De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el inciso a) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal
Honorable Asamblea
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Diputado José Antonio Yglesias Arreola sometió a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso a) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Esta Comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de la citada Iniciativa y conforme a las deliberaciones que sobre la misma realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, reunidos en Pleno, presentan a esta Honorable Asamblea, el siguiente dictámen
Antecedentes
En sesión de fecha 20 de octubre de 2009, el diputado José Antonio Yglesias Arreola, presento la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, con el propósito de precisar que en el rubro de infraestructura básica educativa se considere a la educación media superior.
En esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados turnó la iniciativa antes señalada, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen.
Los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.
Descripción de la iniciativa
La iniciativa que se dictamina señala el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación obligan a las autoridades a dar mantenimiento y proveer de equipo básico e infraestructura a las escuelas públicas, además de facultarlas para atender de manera especial a las escuelas que se encuentran en localidades aisladas y zonas urbanas con altos niveles de marginación. Por lo que el gobierno de cada Entidad Federativa debe promover la participación directa de los ayuntamientos para proveer los recursos necesarios para que las escuelas públicas puedan funcionar y cumplir con este mandato constitucional.
También menciona que de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, en el ramo 33 de “Aportaciones federales para entidades federativas y municipios” se define el propósito fundamental del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que es el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema.
Asimismo, el diputado Yglesias indica que el FAIS se divide en dos fondos: el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM). Siendo en este último, donde se encuentra el concepto de “infraestructura básica educativa”, en el cual no se hace ninguna distinción respecto al nivel educativo al que se destine dicho fondo (preescolar, primaria, secundaria, media superior), por lo que expresa que se entiende que la infraestructura básica educativa está dirigida a cualquier nivel.
Consideraciones de la Comisión
Primera. Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público está de acuerdo con la Iniciativa de mérito toda vez que el gobierno de cada Entidad Federativa debe promover la participación directa de los ayuntamientos para proveer los recursos necesarios para que las escuelas públicas puedan funcionar y cumplir con este mandato constitucional.
Segunda. Esta dictaminadora considera prioritario asignar mayores recursos en infraestructura básica educativa en todos los niveles educativos incluyendo la educación media superior y con ello generar mejores condiciones que permitan abatir con el problema de que las escuelas que se encuentran en localidades aisladas y zonas urbanas con altos niveles de marginación existan inconmensurables rezagos y atrasos educativos que se traducen en altos índices de deserción escolar.
Tercera. La que dictamina considera que en la Ley de Coordinación Fiscal, de la misma manera que en el ramo 33 (fondo 3) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 y 2010 no existe restricción ni diferenciación alguna respecto al nivel educativo al que va dirigido el rubro de infraestructura básica educativa.
Cuarta. La que Dictamina reconoce la necesidad de que se haga una precisión en el artículo 33, inciso a), de la Ley de Coordinación Fiscal para que incluya al nivel medio superior, dado que las autoridades fiscalizadoras hacen una mala interpretación de dicho artículo y excluyen del uso de este fondo a la educación media.
Quinta. Esta Comisión Dictaminadora coincide con la Iniciativa de mérito en que debe establecerse en el inciso a) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal que la “infraestructura básica educativa” no se limita al nivel de educación básica, ya que lo básico se refiere a obras y acciones en cuanto a infraestructura sin limitación del nivel o tipo educativo (construcciones de salones de clase, de usos múltiples, laboratorios, sanitarios, áreas deportivas, etcétera), por tanto debe considerarse al nivel medio superior en el goce de los recursos de dicho fondo y de esta forma poder abatir los problemas estructurales que aquejan a nuestro país y principalmente a los marginados.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DECRETO QUE REFORMA EL INCISO A) DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
Único. Se reforma el inciso a) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
Artículo 33. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los estados y los municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:
a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa en los tipos de educación básica y media superior, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, y
b) ...
...
...
I. a V. ...
Transitorios
Primero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados a * de Octubre de 2010.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público
Diputados: Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Ovidio Cortázar Ramos (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez, Víctor Manuel Báez Ceja, Armando Ríos Piter (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Óscar González Yáñez, secretarios; Alejandro Gertz Manero, Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez, Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica en abstención), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García, Mario Alberto di Costanzo Armenta, Roberto Gil Zuarth, Ildefonso Guajardo Villarreal, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Óscar Guillermo Levín Coppel (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez, Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica en contra del procedimiento), Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica), José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Luis Videgaray Caso (rúbrica).
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Justicia de la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 9 de febrero de 2010, el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. La Mesa Directiva, en esa misma fecha, mediante oficio número D.G.P.L. 61-II-6-0262, acordó se turnara a la Comisión de Justicia.
Contenido de la Iniciativa
Expone el autor que el artículo 135 de la Ley de Amparo establece que para que surta efecto la suspensión del acto reclamado en los juicios de amparo en que el quejoso señale como acto reclamado el cobro de contribuciones y aprovechamientos por parte de la autoridad fiscal, éste debe realizar un depósito del total efectivo de la cantidad que importe el crédito fiscal relativo.
Añadiendo que para el otorgamiento de la suspensión en esta materia, además de satisfacer los requisitos a que alude el artículo 124 de la Ley de Amparo, el quejoso debe exhibir indefectiblemente el monto total del crédito fiscal que le sea requerido, en dinero en efectivo.
Por otra parte, manifiesta que el artículo 151 del Código Fiscal de la Federación establece que las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, requerirán de pago al deudor y, en caso de que éste no pruebe en el acto haberlo efectuado, procederán de inmediato a embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos a favor del fisco, así como a embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de obtener, mediante la intervención de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales.
Puntualizando que en contra del referido acto de embargo, dictado en un procedimiento administrativo de ejecución, procede, en términos del artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías ante el juez de distrito, quien podrá discrecionalmente, conforme al artículo 124 de la ley en cita, otorgar la suspensión del acto reclamado.
Como anteriormente quedó anotado, para que surta sus efectos la suspensión del acto reclamado, el artículo 135 de la Ley de Amparo dispone que cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, la suspensión del acto reclamado podrá concederse previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o municipio que corresponda, y que el precepto en comento prevé que el depósito debe cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, a fin de asegurar el interés fiscal.
Señala que con las anteriores explicaciones para concluir que si el artículo 135 de la Ley de Amparo exige al contribuyente a quien ya se embargaron bienes suficientes para garantizar el interés fiscal, en términos del artículo 151 del Código Fiscal de la Federación, volver a garantizar ese interés a través del depósito en efectivo del total de la deuda a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o municipio que corresponda; entonces, el artículo 135 es desproporcional y excesivo porque obliga al contribuyente deudor a garantizar dos veces un mismo crédito fiscal.
Al respecto, fundamenta su proposición en la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2a./j. 167/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, octubre de 2009, página 73, con rubro GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL. ES INNECESARIO EL DEPÓSITO DEL TOTAL EN EFECTIVO DEL CRÉDITO FISCAL Y SUS ACCESORIOS ANTE LA TESORERÍA CORRESPONDIENTE, PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO, SI LA AUTORIDAD PREVIAMENTE PRACTICÓ EMBARGO SOBRE LA NEGOCIACIÓN CON INTERVENCIÓN CON CARGO A LA CAJA, SIEMPRE QUE A JUICIO DEL JUEZ DE AMPARO EL INTERÉS FISCAL DEL CRÉDITO EXIGIBLE ESTÉ SUFICIENTEMENTE GARANTIZADO.
Concluyendo que dicha jurisprudencia establece que si los bienes del quejoso están embargados en términos del artículo 151, fracción II, del Código Fiscal de la Federación es innecesario que cumpla con el requisito del artículo 135 de la Ley de Amparo, siempre que a juicio del juez esté suficientemente garantizado el interés fiscal del crédito exigible.
Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Justicia exponemos las siguientes:
Consideraciones
Después de haber analizado los argumentos vertidos en la iniciativa que nos ocupa, esta Comisión considera procedente la reforma planteada por las siguientes consideraciones.
Primera. La suspensión en el juicio de Amparo es una medida cautelar que tiene por objeto mantener incólume o viva la materia u objeto sobre el que versa la controversia del juicio de garantías, en tanto se resuelve en definitiva el juicio.
En razón de ésta, las autoridades responsables se ven obligadas a detener su actuar durante el tiempo en que está en trámite el juicio de Amparo, evitando con ello, que se consume el acto que de ellas se reclama y daños o perjuicios de difícil reparación.
La Constitución Política de México señala en las fracciones IV, X y XI del artículo 107 expresamente lo siguiente:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo requiera como condición para decretar esa suspensión;
X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejecución, los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés público.
Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la interposición del amparo, y en materia civil, mediante fianza que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión ocasionare, la cual quedará sin efecto si la otra parte da contrafianza para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo, y a pagar los daños y perjuicios consiguientes;
XI. La suspensión se pedirá ante la autoridad responsable cuando se trate de amparos directos promovidos ante los Tribunales Colegiados de Circuito y la propia autoridad responsable decidirá al respecto. En todo caso, el agraviado deberá presentar la demanda de amparo ante la propia autoridad responsable, acompañando copias de la demanda para las demás partes en el juicio, incluyendo al Ministerio Público y una para el expediente. En los demás casos, conocerán y resolverán sobre la suspensión los Juzgados de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito;
Por su parte, la Ley de Amparo, establece que la suspensión procede en los juicios de Amparo Indirecto y Directo de la siguiente manera:
Ley de Amparo
Artículo 122. En los casos de la competencia de los jueces de Distrito, la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de la parte agraviada, con arreglo a las disposiciones relativas de este Capítulo.
Artículo 123. Procede la suspensión de oficio:
I. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal;
II. Cuando se trate de algún otro acto, que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada.
La suspensión a que se refiere este artículo se decretará de plano en el mismo auto en que el juez admita la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, para su inmediato cumplimiento, haciendo uso de la vía telegráfica, en los términos del párrafo tercero del artículo 23 de esta ley.
Los efectos de la suspensión de oficio únicamente consistirán en ordenar que cesen los actos que directamente pongan en peligro la vida, permitan la deportación o el destierro del quejoso o la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; y tratándose de los previstos en la fracción II de este artículo, serán los de ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando el juez las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos reclamados.
Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:
I. Que la solicite el agraviado;
II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.
Se considera, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando de concederse la suspensión:
a) Se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes;
b) Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;
c) Se permita el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario;
d) Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza;
e) Se permita el incumplimiento de las órdenes militares;
f) Se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo afecte la salud de las personas, y
g) Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de Ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional;
h) Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio en cualquiera de sus fases, previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo en el caso que el quejoso sea ajeno al procedimiento, situación en la que procederá la suspensión, sólo sí con la continuación del mismo se dejare irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso.
III. Que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.
El juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio.
Artículo 170. En los juicios de amparo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, la autoridad responsable decidirá sobre la suspensión de la ejecución del acto reclamado con arreglo al artículo 107 de la Constitución, sujetándose a las disposiciones de esta ley.
Artículo 173. Cuando se trate de sentencias definitivas o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas en juicios del orden civil o administrativo, la suspensión se decretará a instancia del agraviado, si concurren los requisitos que establece el artículo 124, o el artículo 125 en su caso, y surtirá efecto si se otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a tercero.
En los casos a que se refieren las disposiciones anteriores, son aplicables los artículos 125 párrafo segundo, 126, 127 y 128.
Cuando se trate de resoluciones pronunciadas en juicios del orden civil, la suspensión y las providencias sobre admisión de fianzas y contrafianzas, se dictarán de plano, dentro del preciso término de tres días hábiles.
Segunda. La propuesta en estudio, propone adicionar un párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, a efecto de que los jueces de Amparo otorguen, en su caso, la suspensión del acto reclamado sin que se les solicite a los quejosos exhibir el monto total del crédito fiscal que le sea requerido, en dinero en efectivo, cuando estos hayan garantizado el crédito fiscal a través del embargo practicado por la autoridad hacendaria.
Dicho precepto en la actualidad señala, lo siguiente:
Ley de Amparo
Artículo 135. Cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o municipio que corresponda, depósito que tendrá que cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, asegurando con ello el interés fiscal. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectivos los depósitos.
Al respecto, esta Comisión coincide con la propuesta realizada por el diputado autor de la iniciativa, toda vez que, resulta un exceso que el quejoso tenga que garantizar, para que surta efectos la suspensión de los actos solicitada, el interés fiscal en tratándose de juicios de Amparo en contra del cobro de contribuciones y aprovechamientos, cuando la autoridad fiscal, con motivo del procedimiento administrativo de ejecución proceda conforme al artículo 151, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, a embargar al quejoso a fin de obtener, mediante su intervención, los ingresos necesarios para satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales.
En ese sentido, resulta innecesario, para que surta efectos la suspensión del acto reclamado, que el quejoso cumpla con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley de Amparo, toda vez que, a través del embargo trabado por la autoridad hacendaria ya se garantizó el interés fiscal. En el entendido de que dicha concesión de la suspensión siempre será a juicio del juez de amparo, quien decidirá que con dicho embargo administrativo se garantiza el interés fiscal del crédito exigible, toda vez que el embargo es una de las formas autorizadas por el artículo 141, fracción V, del Código Fiscal de la Federación para garantizarlo.
Dicho precepto establece lo siguiente:
Código Fiscal de la Federación
Artículo 141. Los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal en alguna de las formas siguientes:
I. Depósito en dinero, carta de crédito u otras formas de garantía financiera equivalentes que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general que se efectúen en las cuentas de garantía del interés fiscal a que se refiere el artículo 141-A de este Código.
II. Prenda o hipoteca.
III. Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los beneficios de orden y excusión.
Para los efectos fiscales, en el caso de que la póliza de fianza se exhiba en documento digital, deberá contener la firma electrónica avanzada o el sello digital de la afianzadora.
IV. Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia.
V. Embargo en la vía administrativa.
VI. Títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente, en caso de que se demuestre la imposibilidad de garantizar la totalidad del crédito mediante cualquiera de las fracciones anteriores, los cuales se aceptarán al valor que discrecionalmente fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La garantía deberá comprender, además de las contribuciones adeudadas actualizadas, los accesorios causados, así como de los que se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento. Al terminar este período y en tanto no se cubra el crédito, deberá actualizarse su importe cada año y ampliarse la garantía para que cubra el crédito actualizado y el importe de los recargos, incluso los correspondientes a los doce meses siguientes.
El Reglamento de este Código establecerá los requisitos que deberán reunir las garantías. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará que sean suficientes tanto en el momento de su aceptación como con posterioridad y, si no lo fueren, exigirá su ampliación o procederá al secuestro o embargo de otros bienes.
En ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de la garantía.
La garantía deberá constituirse dentro de los treinta días siguientes al en que surta efectos la notificación efectuada por la autoridad fiscal correspondiente de la resolución sobre la cual se deba garantizar el interés fiscal, salvo en los casos en que se indique un plazo diferente en otros preceptos de este Código.
Conforme al artículo 135 de la Ley de Amparo, tratándose de los juicios de amparo que se pidan contra el cobro de las contribuciones y aprovechamientos, por los causantes obligados directamente a su pago, el interés fiscal se deberá asegurar mediante el depósito de las cantidades que correspondan ante la Tesorería de la Federación o la Entidad Federativa o Municipio que corresponda.
En los casos en que de acuerdo con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se solicite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la suspensión contra el cobro de contribuciones o aprovechamientos, el interés fiscal se deberá asegurar mediante el depósito de las cantidades que se cobren ante la Tesorería de la Federación o la Entidad Federativa o Municipio que corresponda.
Para los efectos del párrafo anterior, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no exigirá el depósito cuando se trate del cobro de sumas que, a juicio del Magistrado o Sala que deba conocer de la suspensión, excedan la posibilidad del solicitante de la misma, cuando previamente se haya constituido garantía ante la autoridad exactora, o cuando se trate de personas distintas de los causantes obligados directamente al pago; en este último caso, se asegurará el interés fiscal en los términos indicados en los primeros dos párrafos de este artículo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se pronunció, emitiendo por contradicción de tesis la jurisprudencia número 2a./j. 167/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, octubre de 2009, página 73, misma que fundamenta la iniciativa a estudio:
Registro No. 166151
Localización:
Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXX, Octubre de 2009
Página: 73
Tesis: 2a./J. 167/2009
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL. ES INNECESARIO EL DEPÓSITO DEL TOTAL EN EFECTIVO DEL CRÉDITO FISCAL Y SUS ACCESORIOS ANTE LA TESORERÍA CORRESPONDIENTE, PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO, SI LA AUTORIDAD PREVIAMENTE PRACTICÓ EMBARGO SOBRE LA NEGOCIACIÓN CON INTERVENCIÓN CON CARGO A LA CAJA, SIEMPRE QUE A JUICIO DEL JUEZ DE AMPARO EL INTERÉS FISCAL DEL CRÉDITO EXIGIBLE ESTÉ SUFICIENTEMENTE GARANTIZADO. El citado precepto establece que cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, que surtirá efectos previo depósito del total de la cantidad, en efectivo, a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o del Municipio que corresponda, depósito que tendrá que cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, asegurando con ello el interés fiscal. Sin embargo, cuando la autoridad fiscal, con motivo del procedimiento administrativo de ejecución proceda conforme al artículo 151, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, a embargar la negociación con todo lo que de hecho y por derecho le corresponda, a fin de obtener, mediante su intervención, los ingresos necesarios para satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales, para que surta efectos la suspensión del acto reclamado es innecesario que el quejoso cumpla con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley de Amparo, siempre que a juicio del juez de amparo el interés fiscal del crédito exigible esté suficientemente garantizado, toda vez que el embargo es una de las formas autorizadas por el artículo 141, fracción V, del Código Fiscal de la Federación para garantizarlo. Lo anterior es así, ya que inobservar el referido embargo conllevaría al extremo de que la quejosa contribuyente tuviera que garantizar dos veces un mismo crédito fiscal, lo que sería contrario al principio de derecho consistente en que la garantía, como acto accesorio, es hasta por el monto de la obligación principal.
Contradicción de tesis 266/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y los Tribunales Colegiados Séptimo y Décimo Sexto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 2 de septiembre de 2009. Mayoría de tres votos. Ausente Mariano Azuela Güitrón. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Bertín Vázquez González.
De la jurisprudencia anterior, se advierte con meridiana claridad que, si los bienes del quejoso están embargados en términos del artículo 151, fracción II, del Código Fiscal de la Federación es innecesario que cumpla con el requisito del artículo 135 de la Ley de Amparo, siempre que a juicio del juez esté suficientemente garantizado el interés fiscal del crédito exigible, como el propio iniciante refiere, lo anterior toda vez que de lo contrario se estaría rompiendo con el principio de derecho consistente en que la garantía, como acto accesorio, es hasta por el monto de la obligación principal.
En ese sentido, cuando el Amparo se solicite en contra del cobro de contribuciones y aprovechamientos, en caso de que el quejoso solicite la suspensión de dichos actos de autoridad, se deberá satisfacer los requisitos que señala el artículo 124 de la Ley de Amparo y, en su caso, el requisito del artículo 135 de la misma ley, pero con la excepción de que no será necesario garantizar el crédito fiscal exigible, cuando la autoridad fiscal haya embargado bienes del contribuyente en términos del artículo 151 del Código Fiscal de la Federación, y dichos bienes embargados son suficientes para asegurar el interés del crédito fiscal.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Justicia, somete a la consideración de esta asamblea, el siguiente proyecto de:
Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 135. ...
Si se realizó embargo por las autoridades fiscales, y los bienes embargados son suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal, el contribuyente no tendrá que realizar el depósito en efectivo a que se refiere el párrafo anterior, siempre que el embargo sea firme.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2010.
La Comisión de Justicia
Diputados: Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; José Tomás Carrillo Sánchez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Retiz Gutiérrez, Eduardo Ledesma Romo(rúbrica), Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbrica), secretarios; Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina, Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija, Sonia Mendoza Díaz, Jesús Alfonso Navarrete Prida, Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Carlos Alberto Pérez Cuevas, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Norma Leticia Salazar Vázquez, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz, Josué Cirino Valdés Huezo, Ardelio Vargas Fosado (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria, Pedro Vázquez González, Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).
De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud
Honorable Asamblea:
La Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen
Antecedentes
A la Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fueron turnados para su estudio y dictamen:
I. El expediente No. 4155, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada durante la LX Legislatura por la diputada Yolanda Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de Revolucionario Institucional, el día 21 de mayo de 2008.
II. El expediente No. 5756, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada durante la LX Legislatura por los diputados Elizabeth Morales García, Gerardo Lagunes Gallina, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Gustavo Fernando Caballero Camargo y Jorge Luis de la Garza Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Alma Hilda Medina Macías, Gregorio Barradas Miravete, Miguel Ángel Monraz Ibarra, José Inés Palafox Núñez, Alma Xóchil Cardona Benavidez, Carlos Alberto Torres Torres, Francisco Javier Plascencia Alonso, Fidel Antuña Batista, José de Jesús Solano Muñoz, Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar, Ricardo Franco Cazarez y Carlos Alberto Navarro Sugich, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Daisy Selene Hernández Gaytán, Francisco Sánchez Ramos, Ana Yurixi Leyva Piñón, Concepción Ojeda Hernández, Celso David Pulido Santiago, Martín Ramos Castellanos, Rafael Villicaña García y Emilio Ulloa Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia, y Francisco Elizondo Garrido, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el día 26 de marzo de 2009.
Asimismo, la Comisión de Juventud y Deporte recibió de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ambas de la LX Legislatura, opinión de impacto presupuestario de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, citada en el párrafo anterior, mediante la cual señala que dicha iniciativa no implica impacto presupuestario.
III. El expediente No. 817, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 3, 4, 8 y 15 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por la diputada María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el día 3 de diciembre de 2009.
IV. El expediente No. 1547, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8 y 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el día 4 de marzo de 2010.
V. El expediente No. 1728, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por el diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el día 25 de marzo de 2010.
VI. El expediente No. 2421, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por el diputado César Daniel González Madruga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el día 26 de mayo de 2010.
En la parte sustantiva de la propuesta citada en la fracción I, la diputada expone que la razón de ser de los organismos gubernamentales que sectorizan su intervención hacia los ciudadanos, como las mujeres, los adultos mayores, las niñas y los niños, sería el esquema de ideal aplicación para el caso de las y los jóvenes, con una actuación que exprese un compromiso de mucho mayor impacto socio económico.
Por lo que la estructura del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) tendría que pensar su vinculación con otras instancias de la administración pública federal, para así conformar actividades coordinadas y que repartan responsabilidades a favor del desarrollo social, con un enfoque distinto para todos los diferentes subgrupos de la población juvenil.
En este sentido, el Instituto Mexicano de la Juventud debe dirigir esfuerzos más amplios, para enriquecerse de los aportes que las organizaciones de la sociedad civil general para la población joven cada vez más diversificada, indica la legisladora.
La diputada promovente señala que la experiencia internacional ha tenido éxito en la implementación de la Perspectiva de no discriminación, entendida ésta como un enfoque o dirección de las políticas públicas que contempla un parámetro de inclusión a partir del carácter integral e indivisible de los derechos humanos.
Por ello, mediante la iniciativa que presenta, pretende incorporar una visión garantizadora de tal instrumentalización institucional (la perspectiva de no discriminación), mediante la adición del presidente del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred) al grupo de funcionarios de la administración pública federal que conforman la Junta Directiva del referido Instituto.
En la parte sustantiva de la propuesta citada en la fracción II, los legisladores destacan que, como una respuesta a las necesidades de la dinámica social de la época, en los años noventa surge la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, vigente a la fecha, la cual respondió positivamente a dichas exigencias; sin embargo, durante los años subsecuentes hubo cambios sociales importantes y la población juvenil se incrementó de manera relevante, al grado de alcanzar aproximadamente 27.2 millones de jóvenes, entre los 103 millones 263 mil 388 habitantes del territorio nacional.
Lamentablemente, destacan los diputados promoventes, estos cambios han llevado a los jóvenes a enfrentar serios problemas que impiden su desarrollo pleno e interrelación social. La persistencia de situaciones sociales adversas para el desarrollo de las y los jóvenes, como pobreza, desigualdad, desempleo, violencia, falta de valoración de sus aportes, discriminación, entre otros problemas, impactan a nuestra sociedad, lo que hace indispensable redoblar esfuerzos para impulsar el desarrollo y la inclusión de la juventud mexicana.
Para contrarrestar estos fenómenos sociales es indispensable actualizar la legislación en materia de Juventud, indican los promoventes, dotando al Estado mexicano de las herramientas jurídicas e institucionales necesarias, tales como fortalecer al Instituto Mexicano de la Juventud para que lidere la formulación, protección y garantía de los derechos de las y los jóvenes en toda la República Mexicana.
En la parte sustantiva de la propuesta citada en la fracción III, la diputada expone que uno de los mayores problemas que enfrentamos como país es la alta incidencia de discriminación, violencia e inequidad de género que se vive tanto en la familia como en las escuelas y la calle.
En este sentido señala que, dada su importancia, el Instituto Mexicano de la Juventud debe guiar su quehacer a través de la óptica del derecho a la no discriminación, si en verdad se quiere que tenga una incidencia positiva en la calidad de vida de los jóvenes mexicanos. Por ello se considera como elemental que dentro de la ley que lo rige se haga especial énfasis en la no discriminación, por lo que propone incorporar con claridad a la Ley de la materia que los jóvenes serán objeto de los programas, servicios y acciones que el instituto lleve a cabo sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra.
Asimismo, considera que debe quedar plasmado en la ley que el Instituto tiene por objeto, además de los citados en la ley, el de promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los ordenamientos legales y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Ello, a través de programas y cursos de orientación e información sobre la cultura de la no violencia, la no discriminación y la equidad de género con el objeto de que haya una mayor igualdad de trato y oportunidades para todos los jóvenes, y sus decisiones sean producto de una información completa y adecuada.
También argumenta la necesidad de orientar las políticas, programas y acciones en ámbitos estratégicos con el fin de informar y desarrollar las capacidades y conocimiento de los jóvenes para que conozcan sus derechos, y los mecanismos para exigirlos.
En el mismo sentido expone que, dada la relación hombres-mujeres que guarda la población mexicana que se encuentra entre los 12 y 29 años, el evidente impacto de la discriminación sobre ellos, y el significado negativo respecto del disfrute de sus derechos fundamentales, es necesario que formen parte de la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud un representante del Instituto Nacional de las Mujeres y otro del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. De esta manera se agregarían experiencias positivas, ampliamente probadas y profesionales, sin interferir en modo alguno en el proceso de toma de decisiones que caracteriza a instituciones como el Instituto.
En la parte sustantiva de la propuesta citada en la fracción IV, el legislador señala que, ante las grandes dificultades para incorporar a la juventud mexicana al desarrollo económico nacional, una primera acción legislativa que se hace indispensable respecto a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, es modificar las disposiciones legales relativas a la integración de su órgano de dirección, a fin de incorporar en él a tres integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados, con el propósito de que se garanticen dos aspectos básicos:
1. Mayor colaboración entre poderes en el diseño de la política nacional de juventud, así como de los programas especiales a cargo del Instituto.
2. Contribuir al mejor, eficiente e imparcial funcionamiento del Instituto en la prestación de sus servicios y aplicación de sus programas a fin de que se cumpla el objeto para el cual fue creado.
Asimismo indica el diputado, con el afán de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos y fortalecer el sistema de rendición de cuentas, se propone establecer como facultad del director del Instituto presentar a la Cámara de Diputados un informe anual de actividades.
La razón que motiva esta propuesta para el promovente es dar cumplimiento cabal y urgente a objetivos y acciones pendientes en este rubro, y asegurar que dicha institución responda a los intereses de todos los jóvenes, sin distingo, conforme al orden jurídico establecido.
En la parte sustantiva de la propuesta citada en la fracción V, el diputado promovente expone que se reporta la población de jóvenes mexicanos más grande que jamás se ha visto en la historia, lo que representa un rango de oportunidad para cambiar al país de verdad.
Asimismo señala que lamentablemente hay datos que nos muestran una realidad decepcionante tales como por ejemplo: de acuerdo al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, nunca antes tantos jóvenes emigraron del país en busca de una vida mejor, de los cuales siete de cada 10 inmigrantes tienen entre 15 y 24 años; según la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de 100 por ciento de los egresados a nivel nacional, únicamente 30 por ciento encuentra empleo en el primer año, y de éstos, sólo 30 por ciento labora en la actividad en la cual ha sido formado con sus estudios.
Ahora bien, agrega el legislador, al hacer una revisión de las funciones que lleva a cabo el Instituto Mexicano de la Juventud, en relación con las oportunidades laborales para los jóvenes, se detectó que su participación es únicamente informativa y en algunos casos de vinculación con programas también de carácter informativo, como el Servicio Nacional de Empleo por Teléfono.
En este contexto, propone dotar al Instituto Mexicano de la Juventud de atribuciones para el diseño, implementación y ejecución de programas con fondos presupuestales, que contribuyan directamente en la problemática de la incorporación laboral de los jóvenes, su alternativa al autoempleo, la generación de emprendedores juveniles y, decididamente, aprovechar al máximo el capital humano juvenil, hasta ahora desperdiciado.
La principal meta, agrega el diputado, es lograr por un lado el desarrollo de los jóvenes de México en el aspecto profesional y económico, y por el otro, fomentar una cultura empresarial que impulse el desarrollo económico por su elemento poblacional más importante: los jóvenes.
En la parte sustantiva de la propuesta citada en la fracción VI, el legislador promovente destaca que la importancia de las y los jóvenes en México es enorme, no sólo por el número que representan respecto a la población total, sino porque se erigen como los conductores del progreso en todos los ámbitos de la vida nacional, motivo por el cual han sido apoyados a fin de aprovechar su potencial en la construcción de un mejor país.
Asimismo, refiere que en 1999 fue creado el Instituto Mexicano de la Juventud, encargado de definir e instrumentar la política nacional de juventud para incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país.
Sobre el particular indica que la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud nace como respuesta a la necesidad de contar con un instrumento jurídico que garantice el ejercicio pleno de los derechos de la juventud y dé marco y fundamento a la actuación del gobierno para poner en marcha una política que construya oportunidades verdaderas para los jóvenes.
En este sentido, agrega el diputado, este instrumento jurídico ha dotado al Instituto Mexicano de la Juventud de amplias atribuciones que han contribuido a cumplir su labor.
No obstante los logros obtenidos y la gran labor que ha venido realizando el Instituto, estos no han sido suficientes, comenta el promovente, toda vez que en nuestro país las y los jóvenes han llegado a sus niveles más altos de la historia, debido al bono demográfico que se ha estado experimentando, por lo que los requerimientos por parte de este sector de la población han sido aún más evidentes, debido a la situación de rezago que enfrentan en los distintos ámbitos así como los obstáculos para participar plenamente en las decisiones nacionales.
Por todo lo anterior, el promovente justifica la necesidad de fortalecer al Instituto para continuar cumpliendo eficazmente con su intención, para lo cual propone:
a. Definir los criterios que deberá observar el Instituto en el cumplimiento de su objetivo, como la integralidad y transversalidad de las políticas públicas, la no discriminación, la igualdad entre mujeres y hombres y el fomento al federalismo.
b. Establecer los lineamientos bajo los cuales el Instituto tendrá que definir e instrumentar la política nacional de juventud, una política tendiente a mejorar la calidad de vida de los jóvenes y el respeto y acceso a sus derechos.
c. Fortalecer las atribuciones del Instituto otorgándole la atribución de elaborar el “Programa Nacional de Juventud”, estableciendo los criterios para su integración, diseño, contenido y evaluación de los resultados en el cumplimiento de sus objetivos y estrategias.
d. Fortalecer la política pública en materia de juventud mediante la creación de un “Órgano Coordinador de la Política Nacional de Juventud”, encargado de garantizar la integralidad y transversalidad de la política nacional de juventud, así como su instrumentación y ejecución.
e. Crear un “Sistema Nacional de Información, Investigación y Consulta sobre Juventud”, encargado de recabar la información más importante en materia de juventud, y establecer los mecanismos para generar las bases de datos con dicha información.
La Comisión de Juventud y Deporte procedió al estudio y análisis de todas y cada una de las iniciativas de referencia, tomando como eje rector la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por el diputado César Daniel González Madruga, última iniciativa presentada en esta legislatura, con un contenido en lo sustantivo abundante y valioso para fortalecer al Instituto Mexicano de la Juventud, misma que facilitó alcanzar el dictamen que hoy se presenta con las siguientes:
Consideraciones
El término joven corresponde a una etapa en la vida del ser humano que hace referencia a un parámetro cronológico comprendido dentro de los primeros años de vida, aunque los rangos que tal etapa incluye son variables; así, tanto la Organización de la Naciones Unidas como la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes identifican como joven a las personas que quedan comprendidas dentro del rango de los 15 y 24 años de edad. Para nuestra legislación vigente en materia de juventud son jóvenes las personas cuyo rango de edad se encuentra entre los 12 y los 29 años.
Actualmente en México, de los 107 millones de personas que componen la población total, 35 millones son jóvenes de entre 12 y 29 años de edad es decir, el 33 por ciento del total de la población mexicana es de jóvenes 1 .
Desafortunadamente la historia por la que han transitado los jóvenes ha estado marcada por obstáculos y dificultades sociales que no sólo han limitado su desarrollo integral sino que los tienen en un estado de rezago social que día con día se incrementa.
Las cifras estadísticas revelan la situación en la que se encuentran:
En educación y empleo, 8 millones de jóvenes, no estudian y no trabajan 2 . De éstos, algunos son migrantes (2 millones 3 ), otros cuentan con trabajos no registrados (1 millón 4 ) como el empleo informal con bajos salarios, carencia de prestaciones sociales, falta de seguridad laboral y perspectivas de mejora laboral negativas, otros más están en los reclusorios (119 mil 5 ), y el resto, poco más de 4 millones, totalmente expuestos a las redes del crimen organizado bajo la esperanza de obtener prosperidad que mediante otras vías se ve muy complicado de conseguir.
De los jóvenes con empleo, la última encuesta sobre juventud arrojó que el 61.43 por ciento de las y los jóvenes ganan entre 1 y 3 salarios mínimos 6 . Por lo que hace a la cobertura educativa sólo en el nivel medio superior, origina que cada año miles de jóvenes queden sin oportunidad de estudiar, así por ejemplo, para el ciclo escolar 2009-2010, 2.4 millones quedaron fuera del sistema escolarizado y, en educación superior, solamente ingresará el 27.6 por ciento de la población en edad de cursarla.
Respecto a la salud, el 50 por ciento de las y los jóvenes no tienen acceso a algún servicio de salud, y adicionalmente el 70 por ciento de los jóvenes, como grupo etario, tienen contacto con alcohol y drogas 7 convirtiéndose para algunos en el principal problema que enfrentan durante su juventud.
En el tema de la seguridad, es alarmante que cerca del 50 por ciento de quienes están en las cárceles de toda la República Mexicana son jóvenes 8 . Resulta igualmente alarmante el grado de desintegración del tejido social que se percibe con tristeza en diferentes ciudades del país en donde el sector juvenil es el principal afectado.
En este contexto, si bien es cierto que como una respuesta concreta a la creciente demanda para regular, coordinar, promover y operar programas y estrategias de atención a la juventud, a principios del año 1999 se crea el Instituto Mexicano de la Juventud, como un organismo público descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Educación Pública, también es verdad que la situación presente revela la necesidad de fortalecer a dicho Instituto, ya que ha sido rebasado en sus acciones para hacer frente a las necesidades de los jóvenes.
Por todo ello, las propuestas en estudio constituyen una fuente valiosa de aportación para fortalecer al Instituto, por lo que este órgano legislativo ha tenido a bien considerar el contenido de cada una de ellas, en los términos siguientes:
Sobre la propuesta citada en la fracción I:
Esta Comisión es consciente de la problemática que representa para los jóvenes la discriminación por parte de las autoridades o de otros grupos sociales, por el solo hecho de expresarse mediante diferentes gestos, movimientos, tatuajes, formas de vestir y expresiones artísticas como lo es la música.
De igual forma, este órgano legislativo coincide con la legisladora, sobre la necesidad de impulsar desde el Instituto una perspectiva de inclusión y no discriminación hacia los jóvenes en el quehacer de promover la integración de los jóvenes a la sociedad, por lo que se considera fundamental incluir su propuesta en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
Sin embargo, respecto a la propuesta para el artículo 8, en el sentido de incluir al presidente de la Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred) en la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud, esta Comisión llama la atención que esta modificación contravendría a la Ley Federal de Entidades Paraestatales en su artículo 18, pues se superaría el límite legal establecido de miembros propietarios y de sus respectivos suplentes, y siendo el Instituto un organismo descentralizado de la administración pública federal, este debe cumplir con lo establecido en dicha ley. Por lo tanto este órgano legislativo considera conveniente invitar de manera permanente a la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud a un representante del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación el cual, si bien no tendrá voto, enriquecerá con su opinión la visión de inclusión y no discriminación en las políticas dirigidas a los jóvenes.
Sobre la propuesta citada en la fracción II:
La Comisión de Juventud y Deporte coincide con los legisladores promoventes en el sentido de que, aunque en la ley vigente ya se contempla el Consejo de Seguimiento de Proyectos y Programas, hace falta dar una visión más clara del mismo, por lo que resulta conveniente cambiar su nombre al de Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en materia de Juventud, y precisar su objeto, que será dar seguimiento a los programas tanto del instituto como de las demás secretarías y entidades, opinar sobre los mismos, recabar la opinión de los ciudadanos interesados en políticas públicas en materia de Juventud y presentar sus resultados y opiniones al director general del Instituto, formulando, en su caso, las propuestas que tenga a bien hacer.
Asimismo, es importante dotar al Instituto de atribuciones para promover la no discriminación o exclusión social de las y los jóvenes, y la construcción de una sociedad incluyente, plural, tolerante y respetuosa de la diferencia y el diálogo intergeneracional, sin exceder sus atribuciones en el ámbito de juventud, por lo que la propuesta sin duda alguna contribuirá al cumplimiento de dicho fin.
La armonización de diversas disposiciones con los ordenamientos vigentes es básica para brindar certeza jurídica, por lo que la propuesta se recoge en lo que da mayor claridad.
Sobre la propuesta citada en la fracción III:
Este órgano legislativo comparte la visión de la legisladora promovente respecto a que uno de los mayores problemas que enfrentamos como país es la alta incidencia de discriminación, violencia e inequidad de género que se vive tanto en la familia como en las escuelas y la calle.
Por ello también coincide en que el Instituto Mexicano de la Juventud debe guiar su quehacer a través de la óptica del derecho a la inclusión y a la no discriminación, para generar una verdadera participación e integración de los jóvenes a la sociedad. En este sentido considera viable y de impacto positivo incorporar con claridad a la ley de la materia que los jóvenes serán objeto de los programas, servicios y acciones que el instituto lleve a cabo sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra, como lo cita expresamente nuestra Constitución, y que además generará una perspectiva de cohesión social.
De la misma manera comparte la propuesta en el sentido de armonizar distintos artículos de la Ley de la materia para fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los ordenamientos legales y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Ello, a través de programas y cursos de orientación e información sobre la cultura de la no violencia, la no discriminación y la equidad de género con el objeto de que haya una mayor igualdad de trato y oportunidades para todos los jóvenes y sus decisiones sean producto de una información completa y adecuada.
Este órgano dictaminador sostiene que toda política pública debe estar orientada correctamente para cumplir con el objetivo como el caso de las políticas de juventud, la cuales, en coincidencia con la promovente, deben estar orientadas en ámbitos estratégicos con el fin de informar y desarrollar las capacidades y conocimiento de los jóvenes, así como para que conozcan sus derechos, y los mecanismos para exigirlos. La indicación en la Ley de orientar las políticas públicas y difundirlas entre los jóvenes para conocer sus derechos y sus obligaciones, viene a dar mayor seguridad social.
Por último, en cuanto a la propuesta de fortalecer a la Junta Directiva del Instituto en la toma de sus decisiones, con una visión más clara sobre la equidad de género y la no discriminación, tomando en cuenta que son dos de los grandes problemas que se viven entre los jóvenes, esta comisión considera valiosa y de impacto positivo la propuesta de invitar a la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud tanto a representantes del Instituto Nacional de las Mujeres, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y de cualquier otra institución de la cual el Consejo considere primordial conoces su opinión para el mejor despacho de sus responsabilidades, sin interferir en modo alguno en el proceso de toma de decisiones del Instituto.
Sobre la propuesta citada en la fracción IV:
Este órgano legislativo es consciente de que a lo largo de los años se han presentado grandes dificultades para incorporar a la juventud mexicana al desarrollo económico nacional, y aun más durante los últimos años durante los cuales la población juvenil se incrementó de manera histórica hasta alcanzar su mayor número, 35 millones de jóvenes de acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población al 2010, la cual seguirá creciendo durante la próxima década. En este sentido, reconoce que es urgente implementar acciones para impulsar el desarrollo de los jóvenes. Así las cosas, la Comisión de Juventud y Deporte reconoce el empeño del diputado promovente por aportar a este fin, particularmente destaca la propuesta que plantea para incorporar a la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud a tres integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados, con el propósito de que se garanticen dos aspectos básicos:
1. Mayor colaboración entre poderes en el diseño de la política nacional de juventud, así como de los programas especiales a cargo del Instituto.
2. Contribuir al mejor, eficiente e imparcial funcionamiento del Instituto en la prestación de sus servicios y aplicación de sus programas a fin de que se cumpla el objeto para el cual fue creado.
Sin embargo, atendiendo al principio de autonomía de poderes, resulta improcedente dicha propuesta. Lo anterior resulta contundente al revisar la disposición del artículo 19 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, el cual prohíbe expresamente incluir a legisladores de la Cámara de Diputados en la Junta Directiva de los organismos paraestatales, y siendo el Instituto Mexicano de la Juventud un organismo paraestatal, no se pueden incluir legisladores de la Cámara de Diputados como miembros de su Junta Directiva.
En cuanto a la propuesta de establecer como obligación del director del Instituto presentar a la Cámara de Diputados un informe anual de actividades, en el afán de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos y fortalecer el sistema de rendición de cuentas, este órgano legislativo encuentra innecesaria la propuesta en virtud de que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 69 ya se establece la obligación del Presidente de la República de presentar anualmente un informe de labores del estado que guarda la administración pública del país, y se faculta a la Cámara de Diputados para ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar, entre otros, a los directores de las entidades paraestatales, siendo el Instituto Mexicano de la Juventud uno de ellos, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. Asimismo, el artículo 93, faculta a la Cámara de Diputados para requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal.
Además, la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud vigente ya contempla en el artículo 8, fracción VII, la obligación del director del Instituto el publicar el informe anual sobre el desempeño de las funciones del Instituto.
Sobre la propuesta citada en la fracción V:
La Comisión de Juventud y Deporte coincide con el diputado promovente respecto a la oportunidad que se presenta para nuestro país al contar con 35 millones de jóvenes, el mayor número en su historia, y que seguirá aumentando durante la próxima década. También concuerda con la difícil realidad en la que se encuentran estos jóvenes, con escasas oportunidades para estudiar y para encontrar empleo, por citar algunos ejemplos.
Bajo este panorama, la propuesta del legislador, en el sentido de dar mayores atribuciones al Instituto Mexicano de la Juventud, para el diseño, implementación y ejecución de programas con fondos presupuestales, que contribuyan directamente en la problemática de la incorporación laboral de los jóvenes, su alternativa al autoempleo, la generación de emprendedores juveniles y, decididamente, aprovechar al máximo el capital humano juvenil, resulta de la mayor relevancia como una manera vinculante del Estado hacia los jóvenes, que les otorgará mayores oportunidades de insertarse al campo laboral.
Por lo anterior, esta Comisión considera viable y valiosa la propuesta del diputado para trabajar en el desarrollo de los jóvenes.
Sobre la propuesta citada en la fracción VI:
La Comisión de Juventud y Deporte concuerda con la exposición de motivos expuesta por el diputado promovente la cual refiere sobre la oportunidad de desarrollo que representa para nuestra nación el contar con un verdadero bono demográfico constituido por 35 millones de jóvenes, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, al 2010, y de la necesidad de fortalecer nuestras instituciones, particularmente al Instituto Mexicano de la Juventud, para atender eficazmente las necesidades de esos jóvenes, de los cuales, muchos se encuentran en situaciones de rezago.
Asimismo, coincide en que la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud surge en el año de 1999 y viene a dar respuesta a las necesidades de las y los jóvenes de la época. Sin embargo, con el paso de los años la población juvenil fue creciendo considerablemente y es así como llegamos al 2010 con una población que asciende a 35 millones de jóvenes, y con una Ley del Instituto Mexicano de la Juventud sin actualizarse. Es decir, urge contar con una ley que incorpore las disposiciones jurídicas que otorguen al Instituto la fuerza para atender las necesidades de los jóvenes.
En este orden, al revisar las propuestas específicas del diputado esta comisión tuvo a bien hacer las siguientes reflexiones:
Sobre la propuesta de establecer en la ley los criterios que deberá observar el Instituto en el cumplimiento de su objetivo, como la integralidad y transversalidad de las políticas públicas, la no discriminación, la igualdad entre mujeres y hombres y el fomento al federalismo, la propuesta se considera viable y necesaria, máxime porque la visión que esta Comisión ha venido proyectando en su trabajo es precisamente el de la transversalidad en las políticas a favor de los jóvenes, las cuales deberán implementarse por el organismo rector en la materia, con la finalidad de permear a lo largo de las diversas dependencias de los tres órdenes de gobierno, dentro del ámbito de sus competencias. En cuanto a la propuesta de incorporar a la ley los principios de no discriminación y de igualdad entre mujeres y hombres, esta comisión resalta que dichos principios ya están contemplados dentro del texto constitucional, sin embargo, debido a la cultura discriminatoria que aún se percibe en nuestra sociedad, resulta necesario incorporarlos al ordenamiento jurídico en estudio como criterios rectores de la conducción de las políticas de juventud, a fin de generar el impacto que se persigue. Finalmente, el principio del fomento al federalismo debe estar presente en la ley, para orientar el ejercicio de las políticas públicas de juventud en las que las instituciones competentes de los diferentes órdenes de gobierno deben trabajar.
Respecto a la sugerencia de establecer los lineamientos bajo los cuales el Instituto tendrá que definir e instrumentar la política nacional de juventud, una política tendiente a mejorar la calidad de vida de los jóvenes y el respeto y acceso a sus derechos; este órgano legislativo considera que, primero; es necesario orientar las políticas de juventud tendientes al desarrollo de los jóvenes tomando en cuenta sus necesidades por lo que, la incorporación de los criterios que orientarían la ley resulta de suma funcionalidad, y segundo; los lineamientos que propone el diputado promovente se apegan a las necesidades que presentan los jóvenes de nuestro país, resultando viable su incorporación a la ley.
En cuanto a la iniciativa para que el Instituto Mexicano de la Juventud sea quien elabore el Programa Nacional de Juventud, la comisión dictaminadora la considera como necesaria ya que, si bien, actualmente es el propio Instituto quien se encarga de elaborar el documento tomando en cuenta el Plan Nacional de de Desarrollo, resulta fundamental establecer en la ley la atribución específica de que sea el Instituto quien tenga la obligación de elaborarlo, pues es el órgano rector de las políticas públicas de juventud en todo el país, es quien conoce las circunstancias en las que se encuentran los jóvenes en todo el país, y es quien jurídicamente debe establecer las metas, los compromisos y los mecanismos para su cumplimiento y evaluación.
Por lo que se refiere a la creación de un “Órgano Coordinador de la Política Nacional de Juventud”, encargado de garantizar la integralidad y transversalidad de la política nacional de juventud, así como su instrumentación y ejecución, para fortalecer la política pública en materia de juventud, esta Comisión de Juventud y Deporte aplaude la propuesta ya que comparte la idea de que es necesario crear este tipo de organismos que verdaderamente fortalecen las instituciones, pero también es de resaltarse que cualquier organismo de esta naturaleza deberá estar integrado por los actores idóneos en el tema, a fin de garantizar que realmente aportarán con su trabajo en el fortalecimiento de las políticas de la institución a la cual pertenecen. Asimismo, deberán tener objetivos y atribuciones específicas que orienten su trabajo y permitan alcanzar los objetivos por los que fueron creados.
El objeto del órgano que se propone es garantizar la correcta aplicación de las políticas, sin embargo, los integrantes que se consideran son los mismos titulares de las secretarías que conforman la Junta Directiva del Instituto, por lo cual resulta innecesaria la creación de este nuevo órgano. Asimismo, resultaría difícil de alcanzar el objetivo que se persigue al ser juez y parte las autoridades que presiden dicho órgano. En todo caso bastaría con darle mayores atribuciones a la Junta Directiva del Instituto. La propuesta no contiene atribuciones para el órgano que se propone, lo cual hace incierto el objetivo que se plantea para el mismo, máxime porque se deja en manos de la propia Junta Directiva la aprobación de sus atribuciones a través del Estatuto de Gobierno. Tampoco prevé quien presidirá el organismo, lo que es fundamental para su correcto funcionamiento. Tampoco se toma en cuenta el impacto presupuestal de la propuesta. Por lo anterior, se sugiere replantear la propuesta a partir de considerar su integración con actores ajenos a los miembros de la Junta Directiva del Instituto, que trabajen con los jóvenes; y desarrollar las atribuciones y funcionamiento que orientarán el trabajo del organismo.
Por lo anterior, atendiendo a la intención de la propuesta del legislador promovente, esta comisión le encuentra mayor viabilidad a través de enriquecer las atribuciones de la Junta Directiva, otorgándole la atribución para aprobar los programas y acciones que garanticen la correcta instrumentación y ejecución de la política nacional de juventud. De esta forma la Junta Directiva tendrá la obligación de garantizar el cumplimiento de la política nacional de juventud y con ello, la integralidad, la transversalidad, la mejor calidad de vida de los jóvenes, y todas las consideraciones previstas para la definición de la política nacional de juventud.
Sobre la propuesta para crear el “Sistema Nacional de Información, Investigación y Consulta sobre Juventud”, para encargarse de recabar la información más importante en materia de juventud, y establecer los mecanismos para generar las bases de datos con dicha información, este órgano dictaminador igualmente reconoce al diputado promovente su esfuerzo para fortalecer al Instituto Mexicano de la Juventud, asimismo, considera novedosa la propuesta y especialmente importante ya que tiene la convicción que, de esta manera, realmente se fortalece a las instituciones en pro de la sociedad. Lamentablemente, para el caso específico la comisión encuentra la propuesta con las siguientes deficiencias que la hacen inviable: no señala quienes serán las fuentes que alimentarán el sistema, por ejemplo, las secretarías que deberán segmentar la información relativa a la juventud; no se desarrollan sus atribuciones ni la manera de funcionar; no es clara la propuesta cuando se refiere que “permitirá el intercambio de conocimientos y experiencias sobre las aspiraciones, intereses y prioridades, así como la realidad de los jóvenes ...”. Establece el sistema de difusión, pero no señala obligación alguna para difundir la información; no considera el impacto presupuestal. En resumen, la propuesta como está planteada difícilmente tendría un impacto positivo en el desarrollo de los jóvenes. Por ello, se sugiere replantearla desarrollándola a partir de establecer con claridad su integración, objetivo, funcionamiento, atribuciones, etcétera, para que de esa manera se cuente con organismos e instituciones fuertes y productivos. Ahora bien, rescatando la parte sustantiva de la propuesta del legislador, esta comisión incorpora al proyecto la facultad del Instituto para celebrar acuerdos y convenios de colaboración con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los estados y los municipios, para intercambiar información y datos estadísticos sobre juventud. De esta manera el Instituto estará en posibilidades de allegarse de toda la información sobre juventud.
Por todo lo anterior, se somete a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente:
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud:
Artículo Único. Se reforman los artículos 2; 3, actual fracción V; 4, actuales fracciones I, II, y X; 5, fracción III; 8, párrafo segundo; 9, fracción II; 13; 14; 15; y se modifica la denominación del Capítulo IV, para quedar como “Del Régimen Laboral y Seguridad Social” y se adicionan los artículos 3, con una fracción I recorriéndose en su orden las demás fracciones; 3 Bis; 4, con las fracciones I, V, X, y XII, recorriéndose en su orden las demás fracciones; 4 Bis; 9, con una nueva fracción II, recorriéndose en su orden las demás fracciones y 15 Bis a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:
Artículo 2. Por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, será objeto de las políticas, programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo, sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra.
Artículo 3. ...
I. Promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos legales y Tratados Internacionales suscritos por el Estado mexicano;
II. a V. ...
VI. Promover coordinadamente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, culturales y derechos, y
VII. ...
Artículo 3 Bis. El Instituto en la definición e instrumentación de la política nacional de juventud a la que hace referencia la fracción II del artículo 3, deberá considerar los siguientes lineamientos:
I. Impulsar el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes;
II. Promover una cultura de conocimiento, ejercicio y respeto de los derechos de los jóvenes, en los distintos ámbitos;
III. Garantizar a los jóvenes el acceso y disfrute de oportunidades en condiciones de equidad.
Los jóvenes, por su condición humana particular, representan un potencial humano que los hace formadores de cambios sociales y actores estratégicos para el desarrollo de nuestra sociedad;
IV. Fomentar en los distintos ámbitos en los que se desenvuelven los jóvenes el conocimiento de sus derechos, su comprensión, aprobación y los medios para hacerlos exigibles;
V. Observar los criterios de integralidad y transversalidad de las políticas públicas, y fomentar el federalismo institucional de las dependencias responsables en la materia de juventud.
Las políticas públicas con criterio de integralidad se refieren a la ejecución de programas y acciones que procuran cubrir las necesidades básicas de los jóvenes, y promueven su desarrollo personal, social y económico.
La transversalidad de las políticas públicas, es la ejecución de programas y acciones coordinadas o conjuntas entre las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estatal y municipal, en el ámbito de su competencia;
VI. Prever una asignación y distribución presupuestal suficiente que permita cumplir con la política nacional de juventud.
El presupuesto tendrá un enfoque de juventud que implica programar un gasto público que tenga como objetivos: satisfacer las necesidades básicas de la juventud; promover su reconocimiento social, y potencializar a los jóvenes como agentes estratégicos para el desarrollo del país.
Para la institucionalización del presupuesto con enfoque de juventud, se identificarán los recursos destinados para cumplir los fines señalados en el párrafo anterior, asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de conformidad con la normatividad aplicable, y
VII. Considerar a la familia, como institución social básica transmisora de los valores culturales de la sociedad, en la que los jóvenes representan el elemento más importante de enlace intergeneracional.
Artículo 4. ...
I. Elaborar el Programa Nacional de Juventud que tendrá por objeto orientar la política nacional en materia de juventud, el cual deberá ser congruente con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y con los programas sectoriales, institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación;
II. Concertar acuerdos y convenios con las autoridades de las entidades federativas y los municipios para promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas tendientes al desarrollo integral de la juventud y la difusión de sus derechos y obligaciones reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales de los que nuestro país sea parte, así como los mecanismos para su exigibilidad;
III. Promover la coordinación interinstitucional con organismos gubernamentales y de cooperación en el ámbito nacional e internacional, como mecanismo eficaz para fortalecer las acciones que garanticen el cumplimiento efectivo de los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales de los que nuestro país sea parte;
IV. y V. ...
VI. Celebrar acuerdos y convenios de colaboración con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los estados y los municipios, para intercambiar información y datos estadísticos sobre juventud;
VII. a XI. ...
XII. Diseñar, implementar y ejecutar, con una perspectiva de transversalidad, programas destinados al aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de los jóvenes: en su desarrollo económico y productivo, a través de la incorporación laboral, de la asignación de fondos destinados a la generación y fortalecimiento del autoempleo donde los jóvenes tengan participación directa ya sea en su creación, desarrollo o inclusión laboral; en su desarrollo social, a través del conocimiento, aprecio y creación de la cultura en los ámbitos de expresión de las artes y del humanismo, la organización juvenil, el liderazgo social y la participación ciudadana; y en general en todas aquellas actividades que, de acuerdo a su capacidad presupuestal, estén orientadas al desarrollo integral de la juventud;
XIII. Elaborar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la administración pública federal, programas y cursos de orientación e información sobre adicciones, nutrición, educación sexual y sobre salud reproductiva, derechos humanos, cultura de la no violencia y no discriminación, equidad de género, medio ambiente, apoyo a jóvenes en situación de exclusión y vivienda;
XIV. Proponer a la Secretaría de Educación Pública la operación de programas especiales de becas para fortalecer la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior de los estudiantes indígenas;
XV. Difundir en las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como en los gobiernos de los estados y municipios, la información y los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en los tratados internacionales en materia de juventud, y
XVI. ...
Artículo 4 Bis. El Programa al que se refiere la fracción I del artículo anterior, deberá ser diseñado desde una perspectiva que promueva la participación de las instituciones gubernamentales y académicas, organizaciones de la sociedad civil, principalmente de los jóvenes, y demás sectores involucrados con la juventud, además de lo que prevé la Ley de Planeación.
El Programa Nacional de Juventud será obligatorio para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias, y orientará la programación de las acciones de los estados y los municipios en la materia.
Artículo 5. ...
I. y II. ...
III. Los subsidios, aportaciones federales, donaciones y legados que reciba de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, los cuales de ninguna manera podrán implicar condiciones contrarias a su objeto conforme lo establece la ley.
Artículo 8. ...
I. y II. ...
La Junta Directiva podrá invitar a los representantes de otras dependencias e instituciones públicas, privadas y sociales, quienes tendrán derecho a voz, pero sin voto.
...
Artículo 9. ...
I. ...
II. Aprobar los programas y acciones que garanticen la correcta instrumentación y ejecución de la política nacional de juventud;
III. Autorizar los presupuestos del Instituto, así como sus modificaciones, en los términos de la legislación aplicable;
IV. a XV. ...
Artículo 13. El Instituto contará con un Órgano Interno de Control que formará parte de su estructura. El titular de dicho órgano, así como los responsables de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades dependerán y serán nombrados y removidos por la Secretaría de la Función Pública.
Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior ejercerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las facultades previstas en las disposiciones legales aplicables.
El Instituto proporcionará al titular del Órgano Interno de Control los recursos humanos y materiales que requieran para la atención de los asuntos a su cargo. Asimismo, los servidores públicos del Instituto estarán obligados a proporcionar el auxilio que requiera el titular de dicho órgano para el desempeño de sus facultades.
Artículo 14. El Órgano de Vigilancia del Instituto estará integrado por un Comisario Público propietario y un suplente, quienes serán designados por la Secretaría de la Función Pública, y ejercerán las facultades que les confiere el artículo 60 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
Artículo 15. El Consejo ciudadano de seguimiento de políticas públicas en materia de juventud es un órgano que tendrá por objeto conocer el cumplimiento dado a los programas dirigidos a los jóvenes tanto del Instituto como de las demás Secretarías y Entidades, opinar sobre los mismos, recabar la opinión de los ciudadanos interesados en políticas públicas en materia de juventud y presentar sus resultados y opiniones al Director General del Instituto, formulando, en su caso, las propuestas correspondientes.
Artículo 15 Bis. El Consejo ciudadano se integrará con 20 jóvenes mayores de edad y de manera equitativa en cuanto a su género, los cuales serán seleccionados por la Junta de Directiva de conformidad con la convocatoria pública difundida previamente entre las instituciones de educación superior, las organizaciones juveniles vinculadas con el trabajo comunitario, político o social, los sectores público y privado, y los pueblos y comunidades indígenas.
Los cargos de consejero son honoríficos y se desempeñarán por un período de dos años. El Consejo ciudadano se renovará por mitad cada año.
Los demás requisitos para la integración y renovación del Consejo ciudadano, así como las atribuciones y funcionamiento de éste, se establecerán en el Estatuto Orgánico del Instituto y la convocatoria pública correspondiente aprobada por la Junta de Directiva.
Capítulo IV
Del Régimen Laboral y Seguridad Social
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las nuevas atribuciones que en virtud de este decreto se otorgan al Instituto Mexicano de la Juventud serán atendidas con los recursos humanos, financieros y materiales con los que hasta la entrada en vigor del presente decreto cuenta dicho Instituto.
Tercero. El Consejo ciudadano de seguimiento de políticas públicas en materia de juventud deberá quedar constituido en un plazo no mayor a noventa días a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Cuarto. Las modificaciones necesarias al Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Juventud se harán dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto y deberá inscribirse en el Registro Público de organismos descentralizados.
Notas:
1 Estimaciones para el 2010 del Conapo.
2 Estimaciones al 2010 del Conapo y Encuesta Nacional de Juventud 2005.
3 INEGI, conteo 2005.
4 Estimaciones al 2010 del Conapo y Encuesta Nacional de Juventud 2005.
5 SEP-SSP. Sistema penitenciario mexicano, 2008 . Conferencia del Episcopado Mexicano, Estudio sobre el sistema penitenciario, 2009.
6 Encuesta Nacional de Juventud 2005.
7 Encuesta Nacional de Salud 2006
8 Conferencia del Episcopado Mexicano, Estudio sobre el sistema penitenciario, 2009.
Salón de sesiones de la Comisión de Juventud y Deporte, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los trece días del mes de octubre de dos mil diez.
La Comisión de Juventud y Deporte
Diputados: José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), presidente; Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Sandra Méndez Hernández (rúbrica), Nely Edith Miranda Herrera (rúbrica), Juan José Cuevas García (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), Sixto Alfonso Zetina Soto (rúbrica), Carlos Torres Piña (rúbrica), Juan Carlos Natale López, secretarios; Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), Andrés Aguirre Romero, Noé Martín Vázquez Pérez, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Rolando Bojórquez Gutiérrez (rúbrica), Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Martín Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Jesús Everardo Villarreal Salinas, Yulenny Guylaine Cortés León, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes, Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Jesús Gerardo Cortés Mendoza (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Ilich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Diego Guerrero Rubio, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.
De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 19, 29 y 34 de la Ley de Vivienda y 16 de la Ley General de Protección Civil
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Vivienda de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II y se adiciona una nueva fracción XXIV recorriéndose las subsecuentes en el artículo 19, se adiciona una nueva fracción V recorriéndose las subsecuentes en el artículo 29, y se reforma la fracción I del artículo 34, todos de la Ley de Vivienda; se adiciona una nueva fracción VIII al artículo 16 y se recorren las subsecuentes de la Ley General de Protección Civil.
Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 57, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes:
Antecedentes
Primero. El antecedente histórico de la minuta de referencia, es el siguiente:
• Con fecha 20 de noviembre de 2007, el senador Carlos Lozano de la Torre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de los senadores integrantes de la Comisión de Vivienda, presentó al Senado de la República de la LX Legislatura, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan al artículo 19, fracción II, un párrafo, se adiciona la fracción XXIV y se recorren las subsecuentes, se adiciona al artículo 22 la fracción I, y se recorren las subsecuentes, se adiciona al artículo 29 la fracción V y se recorren las subsecuentes, se adiciona al artículo 33 la fracción I y se recorren las subsecuentes, se adiciona al artículo 34, fracción I, un párrafo de la Ley de Vivienda.
• Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.
• Elaborado el dictamen en comisiones unidas, fue presentado ante el pleno de la Cámara de Senadores a primera lectura el 14 de octubre de 2008, y aprobado por 97 votos por esa Cámara el 16 de octubre del mismo año.
• Se integró la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II y se adiciona una nueva fracción XXIV recorriéndose las subsecuentes en el artículo 19, se adiciona una nueva fracción V recorriéndose las subsecuentes en el artículo 29, y se reforma la fracción I del artículo 34, todos de la Ley de Vivienda; se adiciona una nueva fracción VIII al artículo 16 y se recorren las subsecuentes de la Ley General de Protección Civil, y con fecha 19 de octubre de 2008 se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes.
Segundo. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el día 21 de octubre de 2008, los Secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno de la minuta que remitió la colegisladora.
Tercero. El Presidente de la Mesa Directiva, acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Vivienda”.
Cuarto. La minuta que origina el presente dictamen tiene como objeto:
• Contar con políticas públicas, que permitan prever las contingencias en desastres naturales y antropogénicos, y actuar con programas permanentes en materia de vivienda, reubicación de asentamientos humanos y de auxilio a la población.
• Propone que la Ley de Vivienda, deba estar vinculada con la Ley General de Protección Civil, con lo que se busca que la dependencia encargada de coordinar la Política Nacional de Vivienda, cuente con instrumentos de control y previsión de desastres en el diseño de las políticas públicas de vivienda y asentamientos humanos.
• Propone una adición a la Ley General de Protección Civil la cual tiene por objeto que la materia de prevención de desastres se convierta en una constante para la planeación y ordenación del territorio, y para la creación de nuevos desarrollos habitacionales y asentamientos humanos tanto rurales como urbanos.
III. Consideraciones
Primera. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Vivienda con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la minuta de referencia.
Segunda. Que el dictamen favorable a la iniciativa referida, realizado por las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, establece como fundamento de su posición lo siguiente:
“... C. Estas dictaminadoras coinciden parcialmente en el planteamiento original de la iniciativa, puesto que derivado de una análisis jurídico, concluimos por una parte, desechar la adición al artículo 22 y 33 de la Ley de Vivienda, puesto que resulta improcedente la participación del titular de la Segob en un órgano interno de la Conavi, por abocarse solo a cuestiones de carácter administrativo. En el mismo sentido, también, consideramos improcedente la adición propuesta del artículo 33, lo que estrictamente, hace innecesaria la participación del titular de la Segob, lo que se puede subsanar proponiendo una adición a la Ley General de Protección Civil, como lo plantearemos más adelante.
...
D. Por otra parte, estas dictaminadoras aceptan reformar con modificaciones los artículos 19, 29 y 34 de la Ley de Vivienda; replanteando la redacción de los mismos, pero conservando el espíritu originalmente planteado, de acuerdo a la técnica legislativa, puesto que el asunto materia de la iniciativa, debe partir de la premisa, que el ordenamiento y la planeación de las ciudades, de la infraestructura, la vivienda y los asentamientos humanos deben ser una prioridad para evitar que los fenómenos meteorológicos y los desastres naturales se puedan prever o disminuir su impacto económico y social, y por tanto se requiere adicionar una fracción VIII y recorrer las subsecuentes, al artículo 16 de la Ley General de Protección Civil.
Por lo anterior estas dictaminadoras, estiman procedente la adición de la fracción VIII y recorrer las subsecuentes del artículo 16 de la Ley General de Protección Civil,
...
De esta manera, la creación de nuevos desarrollos habitacionales y asentamientos humanos rurales y urbanos, se convierten en una gran oportunidad para que la planeación y ordenación del territorio sea una constante en materia de prevención de desastres de cualquier naturaleza.
E. Si bien es cierto que las materias de planeación, protección civil, vivienda y gestión del desarrollo urbano, son atribuciones legales de los gobiernos municipales y estatales, se requiere de un marco institucional federal fuerte, con elevada capacidad técnica y financiera para apoyar oportuna y eficazmente a los gobiernos locales. ...
Se requiere una política de planeación, infraestructura, desarrollo urbano y vivienda, eficaz que dé certidumbre a todos los sectores sociales, que favorezca una estructuración urbana más equitativa y eficiente, que promueva la consolidación de ciudades densas y compactas, con criterios de prevención de riesgos y desastres naturales, con una mezcla adecuada de usos del suelo, la operación eficiente de transportes públicos y la adecuada dotación de suelo, infraestructura, equipamientos y servicios urbanos. Asimismo, es necesario que contribuya a la sustentabilidad, ...
F. En particular, esta política de protección civil y planeación urbana-rural debe asegurar que los conjuntos habitacionales que se realicen estén vinculados al tejido urbano, cuenten con equipamientos, transporte público y una relación efectiva con los centros de trabajo; debiendo también impulsar la identificación de zonas de alto riesgo, recuperación, conservación y aprovechamiento de los espacios públicos urbanos; todo ello, para avanzar hacia una mejor calidad de vida.
...
En ánimo de instrumentar políticas, estrategias y proyectos que tengan como elemental variable la planeación y la prevención en caso de desastres naturales, para implantar medidas para evaluar pérdidas humanas y materiales, después de ocurrido un fenómeno natural o antropogénico.
G. Estas comisiones que dictaminan estiman mencionar que es necesario atender las necesidades de una emergencia derivadas de la ocurrencia de un fenómeno natural o antropogénico, es decir, poder estimar qué recursos deberán ser destinados a la zona afectada; y mejorar la calidad en la contratación de seguros de la infraestructura pública, tal como escuelas, hospitales, viviendas, vías de comunicación, entre otros temas concurrentes.
H. Por tanto, estas comisiones que dictaminan consideran que resulta jurídicamente viable y conveniente alinear los contenidos sustantivos de la Ley de Vivienda con los de la Ley General de Protección Civil, no obstante que los de carácter adjetivo no sean convenientes de incorporarse; lo anterior para evitar la vulnerabilidad de la población generada por los asentamientos irregulares y por la falta de políticas públicas que prevean que en la construcción de nuevos desarrollo habitacionales, la ordenación territorial sea congruente con las medidas preventivas establecidas en la legislación en materia de protección civil.
Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, someten a consideración de esta soberanía el siguiente:
Proyecto de decreto por el que se reforma al artículo 19, fracción II, un párrafo, se adiciona la fracción XXIV y se recorren las subsecuentes, se adiciona al artículo 29 la fracción V, se reforma al artículo 34, fracción I, un párrafo de la Ley de Vivienda; y se adiciona al artículo 16 la fracción VIII y se recorren las subsecuentes de la Ley General de Protección Civil.”
Tercera. Que esta comisión, estima legítimo el espíritu de la iniciativa y correctas las razones por las cuales la Cámara de Senadores decide realizar las modificaciones a la iniciativa original y que se plantean en la minuta de referencia.
En virtud de lo anteriormente expuesto y para los efectos del apartado A del artículo 72 constitucional, los integrantes de esta comisión con base en las consideraciones expresadas aprueban en sus términos la minuta del Senado de la República y someten a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 19, 29 y 34 la Ley de Vivienda; y 16 de la Ley General de Protección Civil
Primero. Se reforma la fracción II y se adiciona una nueva fracción XXIV, recorriéndose las subsecuentes en el artículo 19, se adiciona una nueva fracción V recorriéndose las subsecuentes en el artículo 29 y se reforma la fracción I del artículo 34, todos de la Ley de Vivienda, para quedar como siguen:
Artículo 19. Corresponde a la Comisión:
I. ...
II. Realizar las acciones necesarias para que la política y programas de vivienda observen las disposiciones aplicables en materia de desarrollo urbano, el ordenamiento territorial, la prevención de desastres naturales y antropogénicos, y el desarrollo sustentable;
III. a XXII. ...
XXIII. Promover y apoyar la constitución y operación de organismos de carácter no lucrativo que proporcionen asesoría y acompañamiento a la población de bajos ingresos para desarrollar de mejor manera sus procesos productivos y de gestión del hábitat;
XXIV. Impulsar y promover, en coordinación con las demás autoridades competentes, que la Política Nacional de Vivienda considere lo establecido en el Programa Nacional de Protección Civil y el Atlas Nacional de Riesgos, y
XXV. Las demás que le otorguen la presente ley u otros ordenamientos.
Artículo 29. Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendrá las siguientes funciones:
I. a IV. ...
V. Proponer medidas para planear y ordenar la actividad habitacional, bajo lineamientos orientados a la prevención de desastres naturales y antropogénicos, en los términos del Programa Nacional de Protección Civil;
VI. Proponer esquemas generales de organización para la eficaz atención, coordinación y vinculación de las actividades de vivienda en los diferentes sectores de la administración pública federal, con las entidades federativas y los municipios, y con los diversos sectores productivos del país;
VII. Solicitar y recibir información de las distintas dependencias y entidades que realizan programas y acciones de vivienda;
VIII. Emitir los lineamientos para su operación y funcionamiento, y
IX. Aprobar la creación de comités y grupos de trabajo para la atención de temas específicos y emitir los lineamientos para su operación.
Artículo 34. Para cumplir con su objeto, la Comisión Intersecretarial tendrá las siguientes funciones:
I. Vincular las acciones de fomento al crecimiento económico, de desarrollo social, desarrollo urbano, desarrollo rural, ordenación del territorio, la prevención de desastres naturales y antropogénicos, mejoramiento ambiental y aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, con la Política Nacional de Vivienda;
II. a VIII. ...
Segundo. Se adiciona la fracción VIII y se recorren las subsecuentes del artículo 16 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:
Artículo 16. El Consejo Nacional es un órgano consultivo en materia de planeación de la protección civil. Sus atribuciones son las siguientes:
I. a VII. ..
VIII. Promover ante las autoridades correspondientes, la incorporación de la materia de Protección Civil en la Política Nacional de Vivienda;
IX. Evaluar anualmente el cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional, y
X. Las demás atribuciones afines a éstas que le encomiende el titular del Ejecutivo federal.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, el 5 de octubre de 2010.
La Comisión de Vivienda
Diputados: Martín Rico Jiménez (rúbrica), presidente; Efraín Ernesto Aguilar Góngora (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinoza (rúbrica), David Hernández Vallín (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Norma Leticia Orozco Torres (rúbrica), Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica), J. Guadalupe Vera Hernández (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica) secretarios; Laura Arizmendi Campos, Gumercindo Castellanos Flores, Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica), Marcos Carlos Cruz Martínez, Héctor Franco López (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Adán Augusto López Hernández, Alfredo Francisco Lugo Oñate (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Pedro Peralta Rivas (rúbrica), Leticia Robles Colín, Adela Robles Morales (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica).
De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 57, 60, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública, recibida por esta Cámara de Diputados de la Cámara colegisladora, en fecha 7 de septiembre de 2010.
La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 57, 60, 62 y 63 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la minuta mencionada al tenor de los siguientes:
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados en fecha 7 de septiembre de 2010, los Secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la minuta que se mencionó en el exordio del presente dictamen.
Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.
Tercero. El antecedente histórico de la minuta de referencia es el siguiente:
1. En fecha 25 de noviembre de 2008, el senador Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública, la cual fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.
2. Seguido su trámite legislativo, en fecha 22 de abril de 2010, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones, la iniciativa referida por 79 votos a favor y 10 en contra, enviándose la minuta a esta Cámara de Diputados para continuar con el trámite legislativo.
3. En fecha 7 de septiembre de 2010, el pleno de la Cámara de Diputados resolvió enviar a esta Comisión de Economía para su estudio y dictaminación correspondiente, la minuta de referencia.
Consideraciones
Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública.
Segunda. Que el dictamen con el cual el pleno de la Cámara de Senadores aprobó la minuta, establece lo siguiente:
“...Las comisiones desean expresar de manera previa al análisis pormenorizado de esta iniciativa, su convicción de que las reformas que permitan incrementar la competitividad, en este caso las vinculadas con la agilización de los trámites para abrir y operar negocios, un mejor y más económico acceso a los servicios de fedación pública y la vigencia del Estado de Derecho, deben ser impulsadas en el Poder Legislativo, cuidando que las mismas sean siempre coherentes con el conjunto del sistema jurídico vigente en México.
En esta virtud, a continuación se realiza un análisis de cada una de las modificaciones y adiciones propuestas en la presente iniciativa.
Primero. Cambio de denominación de la Ley
La iniciativa contempla modificar la denominación de la Ley Federal de Correduría Pública por Ley General de Correduría Pública y Fedación Federal.
Al respecto, en cuanto a la denominación “Ley General” en diversas tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha considerado que las “Leyes Generales” son aquellas cuyo objeto es la distribución de competencias en materias concurrentes, es decir aquellas en las que los Estados y la Federación acuden al ejercicio de una misma atribución y, no se estima que la correduría pública sea una facultad concurrente, toda vez que su materia, en el orden mercantil corresponde a las atribuciones del Poder Legislativo Federal, contenidas en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al respecto una de las tesis referidas, establece:
FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.
Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.”, también lo es que el órgano reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado “facultades concurrentes”, entre la Federación, las entidades federativas y los municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3o., fracción VIII, y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4o., párrafo tercero, y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero, y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general.
Controversia constitucional 29/2000. Poder Ejecutivo Federal. 15 de noviembre de 2001. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, con el número 142/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de diciembre de dos mil uno.
Por otra parte, no existe una atribución expresa para que el Congreso de la Unión legisle sobre la fedación pública en sentido amplio y para todo el país, como lo ha estimado también la Suprema Corte de Justicia al resolver la acción de inconstitucionalidad 11/2002 en la cual asienta: “que del examen de las facultades expresamente otorgadas al Congreso de la Unión en la Constitución se desprende que no se contempla la función notarial, de ahí, que conforme al principio de distribución de competencias consagrado en el artículo 124 es inconcuso que corresponda a las entidades federativas esta atribución.”
Este razonamiento es congruente con el contenido del artículo 121 de la propia Constitución, que señala la obligación de los estados de la Federación de dar entera fe y crédito a los actos públicos, registrales y procedimentales de los otros Estados, lo que implica, en base a la distribución de atribuciones contenida en la Constitución, que estas facultades están reservados a la legislación estatal.
En este sentido, el Constituyente Permanente ratificó esta distribución de atribuciones de la fe pública entre la Federación y las entidades federativas, al expedir en 1996 la reforma al artículo 122 constitucional y señalar expresamente en la Base Primera, fracción V, inciso h) del mismo la facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para normar lo relativo al notariado.
En este orden de ideas y dado lo previsto en el artículo 124 constitucional, que expresa que las facultades no expresamente concedidas por la Carta Magna a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados, no se considera procedente ni necesario el cambio de denominación a “Ley General” ni el relativo a “Fedación Federal” por ser las atribuciones de fe pública concedidas de manera diversa a los Poderes Legislativos de la Federación y a las entidades federativas, en la materia mercantil para el primero y en el resto de las materias para éstos últimos.
Segundo. Propuesta de reformas al artículo 1
La iniciativa contempla ajustar la redacción del actual artículo 1, adicionando que el objeto de la ley es regular la función del corredor público “y a la correduría pública en general” así como agregar que la observancia de la ley debe ser “general” en toda la República.
Al respecto, estas comisiones consideran innecesarias estas adiciones, pues no implican modificaciones en el contenido, significado y alcance del actual artículo 1, que ya indica la materia y el ámbito de aplicación de este cuerpo normativo.
Tercero. Reformas al artículo 2
Tiene el propósito de sustituir en el primer y segundo párrafo, la denominación de Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por la de Secretaría de Economía.
Estas comisiones consideran procedente la referida propuesta.
Cuarto. Reformas al artículo 3
En el artículo 3 la iniciativa propone adicionar la fracción I de las atribuciones de la Secretaría de Economía para quedar de la siguiente manera (se destacan las modificaciones propuestas con negritas):
“I. Asegurar la eficacia del servicio que prestan los corredores públicos, como fedatarios públicos, y como auxiliares de la administración de justicia, cuidando siempre la seguridad jurídica en los actos en que intervengan;”
Sobre el particular, se considera procedente precisar la actual atribución de la Secretaría de Economía para asegurar la eficacia del servicio que prestan los corredores públicos como fedatarios públicos, siendo que esta es una actividad importante que realizan cotidianamente.
Por otra parte, en lo referente en su carácter de auxiliares en la administración de justicia, no se considera procedente su inserción en este artículo, pues el mismo no es el que precisa facultades de los corredores y, adicionalmente, tampoco se considera necesario aclarar que los mismos son auxiliares en la administración de justicia, siendo que su participación en actos jurídicos en su carácter de fedatarios públicos es suficiente para que los documentos que emite sean reconocidos por su carácter público por las autoridades competentes, tales como pueden ser documentales públicas o pruebas periciales.
Estas facultades están ya inscritas en el marco de atribuciones de los corredores y en los distintos cuerpos normativos de carácter procedimental, por lo que no se considera necesaria esta adición.
Quinto. Reforma y adición al artículo 4
La iniciativa propone adicionar dos párrafos (segundo y tercero) al artículo 4, para quedar como sigue:
“Artículo 4. Para efectos de la presente ley, el territorio nacional se divide en plazas: una por cada estado y otra por el Distrito Federal.
Serán plaza de libre ejercicio para los corredores aquellos lugares en los que la Federación tenga competencia y ejerza su jurisdicción.
Cuando los corredores públicos actúen como fedatarios en plaza distinta a la suya, de conformidad con el párrafo anterior, deberán señalarlo de manera expresa en los instrumentos en que otorguen su fe pública.”
Al respecto, estas comisiones consideran que las propuestas generarían confusión respecto al ámbito territorial en el que los corredores pueden ejercer sus funciones, pues de la redacción de la misma se desprende que los corredores públicos podrían libremente ejercer en todo el territorio nacional, rompiendo entonces con el sistema de plazas al que hace referencia el propio encabezado del artículo 4°.
Conforme al artículo 5º, ya se prevé la posibilidad de que los corredores actúen fuera de su plaza cuando no actúen como fedatarios públicos. En este sentido, bajo el esquema actual, los corredores pueden efectivamente ejercer sus funciones en los lugares en que la Federación tenga competencia y ejerzan su jurisdicción.
No obstante lo anterior, estas comisiones toman en consideración el comentario del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana, AC, en relación a que “lo que se pretendió con esta reforma es dar certeza a las actuaciones que los corredores públicos, en su carácter de fedatarios habilitados por la Federación, realicen en zonas de la jurisdicción exclusiva de la Federación. Al momento solo puedan dar fe en dichas zonas, y respecto de las materias de su competencia, el Ministerio Público Federal”.
Por lo anterior estas comisiones consideran pertinente adicionar un segundo párrafo al artículo 4º para prever la posibilidad anotada, delimitando de manera expresa la materia a la que se refiere la presente Ley, para quedar como sigue:
Los corredores públicos podrán actuar como fedatarios públicos en aquellos lugares en los que la Federación tenga competencia y ejerza jurisdicción de manera exclusiva, sólo en las materias en que esta ley los autoriza. Cuando actúen como fedatarios en los lugares a los que se refiere este párrafo, deberán señalarlo de manera expresa en los instrumentos correspondientes.
Sexto. Reforma al artículo 5
La iniciativa propone la reforma del artículo 5 para quedar como sigue:
“Artículo 5. Los corredores públicos podrán ejercer sus funciones fuera de la plaza respectiva. Cuando actúen como fedatarios lo podrán hacer únicamente dentro de la plaza para la que fueron habilitados, o en los lugares o territorios de la jurisdicción o competencia Federal a que se refiere el artículo 4° de esta ley, aunque los actos que se celebren ante su fe podrán referirse a cualquier otro lugar.
El corredor sólo podrá cambiar de plaza previa autorización de la Secretaría.”
Sobre el particular, estas comisiones consideran que por las mismas razones que se estimaron en el análisis de la propuesta de adición al artículo 4° es innecesaria la adición propuesta para este artículo.
Por lo que hace a derogar el segundo párrafo que contempla la posibilidad de que el corredor pueda cambiar de plaza, previa autorización de la Secretaría (que en el proyecto de decreto contenido en la iniciativa no aparece) tampoco se considera conveniente pues dejaría un vacío legal y la imposibilidad de regular la asignación de las plazas a los corredores por parte de la Secretaría de Economía.
Séptimo. Reformas al artículo 6, fracciones V, VI, VII y último párrafo
La iniciativa propone reformar este artículo que establece las atribuciones del corredor público, en sus fracciones V, VI, VII y último párrafo del artículo, para quedar como sigue:
“Artículo 6. Al corredor público corresponde:
I. Actuar como agente mediador, para transmitir e intercambiar propuestas entre dos o más partes y asesorar en la celebración o ajuste de cualquier contrato o convenio de naturaleza mercantil;
II. Fungir como perito valuador, para estimar, cuantificar y valorar los bienes, servicios, derechos y obligaciones que se sometan a su consideración, por nombramiento privado o por mandato de autoridad competente;
III. Asesorar jurídicamente a los comerciantes en las actividades propias del comercio;
IV. Actuar como árbitro, a solicitud de las partes, en la solución de controversias derivadas de actos, contratos o convenios de naturaleza mercantil, así como las que resulten entre proveedores y consumidores, de acuerdo con la ley de la materia;
V. Actuar como fedatario público para hacer constar los contratos, convenios y actos jurídicos contemplados en la legislación federal expedida por el Congreso de la Unión, así como para hacer constar los contratos, convenios y actos jurídicos que le autoricen las leyes locales; cuando el acto jurídico de que se trate implique la creación, modificación, transmisión o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles, éste se formalizará mediante póliza;
VI. Actuar como fedatario público para hacer constar hechos jurídicos en general;
VII. El cotejo y certificación de las copias de documentos que haya tenido a la vista independientemente de su naturaleza; y
VIII. Las demás funciones que le señalen ésta y otras leyes o reglamentos.
Las funciones que se establecen en las fracciones I, II, III, y IV, se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes, y no se consideran exclusivas de los corredores públicos.”
Sobre el particular, conviene destacar que las fracciones referidas fueron reformadas en el año 2006 por el legislador federal con el propósito de definir con claridad y dar plena certidumbre y fundamento a las facultades de los corredores públicos generando claridad y eficacia en su actuación, buscando con ello actualizar su campo de acción.
Respecto a la modificación propuesta a la fracción V del artículo 6, en el sentido de permitir a los corredores públicos intervenir en todas las materias legisladas por el Congreso de la Unión, estas comisiones consideran que tal reforma podría interpretarse de forma errónea y generar la intervención de los corredores en materias ajenas a lo mercantil, que es la esencia sobre la cual está fundamentada la facultad del legislador federal en la materia.
Habría que advertir además que los corredores que actualmente se encuentran habilitados han demostrado alta capacidad de conocimientos en materia mercantil por el procedimiento de selección que llevan a cabo, pero no han aprobado rigurosos exámenes en otras materias, lo que también podría resultar inconveniente, dejando a salvo las consideraciones sobre la constitucionalidad de la propuesta.
Por lo que hace a la posibilidad de intervenir en los actos jurídicos que les autoricen las leyes locales, no se encuentra en el marco jurídico regulatorio actual ninguna imposibilidad de que, siendo autorizados por legislaciones locales, intervengan conforme al imperio de las mismas, por lo que no se considera necesaria dicha adición en el texto de esta ley federal.
Adicionalmente la propuesta de redacción de la fracción V, elimina la excepción que tienen los corredores públicos para intervenir en cuestiones vinculadas con bienes inmuebles. Estas comisiones consideran, como ha sido debatido y ratificado por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la materia inmobiliaria corresponde al ámbito civil y en consecuencia está reservado a la potestad legislativa de las entidades federativas de la unión, según lo prevé expresamente el artículo 121 constitucional en su fracción II: “Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación;”.
Por lo anterior, al no existir disposición expresa que permita al legislador federal normar esta actividad, de aprobarse esta propuesta se estima que podría interpretarse como afectada de inconstitucionalidad, lo que también implicaría un retroceso en la regulación de los servicios que presta el Corredor Público, en perjuicio de la sociedad que requiere de los mismos.
Estas comisiones no omiten la reflexión sobre la naturaleza mercantil que en ocasiones conllevan las transacciones que pueden tener efecto sobre bienes inmuebles, sin embargo estas no son suficiente argumento para considerar aprobar una legislación que pudiere interpretarse contraria al texto constitucional y que en consecuencia afectaría seriamente la seguridad y certeza jurídica a que los ciudadanos tienen derecho y cuya promoción es obligación indubitable de los legisladores federales y de cualquier servidor público.
En este sentido, conforme a los artículos 78 y 79 del Código de Comercio, las convenciones mercantiles son fundamentalmente de carácter consensual, no requieren para su validez de formalidades determinadas, pero remite a la ley civil cuando tales convenciones requieran formas o solemnidades necesarias para su eficacia.
Asimismo, la Ley General de Bienes Nacionales, al regular los bienes inmuebles de naturaleza federal a que se refiere el artículo 132 de la Constitución Política establece que en cuanto a la formalización de los actos adquisitivos y traslativos de dominio, se deberán satisfacer los requisitos que establezcan las leyes locales para su validez.
Sobre este mismo aspecto, se transcribe la siguiente tesis jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
Tesis jurisprudencial 105/2005
“PROTECCION AL CONSUMIDOR, EL ARTICULO 87 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO PUGNA CON LA FACULTAD EXCLUSIVA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR EN MATERIA CONTRACTUAL CIVIL Y DE BIENES INMUEBLES” (JURISPRUDENCIA). Si bien es cierto que el citado dispositivo impide que surta efectos en contra del consumidor un contrato relacionado con viviendas destinadas a casa habitación o de tiempo compartido, cuando el proveedor no lo registró previamente ante la Procuraduría Federal del Consumidor, también lo es que ello no pugna con la facultad exclusiva de los estados y del Distrito Federal para legislar en materia contractual civil y de bienes inmuebles. Ello es así, porque el artículo ochenta y siete de la Ley Federal de Protección al Consumidor contiene una regulación específica de la materia mercantil y de protección al consumidor, ambas de carácter federal, referida a los acuerdos de voluntades entre proveedores y consumidores sobre la venta de los inmuebles indicados y, en ese orden, no es posible contrastarlo con el diverso ciento veintiuno, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que ambos aluden a cuestiones diversas; por un lado, la norma federal sobre la materia de protección al consumidor regula una obligación a cargo de comerciantes y, por otro, la norma sobre la materia de bienes inmuebles dispone que éstos se rigen por la ley del lugar donde se encuentran. Además, tampoco se vulnera la facultad de legislar en la materia contractual civil de las entidades federativas y del Distrito Federal, pues el citado artículo ochenta no rige tal materia, sino que se limita a imponer obligaciones a quien tiene el carácter de proveedor, esto es, alguien con la calidad de comerciante y que, por ello, está sujeto a las normas federales, tanto en materia de comercio como de protección al consumidor”.
Estas comisiones estiman y tienen a la vista la reiterada argumentación e iniciativas que sobre el particular se han hecho valer por diversos actores, abogados y corredores públicos sobre la necesidad de reformar la normatividad para permitir la intervención de estos últimos en los actos jurídicos vinculados a inmuebles y en el otorgamiento de poderes vinculados al contrato de mandato.
También han analizado los criterios que los tribunales han seguido al resolver controversias que involucran esta intervención, como las siguientes:
Tesis aislada 2706/1996
“FACULTAD DE LA LEGISLATURA LOCAL PARA ESTABLECER LA FORMA PARA LA GARANTIA HIPOTECARIA CORREDORES PUBLICOS. FALTA DE LEGITIMACION PARA IMPUGNAR EL ARTICULO 468 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL. La reforma al Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, relativa a su numeral 468, dispone que la norma va dirigida a todos aquellos que constituyan, amplíen, dividan, registren o cancelen una hipoteca, así como los requisitos que éstos deban cumplir para tramitar la vía especial hipotecaria; es decir, el ordenamiento establece legítimamente el derecho a personas físicas y morales que se ubiquen en la constitución o tramitación de hipotecas, para ejercer la acción de amparo; por ello, es incuestionable que los quejosos carecen de legitimación para impugnar la reforma al artículo en cuestión, en su calidad de corredores públicos, al reclamar dicho precepto en su carácter de auto aplicativo y derivar la inconstitucionalidad del hecho de que con su sola vigencia se limita o restringe el ejercicio profesional de los corredores públicos y que, en términos de la fracción V del artículo sexto de la Ley Federal de Correduría Pública, no les afecta su interés jurídico, porque no son sujetos de la norma ni les restringe el ejercicio de fedatarios públicos en actos y hechos mercantiles.”
Tesis jurisprudencial 64/2009
“INTERES JURIDICO EN EL AMPARO.- LA POLIZA EXPEDIDA POR UN CORREDOR PUBLICO EN LA QUE CONSTA EL PAGO DE ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL DE UNA EMPRESA CON LA APORTACION DEBIENES INMUEBLES, POR SI SOLA ES INEFICAZ PARA ACREDITARLO. Acorde con el artículo dieciocho de la Ley Federal de Correduría Pública, los actos jurídicos, convenios o contratos mercantiles en los que puede intervenir el corredor público como fedatario se hacen constar en un instrumento denominado póliza. Por otro lado, los artículos sexto, fracción quinta, y vente, fracción once, de dicha Ley, y el numeral cincuenta y tres, fracción primera, de su Reglamento prohíben al corredor público actuar como fedatario en actos jurídicos no mercantiles, en tratándose de inmuebles, así como dar fe de hechos que no se consideren de naturaleza mercantil. Así, resulta evidente que los corredores públicos están impedidos para dar fe de la enajenación de inmuebles aportados para el pago de acciones del capital de una sociedad mercantil y, por tanto, al expedir una póliza tocante a esa operación se excederían en la esfera competencial de sus atribuciones. En ese sentido, se concluye que la póliza expedida por un corredor público en la que consta el pago de acciones de capital social de una empresa con aportaciones de bienes inmuebles, por sí sola es ineficaz para acreditar el interés jurídico en el amparo solicitado contra el embargo de tales inmuebles, ya que no es apta para demostrar su titularidad. En efecto, conforme a los artículos ciento veintinueve y doscientos dos del Código Federal de Procedimientos Civiles la indicada póliza, en lo relativo a la referida enajenación, no puede considerarse un documento público que haga prueba plena, sino que sólo constituye un documento privado que no prueba fehacientemente los hechos declarados en él, según los artículos ciento treinta y tres y doscientos tres del citado Código, en tanto que la circunstancia de haberlo expedido quien carecía de facultades legales para ello imposibilita determinar irrefutablemente si la reclamación constitucional se deriva de actos anteriores o posteriores a la ejecución del embargo.”
Del mismo modo, las comisiones han analizado la reflexión contenida en la iniciativa sobre la estructura constitucional mexicana y la interpretación del artículo 121, en el sentido de que las leyes federales pueden aplicarse en las entidades federativas en las materias atribuidas por la Constitución a los Poderes Federales, sin embargo, en las resoluciones jurisdiccionales que se han analizado y citado antes, relacionadas con el tema que nos ocupa, la Suprema Corte ha concluido que la regulación de la materia inmobiliaria se encuentra reservada a los estados, comprendida en la materia civil local.
Teniendo a la vista estos antecedentes, estas comisiones consideran que la interpretación referida por el senador promovente no sería convalidada por los tribunales de suscitarse controversias como las que ya se han dado en este tenor, exponiendo así a los particulares a que los actos jurídicos que se pudieren derivar de aprobarse esta propuesta sean controvertidos ante los tribunales y calificados de inválidos por ser contrarios a la Constitución o bien, provocar el inicio de controversias constitucionales por parte de las entidades federativas, que podrían devenir también en incertidumbre jurídica para los ciudadanos, con los altos costos que implicarían para ellos y para el Estado.
Al mismo tiempo, estas comisiones reiteran que han analizado el significado que una propuesta de esta naturaleza puede tener para mejorar la competitividad en el ámbito de la fedación pública y para propiciar un mejor desarrollo económico, sin embargo, este propósito no puede materializarse en una acción legislativa que pudiera ser calificada como contraria a la Constitución.
Por ello, estiman que para darle plena solidez jurídica y coherencia con el sistema jurídico mexicano y evitar las posibles controversias anotadas, estas reformas deberían ser propuestas al Constituyente Permanente y no al legislador ordinario.
Por otro lado, la reforma a la fracción VI tiene propósito de que el corredor público pueda hacer constar hechos jurídicos en general, suprimiendo las limitaciones al ámbito mercantil que actualmente señala tal fracción:
“VI. Actuar como fedatario en la constitución y en los demás actos previstos por la Ley General de Sociedades Mercantiles incluso aquellos en los que se haga constar la representación orgánica;”
En este sentido, operan las mismas argumentaciones que se han hecho previamente, relativas a ampliar el ámbito de facultades del corredor público más allá de la materia mercantil, y se considera que la fedación debe de circunscribirse única y exclusivamente para los efectos y la materia consignada en la presente ley, acorde a las atribuciones del legislador federal, por lo que en todo caso, se sugiere su modificación para quedar: “Actuar como fedatario público para hacer constar cualquier hecho jurídico o relacionado con los efectos y la materia consignada en la presente ley”.
Al respecto, se cita enseguida una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vinculada con este tema, destacándose lo conducente, y que en su momento fue considerada por esta soberanía al aprobar las reformas a la Ley Federal de Correduría Pública de 2006, por establecer que los corredores públicos no están facultados para dar fe del otorgamiento de poderes o mandatos, por ser actos jurídicos de naturaleza civil, la cual corresponde legislar de forma exclusiva a las legislaturas locales:
Tesis jurisprudencial 113/2005 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
“CORREDORES PÚBLICOS. ESTÁN FACULTADOS PARA DAR FE DE LA DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES Y DE LAS FACULTADES DE QUE ESTÉN INVESTIDOS (REPRESENTACIÓN ORGÁNICA), CUANDO SE OTORGUEN EN LA CONSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE AQUELLAS. Conforme a los artículos 6°, fracciones V y VI, de la Ley Federal de Correduría Pública y 54 de su Reglamento, a los corredores públicos corresponde actuar como fedatarios para hacer constar los contratos, convenios, actos y hechos de naturaleza mercantil (excepto en tratándose de inmuebles), así como en la constitución, modificación, fusión, escisión, disolución, liquidación y extinción de sociedades, en la designación de sus representantes legales y facultades de que estén investidos, y en los demás actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahora bien, si se toma en cuenta que la representación orgánica comprende actos como el nombramiento y facultamiento de los órganos de representación de las sociedades mercantiles (Consejo de Administración, Administradores o Gerentes), por ser éstos quienes en términos del primer párrafo del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles representan orgánicamente a la empresa, es indudable que los corredores públicos están autorizados para certificar tales actos; sin embargo, no están facultados para dar fe del otorgamiento de poderes o mandatos, los cuales son actos jurídicos de índole civil regulados por la legislación común, pues el mandato es un contrato previsto en los Códigos Civiles de todas las entidades federativas del país y que implica un acto de representación voluntaria, en tanto que encuentre su fuente en la voluntad de las partes y se confiere precisamente a través del otorgamiento de un poder; de ahí que las pólizas y actas expedidas por los corredores públicos en que hagan constar la designación y facultades de representación de las sociedades mercantiles (representación orgánica), deberán admitirse para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, siempre y cuando dichos instrumentos cumplan con los requisitos legales y se trate de actos exclusivamente de carácter mercantil.”
Por otra parte, en lo relativo a la reforma a la fracción VII, promueve que el corredor público pueda fungir como prestador de servicios de certificación de cualquier tipo, independientemente de su naturaleza, fuera de las limitaciones que señala la referida fracción en su texto vigente:
“VII. Cotejar y certificar las copias de las pólizas o actas que hayan sido otorgadas ante ellos, así como de los documentos que hayan tenido a la vista que sean de los referidos en los artículos 33 a 50 del Código de Comercio, y...”
Sobre el particular, estas comisiones consideran que ampliar la facultad de certificación fuera de los supuestos que actualmente prevé la propia fracción podría igualmente devenir en controversias sobre la validez de los mismos, bajo los argumentos previamente anotados y de conformidad a la interpretación que el máximo tribunal ha hecho en las resoluciones antes citadas.
Por lo que se refiere a la reforma del último párrafo al artículo 6º, estas comisiones no consideran conveniente dichas modificación, pues es importante prever tal y como lo hace el texto vigente, que todas las funciones contempladas en este artículo no son exclusivas de los corredores públicos, y tal como se plantea en la redacción propuesta que las fracciones I, II, III y IV “no se consideran exclusivas de los corredores públicos”, dejaría fuera las fracciones V, VI, VII y VIII, lo que podría interpretarse a “contrario sensu” como facultades exclusivas de los mismos.
Octavo. Adición al artículo 7
Mediante una adición al artículo 7, se pretende incluir que la sanción por infracción a este precepto será sin perjuicio de las sanciones previstas en la legislación de la entidad federativa donde se realice dicha conducta y que en caso de tratarse de profesionistas o agentes de ventas, además se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 250 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 7. Sólo podrán ostentarse como corredores las personas habilitadas por la Secretaría, en los términos de esta ley. La infracción a este precepto será sancionada con una multa hasta por el equivalente a 500 veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, monto que podrá imponerse diariamente mientras persista la infracción, sin perjuicio de la responsabilidad penal que resulte y sin perjuicio de las sanciones previstas en la legislación de la entidad federativa donde se realice dicha conducta. En caso de tratarse de profesionistas o agentes de ventas, además se les aplicarán las sanciones previstas en el artículo 250 del Código Penal Federal.
Al respecto, estas comisiones consideran que no es necesaria dicha adición pues en la parte final del artículo vigente se prevé que las sanciones administrativas previstas en el mismo son “sin perjuicio de la responsabilidad penal que resulte” lo que se entiende aplicable a cualquier persona y en los tipos penales que consignen los ordenamientos tanto federal como los de la entidad federativa donde se pudiere realizar esa conducta.
Noveno. Reformas al artículo 16
Respecto a la reforma del artículo 16 de la iniciativa pretende realizar las siguientes adiciones:
Artículo 16. Los corredores diariamente, por orden de fecha y bajo numeración progresiva, formarán archivo de las pólizas y actas de los actos en que intervengan y en el mismo orden asentarán el extracto de las pólizas en un libro especial que llevarán al efecto y que se denominará de registro, el cual deberá estar formado por volúmenes de doscientas cincuenta hojas foliadas y que no deberá tener raspaduras, enmendaduras, o abreviaturas.
El libro de registro y el archivo deberán llevarse con estricto apego a lo dispuesto por esta ley y su reglamento.
Cabe señalar que si bien no existe inconveniente en realizar esta reforma y adición, la Secretaría de Economía expresó en su opinión su pretensión de buscar la regulación de ese libro especial en forma electrónica para facilitar la vigilancia y control de los mismos, garantizar la eficacia de los servicios y poner a la vanguardia a la correduría pública.
Por lo antes expuesto, estas comisiones consideran agregar un tercer párrafo a la propuesta que permita a la Secretaría en comento realizar de mejor manera las funciones descritas y que facilite el control y revisión de los registros correspondientes, en el siguiente tenor:
“Además de los libros descritos, los corredores públicos integrarán y trasmitirán los archivos electrónicos de los mismos bajo las características que se determinen en el reglamento de esta ley y los criterios que al efecto emita la Secretaría.”
Décimo. Reformas al artículo 18
Por su parte, la propuesta de reforma al artículo 18 propone la siguiente redacción:
Artículo 18. Póliza es el instrumento redactado por el corredor para hacer constar en él un acto jurídico, convenio o contrato en el que esté autorizado a intervenir como fedatario.
Acta es la relación escrita de un hecho jurídico.
Las actas y pólizas autorizadas por los corredores son instrumentos públicos y los asientos de su libro de registro y las copias certificadas y demás ejemplares que expida de las pólizas, actas y asientos, son documentos públicos que hacen prueba plena de los contratos, actos jurídicos y hechos respectivos.
Al respecto, se advierte que se suprime la naturaleza mercantil de los actos jurídicos en los que interviene el corredor, ampliando las definiciones correspondientes a cualquier ámbito, al respecto, estas comisiones consideran convenientes los cambios previstos para hacerlos acordes a la fracción VIII del artículo 6º vigente de la ley, pero agregando la frase “en los que estén autorizados a intervenir.” para limitar las actuaciones a las materias previstas en las leyes federales, garantizando así la legalidad de los mismos.
Undécimo. Modificaciones al artículo 19
La iniciativa prevé realizar reformas al artículo 19 para quedar como sigue:
Artículo 19. Las pólizas y actas a que se refiere el artículo anterior deberán:
I. a IV. ...
V. Elaborarse en español.
Podrán asentarse palabras en otro idioma que sean generalmente usadas como términos de ciencia o arte, o que sean usadas como nombre o marca o aviso comercial, o en actas y pólizas cuando se trate de transcripciones literales o de lo percibido por el corredor público respectivamente;
Los documentos que se le presenten en idioma extranjero deberán ser traducidos por perito traductor reconocido por alguna autoridad. No se requerirá traducción cuando se trate de documentos presentados para cotejo, o cuando se trate de dar fe de hechos de la entrega o recepción de documentos o para realizar el reconocimiento o puesta de firmas en cuyo caso el corredor no incurrirá en responsabilidad cuando las partes le declaren que conocen y entienden el contenido del documento.
VI. a XIII. ...
Se considera procedente la modificación al primer párrafo de la fracción V del artículo 19, para suprimir la referencia de que los documentos presentados en idioma extranjero también deban elaborarse en español y permitir las excepciones referidas a términos de ciencia y arte, así como nombres y marcas, ajustándose a la realidad comercial actual.
Sin embargo, respecto al supuesto considerado en el segundo párrafo que se propone adicionar a dicha fracción, en el sentido de no requerir traducción cuando se trate de dar fe de hechos de la entrega o recepción de documentos, aspecto que se considera modificar para garantizar la plena seguridad jurídica de las partes y del propio corredor, agregando al final del mismo la frase “siempre y cuando las partes declaren conocer y entender su contenido y alcance y el corredor comprenda cabalmente el contenido y alcance del mismo.”
Duodécimo. Modificaciones al artículo 20
En relación a las modificaciones a la fracción V del artículo 20, que señala las prohibiciones a los corredores públicos, no se estima conveniente establecer al corredor público la prohibición de ser notario, en virtud de que hay leyes locales que no consideran incompatibilidad entre ambas funciones y pueden existir licenciados en derecho que ejercen la fe pública como notarios y como corredores públicos, habiendo acreditado los requisitos y capacidades correspondientes, es decir, se estima que no hay contraposición entre la naturaleza de la función del notario y del corredor.
Por otra parte, la reforma propuesta a la fracción XI, no se considera adecuada porque implica otorgarles a los corredores públicos facultades para actuar como fedatarios en todas las materias, excepto en lo que expresamente les esté prohibido, siendo el caso que por su naturaleza sólo deben actuar en aquellas materias y casos que las leyes les permiten.
En relación con la fracción XII, estas comisiones no consideran conveniente derogarla toda vez que la misma permite afianzar la seguridad jurídica de todos los actos en los que los mismos intervienen.
Décima Tercera. Modificaciones al artículo 21
No es procedente la propuesta incluida en la iniciativa para suprimir la fracción XII contenida en la hipótesis prevista por el artículo 21, fracción II, por ser las consideraciones vertidas en el duodécimo punto de este dictamen.
Décima Cuarta. Adición de un artículo 24
La iniciativa propone la adición de un artículo 24 para incluir tipos penales vinculados con la función de los corredores públicos, a saber:
Artículo 24. Se impondrá pena de tres a seis años de prisión, y multa de entre 500 a 10,500 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, sin perjuicio de la responsabilidad civil en que incurra:
I. A toda aquella persona que a sabiendas, presente documentación falsificada o rinda información falsa a un corredor público, que sirva como antecedente para el otorgamiento de un instrumento u otro documento expedido en ejercicio de sus funciones.
II. A toda aquella persona que sin motivo fundado niegue la validez o fuerza probatoria de los instrumentos públicos otorgados ante corredor público; la sanción se duplicará en caso de que el infractor o su representante tenga título de licenciado en derecho o abogado.
III. Al solicitante de un avalúo que, a sabiendas, presente documentación falsificada o rinda información falsa a un corredor público, que sirva como antecedente para la formación del documento;
IV. A todo aquel que produzca instrumentos públicos en los que consten actos jurídicos que por virtud de la ley requieran otorgarse ante Corredor Público para su validez.
Al respecto, cabe señalar que la conducta de falsificación de documentos, sean estos públicos o privados, se encuentra tipificada en el Código Penal Federal, en su artículo 243:
Artículo 243. El delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días de multa. En el caso de documentos privados, con prisión de tres a cinco años y de ciento ochenta a trescientos sesenta días de multa.
Por su parte, la fracción VI pretende tipificar la conducta de producir instrumentos públicos en los que consten actos jurídicos que por virtud de la ley requieran otorgarse ante Corredor Público para su eficacia, se considera que estas conductas son cuestiones de incumplimiento de formalidades por lo que se sugiere que la sanción para estas debe ser de tipo administrativa y no de carácter penal.
Actualmente, la actuación de fedatarios públicos se encuentra tipificada en el Código Penal Federal es la de que: “el notario o cualquier otro funcionario público que, en ejercicio de sus funciones expida una certificación de hechos que no sean ciertos, o da fe de lo que no consta en autos, registros, protocolos o documentos”, la cual será acreedora a una pena similar a la prevista en el artículo 243.
Por otra parte, no sería congruente con el contenido del artículo 6°, ya que las facultades en fe pública previstas en dicho artículo “no son exclusivas de los corredores públicos”. Además, se generaría un “conflicto de normas” porque existen ordenamientos federales y locales que facultan a otros fedatarios a intervenir en materias en que actúan corredores públicos.
Por lo anterior, estas comisiones consideran no procedente la adición del referido artículo.
Décima Quinta. Adición de un artículo 25
Mediante una adición de un artículo 25, la iniciativa incluye la obligación a las autoridades de prestar auxilio al Corredor Público que así lo solicite para la realización de sus funciones:
Artículo 25. Las autoridades deberán prestar auxilio al Corredor Público que así lo solicite para la realización de sus funciones.
Al respecto, estas comisiones consideran innecesaria esta adición, pues diversas autoridades locales y federales tienen entre sus atribuciones, en el ámbito de la colaboración, prestar el auxilio que requieran los servidores y fedatarios públicos para garantizar el debido ejercicio de sus funciones.
Décima Sexta. Artículos Transitorios
Estas comisiones estiman que los artículos tercero y cuarto transitorios de la iniciativa no son necesarios de incluir en el decreto, en virtud de las modificaciones a la misma que estás comisiones se han permitido realizar.
Conclusiones
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de estas comisiones unidas nos permitimos someter a la consideración de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, el siguiente:
Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de Correduría Pública.
Artículo Único: Se reforman los artículos 2; 3, fracción I; 16, 18, 19, fracción V; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 4°, un tercer párrafo al artículo 16, y dos párrafos a la fracción V del artículo 19 todos de la Ley Federal de Correduría Pública, para quedar como sigue:
Articulo 2. La aplicación de la presente ley corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, con la participación que corresponda a las autoridades estatales.
Cuando esta ley haga referencia a la Secretaría, se entenderá la Secretaría de Economía.
Artículo 3. .. .
I. Asegurar la eficacia del servicio que prestan los corredores públicos, como auxiliares del comercio y como fedatarios públicos en la materia que esta ley les autoriza, cuidando siempre la seguridad jurídica en los actos en que intervengan;
II. a VI. ...
Artículo 4. ...
Los corredores públicos podrán actuar como fedatarios públicos en aquellos lugares en los que la Federación tenga competencia y ejerza jurisdicción de manera exclusiva, sólo en las materias en que esta ley les autoriza. Cuando actúen como fedatarios en los lugares a los que se refiere este párrafo, fuera de su plaza, deberán señalarlo de manera expresa en los instrumentos correspondientes.
Artículo 16. Los corredores diariamente, por orden de fecha y bajo numeración progresiva, formarán archivo de las pólizas y actas de los actos en que intervengan y en el mismo orden asentarán el extracto de las pólizas en un libro especial que llevarán al efecto y que se denominará de registro, el cual deberá estar formado por volúmenes de doscientas cincuenta hojas foliadas y que no deberá tener raspaduras, enmendaduras, o abreviaturas.
El libro de registro y el archivo deberán llevarse con estricto apego a lo dispuesto por esta ley y su reglamento.
Además de los libros descritos en los dos párrafos anteriores, los corredores públicos integrarán y trasmitirán los archivos electrónicos de los mismos bajo las características de orden y contenido similares a las versiones que señalan los dos párrafos anteriores y conforme a las disposiciones que se prevean en el reglamento de esta ley y los criterios que al efecto emita la Secretaría.
Artículo 18. Póliza es el instrumento redactado por el corredor para hacer constar en él un acto jurídico, convenio o contrato en el que esté autorizado a intervenir como fedatario.
Acta es la relación escrita de un hecho jurídico en el que esté autorizado a intervenir como fedatario.
Las actas y pólizas autorizadas por los corredores son instrumentos públicos y los asientos de su libro de registro y las copias certificadas y demás ejemplares que expida de las pólizas, actas y asientos, en los que esté autorizado a intervenir como fedatario, son documentos públicos que hacen prueba plena de los contratos, actos jurídicos y hechos respectivos.
Artículo 19. ...
I. a IV. ...
V. Elaborarse en español.
Podrán asentarse palabras en otro idioma que sean generalmente usadas como términos de ciencia o arte, o que sean usadas como nombre o marca o aviso comercial, o en actas y pólizas cuando se trate de transcripciones literales o de lo percibido por el corredor público respectivamente;
Los documentos que se le presenten en idioma extranjero deberán ser traducidos por perito traductor reconocido por alguna autoridad. No se requerirá traducción cuando se trate de documentos presentados para cotejo, o cuando se trate de dar fe de hechos de la entrega o recepción de documentos o para realizar el reconocimiento o puesta de firmas, siempre y cuando las partes declaren conocer y entender su contenido y alcance y el corredor comprenda cabalmente el contenido y alcance del mismo.
VI. a XIII. ...
Transitorios
Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Ejecutivo federal, contará con un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para expedir las modificaciones necesarias al reglamento de esta ley.
Dado en la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión el día 21 de octubre de 2009.
Tercera. En misma fecha, el senador Ricardo Monreal Ávila presentó propuestas de modificación a los artículos 4 y 18 del proyecto, las cuales fueron aprobadas por 84 votos y 2 en contra; el proyecto de decreto se turnó a la Cámara de Diputados.
RESERVA QUE FORMULAN LOS SEÑORES SENADORES... INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO... AL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, AL PROYECTO DE DECRETO PO R EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA, QUE PASO A PRIMERA LECTURA EL PASADO JUEVES 22 DE LOS CORRIENTES EN LO REFERENTE AL TEXTO DE LOS ARTÍCULOS 4 Y 18 DE LA LEY QUE SE PRETENDE REFORMAR.
Artículo 4
Texto actual:
Artículo 4. Para efectos de la presente ley, el territorio nacional se divide en plazas: una por cada estado y otra por el Distrito Federal.
y
Texto del dictamen:
Artículo 4 . ..
Los corredores públicos podrán actuar como fedatarios públicos en aquellos lugares en los que la Federación tenga competencia y ejerza jurisdicción de manera exclusiva, solo en las materias en que la ley los autoriza. Cuando actúen como fedatarios en los lugares a los que se refiere este párrafo, deberán señalarlo de manera expresa en los instrumentos correspondientes.
Al respecto, los suscritos consideran que la propuesta generaría confusión respecto al ámbito territorial en el que los corredores pueden ejercer sus funciones, pues de la redacción de la misma se desprende que los corredores públicos podrían libremente ejercer en todo el territorio nacional, rompiendo entonces con el sistema de plazas al que hace referencia al propio encabezado del artículo 4°.
Conforme al artículo 5°, ya se prevé la posibilidad de que los corredores actúen fuera de su plaza cuando no actúen como fedatarios públicos. En este sentido, bajo el esquema actual, los corredores pueden efectivamente ejercer sus funciones en los lugares en que la Federación tenga competencia y ejerzan su jurisdicción. Por lo anterior, al no contribuir a dar claridad y mejorar esta normatividad, se considera desechar esta propuesta.
La Ley Federal de Correduría Pública, busca proporcionar seguridad jurídica a los solicitantes de los servicios del Corredor Público, sin embargo, a lo largo de poco más de 16 años de vigencia, la realidad nos demuestra que la falta de claridad en algunos de sus preceptos, ha generado confusión y dudas al respecto de su exacta aplicación, lo que ha traído como consecuencia inseguridad jurídica para los usuarios de los servicios de dicho fedatario, la segunda parte que se pretende añadir al artículo 4°, generaría nuevamente dudas e incertidumbre sobre la actuación de los corredores, entre otras razones por lo impreciso de la formula “en aquellos lugares en donde la Federación ejerza jurisdicción de manera exclusiva”. Por lo que al ser contraria a la ratio de la ley y de las reformas a la misma de 23 de mayo del 2006, no compartimos la conveniencia de la aprobación de este numeral en lo particular.
En resumen proponemos que no se adicione el segundo párrafo del artículo 4°.
Artículo 18
Texto actual:
Artículo 18. Póliza es el instrumento redactado por el corredor para hacer constar en él acto jurídico, convenio o contrato mercantil en el que este autorizado a invertir como fedatario
Acta es la redacción escrita de un hecho jurídico de naturaleza mercantil.
Las actas y pólizas autorizadas por los corredores son instrumentos públicos y los asientos de su libro de registro y las copias certificadas que expida de las pólizas, actas y asientos, son documentos que hacen prueba plena de los contratos, actos jurídicos y hechos de naturaleza mercantil respectivos.
El corredor podrá expedir copias certificadas de las pólizas y actas en que haya intervenido, siempre que obren en su archivo y en el libro de registro correspondiente.
y
Texto del dictamen:
Artículo 18. Póliza es el instrumento redactado por el corredor para hacer constar en él un acto jurídico, convenio o contrato en el que esté autorizo a intervenir como fedatario.
Acta es la relación escrita de un hecho jurídico en el que esté autorizo a intervenir como fedatario.
Las actas y pólizas autorizadas por los corredores son instrumentos públicos y los asientos de su libro de registro y las copias certificadas y demás ejemplares que expida de las pólizas, actas y asientos, en los que esté autorizado a intervenir como fedatario , son documentos públicos que hacen prueba plena de los contratos, actos jurídicos y hechos de naturaleza mercantil respectivos.
En relación con el numeral arriba transcrito se pretende básicamente modificar el concepto de póliza y acta. En el texto actual de la ley se limita y precisa claramente que los actas jurídicos que el corredor hace constar en una póliza y por su parte los hechos que son materia de un acta necesariamente deben ser de naturaleza MERCANTIL, l o anterior acorde a los límites esenciales de las facultades de los corredores. Resulta contradictorio y confuso que en la parte final del texto del artículo en el dictamen si se conserve la referencia a los actos jurídicos y hechos de naturaleza mercantil respectivos.
No encontramos justificación alguna para que en lo referente a las definiciones de póliza y acta se pretenda suprimir la naturaleza mercantil que define y limita los actos y hechos en ellas contenidos, y únicamente se mencione la formula “En los que esté autorizado a intervenir como fedatario”, para referirse a los actos y hechos. Como se desprende de la lectura del dictamen elaborado por las comisiones, la actuación de los corredores está limitada en todo caso a la materia mercantil por lo que la reforma propuesta resulta inútil y por tanto innecesaria, ya que los actos y hechos en los que los corredores públicos están autorizados para intervenir como fedatarios son limitativamente y sin excepción de los mercantiles.
Consideramos que la propuesta de reforma al artículo 18 como aparece en el dictamen de las comisiones esta descontextualizado, es preciso tener presente que el texto propuesto por la iniciativa y el que se presenta en el dictamen para dicho artículo en particular son muy similares, sin embargo hay que tener presente que la iniciativa tal y como fue presentada a las comisiones para su estudio tuvo la pretensión de ampliar considerablemente el ámbito de las facultades de los Corredores Públicos cuando actúan como fedatarios, pretensión que con fundamento en los argumentos de carácter constitucional que fueron valorados por las comisiones de estudio determinaron categóricamente improcedente, de tal forma que el ámbito de actuación de los corredores seguirá restringido y circunscrito al ámbito mercantil por lo que no hay otro tipo de casos en que esté autorizado para actuar como fedatario por lo que la reforma al artículo 18 de aprobarse en los términos propuestos sería contraria al sentido general del dictamen.
En resumen proponemos que NO se modifiquen los conceptos de póliza y acta del texto actual de la Ley (primer y segundo párrafos del artículo 18 de la ley)
Cuarta. Que los diputados que integran esta Comisión de Economía, estiman legítimo el espíritu de la iniciativa y correctas las modificaciones que realizó a la misma la Cámara de Senadores.
Asimismo, consideran atinadas las razones por las cuales la Cámara de Senadores decide realizar modificaciones a la iniciativa original, así como los argumentos que se apuntan en el dictamen en comento, por lo que los hace suyos para los efectos del presente dictamen.
Quinta. No obstante lo anterior, y partiendo de que la iniciativa plantea actualizar el artículo 2 de la Ley Federal de Correduría Pública, en el sentido de cambiar la referencia que se hace a la “Secretaría de Comercio y Fomento Industrial”, por el vigente que es el de “Secretaría de Economía”, los diputados integrantes de la Comisión de Economía consideran que se debe actualizar de igual manera la fracción I del artículo 10 de la ley de referencia para quedar de la siguiente manera:
Artículo 10. ... I. Un representante de la Secretaría, el cual deberá tener por lo menos nivel de director general o contar con designación específica del secretario de Economía, y sin cuya presencia no podrá celebrarse el examen;...
Sexta. En virtud de lo anterior, esta comisión se manifiesta por aprobar la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública, con la modificación apuntada, para que en los términos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se remita a la Cámara de origen para su discusión correspondiente:
Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Correduría Pública
Artículo Único. Se reforman los artículos 2º., 3o, fracción I; 16, 18, 19, fracción V; y se adicionan dos párrafos a la fracción V del artículo 19 de la Ley Federal de Correduría Pública, para quedar como sigue:
Artículo 2. La aplicación de la presente ley corresponde al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, con la participación que corresponda a las autoridades estatales.
Cuando esta ley haga referencia a la Secretaría, se entenderá la Secretaría de Economía.
Artículo 3. ...
I. Asegurar la eficacia del servicio que prestan los corredores públicos, como auxiliares del comercio y como fedatarios públicos en la materia que esta ley les autoriza, cuidando siempre la seguridad jurídica en los actos en que intervengan;
II. a VI. ...
Artículo 10. ...
I. Un representante de la Secretaría, el cual deberá tener por lo menos nivel de director general o contar con designación específica del secretario de Economía, y sin cuya presencia no podrá celebrarse el examen;
II. y III. ...
...
Artículo 16. Los corredores diariamente, por orden de fecha y bajo numeración progresiva, formarán archivo de las pólizas y actas de los actos en que intervengan y en el mismo orden asentarán el extracto de las pólizas en un libro especial que llevarán al efecto y que se denominará de registro, el cual deberá estar formado por volúmenes de doscientas cincuenta hojas foliadas y que no deberá tener raspaduras, enmendaduras, o abreviaturas.
El libro de registro y el archivo deberán llevarse con estricto apego a lo dispuesto por esta ley y su reglamento.
Además de los libros descritos en los dos párrafos anteriores, los corredores públicos integrarán y trasmitirán los archivos electrónicos de los mismos bajo las características de orden y contenido similares a las versiones que señalan los dos párrafos anteriores y conforme a las disposiciones que se prevean en el reglamento de esta ley y los criterios que al efecto emita la Secretaría.
Artículo 18. ...
...
Las actas y pólizas autorizadas por los corredores son instrumentos públicos y los asientos de su libro de registro y las copias certificadas y demás ejemplares que expida de las pólizas, actas y asientos, en los que esté autorizado a intervenir como fedatario, son documentos públicos que hacen prueba plena de los contratos, actos jurídicos y hechos respectivos.
...
Artículo 19. ...
I. a IV. ...
V. Elaborarse en español.
Podrán asentarse palabras en otro idioma que sean generalmente usadas como términos de ciencia o arte, o que sean usadas como nombre o marca o aviso comercial, o en actas y pólizas cuando se trate de transcripciones literales o de lo percibido por el corredor público respectivamente.
Los documentos que se le presenten en idioma extranjero deberán ser traducidos por perito traductor reconocido por alguna autoridad. No se requerirá traducción cuando se trate de documentos presentados para cotejo, o cuando se trate de dar fe de hechos de la entrega o recepción de documentos o para realizar el reconocimiento o puesta de firmas, siempre y cuando las partes declaren conocer y entender su contenido y alcance y el corredor comprenda cabalmente el contenido y alcance del mismo;
VI. a XIII. ...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Ejecutivo federal, contará con un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para expedir las modificaciones necesarias al reglamento de esta ley.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de septiembre de 2010.
La Comisión de Economía
Diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, José Antonio Arámbula López (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Jorge Hernández Hernández, Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Jorge Humberto López Portillo Basave (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Enrique Salomón Rosas Ramírez, David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), Carlos Torres Piña (rúbrica).
De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 57, 60, 62 y 63, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, recibida por esta Cámara de Diputados de la Cámara colegisladora, en fecha 30 de octubre de 2008.
La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 57, 60, 62 y 63, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la minuta mencionada al tenor de los siguientes:
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados en fecha 30 de octubre de 2008, los Secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la minuta que se mencionó en el exordio del presente dictamen.
Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.
Tercero. El antecedente histórico de la minuta de referencia es el siguiente:
1. En fecha 9 de febrero de 2006, los diputados Manuel López Villarreal y Guillermo Tamborrel Suárez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron iniciativa que adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la cual fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Comisión de Economía.
2. Seguido su trámite legislativo, en fecha 23 de marzo de 2006, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que modificó la iniciativa de referencia por 322 votos a favor y 1 abstención.
3. En fecha 28 de marzo de 2006, el Senado de la República recibió la minuta correspondiente, turnándose para su dictaminación a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Primera.
4. En fecha 14 de octubre de 2008, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó por 79 votos el dictamen de las comisiones dictaminadoras que modificó la minuta de origen, enviándose en esa misma fecha a esta Cámara de Diputados a efecto de continuar con el trámite legislativo.
5. El pleno de la Cámara de Diputados, en fecha 30 de octubre de 2008, resolvió turnar para su estudio a esta Comisión de Economía la minuta de referencia.
Consideraciones
Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Segunda. Que la minuta de referencia en resumen propone lo siguiente:
• Adicionar un párrafo al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para establecer que el presupuesto de egresos de la Federación que se destina para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, no podrá ser inferior, en términos reales, al presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal anterior.
Tercera. Que el dictamen con el cual el pleno de la Cámara de Senadores aprobó la minuta, establece lo siguiente:
“Estas comisiones dictaminadoras coinciden con la minuta enviada por la colegisladora al señalar que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) son muy importantes en la creación de empleo y en el impulso al crecimiento económico.
Aunado a lo anterior, estas comisiones reconocen que incrementar la competitividad de nuestro país es una necesidad impostergable. Las empresas micro, pequeñas y medianas, requieren de programas y fondos de fomento y apoyo por parte de los gobiernos para establecerse, crecer y desarrollarse en condiciones favorables para su competitividad.
Los mecanismos de apoyo a las mismas son sin duda un estimulo para la capacidad de emprender que nuestros connacionales han demostrado tener.
Los beneficios económicos y en la creación de empleos que aportan no pueden menospreciarse: más 7 de cada 10 empleos formales en México son generados por micro, pequeñas y medianas empresas, que generan además más del 52 por ciento del PIB nacional (Datos de la Secretaría de Economía y del Inegi en: Resumen ejecutivo Fondo Pyme 2007 www.fondopyme.gob.mx).
Asimismo, estas comisiones dictaminadoras consideramos que el Presupuesto de Egresos de la Federación es un valioso instrumento de política económica que busca asignar de manera eficiente y equitativa el gasto público para impulsar y fomentar el crecimiento económico, el desarrollo social y una mejor distribución del ingreso, por lo que tiene un impacto de gran alcance para la sociedad.
De igual forma, reconocemos que el presupuesto para el desarrollo y crecimiento de las Mipymes es, más que un gasto, una importante inversión para el país. Toda vez que estos recursos fomentan la inversión productiva en la creación de empresas y de empleos y, por lo tanto, el fomento a su establecimiento y desarrollo es una responsabilidad inexcusable de los poderes públicos, especialmente el Ejecutivo y el Legislativo, que deben convertirse en los principales promotores de la actividad de este sector, aportando asesoría, capacitación, orientación, y recursos económicos en condiciones competitivas para impulsar la generación, viabilidad y desarrollo de las Mipimes (sic) mexicanas.
Estas comisiones dictaminadoras, no omiten mencionar que es de vital importancia articular una estrategia con visión de largo plazo, ya que los cambios que se pueden dar en cada ejercicio de gobierno en el enfoque, contenido e instrumentos de la política hacia Mipymes poco favorecen el avance y modernización de las empresas de menor tamaño. Además consideramos que lo deseable sería incrementar sustancialmente los fondos de apoyo a este sector.
Por ello, garantizar que los recursos que se destinan a estas actividades de fomento, al menos no disminuyan, es una forma de asegurar una atención mínima a este sector a la vista de su aporte a la economía nacional y el empleo. Cualquier esfuerzo que se haga para apoyarlas es absolutamente justificado.
Por otra parte, consideramos pertinente la inclusión de esta previsión en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, ya que es el instrumento normativo idóneo para plantearla, de conformidad con el objeto de la misma, establecido en su artículo 1:
Artículo 1. La presente ley tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad. Asimismo incrementar su participación en los mercados, en un marco de crecientes encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional.
Lo anterior, con la finalidad de fomentar el empleo y el bienestar social y económico de todos los participantes en la micro, pequeña y mediana empresa.
Estos recursos estarán destinados a programas de apoyo que coordina la Secretaría de Economía, que es la responsable de coordinar las acciones previstas en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Mipymes.
Finalmente, cabe destacar que en los últimos años el Presupuesto Federal ha destinado cantidades para el apoyo y fomento a Mipymes menores al 0.2 por ciento del monto total del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que la medida propuesta no compromete de manera relevante la asignación del gasto público federal, ni resta flexibilidad en su integración a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, sobre todo a la vista de los beneficios que estos fondos pueden acarrear a la economía nacional.
Conclusiones
Por lo anteriormente expuesto, se considera procedente aprobar la propuesta contenida en la minuta en estudio, para que el Presupuesto de Egresos de la Federación que se destina para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa no pueda ser inferior, en términos reales, al presupuestos autorizado en el ejercicio fiscal anterior; por lo que estas Comisiones Unidas sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de:
Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Artículo Único . Se adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:
Artículo 2. ...
...
El presupuesto de egresos de la Federación que se destina para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa no podrá ser inferior, en términos reales, al presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal anterior.
Transitorios
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.
Cuarta. Es importante mencionar los cambios que sufrió la iniciativa original a lo largo del trámite legislativo, a fin de ubicar el tema materia del presente dictamen:
1. La iniciativa original proponía como redacción de la reforma el término “El presupuesto de egresos de la Federación”.
2. El dictamen de la Comisión de Economía de la LX Legislatura, que fue el aprobado por esta Cámara de Diputados, modificó la iniciativa original y utilizó el término “El presupuesto federal”.
3. El dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, modificó la minuta proveniente de esta Cámara y retomó el término de la iniciativa original, es decir, la frase “El presupuesto de egresos de la Federación”.
Aclarado lo anterior y de conformidad con el apartado E del artículo 72 constitucional, la discusión en esta Cámara de origen sólo puede versar sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones realizadas por la Cámara revisora, por lo que lo procedente es analizar si el término “El presupuesto de egresos de la Federación”, es uno que tiene una connotación más apropiada al de “El presupuesto federal”.
Cabe decir, que ni en el dictamen aprobado por esta Cámara de origen, ni el aprobado por la Cámara revisora, hacen referencia o justificación alguna a la modificación del término referido.
En este sentido, los diputados que integran esta Comisión de Economía de la LXI Legislatura, estiman que existe afinidad en la definición que al término presupuesto de egresos de la federación da la minuta que se dictamina, y el que a ese mismo término expresa la Constitución Política Mexicana
Asimismo, el término presupuesto de egresos de la federación e s uno que tiene concordancia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el mismo es mencionado literalmente en los artículos 74 fracción IV, 100, 116 y 122, no así el de presupuesto federal, al cual la Carta Magna no hace referencia alguna.
En ese sentido, siendo la Constitución el documento de máxima jerarquía dentro de nuestro sistema jurídico, resulta evidente que el término presupuesto de egresos de la federación es uno que es más apropiado que el que originalmente utilizó esta Cámara de Diputados, de ahí que lo correcto sea aceptar la modificación proveniente del Senado.
Quinta. Que en virtud de lo anterior, esta comisión se manifiesta por aprobar la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y remitir en su momento al Ejecutivo para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:
Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Artículo Único. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:
Artículo 2. ...
...
El presupuesto de egresos de la Federación que se destina para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa no podrá ser inferior, en términos reales, al presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal anterior.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de junio de 2010.
La Comisión de Economía
Diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica en contra), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica en abstención), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica en abstención), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Jorge Humberto López Portillo Basave (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Enrique Salomón Rosas Ramírez, David Ricardo Sánchez Guevara, José Antonio Arámbula López (rúbrica en contra), Sergio Gama Dufour (rúbrica en contra), Luis Enrique Mercado Sánchez, Ramón Merino Loo, Martín Rico Jiménez, Ramón Jiménez López (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández, Carlos Torres Piña (rúbrica), José M. Torres Robledo (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).