intensidad de la pobreza existente en el estado cuna de Belisario Domínguez es de tal magnitud, que encabeza la lista de las tres entidades federativas con el mayor número de carencias sociales, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas tiene 3.43 millones de pobres multidimensionales: 1.58 en pobreza extrema y 1.85 moderada.

Al referirse el Coneval a pobreza multidimensional, habla de tres espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. Esas variables determinan la multidimensionalidad de un estado específico de carencias.

Si alguna entidad requiere atención y recursos especiales, es Chiapas. Los recursos que se demandan para esta entidad no son para fortalecer alguna rama productiva, o detonar el desarrollo regional: son apenas para abrir brechas, que acorten distancias y acerquen algo de bienestar a la gente.

Se trata de justicia mínima para una sociedad alejada de los avances sociales que ha tenido México; que está ausente de recursos básicos, ya no se diga de mercados y globalizaciones que en esa región suenan a años luz de distancia.

En estas condiciones de atraso es indispensable, entre otras muchas cosas, porque en esas tierras falta todo, invertir en infraestructura carretera y caminos rurales, por su trascendencia para abrir brecha a mejores oportunidades a la población que habita la montaña y la selva.

Para mucha gente de esas zonas, cuesta horas y hasta días de camino salir a un lugar para lograr algún intercambio de productos o comprar alimento.

No se trata de destinar recursos para la modernización, rehabilitación o embellecimiento de vías de comunicación. Se trata de, en un acto de plena justicia, etiquetar fondos para abrir una esperanza a quienes están muy lejos de nosotros, padeciendo atraso y marginación.

Con este marco de deuda ancestral con nuestros hermanos de las zonas más pobres de Chiapas, solicito el apoyo de los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr recursos que abran nuevas esperanzas a un pueblo olvidado. La miseria no tiene colores.

Es hora de tomar las riendas de un México más justo y trabajar todos unidos hasta alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello pongo a consideración de la Cámara de Diputados, en espera de su respaldo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 48 millones de pesos para construir y pavimentar carretera, tramo Majomut-Los Chorros, kilómetros 0+000 a 12+000, en Chenalhó, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir y pavimentar carretera, tramo Mitontic-Belisario Domínguez, en Chenalhó, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de pobreza, marginación, atraso y rezagos en infraestructura carretera, educativa, deportiva, de salud, de energía, de vivienda y de servicios, así como de escasez de oportunidades de empleo y, en general, de desarrollo humano es hablar de uno de los estados con el mayor contraste nacional: Chiapas, rico en bellezas naturales, en cultura y en historia. Sin embargo, su gente, sobre todo la de la zona indígena, padece la pobreza más extrema.

Las cifras no pueden ser más elocuentes: de los 100 municipios más pobres de México, 28 están en Chiapas. De esos 28, en el distrito en que fue elegido el que suscribe se encuentran 13. Más aún, de los 10 municipios más pobres del país, 3 están en Chiapas, todos en el distrito del promovente.

La profundidad e intensidad de la pobreza existente en el estado cuna de Belisario Domínguez es de tal magnitud, que encabeza la lista de las tres entidades federativas con el mayor número de carencias sociales, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas tiene 3.43 millones de pobres multidimensionales: 1.58 en pobreza extrema y 1.85 moderada.

Al referirse el Coneval a pobreza multidimensional, habla de tres espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. Esas variables determinan la multidimensionalidad de un estado específico de carencias.

Si alguna entidad requiere atención y recursos especiales, es Chiapas. Los recursos que se demandan para esta entidad no son para fortalecer alguna rama productiva, o detonar el desarrollo regional: son apenas para abrir brechas, que acorten distancias y acerquen algo de bienestar a la gente.

Se trata de justicia mínima para una sociedad alejada de los avances sociales que ha tenido México; que está ausente de recursos básicos, ya no se diga de mercados y globalizaciones que en esa región suenan a años luz de distancia.

En estas condiciones de atraso es indispensable, entre otras muchas cosas, porque en esas tierras falta todo, invertir en infraestructura carretera y caminos rurales, por su trascendencia para abrir brecha a mejores oportunidades a la población que habita la montaña y la selva.

Para mucha gente de esas zonas, cuesta horas y hasta días de camino salir a un lugar para lograr algún intercambio de productos o comprar alimento.

No se trata de destinar recursos para la modernización, rehabilitación o embellecimiento de vías de comunicación. Se trata de, en un acto de plena justicia, etiquetar fondos para abrir una esperanza a quienes están muy lejos de nosotros, padeciendo atraso y marginación.

Con este marco de deuda ancestral con nuestros hermanos de las zonas más pobres de Chiapas, solicito el apoyo de los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr recursos que abran nuevas esperanzas a un pueblo olvidado. La miseria no tiene colores.

Es hora de tomar las riendas de un México más justo y trabajar todos unidos hasta alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello pongo a consideración de la Cámara de Diputados, en espera de su respaldo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 22 millones de pesos para construir y pavimentar carretera, tramo Mitontic-Belisario Domínguez, kilómetros 0+000 a 4+000, en Chenalhó, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para apertura de camino, revestimiento y obras de drenaje, en Tres Puentes, de Larráinzar, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de pobreza, marginación, atraso y rezagos en infraestructura carretera, educativa, deportiva, de salud, de energía, de vivienda y de servicios, así como de escasez de oportunidades de empleo y, en general, de desarrollo humano es hablar de uno de los estados con el mayor contraste nacional: Chiapas, rico en bellezas naturales, en cultura y en historia. Sin embargo, su gente, sobre todo la de la zona indígena, padece la pobreza más extrema.

Las cifras no pueden ser más elocuentes: de los 100 municipios más pobres de México, 28 están en Chiapas. De esos 28, en el distrito en que fue elegido el que suscribe se encuentran 13. Más aún, de los 10 municipios más pobres del país, 3 están en Chiapas, todos en el distrito del promovente.

La profundidad e intensidad de la pobreza existente en el estado cuna de Belisario Domínguez es de tal magnitud, que encabeza la lista de las tres entidades federativas con el mayor número de carencias sociales, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas tiene 3.43 millones de pobres multidimensionales: 1.58 en pobreza extrema y 1.85 moderada.

Al referirse el Coneval a pobreza multidimensional, habla de tres espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. Esas variables determinan la multidimensionalidad de un estado específico de carencias.

Si alguna entidad requiere atención y recursos especiales, es Chiapas. Los recursos que se demandan para esta entidad no son para fortalecer alguna rama productiva, o detonar el desarrollo regional: son apenas para abrir brechas, que acorten distancias y acerquen algo de bienestar a la gente.

Se trata de justicia mínima para una sociedad alejada de los avances sociales que ha tenido México; que está ausente de recursos básicos, ya no se diga de mercados y globalizaciones que en esa región suenan a años luz de distancia.

En estas condiciones de atraso es indispensable, entre otras muchas cosas, porque en esas tierras falta todo, invertir en infraestructura carretera y caminos rurales, por su trascendencia para abrir brecha a mejores oportunidades a la población que habita la montaña y la selva.

Para mucha gente de esas zonas, cuesta horas y hasta días de camino salir a un lugar para lograr algún intercambio de productos o comprar alimento.

No se trata de destinar recursos para la modernización, rehabilitación o embellecimiento de vías de comunicación. Se trata de, en un acto de plena justicia, etiquetar fondos para abrir una esperanza a quienes están muy lejos de nosotros, padeciendo atraso y marginación.

Con este marco de deuda ancestral con nuestros hermanos de las zonas más pobres de Chiapas, solicito el apoyo de los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr recursos que abran nuevas esperanzas a un pueblo olvidado. La miseria no tiene colores.

Es hora de tomar las riendas de un México más justo y trabajar todos unidos hasta alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello pongo a consideración de la Cámara de Diputados, en espera de su respaldo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 5 millones 996 mil 34.23 pesos para apertura de camino, revestimiento y obras de drenaje de 3.2 kilómetros en Tres Puentes, de Larráinzar, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir y pavimentar carretera, tramo Yabteclum-Tanate Puebla, en Chenalhó, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de pobreza, marginación, atraso y rezagos en infraestructura carretera, educativa, deportiva, de salud, de energía, de vivienda y de servicios, así como de escasez de oportunidades de empleo y, en general, de desarrollo humano es hablar de uno de los estados con el mayor contraste nacional: Chiapas, rico en bellezas naturales, en cultura y en historia. Sin embargo, su gente, sobre todo la de la zona indígena, padece la pobreza más extrema.

Las cifras no pueden ser más elocuentes: de los 100 municipios más pobres de México, 28 están en Chiapas. De esos 28, en el distrito en que fue elegido el que suscribe se encuentran 13. Más aún, de los 10 municipios más pobres del país, 3 están en Chiapas, todos en el distrito del promovente.

La profundidad e intensidad de la pobreza existente en el estado cuna de Belisario Domínguez es de tal magnitud, que encabeza la lista de las tres entidades federativas con el mayor número de carencias sociales, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas tiene 3.43 millones de pobres multidimensionales: 1.58 en pobreza extrema y 1.85 moderada.

Al referirse el Coneval a pobreza multidimensional, habla de tres espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. Esas variables determinan la multidimensionalidad de un estado específico de carencias.

Si alguna entidad requiere atención y recursos especiales, es Chiapas. Los recursos que se demandan para esta entidad no son para fortalecer alguna rama productiva, o detonar el desarrollo regional: son apenas para abrir brechas, que acorten distancias y acerquen algo de bienestar a la gente.

Se trata de justicia mínima para una sociedad alejada de los avances sociales que ha tenido México; que está ausente de recursos básicos, ya no se diga de mercados y globalizaciones que en esa región suenan a años luz de distancia.

En estas condiciones de atraso es indispensable, entre otras muchas cosas, porque en esas tierras falta todo, invertir en infraestructura carretera y caminos rurales, por su trascendencia para abrir brecha a mejores oportunidades a la población que habita la montaña y la selva.

Para mucha gente de esas zonas, cuesta horas y hasta días de camino salir a un lugar para lograr algún intercambio de productos o comprar alimento.

No se trata de destinar recursos para la modernización, rehabilitación o embellecimiento de vías de comunicación. Se trata de, en un acto de plena justicia, etiquetar fondos para abrir una esperanza a quienes están muy lejos de nosotros, padeciendo atraso y marginación.

Con este marco de deuda ancestral con nuestros hermanos de las zonas más pobres de Chiapas, solicito el apoyo de los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr recursos que abran nuevas esperanzas a un pueblo olvidado. La miseria no tiene colores.

Es hora de tomar las riendas de un México más justo y trabajar todos unidos hasta alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello pongo a consideración de la Cámara de Diputados, en espera de su respaldo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 65 millones de pesos para construir y pavimentar carretera, tramo Yabteclum-Tanate Puebla, kilómetros 0+000 a 12+000, en Chenalhó, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para pavimentación de camino con concreto asfáltico y obras complementarias, en el tramo Bochil-Ejido Pomilo, de Bochil, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de pobreza, marginación, atraso y rezagos en infraestructura carretera, educativa, deportiva, de salud, de energía, de vivienda y de servicios, así como de escasez de oportunidades de empleo y, en general, de desarrollo humano es hablar de uno de los estados con el mayor contraste nacional: Chiapas, rico en bellezas naturales, en cultura y en historia. Sin embargo, su gente, sobre todo la de la zona indígena, padece la pobreza más extrema.

Las cifras no pueden ser más elocuentes: de los 100 municipios más pobres de México, 28 están en Chiapas. De esos 28, en el distrito en que fue elegido el que suscribe se encuentran 13. Más aún, de los 10 municipios más pobres del país, 3 están en Chiapas, todos en el distrito del promovente.

La profundidad e intensidad de la pobreza existente en el estado cuna de Belisario Domínguez es de tal magnitud, que encabeza la lista de las tres entidades federativas con el mayor número de carencias sociales, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas tiene 3.43 millones de pobres multidimensionales: 1.58 en pobreza extrema y 1.85 moderada.

Al referirse el Coneval a pobreza multidimensional, habla de tres espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. Esas variables determinan la multidimensionalidad de un estado específico de carencias.

Si alguna entidad requiere atención y recursos especiales, es Chiapas. Los recursos que se demandan para esta entidad no son para fortalecer alguna rama productiva, o detonar el desarrollo regional: son apenas para abrir brechas, que acorten distancias y acerquen algo de bienestar a la gente.

Se trata de justicia mínima para una sociedad alejada de los avances sociales que ha tenido México; que está ausente de recursos básicos, ya no se diga de mercados y globalizaciones que en esa región suenan a años luz de distancia.

En estas condiciones de atraso es indispensable, entre otras muchas cosas, porque en esas tierras falta todo, invertir en infraestructura carretera y caminos rurales, por su trascendencia para abrir brecha a mejores oportunidades a la población que habita la montaña y la selva.

Para mucha gente de esas zonas, cuesta horas y hasta días de camino salir a un lugar para lograr algún intercambio de productos o comprar alimento.

No se trata de destinar recursos para la modernización, rehabilitación o embellecimiento de vías de comunicación. Se trata de, en un acto de plena justicia, etiquetar fondos para abrir una esperanza a quienes están muy lejos de nosotros, padeciendo atraso y marginación.

Con este marco de deuda ancestral con nuestros hermanos de las zonas más pobres de Chiapas, solicito el apoyo de los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr recursos que abran nuevas esperanzas a un pueblo olvidado. La miseria no tiene colores.

Es hora de tomar las riendas de un México más justo y trabajar todos unidos hasta alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello pongo a consideración de la Cámara de Diputados, en espera de su respaldo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 16 millones 887 mil 715.63 pesos para pavimentación de camino con concreto asfáltico y obras complementarias en el tramo Bochil-Ejido Pomilo, kilómetros 0+000 a 3+340, en Ejido Pomilo, de Bochil, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para modernizar camino, tramo Entronque Rayón-Ribera San Isidro, en Pantepec, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de pobreza, marginación, atraso y rezagos en infraestructura carretera, educativa, deportiva, de salud, de energía, de vivienda y de servicios, así como de escasez de oportunidades de empleo y, en general, de desarrollo humano es hablar de uno de los estados con el mayor contraste nacional: Chiapas, rico en bellezas naturales, en cultura y en historia. Sin embargo, su gente, sobre todo la de la zona indígena, padece la pobreza más extrema.

Las cifras no pueden ser más elocuentes: de los 100 municipios más pobres de México, 28 están en Chiapas. De esos 28, en el distrito en que fue elegido el que suscribe se encuentran 13. Más aún, de los 10 municipios más pobres del país, 3 están en Chiapas, todos en el distrito del promovente.

La profundidad e intensidad de la pobreza existente en el estado cuna de Belisario Domínguez es de tal magnitud, que encabeza la lista de las tres entidades federativas con el mayor número de carencias sociales, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas tiene 3.43 millones de pobres multidimensionales: 1.58 en pobreza extrema y 1.85 moderada.

Al referirse el Coneval a pobreza multidimensional, habla de tres espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. Esas variables determinan la multidimensionalidad de un estado específico de carencias.

Si alguna entidad requiere atención y recursos especiales, es Chiapas. Los recursos que se demandan para esta entidad no son para fortalecer alguna rama productiva, o detonar el desarrollo regional: son apenas para abrir brechas, que acorten distancias y acerquen algo de bienestar a la gente.

Se trata de justicia mínima para una sociedad alejada de los avances sociales que ha tenido México; que está ausente de recursos básicos, ya no se diga de mercados y globalizaciones que en esa región suenan a años luz de distancia.

En estas condiciones de atraso es indispensable, entre otras muchas cosas, porque en esas tierras falta todo, invertir en infraestructura carretera y caminos rurales, por su trascendencia para abrir brecha a mejores oportunidades a la población que habita la montaña y la selva.

Para mucha gente de esas zonas, cuesta horas y hasta días de camino salir a un lugar para lograr algún intercambio de productos o comprar alimento.

No se trata de destinar recursos para la modernización, rehabilitación o embellecimiento de vías de comunicación. Se trata de, en un acto de plena justicia, etiquetar fondos para abrir una esperanza a quienes están muy lejos de nosotros, padeciendo atraso y marginación.

Con este marco de deuda ancestral con nuestros hermanos de las zonas más pobres de Chiapas, solicito el apoyo de los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr recursos que abran nuevas esperanzas a un pueblo olvidado. La miseria no tiene colores.

Es hora de tomar las riendas de un México más justo y trabajar todos unidos hasta alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello pongo a consideración de la Cámara de Diputados, en espera de su respaldo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 45 millones 471 mil 220 pesos para modernizar 9.60 kilómetros de camino, en el tramo Entronque Rayón-Ribera San Isidro, de Pantepec, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para pavimentar camino rural, tramo Ejido Rincón Chamula-Ejido La Florida, en Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de pobreza, marginación, atraso y rezagos en infraestructura carretera, educativa, deportiva, de salud, de energía, de vivienda y de servicios, así como de escasez de oportunidades de empleo y, en general, de desarrollo humano es hablar de uno de los estados con el mayor contraste nacional: Chiapas, rico en bellezas naturales, en cultura y en historia. Sin embargo, su gente, sobre todo la de la zona indígena, padece la pobreza más extrema.

Las cifras no pueden ser más elocuentes: de los 100 municipios más pobres de México, 28 están en Chiapas. De esos 28, en el distrito en que fue elegido el que suscribe se encuentran 13. Más aún, de los 10 municipios más pobres del país, 3 están en Chiapas, todos en el distrito del promovente.

La profundidad e intensidad de la pobreza existente en el estado cuna de Belisario Domínguez es de tal magnitud, que encabeza la lista de las tres entidades federativas con el mayor número de carencias sociales, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas tiene 3.43 millones de pobres multidimensionales: 1.58 en pobreza extrema y 1.85 moderada.

Al referirse el Coneval a pobreza multidimensional, habla de tres espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. Esas variables determinan la multidimensionalidad de un estado específico de carencias.

Si alguna entidad requiere atención y recursos especiales, es Chiapas. Los recursos que se demandan para esta entidad no son para fortalecer alguna rama productiva, o detonar el desarrollo regional: son apenas para abrir brechas, que acorten distancias y acerquen algo de bienestar a la gente.

Se trata de justicia mínima para una sociedad alejada de los avances sociales que ha tenido México; que está ausente de recursos básicos, ya no se diga de mercados y globalizaciones que en esa región suenan a años luz de distancia.

En estas condiciones de atraso es indispensable, entre otras muchas cosas, porque en esas tierras falta todo, invertir en infraestructura carretera y caminos rurales, por su trascendencia para abrir brecha a mejores oportunidades a la población que habita la montaña y la selva.

Para mucha gente de esas zonas, cuesta horas y hasta días de camino salir a un lugar para lograr algún intercambio de productos o comprar alimento.

No se trata de destinar recursos para la modernización, rehabilitación o embellecimiento de vías de comunicación. Se trata de, en un acto de plena justicia, etiquetar fondos para abrir una esperanza a quienes están muy lejos de nosotros, padeciendo atraso y marginación.

Con este marco de deuda ancestral con nuestros hermanos de las zonas más pobres de Chiapas, solicito el apoyo de los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr recursos que abran nuevas esperanzas a un pueblo olvidado. La miseria no tiene colores.

Es hora de tomar las riendas de un México más justo y trabajar todos unidos hasta alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello pongo a consideración de la Cámara de Diputados, en espera de su respaldo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 7 millones de pesos para pavimentar 6.5 kilómetros de camino rural, en el tramo Ejido Rincón Chamula-Ejido La Florida, de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para la apertura del camino San Andrés-Sonora, en San Andrés Duraznal, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de pobreza, marginación, atraso y rezagos en infraestructura carretera, educativa, deportiva, de salud, de energía, de vivienda y de servicios, así como de escasez de oportunidades de empleo y, en general, de desarrollo humano es hablar de uno de los estados con el mayor contraste nacional: Chiapas, rico en bellezas naturales, en cultura y en historia. Sin embargo, su gente, sobre todo la de la zona indígena, padece la pobreza más extrema.

Las cifras no pueden ser más elocuentes: de los 100 municipios más pobres de México, 28 están en Chiapas. De esos 28, en el distrito en que fue elegido el que suscribe se encuentran 13. Más aún, de los 10 municipios más pobres del país, 3 están en Chiapas, todos en el distrito del promovente.

La profundidad e intensidad de la pobreza existente en el estado cuna de Belisario Domínguez es de tal magnitud, que encabeza la lista de las tres entidades federativas con el mayor número de carencias sociales, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas tiene 3.43 millones de pobres multidimensionales: 1.58 en pobreza extrema y 1.85 moderada.

Al referirse el Coneval a pobreza multidimensional, habla de tres espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. Esas variables determinan la multidimensionalidad de un estado específico de carencias.

Si alguna entidad requiere atención y recursos especiales, es Chiapas. Los recursos que se demandan para esta entidad no son para fortalecer alguna rama productiva, o detonar el desarrollo regional: son apenas para abrir brechas, que acorten distancias y acerquen algo de bienestar a la gente.

Se trata de justicia mínima para una sociedad alejada de los avances sociales que ha tenido México; que está ausente de recursos básicos, ya no se diga de mercados y globalizaciones que en esa región suenan a años luz de distancia.

En estas condiciones de atraso es indispensable, entre otras muchas cosas, porque en esas tierras falta todo, invertir en infraestructura carretera y caminos rurales, por su trascendencia para abrir brecha a mejores oportunidades a la población que habita la montaña y la selva.

Para mucha gente de esas zonas, cuesta horas y hasta días de camino salir a un lugar para lograr algún intercambio de productos o comprar alimento.

No se trata de destinar recursos para la modernización, rehabilitación o embellecimiento de vías de comunicación. Se trata de, en un acto de plena justicia, etiquetar fondos para abrir una esperanza a quienes están muy lejos de nosotros, padeciendo atraso y marginación.

Con este marco de deuda ancestral con nuestros hermanos de las zonas más pobres de Chiapas, solicito el apoyo de los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr recursos que abran nuevas esperanzas a un pueblo olvidado. La miseria no tiene colores.

Es hora de tomar las riendas de un México más justo y trabajar todos unidos hasta alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello pongo a consideración de la Cámara de Diputados, en espera de su respaldo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 15 millones 394 mil 635.40 pesos para la apertura del camino San Andrés-Sonora, tramo kilómetros 0+00 a 6+060, en San Andrés Duraznal, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para pavimentación de camino con concreto asfáltico y obras complementarias, en el tramo Bochil-Tierra Colorada, en Bochil, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de pobreza, marginación, atraso y rezagos en infraestructura carretera, educativa, deportiva, de salud, de energía, de vivienda y de servicios, así como de escasez de oportunidades de empleo y, en general, de desarrollo humano es hablar de uno de los estados con el mayor contraste nacional: Chiapas, rico en bellezas naturales, en cultura y en historia. Sin embargo, su gente, sobre todo la de la zona indígena, padece la pobreza más extrema.

Las cifras no pueden ser más elocuentes: de los 100 municipios más pobres de México, 28 están en Chiapas. De esos 28, en el distrito en que fue elegido el que suscribe se encuentran 13. Más aún, de los 10 municipios más pobres del país, 3 están en Chiapas, todos en el distrito del promovente.

La profundidad e intensidad de la pobreza existente en el estado cuna de Belisario Domínguez es de tal magnitud, que encabeza la lista de las tres entidades federativas con el mayor número de carencias sociales, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas tiene 3.43 millones de pobres multidimensionales: 1.58 en pobreza extrema y 1.85 moderada.

Al referirse el Coneval a pobreza multidimensional, habla de tres espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. Esas variables determinan la multidimensionalidad de un estado específico de carencias.

Si alguna entidad requiere atención y recursos especiales, es Chiapas. Los recursos que se demandan para esta entidad no son para fortalecer alguna rama productiva, o detonar el desarrollo regional: son apenas para abrir brechas, que acorten distancias y acerquen algo de bienestar a la gente.

Se trata de justicia mínima para una sociedad alejada de los avances sociales que ha tenido México; que está ausente de recursos básicos, ya no se diga de mercados y globalizaciones que en esa región suenan a años luz de distancia.

En estas condiciones de atraso es indispensable, entre otras muchas cosas, porque en esas tierras falta todo, invertir en infraestructura carretera y caminos rurales, por su trascendencia para abrir brecha a mejores oportunidades a la población que habita la montaña y la selva.

Para mucha gente de esas zonas, cuesta horas y hasta días de camino salir a un lugar para lograr algún intercambio de productos o comprar alimento.

No se trata de destinar recursos para la modernización, rehabilitación o embellecimiento de vías de comunicación. Se trata de, en un acto de plena justicia, etiquetar fondos para abrir una esperanza a quienes están muy lejos de nosotros, padeciendo atraso y marginación.

Con este marco de deuda ancestral con nuestros hermanos de las zonas más pobres de Chiapas, solicito el apoyo de los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr recursos que abran nuevas esperanzas a un pueblo olvidado. La miseria no tiene colores.

Es hora de tomar las riendas de un México más justo y trabajar todos unidos hasta alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello pongo a consideración de la Cámara de Diputados, en espera de su respaldo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 19 millones 62 mil 646.46 pesos para la pavimentación de camino con concreto asfáltico y obras complementarias, en el tramo Bochil-Tierra Colorada, kilómetros 0+000 a 3+235, ramales número 1, kilómetro 0+000-0+240, y 2, kilómetro 3+040-3+329, en Tierra Colorada, de Bochil, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para apertura de camino, revestimiento y obras de drenaje en Tzajalho, de Larráinzar, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de pobreza, marginación, atraso y rezagos en infraestructura carretera, educativa, deportiva, de salud, de energía, de vivienda y de servicios, así como de escasez de oportunidades de empleo y, en general, de desarrollo humano es hablar de uno de los estados con el mayor contraste nacional: Chiapas, rico en bellezas naturales, en cultura y en historia. Sin embargo, su gente, sobre todo la de la zona indígena, padece la pobreza más extrema.

Las cifras no pueden ser más elocuentes: de los 100 municipios más pobres de México, 28 están en Chiapas. De esos 28, en el distrito en que fue elegido el que suscribe se encuentran 13. Más aún, de los 10 municipios más pobres del país, 3 están en Chiapas, todos en el distrito del promovente.

La profundidad e intensidad de la pobreza existente en el estado cuna de Belisario Domínguez es de tal magnitud, que encabeza la lista de las tres entidades federativas con el mayor número de carencias sociales, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas tiene 3.43 millones de pobres multidimensionales: 1.58 en pobreza extrema y 1.85 moderada.

Al referirse el Coneval a pobreza multidimensional, habla de tres espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. Esas variables determinan la multidimensionalidad de un estado específico de carencias.

Si alguna entidad requiere atención y recursos especiales, es Chiapas. Los recursos que se demandan para esta entidad no son para fortalecer alguna rama productiva, o detonar el desarrollo regional: son apenas para abrir brechas, que acorten distancias y acerquen algo de bienestar a la gente.

Se trata de justicia mínima para una sociedad alejada de los avances sociales que ha tenido México; que está ausente de recursos básicos, ya no se diga de mercados y globalizaciones que en esa región suenan a años luz de distancia.

En estas condiciones de atraso es indispensable, entre otras muchas cosas, porque en esas tierras falta todo, invertir en infraestructura carretera y caminos rurales, por su trascendencia para abrir brecha a mejores oportunidades a la población que habita la montaña y la selva.

Para mucha gente de esas zonas, cuesta horas y hasta días de camino salir a un lugar para lograr algún intercambio de productos o comprar alimento.

No se trata de destinar recursos para la modernización, rehabilitación o embellecimiento de vías de comunicación. Se trata de, en un acto de plena justicia, etiquetar fondos para abrir una esperanza a quienes están muy lejos de nosotros, padeciendo atraso y marginación.

Con este marco de deuda ancestral con nuestros hermanos de las zonas más pobres de Chiapas, solicito el apoyo de los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr recursos que abran nuevas esperanzas a un pueblo olvidado. La miseria no tiene colores.

Es hora de tomar las riendas de un México más justo y trabajar todos unidos hasta alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello pongo a consideración de la Cámara de Diputados, en espera de su respaldo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 3 millones 170 mil 58 pesos para la apertura de camino, revestimiento y obras de drenaje de 1.70 kilómetros en Tzajalho, de Larráinzar, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para pavimentación de camino con concreto asfáltico y obras complementarias en el tramo Bochil-Paraje La Yerbabuena, de Bochil, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de pobreza, marginación, atraso y rezagos en infraestructura carretera, educativa, deportiva, de salud, de energía, de vivienda y de servicios, así como de escasez de oportunidades de empleo y, en general, de desarrollo humano es hablar de uno de los estados con el mayor contraste nacional: Chiapas, rico en bellezas naturales, en cultura y en historia. Sin embargo, su gente, sobre todo la de la zona indígena, padece la pobreza más extrema.

Las cifras no pueden ser más elocuentes: de los 100 municipios más pobres de México, 28 están en Chiapas. De esos 28, en el distrito en que fue elegido el que suscribe se encuentran 13. Más aún, de los 10 municipios más pobres del país, 3 están en Chiapas, todos en el distrito del promovente.

La profundidad e intensidad de la pobreza existente en el estado cuna de Belisario Domínguez es de tal magnitud, que encabeza la lista de las tres entidades federativas con el mayor número de carencias sociales, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas tiene 3.43 millones de pobres multidimensionales: 1.58 en pobreza extrema y 1.85 moderada.

Al referirse el Coneval a pobreza multidimensional, habla de tres espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. Esas variables determinan la multidimensionalidad de un estado específico de carencias.

Si alguna entidad requiere atención y recursos especiales, es Chiapas. Los recursos que se demandan para esta entidad no son para fortalecer alguna rama productiva, o detonar el desarrollo regional: son apenas para abrir brechas, que acorten distancias y acerquen algo de bienestar a la gente.

Se trata de justicia mínima para una sociedad alejada de los avances sociales que ha tenido México; que está ausente de recursos básicos, ya no se diga de mercados y globalizaciones que en esa región suenan a años luz de distancia.

En estas condiciones de atraso es indispensable, entre otras muchas cosas, porque en esas tierras falta todo, invertir en infraestructura carretera y caminos rurales, por su trascendencia para abrir brecha a mejores oportunidades a la población que habita la montaña y la selva.

Para mucha gente de esas zonas, cuesta horas y hasta días de camino salir a un lugar para lograr algún intercambio de productos o comprar alimento.

No se trata de destinar recursos para la modernización, rehabilitación o embellecimiento de vías de comunicación. Se trata de, en un acto de plena justicia, etiquetar fondos para abrir una esperanza a quienes están muy lejos de nosotros, padeciendo atraso y marginación.

Con este marco de deuda ancestral con nuestros hermanos de las zonas más pobres de Chiapas, solicito el apoyo de los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr recursos que abran nuevas esperanzas a un pueblo olvidado. La miseria no tiene colores.

Es hora de tomar las riendas de un México más justo y trabajar todos unidos hasta alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello pongo a consideración de la Cámara de Diputados, en espera de su respaldo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 16 millones 146 mil 450.54 pesos para la pavimentación de camino con concreto asfáltico y obras complementarias en el tramo Bochil-Paraje La Yerbabuena, kilómetros 0+000 a 3+420, en Bochil, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para pagar la cuota alimenticia por internos del fuero federal en centros penitenciarios estatales del ramo 36, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal de Nuevo León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al pleno de esta honorable Cámara proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El sistema penitenciario en México sufre de diversas problemáticas que producen que el proceso de reinserción social de los sentenciados se realice de forma eficiente. Algunos problemas radican en las condiciones en que se encuentran las instalaciones de los centros de readaptación y otros tienen origen en aspectos presupuestales.

Dentro de las deficiencias presupuestales encontramos una que es bastante grave para las entidades federativas, que es la saturación de los penales estatales de presos que cumplen alguna condena por cometer algún ilícito concerniente al fuero federal, lo cual representa un alto costo de manutención para las autoridades locales.

Para comprender dicha situación hay que tomar en cuenta que según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, 44 mil 446 personas están encarceladas por su implicación en delitos federales, de los cuales 34 mil 952 se encuentran en centros penitenciarios estatales, mientras que 9 mil 494 en penales federales, lo cual quiere decir que 8 de cada 10 presos por su participación en delitos del fuero federal son custodiados en las instalaciones de las entidades federativas.

El problema se agudiza cuando analizamos que el costo diario de manutención alimenticia de un interno federal es de 173 pesos, sin embargo, la aportación federal es de tan sólo 50 pesos, el resto es aportado por la entidades federativas, situación que se ha convertido en una carga presupuestal importante para los estados y el Distrito Federal, pues también hay que considerar gastos de logística, seguridad, salud y los demás pertinentes para desarrollar todos los trabajos propios del proceso de readaptación social.

De hecho, el presupuesto para el pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal en centros penitenciarios estatales según el proyecto de Presupuesto 2011, dentro del ramo 36, tiene la misma asignación de recursos que en 2010, pero en términos reales es menor si consideramos la inflación, que según el objetivo del Banco de México es de 3 por ciento.

Como se puede observar, el presupuesto es insuficiente y el costo para las entidades federativas es alto, tan sólo para poner un ejemplo, en el penal de Topo Chico, en Nuevo León, 25 por ciento de los presos son del fuero federal y su sobrepoblación es en más de mil personas.

Este problema imposibilita que se pueda cumplir con los ordenamientos jurídicos relacionados con la materia. Como es el caso del párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se establece que “el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir...”, y como vemos en la realidad, estas medidas no son suficientes dado que no aseguran la completa rehabilitación del reo y mucho menos su reinserción en la sociedad.

Por otro lado, la sobrepoblación y la manutención de reos del fuero federal hace que no se pueda realizar un tratamiento especializado para cada reo, tal cual lo mandata el artículo 6 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, en el cual se ordena una correcta clasificación de los reos en instituciones especializadas, no obstante y dado el problema de la falta de recursos, no existe un manejo correcto de los reos en instituciones de alta, media y baja peligrosidad, lo que conlleva a que dentro de la población penitenciaria se encuentren delincuentes tanto del fuero común como del fuero federal y por tanto las cárceles, muchas veces, son verdaderas escuelas del crimen.

Por los argumentos anteriormente mencionados es necesario que se otorguen mayores recursos para que la manutención de presos por delitos federales no sea una carga presupuestal para las entidades federativas, además para que los centros estatales puedan invertir en sus instalaciones y proveer de los esquemas seguridad que permitan una sana reinserción social de las y los sentenciados.

También es necesario que el gobierno federal invierta en la construcción de centros de reinserción social, pues la mayoría de las cárceles estatales están diseñadas para albergar reos de baja peligrosidad, mientras que una gran parte los presos por delitos del fuero federal son catalogados como de alto peligro, lo cual es un riesgo importante para los trabajos de los sistemas penitenciarios de las entidades federativas así como para su seguridad.

Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en el penal de Cieneguillas, en Zacatecas, donde 53 presuntos integrantes de Los Zetas fueron liberados por un comando armado el 16 de mayo de 2009.

También hay que considerar que las entidades federativas hacen un esfuerzo para mantener sus cárceles en óptimas condiciones y sin sobrepoblación con el objetivo de evitar el hacinamiento, la violación de los derechos humanos de los presos, violencia, insalubridad y demás situaciones que eviten el desarrollo de la reinserción social de los sentenciados.

Ante tales consideraciones, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados incrementar sustancialmente los recursos para el pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal en centros penitenciarios estatales del ramo 36.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se propone la adición del artículo 56, en el título quinto, capítulo único, del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Alma Carolina Vaggiano Austria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. La inseguridad constituye uno de los grandes retos que México debe afrontar con corresponsabilidad y visión de estado. En los últimos años la violencia y la delincuencia han presentado incrementos alarmantes que ponen en jaque a las instituciones y generan graves problemas económicos y sociales en las familias mexicanas.

En nuestro país se registran alrededor de 12 millones de delitos, de los cuales sólo millón y medio se denuncian ante el agente del Ministerio Público. De estos, se consignan 250 mil y únicamente 190 mil obtienen sentencia condenatoria. Es decir, tan sólo el 1.5 por ciento de los delitos cometidos en México se sancionan.

La violencia y la delincuencia se vive con distinta intensidad según el estado y el grupo social al que se pertenezca. Los graves problemas socioeconómicos que arrastra el país repercuten en la seguridad y la gobernabilidad. Los hechos violentos tienen lugar no sólo en la calle como actos aislados sino en entornos familiares, escolares y laborales.

Lo anterior genera un entorno propicio para el desarrollo de conductas violentas, para la comisión de delitos y la victimización.

2. La seguridad ciudadana incide en el desarrollo humano e involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores entre los cuales se encuentran las políticas y programas de gobierno; aspectos económicos, sociales, culturales y de salud; así como el entorno físico en que se desarrollan las familias.

En diverso ejercicios de intercambio internacional, de los que México ha formado parte, se ha definido a la Prevención social de la violencia y la delincuencia como el conjunto de políticas públicas orientadas a reducir factores de riesgo que favorecen la generación de violencia, conductas antisociales y la delincuencia, así como influir en sus distintas causas y manifestaciones.

3. De un análisis general realizado por la Subdirección de Economía del Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados a la estructura programática presupuestal del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, resulta que existen por lo menos 24 dependencias y 140 programas con recursos federales que tienen implicaciones directas o indirectas con la prevención social de la violencia y la delincuencia. Es decir, del gasto total propuesto para el próximo ejercicio fiscal, cuando menos el 3.8 por ciento incide en este importante tema.

Sin embargo, pese a existir decenas de programas vinculados a la prevención social de la violencia y la delincuencia, estos se encuentran desarticulados y carecen de una política transversal que los oriente y los sume para incidir en las causas generadoras de la violencia y la delincuencia en México.

En otras palabras, existen múltiples programas que, por encontrarse a cargo de diversas secretarías (Educación Pública, Desarrollo Social, Salud, Seguridad Pública, Gobernación, etcétera), carecen de integralidad en su aplicación y su desarticulación los convierte en acciones aisladas que no contribuyen a mejorar el entorno social, cultural y económico de los mexicanos a efecto de incidir en los índices de violencia y delincuencia.

4. En tal virtud, se considera primordial fijar lineamientos generales que doten de integralidad la ejecución de los programas públicos contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que por su naturaleza se encuentran vinculados a la prevención social de la violencia y de la delincuencia.

Tales lineamientos, deberán ser considerados por las entidades y dependencias de la administración pública federal encargadas de la ejecución de los programas respectivos, de tal forma que se incorpore a la prevención social de la violencia y la delincuencia como elemento transversal a las acciones prioritarias para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

Lo anterior permitirá que todos aquellos programas vinculados a la prevención sean desarrollados tomando en cuenta los grupos prioritarios a los que se enfocarán; la construcción de acciones interinstitucionales para abordar de manera integral las causas que generan la violencia y la delincuencia; así como el desarrollo de estrategias y acciones de prevención social en la aplicación de los recursos públicos en los programas respectivos.

Consecuentemente, se propone que dichos lineamientos sean establecidos mediante la adición de un artículo 56 al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, dentro del Título Quinto donde se detallan otras disposiciones para el ejercicio fiscal.

Para tal efecto, el artículo propuesto, parte de una definición que permita identificar aquellos programas vinculados a la prevención social de la violencia y la delincuencia y enumera en ocho fracciones los aspectos que deberán tomarse en cuenta para incluir una perspectiva de prevención social en la ejecución de los programas respectivos.

De ser aprobada, la inclusión del artículo propuesto, permitirá garantizar que aun y cuando los programas que inciden en la prevención social de la violencia y la delincuencia se encuentren dispersos en distintas entidades y dependencias de la administración pública federal, su ejercicio, en aquellos rubros en que resulte congruente por su propia naturaleza sean ejercidos con una visión integral y transversal que permitan no sólo disminuir los índices delictivos sino crear una mejor ciudadanía y mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere la procedencia de adicionar el artículo 56 dentro del Título Quinto, capítulo único, del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, para quedar como sigue:

Titulo Quinto

Otras disposiciones para el ejercicio fiscal

Capítulo Único

Artículo 47. a 55. ...

Artículo 56. Todos aquellos programas que propicien mejores condiciones de vida e incrementen el bienestar y las posibilidades de desarrollo individual y de la comunidad; incidan en factores de riesgo específicos en niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y poblaciones vulnerables; incidan en la creación de capacidades de desarrollo metropolitano; aborden problemáticas de desarrollo de capacidades de gestión para seguridad; tienen incidencia en la prevención social de la violencia y la delincuencia. Para tal efecto las entidades y dependencias de la administración pública federal deberán considerar, lo siguiente:

I. La incorporación de la prevención social de la violencia y la delincuencia como elemento transversal a las acciones prioritarias para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas;

II. Los diagnósticos gubernamentales y de la sociedad civil que revelen un análisis sistemático de los problemas de la violencia y la delincuencia, sus causas, sus factores de riesgo, factores de protección y consecuencia; incluidas encuestas de victimización;

III. Los ámbitos y grupos prioritarios que deberán ser atendidos sobre la base de los diagnósticos realizados; y debidamente institucionalizados en programas específicos idóneos;

IV. Las principales acciones especificas de ejecución que deben llevarse a cabo, incluidos los procesos de planeación e implementación para la consecución de los objetivos de los programas, además de seminarios y estudios e investigaciones o programas de formación, para asegurar que la aplicación de los recursos se realice de manera apropiada, eficiente, eficaz y sostenible;

V. La movilización y construcción de una serie de acciones interinstitucionales que tengan capacidad para abordar y contrarrestar las causas que generan la violencia y la delincuencia y que incluyan a la sociedad civil;

VI. El desarrollo de estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia en la aplicación de los recursos públicos del programa respectivo;

VII. El desarrollo e implementación de un plan de acciones concretas para la aplicación de los recursos que incluya a la prevención social de la violencia y la delincuencia; y

VIII. El monitoreo y evaluación continuos.”

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputada Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el programa de electrificación rural y sostenibilidad energética en la cuenca del río Lerma, dentro del parque nacional Nevado de Toluca, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicita que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de 3 millones 12 mil 956.00 pesos para el programa de electrificación rural y sostenibilidad energética en la cuenca del rio Lerma dentro del parque nacional Nevado de Toluca, estado de México.

Hechos

A finales de 2007 se realizó una encuesta a los habitantes de las localidades dentro del parque nacional Nevado de Toluca, en la que se les cuestiono sobre el servicio recibido de luz eléctrica, respondiendo 60 por ciento que contaba con un servicio de luz eléctrica aceptable, 34 por ciento recibía un servicio de mediana calidad –pues esta se va deteriorando entre más elevada se localiza la comunidad, aunque la mayoría se quejaron de un mal servicio– y 6 por ciento no disponía de luz eléctrica.

Para determinar las localidades que podrían recibir este apoyo, la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México, a través del Centro de Estudios Territoriales Aplicados, llevó a cabo un análisis de las necesidades en la zona del Nevado de Toluca, concluyendo lo siguiente: las localidades con mayores grados de marginación están identificadas como zonas de pobreza extrema y con problemas sociales en donde su población bajo condiciones de carencias, ubicadas principalmente en los Municipios de Zinacantepec , Almoloya de Juárez, Calimaya y Tenango del Valle, tienden a emigrar, hecho que no propicia ni incentiva los proyectos de desarrollo local.

Las localidades elegidas para beneficiarse de este programa que consiste en la colocación de celdas solares lo fueron de acuerdo a su cercanía una con la otra y al valle de Toluca, su marginación y oportunidad para aumentar su desarrollo, lo que traerá consigo elevar su calidad de vida, ahorro económico e integración social.

Es por lo anterior, que se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por 3 millones 12 mil 956.00 pesos para el programa de electrificación rural y sostenibilidad energética en la cuenca del río Lerma dentro del parque nacional Nevado de Toluca, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el programa de electrificación solar en el zoológico de Zacango, en Calimaya, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo mediante la cual solicita que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por 2 millones 524 mil 160.00 pesos para el programa de electrificación solar en el zoológico de Zacango, en el municipio de Calimaya , estado de México, por lo que presenta el siguiente punto de acuerdo.

Hechos

Considerando una disponibilidad de área aproximadamente 500 metros cuadrados, el sitio de instalación del proyecto foto voltaico está localizado sobre la carretera 55 Metepec-Ixtapan de la Sal kilómetro 7, Santa María Nativitas, municipio de Calimaya, estado de México.

Al considerar el recurso solar de la localidad estimado en un promedio diario mensual de 5.11kilovatios-hora/metros cuadrados para un captador orientado hacia el “sur verdadero” y una inclinación igual a 18 grados, valor cercano de la latitud del lugar, para una superficie en el plano horizontal del captador de 213.25 metros cuadrados, se estará recibiendo una energía promedio diario anual de 130 kilovatios-hora, siempre y cuando el arreglo fotovoltaico (AFV) esté formado por módulos solares con una eficiencia mínima del 14 por ciento

El sitio presenta una buena radiación solar, la temperatura ambiente promedio diario mensual fluctúa los 12 grados Celsius, presentándose valores máximos de 22 grados Celsius y mínimos de -1 grado Celsius, en consecuencia es necesario diseñar una unidad básica de generación fotovoltaica (UB), que se reproducirá en toda el área disponible y que permita realizar una instalación sencilla, estable desde el punto de vista estructural y que presente la mínima sección de área a la carga del viento.

El sistema estará interconectado a la red eléctrica nacional mediante el modelo de contrato de interconexión a la red (CIR) con la CFE en la modalidad de sistema de cogeneración en media escala la interconexión de hasta 500 kilovatios.

Es por lo anterior, que se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por 2 millones 524 mil 160.00 pesos para el programa de electrificación solar en el zoológico de Zacango, en el municipio de Calimaya, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para rehabilitar el alumbrado público por medio de energía solar en Amanalco, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicita que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se consideren recursos por un monto de 42 millones 393 mil 579 pesos para la rehabilitación del alumbrado público por medio de energía solar en el municipio de Amanalco, estado de México, por lo que presento el siguiente punto de acuerdo.

Hechos

Amanalco, estado de México, es predominantemente rural y la parte urbana se encuentra dispersa debido a la tradicional actividad en el campo y la crianza de trucha, situación que no ha permitido despuntar a sus habitantes en lo económico, por lo que al hablar de pobreza extrema es posible diferenciar ciertos sectores por el nivel de consolidación de sus construcciones, pues la mayoría de sus pobladores cuenta con servicios de agua y electricidad.

En el caso de Amanalco la cobertura del servicio eléctrico es del 91.02 por ciento y para la cabecera municipal es de 100 por ciento. Estos sectores podrían definirse en forma circular alrededor de los actuales núcleos urbanos y con mayor precisión hacia el sur de la cabecera municipal, incluso sería la primera red que se rehabilitara, lo cual empíricamente ayudara al crecimiento urbano en el corto plazo.

Amanalco al ser un municipio de bajos recursos ha realizado una gran labor para dotar los servicios básicos que requiere la ciudadanía, aun así existen demandas en la restitución de la energía eléctrica principalmente en la temporada de lluvias, utilizando nuevas y eficientes tecnologías como lo son la tecnología fotovoltaica aislada, iluminación LED y sistemas interconectados para el alumbrado público.

Es por lo anterior, que se solicita a esta soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de 42 millones 393 mil 579 pesos para la rehabilitación del alumbrado público por medio de energía solar en el municipio de Amanalco, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para elaborar un programa de uso de energías alternativas en el estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se consideren recursos por un monto de 3,000,000.00 de pesos (tres millones de pesos 00/100 m.n.) para la elaboración de un programa para utilizar energías alternativas en el estado de México, por lo que presento el siguiente punto de acuerdo

Hechos

Genéricamente se denomina energía alternativa o fuentes de energía alternativa a aquellas fuentes diferentes a las tradicionales o clásicas. Algunos autores la definen como el equivalente al concepto de energía renovable o sustentable.

Las energías alternativas y renovables se basan en los flujos y ciclos implícitos en la naturaleza, son aquellas que se regeneran y se espera que perduren por cientos o miles de años, además se distribuyen en amplias zonas y su adecuada utilización tiene un impacto ambiental favorable en el entorno.

Con el objeto de reducir los costos por consumo de energéticos en las instalaciones y dependencias del gobierno del estado de México y la necesidad de incorporar políticas ambientales se enfatiza la pertinencia de desarrollar un programa para la utilización de energías alternativas y promover su uso eficiente.

En este sentido se pretende producir energía alternativa para pequeñas comunidades y así satisfacer su demanda de electrificación aprovechando sus niveles de insolación, recursos hidráulicos, campos geotérmicos, movimiento horizontal de los vientos, etcétera, disminuyendo la emisión de gases de efecto invernadero.

Es por lo anterior que se solicita a esta soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2011, se consideren recursos por un monto de 3,000,000.00 de pesos (tres millones de pesos 00/100 m.n.) para la elaboración de un programa para utilizar energías alternativas en el estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para fortalecer las capacidades de infraestructura y equipo en investigación nuclear en el estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se consideren recursos por un monto de 180,095,000.00 de pesos (ciento ochenta millones noventa y cinco mil pesos 00/100 m.n.) para el fortalecimiento de las capacidades de infraestructura y equipo en investigación nuclear en el estado de México, por lo que presento el siguiente punto de acuerdo

Hechos

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares tiene como objeto realizar investigación y desarrollo en el campo de la ciencia y la tecnología nuclear, promover su uso pacífico en medio ambiente, salud, alimentación, agroindustria, minería entre otras, así como difundir los avances alcanzados para vincularlos al desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país.

En los últimos años el instituto no ha podido renovar ni incrementar su capacidad en infraestructura y equipo provocando una reducción en su capacidad para coadyuvar a la resolución de los problemas prioritarios de México.

Es por lo anterior que se solicita a esta soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2011, se consideren recursos por un monto de 180,095,000.00 de pesos (ciento ochenta millones noventa y cinco mil pesos 00/100 m.n.) para el fortalecimiento de las capacidades de infraestructura y equipo en investigación nuclear en el estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos a un fondo de rescate completo para defraudados por cajas de ahorro en Oaxaca, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada federal, licenciada Sofía Castro Ríos, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El uso de las cajas de ahorro en el estado de Oaxaca se ha popularizado en gran medida; más de 90 por ciento de los usuarios que las utilizan son de escasos recursos y su única pretensión es proteger el patrimonio que han logrado acumular a lo largo de su vida productiva, porque muchos son jubilados o personas que obtuvieron un retiro y, otros, de los familiares que envían las divisas obtenidas de su trabajo en el exterior. Este segmento poblacional vive en pequeñas comunidades marginadas e indígenas o, en el mejor de los casos, en colonias periféricas de las ciudades del estado. Muchos de ellos no saben leer ni escribir, no hablan castellano, ni tienen acceso a los avances tecnológicos que existen hoy día; es decir, son presa fácil de cualquiera que se diga tener una empresa en la que solo es necesario que se deposite una cifra económica determinada, para que en corto plazo ésta se duplique o triplique. Es cierto que es la emoción por obtener una ganancia fácil la que hace que la población ahorradora deposite su patrimonio en una caja de ahorros, aunado a la ignorancia de la ley que regula el ahorro y préstamo populares, pero también es pertinente señalar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no usa el tiempo oficial en los medios de comunicación para prevenir a los ciudadanos.

En la administración de cada una de las sociedades de ahorro y préstamo siempre existe la “cuenta clave”, “cuenta única”, “cuenta mayor”, “cuenta general”, cualquiera que sea el nombre para denominarla, que concentra los recursos obtenidos de todos y cada uno de los ahorradores, recursos que son destinados, arbitraria y dolosamente de manera contraria a derecho, para situaciones completamente distintas de las que la ley permite en el rubro de ahorro popular.

En las cajas de ahorro del estado se han detectado omisiones como la falta de firma del título de crédito, acta constitutiva no registrada ente el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, estados financieros no auditados o falsos, prestanombres, entre otros, sin que se vean obligados a que sus negocios sean supervisados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o corregidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, nadie, absolutamente nadie puede decidir sobre el futuro de esas captaciones sociales sino únicamente el dueño o propietario y el Consejo de Administración de una Sociedad Cooperativa de ahorro e inversión.

Al día de hoy, en la única organización de defraudados de cajas de ahorro existente en el país, el Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca, A.C, existen 23 mil 157 afectados, debidamente empadronados, que suman un perjuicio económico de 3 mil 515 millones 307 mil 184.28 pesos, pero hay una cantidad incuantificable de ahorradores defraudados de los cuales no se tiene registro, por lo que es necesario que este honorable Congreso de la Unión, del que emergió la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009, sea solidario con quienes han perdido su patrimonio a causa de los fraudes efectuados por los dueños de las cajas de ahorro, quienes amparados en la “prórroga condicionada”, que es el plazo que tienen para tramitar su regularización ante la ley, apoyada por la federación, tienen un plan de trabajo que les ayuda para cumplir con todos los requisitos que requiera la ley para que puedan ser autorizadas y está considerada en la Ley de Ahorro y Crédito Popular; pero que han usado para defraudar a los usuarios, anteponiendo el pretexto de la prórroga condicionada.

Es de suma importancia señalar también que los ahorradores defraudados que depositaron su dinero en cajas cuyo proceso de registro está considerado en la prórroga condicionada, de acuerdo al fideicomiso de pago (Fipago), considerado en la Ley que crea al Fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores; de acuerdo a sus reglas de operación, los defraudados únicamente podrán recuperar 70 por ciento de su inversión con un tope máximo de 260 mil pesos: ahorros mayores a 260 mil pesos se apoyarán con 167 mil pesos, que es el 70 por ciento; de ese porcentaje 40 por ciento es una aportación federal y 30 por ciento debe ser aportado por el estado afectado; sin embargo, la previa etiquetación de recursos hace que los estados afectados no cuenten con la posibilidad de destinar recurso alguno a gastos extraordinarios.

A todas luces las disposiciones del Fipago también resultan un fraude, dado que por lo menos 10 por ciento de los ahorradores depositaron más de 260 mil pesos, encontrándonos casos de mujeres indígenas cuyo patrimonio procedente de envíos de Estados Unidos de América, depositados por sus familiares, rebasan los 4 millones de pesos. Es una obligación moral apoyar esos casos.

Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a efecto de que en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 etiquete la cantidad de 4 mil millones de pesos para un fondo de rescate al 100 por ciento para defraudados de las cajas de ahorro en Oaxaca, en los programas del ramo general 23, “Provisiones salariales y económicas”.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputada Sofía Castro Ríos (rubrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para la Unidad de Vinculación Ciudadana de la Sedena, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propone a la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en cumplimiento a las disposiciones de los artículos 73, fracción XIV, y 89, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desempeña una función importante en el desarrollo del Estado mexicano: preservar la seguridad nacional; sus acciones y resultados derivan de la observancia de las órdenes que el poder civil les encomienda así como de las misiones generales establecidas en el artículo primero de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

El Ejército Nacional, en sus tareas de combate a la delincuencia organizada, ha multiplicado sus actividades y los desafíos que enfrenta, por lo que es obligación de esta Cámara de Diputados no sólo fortalecer el aparato operativo de nuestro Ejército sino ahora también es necesario e ineludible responder a la demanda de reforzar las áreas de respeto a los derechos humanos y de capacitación en materia de equidad de género, áreas que en su conjunto no representan más que el 0.27 por ciento del gasto total de la Sedena, señalado en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.

Recientemente, con el propósito de fortalecer la relación de las fuerzas armadas de la Sedena con la sociedad civil, se emitió el acuerdo por el que se crea en el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos, la Unidad de Vinculación Ciudadana, publicado el 21 de junio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación. Esta unidad se creó con el propósito de contar con un organismo para la solución de conflictos que se generen entre la Sedena y la sociedad en general.

En el acuerdo de creación se precisa la conveniencia de contar con la participación de civiles con experiencia en políticas públicas y vinculación ciudadana. Y las iniciativas en materia de derechos humanos, promoción y desarrollo de la equidad de género y de vinculación ciudadana son esfuerzos institucionales relativamente recientes en la Sedena, razón por la que se requiere su mejoría y ampliación.

Se requiere entonces que la Cámara de Diputados, instancia facultada para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, coadyuve a materializar el cumplimiento del acuerdo de creación de la Unidad de Vinculación Ciudadana, con el propósito de generar las condiciones necesarias para afrontar la solución de conflictos, entre el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la sociedad en general.

Cabe destacar que en el año 2009, se iniciaron los trabajos dedicados a la capacitación y sensibilización de los efectivos en una perspectiva de género. No obstante lo anterior, para el ejercicio del 2010 estos recursos disminuyeron de 200 a 100 millones de pesos y, para el 2011, se tiene proyectado un gasto de 104 millones de pesos, es decir, se mantiene prácticamente igual, pues sólo se le actualiza la inflación.

Por lo que hace específicamente al Programa de Derechos Humanos, a partir de la creación de la dirección general en derechos humanos, en el ejercicio del 2010, se aprobó un monto de 36.5 millones de pesos y para el próximo ejercicio sólo se considera un incremento a 41.5 millones de pesos; sin embargo, este incremento resulta menor a las necesidades de atención al respecto.

En la lucha contra el narcotráfico se debe empeñar todo el esfuerzo en la recuperación de la seguridad, debemos también reconocer errores y tristemente, las muertes de los civiles ocurridas en Acapulco, Tamaulipas o en Monterrey, entre otros. Las condolencias y los pésames no bastan ante las pérdidas irreparables, por lo que es necesario fortalecer y construir los puentes tendentes al acercamiento y fortalecimiento de la relación de la Sedena con la sociedad, para que se respeten los derechos humanos.

Aunque todavía falta desarrollar una metodología para establecer, articular y mantener una efectiva comunicación que permita facilitar la solución de conflictos, lo conducente es reforzar el trabajo y otorgar un presupuesto suficiente a la Unidad de Vinculación Ciudadana así como a los Programas de Derechos Humanos y de Sensibilización en Perspectiva de Género.

Cabe aclarar que para el Programa de Derechos Humanos y el de Capacitación en materia de Perspectiva de Género, aún y cuando se incrementan sus recursos en poco más de 10 millones de pesos, estos no representa más que el 0.27 por ciento del gasto total de la Sedena. Pero además, no es posible tomar presupuesto de esos programas para la Unidad de Vinculación Ciudadana, en virtud de que ese monto se utiliza en actividades institucionales propias de su naturaleza.

Por lo que deberá realizarse un ajuste 300 millones de pesos adicionales al monto contemplado en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, en el Ramo 07, Secretaría de la Defensa Nacional, a fin de contar con los elementos humanos y materiales necesarios para la renovación de las relaciones de las fuerzas armadas con la sociedad civil.

Es por ello que someto a esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con la finalidad de aprobar una ampliación al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 que permita el fortalecimiento de las instituciones armadas de nuestro país y las políticas de respeto a los derechos humanos, en los términos siguientes

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda otorgar, en el Ramo 07, Defensa Nacional, una ampliación presupuestal etiquetada de 300 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera:

a) 100 millones de pesos a la Unidad de Vinculación Ciudadana de la Secretaría de la Defensa Nacional, para el desempeño de sus actividades institucionales relativas al Programa M001 Actividades Apoyo Administrativo;

b) 100 millones de pesos para intensificar las actividades del A900 Programa de Capacitación y Sensibilización para Efectivos en Perspectiva de Género;

c) Así como 100 millones de pesos para intensificar las acciones del Programa A017 Derechos Humanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.

Diputado Rubén Moreira Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para infraestructura deportiva en los municipios donde se requiera, particularmente en Jalisco, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Juan José Cuevas García, diputado en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este pleno propuesta con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La cultura física y el deporte son sin duda alguna dos elementos que contribuyen de manera importante a la conservación de la salud, al mismo tiempo permiten un mejor desarrollo intelectual, propiciando personas más ágiles física y mentalmente.

En este sentido, el gobierno ha emprendido una serie de acciones a efecto de promover que la población realice algún tipo de actividad física, o bien, la práctica de algún deporte con la finalidad de alcanzar un mejor nivel de salud y una mejor calidad de vida.

No obstante dichas acciones, aún hay una escasa cultura física en el país, y en consecuencia se han generado una serie de problemas de salud pública, como son la obesidad, la diabetes y otras enfermedades crónico-degenerativas.

Desafortunadamente el sobrepeso y la obesidad constituyen uno de los problemas de mayor magnitud en todos los grupos de edad, está aumentando a un ritmo acelerado, por lo que hoy más de la mitad de los mexicanos presentan padecimientos de este tipo.

La problemática asociada al exceso de peso corporal afecta también a la población joven, esto debido a que de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano de la Juventud, la realización de alguna actividad física es reducida entre este grupo poblacional, toda vez que “60 por ciento de los jóvenes no practica ninguna actividad física”. 1

Aunado a este problema de salud que se presenta entre los jóvenes, existen otros como son el consumo cada vez más frecuente de alcohol, drogas y tabaco. Al respecto tenemos que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, “los jóvenes entre 12 y 17 años presentan mayores prevalencias en los niveles considerados como bebedores altos y con abuso/dependencia”. Asimismo, datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2 señalan que 63 de cada 100 jóvenes mexicanos fuman, es decir, que se tienen más de 21 millones de fumadores jóvenes, de los cuales, los porcentajes más elevados se registran entre los 20 y 24 años con 69 por ciento y de 25 a 29 años con 65 por ciento.

Sumado a las adicciones, la falta de oportunidades para acceder a la educación y a un empleo, hacen más vulnerable a este sector y conforman factores de riesgo que los llevan en muchas ocasiones a realizar actividades delictivas y a unirse a la delincuencia organizada.

Estos problemas pueden prevenirse acercando a nuestros jóvenes a todos aquellos espacios e instalaciones en donde puedan practicar de manera regular actividades físicas, deportivas y recreativas, ya que conforman una de las opciones más viables para el uso del tiempo libre.

En este sentido, resulta de gran importancia contar con infraestructura deportiva suficiente y óptima para que la población y en especial nuestros jóvenes mexicanos desarrollen actividades físicas y deportivas, logrando así mejorar su calidad de vida.

Sin duda, el desarrollo de infraestructura e instalaciones adecuadas y funcionales a lo largo del país, constituirá un medio eficaz para promover la práctica del deporte entre los jóvenes y alejarlos de la delincuencia y las adicciones.

Indudablemente tenemos un compromiso con la juventud, por ello debemos facilitarles más y mejores espacios en los que puedan desarrollar deportes en todas sus modalidades. En este sentido, es de suma relevancia continuar invirtiendo en la infraestructura deportiva municipal, ya que a través de diversos proyectos se fortalecerá el desarrollo de una cultura física y deportiva beneficiando directamente a las comunidades y en especial a la juventud.

Como diputado federal por el estado de Jalisco, conozco la problemática que enfrenta la población joven de la entidad, la cual no se encuentra ajena al desempleo, al rezago educativo, a las adicciones y a la delincuencia. Asimismo, estoy conciente de que la mejor manera para hacerle frente a esta situación es apoyar a los distintos municipios, a fin de que continúen generando acciones para crear, ampliar y mejorar los espacios para la práctica del deporte.

Por lo que propongo se tenga a bien considerar mayores recursos para los municipios de Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Villa Purificación, Atengo, Atenguillo, Ayutla, Cuautla, Guachinango, Mixtlán, Talpa de Allende, Mascota, San Sebastián del Oeste y Puerto Vallarta, para apoyar la realización de diversos proyectos de infraestructura deportiva y atender las necesidades de promoción y fortalecimiento del deporte entre la población.

En Acción Nacional estamos convencidos de que en la medida en que contemos con más y mejores instalaciones deportivas en donde se realicen actividades físicas y se practiquen diversos deportes, podremos prevenir que muchos de nuestros jóvenes caigan en las adicciones y en la delincuencia.

Por lo expuesto, someto a su consideración, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Juventud y Deporte de la honorable Cámara de Diputados a considerar mayores recursos para el ejercicio fiscal de 2011 para infraestructura deportiva en los municipios de las distintas entidades del país en donde se requiera, particularmente para los municipios de Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Villa Purificación, Atengo, Atenguillo, Ayutla, Cuautla, Guachinango, Mixtlán, Talpa de Allende, Mascota, San Sebastián del Oeste y Puerto Vallarta, del estado de Jalisco; con el propósito de contar con más espacios para fomentar la práctica del deporte entre los jóvenes.

Notas

1 Perspectiva de la juventud 2008.

2 Realizada por el Instituto Mexicano de la Juventud en 2005.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputado Juan José Cuevas García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de mantenimiento y remodelación de las instalaciones deportivas de Miguel Hidalgo, Distrito Federal, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Gabriela Cuevas Barron, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en el artículo 4o. como garantía constitucional el derecho universal de toda persona a tener un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

El citado precepto establece que los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

El eje rector de igualdad de oportunidades del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 establece la necesidad de promover las actividades físicas en los planteles escolares y de deporte en todo el país, así como fomentar una cultura física que incentive a todos los mexicanos a realizar algún ejercicio o deporte de manera regular.

En el Distrito Federal, la obligación de construir, rehabilitar y mantener centros de servicio social, cultural y deportivo recae en los órganos político-administrativos, de conformidad con lo establecido en la fracción XXXI del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. También les corresponde atender y vigilar su adecuado funcionamiento, incluidos la instalación de bebederos de agua potable y el mantenimiento de los ya instalados, así como la construcción y rehabilitación de espacios con la infraestructura humana, inmobiliaria y material necesaria para la educación física y la práctica de las diversas especialidades deportivas.

La Ley de Educación Física y del Deporte del Distrito Federal establece que el Instituto del Deporte del Distrito Federal y los órganos político-administrativos tienen la obligación de construir, equipar, mantener, rehabilitar y supervisar las instalaciones deportivas de la capital para que éstas puedan ser utilizadas de manera eficiente y segura por todas las personas que acudan a realizar actividades y disciplinas deportivas.

En el Distrito Federal hay 160 instalaciones deportivas, sin contar los módulos deportivos. Miguel Hidalgo ocupa el cuarto lugar por número de deportivos; Gustavo A. Madero tiene el primero, con 22 deportivos. En tanto, La Magdalena Contreras y Xochimilco se encuentran en segundo, con 19 unidades; y Tláhuac en tercero, con 13.

Delegación Deportivos

Álvaro Obregón 8

Azcapotzalco 8

Benito Juárez 5

Coyoacán 4

Cuajimalpa de Morelos 2

Cuauhtémoc 9

Gustavo A. Madero 22

Iztacalco 8

Iztapalapa 12

La Magdalena Contreras 19

Miguel Hidalgo 12

Milpa Alta 0

Tláhuac 13

Tlalpan 11

Venustiano Carranza 8

Xochimilco 19

Total 160

Miguel Hidalgo concentra en su territorio un número importante de este tipo de equipamiento de recreación y deporte que, por sus dimensiones, es considerado de carácter metropolitano y en el cual se entrena a deportistas de alto rendimiento.

Además de los 12 deportivos, cuenta con 18 módulos, que dan servicio a los usuarios de las 81 colonias de la delegación y a todo el Distrito Federal. Entre los principales centros deportivos se encuentra el Plan Sexenal, que atiende a más de 5 mil usuarios y cuya población flotante triplica esta cantidad.

Centros deportivos, delegación Miguel Hidalgo

Deportivo Colonia

Plan Sexenal Nextitla

José María Morelos y Pavón Pensil Norte

Parque Lira Ampliación Daniel Garza

Constituyentes Ampliación Daniel Garza

Gran Libertador Lomas de Sotelo

Valle Escandón Escandón, Primera Sección

Anáhuac Tlaxpana

18 de Marzo San Diego Ocoyoacac

San Lorenzo Tlaltenango San Lorenzo Tlaltenango

Centro Hípico Lomas de Chapultepec, Tercera Sección

Gimnasio Miguel Hidalgo Nuevo México

Nueva Argentina Argentina Poniente

Sin embargo, en la mayoría de las instalaciones deportivas de Miguel Hidalgo el deterioro es una constante, pese a que año con año se inyectan recursos para el mantenimiento y mejoramiento de los 12 centros deportivos que, por sus dimensiones, requieren mayor inversión y mejoras de gran tamaño. Sólo por mencionar algunas, se citan las siguientes:

• Las canchas deportivas requieren pintura perimetral y de tableros, así como cambio de redes y de luminarias.

• Las áreas de juegos necesitan soldaduras y, en el mejor de los escenarios, la sustitución completa de los módulos por unos de material que no represente tanto riesgo para los infantes, como los actuales de lámina.

• Las instalaciones sanitarias y de regaderas necesitan sustitución de mobiliario, recubrimientos y tubería.

• Las techumbres y estructuras requieren sustitución de piezas y soldaduras.

• Las albercas necesitan calderas, pintura y recubrimientos.

• Las mallas que delimitan las áreas internas se encuentran dobladas o rotas.

• Las llaves de agua presentan en la mayoría de los casos fugas.

• Faltan adecuaciones para que las personas con capacidades especiales puedan acceder a todas las instalaciones.

• No hay pisos antiderrapantes en las áreas húmedas de las instalaciones.

Los centros deportivos deben ser vistos como agentes de transformación a través de los cuales se exalten valores como la disciplina y la constancia, pues con la práctica de la actividad física y el deporte pueden lograrse la integración familiar y el desarrollo integral de niños, de jóvenes y de adultos para que sean competentes y competitivos en todas las acciones de la vida.

Destinar mayores recursos para ejecutar obras de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones mejorará el estado y la imagen de la infraestructura de los deportivos de Miguel Hidalgo, lo cual también incentivará a la población a realizar alguna práctica deportiva en los espacios adecuados.

Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar un incremento de 70 millones de pesos en el ejercicio de 2011 para realizar obras de mantenimiento y remodelación en las instalaciones deportivas de la delegación Miguel Hidalgo.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.

Diputada Gabriela Cuevas Barron (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al ejercicio de los recursos federales en materia de seguridad pública asignados a estados, a municipios y al Distrito Federal, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Gabriela Cuevas Barron, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, relativo al ejercicio de los recursos federales en materia de seguridad pública asignados a estados, municipios y al Distrito Federal, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La seguridad pública es una función con competencia concurrente entre la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal, que requiere de la mejor coordinación entre autoridades para lograr la máxima eficiencia en la aplicación de los recursos públicos a fin de lograr ciudades y colonias más seguras en donde puedan vivir con tranquilidad las familias mexicanas.

Los recursos económicos en materia de seguridad pública se traducen en condición necesaria para implementar con éxito la estrategia nacional en la materia y para cumplir cabalmente con las obligaciones constitucionales a cargo del Estado mexicano.

Así, la Ley de Coordinación Fiscal establece que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se constituye con cargo a recursos federales, que son determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Por su parte, la honorable Cámara de Diputados, en ejercicio de las facultades exclusivas que le encomienda el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispuso en el anexo 14 (ramo 33, “Aportaciones federales para entidades federativas y municipios”) del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2010, que el citado fondo tendría un monto de 6 mil 916.8 millones de pesos, y que el monto total del ramo 36, “Seguridad pública” sería de 32 mil 437.7 millones de pesos.

Además, de conformidad con el artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación, se determinó la cantidad de 4 mil 137.9 millones de pesos para el otorgamiento de subsidios a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal con el objeto de fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública. Con este monto se apoyaron 206 municipios con altos índices delictivos, mientras que en el ejercicio fiscal 2008, con un presupuesto de 3 mil 589.4 millones de pesos, se apoyaron 150 municipios del país.

En ese marco de actuación, los gobiernos beneficiados con ese subsidio adquieren una serie de compromisos para llevar a cabo acciones tendentes a profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad pública, así como a mejorar la infraestructura de las corporaciones, en el marco de las disposiciones legales aplicables.

Además, los gobiernos beneficiados deben reportar trimestralmente la información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del fondo; las disponibilidades financieras del fondo con las que, en su caso, cuenten, y el presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente.

En ese mismo tenor, encontramos que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad contiene como compromiso XXIV “garantizar la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos para los programas de seguridad pública”.

De acuerdo con la información que proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través de la matriz de cumplimiento de requisitos del Subsemun, con corte al 8 octubre 2010, existen reportes parciales de los gobiernos beneficiados sobre el ejercicio de los recursos financieros recibidos, así como respecto de la comprobación del inicio de los procesos de contratación de las obras, adquisiciones y acciones.

Es por ello que resulta necesario exhortar a los gobiernos beneficiados de los recursos aportados por la Federación a través del Subsemun y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, que destinen y ejerzan los recursos recibidos a los objetos, materias y fines establecidos, así como que reporten oportunamente a las instancias correspondientes, así como informen a esta Cámara de Diputados, el cumplimiento de las metas y objetivos afectos al ejercicio de tales recursos.

Por lo anterior, someto a aprobación de la asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los gobiernos beneficiados de los recursos aportados por la federación a través del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, a destinar y ejercer oportunamente los recursos recibidos para cumplir los objetos, materias y fines conducentes.

Segundo. Se exhorta a los gobiernos beneficiados de los recursos aportados por la Federación a través del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, a reportar oportunamente a las instancias correspondientes y a informar a esta Cámara de Diputados, el cumplimiento de las metas y los objetivos afectos al ejercicio de tales recursos.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, recinto legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2010.

Diputada Gabriela Cuevas Barron (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF a presentar ante la ALDF una iniciativa de Ley de Coordinación Fiscal del Distrito Federal para fortalecer la autonomía administrativa de los órganos político-administrativos, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Gabriela Cuevas Barron, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal a presentar ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una iniciativa de Ley de Coordinación Fiscal del Distrito Federal, para fortalecer la autonomía administrativa de los órganos político-administrativos al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las nuevas circunstancias que enfrenta el país exigen ir hacia adelante y construir los acuerdos necesarios para modernizar el andamiaje institucional del sistema político. Para modernizar a México, es necesaria la corresponsabilidad de los tres poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno.

En este sentido, es necesario impulsar la corresponsabilidad y subsidiariedad entre los gobiernos federal, estatal y municipal. Se debe fortalecer su colaboración, así como evitar duplicidades u omisiones para dar solución expedita a los problemas cotidianos que enfrentan los ciudadanos. Dicho de otra manera, se debe fortalecer el sistema federal, reconociendo la importancia de la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno, al tiempo que se está consciente de la necesidad de impulsar el ejercicio responsable de las funciones que corresponden a cada uno de ellos.

A la par, se requiere fortalecer la autonomía y las capacidades de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía. De esta manera, los gobiernos locales se convertirán en actores fundamentales del pacto federal y tendrán una mayor participación en la planeación y programación de las políticas públicas sectoriales y regionales, pues se armonizarán dos necesidades: los gobiernos obtendrán mayores recursos, pero también rendirán cuentas sobre el uso de los mismos.

Si bien es cierto las demarcaciones territoriales en el Distrito Federal no son municipios, existen varios ordenamientos que las señalan como beneficiarias de aportaciones federales. Además, en virtud de algunas controversias constitucionales que se han interpuesto desde el 2000, la Suprema Corte de Justicia de la Nación las ha reconocido como otro nivel de gobierno, distinto al gobierno del Distrito Federal.

Por su parte, el gobierno del Distrito Federal en su Programa General de Desarrollo 2007-2012 menciona como una obligación luchar junto con los habitantes de la ciudad para defender sus derechos a una ciudadanía plena, a un gobierno moderno, eficiente y transparente, con las facultades suficientes para promover el crecimiento económico y el bienestar social. En el mismo sentido, el artículo 12 del Estatuto de Gobierno señala que la organización política y administrativa del Distrito Federal debe atender, entre otras cosas, a la definición de políticas en materia de finanzas públicas para asegurar la estabilidad financiera y solidez fiscal de la capital.

La Ciudad de México alcanzó el derecho a un gobierno electo desde 1996, cuando el Congreso de la Unión aprobó las reformas constitucionales que permitieron la elección de un jefe de gobierno. Sin embargo, sigue sin reconocerse el derecho a tener gobiernos delegacionales con las facultades necesarias para atender el conjunto de necesidades que demanda la población, como sí lo tienen los estados de la república.

Tómese en cuenta que en el periodo 2007-2009, las delegaciones solamente tuvieron disponibles, en promedio, 17 por ciento del total de los ingresos recibidos por el gobierno del Distrito Federal, aún cuando es el primer vínculo con el ciudadano.

Además, el limitado ámbito de competencias del Distrito Federal dificulta la operación de la coordinación metropolitana. De proseguir las deficiencias en la coordinación metropolitana, problemas urgentes como el reordenamiento territorial, la calidad ambiental y el manejo de desechos rebasarán las capacidades de los gobiernos delegacionales.

Para lograr lo anterior, se requiere una reforma administrativa que dote a los gobiernos delegacionales de las facultades suficientes para que puedan atender las necesidades ciudadanas. Con ella se busca un trato fiscal equitativo a fin de incrementar la capacidad de planeación social, económica y financiera del gobierno capitalino.

Se considera necesario obtener las condiciones necesarias para incrementar la autonomía tributaria y financiera, así como un trato fiscal más justo al interior del Distrito Federal. Con ello se pretende apoyar la transparencia en el gobierno y establecer la rendición de cuentas como principio rector en el ejercicio presupuestal.

Se requiere establecer un sistema de coordinación fiscal y financiera del Distrito Federal con la finalidad de modernizar las finanzas públicas de las delegaciones en beneficio de sus habitantes, incentivar la recaudación delegacional conforme a sus facultades actuales, dar transparencia al proceso de determinación y transferencia de los montos de las participaciones y transferencias a las delegaciones y establecer las bases, los montos y los plazos de la distribución de las participaciones federales.

Con esto, la Secretaría de Finanzas deberá calcular y entregar con periodicidad mensual los recursos presupuestales a las delegaciones conforme a los fondos que establece la Ley de Coordinación Fiscal Federal y al monto determinado por la Asamblea Legislativa de los recursos propios y deuda aprobada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Una de las medidas más importantes que se deberá tener en cuenta durante el diseño de dicho sistema será el establecimiento de un fondo delegacional de participaciones y una determinación de criterios mencionados en el artículo 28 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, mediante el establecimiento de fórmulas claras que deriven en porcentajes de distribución con indicadores públicos y oficiales.

Además, será preciso establecer que datos como el nivel de marginación, la población, la infraestructura y el equipamiento urbano, no permiten distribuir de manera justa los ingresos de la Ciudad de México, por lo que se deberán tomar en cuenta otros factores, como la necesidad de servicios, la eficiencia en la prestación de éstos, la innovación, la educación, entre otros. Asimismo, se deberá eliminar la injerencia de la Secretaría de Finanzas en la determinación de los requerimientos mínimos de operación de los servicios públicos de las Delegaciones o de su programa de inversión.

Por lo anterior, y tomando en cuenta que el gobierno del Distrito Federal se ha comprometido a impulsar reformas legislativas que den al Distrito Federal los mismos derechos, obligaciones y atribuciones de una entidad federativa, someto a la aprobación de la asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a presentar ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una iniciativa de Ley de Coordinación Fiscal del Distrito Federal, para fortalecer la autonomía administrativa de los órganos político-administrativos.

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2010.

Diputada Gabriela Cuevas Barron (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para llevar a cabo los proyectos de inversión en materia de seguridad pública en Baja California, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales Sergio Tolento Hernández, Óscar Martín Arce Paniagua, Alejandro Bahena Flores, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Gastón Luken Garza, César Mancillas Amador, Francisco Javier Orduño Valdez, Miguel Antonio Osuna Millán, José Luis Ovando Patrón y Francisco Arturo Vega de Lamadrid, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo con el propósito de que se consideren recursos a fin de llevar a cabo los proyectos de inversión en materia de seguridad pública del estado de Baja California para el ejercicio presupuestal 2011, lo anterior, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La seguridad pública es uno de los mayores problemas que la sociedad en México debe de enfrentar, la seguridad es una exigencia de la sociedad toda para que el gobierno cumpla sus compromisos fundamentales, es por ello que debemos redoblar esfuerzos para atender la integridad, las libertades y derechos de los ciudadanos, así como para garantizar la aplicación irrestricta de la ley.

Para hacer a Baja California un estado más seguro, en donde sus habitantes cuenten con un ambiente de tranquilidad y respeto para el desarrollo social, se están instrumentando un conjunto de estrategias en las vertientes de prevención del delito, procuración, administración de justicia y readaptación social con la participación de las instituciones de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil.

La tendencia a mejorar y ampliar la cobertura en materia de seguridad pública, se pretende cristalizar mediante la inversión en equipamiento e infraestructura, garantizando el cumplimiento de las leyes y reglamentos, encaminadas a guardar el orden público, recuperando la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, por ello, resulta imperativo el dotar a las corporaciones encargadas de velar por la Seguridad y Justicia de la ciudadanía de infraestructura digna y moderna

Optimizar el sistema estatal penitenciario en todos sus ámbitos como lo son la readaptación y reinserción social, justicia para menores, dignificación del trato a la población penitenciaria, despresurización de los centros de internación, capacitación y profesionalización del personal de seguridad y custodia y la aplicación puntual de los derechos de los internos para alcanzar preliberación o liberación anticipada, entre otros aspectos, implican también la realización de un profundo y preciso diagnóstico para definir acciones concretas que dentro de un programa de seguridad pública prevea la aplicación de medidas correctivas que brinden resultados primarios concretos y duraderos, por ello planteamos la necesidad de la inversión en materia de seguridad para el estado de Baja California.

La construcción del Centro de Diagnóstico para Adolescentes en Tijuana, ofrecerá abatir el alto déficit de espacios para los centros de diagnostico en una ciudad que tiene los más altos índices de delincuencia en el estado.

Esto permitirá contar con una adecuada clasificación de los adolescentes, separando a los que se encuentran en etapa de diagnóstico, de aquéllos que están cumpliendo con su medida de tratamiento.

La construcción del Centro de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, eficientará los procesos de investigación de la Procuraduría General de Justicia, estos serán con una alta precisión científica y documental en sustento de los procedimientos judiciales, además de dotar de la infraestructura necesaria para con métodos y equipo científico obtener datos e información que se utiliza con valor probatorio en el nuevo modelo de justicia.

Con la inversión realizada en el equipamiento técnico y científico de la jefatura de servicios periciales de Mexicali, que tiene la función de atender la demanda de dictámenes periciales en tránsito terrestre, balística comparativa y de identificación, criminalística de campo, médicos, grafos copia, avalúos de muebles e inmuebles, dactiloscopia y dictámenes químicos.

La construcción del centro de Seguridad y Justicia en Ensenada, obra que implica el diseño y desarrollo de un conjunto de proyectos de moderna infraestructura acorde con los principios y las características funcionales de las instituciones operativas del nuevo modelo penal de corte acusatorio y oral.

Este Centro de Seguridad y Justicia contempla la construcción de 2 edificios para 4 juzgados, centro integral de atención ciudadana espacios de dormitorios, administración y servicios de alimentación, salud, educación, con criterios de seguridad y control e investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Es importante contar con un sistema de seguridad, procuración y administración de justicia que permita otorgar a la población en general un servicio en instalaciones funcionales suficientes y dignas, por ello es importante señalar que este nuevo sistema de justicia generará en el estado los siguientes efectos positivo como la modernización y mayor eficacia y transparencia en la procuración y administración de justicia en el estado; una justicia penal más humana, transparente, eficiente, accesible y expedita; Una mejor atención y protección de las víctimas de los delitos y que su voz sea escuchada dentro del proceso penal; la resolución de los conflictos penales de manera más efectiva, a través de salidas alternas de solución de controversias como la justicia alternativa, lo que permitirá a su vez fomentar la cultura de la paz; la racionalización adecuada de los recursos humanos y materiales con que cuenta el Poder Judicial y la PGJE, para enfocarse con mayor precisión a los delitos que más impactan a la sociedad.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de este pleno, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 100 millones de pesos para la construcción del Centro de Centro de Diagnóstico para Adolescentes en Tijuana, en el estado de Baja California.

Segundo.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 70 millones de pesos para la construcción de Centro de Servicios Periciales para la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California.

Tercero.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 150 millones de pesos para la construcción del Centro de Seguridad y Justicia en Ensenada, en el estado de Baja California.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 4 de noviembre de 2010.

Diputados: Sergio Tolento Hernández, Óscar Martín Arce Paniagua, Alejandro Bahena Flores, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Gastón Luken Garza, César Mancillas Amador, Francisco Javier Orduño Valdez, Miguel Antonio Osuna Millán, José Luis Ovando Patrón, Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir, modernizar y equipar infraestructura deportiva en Baja California, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales Sergio Tolento Hernández, Óscar Martín Arce Paniagua, Alejandro Bahena Flores, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Gastón Luken Garza, César Mancillas Amador, Francisco Javier Orduño Valdez, Miguel Antonio Osuna Millán, José Luis Ovando Patrón y Francisco Arturo Vega de Lamadrid, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo a fin de que se consideren recursos para la construcción y modernización de infraestructura deportiva en el estado de Baja California para el ejercicio presupuestal 2011, lo anterior, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Entre las actividades que promueven el desarrollo integral equilibrado de los individuos, se consideran la práctica del deporte y la actividad física en general; por ello, en el estado de Baja California se llevan a cabo acciones que fomentan la identidad, la unidad familiar, el sano esparcimiento, la práctica y desarrollo de diferentes disciplinas deportivas; impulso de talentos deportivos; y consolidar la infraestructura y coordinación institucional para fomentar el deporte.

Con el afán de contar con infraestructura deportiva adecuada a las necesidades de los programas de desarrollo deportivo y de activación física y así brindar una mejor opción a los prospectos y talentos deportivos, es por ello que se plantean los diferentes proyectos de inversión y dotar a la ciudadanía de infraestructura digna acorde a las necesidades de cada disciplina.

• Por la necesidad de fomentar, impulsar y fortalecer dentro de los programas el patinaje en Baja California, éste no cuenta con pista oficial para su práctica y carece de infraestructura a la fecha se han habilitado espacios que no cumplen con las medidas de seguridad necesarias para atender a los atletas en su desarrollo de este deporte. Esta disciplina cuenta con un gran número de interesados en su práctica en el municipio de Ensenada, por lo que en coordinación con la asociación estatal de patinaje y la comunidad local, se propone concluir la Segunda etapa para la construcción de pista de patinaje, en la unidad deportiva de Valle Dorado.

• En Baja California el deporte de los últimos años ha tenido una evolución considerable, destacando el deporte de competencia y de manera especial las categorías infantil y juvenil (entre los 11 y los 18 años). Los programas permanentes dirigidos hacia los menores han establecido un modelo de desarrollo deportivo en el país; una muestra de ello es el ascenso de Baja California dentro de la justa en la Olimpiada Nacional, por esta razón, la detección y desarrollo de Talentos Deportivos en los municipios y el valle es uno de los retos por alcanzar en el estado de Baja California, por ello y a fin de canalizar estos talentos, se propone en 2011 concluir con la segunda etapa construcción de gimnasio de box y lucha olímpica en San Quintín, para lo cual se ha contado con un importante donativo de un predio por parte de los ejidatarios para uso del desarrollo del centro deportivo.

• Atender las disciplinas de raqueta dentro del programa de desarrollo del deporte, el cual cubre: raquetbol, squash, tenis de mesa, trinquete, frontón techado muy importante. Actualmente En el municipio de Mexicali no cuenta con instalaciones públicas para el desarrollo de estas disciplinas, por lo que se requiere fomentarlo e impulsarlo para fortalecerlo dentro de los programas y competencias del mismo, por ello se pretende construir un gimnasio de raqueta en la Ciudad Deportiva de Mexicali, que sea abierta a la comunidad y beneficie directamente a la población local.

• La tercera etapa de gimnasio bajo techo de remo. San Felipe se debe a la necesidad de que actualmente se cuenta con un gimnasio de fortalecimiento pero es necesario continuar con el desarrollo del Centro de Desarrollo Deportivo en San Felipe ya que es la única delegación que practica este deporte como priorizado y contar con instalaciones apropiadas dará la oportunidad de que se sumen más jóvenes y niños a esta actividad deportiva que ha dado tantos logros en nuestro Estado, y que gracias al apoyo de la comunidad local para el seguimiento y desarrollo del primer centro de alto rendimiento de remo en San Felipe, se tendrá dicha obra.

• Para elevar el nivel de competencia de los atletas bajacalifornianos, se requiere del fortalecimiento y la consolidación de los programas deportivos sustentados en el apoyo técnico calificado y procedimientos especializados que permita potenciar sus habilidades y su rendimiento deportivo por estos motivos el fortalecimiento de la infraestructura constituye una de las principales necesidades de la comunidad deportiva que se refiere a la creación y mejora de las instalaciones, equipamiento y mantenimiento de centros deportivos para fortalecer programas dirigidos hacia el alto rendimiento deportivo. La segunda etapa construcción de gimnasio polideportivo en el centro de alto rendimiento, atenderá a los atletas selectivos y de alto nivel de competencia y éstos se verán beneficiados con infraestructura acorde al desarrollo de su disciplina.

• Como proyecto para dar pauta a la atención de una gran parte de la comunidad deportiva de frontón y trinquete que actualmente cuenta el Estado, la Quinta Etapa de construcción del gimnasio polideportivo en unidad deportiva Valle Dorado pretendo subsanar las carencias de instalaciones apropiadas para el desarrollo de esta disciplina con sus modalidades, actualmente se está concluyendo con el edificio Gimnasio polideportivo el cual atiende 9 disciplinas de especialidad.

• Ensenada no cuenta con infraestructura apropiada para la práctica de este deporte el cual requiere de una instalación especial que permita contar con seguridad tanto para los atletas como para los usuarios que asisten a esta unidad deportiva a realizar alguna actividad física y que con la construcción de un campo de tiro con arco en la unidad deportiva Valle Dorado se busca el desarrollo y preparación de atletas en esta disciplina especial.

• La Construcción de sala de gimnasia rítmica y artística, en el Centro de Alto Rendimiento de Tijuana busca elevar la calidad en la atención a los deportistas de nuestro Estado, para elevar el nivel de competencia de los atletas bajacalifornianos, se requiere del fortalecimiento y la consolidación de los programas deportivos sustentados en el apoyo técnico calificado y procedimientos especializados que permita potenciar sus habilidades y su rendimiento deportivo por estos motivos el fortalecimiento de la infraestructura constituye una de las principales necesidades de la comunidad deportiva que se refiere a la creación y mejora de las instalaciones, equipamiento y mantenimiento de centros deportivos para fortalecer programas dirigidos hacia el alto rendimiento deportivo.

• Continuar con el desarrollo del centro de alto rendimiento de Playas de Rosarito, permitiendo el acceso a nuevos valores deportivos de la comunidad y contribuir a estimular el desarrollo integral de las personas y la salud en el ámbito comunitario, así como fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia, es donde radica la importancia de la construcción de la cancha de usos múltiples, de la Unidad Deportiva Reforma

• La construcción de un campo sintético techado de hockey y handball, en Ciudad Deportiva, Mexicali viene a elevar la calidad de vida en la zona incrementando la infraestructura y equipamiento y con esto revirtiendo acciones destructivas y de conflicto en actividades constructivas en el deporte como el deporte y la cultura física, toda vez que estas instalaciones brindan a la niñez y juventud una oportunidad de canalizar sus esfuerzos e inquietudes en actividades positivas que incrementan el desarrollo sano de uno de los mayores sectores del municipio.

• La distancia y el resguardo de los botes para la práctica de esta disciplina, ocasiona un constante retraso al desarrollo de la misma, por ello se requiere el espacio para albergar el equipo, los botes y la cercanía con el mar para el buen funcionamiento. La construcción del muelle y de la casa de botes, es parte de la continuación del proyecto de Centro de alto rendimiento de Remo y canotaje, lo que servirá como poyo para el desarrollo del primer muelle en el puerto de San Felipe para embarcación de deportes acuáticos que beneficia tanto a la comunidad deportiva como a la zona turística de este puerto.

El deporte constituye una alternativa para alcanzar un estilo de vida saludable, así como para crear valores de solidaridad dirigidos hacia toda la población. Pero de manera particular a los niños y jóvenes. Es una pieza fundamental en el desarrollo integral de las personas.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de este pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 55 millones de pesos para la construcción del polideportivo en Ciudad Deportiva Mexicali, en el estado de Baja California.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 25 millones de pesos para la construcción de casa de botes y muelles en San Felipe, en el estado de Baja California.

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 2 millones de pesos para la segunda etapa de la construcción de la pista de patinaje en la unidad deportiva Valle Dorado, en el estado de Baja California.

Cuarto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 10 millones de pesos para la segunda etapa construcción de gimnasio de box y lucha olímpica en San Quintín, en el estado de Baja California.

Quinto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 15 millones de pesos para la construcción de un gimnasio de raqueta en la Ciudad Deportiva de Mexicali, en el estado de Baja California.

Sexto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 3.5 millones de pesos para la construcción de la tercera etapa del gimnasio bajo techo de remo en San Felipe, en el estado de Baja California.

Séptimo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 15 millones de pesos para la segunda etapa de la construcción del gimnasio polideportivo en el Centro de Alto Rendimiento de Tijuana, en el estado de Baja California.

Octavo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 20 millones de pesos para la quinta etapa de construcción del gimnasio polideportivo en la Unidad Deportiva Valle Dorado de Ensenada, en el estado de Baja California.

Noveno. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 3.8 millones de pesos para la construcción de campo de tiro con arco en la Unidad Deportiva Valle Dorado de Ensenada, en el estado de Baja California.

Décimo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 28 millones de pesos para Construcción de una sala de gimnasia rítmica y artística en el Centro de Alto Rendimiento de Tijuana, en el estado de Baja California.

Undécimo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 10 millones de pesos para la construcción de una cancha de usos múltiples en la Unidad Deportiva Reforma, en el municipio de Playas de Rosarito, en el estado de Baja California.

Duodécimo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 55 millones de pesos para la construcción de un campo sintético techado de hockey y handball en la Ciudad Deportiva de Mexicali, en el estado de Baja California.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 4 de noviembre de 2010.

Diputados: Sergio Tolento Hernández, Óscar Martín Arce Paniagua, Alejandro Bahena Flores, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Gastón Luken Garza, César Mancillas Amador, Francisco Javier Orduño Valdez, Miguel Antonio Osuna Millán, José Luis Ovando Patrón, Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir y modernizar infraestructura turística en Baja California, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales Sergio Tolento Hernández, Óscar Martín Arce Paniagua, Alejandro Bahena Flores, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Gastón Luken Garza, César Mancillas Amador, Francisco Javier Orduño Valdez, Miguel Antonio Osuna Millán, José Luis Ovando Patrón y Francisco Arturo Vega de Lamadrid, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo con el propósito de que se consideren recursos para la construcción y modernización de infraestructura turística en el estado de Baja California para el ejercicio presupuestal 2011, lo anterior, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

México será un país líder en la actividad turística, para lograrlo, se requiere reconocer al turismo como pieza clave del desarrollo económico, Diversificar los productos turísticos y desarrollar nuevos mercados, impulsar a las empresas turísticas a ser competitivas a nivel nacional e internacional, desarrollar el turismo respetando los entornos naturales, culturales y sociales.

La actividad turística es compleja y dinámica, generadora de desarrollo económico y social, promueve la cultura, la integración familiar y el desarrollo de comunidades.

La importancia que tiene el turismo para Baja California, se puede resumir en las contribuciones de esta actividad al logro de los siguientes objetivos: como creador de empleos en el sector servicios y de manera indirecta en la construcción; como impulsor del desarrollo urbano al propiciar la formación de distritos turísticos urbanos asociados a la aglomeración de establecimientos comerciales y de servicios que constituyen puntos desde los cuales se articula la vida urbana en las principales ciudades del estado; como base de encadenamientos entre las actividades de servicio y comercio en el ámbito regional e internacional, y como agente promotor del cuidado, apreciación y valorización del patrimonio natural y cultural.

En lo económico, el turismo continúa siendo una de las principales actividades en Baja California, la frontera norte de México es considerada como una de las más dinámicas y complejas del mundo, tanto por la intensidad como por el número de cruces que se registran en ambos sentidos.

La importancia del segmento de estadounidenses en la actividad turística de la Frontera Norte ha venido adquiriendo gradualmente un peso fundamental tanto en la participación al consumo como en la estructuración misma de las diferentes lógicas y dinámicas de integración de los productos turísticos locales y regionales. En este sentido, independientemente de la fuerza de su posicionamiento en los segmentos del consumo turístico, el turista estadounidense se ha convertido en un catalizador de nuevas inversiones y fuente primordial para la consolidación de la actividad turística en la región de la frontera norte.

El Centro de Convenciones Metropolitano de Tijuana-Playas de Rosarito, propone ser un espacio moderno y funcional que permita alojar eventos tanto a nivel regional como nacional e internacional, promoviendo el desarrollo de Tijuana y proyectando a Baja California como un gran estado.

Los alcances que se pretenden conseguir con ésta obra son

• Contar en la región con un espacio para la realización de congresos, convenciones y exposiciones de gran magnitud.

• Situar a la región como una opción competitiva para la realización de convenciones a nivel nacional.

• Generar empleos directos e indirectos.

• Ser un elemento impulsor del desarrollo urbano y económico de la zona.

• Constituirse como una base del desarrollo inmobiliario de más de mil hectáreas de su contexto

La falta de espacios adecuados para la atracción del turismo médico, que principalmente es el que visita el poblado de Los Algodones, lo que ha motivado a la a construir un espacio para promover el turismo y contar con un sitio para llevar a cabo eventos y promociones tanto a locales como extranjeros.

El turismo médico de “pájaros de la nieve” actualmente representa más de 400 mil visitantes anuales, con esta obra se estaría dotando de un lugar para llevar a cabo eventos de bienvenida, promoción, para los visitantes al mismo tiempo ofrecer un espacio para estacionar sus autos y con esto la comodidad para el regreso a los Estados Unidos, además de promover la visita de un millón de turistas al año, beneficiando al comercio de la localidad.

La playa es el principal recurso natural y atractivo que tiene la ciudad, por lo que este proyecto viene a consolidar el desarrollo sustentable de este importante patrimonio turístico de los habitantes de la ciudad.

La necesidad de construir la playa Norte en Playas de Rosarito se debe a falta de infraestructura turística afecta el nivel competitivo del municipio para la atracción de visitantes y turistas.

La regeneración urbana de Puerto Nuevo ayudara a mitigar la falta de infraestructura turística adecuada para el manejo de turismo principalmente por la gastronomía que se ofrece en el lugar.

Puerto Nuevo es uno de los tres principales atractivos turísticos del estado, generando por si solo más de 400 mil visitantes anuales, por lo que se ha emprendido desde el 2006 el proyecto de regeneración urbana con la finalidad de consolidar el desarrollo sustentable de este destino, a la fecha dicho proyecto representa un 70% de avance, donde el comercio organizado se adaptara al concepto de imagen urbana que se desea proyectar al turista en la zona.

La Ruta del Vino se encuentra considerada como uno de los productos turísticos que se deben impulsar, de acuerdo al Plan de Acción y Visión para el Turismo en la Frontera Norte de México, es por ellos la importancia de mejorar la imagen urbana de los poblados del Valle de Guadalupe para la promoción del desarrollo turístico y hacer más amigable la vista de los turistas a la Ruta.

El mejoramiento de imagen urbana de los poblados integrantes de la Ruta del Vino, es una de las recomendaciones del Programa Sectorial de Desarrollo Urbano Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del Municipio de Ensenada para el mejoramiento del producto turístico (elaborado por Fonatur).

Con la inversión en el mejoramiento de la imagen urbana para la ruta del vino, se lograra definir y fortalecer la imagen urbana de los poblados aprovechando los elementos naturales existentes; cuidar y reglamentar la imagen urbana en cuanto a fachadas y anuncios comerciales, etcétera; cuidar y mejorar el paisaje natural y urbano del Valle de Guadalupe.

Uno de los principales objetivos para la construcción del Museo Integral Kumiai, Histórico-Contemporáneo de Tecate, es dotar a la ciudad de infraestructura turística en la ciudad, así como la Creación de oferta turística adicional, que permita a los visitantes al municipio de Tecate, principalmente que acuden a los ranchos y balnearios con que cuenta, una oportunidad de conocer en un solo sitio de la historia, atractivos y cultura de Tecate.

Será el primer museo de la ciudad, el cual vendrá a resaltar la historia de las primeras comunidades de la zona, la participación de la comunidad indígena existente y fortalecer la identidad de los tecatenses.

La construcción de un Museo del Vino que complementa las instalaciones de la Escuela de Enología y Gastronomía de la UABC, unidad de seminarios, recinto principal de la vendimia, en donde se ofrecerán servicios de alimentos, bebidas y exposición de las actividades agrícolas típicas de la región que visitan 167 mil personas anualmente.

Esta obra permitirá posicionar al Valle de Guadalupe como destino enoturístico a nivel nacional e internacional, incrementar el flujo de visitantes que alcanza a más de 167,000 personas anualmente, asimismo, las casas vitivinícolas y comerciantes locales podrán contar con un espacio para otorgar muestras y montar eventos promocionales.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de este pleno, los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 100 millones de pesos para continuar la construcción del Centro de Convenciones Metropolitano de Tijuana-Playas De Rosarito, en el estado de Baja California.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 15 millones de pesos para la construcción de la Plaza Fundadores en Los Algodones, en el estado de Baja California.

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 10 millones de pesos para la playa norte en Playas de Rosarito, en el estado de Baja California.

Cuarto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 10 millones de pesos para la regeneración urbana de Puerto Nuevo, en el estado de Baja California.

Quinto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 10 millones de pesos para el mejoramiento de la imagen urbana para la ruta del vino, en el estado de Baja California.

Sexto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 1,523.6 millones de pesos para continuar la construcción del Museo Integral Kumiai, Histórico-Contemporáneo de Tecate, en el estado de Baja California.

Séptimo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 80 millones de pesos para la construcción del museo del vino, en el estado de Baja California.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 4 de noviembre de 2010.

Diputados: Sergio Tolento Hernández, Óscar Martín Arce Paniagua, Alejandro Bahena Flores, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Gastón Luken Garza, César Mancillas Amador, Francisco Javier Orduño Valdez, Miguel Antonio Osuna Millán, José Luis Ovando Patrón, Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para los proyectos de inversión en materia de salud de Baja California, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales Sergio Tolento Hernández, Óscar Martín Arce Paniagua, Alejandro Bahena Flores, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Gastón Luken Garza, César Mancillas Amador, Francisco Javier Orduño Valdez, Miguel Antonio Osuna Millán, José Luis Ovando Patrón y Francisco Arturo Vega de Lamadrid, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo con el propósito de que se consideren recursos para los proyectos de inversión en materia de salud del estado de Baja California para el ejercicio presupuestal 2011, lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Garantizar el cumplimiento del derecho a la protección de la salud en la población de Baja California facilitando el acceso a los servicios de salud con humanismo, calidad, equidad y participación ciudadana, requiere además del personal capacitado y la Participación social, de nuevas unidades inmobiliarias del sector salud, con la incorporación de tecnologías modernas para hacer accesibles localmente los servicios especializados.

La reforma a la Ley General de Salud en materia de Protección Social, aprobada por el Congreso de la Unión en mayo de 2003 amplió las oportunidades estratégicas para el desarrollo y fortalecimiento de la oferta de servicios de salud.

Además de los mecanismos de la integración a un sistema aseguramiento social como el IMMSS, el ISSSTE o el Seguro Popular, se requiere la ampliación de la oferta de intervenciones personales de salud, de cambios organizacionales para asegurar la adecuada prestación y de una nueva arquitectura de los servicios de salud. La transformación de la infraestructura para la salud debe responder a la dinámica actual de nuestro país, tanto en lo político como en lo demográfico-epidemiológico.

Por ello buscamos proteger el patrimonio de la población que carece de seguridad social contra gastos en salud, mediante su incorporación voluntaria y equitativa al Sistema de Protección Social en Salud, con lo cual se busca que la población tenga acceso a servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, pero esto requiere de instalaciones sanitarias acordes a las necesidades de las demandas de la población.

Por éstos motivos, los diputados federales que suscribimos ésta proposición, buscamos que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen partidas para mejorar la infraestructura, optimizar recursos e incrementar la capacidad resolutiva, con base a la aplicación de tecnologías de vanguardia son estrategias con las cuales el sector salud se viene desarrollando para hacer frente a la demanda de servicios.

Asimismo, se busca consolidar la infraestructura existente para ampliar la oferta de servicios y tener mayor capacidad en el ámbito local lo cual es una prioridad impostergable, por ello buscamos dichos recursos que serán orientados al fortalecimiento y ampliación de la infraestructura médica, y con los cuales se busca brindar atención y dar un tratamiento integral a problemas de salud que afectan a la población adulta de nuestra entidad.

Esta misma infraestructura constituye el ambiente de trabajo de cientos de hombres y mujeres que requieren de condiciones ergonómicas y recursos para desarrollar de manera efectiva y eficiente sus actividades productivas.

Los servicios médicos en el estado de Baja California, están organizados en 4 jurisdicciones sanitarias, las cuales son Mexicali, Tijuana, Ensenada y Vicente Guerrero. Estas jurisdicciones atienden a la población del estado y tienen diferentes unidades médicas, que se dividen en dos: las que atienden a la población asegurada y las que atienden a la población abierta.

En el estado de Baja California existen unidades médicas del Instituto mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Baja California (Issstecali), que atienden a las personas afiliadas a sus servicios. Asimismo, existen las unidades médicas del Instituto de Servicios de Salud Pública del estado de Baja California (Isesalud), que atiende a la población abierta y a la que está afiliada al Seguro Popular.

En Abril del año 2010, ocurrió un terremoto que afectó entre otros inmuebles, el Hospital General de Mexicali, el cual tuvo que reducir sus áreas de atención. Este hospital tenía en operación 7 pisos antes del terremoto; sin embargo, en el año 2010, sólo está operando la planta baja y se han rentado dos clínicas privadas, para atender a la población.

Ante la problemática de la postergación de servicios médicos de tercer nivel, el gobierno del estado de Baja California, a través de Isesalud, ha propuesto la construcción del hospital regional de alta especialidad en la ciudad de Mexicali. Este hospital tendría 150 camas censables, 6 salas de cirugía, 35 consultorios de especialidades y área de laboratorio y servicios auxiliares de diagnóstico.

La edificación de este hospital, aumentaría la oferta de servicios médicos de tercer nivel, lo que permitiría tener atención oportuna para la población de esta jurisdicción sanitaria; asimismo, como sería el único hospital de tercer nivel en el estado de Baja California, podría atender a pacientes de las otras jurisdicciones sanitarias, o bien, a pacientes de este estado que tienen seguridad social. De esta manera, el área de influencia del proyecto, se definió como todo el estado de Baja California.

Con la construcción y equipamiento hospital Florido Morita tercera etapa, se espera llegar a una cobertura universal de los servicios de salud integrales a población abierta mayor al 74 por ciento que actualmente se cuenta, así como de contribuir a mejorar la atención brindada a los usuarios y sus familias en una zona en que habitan más de 400 mil habitantes, ya que se pretende atender localmente los padecimientos de segundo nivel, que de otra forma implicaban para su atención el traslado a otras instituciones, evitando con ello mayores gastos tanto para la familia como para la institución.

La Rehabilitación de obra exterior del hospital general de Tijuana, pretende el contar con un área que garantice la operatividad y maniobras que requiere una instalación hospitalaria que atiende a más de 600 mil habitantes de Tijuana.

Lo anterior considerando que recientemente se crearon las áreas de pediatría para atención en oncología y terapia intensiva, así como el área de terapia intensiva para adultos y la unidad de trasplantes, con lo cual se mejora la atención de alta especialidad a la población usuaria la obra exterior como patio de maniobras, accesos, estacionamiento le dará mayor funcionabilidad al Hospital en beneficio directo de la comunidad de Tijuana.

La construcción y equipamiento centro de salud Calle Octana (sustitución), en Tijuana, Baja California, se busca brindar una mejor atención médica a los derechohabientes, dicha unidad constara de 11 núcleos básicos, 2 unidades dentales completas, con su equipo médico correspondiente, con ésta obra se beneficiará con atención medica de primer nivel a personas no aseguradas, dando atención medica integral básica tales como enfermedades infecciosas, crónico degenerativas y control prenatal.

Con la construcción y equipamiento del Centro de Salud Sánchez Taboada (sustitución), en Tijuana, Baja California, se busca que la Población acceda a la rede de múltiples servicios complementarios para incrementar y hacer más eficiente la capacidad de respuesta a las necesidades de salud de la población beneficiada, por ello se propone que ésta unidad cuente con 3 núcleos básicos, 1 unidad dental completa, con su equipo médico correspondiente, Se beneficiará con atención medica de primer nivel a personas no aseguradas, dando atención medica integral básica.

La construcción de hospital de 20 camas en San Quintín, y la construcción de hospital de 20 camas en San Felipe, se busca sean unidades medicas de servicios hospitalarias y constarán cada una de un quirófano, una sala de partos, un área de expulsión, sala de recuperación, un área de urgencias adultos y pediátricas, rayos x, banco de sangre; así como núcleos de especialidad y básicos, será un hospital que cubra la necesidad de atención beneficiarios no asegurados, que pueda otorgar servicios médicos de urgencias y especialidades básicas para la población sin seguridad social.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de este pleno, los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 1,315.81 millones de pesos para la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad de Mexicali, en el estado de Baja California.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 25 millones de pesos para la Construcción y equipamiento hospital Florido Morita tercera etapa, en el estado de Baja California.

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 20 millones de pesos para la rehabilitación de obra exterior del hospital general de Tijuana, en el estado de Baja California.

Cuarto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 19 millones de pesos para la construcción y equipamiento centro de salud Calle Octava (sustitución), en Tijuana, en el estado de Baja California.

Quinto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 6 millones de pesos para la construcción y equipamiento del centro de salud Sánchez Taboada (sustitución), en Tijuana, en el estado de Baja California.

Sexto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 40 millones de pesos para la construcción de un hospital de 20 camas en San Felipe, en el estado de Baja California.

Séptimo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 40 millones de pesos para la construcción de un hospital de 20 camas en San Quintín, en el estado de Baja California.

Octavo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 85 millones de pesos para la construcción y el equipamiento complementario del Hospital del Niño y la Mujer de Tijuana, en el estado de Baja California.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 4 de noviembre de 2010.

Diputados: Sergio Tolento Hernández, Óscar Martín Arce Paniagua, Alejandro Bahena Flores, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Gastón Luken Garza, César Mancillas Amador, Francisco Javier Orduño Valdez, Miguel Antonio Osuna Millán, José Luis Ovando Patrón, Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbricas).