Que expide la Ley General de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita diputada federal María Araceli Vázquez Camacho a nombre del Grupo Parlamentario del PRD a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta soberanía popular, iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley General de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La sociedad mundial contemporánea enfrenta el reto mayúsculo consistente en desarrollar una pronta capacidad de adaptación y transformación a los efectos del Cambio Climático y a su vez mitigar las causas que han dado origen a este fenómeno.

Nuestro país es parte de este esfuerzo desde hace 17 años toda vez que signó y ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático haciendo constar en el ámbito internacional su consentimiento para obligarse a cumplir con los lineamientos establecidos en este tratado como Parte del Anexo 1 de la Convención. 1

El Cambio Climático en términos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático está definido como “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”. Sus efectos amenazan no solo a la economía y a la estabilidad social, sino la base de recursos y los procesos ecológicos que sustentan la vida en México y en el planeta. El Cambio Climático es un problema que afectará al desarrollo de todos los sectores socioeconómicos del país y del mundo.

En México los efectos del Cambio Climático de manera directa o indirecta vulneran a millones de habitantes y arrojan pérdidas materiales que se cuantifican en miles de millones de pesos.

A pesar de todo lo anterior en nuestro país priva la ausencia de un marco jurídico que regule, fomente posibilite y ordene políticas públicas orientadas hacia la implementación de acciones de adaptación y mitigación al Cambio Climático. Por ello, es que se propone la creación de una Ley que de manera general establezca las políticas, estrategias programas y acciones de la adaptación y mitigación al Cambio Climático, mediante una norma general, abstracta y obligatoria.

Un logro incuestionable de la ciencia es haber demostrado los efectos de las crecientes concentraciones en la atmósfera de gases de efecto invernadero y sus consecuencias para la vida y para la sustentabilidad del planeta.

En ese sentido es que desde 1997, en el marco de la Tercera Conferencia de las Partes (COP-3) celebrada en Kyoto, Japón fue adoptado el denominado Protocolo de Kyoto. El Protocolo no estableció compromisos de reducción para los países en desarrollo, como México en función del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Lo que hace el Protocolo además de compartir los objetivos de la Convención sobre el Cambio Climático es comprometer a las Partes del Anexo I a cumplir, en lo individual, metas legalmente vinculantes para limitar o reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Estas metas representan una reducción en sus emisiones de gases de efecto invernadero de por lo menos 5% respecto de los niveles de 1990, a cumplirse durante el periodo 2008 a 2012. 2

El Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) 3 presentado en el año 2007 es crucial. El IPCC colocó en su punto final el debate sobre la influencia humana en el clima, ya que señala, que la mayor parte del calentamiento global observado durante el siglo XX se debe al aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero causado por el hombre.

El IPCC presentó conclusiones muy preocupantes; plantea que de seguir la tendencia actual en la emisión de los gases de efecto invernadero, en el año 2100 la concentración global de CO2e (dióxido de carbono equivalente) podría ser de entre 540 y 970 partes por millón. Para poner esto en perspectiva, debe recordarse que la concentración en el año 2008 fue de 385 partes y en la época preindustrial –cuando las actividades productivas se basaban en el trabajo humano y no en maquinas que consumían combustibles fósiles– era de tan sólo 280 partes por millón (antes del año 1750).

Este incremento de la concentración de los gases de efecto invernadero afectará también la temperatura, se prevé que para la última década del siglo XXI la temperatura promedio mundial podría aumentar entre 1.8 y 4 ºC.

La ciencia del clima identifica que nuestras emisiones de gases de efecto invernadero deben lograr un objetivo único: mantener el aumento de la temperatura promedio del mundo (respecto de los niveles preindustriales por debajo del 2o C. Para ello se ha identificado en unos 450 partes por millón de CO2e el nivel de acumulación de gases de efecto invernadero sobre el cual podría evitarse un mayor aumento de temperatura.

Conforme al citado Cuarto Informe de Evaluación del IPCC, en el caso de América Latina, algunos de los principales efectos de los incrementos en la temperatura son:

“En las zonas más secas, se espera que el Cambio Climático provoque la salinización y desertificación de la tierra agrícola. Se prevé la disminución de la productividad de algunos cultivos importantes y de la ganadería, con consecuencias adversas para la seguridad alimentaria.

Se espera que la subida del nivel del mar aumente los riesgos de inundación en zonas bajas. Se prevé que el aumento de la temperatura marina en superficie debido al Cambio Climático tenga efecto adverso en los arrecifes de coral mesoamericano y cambie la ubicación de los bancos de peces en el sudeste del Pacífico.

Se prevé que los cambios en las pautas de las precipitaciones y la desaparición de los glaciares afecten significativamente a la disponibilidad de agua para consumo humano, la agricultura y la generación de electricidad.” 4

Los impactos económicos y sociales del Cambio Climático son graves. En el informe de Nicholas Stern, ex vicepresidente del Banco Mundial y asesor económico del gobierno del Reino Unido señala que de no hacer nada, el costo y riesgo total del Cambio Climático equivaldrá a la pérdida de un mínimo de 5 por ciento anual del Producto Interno Bruto (PIB) global, de ahora en adelante. Si se toma en cuenta otros riesgos y consecuencias más amplios, los cálculos de los daños que se producirían aumentarían a un mínimo de 20 por ciento del PIB. 5

En el caso especifico de México, en el año 2009, con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, e inspirado en el ya citado informe Stern se realizó el estudio “Implicaciones Económicas del Cambio Climático en México”: 6 Según este estudio, los costos del Cambio Climático para México en el 2050 (esto es, cuánto deberíamos pagar en el futuro por no tomar medidas ahora para enfrentar este problema) irían de 4.2 a 15.3% del PIB nacional en función de la pérdida de producción agropecuaria, menor disponibilidad de agua, deforestación, efectos en la salud y pérdida de biodiversidad; mientras que los costos de mitigación serían de entre 0.56 y 5.6% del PIB.

Esta información se corrobora, con otro documento de gran importancia, que es la Cuarta Comunicación Nacional de México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, Dicho trabajo fue presentado en el marco de la Cumbre de Copenhague en diciembre de 2010, en él se ratifican graves escenarios para el país, en donde destacan: la situación crítica en algunos estados del país por falta de agua; el incremento en las zonas de distribución y en el número de casos de dengue; así como la disminución paulatina de la biodiversidad en amplias zonas del centro y norte del país.

Conforme a la mencionada Comunicación Nacional, las emisiones de gases de efecto invernadero de México, en base a los resultados del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (INEGEI) para el 2006 se estimaron en 709 millones de toneladas en unidades de bióxido de carbono equivalente (CO2e). Esto representa un incremento del 40% respecto al año base 1990.

La categoría de Energía prevalece como la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, en donde el consumo de combustibles fósiles para la generación de energía y el transporte predomina como fuentes clave de emisión.

En el marco de los compromisos suscritos por México en la Convención Marco, el 25 de abril de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, que hasta ahora es integrada por nueve secretarías de estado. Debe señalarse, que en esta iniciativa de Ley se fortalece dicha Comisión con la incorporación de nuevas instituciones a la misma; la creación de su Secretaría Ejecutiva como una unidad administrativa adscrita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; así como la incorporación de facultades de gran importancia como es el elaborar y coordinar la instrumentación del Programa Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático y las demás acciones a que se refiere esta Ley en materia de adaptación y mitigación al Cambio Climático, en los ámbitos nacional y regional;

En la última semana de mayo del 2007, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático del gobierno federal, presentó la Estrategia Nacional de Cambio Climático, como una respuesta del “Poder Ejecutivo Federal en relación con la mitigación del Cambio Climático y la adaptación a los efectos adversos del mismo.” 7

La Estrategia es sin duda alguna un documento básico, en donde se tiene entre otros aspectos un diagnóstico sobre los impactos del Cambio Climático en su nivel global, como de país. Identifica y enumera diversas líneas de acción y oportunidades para la mitigación y adaptación en distintos temas relacionados con el Cambio Climático. Sin embargo, carece de metas concretas y calendarios específicos, de los recursos presupuestales para implementar todas estas acciones y oportunidades, así como del grado de responsabilidad de las distintas instituciones involucradas, que seguramente tienen que vincularse a acciones de reformas al actual marco legal del país. En esta iniciativa de Ley se propone desarrollarla como un instrumento fundamental para la planeación del mediano plazo en la adaptación y mitigación al Cambio Climático.

En el caso de México, el Poder Ejecutivo Federal presentó a fines del mes de agosto de 2009 en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2009-2012, como principal instrumento del Gobierno Federal ante este tema tan candente. Al respecto y para dar continuidad al PECC, se establece en esta iniciativa de Ley, la obligatoriedad de que en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo, cada seis años, al inicio de la correspondiente nueva administración federal, presente su Programa Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.

Sin duda alguna es un avance tener este documento ya publicado. Es cierto, que el PECC establece el pico máximo de emisiones de México para el 2012. Sin embargo, aún está pendiente el marco jurídico que haga vinculante dicha meta, más allá de ese año.

La meta a la que se aspira en el PECC en el largo plazo es, que México reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 50 por ciento al 2050 en relación con su volumen emitido en el año 2000 (643 millones de toneladas de CO2e). Así México contribuiría para lograr una meta global de 450 partes por millón de CO2e).

En esta iniciativa de Ley, se considera, que México debe asumir el compromiso de reducir 30% sus emisiones para 2020, con respecto a las emisiones del año 2000. Esto significa reducir 259 millones de toneladas de CO2e para 2020 con respecto a lo que se emite hoy en día. Lo anterior haría posible reducir el 50% de sus emisiones al 2040, respecto a los niveles de emisiones de compuestos de efecto invernadero de 2000. Posterior al año 2040 las emisiones del país no deberán ser mayores al objetivo propuesto.

Dicha reducción es posible, para ello, puede consultarse por ejemplo el informe del Banco Mundial titulado “México: Estudio sobre las disminuciones de emisiones de carbono (MEDEC)”. Este estudio fue realizado por los especialistas y consultores del Banco Mundial T. Johnson, C. Alatorre, Z. Romo y F. Liu. y puede ser encontrado en la página electrónica de dicho organismo (worldbank.org).

En el mismo sentido, y dado que la categoría de Energía prevalece como la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en el país, se debe analizar las posibilidades de un nuevo modelo que armonice las necesidades de energía para el país y la realidad del Cambio Climático.

Bajo esa premisa, y para atender a los objetivos propuestos de mitigación, en la presente iniciativa de Ley se desarrolla el planteamiento de política de mitigación al Cambio Climático para el país. Entre los trabajos que fundamentan las propuestas de la iniciativa de Ley, se puede citar el estudio de la Universidad de Stanford, referido en un artículo de M. Jacobson y M. Delucchi 8 en donde se clasificó los sistemas de energía según sus repercusiones en el Cambio Climático, la agricultura, la biodiversidad y otras áreas objeto de preocupación. Las opciones mejores fueron la energía eólica, la solar, la geotérmica, la de mareas y la hidroeléctrica, basadas, respectivamente en el viento, luz solar, el calor interno de la Tierra, la fuerza mareal y los saltos de agua. Se abrevian de manera conjunta VAS, en referencia a los recursos básicos: viento, agua y sol.

En el citado estudio, la energía nuclear, el carbón con captura de carbono y el etanol resultaron opciones más deficientes, al igual que el petróleo y el gas natural. Además, se concluyó, que los vehículos de baterías eléctricas y los de pilas de hidrógeno recargados mediante opciones VAS eliminarían gran parte de la contaminación producida por el transporte.

De todo lo antes señalado se debe plantear como objetivo primordial lograr sustituir los combustibles fósiles por energías limpias y renovables.

Los ya citados Jacobson y Delucchi, proponen un plan para hacer que la energía mundial al cien por ciento provenga de recursos eólicos, hidráulicos y solares en el 2030. En su plan consideran tecnologías que se encuentran aplicadas o a punto de lograrse, sin incluir las que pudieran estarlo dentro de 20 ó 30 años.

Además, sólo tomaron en cuenta las técnicas cuyas emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos son casi nulas durante todo su ciclo vital, contando la construcción, la explotación y el desmantelamiento. Los autores señalan por ejemplo, que el etanol procedente de las fuentes más aceptables ecológicamente crea, cuando se quema en un vehículo, una contaminación atmosférica con los mismos niveles de mortalidad que la combustión de la gasolina. La energía nuclear ocasiona hasta 25 veces más emisiones de carbono que la eólica, si se tienen en cuenta la construcción del reactor, la refinación del uranio y los transportes. La captura y secuestro del carbono reduce las emisiones de dióxido de carbono de las centrales térmicas de carbón, pero aumenta la contaminación atmosférica y amplía los demás efectos deletéreos de la minería, el transporte y el procesado de carbón, puesto que debe quemarse más carbón para las fases de captura y almacenamiento. Análogamente, sólo consideran tecnologías que no presentan problemas importantes de eliminación de residuos o ligados al terrorismo.

Jacobson y Delucchi, plantean que para el año 2030 el mundo pueda lograr una máxima potencia de consumo energético en un instante dado de sólo 11.5 billones de watt (11.5 terawatt o TW), en la actualidad la potencia requerida es de 12.5 TW. Esta disminución sería posible al proveerse la energía totalmente de VAS, sin quema de combustibles fósiles ni de biomasas, con una mayor eficiencia energética de manera complementaria.

Conforme a los análisis de estos investigadores, resulta que los costos de la generación y la transmisión de esa energía serían inferiores que el costo extrapolado por kilowatt hora correspondiente a una energía fósil y nuclear.

Se consideran para la realización de dicho plan como obstáculo importante la escasez de ciertos materiales y la falta de voluntad política. Aquí se debe señalar, que México como país debe revisar su propia estrategia de energía, con base en este tipo de planes a nivel global. Finalmente, se sabe que México tiene un enorme potencial VAS, sobre todo no ha desarrollado en su magnitud real las energías del viento y del sol. La iniciativa de Ley se propone atender este tipo de planteamientos.

Debe comprenderse que existe una diferencia importante entre el objetivo simple de reducción de emisiones puntual para un año concreto, como hasta ahora se viene proponiendo, por ejemplo en México, y el mecanismo de los presupuestos de carbono. Esta idea se atiende de manera especial en la presente iniciativa de Ley, al hacer que los presupuestos de carbono sean un instrumento fundamental para la realización tanto de la Estrategia, como del Programa Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático.

El mejor ejemplo actual de una ley de cambio climático basada en presupuesto de carbono es la ley del Reino Unido (Climate Change Act). Escocia ha seguido pasos similares. La ley del Reino Unido fue promulgada el 27 de noviembre de 2008. Esta ley fomenta la transición paulatina a una economía baja en carbono, al introducir los mecanismos necesarios para garantizar una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo del periodo que contempla: 2008-2050

El presupuesto de carbono es el establecimiento de una cantidad global de toneladas de compuestos de efecto invernadero expresadas en toneladas de CO2e, que se pueden emitir en un periodo de tiempo determinado por la totalidad de la economía o bien por un grupo social determinado, por un conjunto de actividades o de emisores.

Mientras que en el presupuesto de carbono se busca reducir de manera constante año a año las emisiones de gases de efecto invernadero, en el otro caso pueden disminuir en el año fijado de manera drástica, sólo para cumplir el objetivo anunciado, sin que esto signifique que a lo largo del tiempo no existan emisiones acumuladas, dado que los gases de efecto invernadero tiene un prolongado tiempo de persistencia en la atmósfera. Este volumen adicional puede ser finalmente fundamental en la lucha contra el Cambio Climático.

La utilidad del presupuesto de carbono reside en su capacidad para trasladar los compromisos específicos de reducción de emisiones a todos los sectores implicados de manera diferenciada. Con ello, se logra apreciar la contribución de cada sector al cumplimiento del objetivo global de reducción. Es necesario manifestar que se trata de un instrumento independiente de mecanismos de mercado, que es más una decisión política en su aplicación.

Es importante señalar, que un presupuesto de carbono de estas características, al establecer un perfil claro de las reducciones, así como su reparto entre los actores mediante asignaciones a cada uno, aporta una orientación inequívoca y un escenario de estabilidad a los sectores económicos. Además de informar sobre la cantidad total de compuestos de efecto invernadero acumulada en la atmósfera en el periodo considerado.

De igual manera, se dota a la lucha contra el Cambio Climático la prioridad que requiere al considerarlo como un tema transversal a toda la economía, que considera la máxima responsabilidad al gobierno. Además de rebasar el concepto tradicional de “objetivos de reducción de emisiones” a un concepto de “cantidad de emisiones máximas permitidas.”

Evidentemente es más económico tomar medidas desde ahora. La estimación de los costos económicos supone un escenario en que la reducción de emisiones en México se hace al mismo tiempo que la de los demás países. Si sólo México redujera sus emisiones, el incremento en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y con ello el calentamiento global, seguiría prácticamente como hasta ahora.

En dicho sentido, el Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008 titulado “La lucha contra el Cambio Climático: Solidaridad frente a un mundo dividido.” señala que los costos de estabilización en 450 partes por millón de CO2e representaría una cifra cercana a 1.6% del PIB mundial al año 2007 y 2030, que representa menos de las dos terceras partes del gasto militar del mundo. El mismo Informe comenta, que en el contexto de los países de la OCDE, donde el gasto público suele representar entre 30 y 50% del PIB, los exigentes objetivos de mitigación no parecen para nada imposibles de financiar, especialmente si es posible reducir los gastos entre ámbitos –como en el presupuesto militar y los subsidios agrícolas.

Sin embargo, a pesar de los compromisos que se asuman con las medidas de mitigación, el planeta avanza ya hacia un mayor calentamiento. Lo anterior se explica por los rezagos existentes entre la mitigación y sus resultados. Por ello, hay que adaptarse a lo inevitable.

No debemos de omitir el señalar, que las responsabilidades del Cambio Climático son diferenciadas, y que también existe una relación inversa entre la responsabilidad ambiental por el Cambio Climático y la vulnerabilidad ante sus efectos. Es decir, los países desarrollados, los que más carbono emiten a la atmósfera, son menos vulnerables ante el Cambio Climático. Mientras que el Cambio Climático está intensificando los riesgos y la vulnerabilidad que afectan a los pobres.

Los países desarrollados, ya están invirtiendo enormes sumas en la generación de infraestructura de protección contra el clima. Sin embargo, es evidente la desigualdad de capacidades entre países desarrollados y en vías de desarrollo para adaptarse al Cambio Climático.

El antes citado Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), recomienda que se debe proveer al menos 86 mil millones de dólares en financiamiento nuevo y adicional para la adaptación a través de transferencias de los países ricos a los pobres antes del 2016 a fin de proteger el avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio e impedir reveses en el desarrollo humano después de 2015. Esto significa solo alrededor del 0.2% del producto interno bruto de los países desarrollados en 2015, cifra que asciende a casi una décima parte de lo que hoy destinan a gasto militar.

Lo que se trata con la adaptación es construir la capacidad de los pobres del planeta de resistir y recobrarse ante un problema creado de manera principal por los países desarrollados del mundo. La adaptación es un ejercicio para limitar daños, los síntomas, solo podrán ser resueltos mediante medidas de mitigación.

Infortunadamente, el financiamiento multilateral de la adaptación sigue siendo mínimo con relación a las necesidades reales.

No solo hay que otorgar mayor financiamiento, también se debe transferir tecnología hacia los países en desarrollo, por ejemplo para cambiar las políticas energéticas, así como promover mayor cooperación internacional para frenar la deforestación.

Es necesario que nosotros como legisladores, empecemos a identificar estrategias, políticas e instrumentos en el ámbito de nuestras atribuciones, que permitan desarrollar medidas efectivas de acción sobre el Cambio Climático. Necesitamos avanzar en la búsqueda de soluciones, tanto desde el punto de vista de la adaptación como desde el ámbito de la mitigación a las causas y efectos del Cambio Climático, basada en las nuevas tecnologías, la eficiencia y el ahorro energético.

Como legisladores consideramos, que por la actual tormenta económica perfecta global no debe quedar relegado el tema del Cambio Climático de las prioridades de los gobiernos del mundo. Debemos insistir que el tema ambiental no debe sufrir un daño colateral por la actual crisis financiera a nivel mundial, esta crisis financiera es coyuntural, mientras que la ambiental es estructural, así que no se debe de posponer ningún tipo de acción efectiva al coste que sea necesario en la lucha contra el Cambio Climático. Si nuestro sistema económico no es sostenible, se nos presenta una oportunidad única para promover un modelo que nos permita transitar a un verdadero desarrollo sustentable.

El ultimo evento que marcó el tema del Cambio Climático fue la Décimo Quinta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se llevó a cabo del 7 al 19 de diciembre del 2009 en Copenhagen, Dinamarca, en la que representantes de 194 Estados participantes, se reunieron con el propósito de asumir compromisos respecto al Cambio Climático. El objetivo fue decidir de manera vinculante los elementos claves para un nuevo Acuerdo Climático- Esto lamentablemente no fue alcanzado.

La próxima Décimo Sexta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático será en Cancún, México. Esta Conferencia se realizará en unas cuantas semanas. Esta es una oportunidad de que México, cómo país anfitrión, mande desde su Congreso un claro mensaje de compromiso al impulsar una Ley General de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que además propicie el nacimiento de Leyes locales de adaptación y mitigación al Cambio Climático en las entidades federativas del país, en estricto apego y respeto al artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Cambio Climático es inequívoco; lo que no se sabe con certeza es cuál será su verdadera magnitud. Representa un drástico aumento de la incertidumbre y, para enfrentarlo, se necesitarán nuevos métodos de toma de decisiones legislativas. Por ello, la pertinencia, relevancia y vigencia de esta iniciativa de Ley General de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que se propone para ser el instrumento legal que ordene, regule y gestione las acciones y medidas de adaptación y mitigación del Cambio Climático que requiere nuestro país.

Estructura de la iniciativa de Ley General de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.

La presente iniciativa de Ley General de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático tiene una estructura sencilla y lógica, con una organización de ocho títulos que contienen 21 capítulos, uno de ellos con 11 secciones, 118 artículos y 18 artículos transitorios.

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Capítulo Único.

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES, DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO

Capítulo I. De los principios generales para la Acción Climática.

Capítulo II. Derechos y obligaciones en materia de Cambio Climático.

TÍTULO TERCERO

DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EN MATERIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Capítulo I. Distribución de Competencias y Coordinación.

Capítulo II. De las Atribuciones de la Cámara de Diputados.

Capítulo III. De las Atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Capítulo IV. De las Atribuciones de la Secretaría de Gobernación.

Capítulo V. Del Sistema Nacional para la Adaptación y la Mitigación del Cambio Climático.

Capítulo VI. De la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático.

Capítulo VII. Del Consejo Científico de Cambio Climático.

Capítulo VIII. De las Comisiones Estatales de Cambio Climático.

TÍTULO CUARTO

DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Capítulo I. De la Política Nacional de Cambio Climático.

Capítulo II. De las Políticas de Adaptación.

Capítulo III. De las Políticas de Mitigación.

Capítulo IV. De los Instrumentos de la Política Nacional de Cambio Climático.

Sección I. De la Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.

Sección II. Del Programa Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.

Sección III. De los Programas Estatales, del Distrito Federal, Municipales y Delegacionales de Acción ante el Cambio Climático.

Sección IV. Del Inventario de Agentes Vulnerables.

Sección V. Del Fondo de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.

Sección VI. Del Presupuesto de Carbono.

Sección VII. De los Mecanismos para un Desarrollo Limpio.

Sección VIII. Del Registro Público Nacional de Emisiones de Compuestos de Efecto Invernadero.

Sección IX. Del Sistema de Comercio de Emisiones de Carbono.

Sección X. De las Normas Oficiales Mexicanas en Materia de Cambio Climático.

Sección XI. Del Sistema Nacional de Información sobre el Cambio Climático

TÍTULO QUINTO

DE LA INVESTIGACIÓN, LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Capítulo I. De la Investigación para el Cambio Climático.

Capítulo II. De la Cultura y Educación sobre el Cambio Climático.

TÍTULO SEXTO

DE LA POLÍTICA INTERNACIONAL EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO

Capítulo Único.

TÍTULO SEPTIMO

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO

Capítulo Único.

TÍTULO OCTAVO

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD O DE URGENTE APLICACIÓN

Capítulo I. Inspección y Vigilancia.

Capítulo II. De las Medidas de Seguridad

Capítulo III. Sanciones Administrativas

ARTÍCULOS TRANSITORIOS.

Contenido de la iniciativa de Ley General de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.

En el Título Primero, con un sólo capítulo, se incluye el encuadre constitucional, objeto y definiciones de la Ley. En especial, el artículo primero, contextualiza el fundamento constitucional y el objeto de la Ley, mismo que se traduce en: 1) El establecimiento de las políticas, estrategias, programas y acciones generales de la adaptación y mitigación al Cambio Climático; 2) En la aplicación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 3) En la distribución de las competencias entre la Federación, las entidades federativas y municipios, bajo el principio de concurrencia y 4) En la determinación de las bases y cauces para la participación de la sociedad civil en las tareas de adaptación y mitigación al Cambio Climático. En el artículo 2º. se señala, que la presente iniciativa de Ley, será supletoria de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y de otras Leyes relacionadas con la materia. En el artículo 3º. se indica que será de utilidad pública la formulación y ejecución de acciones de adaptación y mitigación al Cambio Climático. En un artículo cuarto se incorporan y definen 55 conceptos propios de la iniciativa.

El Título Segundo establece dos capítulos. El primero de ellos, referido a “los Principios Generales para la Acción Climática” y el segundo, contempla los “Derechos y Obligaciones en materia de Cambio Climático” de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos.

Respecto al primer capítulo, la Ley establece una obligación social, de forma coactiva y sancionadora, por tanto actúa como principio condicionante de la acción que orienta la libertad de los individuos, por ello toda norma jurídica debe sustentarse en principios, siendo el caso de la presente iniciativa de Ley los siguientes: 1) El progreso económico, social, cultural y ambiental, 2) Respeto a los derechos humanos y prevalencia del interés colectivo, 3) El aprovechamiento de los recursos naturales, 4) El cumplimiento de la responsabilidad social del Estado y, 5) La modernización tecnológica y la descentralización administrativa a fin de mejorar la capacidad de respuesta de la administración pública federal, todos estos principios enfocados a la adaptación y mitigación al Cambio Climático. Todos los miembros de una sociedad niños, jóvenes adultos y ancianos, hombres y mujeres, tenemos obligaciones para cumplir, al igual que libertades para exigir.

En el capítulo segundo, se contemplan los “Derechos y Obligaciones en materia de Cambio Climático”, siendo en consecuencia que las y los ciudadanos mexicanos tendrán entre otros derechos, el de participar en las comisiones de Cambio Climático que para tal efecto se constituyan en la entidad federativa correspondiente. Asimismo, los ciudadanos tendrán el derecho de ser informados y presentar todo tipo de quejas y denuncias en materias relativas al Cambio Climático. Para hacer coherentes y armónicos los temas de medio ambiente y Cambio Climático con el de los derechos humanos, se establece como derecho de los gobernados la facultad de ejercitar las acciones colectivas, recientemente aprobadas por el Congreso de la Unión. Finalmente se dispone que independientemente de su nacionalidad, todos los habitantes y visitantes del país tengan la obligación de cumplir con las disposiciones de la presente Ley y respetar los lineamentos y determinaciones que se adopten en las diversas Comisiones de Cambio Climático.

El Título Tercero se divide en ocho capítulos, mismos que desarrollan la “Organización, y Administración en materia de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático”.

En el primer capítulo se presentan la “Distribución de Competencias y Coordinación” entre los tres órdenes de gobierno. En este capítulo se establecen las facultades de la federación, estados y municipios con una visión coordinada interinstitucional para la ejecución de acciones y medidas para la adaptación y mitigación al Cambio Climático.

Igualmente, se establece un segundo capítulo dedicado a “las Atribuciones de la Cámara de Diputados” donde de manera primordial se le otorga la facultad de aprobar y modificar la Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, para remitirla al Ejecutivo Federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación, sin dejar de considerar las evaluaciones de los resultados derivados de las acciones y políticas establecidas en la Estrategia y en el Programa Nacional. En conformidad con la facultad en materia presupuestaria que posee la Cámara de Diputados se dispone destinar de forma equitativa al menos el 5% del monto de la recaudación federal participable y de los ingresos del gobierno federal al Presupuesto de Egresos de la Federación al ejercicio fiscal correspondiente, para las acciones de adaptación y mitigación al Cambio Climático.

En el capítulo tercero y cuarto, se determinan las “Atribuciones de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Gobernación” respectivamente.

En el capítulo quinto se determinan las bases para el desarrollo “del Sistema Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático”, que tendrá por objeto definir, formular y promover la aplicación efectiva de la política de Estado para la mitigación y adaptación al Cambio Climático a través de los instrumentos de política previstos en esta Ley. El Sistema tendrá a su cargo la implementación, monitoreo, seguimiento y evaluación de la Política de Estado para la mitigación y adaptación al Cambio Climático, de la Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, el Programa Nacional y demás instrumentos que la integran. Este Sistema se compondrá por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, el Consejo Científico de Cambio Climático, el Consejo Consultivo de Cambio Climático, el titular del Ejecutivo de cada uno de los Estados; el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y un representante designado de las Cámaras del Congreso de la Unión. El Sistema será presidido por el titular del Poder Ejecutivo Federal y contará con una Secretaría Técnica a cargo del titular de la Secretaría. En ausencia del titular del Poder Ejecutivo Federal, el o la titular de la Secretaría de Gobernación presidirá las reuniones del Sistema.

En el capítulo sexto se desarrolla la organización y atribuciones “de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático”. La Comisión tiene por objeto formular y coordinar las políticas de la Administración Pública Federal relativas al Cambio Climático, la cual tendrá las funciones que establezcan las disposiciones reglamentarias que deriven de esta Ley. La Comisión se integrará por los titulares de las Secretarías de Gobernación; de Relaciones Exteriores; de Marina; de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Energía; de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Comunicaciones y Transportes; de Educación Pública; de Salud, y de Turismo. Será presidida por el Titular del Ejecutivo Federal y en su ausencia lo suplirán de manera rotativa los titulares de las Secretarías que la integran. En especial, la Comisión elaborará el Programa Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático y las demás acciones a que se refiere esta Ley en materia de adaptación y mitigación al Cambio Climático, en los ámbitos nacional y regional. Igualmente será responsable de coordinar la instrumentación de este Programa.

En el capítulo séptimo se desarrolla el propósito, la organización y atribuciones “del Consejo Científico de Cambio Climático” que será el órgano colegiado, especializado e independiente en aspectos técnicos y científicos en materia de adaptación y mitigación al Cambio Climático. Se integrará por un conjunto de nueve personas de reconocido prestigio en materia de Cambio Climático. Para garantizar la plena independencia del Consejo Científico sus miembros serán elegidos por la Cámara de Diputados o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Una de sus principales atribuciones es elaborar la Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, y remitirla a la Cámara de Diputados para su aprobación, así como presentar los informes correspondientes de sus resultados.

En el capítulo octavo, se establecen “las Comisiones Estatales de Cambio Climático” en cada una de las entidades federativas con la participación de integrantes de instituciones académicas, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales y empresariales, así como de entidades y dependencias de la administración pública de los tres órdenes de gobierno.

El Título Cuarto se refiere a “la Política Nacional de Cambio Climático”. Se compone de cuatro capítulos y 9 secciones en uno de éstos. Este título desarrolla los principios, criterios e instrumentos de la política nacional del Cambio Climático y de las políticas de adaptación y de mitigación.

En el capítulo primero “de la Política Nacional de Cambio Climático”, se establece que está se fundamenta en la Ley de Planeación, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional y sostenido de los recursos naturales, así como las metas de sustentabilidad social, ambiental y económica relacionadas con Cambio Climático, incluyendo los objetivos, metas y líneas de acción para lograr la adaptación y mitigación al Cambio Climático. Se establece que el Sistema Nacional para la Adaptación y la Mitigación al Cambio Climático observará los principios de precaución, prevención, participación ciudadana, de desarrollo sustentable, y de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, adoptando para su aplicación de manera adicional diversos principios y criterios.

En el capítulo segundo “de las Políticas de Adaptación”, se determina que para enfrentar, prevenir, atenuar y transformar los efectos adversos del Cambio Climático el Sistema Nacional para la Adaptación y la Mitigación al Cambio Climático desarrollará de manera coordinada instrumentos específicos de diagnóstico, medición, planificación y desarrollo dirigidos a fundamentar la toma de decisiones y la instrumentación de políticas públicas de adaptación al Cambio Climático. Se hace énfasis que las políticas públicas de adaptación al Cambio Climático estarán dirigidas a reducir las consecuencias adversas y a potenciar cualquier oportunidad de beneficio del Cambio Climático. El Sistema impulsará a través de la Estrategia y el Programa Nacional políticas de adaptación ante los efectos del Cambio Climático conforme a los siguientes criterios:

I. El fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas ecológicos, físicos y sociales;

II. La identificación del grado de vulnerabilidad, tolerancia y capacidad de adaptación y transformación de estos sistemas y sus componentes;

III. La instrumentación de un modelo indicativo que parta del diagnóstico micro regional o municipal hacia lo macro regional o nacional tomando como base los Atlas de Riesgo;

IV. Generar un marco de evaluación y monitoreo de las acciones de adaptación, incluyendo la perspectiva de género y de derechos humanos;

V. El desarrollo de escenarios climáticos regionales en México; y

VI. Establecer mecanismos de atención rápida para afectados climáticos en apoyo de los planes de protección civil.

En dicho capítulo se señalan los componentes de los sistemas ecológicos, físicos y sociales que se consideran de manera primaria en las políticas de adaptación.

En el capítulo tercero “de las Políticas de Mitigación”, se establece que el Sistema Nacional para la Adaptación y la Mitigación al Cambio Climático impulsará a través de la Estrategia y el Programa Nacional políticas de mitigación de compuestos de efecto invernadero conforme a los siguientes criterios:

I. Disminuir la intensidad de carbono de las actividades productivas y de servicio en el país, mediante prácticas de eficiencia energética;

II. Sustituir de manera gradual los combustibles fósiles por fuentes renovables de energía;

III. Considerar tecnologías de mitigación de mínimo impacto y riesgo ambiental, e intrínsecamente seguras para la vida humana;

IV. Considerar de manera prioritaria tecnologías de mitigación cuyas emisiones de compuestos de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos sean casi nulas durante todo su ciclo vital, contando la construcción, la explotación y el desmantelamiento; y

V. Considerar el desarrollo de acciones para el manejo sustentable de los recursos forestales, la captura de carbono y la conservación de los reservorios.

Es de gran relevancia señalar, que con base en la consideración III y IV, además de haberse presentado un análisis al respecto, no se considerarán en las políticas de mitigación a ser promovidas en esta iniciativa de Ley, las tecnologías de captura y secuestro de carbono, así como el uso de la energía nuclear.

En el capítulo cuarto se presentan los diez principales “Instrumentos de la Política Nacional de Cambio Climático,”. La importancia de considerar estos instrumentos es que así la Ley, tiene las herramientas para dejar de ser un instrumento de sólo aspiraciones en la materia, siendo los siguientes: 1) La Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático; 2) El Programa Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático; 3) Los Programas Estatales, del Distrito Federal, Municipales y Delegacionales de Acción ante el Cambio Climático; 5) El Inventario de Agentes Vulnerables; 6) El Fondo de Carbono; 7) El Presupuesto de Carbono; 8) Los Mecanismos para un Desarrollo Limpio; 9) El Registro Público Nacional de Emisiones de Compuestos de Efecto Invernadero; 10) El Sistema de Comercio de Emisiones de Carbono; y 11) Las Normas Oficiales Mexicanas en Materia de Cambio Climático.

En la sección primera se desarrollan las bases “de la Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático” es el establecimiento del marco institucional a corto, mediano y largo plazo que precisa los objetivos, metas y líneas de acción para lograr la adaptación y mitigación al Cambio Climático a través de:

I. Identificar y proponer mediante presupuestos de carbono medidas de reducción de emisiones, así como desarrollar proyectos de mitigación;

II. Identificar y sistematizar la información de los agentes vulnerables al Cambio Climático y a su vez medir su grado de daño, perturbación, tolerancia, asimilación y transformación de los efectos del mismo a través de índices de vulnerabilidad y resiliencia a fin de generar políticas e inducir acciones para reducir las consecuencias adversas y potenciar cualquier oportunidad de beneficio; y

III. Proponer líneas de acción, políticas y estrategias, que sirvan de base para el Programa Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático inscrito en el Plan Nacional de Desarrollo.

La Estrategia, tiene una temporalidad de mediano a largo plazo, ya que tendrá una proyección de al menos 24 años y deberá ser revisada y actualizada por el Consejo Científico cada tres años. La Estrategia debe incluir un diagnóstico de país y por entidad federativa de la situación en su primer año de referencia, respecto al grado de vulnerabilidad y las capacidades de adaptación y resiliencia al Cambio Climático y a las emisiones de compuestos de efecto invernadero, así como de la inserción de las acciones del país, dentro del escenario internacional.

La Estrategia debe contribuir al desarrollo sustentable del país. En especial, la Estrategia deberá vincular la política energética y la política ambiental del país. Esta Estrategia y la Estrategia Nacional de Energía deben ser instrumentos armonizados y congruentes entre sí, para que tengan prioridad proyectos de energía de bajas emisiones de carbono, de mínimo impacto y riesgo ambiental, e intrínsecamente seguros para la vida humana.

De suma relevancia es, que se propone que la Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático deberá vincularse al compromiso nacional voluntario, ya analizado, de realizar acciones de mitigación para alcanzar el objetivo de reducir el 30% de sus emisiones al 2020 y 50% de sus emisiones al 2040, respecto a los niveles de emisiones de compuestos de efecto invernadero de 2000. Posterior al año 2040 las emisiones del país no deberán ser mayores al objetivo propuesto.

En la sección segunda se sientan las bases para la realización del Programa Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, El Programa será elaborado cada seis años en congruencia con la Estrategia y con el Plan Nacional de Desarrollo, una vez que éste se publique en el Diario Oficial de la Federación. El Programa Nacional integrará los objetivos, las prioridades, las acciones y las metas cualitativas y cuantitativas suficientes y necesarias para identificar e implementar opciones en relación con los siguientes criterios:

I. Identificar y disminuir la vulnerabilidad del territorio nacional, regiones y localidades;

II. Fomentar capacidades de adaptación al Cambio Climático; y

III. Formular y ejecutar el presupuesto de carbono por seis años, para reducir las emisiones de compuestos de efecto invernadero en el territorio nacional, regiones y localidades.

El Programa Nacional incluirá la descripción de las acciones de adaptación y mitigación que se propone desarrollar, su ejecución en el tiempo y espacio, los resultados que se espera de las mismas y los recursos económicos requeridos para dicha ejecución. Dentro de las acciones se incluirán los proyectos de investigación y desarrollo sobre Cambio Climático. El Programa Nacional será de observancia obligatoria para las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, y deberá ser difundido al público.

Es importante señalar, que para su debida evaluación el Ejecutivo Federal remitirá a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la primera semana de febrero de cada año el informe anual de avances y resultados del Programa Nacional. La Cámara de Diputados formulará en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de su recepción, y con la opinión del Consejo Científico de Cambio Climático, las consideraciones y observaciones que estime pertinentes con relación a este informe.

En la sección tercera, conforme al espíritu federalista y descentralizador de esta iniciativa, se establece que los gobiernos municipales y de las entidades federativas en el respectivo ámbito de sus competencias, tendrán la obligación de elaborar, promulgar y dar debido cumplimiento a los “Programas de Acción ante el Cambio Climático.” Los Programas de Acción ante el Cambio Climático se realizarán con el objetivo de ser un instrumento para desarrollar la planificación e implementación de políticas públicas en materia de adaptación y mitigación al Cambio Climático en los distintos órdenes de gobierno, e identificar y disminuir la vulnerabilidad local y regional.

Uno de los instrumentos, que dará bases de certidumbre a las acciones de adaptación al Cambio Climático se presenta en la sección cuarta, es el “Inventario de Agentes Vulnerables”. En esta sección de la Ley, se establece que el Poder Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades federativas, tendrán la obligación de elaborar y mantener actualizado el Inventario Nacional de Agentes Vulnerables y el Inventario Estatal de Agentes Vulnerables. Los Inventarios de Agentes Vulnerables del orden nacional y estatal se implementarán para la consecución de los siguientes fines y objetivos:

I. Identificar y sistematizar a nivel nacional y estatal comunidades y elementos específicos del medio físico, natural y social con propensión a experimentar daños o perturbaciones a consecuencia de los efectos del Cambio Climático;

II. Retroalimentar la información de los Atlas de Riesgo del orden municipal, estatal, regional y nacional;

III. Generar un sistema de indicadores de vulnerabilidad que permitan orientar la toma oportuna de decisiones de carácter preventivo ante la ocurrencia de fenómenos climáticos; y

IV. Generar un sistema de indicadores de resiliencia que permitan evaluar el nivel de impacto y transformación de los cambios y perturbaciones de los agentes vulnerados por los efectos del Cambio Climático.

En la sección quinta se establece “el Fondo de Adaptación y Mitigación al Cambio Climàtico”. Este Fondo será el instrumento cuyo objeto será captar y canalizar recursos económicos para lograr los objetivos de la política de Cambio Climático, la Estrategia, el Programa Nacional y los Programas de Acción ante el Cambio Climático de las Entidades Federativas y Municipios. El Fondo operará a través de un Comité Mixto, en el habrá una representación equilibrada y proporcionada de los integrantes de la Comisión, de los Gobiernos de las Entidades Federativas, del Consejo Científico, del Consejo Consultivo de Cambio Climático, así como de un representante designado de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Como un instrumento fundamental en la Política Nacional del Cambio Climático destaca en la sección sexta el desarrollo del denominado “Presupuesto de Carbono”. Por Presupuesto de Carbono se entenderá el establecimiento de un límite de emisiones de compuestos de efecto invernadero que se puede emitir en un determinado periodo de tiempo, bien para la totalidad de la economía del país o bien por un grupo de actividades, sectores o entidades territoriales. Su utilidad consiste en la capacidad para trasladar los compromisos específicos de reducción de emisiones a todos los elementos implicados de manera diferenciada. El Presupuesto de Carbono se considera un instrumento independiente de los mecanismos de mercado. Los objetivos de mitigación comprometidos en la Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático se tomarán como fundamento para la elaboración de los Presupuestos de Carbono correspondientes, tanto en la citada Estrategia, como en el Programa Nacional. Los objetivos fundamentales del Presupuesto de Carbono son:

I. Proporcionar un camino claro a las instituciones, empresas y grupos sociales hacia una economía baja en emisiones de carbono, facilitando los mecanismos y recursos que permitan conseguir la reducción de emisiones necesarias en los plazos establecidos. Al mismo tiempo debe proporcionar certeza a inversores en tecnología de reducción;

II. Atribuir responsabilidades claras en su gestión a cada una de las dependencias y entidades de la administración pública federal, de las administraciones públicas de las entidades federativas y de los municipios;

III. Garantizar que los esfuerzos para cumplir las metas de mitigación de emisiones propuestos de manera general se repartan entre los generadores en función de su responsabilidad y de su potencial de reducción;

IV. Proporcionar flexibilidad para alcanzar reducciones a los diferentes sectores de la economía a lo largo del tiempo;

V. Proveer una estructura estable y concreta para la supervisión y evaluación del cumplimiento de las metas, así como la revisión periódica de las mismas; y

VI. Diseñar un mecanismo de actuación y corrección de la trayectoria de las emisiones en caso de incumplimiento de las metas, con un sistema de penalización asociado.

En la sección séptima se presentan el procedimiento para validar y registrar los proyectos de “los Mecanismos para un Desarrollo Limpio” conforme a lo establecido en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto. El propósito de los Mecanismos para un Desarrollo Limpio es ayudar a los países no incluidos en el Anexo I de la Convención lograr un desarrollo sostenible y contribuir al objetivo último de ésta, así como ayudar a los países incluidos en el anexo I a dar cumplimiento a sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contraídas en términos del artículo tercero del Protocolo de Kyoto. Se establece conforme a esta Ley que la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático, deberá fungir como Autoridad Nacional Designada para los fines relativos a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto. Se establece dentro de los requisitos para la validación y la solicitud de registro de proyectos del los Mecanismos para un Desarrollo Limpio, que los interesados deberán presentar a las entidades operacionales designadas, la aprobación por escrito de la Autoridad Nacional Designada del país de acogida del Proyecto, en este donde se haga constar su participación voluntaria, así como la contribución de la actividad respectiva a su desarrollo sustentable.

En la sección octava se presenta el “Registro Público Nacional de Emisiones de Compuestos de Efecto Invernadero”. Expresamente se señala que corresponderá a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales el funcionamiento del Registro Público Nacional de Emisiones de Compuestos de Efecto Invernadero, que formará parte del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes de dicha Secretaría. El Registro Público Nacional de Emisiones será público y está obligado a proporcionar su información a todo solicitante. Se considera como obligatorio el reporte anual de generación de compuestos de efecto invernadero para las industrias de jurisdicción federal y estatal que estén inscritas al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes de la Secretaría y de los similares que operen los gobiernos estatales. Igualmente, la Secretaría establecerá las metodologías y procedimientos para calcular, validar y certificar las emisiones de compuestos de efecto invernadero, sus reducciones o capturas por las fuentes emisoras inscritas en el Registro Nacional de Emisiones. Destaca, que el Consejo Científico de Cambio Climático deberá aprobar las metodologías y procedimientos antes mencionados buscando su homologación con los estándares internacionales derivados de los requisitos determinados por la Conferencia de las Partes en la Convención y su Protocolo de Kyoto.

En la sección novena se establece el marco regulatorio “del Sistema de Comercio de Emisiones de Carbono”. Se determina que en el marco de los tratados internacionales y disposiciones nacionales aplicables, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático promoverá el desarrollo de un Sistema de Comercio de Emisiones de Carbono con el objeto de que los generadores obtengan derechos de emisión y elijan la manera de cumplir con sus objetivos de reducción. Su propósito será fomentar reducciones de emisiones de compuestos de efecto invernadero de una forma eficaz y de manera económicamente eficiente. La Comisión deberá establecer un sistema de emisiones de carbono negociables con identificación de límites máximos de emisiones por fuentes especificadas. La asignación de derechos de emisiones negociables permitirá a los generadores producir una cantidad específica de emisiones. Los generadores que logren reducir sus emisiones a menor costo podrán vender sus derechos a otros que, de otra manera, no podrán cumplir con sus obligaciones. Es importante señalar que la iniciativa de Ley propone que el reconocimiento de una reducción certificada de emisión podrá tener lugar siempre que:

I. No hayan sido generadas por instalaciones nucleares;

II. No hayan sido generadas por tecnologías como captura y almacenamiento de carbono;

III. No hayan sido generada por cambios de uso de suelos forestales: y

IV. No procedan de proyectos de producción de energía hidroeléctrica con una capacidad superior a los 30 MW.

En la sección décima se establecen “las Normas Oficiales Mexicanas en Materia de Cambio Climático”. Se considera, que para garantizar las medidas de adaptación y mitigación al Cambio Climático, la Secretaría, de manera conjunta o con la participación de otras dependencias de la Administración Pública Federal, expedirán normas oficiales mexicanas que tengan por objeto establecer lineamientos, criterios, especificaciones técnicas y procedimientos conforme a las disposiciones de esta Ley.

En la sección décima primera se integra el “Sistema Nacional de Información sobre el Cambio Climático” por parte de la Comisión Intersecretarial con el auxilio del Consejo Científico, con objeto de llevar el control, el monitoreo, la evaluación y el seguimiento del Cambio Climático observado, los procesos climáticos y los escenarios del Cambio Climático futuro proyectado a escala nacional, regional, estatal y municipal.

El Título Quinto, “de la Investigación, la Cultura y la Educación sobre el Cambio Climático”, se compone de dos capítulos. En el primer capítulo “de la Investigación para el Cambio Climático” se señala, que el Instituto Nacional de Ecología, en coordinación con el Consejo Científico de Cambio Climático fomentará a través de su dirección las acciones de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en materia de adaptación y mitigación del Cambio Climático. En el segundo capítulo “de la Cultura y Educación sobre el Cambio Climático”. Se propone que los tres órdenes de gobierno, en especial las autoridades educativas, asuman la responsabilidad de desarrollar e instrumentar programas de cultura y educación sobre la vulnerabilidad, adaptación y mitigación al Cambio Climático, así como sus consecuencias a mediano y largo plazo.

El Título Sexto se integra de un capitulo único, “de la Política Internacional en materia de Cambio Climático”. El Cambio Climático es un problema mundial que solo puede encararse mediante la colaboración de todos los países. En los documentos presentados ante la Organización de las Naciones Unidas por varios Estados Miembros se subraya que existe una oportunidad de aumentar la coherencia y la cooperación en materia de políticas en todo el sistema de las Naciones Unidas y también con otras organizaciones pertinentes. Es posible que el sistema de las Naciones Unidas también deba examinar con mayor detalle los efectos del Cambio Climático y fortalecer su capacidad de respuesta ante un incremento esperado de desastres naturales y crisis humanitarias relacionados con el Cambio Climático. Los documentos presentados coinciden en señalar que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático sigue siendo el órgano central de las Naciones Unidas encargado de dirigir las negociaciones sobre el Cambio Climático. En el caso particular de México, la comunidad internacional ha reconocido sus políticas ambientales, lo que se ha traducido en mayores inversiones para mitigar los compuestos de efecto invernadero en nuestro país. No podemos dejar de mencionar la política internacional en materia de Cambio Climático, en la que nuestro país observará los compromisos de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y de los Acuerdos que se deriven en las Conferencias de las Partes de la Convención.

El Título Séptimo establece un capitulo único, dedicado a “la Participación Social en materia de Cambio Climático”. Dispone la obligatoriedad del Gobierno Federal de promover la participación corresponsable de la sociedad en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política nacional de Cambio Climático, en la que convocará a organizaciones diversas, productores agropecuarios, pesqueros y forestales, comunidades agrarias, pueblos indígenas, instituciones educativas, organizaciones juveniles, sociales y privadas no lucrativas y demás personas interesadas para que manifiesten su opinión y propuestas respecto del fenómeno climático. Así mismo, se celebrarán convenios de concertación con organizaciones ambientales, obreras y grupos sociales para fomentar las acciones de mitigación y adaptación al Cambio Climático. Se promoverá el establecimiento de reconocimientos a los esfuerzos más destacados de la sociedad por las medidas de adaptación y mitigación para erradicar los efectos adversos del Cambio Climático e impulsará el fortalecimiento de la conciencia ecológica, a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para adaptación y mitigación de Cambio Climático. En especial en este título y su capítulo se crea el Consejo Consultivo de Cambio Climático como un órgano auxiliar de consulta, opinión, evaluación y participación social. En dicho consejo participarán integrantes de instituciones académicas, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales y empresariales. Los cargos de los integrantes del Consejo Consultivo serán honorarios. Las mujeres tendrán una representación de integración del 50% en el Consejo Consultivo. La selección de las consejeras y los consejeros de las instituciones académicas, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales y empresariales del Consejo Consultivo se realizará mediante convocatoria pública de la Comisión. Podrán participar como invitados, con voz pero sin voto, representantes de la propia Comisión, Congreso de la Unión, Congresos Locales, de entidades y dependencias de la administración pública federal y de las entidades federativas.

El Título Octavo se integra de tres capítulos, “Inspección y Vigilancia”, “de las Medidas de Seguridad” y “Sanciones Administrativas”.

Se dispone en el capítulo primero que para la verificación y comprobación del cumplimiento de la Ley, los reglamentos y las normas oficiales mexicanas que de ella deriven, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, podrá realizar los actos de inspección y vigilancia que consideren necesarios, conforme a esta Ley. Los procedimientos de inspección se sujetarán a las formalidades que señalan la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

En los siguientes dos capítulos se establece la parte punitiva de la propuesta de Ley, mediante la cual se contemplan medidas de seguridad y sanciones administrativas. Cuando en las visitas u operativos de inspección se determine que existe riesgo inminente, derivado de contravenir las disposiciones de la presente Ley o bien cuando los actos u omisiones pudieran dar lugar a la imposición de sanciones administrativas, se impondrán medidas de seguridad tales como: El aseguramiento precautorio de los bienes, vehículos, utensilios, herramientas, equipo y cualquier instrumento directamente relacionado con la acción u omisión; la clausura temporal, parcial o total de las instalaciones, maquinaria o equipos; la suspensión temporal, parcial o total de la actividad de que se trate; la desocupación o desalojo de inmuebles; la demolición de construcciones; el retiro de instalaciones; y la prohibición de actos de utilización. En estos casos la aplicación de estas medidas se sujetará a lo dispuesto en el Código Civil y en las Leyes de Protección Civil y de Procedimiento Administrativo del ámbito federal. Tratándose de las sanciones administrativas, las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen, serán sancionados conforme a lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, independientemente de las responsabilidades administrativas del orden civil o penal. Los servidores públicos de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas funciones, serán sujetos al régimen de aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Respecto a los actos administrativos, los interesados afectados podrán interponer el recurso de inconformidad, previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o intentar el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En el caso de los Artículos Transitorios, la presente iniciativa de Ley incluye 18 artículos. Destaca el artículo transitorio Décimo Octavo, que indica que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, y en adelante se destinará un mínimo de tres mil millones de pesos para iniciar los trabajos del Fondo de Carbono.

Por tanto y en atención a lo anteriormente expuesto, se somete respetuosamente a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se expide la Ley General de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático

Artículo Único. Se expide la Ley General de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1. La presente Ley General de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren al derecho a un medio ambiente adecuado, a la preservación y restauración del equilibrio ecológico; para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad en el territorio nacional en las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción; y a las facultades de los municipios para la planeación del desarrollo.

Sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto:

I. Establecer las políticas, estrategias, programas y acciones generales de la adaptación y mitigación al Cambio Climático;

II. Aplicar la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático;

III. Distribuir las competencias entre la Federación, las Entidades Federativas y Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y definir los términos de la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno en adaptación y mitigación al Cambio Climático; y

IV. Determinar las bases y cauces para la participación de la sociedad civil en las tareas de adaptación y mitigación al Cambio Climático.

Artículo 2. La presente Ley impulsará el desarrollo sustentable, la seguridad energética, los procesos productivos limpios y eficientes, la preservación de los recursos naturales, así como una adecuada coordinación entre la Federación, las entidades federativas y municipios, en materia de adaptación y mitigación al Cambio Climático.

En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo conducente las disposiciones contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y en otras leyes relacionadas con las materias que regula este ordenamiento.

Artículo 3. Se considera de utilidad pública la formulación y ejecución de acciones de adaptación y mitigación al Cambio Climático.

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. Acción Climática: Medida de adaptación y/o mitigación encaminada a erradicar las causas y los efectos del Cambio Climático;

II. Acciones de Adaptación: Implementación de medidas y actos dirigidos a reducir las consecuencias adversas y la vulnerabilidad de los sistemas ecológicos, económicos y sociales ante el Cambio Climático y a potenciar cualquier oportunidad de beneficio del mismo;

III. Agente Vulnerable: Comunidades de un área geográfica determinada y elementos del medio físico, natural y social con propensión a experimentar daños o perturbaciones a consecuencia de los efectos del Cambio Climático;

IV. Atlas de Riesgo: Instrumento informativo dinámico que conjunta elementos descriptivos y un sistema de indicadores para realizar análisis, construir bases de datos, y elaborar sistemas geográficos de información con el objetivo de formular escenarios y disminuir situaciones de emergencia y desastre natural;

V. Adaptación: Medidas encaminadas a moderar la vulnerabilidad de los sistemas ecológicos, físicos y sociales y aumentar la tolerancia y resiliencia de los mismos ante los impactos y efectos del Cambio Climático;

VI. Autoridad Nacional Designada: La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático;

VII. Cambio Climático: Variabilidad de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial o el uso de suelo regional generando efectos significativos en los sistemas ecológicos, físicos y sociales y que se suma a la cambio natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables;

VIII. Capacidad de Adaptación: Capacidad inherente o inducida de los sistemas ecológicos, físicos y sociales para implementar medidas de adaptación así como para expandir su rango de tolerancia ante los efectos e impactos del Cambio Climático;

IX. Carta de Aprobación: El documento expedido por el Presidente de la Comisión a solicitud de los interesados en la realización de Proyectos de Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL), para hacer constar su participación voluntaria y la contribución de los mismos al desarrollo sustentable de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente para los fines previstos en el artículo 12 del Protocolo de Kyoto, y en apego a la Decisión 17/CP.7 de la Conferencia de las Partes, su Anexo y demás disposiciones que resulten aplicables;

X. CEI: Compuestos de Efecto Invernadero. Compuestos, Gases y partículas de origen antropogénico que absorben y remiten radiación infrarroja, que requieren de políticas y normas de control;

XI. COMEGEI: El Comité Mexicano para Proyectos de Reducción de Emisiones y de Captura de Gases de Efecto Invernadero;

XII. Comisión: La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Organismo cuyo objeto es formular y coordinar las políticas de la Administración Pública Federal relativas al Cambio Climático;

XIII. Conferencia de las Partes: Conferencia establecida en el artículo 7 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con la calidad de órgano supremo de la misma y que funge como Reunión de las Partes para el Protocolo de Kyoto;

XIV. Consejo Científico: Consejo Científico de Cambio Climático. Órgano colegiado del Sistema y de la Comisión en aspectos técnicos y científicos en materia de adaptación y mitigación al Cambio Climático;

XV. Consejo Consultivo: Consejo Consultivo de Cambio Climático. Órgano permanente de consulta opinión, evaluación y participación social de la Comisión, en el que participarán integrantes de instituciones académicas, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales y empresariales;

XVI. Convención: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Tratado internacional que tiene por objeto lograr la estabilización de las concentraciones de compuestos de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático;

XVII. Derecho de Emisión: El derecho a emitir, desde una instalación incluida en el ámbito de aplicación de esta Ley y previo permiso de la Comisión hasta una tonelada equivalente de dióxido de carbono, durante un periodo determinado;

XVIII. Emisiones de CEI: Liberación al ambiente de Compuestos de Efecto Invernadero;

XIX. Entidad Operacional Designada: Entidad acreditada por la Junta Ejecutiva del MDL y designada por la Conferencia de las Partes para validar actividades de Proyectos del MDL, así como para verificar y certificar reducciones o captura de emisiones de gases de efecto invernadero ante la Junta Ejecutiva;

XX. Entidad Promovente: Persona física o moral legalmente constituida que promueve, desarrolla y tramita el desarrollo de un proyecto;

XXI. Estrategia: Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Marco institucional mediante el cual el Estado Mexicano precisa los objetivos, metas y líneas de acción para lograr la adaptación y mitigación al Cambio Climático;

XXII. Fondo: Fondo de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático. Es el fondo sin fines de lucro que apoya técnica y financieramente acciones de adaptación y mitigación al Cambio Climático en México;

XXIII. Fuente: Todo proceso, actividad o mecanismo que libere a la atmósfera un compuesto de efecto invernadero, un aerosol o un precursor o aerosol de compuesto de efecto invernadero;

XXIV. Generador: Persona física o persona moral constituida conforme a las leyes mexicanas y con domicilio en el territorio nacional, que genere emisiones de compuestos de efecto invernadero;

XXV. Inventario Nacional de Compuestos de Efecto Invernadero: Documento que contiene el registro nacional de las emisiones de CEI, incluyendo aspectos metodológicos;

XXVI. Inventario Nacional de Agentes Vulnerables al Cambio Climático: Registro que identifica y sistematiza los componentes y elementos susceptibles de sufrir daños y perturbaciones en los sistemas ecológicos, físicos y sociales a escala nacional, y regional, estatal y municipal;

XXVII. Inventario Estatal de Agentes Vulnerables al Cambio Climático: Registro que identifica y sistematiza los componentes y elementos susceptibles de sufrir daños y perturbaciones en los sistemas ecológicos, físicos y sociales a escala estatal y municipal;

XXVIII. Junta Ejecutiva: Junta Ejecutiva del MDL sujeta a la autoridad de la Conferencia de las Partes;

XXIX. Ley: Ley General de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático;

XXX. MDL: Mecanismo para un Desarrollo Limpio. Definido en el artículo 12 del Protocolo de Kyoto, el Mecanismo de Desarrollo Limpio tiene dos objetivos: (1) asistir a los países no incluidos en el Anexo I a lograr un desarrollo sustentable (2) asistir a los países incluidos en el Anexo I a lograr el cumplimiento de sus compromisos de reducción de emisiones;

XXXI. Mitigación: Medida ambiental destinada a reducir las emisiones de compuestos de efecto invernadero o incrementar su captura natural o artificial, tratándose de dióxido de carbono;

XXXII. Países del Anexo I. Grupo de países incluidos en el Anexo I (como se estableció en 1998) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, incluyendo a todos los países desarrollados de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y las Economías en Transición. Dentro de los artículos 4.2 (a) y 4.2 (b) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, los países incluidos en el Anexo I se comprometen específicamente a reducir individual o conjuntamente el nivel de gases de efecto invernadero al nivel que tenían en 1990;

XXXIII. Países del Anexo II. Grupo de países incluidos en el Anexo II de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático incluyendo todos los países desarrollados dentro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, dentro del Artículo 4.2 (g) de la Convención. Se espera que estos países provean de recursos financieros para asistir a países en desarrollo a cumplir con sus obligaciones, tales como preparar las respectivas comunicaciones nacionales. También se espera que Los Países del Anexo II promuevan la transferencia de tecnologías a países en desarrollo;

XXXIV. Países del Anexo B. Grupo de países incluidos en el Anexo B dentro del Protocolo de Kyoto que han acordado enfrentar sus emisiones de gases de invernadero, incluyendo todos los países del Anexo I (como se estableció en 1998) sin incluir a Turquía y Bielorrusia;

XXXV. Países no incluidos en el Anexo I. Países que han ratificado o accedido a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que no están incluidas en el Anexo I de la Convención;

XXXVI. Países no incluidos en el Anexo B. Países que no están incluidos en el Anexo B del Protocolo de Kyoto;

XXXVII. Permiso de Emisión: Permiso que otorga la Comisión a una entidad regional, sectorial o una fuente emisora para que pueda emitir, dentro de los límites y periodos determinados cierta cantidad de compuestos de efecto invernadero;

XXXVIII. Presupuesto de Carbono: El establecimiento de una cantidad global de toneladas de compuestos de efecto invernadero expresadas en toneladas de dióxido de carbono equivalentes (CO2e), que se pueden emitir en un periodo de tiempo determinado por la totalidad de la economía o bien por un grupo social determinado, por un conjunto de actividades o de emisores.

XXXIX. Programa Nacional: Programa Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Instrumento rector derivado de la planeación institucional sexenal, que contempla en forma sistémica e integrada, conforme al marco nacional de planeación del desarrollo, las estrategias, políticas, directrices, objetivos, metas e indicadores en tiempo y espacio; así como los instrumentos, mecanismos y acciones relacionadas a la adaptación y mitigación al Cambio Climático que los tres niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad en su conjunto se comprometen a realizar en el mediano y largo plazos, para contribuir a la mitigación de emisiones de compuestos de efecto invernadero, y lograr la adaptación del país a los efectos del Cambio Climático global;

XL. Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático: Instrumento rector derivado de la planeación institucional elaborado con el objeto de apoyar y fortalecer la planeación y desarrollo de políticas públicas en materia de Cambio Climático a nivel estatal, por el cual se establece el orden de actuación, así como los objetivos o metas, cuantificables (en términos de un resultado final), que se cumplirán a través de la integración de un conjunto de esfuerzos y para cuyo resultado se requiere combinar recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros; especifica tiempos y espacios en los que se va a desarrollar y atribuye responsabilidad a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas;

XLI. Protocolo de Kyoto: Tratado internacional ligado a la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre Cambio Climático que establece compromisos legalmente vinculantes y no vinculantes, mecanismos y medidas para limitar o reducir las emisiones de compuestos de efecto invernadero;

XLII. Proyectos: Proyectos de adaptación al cambio climático o que reducen las emisiones o capturan los compuestos de efecto invernadero;

XLIII. Reducciones Certificadas de Emisiones: Disminución de emisiones de compuestos de efecto invernadero a la atmosfera expresados en toneladas de dióxido de carbono equivalente logradas por alguna actividad o proyecto y que han sido certificadas por alguna entidad autorizada para dichos efectos;

XLIV. Reducción de Emisiones de Compuestos de Efecto Invernadero derivados de la Deforestación y de la Degradación del Suelo (REDD): Este programa tiene como objetivo desarrollar una gestión sostenible de los bosques para luchar contra la alta cantidad de emisiones de compuestos de efecto invernadero que produce la tala de los sumideros de bióxido de carbono que son la masa forestal;

XLV. Registro: Registro Nacional de Emisiones de Compuestos de Efecto Invernadero. Instrumento de registro a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de las fuentes de emisiones nacionales, los proyectos de reducción de emisiones, así como las transacciones de reducciones certificadas y de permisos de emisión;

XLVI. Reglamento: El reglamento de la presente Ley;

XLVII. Resiliencia: Capacidad de los sistemas ecológicos, físicos y sociales de absorber impactos y transformar perturbaciones a consecuencia de los efectos del Cambio Climático;

XLVIII. Secretaría: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

XLIX. Sistema Nacional para la Adaptación y la Mitigación al Cambio Climático. Conjunto de políticas de Estado que definen las acciones a corto, mediano y largo plazo, a través de estrategias, planes y programas para la adaptación y mitigación al Cambio Climático;

L. Sistema de Comercio de Emisiones de Carbono: Sistema, que hace posible las transacciones de compra venta de reducciones o captura de emisiones de compuestos de efecto invernadero o de permisos de emisión;

LI. Sumidero de Carbono: Cualquier proceso, actividad o mecanismo que retira de la atmósfera un compuesto de efecto invernadero, un aerosol o un precursor de compuesto de efecto invernadero;

LII. Toneladas de dióxido de carbono equivalentes (CO 2e: Unidad de medida de los compuestos de efecto invernadero expresada en toneladas de dióxido de carbono que tendrían el efecto invernadero equivalente. Se asumirán las equivalencias adoptadas por la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre Cambio Climático;

LIII. Transferencia: La operación del Registro que refleja el movimiento de derechos de emisión entre distintos generadores;

LIV. Transmisión: El negocio jurídico del que deriva un cambio de titularidad de uno o varios derechos de emisión; y

LV. Vulnerabilidad: Propensión al daño o alteración de una comunidad o área geográfica en su estructura de servicios en sus estructuras ecológicas, socioeconómicas, de infraestructura física y de servicios a consecuencia del impacto del Cambio Climático.

Artículo 5. Los objetivos, metas y acciones del Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, el Programa Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático se establecerán y conducirán en apego y concordancia a la presente Ley, con la participación de las entidades federativas y municipios.

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES, DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO

CAPÍTULO I

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA

Artículo 6. La acción climática se llevará a cabo como un medio eficaz y permanente para impulsar el desarrollo integral y atenderá a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, económicos y del desarrollo sustentable contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se basará en los siguientes principios generales:

I. El progreso económico, social, cultural y ambiental de las y los mexicanos.

II. La defensa del interés colectivo y el respeto a los derechos humanos fundamentales;

III. El aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales, acorde con un desarrollo económico y social equilibrado y con respeto al medio ambiente.

IV. El cumplimiento de la responsabilidad social del Estado en materia de adaptación y mitigación al Cambio Climático, a fin de prever, prevenir y atender los problemas del desarrollo económico, social, ambiental y territorial; y

V. La promoción de la modernización tecnológica y la descentralización administrativa a través de las cuales se optimicen los recursos humanos y financieros, a fin de mejorar la capacidad de respuesta de la Administración Pública Federal en materia de adaptación y mitigación al Cambio Climático.

CAPÍTULO II

DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO

Artículo 7. En materia de Cambio Climático las y los ciudadanos mexicanos, tienen derecho a:

I. Ser informados sobre leyes, decretos y toda acción de interés público, respecto de las materias relativas al Cambio Climático;

II. Presentar quejas y denuncias en los términos de ésta y otras leyes aplicables en materia de acciones de adaptación y mitigación al Cambio Climático;

III. Promover las acciones colectivas mediante los procedimientos y mecanismos respectivos para la defensa de sus derechos humanos como consecuencias de los daños ocasionados por el Cambio Climático; y

IV. Participar en las comisiones de Cambio Climático que para tal efecto se constituyan en cada entidad federativa.

Artículo 8. Con independencia de su nacionalidad todos los habitantes y visitantes del país tienen la obligación de cumplir con las disposiciones de la presente Ley y respetar los lineamentos y determinaciones que se adopten en las comisiones de Cambio Climático.

TÍTULO TERCERO

DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EN MATERIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

CAPÍTULO I

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y COORDINACIÓN

Artículo 9. La Federación, las entidades federativas y los municipios ejecutarán las acciones y medidas para la adaptación y mitigación al Cambio Climático, de conformidad con la distribución de competencias previstas en esta Ley y en otros ordenamientos legales vigentes.

Artículo 10. Las atribuciones que en materia de Cambio Climático correspondan a la Federación, serán ejercidas por el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y el Consejo Científico de Cambio Climático que para el efecto se crean. Dichas atribuciones serán ejercidas en coordinación con las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de la competencia que les permite la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 11. Son facultades de la Federación:

I. Formular y conducir la política nacional en materia de Cambio Climático;

II. Fortalecer y desarrollar la capacidad de la administración pública, incluyendo la transformación de las instituciones para abordar el tema de adaptación y mitigación al Cambio Climático;

III. Diseñar, organizar y aplicar los instrumentos de política nacional de Cambio Climático previstos en esta Ley, garantizando una adecuada coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios;

IV. Formular, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático;

V. Diseñar, organizar y administrar el Registro Público Nacional de Emisiones de Compuestos de Efecto Invernadero;

VI. Elaborar el Atlas de Riesgo a escala nacional integrando los Atlas de Riesgo de orden estatal, regional y municipal;

VII. Establecer los criterios para la elaboración de los Atlas de Riesgo regionales con el concurso de las entidades federativas y municipios;

VIII. Realizar el Inventario Nacional de Emisiones de Compuestos de Efecto Invernadero y determinar los criterios e indicadores para el desarrollo, diseño y actualización de los inventarios correspondientes a las Entidades Federativas;

IX. Realizar el Inventario Nacional de Agentes Vulnerables y determinar los criterios e indicadores para el desarrollo, diseño y actualización de los inventarios correspondientes a las entidades federativas;

X. Programar y considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación las partidas y recursos financieros necesarios y suficientes para que el gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y los gobiernos municipales elaboren el Atlas de Riesgo de su competencia e implementen sistemas de información geográfica que permitan integrar los planes locales de adaptación y el Inventario Nacional de Agentes Vulnerables al Cambio Climático;

XI. Elaborar y expedir normas oficiales mexicanas en materia de Cambio Climático y vigilar su cumplimiento;

XII. Promover y destinar recursos al Fondo de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático;

XIII. Integrar y desarrollar el Sistema Nacional de Información sobre el Cambio Climático;

XIV. Establecer las bases e instrumentos para regular el Sistema de Comercio de Emisiones de Carbono;

XV. Promover incentivos fiscales cuando se inviertan recursos económicos en acciones de adaptación y mitigación;

XVI. Fortalecer los sistemas tradicionales indígenas y de las comunidades locales orientadas a las prácticas a favor de la acción climática, en respeto de sus derechos y garantías;

XVII. Impulsar la perspectiva y transversalidad de género en todas las actividades normativas, programáticas, administrativas y financieras de la Administración Pública Federal relacionadas con la adaptación y mitigación al Cambio Climático;

XVIII. Promover la investigación, el desarrollo educativo, la socialización y el uso de alternativas tecnológicas para hacer más viable y eficiente la adaptación y mitigación al Cambio Climático;

XIX. Celebrar acuerdos nacionales e internacionales de coordinación, cooperación y concertación en la materia de esta Ley;

XX: Concurrir con las autoridades estatales y municipales, para promover el cumplimiento de esta Ley;

XXI. Llevar a cabo las labores de inspección y vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas de acción climática;

XXII. Imponer medidas de seguridad y sanciones a las infracciones que se cometan en materia de esta Ley;

XXIII. Crear mecanismos incluyentes y eficaces para fomentar la participación de la sociedad civil en la evaluación y desarrollo de políticas y acciones en materia de adaptación y mitigación del cambio climático; y

XXIV. Las demás que establezca esta Ley y otras disposiciones legales.

Artículo 12. Corresponde a los estados de conformidad con esta Ley y las leyes locales en la materia, el ejercicio de las siguientes facultades:

I. Formular, conducir y evaluar, en concordancia con la política nacional en materia de Cambio Climático, la política estatal respectiva;

II. Formular, ejecutar y evaluar los Programas Estatales de Acción ante el Cambio Climático;

III. Promover la participación social y académica en la elaboración de los Programas Estatales de Acción ante el Cambio Climático;

IV. Llevar a cabo las gestiones necesarias, para que las Comisiones Estatales de Cambio Climático se instalen en los términos que establezcan las leyes locales en materia de adaptación y mitigación al Cambio Climático en sus respectivos ámbitos de competencia;

V. Elaborar el Atlas de Riesgo a escala estatal integrando los Atlas de Riesgo de orden regional y municipal;

VI. Elaborar, monitorear y mantener actualizado el Inventario Estatal de Emisiones de Compuestos de Efecto Invernadero, bajo los principios, criterios y lineamientos que se establezcan para el Inventario Nacional de Emisiones de Compuestos de Efecto Invernadero;

VII. Realizar y mantener actualizado el Inventario Estatal de Agentes Vulnerables al Cambio Climático;

VIII. Programar y considerar en sus presupuestos de egresos, en su leyes hacendarias o las relativas a la materia de gasto, las partidas y recursos financieros necesarios y suficientes para la elaboración de los atlas de riesgo de su competencia y para la implementación de sistemas de información geográfica que permitan integrar los planes locales de adaptación y el Inventario Estatal de Agentes Vulnerables al Cambio Climático;

IX. Prestar asesoría y capacitación en prácticas y métodos que conlleven a acciones de adaptación y mitigación al Cambio Climático;

X. Brindar atención de forma coordinada con la Federación y los municipios a los asuntos relacionados con la adaptación y mitigación al Cambio Climático de los pueblos y comunidades indígenas;

XI. Impulsar la perspectiva y transversalidad de género en todas las actividades normativas, programáticas, administrativas y financieras de las Administración Pública Estatal relacionadas con la adaptación y mitigación al Cambio Climático;

XII. Participar de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con la Federación, en la inspección y vigilancia sobre el cumplimiento en la materia de esta Ley;

XIII. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, y en su caso denunciar, las infracciones o delitos que se cometan en la materia de esta Ley; y

XIV. La atención de los demás asuntos que en materia de de adaptación y mitigación al Cambio Climático les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación.

Artículo 13. Corresponde a los municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, el ejercicio de las siguientes facultades:

I. Formular, conducir y evaluar, en concordancia con la política nacional y estatal, la política del municipio en la materia de esta Ley;

II. Aplicar los criterios de política previstos en esta Ley y en las leyes locales en planes y programas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente reservadas a la Federación o a las Entidades Federativas;

III. Integrar las Comisiones Municipales de Cambio Climático en el ámbito de sus respectivas competencias;

IV. Elaborar el Atlas de Riesgo Municipal y coadyuvar en la integración del Atlas de Riesgo regional, estatal y nacional, bajo los criterios que para tal efecto establezca la Secretaría de Gobernación;

V. Elaborar y aprobar sus planes municipales de desarrollo urbano y las respectivas zonificaciones así como la administración de sus reservas territoriales en estricto apego a los limites, previsiones y condicionantes que indique el Atlas de Riesgo del orden municipal, regional y estatal;

VI. Actualizar y validar sus Atlas de Riesgo cada tres años ante la Secretaría de Gobernación;

VII. Coadyuvar con el gobierno estatal en la realización y actualización del Inventario Estatal de Emisiones de Compuestos de Efecto Invernadero;

VIII. Coadyuvar con el gobierno estatal en la realización y actualización del Inventario Estatal de Agentes Vulnerables al Cambio Climático;

IX. Coordinarse con los municipios de la región, con el gobierno estatal y con el ejecutivo federal para la realización del Atlas de Riesgo Regional;

X. Celebrar acuerdos y convenios de coordinación, cooperación y concertación en la materia de la presente Ley;

XI. Promover programas y proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura en materia de adaptación y mitigación al Cambio Climático;

XII. Diseñar, desarrollar y aplicar incentivos para promover la adaptación y mitigación al Cambio Climático, de conformidad con esta Ley y los principios de la política nacional del Cambio Climático;

XIII. Promover la participación de organismos públicos, privados y no gubernamentales en proyectos de apoyo, desarrollo y evaluación de acciones y programas en materia de adaptación y mitigación al Cambio Climático;

XIV. Establecer acciones de adaptación en las zonas determinadas como vulnerables de acuerdo a las determinaciones del Atlas de Riesgo Municipal;

XV. Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con los gobiernos federal y de las entidades federativas en la vigilancia sobre el cumplimiento en materia de esta Ley;

XVI. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, y en su caso denunciar, las infracciones previstas en esta Ley; y

XVII. La atención de los demás asuntos que en materia de de adaptación y mitigación al Cambio Climático les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación o a los Estados.

Artículo 14. Es obligación de los de los gobiernos municipales elaborar, publicar y mantener actualizados sus respectivos Atlas de Riesgo; los Ayuntamientos no podrán aprobar el Plan de Desarrollo Urbano Municipal sin la previa publicación del Atlas de Riesgo Municipal. En la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal los Ayuntamientos observaran que los Planes de Desarrollo, zonificaciones y reservas territoriales se ajusten a los limites, previsiones y condicionantes que indiquen los Atlas de Riesgo;

Artículo 15. Es obligación de los de las entidades federativas integrar los Atlas de Riesgo Municipales de su demarcación, para a su vez elaborar y publicar sus respectivos Atlas de Riesgo Estatal y participar cuando corresponda en el Atlas de Riesgo Regional.

Artículo 16. Corresponde al Gobierno del Distrito Federal, en materia de adaptación y mitigación al Cambio Climático, conforme a las disposiciones legales que expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las facultades a que se refieren los artículos 12, 13, 14 y 15 de esta Ley.

Artículo 17. Los Congresos de los Estados, con arreglo a sus respectivas Constituciones y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, expedirán las disposiciones legales en materia de adaptación y mitigación al cambio climático que sean necesarias para regular las materias de su competencia previstas en esta Ley.

En el ejercicio de sus atribuciones, las entidades federativas y los municipios, observarán las disposiciones de esta Ley y las que de ella se deriven.

Artículo 18. Los Ayuntamientos dictarán los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas que correspondan, para que en sus respectivas circunscripciones, se cumplan las previsiones del presente ordenamiento.

Artículo 19. La Federación por conducto de las Secretarías de Gobernación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que el Gobierno del Distrito Federal o los gobiernos de los estados, con la participación en su caso, de sus municipios, asuman facultades en materia de adaptación y mitigación al Cambio Climático para el cumplimiento del objeto de esta Ley.

Los convenios o acuerdos de coordinación que suscriba la Secretaría deberán ajustarse a las siguientes bases:

I. Definirán con precisión las materias y actividades que constituyan el objeto del convenio o acuerdo;

II. Deberá ser congruente el propósito de los convenios o acuerdos de coordinación con las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo y con la política nacional de mitigación y adaptación al Cambio Climático;

III. Se describirán los bienes y recursos que aporten las partes esclareciendo cuál será su destino específico y su forma de administración;

IV. Se especificará la vigencia del convenio o acuerdo, sus formas de terminación y de solución de controversias y, en su caso, de prórroga;

V. Definirán el órgano u órganos que llevarán a cabo las acciones que resulten de los convenios o acuerdos de coordinación, incluyendo las de evaluación;

VI. Contendrán las demás estipulaciones que las partes consideren necesarias para el correcto cumplimiento del convenio o acuerdo, y

VII. Los convenios a que se refiere el presente artículo, deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial del gobierno local respectivo.

CAPÍTULO II

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo 20. Son atribuciones de la Cámara de Diputados en materia de adaptación y mitigación al Cambio Climático, las siguientes:

I. Destinar de forma equitativa al menos el 5% del monto de la recaudación federal participable y de los ingresos del gobierno federal al Presupuesto de Egresos de la Federación al ejercicio fiscal correspondiente, para las acciones de adaptación y mitigación al Cambio Climático;

II. Aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación con una estructura programática trasversal de adaptación y mitigación al Cambio Climático;

III. Aprobar y modificar la Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.

IV. Remitir la Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático al Ejecutivo Federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación;

V. Discutir, aprobar o modificar la Estructura Programática Presupuestal y los recursos financieros necesarios y suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para que el Ejecutivo Federal con el concurso de las entidades federativas y los municipios elaboren el Atlas de Riesgo de su competencia e implementen sistemas de información geográfica que permitan integrar los planes locales de adaptación y el Inventario Nacional de Agentes Vulnerables al Cambio Climático;

VI. Aprobar incentivos fiscales cuando se inviertan recursos económicos en acciones de adaptación y mitigación al Cambio Climático;

VII. Evaluar los resultados derivados de las acciones y políticas establecidas en la Estrategia y el Programa Nacional; y

VIII. Ejercer las demás atribuciones que le otorguen las disposiciones aplicables en esta materia.

CAPÍTULO III

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Artículo 21. Son atribuciones de la Secretaría las siguientes:

I. Diseñar, organizar y aplicar los instrumentos de política nacional de Cambio Climático previstos en esta Ley, garantizando una adecuada coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios en el marco de la Estrategia;

II. Coadyuvar con la Comisión en la formulación e implementación del Programa Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático;

III. Fungir a través de su titular como secretario técnico en el Sistema Nacional para la Adaptación y la Mitigación del Cambio Climático;

IV. Coadyuvar en la elaboración de estrategias regionales, estatales y municipales de acción climática que contemple, sobre todo, medidas de adaptación en las que se incluyan la participación y responsabilidad de todos los actores de la sociedad;

V. Vigilar la congruencia del Programa Nacional con los programas estatales, municipales y delegacionales de adaptación y mitigación de Cambio Climático y hacer recomendaciones para verificarla;

VI. Elaborar y expedir normas oficiales mexicanas en materia de adaptación y mitigación al Cambio Climático y vigilar su cumplimiento;

VII. Asesorar y supervisar a las entidades federativas en la expedición de los actos administrativos previstos en esta Ley, para vigilar el exacto cumplimiento de los programas de Cambio Climático, emitiendo para tal efecto los dictámenes, circulares, recomendaciones, revisiones, revocaciones o resoluciones necesarias de conformidad con las disposiciones de esta Ley y su reglamento;

VIII. Celebrar acuerdos de coordinación, cooperación y concertación nacional e internacional en materia de adaptación y mitigación al Cambio Climático;

IX. Refrendar y ejecutar los convenios relacionados con el Cambio Climático que celebre el Ejecutivo Federal;

X. Diseñar, desarrollar, aplicar y propiciar, en coordinación con las dependencias y entidades federales competentes, los instrumentos económicos para promover la adaptación y mitigación al Cambio Climático;

XI. Realizar, considerando su diseño, monitoreo y actualización, el Inventario Nacional de Emisiones de Compuestos de Efecto Invernadero y determinar los criterios e indicadores para el desarrollo, diseño y actualización de los inventarios correspondientes a las entidades federativas;

XII. Administrar e instrumentar el Registro Público Nacional de Emisiones de Compuestos de Efecto Invernadero;

XIII. Promover el Fondo de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático;

XIV. Coordinar las acciones de prevención, adaptación y mitigación del Cambio Climático, así como elaborar y aplicar el Programa Nacional, con la participación que corresponda a los Estados, Distrito Federal y Municipios;

XV. Propiciar la modernización pública y privada de la industria y transporte para la disminución de los compuestos de efecto invernadero;

XVI. Elaborar lineamientos y directrices a efecto que los municipios aprueben sus planes municipales de desarrollo urbano y las respectivas zonificaciones y la administración de sus reservas territoriales en estricto apego a los limites, previsiones y condicionantes que indique los Atlas de Riesgo del orden municipal, regional y estatal.

XVII. Imponer medidas de seguridad y sanciones a las infracciones que se cometan en materia de adaptación y mitigación al Cambio Climático;

XVIII. Promover la creación de mecanismos incluyentes y eficaces para la participación de la sociedad civil en los procesos, proyectos y acciones en materia de cambio climático; y

XIX. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieran.

Artículo 22. La Secretaría deberá integrar y programar en su presupuesto los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y del Consejo Científico de Cambio Climático, conforme al presupuesto que se autorice en los términos de las disposiciones aplicables.

CAPÍTULO IV

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Artículo 23. En materia de Cambio Climático serán atribuciones de la Secretaría de Gobernación las siguientes:

I. Integrar el Sistema Nacional para la Adaptación y la Mitigación de Cambio Climático y presidir sus reuniones en ausencia del Titular del Poder Ejecutivo;

II. Coadyuvar con la Comisión en la formulación e implementación del Programa Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático;

III. Establecer los criterios para la elaboración de los Atlas de Riesgo de los órdenes nacional, estatal, regional y municipal con el concurso de las entidades federativas y municipios;

IV. Elaborar lineamientos y directrices a efecto que los municipios aprueben sus planes municipales de desarrollo urbano y las respectivas zonificaciones y la administración de sus reservas territoriales en estricto apego a los limites, previsiones y condicionantes que indiquen los Atlas de Riesgo del orden municipal, regional y estatal.

V. Elaborar el Atlas de Riesgo a escala nacional y regional;

VI. Validar la actualización y vigencia de los distintos Atlas de Riesgo de escala municipal;

VII. Realizar el Inventario Nacional de Agentes Vulnerables y determinar los criterios e indicadores para el desarrollo, diseño y actualización de los inventarios correspondientes a las entidades federativas;

VIII. Programar y considerar en su presupuesto las partidas y recursos financieros necesarios y suficientes para que el gobierno federal, elabore el Atlas de Riesgo Nacional y el Inventario Nacional de Agentes Vulnerables al Cambio Climático,

IX. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieran.

CAPÍTULO IV

DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA ADAPTACIÓN Y LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Artículo 24. Se crea el Sistema Nacional para la Adaptación y la Mitigación del Cambio Climático, que tendrá por objeto definir, formular y promover la aplicación efectiva de la Política de Estado para la mitigación y adaptación al Cambio Climático, a través de los instrumentos de política previstos en esta Ley.

El Sistema tendrá a su cargo la implementación, monitoreo, seguimiento y evaluación de la Política de Estado para la mitigación y adaptación al Cambio Climático, de la Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, el Programa Nacional y demás instrumentos que la integran, en el ámbito de las competencias que esta Ley les otorga respectivamente, así como de los compromisos suscritos por el país en la materia, considerando las recomendaciones del Consejo Científico.

Artículo 25. El Sistema Nacional para la Adaptación y la Mitigación del Cambio Climático estará integrado por:

I. La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático;

II. El Consejo Científico de Cambio Climático;

III. El Consejo Consultivo de Cambio Climático;

IV. El titular del Ejecutivo de cada uno de los Estados;

V. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y

VI. Un representante designado de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Artículo 26. El Sistema será presidido por el titular del Poder Ejecutivo Federal y contará con una Secretaría Técnica a cargo del titular de la Secretaría. En ausencia del titular del Poder Ejecutivo Federal, el o la titular de la Secretaría de Gobernación presidirá las reuniones del Sistema.

Artículo 27. Los integrantes del Sistema se reunirán de manera ordinaria al menos una vez al año, y en forma extraordinaria cuando la naturaleza de algún asunto de su competencia así lo exija.

El Presidente del Sistema será quien formule la convocatoria a reunión. Le podrán solicitar por escrito, la convocatoria a una reunión extraordinaria la mayoría simple del Consejo Científico, así como de los titulares del Ejecutivo de los Estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y ambos representantes designados de las Cámaras del Congreso de la Unión, con el objeto de tratar de los asuntos a los que se hace referencia en el artículo 10 de esta Ley.

Los recursos humanos, financieros y materiales que se requieran para el cumplimiento del objeto y responsabilidad del Sistema Nacional para la Adaptación y la Mitigación del Cambio Climático, quedarán bajo la absoluta responsabilidad jurídica y administrativa de las partes que lo integran.

Los mecanismos de funcionamiento y operación del Sistema se establecerán en el Reglamento respectivo.

CAPÍTULO V

DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Artículo 28. La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático tiene por objeto formular y coordinar las políticas de la Administración Pública Federal relativas al Cambio Climático, la cual tendrá las funciones que establezcan las disposiciones reglamentarias que deriven de esta Ley, conforme a las siguientes bases:

La Comisión se integrará por los titulares de las Secretarías de Gobernación; de Relaciones Exteriores; de Marina; de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Energía; de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Comunicaciones y Transportes; de Educación Pública; de Salud; de Turismo; y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Será presidida por el Titular del Ejecutivo Federal y en su ausencia lo suplirán de manera rotativa los titulares de las Secretarías que la integran.

La Comisión podrá invitar a otras dependencias a participar con voz, en los acuerdos y decisiones de los asuntos que tengan relación con su objeto, así como a los miembros del Consejo Científico.

Los integrantes de la Comisión podrán designar a sus respectivos suplentes, quienes deberán contar con el nivel de subsecretario o su equivalente.

Artículo 29. La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático tendrá las siguientes atribuciones:

I. Coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de adaptación y mitigación al Cambio Climático; asimismo deberán coordinarse con el Consejo Científico;

II. Convocar a otras dependencias y entidades gubernamentales, e invitar a representantes de Órganos Autónomos, del Poder Legislativo Federal, de entidades federativas, municipales y del Distrito Federal y sus delegaciones, a participar en sus trabajos cuando se aborden temas relacionados con el ámbito de su competencia u objeto;

III. Coadyuvar con el Consejo Científico en la elaboración de la Estrategia;

IV. Elaborar el Programa Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático y las demás acciones a que se refiere esta Ley en materia de adaptación y mitigación al Cambio Climático, en los ámbitos nacional y regional;

V. Coordinar la instrumentación del Programa Nacional;

VI. Emitir opiniones técnicas o dictámenes sobre medidas de adaptación y mitigación al Cambio Climático;

VII. Promover, desarrollar y difundir estudios, diagnósticos y prospectivas, así como emitir opiniones técnicas o dictámenes sobre medidas de adaptación y mitigación al cambio climático;

VIII. Desarrollar y difundir índices e indicadores de resiliencia y vulnerabilidad;

IX. Regular y determinar la temporalidad en la elaboración y actualización de las evaluaciones de impacto económico del Cambio Climático, de los Atlas de Riesgo del orden nacional, estatal, regional y municipal; de los índices e indicadores de resiliencia y vulnerabilidad y demás estudios que se consideren necesarios para hacer frente al Cambio Climático;

X. Participar en el diseño, integración, monitoreo y actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Compuestos de Efecto Invernadero, así como en la determinación de los criterios e indicadores para el desarrollo, diseño y actualización de los inventarios correspondientes a las entidades federativas;

XI. Participar en el diseño, integración, monitoreo y actualización del Inventario Nacional de Agentes Vulnerables al Cambio Climático; así como en la determinación de los criterios e indicadores para el desarrollo, diseño y actualización de los inventarios correspondientes a las entidades federativas;

XII. Participar en la elaboración de normas oficiales mexicanas en materia de adaptación y mitigación al Cambio Climático y en su vigilancia y cumplimiento;

XIII. Impulsar y fomentar proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico con relación al Cambio Climático y difundir sus resultados;

XIV. Colaborar con la Secretaría de Educación Pública para la inclusión de contenidos a nivel federal y estatal sobre la adaptación y mitigación al Cambio Climático;

XV. Desarrollar un sistema de información y comunicación para difundir los objetivos, programas, acciones y resultados obtenidos en materia de adaptación y mitigación al Cambio Climático, incluyendo un reporte público anual con los avances de México en la materia.

XVI. Incorporar las estrategias de adaptación y mitigación al Cambio Climático en los procesos socioambientales y económico a nivel nacional y local;

XVII. Fortalecer los sistemas tradicionales indígenas y de las comunidades locales orientadas a las prácticas a favor de la acción climática, en respeto de sus derechos y garantías;

XVIII. Impulsar la perspectiva y transversalidad de género en todas las actividades normativas, programáticas, administrativas y financieras de la Administración Publica Federal relacionadas con la adaptación y mitigación al Cambio Climático;

XIX. Promover y destinar recursos para el Fondo de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático;

XX. Regular el Sistema de Comercio de Emisiones de Carbono;

XXI. Promover y desarrollar las bases técnicas y jurídicas del Sistema de Comercio de Emisiones de Carbono;

XXII. Autorizar el diseño y operación del Registro Público Nacional de Emisiones de Compuestos de Efecto Invernadero;

XXIII. Instaurar los derechos de emisión y sus parámetros;

XXIV. Otorgar o subastar derechos de emisión de compuestos efectos invernaderos a las fuentes referidas en la fracción anterior;

XXV. Proponer ante las instancias competentes, las sanciones que correspondan a las fuentes por exceder los derechos emisión;

XXVI. Impulsar la realización y actualización permanente de las acciones necesarias para cumplir con los objetivos y compromisos contenidos en la Convención Marco, y demás instrumentos derivados de la misma;

XXVII. Fungir como Autoridad Nacional Designada para los fines relativos a la Convención Marco y el Protocolo de Kyoto con su Mecanismo de Desarrollo Limpio;

XXVIII. Determinar el posicionamiento nacional a adoptar ante los foros y organismos internacionales pertinentes sobre el Cambio Climático, así como intercambiar comunicación con el Secretariado de la Convención Marco a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores;

XXIX. Promover, difundir y, en su caso, emitir la carta de aprobación para proyectos de reducción de emisiones y captura de compuestos y/o gases de efecto invernadero, en términos del Protocolo de Kyoto, así como de otros instrumentos reconocidos por el Estado Mexicano tendientes al mismo objetivo, dando constancia de que los mismos promueven el desarrollo sustentable del país;

XXX. Dar seguimiento a los trabajos de la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto, a las Decisiones relevantes de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, de la Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto, así como a los mercados internacionales de reducción y de captura de emisiones de compuestos de efecto invernadero,

XXXI. Fortalecer las capacidades nacionales de monitoreo, reporte y verificación en materia de emisiones de compuestos y/o gases de efecto invernadero;

XXXII. Integrar el Sistema Nacional de Información sobre el Cambio Climático;

XXXIII. Establecer y revisar periódicamente su Programa General de Trabajo;

XXXIV. Promover la suscripción de memorandos de entendimiento y acuerdos de colaboración o concertación en asuntos relativos al Cambio Climático.

XXXV. Proponer ante las instancias competentes, la actualización, el desarrollo y la integración del marco jurídico nacional en materia de mitigación y adaptación al Cambio Climático;

XXXVI. Crear mecanismos incluyentes y eficaces para fomentar la participación de la sociedad civil en la evaluación y desarrollo de políticas y acciones en materia de adaptación y mitigación del cambio climático;

XXXVII. Emitir su Reglamento Interno conforme a las propuestas de las Secretarías que la integran, con el fin de regular su organización y funcionamiento; y

XXXVIII. Las demás que establezca esta Ley.

Artículo 30. La Comisión Intersecretarial contará con un Secretario Ejecutivo que será designado por el Titular del Ejecutivo Federal, a propuesta del Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aprobada por la propia Comisión. Tendrá las atribuciones y facultades que se determinen en las disposiciones reglamentarias que deriven de este ordenamiento, y ejecutará y dará seguimiento a los acuerdos de la propia Comisión y ejercerá las demás funciones que se le encomienden.

La Secretaría Ejecutiva u oficina del Secretario Ejecutivo contará con la estructura orgánica que se apruebe en los términos de las disposiciones aplicables y será considerada una unidad administrativa por función de la Secretaría.

Artículo 31. El Presidente de la Comisión Intersecretarial y el Secretario Ejecutivo tendrán las atribuciones que se señalen en el Reglamento Interno que para tal efecto se emita.

Artículo 32. La Comisión Intersecretarial se reunirá semestralmente en sesiones ordinarias. Asimismo, podrá reunirse en sesiones extraordinarias a convocatoria de su Presidente, o a petición de cualquiera de sus miembros, en los términos que se determinen en el Reglamento Interno de la Comisión. Las decisiones de la Comisión serán tomadas por consenso.

Artículo 33. La Comisión Intersecretarial podrá contar para el cumplimiento de su objeto con diversas instancias o grupos de trabajo, los cuales estarán organizados de conformidad con las disposiciones establecidas en el Reglamento Interno.

Se determina la creación de manera permanente de los siguientes grupos de trabajo:

I. Comité Mexicano para Proyectos de Reducción de Emisiones y de Captura de Compuestos y/o Gases de Efecto Invernadero;

II. Grupo de Trabajo para el Programa Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático;

III. Grupo de Trabajo para Políticas de Adaptación;

IV. Grupo de Trabajo para Políticas de Mitigación;

V. Grupo de Trabajo para Políticas Internacionales;

VI. Grupo de Trabajo de Financiamiento de Medidas de Adaptación y Mitigación; y

VII. Los demás que sean necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones.

Cada uno de los grupos de trabajo tendrá un coordinador que será nombrado por el Presidente de la Comisión a propuesta de los integrantes de la Comisión. Para su mejor desempeño se incluirá la participación de representantes del Consejo Consultivo dentro de estos grupos de trabajo.

CAPÍTULO VI

DEL CONSEJO CIENTÍFICO DE CAMBIO CLIMÁTICO

Artículo 34. Se crea el Consejo Científico de Cambio Climático, que fungirá como órgano colegiado, especializado e independiente en aspectos científicos y técnicos en materia de adaptación y mitigación al Cambio Climático.

Artículo 35. Son atribuciones del Consejo Científico de Cambio Climático, las siguientes:

I. Elaborar la Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, y remitirla a la Cámara de Diputados para su aprobación, así como presentar los informes correspondientes;

II. Asesorar a los integrantes del Sistema y a la Comisión en la formulación, aplicación y vigilancia de las políticas nacionales de acción climática, considerando su programa de trabajo, prioridades, y de acuerdo con la situación y necesidades nacionales, estatales, regionales, así como de conformidad con los compromisos internacionales asumidos;

III. Asesorar a la Comisión y la Secretaría en la elaboración del Programa Nacional y los Presupuestos de Carbono;

IV. Recomendar al Sistema y a la Comisión, políticas, programas, acciones, estudios y estrategias a instrumentar en los temas de su competencia, a solicitud de sus integrantes o de oficio;

V. Evaluar periódicamente los resultados de las políticas, programas, acciones y estrategias desarrolladas por el Sistema, la Comisión y la Secretaría a partir de la información que se recabe de las mismas, o con base en los estudios que realice o promueva el propio Consejo Científico;

VI. Revisar y validar al menos cada tres años la metodología para la generación de indicadores así como las bases de datos de los Inventarios de Agentes Vulnerables del orden estatal y nacional;

VII. Analizar y emitir recomendaciones en los asuntos y casos específicos que sometan a su consideración el Sistema, la Comisión y el propio Consejo Científico;

VIII. Coordinarse con organismos estatales, regionales, nacionales e internacionales homólogos, a fin de intercambiar experiencias que puedan resultar beneficiosas;

IX. Auxiliar a la Comisión Intersecretarial en la integración del Sistema Nacional de Información sobre el Cambio Climático

X. Opinar a propuesta del Sistema y la Comisión, y conforme a los procedimientos que se determinen al efecto, sobre los lineamientos que deban regir la participación de México ante foros nacionales e internacionales en la materia; y

XI. Las demás necesarias para el cumplimiento de su objeto en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.

Las recomendaciones del Consejo Científico tendrán un carácter vinculante. La autoridad sujeta a dicha recomendación deberá fundamentar y motivar su respuesta a ésta.

Artículo 36. Los miembros del Consejo Científico de Cambio Climático serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con la misma votación calificada. La comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, previa auscultación a los sectores sociales, propondrá a los candidatos para ocupar el cargo o, en su caso, la ratificación de los consejeros.

Los integrantes del Consejo Científico durarán en su encargo seis años y podrán ser elegidos para ocupar el mismo hasta por dos ocasiones.

Artículo 37. El Consejo Científico de Cambio Climático se integrará por un conjunto de nueve personas de reconocido prestigio en materia de Cambio Climático, su designación deberá recaer en personas que reúnan los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y no tener más de setenta y cinco años cumplidos a la fecha de su elección;

II. Ser profesional distinguido en materias relacionadas con el Cambio Climático, así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, algún cargo de alto nivel en los sectores público o privado, o ser un intelectual y/o académico de reconocido prestigio en las materias relacionadas con el Cambio Climático, y

III. No haber sido sentenciado por delitos intencionales, inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del sector público o privado.

Artículo 38. Los integrantes del Consejo Científico de Cambio Climático no podrán desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia, no remuneradas.

Artículo 39. El Consejo Científico de Cambio Climático contará con un Presidente electo por la mayoría de sus miembros. A través de su Presidente, el Consejo Científico deberá integrar y presentar, el informe anual de sus actividades a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el mes de febrero al inicio del período legislativo que corresponda.

Artículo 40. Las remuneraciones y prestaciones que reciban los integrantes del Consejo Científico de Cambio Climático por el desempeño de su cargo, no serán mayores ni menores de las que correspondan al nivel de director general de la Administración Pública Federal.

Artículo 41. Las funciones específicas y mecanismos de operación del Consejo Científico de Cambio Climático se establecerán en el Reglamento Interno, que para tal efecto a propuesta de los integrantes del Consejo Científico aprobará la Comisión.

CAPÍTULO VII

DE LAS COMISIONES ESTATALES DE CAMBIO CLIMÁTICO.

Artículo 42. Se crearán Comisiones Estatales de Cambio Climático en cada una de las entidades federativas con la participación de integrantes de instituciones académicas, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales y empresariales, así como de entidades y dependencias de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, quienes tendrán las siguientes atribuciones:

I. Participar en la elaboración de los Programas Estatales de Acción ante el Cambio Climático y presentarlos al Titular del Ejecutivo o Jefe de Gobierno de la Entidad federativa de que se trate para su aprobación; y

II. Participar en la elaboración o modificación de los Programas Municipales o Delegacionales de Acción ante el Cambio Climático que formulen los Municipios o Delegaciones Políticas de la Entidad federativa.

TÍTULO CUARTO

DE LA POLITICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

CAPÍTULO I

DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Artículo 43. La política nacional de Cambio Climático se fundamenta en la Ley de Planeación, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional y sostenido de los recursos naturales, así como las metas de sustentabilidad social, ambiental y económica relacionadas con Cambio Climático, incluyendo los objetivos, metas y líneas de acción para lograr la adaptación y mitigación al Cambio Climático.

Artículo 44. Para la formulación y conducción de la política nacional del Cambio Climático, la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley, en materia de adaptación y mitigación al Cambio Climático, el Sistema observará los principios de precaución, prevención, participación ciudadana, de desarrollo sustentable, y de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, adoptando para su aplicación de manera adicional los siguientes principios:

I. El deber de actuar en beneficio de las generaciones presentes y futuras, para reducir los impactos negativos derivados de la interferencia antropogénica con el sistema climático;

II. Serán adoptadas medidas para prevenir, evitar o reducir al mínimo las causas identificadas del Cambio Climático con origen antropogénico en el territorio nacional, en las que exista consenso razonable por parte de la comunidad científica ocupada en el estudio del tema;

III. Las acciones a realizar deben tener en cuenta los diferentes contextos de su aplicación, distribuir obligaciones entre los sectores económicos y de la población de modo equitativo y equilibrado, y evaluar el grado de responsabilidad social e individual sobre el origen de las fuentes emisoras y los efectos ocasionados sobre el clima;

IV. La consideración de equidad significa ponderar no sólo las emisiones totales, sino las emisiones per cápita. Para ser equitativo, la política nacional del Cambio Climático deberá inducir una convergencia progresiva de las emisiones per cápita;

V. El desarrollo sustentable es un requisito previo para abordar el Cambio Climático y el conciliar o atender las necesidades comunes e individuales de la población y de las comunidades que viven en el territorio nacional. En especial, los aspectos económicos del desarrollo sustentable deben asociarse a niveles decrecientes de emisiones de compuestos de efecto invernadero; y

VI. Las acciones de la Federación para hacer frente al Cambio Climático en el presente y en el futuro deben considerar e integrar las acciones promovidas por las entidades federativas y los municipios, los organismos públicos y privados y las organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 45. La política nacional del Cambio Climático tendrá como criterios obligatorios los siguientes:

I. La compatibilidad del desarrollo económico, ambiental y social con la protección del sistema climático;

II. La reducción de emisiones de compuestos de efecto invernadero;

III. El fortalecimiento de la reducción de compuestos de efecto invernadero por los sumideros en el territorio nacional;

IV. A partir de un diagnóstico técnico y científico la aplicación de medidas específicas para promover la adaptación al Cambio Climático por los tres órdenes de gobierno, con la participación y colaboración de loa agentes económicos y sociales interesados o beneficiarios, en particular los especialmente vulnerables a sus efectos adversos; y

V. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

Artículo 46. El Ejecutivo Federal a través de la Comisión desarrollará las políticas nacionales en materia de Cambio Climático y en coordinación con el Consejo Científico y los gobiernos de las entidades federativas y municipios impulsarán las estrategias y programas locales de acciones para la adaptación y mitigación al Cambio Climático, sin contravenir la Estrategia y el Programa Nacional.

CAPÍTULO II

DE LAS POLÍTICAS DE ADAPTACIÓN

Artículo 47. Para enfrentar, prevenir, atenuar y transformar los efectos adversos del Cambio Climático el Sistema desarrollará de manera coordinada instrumentos específicos de diagnóstico, medición, planificación y desarrollo dirigidos a fundamentar la toma de decisiones y la instrumentación de políticas públicas de adaptación al Cambio Climático.

Las políticas públicas de adaptación al Cambio Climático estarán dirigidas a reducir las consecuencias adversas y a potenciar cualquier oportunidad de beneficio del Cambio Climático.

Artículo 48. El Sistema impulsará a través de la Estrategia y el Programa Nacional políticas de adaptación ante los efectos del Cambio Climático conforme a los siguientes criterios:

I. Fortalecer la resiliencia de los sistemas ecológicos, físicos y sociales;

II. Identificar el grado de vulnerabilidad, tolerancia y capacidad de adaptación y transformación de estos sistemas y sus componentes;

III. Instrumentar un modelo indicativo que parta del diagnóstico micro regional o municipal hacia lo macro regional o nacional tomando como base los Atlas de Riesgo;

IV. Generar un marco de evaluación y monitoreo de las acciones de adaptación, incluyendo la perspectiva de género y de derechos humanos;

V. Promover la inclusión de aspectos de gobernanza a la adaptación al cambio climático en la planeación y quehacer de los distintos sectores de la sociedad;

VI. Desarrollar escenarios climáticos y de impactos regionales en México con o sin adaptación; y

VII. Establecer mecanismos de atención rápida para afectados climáticos en apoyo de los planes de protección civil.

Artículo 49. Sin perjuicio de que se incluyan de manera adicional otros sistemas en los citados instrumentos de la Ley y se realicen las adecuaciones y adiciones correspondientes, los componentes de los sistemas ecológicos, físicos y sociales que se consideran son:

I. Explotación, aprovechamiento y conservación de acuíferos subterráneos y superficiales, infraestructura de distribución y abastecimiento de agua potable, operación y mantenimiento de presas, bordos de contención e infraestructura de protección;

II. Biodiversidad;

III. Aprovechamiento y conservación de recursos forestales;

IV. Suelo;

V. Zonas de montaña;

VI. Zonas áridas y desertificación;

VII. Zonas costeras y marinas;

VIII. Zona federal marítimo terrestre;

IX. Red carretera nacional y caminos rurales y alimentadores;

X: Infraestructura de comunicaciones y transporte;

XI. Agricultura, ganadería pesca y acuacultura;

XII. Pobreza y marginación;

XIII. Asentamientos humanos;

XIV. Infraestructura y servicios de salud;

XV. Industria;

XVI. Energía;

XVII. Turismo; y

XVIII. Aseguramiento de bienes.

CAPÍTULO III

DE LAS POLÍTICAS DE MITIGACIÓN

Artículo 50. El Sistema impulsará a través de la Estrategia y el Programa Nacional políticas de mitigación de compuestos de efecto invernadero conforme a los siguientes criterios:

I. Disminuir la intensidad de carbono de las actividades productivas y de servicio en el país, mediante prácticas de eficiencia energética;

II. Sustituir de manera gradual los combustibles fósiles por fuentes renovables de energía;

III. Considerar tecnologías de mitigación de mínimo impacto y riesgo ambiental, e intrínsecamente seguras para la vida humana;

IV. Considerar de manera prioritaria tecnologías de mitigación cuyas emisiones de compuestos de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos sean casi nulas durante todo su ciclo vital, contando la construcción, la explotación y el desmantelamiento; y

V. Considerar el desarrollo de acciones para el manejo sustentable de los recursos forestales, la captura de carbono y la conservación de los reservorios.

Con base en la fracción III y IV de este artículo, no se considerarán en las políticas de mitigación a ser promovidas las tecnologías de captura y secuestro de carbono, así como el uso de la energía nuclear.

Artículo 51. Entre las políticas de mitigación a ser promovidas en la Estrategia y el Programa Nacional se identifican la implantación de acciones específicas para:

I. Reducir el crecimiento de la demanda de energía, mediante el ahorro y uso eficiente de la energía, y el cumplimiento de las disposiciones de la Ley para el Uso Eficiente de la Energía; y

II. Reducir la emisión de CEI mediante, la sustitución de combustibles fósiles y de la promoción de combustibles alternos, de la utilización de nuevas tecnologías y fuentes renovables de energía, a través de las siguientes líneas de política:

a). Se impulsará la participación de tecnologías de generación de electricidad de bajas emisiones primordialmente la generación hidráulica de pequeña escala, eólica, biomasa, geotérmica, solar y técnicas de cogeneración;

b). Referente a la industria, el petróleo y el gas, se considerarán medidas para la reducción de las pérdidas en los procesos de extracción, en el sistema de distribución de gas, para aumentar la eficiencia en las instalaciones industriales, petroleras, gaseras y de refinación;

c). En el sector transporte se promoverá el empleo de biocombustibles, en especial los provenientes de la transformación de la biomasa lignocelulósica, sin comprometer la seguridad alimentaria y el equilibrio e integridad de los ecosistemas forestales. Igualmente se deberán elevar los estándares de eficiencia energética de los vehículos a través de los diversos instrumentos de la Ley y de la creación de normas de eficiencia vehicular para autos nuevos; además del establecimiento de medidas para el control de venta y uso de vehículos altamente contaminantes. En las zonas urbanas se promoverá el incremento del transporte público, masivo y con altos estándares de eficiencia, privilegiando la sustitución de combustibles fósiles;

d). En los sectores residenciales, comercial y público se deberán desarrollar los diversos instrumentos de la Ley para reducir emisiones haciendo más exigente los estándares de ahorro y eficiencia energética en iluminación, refrigeración, aire acondicionado y construcción de vivienda y otros inmuebles; y

e). Se deberá considerar el desarrollo de acciones en el sector forestal para el manejo forestal sustentable y comunitario, para la captura de carbono y la conservación de los reservorios.

Artículo 52. Los generadores de compuestos de efecto invernadero podrán llevar a cabo las acciones que mejor consideren conforme a lo dispuesto en esta Ley, a efecto de reducir su generación y en consecuencia mitigar los efectos que dichas emisiones ocasionan sobre el ambiente.

Artículo 53. A efecto de poder llevar a cabo las acciones tendientes a reducir las emisiones de compuestos de efecto invernadero, el responsable de la generación de las mismas podrá llevar a cabo las acciones voluntarias que sean congruentes con programas que hayan tenido eficacia y eficiencia energética reconocida por cualquier organismo debidamente autorizado para ello.

Artículo 54. El gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas, y los gobiernos municipales deberán llevar a cabo los programas y acciones obligatorias tendientes a la reducción de compuestos de efecto invernadero; de igual forma, los organismos descentralizados y las empresas paraestatales deberán desarrollar los programas tendientes a la reducción de emisiones de compuestos de efecto invernadero para lo cual, atendiendo a su estructura y organización, estarán en la posibilidad de comercializar los certificados que pudieran ser obtenidos en donde se haga constar la reducción correspondiente.

Artículo 55. Los generadores de compuestos de efecto invernadero que opten por esquemas de reducción en los que puedan recibir donaciones, aportaciones y en general cualquier tipo de apoyo financiero para la consecución del objetivo de reducción, deberán registrar sus proyectos ante la Secretaría; de igual manera, se podrán llevar a cabo las acciones que mejor se consideren a efecto de canalizar los esfuerzos que se realicen para la reducción de los compuestos de efecto invernadero para la generación de energía para su consumo, previa la obtención de las autorizaciones que sobre el particular deban obtenerse tanto de la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y las autoridades estatales y municipales correspondientes.

Artículo 56. La Secretaría llevará a cabo de manera coordinada con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía, en el ámbito de sus respectivas competencias, los proyectos y programas tendientes a incentivar fiscal y financieramente aquellos generadores que se involucren en proyectos de reducción de compuestos de efecto invernadero.

Artículo 57. Para los efectos del presente Capítulo, serán reconocidos los programas y demás instrumentos de mitigación que se han desarrollado a partir del Protocolo de Kyoto, y cualquier otro que se encuentre debidamente certificado por alguna organización de reconocimiento internacional y aprobada por las autoridades mexicanas.

CAPITULO IV

DE LOS INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Artículo 58. Son instrumentos de la política nacional de Cambio Climático, los siguientes:

I. La Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático;

II. El Programa Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático;

III. Los Programas Estatales, del Distrito Federal, Municipales y Delegacionales de Acción ante el Cambio Climático;

IV. El Inventario de Agentes Vulnerables;

V. El Fondo de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático;

VI. El Presupuesto de Carbono;

VII. Los Mecanismos para un Desarrollo Limpio;

VIII. El Registro Público Nacional de Emisiones de Compuestos de Efecto Invernadero;

IX. El Sistema de Comercio de Emisiones de Carbono;

X: Las Normas Oficiales Mexicanas en Materia de Cambio Climático; y

XI. El Sistema Nacional de Información sobre el Cambio Climático.

SECCIÓN I

DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Artículo 59. La Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático es el establecimiento del marco institucional a corto, mediano y largo plazo que precisa los objetivos, metas y líneas de acción para lograr la adaptación y mitigación al Cambio Climático a través de:

I. Identificar y proponer mediante presupuestos de carbono medidas de reducción de emisiones, así como desarrollar proyectos de mitigación;

II. Identificar y sistematizar la información de los agentes vulnerables al Cambio Climático y a su vez medir su grado de daño, perturbación, tolerancia, asimilación y transformación de los efectos del mismo a través de índices de vulnerabilidad y resiliencia a fin de generar políticas e inducir acciones para reducir las consecuencias adversas y potenciar cualquier oportunidad de beneficio, así como iniciar proyectos para el desarrollo de capacidades nacionales y locales de respuesta y adaptación en un marco de gestión de riesgo ante cambio climático; y

III. Proponer líneas de acción, políticas y estrategias, que sirvan de base para el Programa Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático inscrito en el Plan Nacional de Desarrollo.

La Estrategia tendrá una proyección de al menos 24 años y deberá ser revisada y actualizada por el Consejo Científico cada tres años.

La Estrategia debe incluir un diagnóstico de país y por entidad federativa de la situación en su primer año de referencia, respecto al grado de vulnerabilidad y las capacidades de adaptación y resiliencia al Cambio Climático y a las emisiones de compuestos de efecto invernadero, así como de la inserción de las acciones del país, dentro del escenario internacional.

La Estrategia debe contribuir al desarrollo sustentable del país. En especial, la Estrategia deberá vincular la política energética y la política ambiental del país. Esta Estrategia y la Estrategia Nacional de Energía deben ser instrumentos armonizados y congruentes entre sí, para que tengan prioridad proyectos de energía de bajas emisiones de carbono, de mínimo impacto y riesgo ambiental, e intrínsecamente seguros para la vida humana.

Artículo 60. La Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático deberá considerar, que el país adoptará como compromiso nacional voluntario, acciones de mitigación para alcanzar el objetivo de reducir el 30% de sus emisiones al 2020 y 50% de sus emisiones al 2040, respecto a los niveles de emisiones de compuestos de efecto invernadero de 2000. Posterior al año 2040 las emisiones del país no deberán ser mayores al objetivo propuesto.

Artículo 61. El Consejo Científico de Cambio Climático remitirá al Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados en el mes de febrero de cada tres años la Estrategia para su análisis, modificación, discusión y aprobación en un plazo máximo de 30 días hábiles por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en ambas Cámaras del Congreso.

SECCIÓN II

DEL PROGRAMA NACIONAL DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Artículo 62. Es responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la política nacional de Cambio Climático en concordancia con la planeación nacional del desarrollo y con la participación democrática de los grupos sociales, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley.

Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados sobre las acciones de adaptación y mitigación al Cambio Climático.

Artículo 63. El Programa Nacional será elaborado cada seis años en congruencia con la Estrategia y con el Plan Nacional de Desarrollo, una vez que éste se publique en el Diario Oficial de la Federación. El Programa Nacional integrará los objetivos, las prioridades, las acciones y las metas cualitativas y cuantitativas suficientes y necesarias para identificar e implementar opciones en relación con los siguientes criterios:

I. Identificar y disminuir la vulnerabilidad del territorio nacional, regiones y localidades;

II. Fomentar capacidades de adaptación al Cambio Climático; y

III. Formular y ejecutar el presupuesto de carbono por seis años, para reducir las emisiones de compuestos de efecto invernadero en el territorio nacional, regiones y localidades.

El Programa Nacional incluirá la descripción de las acciones de adaptación y mitigación que se propone desarrollar, su ejecución en el tiempo y espacio, los resultados que se espera de las mismas y los recursos económicos requeridos para dicha ejecución. Dentro de las acciones se incluirán los proyectos de investigación y desarrollo sobre Cambio Climático.

El Programa Nacional será de observancia obligatoria para las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, y deberá ser difundido al público.

Artículo 64. Adicionalmente el Programa Nacional deberá:

I. Fortalecer los procesos de análisis, y diagnóstico, diseño de acciones, e implementación de políticas relacionados a la adaptación y mitigación al Cambio Climático;

II. Propiciar la cooperación entre instituciones de todos los niveles, y en todas las áreas relevantes de la administración pública, la academia, el sector privado, y la sociedad en general, para sustentar las políticas y acciones relacionadas al Cambio Climático;

III. Aprovechar y desarrollar el conocimiento técnico y científico relacionado con la adaptación y mitigación al Cambio Climático;

IV. Generar la discusión y difusión pública para mejorar la percepción pública acerca de los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación al Cambio Climático;

V. Enriquecer los contenidos de las Comunicaciones Nacionales ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Artículo 65. Para su debida evaluación el Ejecutivo Federal remitirá a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la primera semana de febrero de cada año el informe anual de avances y resultados del Programa Nacional. La Cámara de Diputados formulará en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de su recepción, y con la opinión del Consejo Científico, las consideraciones y observaciones que estime pertinentes con relación a este informe.

Las consideraciones y observaciones provenientes del análisis del informe al Programa Nacional deberán ser aprobadas por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, y serán vinculantes al mismo.

Artículo 66. El Ejecutivo Federal, al enviar a la Cámara de Diputados la Estructura Programática y el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda, consolidará los recursos del sector público que proponga establecer dentro del Programa Nacional.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el marco de sus atribuciones, revisará y podrá modificar la propuesta presupuestal para aprobar las partidas necesarias para atender el funcionamiento y operación del Programa Nacional.

El monto mínimo de recursos a ser programado para los subsecuentes ejercicios fiscales será actualizado cada tres años, considerando entre otros, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el crecimiento real de la economía y el crecimiento real del gasto programable del sector público, de conformidad con las disposiciones que se establezcan en los Criterios Generales de Política Económica y el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente.

SECCIÓN III

DE LOS PROGRAMAS ESTATALES, DEL DISTRITO FEDERAL, MUNICIPALES Y DELEGACIONALES DE ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Artículo 67. Los gobiernos municipales y de las entidades federativas en el respectivo ámbito de sus competencias, tendrán la obligación de elaborar, promulgar y dar debido cumplimiento a los Programas de Acción ante el Cambio Climático.

Artículo 68. Los Programas de Acción ante el Cambio Climático se realizarán con el objetivo de ser un instrumento para desarrollar la planificación e implementación de políticas públicas en materia de adaptación y mitigación al Cambio Climático en los distintos órdenes de gobierno, e identificar y disminuir la vulnerabilidad local y regional.

Los Programas de Acción ante el Cambio Climático se establecerán para los siguientes fines y objetivos:

I. Fomentar capacidades de Adaptación al Cambio Climático;

II. Identificar las fuentes y contribución de los gobiernos municipales y de las entidades federativas a las emisiones de compuestos de efecto invernadero; y

III. Mitigación de emisiones de compuestos de efecto invernadero locales y regionales.

Artículo 69. Los Programas de Acción ante el Cambio Climático deberán sustentarse y no contraponerse con la Estrategia y el Programa Nacional.

SECCIÓN IV

DEL INVENTARIO DE AGENTES VULNERABLES

Artículo 70. El Poder Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades federativas, tendrán la obligación de elaborar y mantener actualizado el Inventario Nacional de Agentes Vulnerables y el Inventario Estatal de Agentes Vulnerables.

Artículo 71. Los Inventarios de Agentes Vulnerables del orden nacional y estatal se implementarán para la consecución de los siguientes fines y objetivos:

I. Identificar y sistematizar a nivel nacional y estatal comunidades y elementos específicos del medio físico, natural y social con propensión a experimentar daños o perturbaciones a consecuencia de los efectos del Cambio Climático;

II. Retroalimentar la información de los Atlas de Riesgo del orden municipal, estatal, regional y nacional;

III. Generar un sistema de indicadores de vulnerabilidad que permitan orientar la toma oportuna de decisiones de carácter preventivo ante la ocurrencia de fenómenos climáticos; y

IV. Generar un sistema de indicadores de resiliencia que permitan evaluar el nivel de impacto y transformación de los cambios y perturbaciones de los agentes vulnerados por los efectos del Cambio Climático.

Artículo 72. La metodología para la generación de indicadores así como las bases de datos de los Inventarios de Agentes Vulnerables del orden nacional y estatal deberá ser revisada por el Consejo Científico de Cambio Climático al menos cada tres años.

SECCIÓN V

DEL FONDO DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Artículo 73. El Fondo de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático será el instrumento cuyo objeto será captar y canalizar recursos económicos para lograr los objetivos de la política de Cambio Climático, la Estrategia, el Programa Nacional y los Programas de Acción ante el Cambio Climático de las Entidades Federativas y Municipios.

La naturaleza jurídica del dicho fondo se apegará y ajustará a las disposiciones de derecho mercantil, civil y/o fiscal señaladas en las leyes mexicanas y en los tratados internacionales en que México sea parte.

El Fondo operará a través de un Comité Mixto, en el habrá una representación equilibrada y proporcionada de los integrantes de la Comisión, de los Gobiernos de las Entidades Federativas, del Consejo Científico, del Consejo Consultivo de Cambio Climático, así como de un representante designado de las Cámaras del Congreso de la Unión.

El Comité Mixto emitirá las reglas para la administración, asignación y distribución de los recursos en el Fondo.

El Fondo deberá ser establecido y organizado conforme a lo dispuesto en su Reglamento Interno, la presente Ley y su Reglamento, y las demás disposiciones que de este ordenamiento se deriven.

Artículo 74. El objeto del Fondo de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático será contribuir a crear un mecanismo de captación y canalización de recursos dirigidos a:

I. Fomentar acciones de mitigación;

II. Apoyar la adaptación a los efectos adversos del Cambio Climático y al impacto de las medidas de respuesta;

III. Proporcionar asistencia técnica y promover la transferencia y difusión de tecnologías limpias relacionadas con la adaptación y mitigación al Cambio Climático; e

IV. Implementar acciones que permitan la difusión de una cultura de adaptación y reducción de emisiones de compuestos de efecto invernadero en México.

Artículo 75. El Fondo de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático se podrá integrar con:

I. Las aportaciones que efectúen los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales;

II. Los recursos fiscales que aporte la federación;

III. Ingresos que, por concepto de derechos determine en las disposiciones fiscales que deriven de actos realizados en aplicación de esta Ley;

IV. Créditos y apoyos de organismos nacionales e internacionales;

V. Las aportaciones y donaciones de personas físicas o morales de carácter privado, mixto, nacionales e internacionales;

VI. El producto de sus operaciones y de la inversión de fondos libres en valores comerciales o del sector público, y

VII. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto.

Las aportaciones que las personas físicas o morales de carácter privado hagan al Fondo serán deducibles del Impuesto sobre la Renta.

SECCIÓN VI

DEL PRESUPUESTO DE CARBONO

Artículo 76. Por Presupuesto de Carbono se entenderá el establecimiento de un límite de emisiones de compuestos de efecto invernadero que se puede emitir en un determinado periodo de tiempo, bien para la totalidad de la economía del país o bien por un grupo de actividades, sectores o entidades territoriales.

Su utilidad consiste en la capacidad para trasladar los compromisos específicos de reducción de emisiones a todos los elementos implicados de manera diferenciada.

El Presupuesto de Carbono se considera un instrumento independiente de los mecanismos de mercado.

Los objetivos de mitigación comprometidos en el artículo 60 se tomarán como fundamento para la elaboración de los Presupuestos de Carbono correspondientes.

Los Presupuestos de Carbono deberán ser establecidos conforme a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento, las normas oficiales mexicanas y las demás disposiciones que de este ordenamiento se deriven.

Artículo 77. Los objetivos fundamentales del Presupuesto de Carbono son:

I. Proporcionar un camino claro a las instituciones, empresas y grupos sociales hacia una economía baja en emisiones de carbono, facilitando los mecanismos y recursos que permitan conseguir la reducción de emisiones necesarias en los plazos establecidos. Al mismo tiempo debe proporcionar certeza a inversores en tecnología de reducción;

II. Atribuir responsabilidades claras en su gestión a cada una de las dependencias y entidades de la administración pública federal, de las administraciones públicas de las entidades federativas y de los municipios;

III. Garantizar que los esfuerzos para cumplir las metas de mitigación de emisiones propuestos de manera general se repartan entre los generadores en función de su responsabilidad y de su potencial de reducción;

IV. Proporcionar flexibilidad para alcanzar reducciones a los diferentes sectores de la economía a lo largo del tiempo;

V. Proveer una estructura estable y concreta para la supervisión y evaluación del cumplimiento de las metas, así como la revisión periódica de las mismas; y

VI. Diseñar un mecanismo de actuación y corrección de la trayectoria de las emisiones en caso de incumplimiento de las metas, con un sistema de penalización asociado.

Artículo 78. El Presupuesto de Carbono deberá contemplar las siguientes etapas:

I. Establecer los objetivos a mediano y largo plazo y los escenarios de reducción de emisiones para alcanzarlos;

II. Definir el sistema de las dependencias y entidades de la administración pública responsables de cumplir el presupuesto de carbono haciéndose cargo de las categorías o sectores emisores sobre los cuales tienen competencia, así como los compuestos de efecto invernadero que serán tomados en cuenta;

III. Elaborar la matriz de correspondencia de emisiones a responsables con las cantidades de emisiones por categorías, sectores, compuestos de efecto invernadero que les corresponden;

IV. Identificar el potencial de reducción de emisiones de cada categoría o sector considerado para distribuir en función del cual repartir el esfuerzo de la reducción a los responsables correspondientes;

V. Distribuir el presupuesto de carbono entre los responsables basándose en la matriz de correspondencia y del potencial de reducción; y

VI. Establecer un sistema de seguimiento que permita comprobar el cumplimiento progresivo de las metas propuestas o por el contrario para establecer acciones anticipadas en caso de su no cumplimiento a través de u sistema de sanciones.

SECCIÓN VII

DE LOS MECANISMOS PARA UN DESARROLLO LIMPIO

Artículo 79. El propósito de los Mecanismos para un Desarrollo Limpio es ayudar a los países no incluidos en el Anexo I de la Convención lograr un desarrollo sostenible y contribuir al objetivo último de ésta, así como ayudar a los países incluidos en el anexo I a dar cumplimiento a sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contraídas en términos del Artículo tercero del Protocolo de Kyoto.

Conforme a lo establecido en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto, el MDL está sujeto a las siguientes directrices y consideraciones:

I. Se establece que el MDL estará sujeto a la autoridad de la Conferencia de las Partes en la Convención, actuando como reunión de las Partes para el Protocolo, y que deberá ser supervisado por una Junta Ejecutiva;

II. Se determina que la reducción o captura de emisiones de compuestos de efecto invernadero, resultante de actividades de proyectos de MDL validadas, deberá ser certificada por entidades operacionales designadas, y registrada por la Junta Ejecutiva del MDL;

III. Se determina que es prerrogativa de la Parte de acogida, confirmar si una actividad de proyecto del MDL contribuye al logro de su desarrollo sustentable;

IV. Se establece dentro de los requisitos para la validación y la solicitud de registro de proyectos del MDL, que los interesados deberán presentar a las entidades operacionales designadas, la aprobación por escrito de la Autoridad Nacional Designada del país de acogida del Proyecto, en este donde se haga constar su participación voluntaria, así como la contribución de la actividad respectiva a su desarrollo sustentable; y

V. Al respecto, se establece conforme a esta Ley que la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático, deberá fungir como Autoridad Nacional Designada para los fines relativos a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto.

Artículo 80. Las solicitudes para la obtención de cartas de aprobación para proyectos MDL deberán dirigirse por las Entidades Promoventes o sus representantes legales al Secretario Ejecutivo de la Comisión.

Asimismo, las Entidades Promoventes deberán adjuntar a su solicitud la siguiente documentación:

I. Un escrito en el cual se manifieste su participación voluntaria en el proyecto de que se trate y se resalten los aspectos del mismo que a su juicio, contribuyen al desarrollo sustentable del país.

II. La descripción y diseño del proyecto, según lo requieran la Conferencia de las Partes o la Junta Ejecutiva del MDL y utilizando la guía y los formatos del Documento de Diseño de Proyectos (PDD) aprobados por la Junta Ejecutiva.

III. Si la normatividad vigente lo requiere, una copia de la autorización en materia de impacto ambiental del ámbito de gobierno correspondiente. En el caso de una autorización de competencia federal bastará con proporcionar a la Comisión el número de autorización correspondiente.

IV. Informe de validación de la Entidad Operativa Designada;

V. Compromiso formal de informar sobre la distribución de las reducciones certificadas de emisiones entre los participantes del proyecto en cada verificación y certificación;

VI. Las Entidades Promoventes deberán señalar en su escrito si los documentos que se presentan a la Comisión contienen información que deba clasificarse como reservada o confidencial, señalando claramente los documentos respectivos, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables.

Artículo 81. La Comisión resolverá mediante dictamen sobre la emisión de las cartas de aprobación requeridas antes de cuarenta días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud por el Secretario Ejecutivo de la Comisión conforme al procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley.

Artículo 82. Una vez resuelto el dictamen a que se refiere el artículo anterior, la Comisión a través de su Presidente podrá:

a) Emitir la Carta de Aprobación respectiva.

b) Negar la Carta de Aprobación solicitada.

El Presidente de la Comisión o su Suplente emitirán la Carta de Aprobación o la respuesta negativa, en un plazo no mayor a los cinco días hábiles contados a partir de la recepción del dictamen.

Una vez firmada por el Presidente o su Suplente la Carta de Aprobación o la resolución en la que se niega la emisión de la misma, el Secretario Ejecutivo lo notificará a la Entidad Promovente en su domicilio designado para tal efecto, en un plazo no mayor a los tres días hábiles, contados a partir de la firma respectiva.

La Comisión podrá negar la emisión de una Carta de Aprobación a los proyectos presentados que no cumplan con los requisitos determinados en el artículo 80. En este caso, la Entidad Promovente podrá subsanar las omisiones que se le indiquen en la negativa, y volver a solicitar la Carta de Aprobación respectiva.

La negativa de la Comisión a emitir una Carta de Aprobación deberá expresar las razones que motivan la no aprobación del proyecto, y notificarse por el Secretario Ejecutivo al solicitante.

En caso de que la Comisión determine que un proyecto no contribuye al desarrollo sustentable del país en los términos propuestos, deberá hacerlo del conocimiento de la Entidad Promovente, quien podrá voluntariamente replantear el proyecto y solicitar la reconsideración de la Comisión, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la negativa respectiva, exponiendo mediante un escrito dirigido al Secretario Ejecutivo, los argumentos por los cuales se considera que su proyecto cumple con los requisitos previstos por el artículo 12 del Protocolo de Kyoto, así como los criterios de la Conferencia de las Partes, de la Junta Ejecutiva y la Comisión, adjuntando la documentación que respalde su postura.

La Comisión deberá responder, a través de su Secretario Ejecutivo a la solicitud de reconsideración respectiva, en un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de su recepción, expidiendo la Carta de Aprobación firmada por el Presidente o su suplente o confirmando la respuesta negativa, exponiendo los motivos de la misma.

Artículo 83. Dentro del proceso para la obtención de cartas de aprobación de proyectos del MDL, y con el objeto de analizar la contribución de dichos proyectos al desarrollo sustentable del país, se deberá realizar una evaluación sobre los aspectos ambiental, económico, y social del mismo, resaltando sus efectos positivos a nivel local conforme a los siguientes criterios:

a) Ambientales. Se deben destacar las contribuciones ambientales del proyecto, tales como la preservación o aumento de la biodiversidad o la reducción de otro tipo de emisiones contaminantes.

Otros aspectos que se considerarían, en su caso, son los relacionados con los tratamientos, uso y generación de desechos, su contribución a la calidad y cantidad del agua que utiliza o que cuida y ahorra, y los impactos del proyecto en la calidad y conservación de suelos. Por otra parte sí la normatividad vigente no requiere que el proyecto se someta a un estudio de impacto ambiental, se debe garantizar que no existe alguna actividad o acción del proyecto que tenga impactos ambientales negativos mayores a los beneficios a obtenerse y que hicieran inconveniente su implementación.

b) Económicos. El proyecto presentado debe de mejorar o cuando menos mantener, la situación económica y competitiva del país. Esto incluye la rentabilidad del proyecto, la inversión directa generada, como detonante de otras inversiones o de crecimiento económico, sobre todo a nivel local, su efecto en las importaciones/exportaciones del país, la capacitación y el desarrollo o transferencia de tecnología que el proyecto pudiera implicar.

c) Sociales. El proyecto debe influenciar para mejorar o mantener: la calidad de vida de la localidad, logrando por ejemplo empleos permanentes, bien remunerados y con equidad de género, mejorando condiciones para la salud de los participantes y de la comunidad, contribuyendo al desarrollo e integración regional y a las relaciones sectoriales a partir de la integración del proyecto con otras actividades socioeconómicas tal como proporcionar acceso a fuentes de energía o infraestructura, y creando capacidades administrativas, económicas y/o tecnológicas en la región y en el país.

Artículo 84. La Entidad Operativa Designada para la validación y la verificación/certificación deberá:

I. Haber sido acreditada por la Junta Ejecutiva del MDL;

II. Estar totalmente establecida y con sede en territorio nacional; y

III. Demostrar capacidad para asegurar el cumplimiento de los requisitos pertinentes de la legislación mexicana.

Artículo 85. La Comisión establecerá un mecanismo de evaluación de los proyectos del MDL para verificar que están cumpliendo con los objetivos previstos, y en caso contrario, poder sanciones y/o promover el cese de las actividades conforme a lo establecido en esta Ley.

Artículo 86. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión mantendrá una base de datos pública con todos los proyectos del MDL recibidos.

Artículo 87. La Comisión establecerá en el Reglamento de la Ley, su Reglamento Interno, y demás lineamientos los procedimientos adicionales que sean necesarios para la implementación de proyectos del MDL en el país.

SECCIÓN VIII

DEL REGISTRO PÚBLICO NACIONAL DE EMISIONES DE COMPUESTOS DE EFECTO INVERNADERO

Artículo 88. Corresponderá a la Secretaría el funcionamiento del Registro Público Nacional de Emisiones de Compuestos de Efecto Invernadero, que formará parte del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes de la Secretaría.

El Registro Público Nacional de Emisiones será público y está obligado a proporcionar su información a todo solicitante.

Artículo 89. Es obligatorio el reporte anual de generación de compuestos de efecto invernadero para las industrias de jurisdicción federal y estatal que estén inscritas al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes de la Secretaría y de los similares que operen los gobiernos estatales.

Artículo 90. La Secretaría establecerá las metodologías y procedimientos para calcular, validar y certificar las emisiones de compuestos de efecto invernadero, sus reducciones o capturas por las fuentes emisoras inscritas en el Registro Nacional de Emisiones.

El Consejo Científico deberá aprobar las metodologías y procedimientos antes mencionados buscando su homologación con los estándares internacionales derivados de los requisitos determinados por la Conferencia de las Partes en la Convención y su Protocolo de Kyoto.

El Consejo Científico establecerá y aplicará un sistema de auditoría al Registro Público Nacional de Emisiones.

Artículo 91. Los reportes de emisiones de compuestos de efecto invernadero, sus reducciones o capturas por las fuentes emisoras para su inscripción en el Registro, deberán de estar previamente certificados y validados por organismos autorizados por la Secretaría.

Artículo 92. El Registro Público Nacional de Emisiones operará con independencia de otros registros internacionales o nacionales con objetivos similares, buscando la compatibilidad del mismo con metodologías y criterios internacionales, y en su caso, utilizando los adoptados por la Convención Marco y su Protocolo de Kyoto.

SECCIÓN IX

SISTEMA DE COMERCIO DE EMISIONES DE CARBONO

Artículo 93. En el marco de los tratados internacionales y disposiciones nacionales aplicables, la Comisión regulará y promoverá el desarrollo de un Sistema de Comercio de Emisiones de Carbono con el objeto de que los generadores obtengan derechos de emisión y elijan la manera de cumplir con sus objetivos de reducción. Su propósito será fomentar reducciones de emisiones de compuestos de efecto invernadero de una forma eficaz y de manera económicamente eficiente.

La Comisión deberá establecer un sistema de emisiones de carbono negociables con identificación de límites máximos de emisiones por fuentes especificadas. La asignación de derechos de emisiones negociables permitirá a los generadores producir una cantidad específica de emisiones. Los generadores que logren reducir sus emisiones a menor costo podrán vender sus derechos a otros que, de otra manera, no podrán cumplir con sus obligaciones.

Artículo 94. La Comisión deberá establecer un programa de asignación de derechos de emisión para un periodo de tiempo determinado atendiendo los siguientes criterios:

I. El número total de derechos de emisión que se prevé asignar;

II. El procedimiento de asignación;

III. La cantidad de reducciones certificadas de emisión;

IV. El porcentaje de la asignación a cada instalación en el que se establezca el uso de este tipo de créditos al generador; y

V. Los demás necesarias para el cumplimiento de su objeto en apego a las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 95. La titularidad originaria de la totalidad de los derechos de emisión que figuren en cada programa de asignación, y la titularidad de los derechos de emisión que formen parte de la reserva para nuevos entrantes, corresponde al Estado Mexicano, que a través de la Comisión los asignará, enajenará o cancelará de conformidad con la establecido en esta Ley y demás ordenamientos legales.

El derecho de emisión será válido únicamente para el periodo de vigencia de cada programa de asignación.

El derecho de emisión tendrá carácter transmisible.

La expedición, titularidad, transferencia, transmisión, entrega y cancelación de los derechos de emisión deberá ser objeto de inscripción en el Registro Público Nacional de Emisiones.

Artículo 96. El reconocimiento de una reducción certificada de emisión podrá tener lugar siempre que:

I. No hayan sido generadas por instalaciones nucleares;

II. No hayan sido generadas por tecnologías como captura y almacenamiento de carbono;

III. No hayan sido generada por cambios de uso de suelos forestales: y

IV. No procedan de proyectos de producción de energía hidroeléctrica con una capacidad superior a los 30 MW.

Artículo 97. La Comisión aprobará a propuesta de la Secretaría y con la recomendación del Consejo Científico las metodologías operativas, normas oficiales mexicanas, acuerdos y lineamientos pertinentes, en particular para el desarrollo, la verificación, la presentación de informes, la rendición de cuentas y monitoreo en relación al Sistema de Comercio de Emisiones de Carbono.

El Sistema de Comercio de Emisiones de Carbono en el país deberá ser establecido conforme a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las demás disposiciones que de este ordenamiento se deriven.

SECCIÓN X

DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO

Artículo 98. Para garantizar las medidas de adaptación y mitigación al Cambio Climático, la Secretaría, de manera conjunta o con la participación de otras dependencias de la Administración Pública Federal, expedirán normas oficiales mexicanas que tengan por objeto establecer lineamientos, criterios, especificaciones técnicas y procedimientos conforme a las disposiciones de esta Ley.

Artículo 99. La aplicación de las normas oficiales mexicanas en materia de adaptación y mitigación al Cambio Climático, así como los actos de inspección y vigilancia corresponderán exclusivamente a la Secretaría competente en los términos de esta Ley. El cumplimiento de dichas normas podrá ser evaluado por los organismos de certificación, unidades de verificación y laboratorios de pruebas aprobados por la Secretaría de conformidad con las disposiciones reglamentarias que deriven del presente ordenamiento y con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

SECCIÓN XI

DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Artículo 100. La Comisión Intersecretarial con el auxilio del Consejo Científico integrará el Sistema Nacional de Información sobre el Cambio Climático, con objeto de llevar el control, el monitoreo, la evaluación y el seguimiento del Cambio Climático observado, los procesos climáticos y los escenarios del Cambio Climático futuro proyectado a escala nacional, regional, estatal y municipal.

Artículo 101. Con base en el Sistema Nacional de Información sobre el Cambio Climático la Comisión Intersecretarial deberá elaborar, publicar y difundir informes de manera periódica sobre las repercusiones y las opciones de adaptación y mitigación del Cambio Climático, considerando la articulación de estas con la Estrategia y el Programa Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.

Artículo 102. En el desarrollo del Sistema Nacional de Información sobre el Cambio Climático deberá considerar:

I. Generar escenarios de emisiones de compuestos de efecto invernadero;

II. Interpretar los escenarios para el análisis del posible Cambio Climático en sus diferentes escalas, sus repercusiones y las opciones para mitigar dicho cambio;

III. Informar de manera oportuna al Sistema Nacional para la Adaptación y la Mitigación del Cambio Climático, los escenarios interpretados, en especial cuando puedan afectar de manera directa a la población y a sus actividades económicas y productivas;

IV. Proporcionar al público información sobre lo que significa el Cambio Climático;

V. Concentrar, revisar, depurar y ordenar la información del Sistema Nacional de Información sobre el Cambio Climático, para su consulta pública; y

VI. Las demás que establezca esta Ley y otras disposiciones legales.

Artículo 103. La Comisión Intersecretarial invitará a participar en el Sistema Nacional de Información sobre el Cambio Climático a dependencias e instituciones públicas de los tres órdenes de Gobierno, organismos paraestatales, así como a instituciones académicas y de investigación del país.

Los aspectos no considerados para la operación del Sistema Nacional de Información sobre el Cambio Climático se establecerán en el Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial

TÍTULO QUINTO

DE LA INVESTIGACIÓN, LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

CAPÍTULO I

DE LA INVESTIGACIÓN PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Artículo 104. El Ejecutivo Federal fomentará a través de la dirección del Instituto Nacional de Ecología, en coordinación con el Consejo Científico, las acciones de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en materia de adaptación y mitigación del Cambio Climático.

Artículo 105. El Ejecutivo Federal, a través de sus dependencias y entidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrá celebrar convenios con los sectores público, social y privado para impulsar la investigación científica y tecnológica y la capacitación en materia de Cambio Climático, e implementará los instrumentos y acciones necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en la presente Ley, los programas y demás disposiciones que deriven de ésta.

CAPÍTULO II

DE LA CULTURA Y EDUCACIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Artículo 106. Es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno desarrollar e instrumentar programas de cultura y educación, sobre la vulnerabilidad, adaptación y mitigación al Cambio Climático, así cómo sus consecuencias a mediano y largo plazo.

Artículo 107. La Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas estatales, deberán incorporar el tema de Cambio Climático en los programas educativos, considerando tanto los elementos y fenómenos de orden natural, como los procesos y acciones de los grupos humanos.

TÍTULO SEXTO

DE LA POLITICA INTERNACIONAL EN MATERIA DE CAMBIO CLIMATICO

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 108. En materia de política internacional sobre el Cambio Climático, el país observará principalmente los compromisos de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y de los Acuerdos que se deriven en las Conferencias de las Partes de la Convención.

Artículo 109. La presente Ley no se contrapone a los instrumentos internacionales en materia de medio ambiente y Cambio Climático en los que México forma parte.

TÍTULO SEPTIMO

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 110. El Gobierno Federal deberá promover la participación corresponsable de la sociedad en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política nacional de Cambio Climático.

Artículo 111. Para dar cumplimiento al artículo anterior, la Comisión deberá:

I. Convocar, en el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática, a las organizaciones obreras, empresariales, de campesinos y productores agropecuarios, pesqueros y forestales, comunidades agrarias, pueblos indígenas, instituciones educativas, organizaciones juveniles, sociales y privadas no lucrativas y demás personas interesadas para que manifiesten su opinión y propuestas;

II. Celebrar convenios de concertación con organizaciones ambientales, obreras y grupos sociales para fomentar las acciones de mitigación y adaptación al Cambio Climático y la protección del ambiente en los lugares de trabajo y unidades habitacionales; con pueblos indígenas, comunidades agrarias y demás organizaciones campesinas para el establecimiento, administración y manejo de áreas naturales protegidas, y para brindarles asesoría ecológica en las actividades relacionadas con el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; con organizaciones empresariales; con instituciones educativas y académicas, para la realización de estudios e investigaciones en la materia; con organizaciones civiles e instituciones privadas no lucrativas, para emprender acciones ecológicas conjuntas;

III. Celebrar convenios con los medios de comunicación masiva para la difusión, información y promoción de acciones de adaptación y mitigación de Cambio Climático;

IV. Promover el establecimiento de reconocimientos a los esfuerzos más destacados de la sociedad por las medidas de adaptación y mitigación para erradicar los efectos adversos del Cambio Climático;

V. Impulsar el fortalecimiento de la conciencia ecológica, a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para adaptación y mitigación de Cambio Climático. Para ello, la Comisión podrá, en forma coordinada con los entidades federativas y los municipios correspondientes, celebrar convenios de concertación con comunidades urbanas y rurales, así como con diversas organizaciones sociales; y

VI. Concertar acciones e inversiones con los sectores social y privado y con instituciones académicas, grupos y organizaciones sociales, pueblos indígenas y demás personas físicas y morales interesadas, en las acciones y medidas de adaptación y mitigación al Cambio Climático.

Artículo 112. La Comisión integrará al Consejo Consultivo de Cambio Climático. El Consejo Consultivo será el órgano auxiliar de consulta, opinión, evaluación y participación social de la Comisión, en el que participarán integrantes de instituciones académicas, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales y empresariales. Los cargos de los integrantes del Consejo Consultivo serán honorarios. Las mujeres tendrán una representación de integración del 50 por ciento en el Consejo Consultivo.

La integración del Consejo Consultivo debe hacerse por miembros con amplia experiencia y conocimiento especializado en materia de cambio climático y temas vinculados. La rotación de los miembros debe hacerse en función de la evaluación del desempeño y participación dentro el Consejo, con un plazo de 1 a 5 años.

Dicha creación del Consejo Consultivo, debe ser independiente del sistema de información que la Comisión deberá brindar a la población en general, sobre las actividades y avances en la materia.

El Presidente de la Comisión lo será también del Consejo Consultivo.

El Consejo Consultivo tendrá como función fundamental conocer y opinar sobre aspectos sociales, económicos, y otros aspectos relacionados al Cambio Climático.

Las opiniones y recomendaciones que emita el Consejo Consultivo deberán ser consideradas por la Comisión en las decisiones que adopte.

La selección de las consejeras y los consejeros de las instituciones académicas, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales y empresariales del Consejo Consultivo se realizará mediante convocatoria pública de la Comisión.

Podrán participar como invitados, con voz pero sin voto, representantes de la propia Comisión, Congreso de la Unión, Congresos Locales, de entidades y dependencias de la administración pública federal y de las entidades federativas.

Artículo 113. Las funciones específicas, mecanismos de operación y para que la renovación de los integrantes del Consejo Consultivo sea progresiva y escalonada se establecerán en el acuerdo y/o Reglamento respectivo que para tal efecto emita la Comisión.

Dentro de las facultades y obligaciones del Consejo Consultivo deben estar:

I. Promover sesiones para conocer, monitorear y evaluar las acciones de la Comisión;

II. Vigilar el cumplimiento y congruencia en el actuar de la Comisión y promover en caso contrario sanciones ante la Secretaría de la Función Pública;

III. Promover la participación social informada y responsable, así como la transparencia en la toma de decisiones y rendición de cuentas;

IV. Demandar un reporte de actividades de la Comisión que debe ser presentado de manera pública año con año;

V. Elaborar recomendaciones en la materia de esta Ley a los tres niveles de gobierno sobre políticas y decisiones que puedan poner en riesgo a la ciudadanía y a las comunidades; y

VI. Presentar reportes y propuestas en materia de cambio climático a los integrantes del Sistema Nacional para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.

TÍTULO OCTAVO

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD O DE URGENTE APLICACIÓN

CAPÍTULO I

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Artículo 114. Para verificar y comprobar el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que de ella deriven, la Secretaría, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, podrá realizar por conducto de personal debidamente autorizado, los actos de inspección y vigilancia que consideren necesarios, conforme a esta Ley.

Los generadores y quienes realicen actividades relacionadas con las materias que regulan este ordenamiento, deberán dar facilidades al personal autorizado para la realización de visitas u operativos de inspección. En caso contrario, se aplicarán las medidas de seguridad y sanciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables.

La Secretaría deberá observar en el desarrollo de los procedimientos de inspección, las formalidades que para la materia señala la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Cuando de las visitas u operativos de inspección se determine que existe riesgo inminente derivado de contravenir las disposiciones de la presente Ley, o cuando los actos, hechos u omisiones pudieran dar lugar a la imposición del decomiso como sanción administrativa, se podrá tomar alguna de las medidas de seguridad previstas en el artículo 109 de esta Ley y se procederá conforme a lo señalado en el Capítulo III de este Título.

CAPITULO II

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 115. Cuando de las visitas u operativos de inspección a que se refiere el artículo anterior, se determine que existe riesgo inminente derivado de contravenir las disposiciones de la presente Ley, o bien cuando los actos u omisiones pudieran dar lugar a la imposición de sanciones administrativas, la Secretaría podrá ordenar las siguientes medidas de seguridad:

I. El aseguramiento precautorio de los bienes, vehículos, utensilios, herramientas, equipo y cualquier instrumento directamente relacionado con la acción u omisión que origine la imposición de esta medida;

II. La clausura temporal, parcial o total de las instalaciones, maquinaria o equipos, según corresponda o de los sitios o instalaciones, y

III. La suspensión temporal, parcial o total de la actividad de que se trate.

IV. La desocupación o desalojo de inmuebles;

V. La demolición de construcciones;

VI. El retiro de instalaciones; y

VII. La prohibición de actos de utilización.

La aplicación de estas medidas se sujetará a lo dispuesto en Código Civil y en las Leyes de Protección Civil y de Procedimiento Administrativo del ámbito federal.

A juicio de la autoridad, se podrá designar al inspeccionado como depositario de los bienes asegurados, siempre y cuando se asegure que los bienes les dará un adecuado cuidado.

La Secretaría podrá dar destino final a los productos asegurados de manera precautoria y los recursos económicos obtenidos se depositarán hasta que se resuelva el procedimiento legal y, una vez emitido el fallo y la resolución cause efectos, estos recursos se entregarán a quien beneficie el sentido de la resolución. El Reglamento determinará los mecanismos para implementar esta disposición.

Artículo 112. Cuando se imponga alguna o algunas de las medidas de seguridad previstas en el artículo anterior, se indicarán, en su caso, las acciones que se deben llevar a cabo para subsanar las irregularidades que las motivaron, así como los plazos para realizarlas, a fin de que, una vez satisfechas, se ordene el retiro de las mismas.

CAPITULO III

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 116. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen serán sancionados conforme a lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,

Las responsabilidades administrativas a que se refiere la presente Ley son independientes de las de orden civil o penal que se puedan derivar de los mismos hechos.

Artículo 117. Los servidores públicos de la Administración Pública Federal, que en el ejercicio de sus funciones contravengan las disposiciones de esta Ley, serán sujetos al régimen de aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Artículo 118. En contra de las resoluciones que dicten o ejecuten las autoridades administrativas, en materia de esta Ley, de su reglamento o de los programas, los interesados afectados podrán interponer el recurso de inconformidad previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o intentar el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan al contenido de esta Ley.

ARTÍCULO TERCERO. El Reglamento de la presente Ley deberá ser expedido en un plazo no mayor de ciento ochenta días naturales contados a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO CUARTO. Los procedimientos y recursos administrativos relacionados con las materias de la Ley General de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor al presente Decreto, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes en ese momento, y las demás disposiciones aplicables en la materia de que se trate.

ARTÍCULO QUINTO. La Secretaría Gobernación contará con un plazo de noventa días naturales para establecer los criterios para la elaboración de los Atlas de Riesgo de los órdenes nacional, estatal, regional y municipal;

ARTÍCULO SEXTO. Los municipios contarán con un plazo de un año a partir de la publicación del presente Decreto para la elaboración y publicación de los Atlas de Riesgo de su competencia.

ARTÍCULO SÉPTIMO. A partir de la publicación de sus correspondientes Atlas de Riego los municipios en un plazo no mayor a 6 meses deberán adecuar su planes municipales de desarrollo urbano vigentes.

ARTÍCULO OCTAVO. Las entidades federativas contarán con un plazo de dieciocho meses a partir de la publicación del presente Decreto para la integración, elaboración y publicación de los Atlas de Riesgo de su competencia.

ARTÍCULO NOVENO. El Ejecutivo Federal contará con un plazo de veinte meses a partir de la publicación del presente Decreto para la integración, elaboración y publicación de los Atlas de Riesgo Regionales y Nacional.

ARTÍCULO DÉCIMO. Hasta en tanto las legislaturas locales dicten las leyes, y los ayuntamientos las ordenanzas, reglamentos y bandos de policía y buen gobierno, para regular las materias que según las disposiciones de este ordenamiento son de competencia de las entidades federativas y los municipios, corresponderá a la Federación aplicar esta Ley en el ámbito local, coordinándose para ello con las autoridades estatales y, con su participación, con los municipios que corresponda, según el caso.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. La integración del Consejo Científico de Cambio Climático deberá realizarse dentro de los noventa días naturales días naturales a la entrada en vigor del presente Decreto.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. La instalación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y la designación de su Secretario Ejecutivo deberá realizarse dentro de los sesenta días naturales de la entrada en vigor del presente Decreto.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Se abroga el Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático; publicado en el Diario Oficial de la Federación del 25 de abril de 2005.

Los grupos de trabajo y sus funciones respectivas continuarán en tanto no se instalen los señalados en el presente Decreto.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. La primera sesión de instalación del Sistema Nacional para la Adaptación y la Mitigación del Cambio Climático deberá realizarse a los ciento veinte días naturales a la entrada en vigor del presente Decreto.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. El Sistema Nacional para la Adaptación y la Mitigación del Cambio Climático, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, el Consejo Científico de Cambio Climático y el Fondo de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático dentro de los noventa días naturales siguientes a su instalación, deberán expedir su Reglamento Interno, en el cual se establecerán sus bases de organización y funcionamiento. La Comisión Intersecretarial integrará el Consejo Consultivo de Cambio Climático y el Sistema Nacional de Información sobre el Cambio Climático dentro de los noventas días siguientes a la expedición de su Reglamento Interno.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. En un plazo no mayor de trece meses a partir de su integración, el Consejo Científico de Cambio Climático remitirá la Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático al Congreso de la Unión para su aprobación conforme al artículo 61 de la Ley.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO. En el caso excepcional de que el Programa Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 2012 - 2018 de acuerdo a las disposiciones aplicables sea sujeto a la consideración y aprobación del Presidente de la República de manera previa a la aprobación de la Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático por el Congreso de la Unión, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático presentará, de ser el caso, las adecuaciones al mismo a más tardar a los 180 días naturales posteriores a la aprobación de la Estrategia.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, y en adelante se destinará un mínimo de tres mil millones de pesos para el Fondo de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático. El monto anual a presupuestar posterior a 2012 deberá considerar la actualización por la variación esperada del Índice Nacional de Precios al Consumidor entre el 2012 y el año que se presupueste.

Notas:

1 Secretaría de la Convención sobre el Cambio Climático URL: http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php

2 URL: http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf

3 www.ipcc.ch La creación del IPCC en 1988, fue impulsada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Su función principal consiste en analizar, de forma exhaustiva, objetiva abierta y transparente, la información científica, técnica y socioeconómica relevante para entender el Cambio Climático. En reconocimiento a su labor, en el año 2007, recibió el Premio Nobel de la Paz.

4 Ibíd., p. 10.

5 Stern, N., 2007. El Informe Stern. La verdad del Cambio Climático. Paidos. España. p. 21.

6 Semarnat, 2009. Implicaciones Económicas del Cambio Climático en México.

7 CICC, 2007. Estrategia Nacional de Cambio Climático. Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, SEMARNAT, México. p. 15.

8 M. Jacobson y M. Delucchi. “Energía Sostenible: Objetivo 2030” (Investigación y Ciencia, enero de 2010).

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a los cuatro días del mes de noviembre de 2010.

Diputada Araceli Vázquez Camacho (rúbrica)