Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos al Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos aportados por ex trabajadores mexicanos braceros
Los suscritos, integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputadas del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita una partida de 5 mil 300 millones de pesos para el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964.
Antecedentes
Como resultado de los trabajos realizados por esta soberanía en las legislaturas pasadas y la presente podemos afirmar que el Poder Legislativo sigue aportando esfuerzos en favor de los ex braceros de este país, reconociéndoles sus demandas y, sobre todo, actuando en consecuencia para que puedan disfrutar en vida de sus derechos ganados hace más de cincuenta años. Se ha logrado un gran avance con la aprobación de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios el 25 de mayo de 2005.
A partir de la creación de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos aportados por los ex trabajadores migratorios mexicanos en esta LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, ha prevalecido un acuerdo entre todos sus integrantes para lograr los mejores compromisos en favor de los ex braceros. Muestra de ello, hicimos efectivo el acuerdo generado de esta comisión para reformar la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, que el titular del Ejecutivo publicó, para sus efectos constitucionales, en el Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre de 2010.
Este acuerdo fue con la intención de beneficiar a más a los ex trabajadores migratorios mexicanos o a sus beneficiarios, para que reciban el apoyo social de 38 mil pesos en una sola exhibición. Considerando que muchos de ellos, en su mayoría, son personas que en promedio tienen setenta y cinco años y otros con 80 y 90 años o más; ciudadanos que se dedicaron en su totalidad al campo y que hoy, dadas las condiciones difíciles de nuestra economía, no pueden seguir esperando esos recursos que por derecho les corresponde, y se siga minimizando el presupuesto para el pago del apoyo social; por lo que el Legislativo debe asumir una vocación social y humana para permitir una asignación económica suficiente para el pago a los ex trabajadores migratorios mexicanos.
En este año que celebramos el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, damos cuenta de injusticias y luchas por derechos como las que vivieron tiempo atrás nuestros antepasados, y vemos como los ex braceros siguen en espera de ser atendidas sus demandas económicas. Es un avance el decreto aprobado por unanimidad en esta Cámara de Diputados y también en la de Senadores, órganos que representan a la mayoría de los mexicanos de este país.
Nuestra labor como diputados federales no termina con la aprobación de esta reforma, sino que continúa también en el momento de discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, para mejorar el proyecto que nos envía el Ejecutivo, con la propuesta de 300 millones de pesos, cantidad irrisoria que sólo permitiría pagar a 7 mil 849 ex braceros, siendo que en la lista de espera se encuentran más de 200 mil personas, a fin de resolver uno de los problemas más sentidos socialmente de los últimos años, y que esta soberanía y el Ejecutivo tenemos una deuda histórica que saldar con nuestros ex braceros, y asumir, como tal, nuestra responsabilidad para darle respuesta, ya que todos son de edad avanzada y con enfermedades terminales.
Es por esto que sometemos estas consideraciones, a fin de que esta soberanía fortalezca el trabajo legislativo en bien de los ex trabajadores migratorios mexicanos y beneficie a quienes les han dado tanto a este país.
Consideraciones
La reforma que inició en esta Cámara de Diputados y que fue publicada el pasado viernes 10 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, después de 4 meses de espera, significa un gran avance respecto al problema de los ex braceros. Reflejando el compromiso que mantenemos como representantes populares con nuestro electorado. Sin embargo, la tarea que tenemos ahora es poder otorgar a aquellas personas que se benefician de este programa los recursos económicos necesarios para lograr que reciban de una buena vez su apoyo, que tanta falta les hace.
Cabe recordar que los recursos aprobados por esta soberanía para los ejercicio fiscal en 2007 fueron de 298.5 millones de pesos; para el ejercicio de 2008, 300 millones de pesos; para el ejercicio fiscal de 2009, 700 millones de pesos; y para el ejercicio fiscal de este 2010, atendiendo a la petición del Ejecutivo en razón del boquete fiscal generado por los problemas financieros internacionales que generaron un efecto en nuestro país, aceptamos que se destinaran 300 millones de pesos, pero con la salvedad de que en la existencia de subejercicios de otros programas, estos recursos se destinaran para solucionar el asunto de los ex braceros.
Es preocupante que recién publicada la lista 35 el pasado 20 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, que contiene mil 150 ex braceros o sus familiares, hablamos de personas que vienen desde el proceso de registro de 2005-2006 y que no habían cobrado un centavo de este apoyo. Para esta lista 35 se aplicaron 43 millones 700 mil pesos.
Tenemos pendientes e impostergables pagos de apoyo social a 172 mil 174 ex braceros según el Fideicomiso 2106, inscritos en la segunda convocatoria 2008- 2009 del programa, quienes sólo recibieron 4 mil pesos de anticipo de un total de 38 mil pesos que falta por entregar, así como a los compatriotas radicados en Estados Unidos de América, que se registraron en nuestros consulados de ese país, quienes hasta el momento no han sido beneficiados por el apoyo social al cual tienen derecho. Se les debe pagar los 38 mil pesos en una sola exhibición.
Cabe resaltar, diputadas y diputados, que, dadas las reformas hechas a la Ley que crea el Fideicomiso que administrará los Fondos de los ex Trabajadores Mexicanos Braceros, publicadas el reciente 10 de septiembre de 2010, aumentarían las necesidades económicas de presupuesto, debido a que en el Decreto de reforma amplia más beneficiarios por el requisito probatorio de Mención Honorífica y el derechos de las concubinas, y legítimos herederos.
Es por eso que los que promovemos este punto de acuerdo, y con conocimiento de causa, exponemos con datos las necesidades reales del programa; les pedimos hagan conciencia y apoyen este punto de acuerdo.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
De obvia y urgente resolución
Ùnico. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y al pleno de esta soberanía que consideren y aprueben en el decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, la cantidad de 5 mil 300 millones de pesos para el Fondo de Apoyo Social de los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964, en los términos del decreto que reforma a la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de septiembre de 2010, específicamente en el artículo quinto transitorio del citado decreto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.
Diputados: María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Francisco Lugo Oñate (rúbrica), David Hernández Vallín (rúbrica), José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), María Isabel Merlo Talavera (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldúa, José María Torres Robledo (rúbrica), Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), María Guadalupe García Almanza (rúbrica), Reyes Tamez Guerra (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables a autorizar la realización del foro y la conferencia Ven, siente y mira, ¿para quién legislas?, en el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Nely Edith Miranda Herrera, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados federales Nely Edith Miranda Herrera, María Isabel Pérez Santos, Adela Robles Morales y Juan Nicolás Callejas Arroyo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables a autorizar la realización del foro y conferencia Ven, siente y mira para quién legislas, en el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Cifras del duodécimo Censo General de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indican que en el año 2000, 1 millón 795 mil personas en nuestro país tenían algún tipo de discapacidad, esto representaba 1.8 por ciento de la población total.
La persona con discapacidad es aquella que presenta alguna limitación física o mental, que puede ser de manera permanente o por más de seis meses, esto le impide desarrollar las actividades normales para un ser humano.
Algunos de los tipos de discapacidad más conocidos son: motriz, que se refiere a la pérdida o dificultad para moverse o caminar; visual, incluye la pérdida de vista parcial o total, en uno o ambos ojos; mental, comprende limitaciones en el aprendizaje, en la capacidad para conducirse en la vida diaria, así como alteraciones de la conciencia del individuo; auditiva, hace mención a la pérdida o limitaciones para escuchar; de lenguaje, aquellos problemas relacionados con el habla.
Según el Inegi, las causas de la discapacidad pueden ser por nacimiento, enfermedad, accidente o edad avanzada; en este sentido, se indica que de cada 100 personas discapacitadas, 32 sufrieron alguna enfermedad, 23 han sido afectados por edad avanzada, 19 adquirieron la discapacidad por herencia, durante el embarazo o al nacer, 18 quedaron lesionados por algún accidente, y 8 más la adquirieron por otras causas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), estimó que durante los noventas, el 10 por ciento de la población mundial tenía alguna discapacidad, esto, dependiendo de las variaciones de cada de país; acontecimientos sociales, desastres naturales, epidemias, guerras, entre otras.
Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 3 de diciembre de cada año se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que tiene por objeto ayudar a entender las cuestiones relacionadas con la discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad y los beneficios de la integración de estas personas en todos los aspectos de la vida.
Durante este importante día, tendremos la oportunidad de promover actividades encaminadas a lograr el objetivo del disfrute pleno e igualitario de los derechos humanos, acatando las recomendaciones del Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1982. Esto es, impulsar y ejecutar, mediante la participación de entidades gubernamentales y sector privado, esfuerzos encaminados a la inclusión en la vida pública de las personas con discapacidad.
Organizando, para tal efecto, foros, debates públicos y campañas de información en apoyo a esta celebración. Habremos también de reconocer públicamente, todas las aportaciones de las personas con discapacidad, desarrolladas en cualquier ámbito, desde una perspectiva de equidad e igualdad de los derechos fundamentales del ser humano.
Esperamos que el contenido del foro, constituya un verdadero instrumento de participación, que contribuya para cumplir con los objetivos propuestos. Si con ello iniciamos un proceso de cambio interior, que se refleje positivamente en lo externo, nos daremos por satisfechos; en la obra de Rosa Montero, del libro Corazón de Tártaro dice: “Si no eres capaz de ver a los demás, tampoco puedes verte a ti mismo. Porque los demás, los que te rodean, la vida y los compromisos que te tocan son los límites que te hacen ser quien eres”.
En este contexto pretendemos que con la realización de esta actividad, podamos alcanzar el puntual objetivo de fortalecer la legislación vigente en la materia, permitiendo una mejor calidad de vida para las personas que viven con discapacidad. Asimismo, invitamos a nuestros compañeros y compañeras diputadas, a que durante la jornada del foro, vivan la experiencia de la discapacidad.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Único. Se exhorta a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables a autorizar la realización del foro y conferencia Ven, siente y mira para quién legislas, en el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, suscrita por las diputadas Nely Edith Miranda Herrera, María Isabel Pérez Santos, Adela Robles Morales y el diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por efectuarse el próximo 1 de diciembre de 2010.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2010.
Diputados: Juan Nicolás Callejas Arroyo, Nely Edith Miranda Herrera (rúbrica), María Isabel Pérez Santos, Adela Robles Morales (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de los comisionados de la Cofetel para que expliquen el proceso deliberativo por el que se otorgaron las concesiones sobre las frecuencias del espectro radioeléctrico, conocida como “licitación 21”, a cargo del diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, diputado a la XLI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, para que sea considerado como de urgente resolución atendiendo a las siguientes
Consideraciones
Que la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos del espacio radioeléctrico por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo federal.
Que a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde formular los programas para el desarrollo de las comunicaciones del país.
Que las bandas de frecuencias son porciones del espectro radioeléctrico que contienen un conjunto de frecuencias determinadas. El espectro para usos determinados se refiere a aquellas bandas de frecuencias otorgadas mediante concesión y que pueden ser utilizadas para los servicios que autorice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Que la presente administración se dio a la tarea de instrumentar una serie de medidas para promover la explotación de las distintas bandas de frecuencia, de las cuales destacan las siguientes que forman parte del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes:
“Llevar a cabo procesos de licitación de bandas de frecuencias para el óptimo aprovechamiento del espectro radioeléctrico disponible, así como fomentar un uso adecuado y eficiente del espectro radioeléctrico asignado para generar alternativas de servicios de calidad con una estructura de precios accesibles”.
“Otorgar nuevas concesiones de bandas del espectro radioeléctrico para ofrecer servicios de voz, datos y video”.
Que para tal fin se determinó llevar a cabo la licitación de la banda 1710-1770/2110-2170 MHz, la cual ha sido identificada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones para prestar servicios móviles de tercera generación y tiene el potencial de ofrecer servicios de banda ancha.
Que sin fundamento ni motivación alguna, en las bases de la Licitación 21 se excluyeron de los límites de acumulación de espectro a las bandas de frecuencias concesionadas en la banda de 3.4 GHz; no obstante que los usos de acceso inalámbrico fijo o móvil que tienen autorizados las bandas de 3.4 GHz son los mismos que tienen autorizados los títulos de concesión de bandas de 1,900 MHz, que sí se incluyeron en las bases de la Licitación 21 para fijar límites en la acumulación de espectro.
Que empresas del mismo grupo económico al que pertenecen Comunicaciones Nextel de México, SA de CV e Inversiones Nextel de México, SA de CV tienen concesiones de espectro para la banda de 3.4 GHz en las nueve regiones del país que no fue considerado para los límites de acumulación de espectro en la Licitación 21, a diferencia del espectro concesionado a sus competidores en la banda de 1,900 MHz, a pesar de que los servicios de acceso inalámbrico fijo o móvil son los mismos para ambas bandas.
Que con motivo de los infundados e inmotivados límites de acumulación máxima de espectro establecidos para la Licitación 21, el único participante que pudo presentar propuestas económicas válidas para los concursos con claves 1 AWS AB1 y 29 AWS EF fue el consorcio integrado por Comunicaciones Nextel de México, SA de CV, Inversiones Nextel de México, SA de CV y Televisa, SA de CV.
Que en virtud de que sólo el consorcio integrado por Comunicaciones Nextel de México, SA de CV, Inversiones Nextel de México, SA de CV y Televisa, SA de CV pudo participar en los concursos antes referidos, sucedió lo siguiente:
• El concurso con clave 1 AWS AB1 fue declarado desierto.
• En el concurso con clave 29 AWS EF sólo el consorcio integrado por Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V., Inversiones Nextel de México, S.A. de C.V. y Televisa, S.A. de C.V. presentó una propuesta económica mínima posible, que resultó suficiente para ganar ese concurso, como consecuencia de la falta de competencia.
• Que en el resto de los concursos de la Licitación 21 pudieron presentar propuestas todos los participantes, por lo que se presentaron ofertas económicas diversas y las últimas posturas resultaron ser varias veces superiores a la postura mínima que se estableció como parte de las bases de licitación.
Que no respetaron los plazos para la emisión de la convocatoria de la Licitación 21, que estaban claramente establecidos en el “Programa sobre bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para usos determinados que podrán ser materia de licitación pública”, dado a conocer el 31 de marzo de dos mil ocho, conocido también como el segundo programa.
Que dicho programa establecía que deberían publicarse las bases para la Licitación 21, cuyo objetivo era el otorgamiento de concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico en los segmentos de 1710-1770/2110- 2170, 180 días naturales después de publicado el segundo programa, es decir, a más tardar el veintinueve de septiembre de dos mil ocho.
La convocatoria fue dada a conocer el veintitrés de noviembre de dos mil nueve, fuera del plazo establecido.
Que a pesar de que están vigentes procesos legales que impugnan el proceso de la Licitación 21, cuyos resolutivos ordenaban suspender la emisión del fallo de la Licitación 21 antes de que éste se emitiera, los consejeros hicieron caso omiso y emitieron dicho fallo, lo que constituye un desacato a un mandamiento judicial.
Que la decisión para determinar a los ganadores de la Licitación 21 en sus distintos segmentos fue tomada con el voto de dos consejeros, de los cinco que conforman el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, donde dos votaron a favor, uno en contra y uno más se abstuvo, hecho que no configura la mayoría de votos como lo señala el artículo 9-B de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Que la Ley Federal de Telecomunicaciones en su artículo 9-B señala que el pleno de la comisión se compone de cinco comisionados, incluyendo al presidente, por lo que para que haya una resolución de mayoría deben votar al menos tres comisionados en un mismo sentido.
Asimismo el propio artículo señala que para que se pueda sesionar deben estar presentes como mínimo tres consejeros.
Que conforme a lo expuesto en los considerandos del punto de acuerdo que someto a su consideración, no queda ninguna duda de que debe revisarse con todo detalle el proceso que se llevó a cabo en la llamada Licitación 21, sobre todo a la luz de que hay sospechas fundadas de que no se respetó la legalidad y se vulneró el estado de derecho.
Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Único. La Cámara de Diputados acuerda citar a comparecer a los comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que expliquen de manera pormenorizada el proceso deliberativo por el que se otorgaron las concesiones para la explotación de las frecuencias del espectro radioeléctrico en los segmentos 1710-1770/2110-2170, conocida también como la Licitación 21.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2010.
Diputado Mario di Costanzo Armenta (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a someter a consideración de la Cámara de Senadores el retiro de la declaración interpretativa hecha del párrafo primero del artículo 4o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al proceder al depósito del instrumento de adhesión el 24 de marzo de 1981, a cargo del diputado Gregorio Hurtado Leija, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Gregorio Hurtado Leija, diputado federal en la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La vida es un derecho humano, natural y fundamental reconocido por todos los Estados democráticos, reconocido también a través de diferentes instrumentos internacionales; lo cierto es que, paradójicamente, no obstante que durante las últimas décadas a partir de la Segunda Guerra Mundial se ha desarrollado una mayor sensibilidad por lo que respecta al reconocimiento y a la protección de los derechos humanos, se han relativizado los contenidos de algunos derechos humanos fundamentales, de algunos derechos naturales, como es el derecho a la vida.
Los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos. La vida es el primer derecho de todo ser humano, requiriendo mínimos que aseguren que este derecho no se transforme en un cotidiano esfuerzo por la simple supervivencia.
El 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José de Costa Rica, un grupo de Estados signatarios de América, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Republica Dominicana, Uruguay y Venezuela, entre otros, preocupados por los derechos esenciales del hombre, tuvieron como objetivo fundamental los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos. Razón por la cual se dieron cita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos y que entró en vigor el 18 de julio de 1978.
El 18 de diciembre de 1980 se aprobó en el Senado de la Republica la adhesión de México a dicha convención, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981, la cual entra en vigor en nuestro país el 24 de marzo de 1981. La adhesión se recibió en la Secretaría General de la OEA el 24 de marzo de 1981, con dos declaraciones interpretativas y una reserva. Tal reserva se notificó conforme a las disposiciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969.
Dentro de los 82 artículos que componen este Pacto de San José se encuentra el artículo 4 que dice: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.” En este artículo, México hace una declaración interpretativa la cual dice textual:
Declaración interpretativa
Respecto al párrafo 1 del artículo 4, considera que la expresión “en general”, usada en el citado párrafo, no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida “a partir del momento de la concepción”, ya que esta materia pertenece al dominio reservado de los Estados.
Si bien a cada Estado le compete sus asuntos internos como su Constitución, sus leyes o su forma de interpretar los asuntos, es claro que actualmente las condiciones en que se perciben los derechos humanos y la concepción de la vida son distintos, por tal motivo consideramos que tal declaración esta fuera de una percepción actual.
Aunado a ello, encontramos que en 17 estados de la República Mexicana –como Morelos, con fecha 12 de noviembre de 2008, modificó su artículo 2: “En el estado de Morelos se reconoce que todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la concepción, y asegura a todos sus habitantes el goce de las garantías individuales y sociales contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”– han modificado sus Constituciones locales para proteger el derecho a la vida desde el momento de su concepción hasta la muerte natural. Jalisco, con fecha 25 marzo de 2009, modificó su artículo 4: “Esta Constitución tutela y garantiza el derecho subjetivo público del individuo a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural de las personas que se encuentran en territorio del estado de Jalisco, y los demás que enuncia la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Durango, con fecha 6 de abril de 2009, modificó su artículo 1: “El estado de Durango reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de su fecundación entra bajo la protección de la ley, y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte, salvo las excepciones que establezca la ley”. Campeche, con fecha 22 de abril de 2009, modificó su artículo 6: “Toda persona tiene derecho a que se le respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley desde el momento de la fecundación o concepción hasta su muerte natural, con las salvedades ya previstas en la legislación ordinaria”. Y otros mas como Chihuahua, Sonora, Baja California, Colima, Puebla, Nayarit, Veracruz, Quintana Roo , Querétaro, Guanajuato, Yucatán, San Luis Potosí y Oaxaca también ya hicieron las modificaciones constitucionales respectivas.
Por lo expuesto, pongo a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que a través de la secretaría de Estado correspondiente someta a consideración de la Cámara de Senadores el retiro de la declaración interpretativa que el gobierno de México formuló al párrafo primero del artículo 4o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al proceder al depósito de su instrumento de adhesión el 24 de marzo de 1981.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.
Diputado Gregorio Hurtado Leija (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la SCT y de la Cofetel para que expliquen los criterios jurídico-económicos con que se proyectará la nueva licitación del espectro de 700 megahercios, destinada a los servicios de banda ancha móvil, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI
La diputada, Sofía Castro Ríos, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó el decreto que establece acciones para agilizar la transición a la televisión digital terrestre, y que permitirá concluir las transmisiones analógicas entre 2011 y 2015.
El documento en cita, señala que entre las acciones que se llevarán a cabo dentro de la administración pública federal, APF, la Comisión Federal de Telecomunicaciones liberará la banda de 700 megahertz para el año 2012, a fin de permitir la prestación de otros servicios de telecomunicaciones.
La COFETEL deberá conducir los procesos de licitación del espectro radioeléctrico disponible en la banda de 700 megahertz (698-806) megahertz. Conforme los plazos establecidos en el documento, se creará con carácter de transitoria, la Comisión Intersecretarial para la Transición Digital, que coordinará las acciones necesarias para concretar el proceso.
Asimismo, considerando que el decreto establece que el espectro que es posible liberar por la digitalización de los servicios de televisión se conoce como: dividendo digital. Es posible liberar 108 megahertz. De la porción destinada a los canales de televisión 52 al 69 y que comprende las bandas 698 a 806 megahertz, lo que se identifica como la banda de 700 megahertz.
El antecedente más próximo a la expedición de este decreto deriva del informe del 22 de abril del 2009 del Comité consultivo de Tecnologías Digitales para la Radiodifusión, el cual señala que la penetración de este servicio en la población no ha sido la esperada a pesar de haberse superado el número previsto de estaciones de televisión digital terrestre, (TDT) en operación, y debido a que sus señales aun no son captadas por la mayoría del público y que los receptores digitales son adquiridos para fines diferentes a los de la TDT.
Se estima que para que México se encuentre alineado a la tendencia y se favorezca el crecimiento de los servicios de telecomunicaciones móviles, es necesario contar en el año 2010 con 760 megahertz y en el año 2015 con 1 300 megahertz, para este tipo de servicios, para lo cual es conveniente analizar el “apagón analógico”.
Una de las acciones a cargo de al APF es la de “liberar la banda de 760 megahertz para el año 2012 y así posibilitar la prestación de otros servicios de telecomunicaciones...”
Para el cumplimiento del objeto, se establecen atribuciones a cargo de la Cofetel entre las cuales esta: conducir los procesos de licitación del espectro disponible en la banda de 700 megahertz para la prestación de otros servicios de telecomunicaciones independientemente de la liberación de la banda a cargo de la APF.
La importancia de las telecomunicaciones es inmensa, hay quienes están convencidos de que es el nuevo “oro negro”. El desarrollo de esta industria estratégica debe ser prioritaria para el desarrollo de cualquier país, y mucho más, si se encuentra en economía emergente. Sin embargo, es necesario que el proceso de licitación para la explotación de cualquier bien de la nación se lleve a cabo apegado a la ley; y a través de procesos transparentes que conlleven beneficios a la sociedad, no solo a través del uso de los mismos mediante la contratación de servicios de telefonía o el uso de la televisión, sino que represente un beneficio que tenga repercusiones en las finanzas del país.
Recientemente se ha anunciado por parte del gobierno federal, que se llevará a cabo el proceso licitatorio de la banda de 700 megahertz. Con ella se busca adelantar la transición al mundo digital en las telecomunicaciones; se llevará a cabo el “apagón analógico”.
Más allá del programa de subsidios que otorgará el gobierno federal a las familias para la adquisición de aparatos televisivos digitales, y lo cuestionado del momento político en que se anuncia dicha acción, es necesario que se lleven a cabo acciones que prevengan que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes así como la Comisión Federal de Telecomunicaciones actúen, de nueva cuenta, de forma arbitraria e ilegal beneficiando a quien consideren que apoya al régimen en el poder.
Se requiere que esta soberanía actúe con responsabilidad y de manera oportuna para conocer por parte de las dependencias encargadas del proceso licitatorio, los criterios que utilizarán para el otorgamiento de la concesión respectiva. Con ello buscaremos evitar también que se lleve a cabo un traje a la medida a favor de un grupo específico pero en detrimento del patrimonio de la nación y de las finanzas públicas.
Recordemos que el espectro de 700 megahertz no solo será utilizado para la digitalización de las telecomunicaciones, en específico, las de video, sino que permitirá llevar a cabo la convergencia digital y con ello acelerar las telecomunicaciones, repercutiendo, por ejemplo en el servicio de banda ancha móvil.
Es imprescindible que como órgano de control constitucional, esta soberanía conozca las verdaderas intenciones con que actúa el gobierno Federal, por ello y a fin de evitar un nuevo perjuicio patrimonial al Estado y violaciones a nuestro máximo ordenamiento es imprescindible conocer los criterios legales y procesales a fin de dar seguimiento puntual a dicho proceso licitatorio.
Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados, para que cite al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, (SCT) maestro Juan Francisco Molinar Horcasitas y al titular de la Comisión Federal de Comunicaciones (Cofetel) Mony de Swan, a fin de que comparezcan ante esta soberanía para que expliquen los criterios jurídico – económicos bajo los cuales proyectará la nueva licitación del espectro de 700 megahertz, la cual se destinará a los servicios de banda ancha movil.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 14 de octubre de 2010.
Diputada Sofía Castro Ríos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los grupos parlamentarios de esta soberanía a apoyar la propuesta de cancelación de la Alianza por la Calidad Educativa, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Ramón Jiménez López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
Derivado de los acuerdos generados en el foro Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura, realizado el 6 y el 7 de septiembre del año en curso en el auditorio Aurora Jiménez de Palacios de honorable Cámara de Diputados, en donde se contó con la participación de docentes de los siguientes estados de la República Mexicana:
– Morelos
– Puebla
– Oaxaca
– San Luis Potosí
– Querétaro
– Tlaxcala
– Jalisco
– Michoacán
Y profesores con experiencia en el ámbito académico fueron los encargados de realizar el foro mencionado, con 15 ponencias y llegando al acuerdo de pronunciarse en favor del Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura, y proclamarse por la anulación de la Alianza por la Calidad de la Educación, por lo que se expone lo siguiente:
La acción política del Estado neoliberal desde el acto educativo, las reformas, la legislación y la reestructuración del sistema educativo nacional, responde a los intereses de la oligarquía. La política educativa utilizada por el gobierno neoliberal tiene la intención de reproducir el sistema de dominación, formando una ciudadanía cada vez menos preparada, individualista, consumista, conformista, con un sistema de enseñanza instrumentista, conductista, memorístico y mecanizado con lo que se fragmenta el conocimiento.
La sociedad se debate en medio de conceptos que soportan el discurso y el proyecto neoliberal, en lo económico-laboral y educativo. Ocultos en los discursos, aparecen lapidarios conceptos como “competencias laborales básicas”, “reformas a la educación secundaria”, “reforma integral en la educación básica”, “certificación”, “calidad”, “corresponsabilidad”, “intervención educativa”, “tutores”, “facilitadores”, “liderazgo”, “adiestramiento”, “flexibilidad y polivalencia”, “tolerancia”, “rendición de cuentas”, “transparencia” y “habilidades digitales”; estos conceptos forman parte del discurso oficial para justificación ideológica de una política que destruye el sistema público de educación y en la práctica se tienen los siguientes datos:
• Más de 41 millones de mexicanos no han completado su enseñanza básica.
• El analfabetismo se ha mantenido en 10 por ciento del total de la población.
• 1 millón 200 mil niños, entre 6 y 14 años, no asisten a la escuela.
• Más de 5.5 millones de jóvenes, entre 13 y 17 años, están fuera del sistema educativo.
• 3 millones de infantes, entre 3 y 4 años, no reciben educación preescolar.
Los datos anteriores son una muestra del atraso en el que se encuentra el sistema educativo público en todos los niveles.
En el contexto actual denominado lógica neoliberal, donde se mercantilizan las condiciones humanas incluidas la educación y se desvaloriza el ser docente por la aplicación de una educación basada en competencias utilitarias, cuya estrechez reduce la formación humana. En este momento, la ofensiva de la Alianza por la Calidad de la Educación, bajo el esquema de reducción y fusión de grupos mediante la mutilación de turnos, la no contratación de interinos limitado e ilimitados y la imposición de los consejos de participación social que se encargaran del financiamiento, la planeación y auditoría del maestro y su labor pedagógica en coordinación con las evaluadoras privadas; en este camino se consolida la destrucción de la educación pública y los derechos de los trabajadores de la educación.
La llamada Alianza por la Calidad de la Educación, firmada el 15 de mayo del 2008, pretende consumar las políticas educativas pendientes del plan neoliberal, comprometiendo seriamente el carácter público gratuito, científico e integral de la educación y rompe el carácter colectivo y bilateral de la relación laboral. Además la Alianza por la Calidad de la Educación, violatoria de los artículos 1o., 2o., 3o., 5o. y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desconoce a fondo los numerales 26, 39, 45, 46, 48, 50 y 51 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Afectando directamente los artículos 3o. y 4o., y el primer párrafo del artículo 159 de la Ley Federal del Trabajo.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Primero. Se exhorta de manera respetuosa a todos los grupos parlamentarios de esta honorable Cámara de Diputados a pronunciarse por la cancelación de la Alianza por la Calidad de la Educación, con relación a las escuelas públicas y darle continuidad a la construcción del Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura, en bien de la educación del país.
Segundo. Asimismo se exhorta de manera respetuosa a todos los grupos parlamentarios de esta honorable Cámara de Diputados a pronunciarse por el pleno respeto a los derechos de los trabajadores de la educación, sacrificados actualmente por los intereses de la oligarquía nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2010.
Diputado Ramón Jiménez López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la Conagua a ampliar hasta por seis meses el periodo de registro de pozos agropecuarios, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado federal Enrique Torres Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones habilite los Centros Integrales de Servicios a su cargo y otorgue una prorroga hasta por seis meses para el registro de extracción de aguas para uso agrícola conforme a las siguientes
Consideraciones
Al hablar sobre recursos natrales esenciales como lo es el agua, es necesario mencionar que nuestra Constitución Mexicana señala con claridad en su artículo 27 que las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional son propiedad de la nación, del mismo modo en su párrafo quinto se enlistan las aguas que deben entenderse como aguas nacionales (mares territoriales, lagunas, lagos, ríos y sus afluentes, etcétera). Como se advierte, este artículo prevé que, exceptuando algunos casos, el Estado es el propietario original de las aguas nacionales y que ostenta la facultad que tiene para transferir el dominio sobre este bien público a los particulares, constituyendo así la propiedad privada.
Asimismo, el párrafo sexto del mismo artículo establece que el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por particulares o sociedades constituidas legalmente, sólo podrá realizarse a cabo mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo federal.
La Constitución también señala el derecho del Estado para imponer las modalidades a la propiedad privada que dicte el interés público (párrafo tercero) y de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.
No menos importantes son las menciones que sobre este preciado recurso hace nuestra constitución en sus artículos 73, 115 y 122, los cuales establecen las facultades legislativas del Congreso de la Unión en materia de aguas, las facultades de los municipios en materia de aguas y las facultades de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en materia de agua, respectivamente.
Sin embargo, existen otros ordenamientos como lo es la Ley de Aguas Nacionales, las que reafirman el principio de que el uso de las aguas, se realizaría mediante concesión que otorgara el Ejecutivo federal a través de la Comisión Nacional del Agua, quien es la autoridad facultada para administrar y custodiar las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, así como preservar y controlar su calidad, en los términos que establece la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento y que cuenta entre sus principales atribuciones las siguientes:
• Regular el uso, distribución, control y preservación de calidad de las aguas nacionales, para lograr el desarrollo sustentable del agua.
• Administrar tanto en cantidad y calidad el agua, considerando tanto las superficiales como las subterráneas.
• Tomar como referencia a la cuenca hidrográfica para la planeación y manejo del aprovechamiento del agua.
• A través de Consejos de Cuenca, propiciar una mayor participación de los usuarios en el aprovechamiento y administración del agua.
• Mediante el Registro Público de Derechos de Agua, establecer y regular el mercado del agua a través de las transmisiones de concesiones. En concesiones otorgadas, donde se establecen los derechos y las obligaciones que tienen los usuarios relacionados con el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, así como para verter aguas residuales a cauces, ríos, lagos o el mar, requiriendo de permiso donde se señalan valores máximos permisibles de sustancias contaminantes que puede contener la descarga.
La Ley de Aguas Nacionales, para el adecuado manejo del recurso, está integrada por instrumentos:
• Regulatorios. Define derechos y obligaciones de los usuarios para el uso y descarga de agua, establece plazos y términos para el cumplimiento de la ley, y las sanciones y medios de defensa del usuario. El gobierno federal puede reservar los volúmenes del agua requeridos para garantizar el interés público.
• Económicos. Establece la obligación del pago de derechos por el uso del agua o por la prestación de servicios a cargo de la Conagua y que los derechos de uso del agua puedan comercializarse a través de un mercado regulador.
• Participativos. Considera la participación de la sociedad a través de los consejos de cuenca, instancias de coordinación entre los usuarios, autoridades federales, estatales y municipales, a fin de aprovechar el agua en las condiciones que defina la sociedad.
Por lo que será en los términos que establece la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento como se regule la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, por parte de personas físicas o morales, mediante concesiones.
Sobre estas concesiones habría que destacar, que en los últimos años, la solicitud de trámites para la gestión del recurso hídrico en México ha incrementado considerablemente.
En 2004, la Conagua recibió 25 mil trámites, mientras que en 2006 esta cifra ascendió a 34 mil. Para finales del 2008, se hablaba de 54 mil y a la fecha se estiman más de 76 mil trámites, esto significa un crecimiento del 300 por ciento respecto a lo observado durante 2004. 1
De acuerdo con estas cifras, se espera que esta tendencia creciente en la demanda de trámites continúe en los próximos años. Ante esta situación, el gobierno federal ha desarrollado el Programa Especial para la Mejora de la Gestión 2008-2012, que promueve una transformación en la administración pública con orientación a resultados.
La Comisión Nacional del Agua participa activamente en la ejecución de dicho programa para reducir tiempos de respuesta, atender y resolver trámites en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, proporcionar transparencia y certeza jurídica a los usuarios, optimizar los recursos humanos y materiales; y mejorar el servicio de calidad a la ciudadanía a través de la implantación de 34 Centros Integrales de Servicios, 2 donde destaca su función para promover el cuidado de los títulos de concesión, para estar en posibilidades de ejercer sus derechos, cumplir con sus obligaciones y apegarse a programas de apoyo de la Conagua, así como facilitar al ciudadano sus trámites en materia de aguas nacionales y bienes públicos inherentes, con una mejor atención y de forma eficaz.
Además en gobierno federal, a través del Registro Público de Derechos de Agua, ha invertido en la implantación de la inscripción en tiempo real de los títulos de concesión de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes en el Registro Público de Derechos de Agua, con el propósito de dar una pronta respuesta y optimizar recursos humanos, materiales y financieros.
Esta acción le ha brindado a los concesionarios desde hace algunos años mayor seguridad jurídica al obtener el derecho a usar, explotar o aprovechar aguas nacionales; el usuario podrá acreditar ante otras autoridades su derecho y obtener beneficios de programas gubernamentales de otras instituciones de la administración pública, como tarifa eléctrica preferencial ante la Comisión Federal de Electricidad, así como, adquirir beneficios del Programa de Apoyos Directos al Campo, subsidiado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Sin embargo, aún no se ha logrado la respuesta esperada por los usuarios del servicios de agua y en especial aquellos que utilizan el agua para uso agrícola, en donde se destina en acciones involucradas en la producción y procesamiento de los productos de origen agropecuario, orientadas a asegurar la inocuidad de los productos, la protección del medio ambiente y las condiciones laborales del personal que trabaja en dicho sector.
Es por ello que considero de gran interés que la Conagua continúe impulsando la promoción de estas prácticas agrícolas, por cuanto conforman un aporte al bien público y posibilitan mejores niveles de competitividad para la agricultura, además de que ayudan a la promoción y mantención de la confianza de los productos del país.
Sabemos bien que la Conagua a través de decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación 3 han otorgado por lo menos dos prorrogas para facilitar administrativamente a los usuarios de aguas nacionales que cuenten con títulos de concesión o asignación vencidos o que no solicitaron su prórroga en tiempo, que representaron la última oportunidad para aquellos usuarios de aguas nacionales cuyo título de concesión para usar el agua que necesitan venció entre 2004 y abril de 2010.
Sin embargo, considero necesario y de vital importancia no darle la espalda al campo en estos tiempos de crisis, y mucho menos a los productores y familias que viven de él y cuyos productos benefician a diversos sectores de nuestro país, por lo que propongo ante esta soberanía el exhortar al titular de la Conagua a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones habilite los Centros Integrales de Servicios a su cargo y otorgue una prorroga hasta por seis meses para el registro de extracción de aguas para uso agrícola.
Es por lo expuesto que someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones habilite los Centros Integrales de Servicios a su cargo y otorgue una prorroga hasta por seis meses para el registro de extracción de aguas para uso agrícola, a efecto de que este sector actualice sus concesiones y reciba mayor seguridad jurídica al obtener el derecho a usar, explotar o aprovechar las aguas nacionales.
Notas
1 http://www.conagua.gob.mx/Conagua07/Noticias/02DIC08.pdf
2 Centro Integral de Servicios es un nuevo modelo de la Comisión Nacional del Agua que garantiza una atención amable, honesta, eficiente y transparente a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, así como al público en general.
3 El 27 de febrero de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se otorgan facilidades administrativas a los usuarios de aguas nacionales que cuenten con títulos de concesión o asignación vencidos o que no hayan solicitado prórroga en tiempo
Dado en el Palacio Legislativo de honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 20 de octubre de 2010.
Diputado Enrique Torres Delgado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía a crear y apoyar con recursos un nuevo programa presupuestal dedicado a prevenir la deserción en la educación media superior, a cargo del diputado Francisco Javier Landero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado José Francisco Javier Landero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con los siguientes
Considerandos
La educación media superior actualmente no alcanza a cubrir la totalidad de los jóvenes en edad de cursarla, de acuerdo a datos del cuarto Informe de Gobierno, la cobertura alcanza al 64.4 por ciento, se atiende a más de 4 millones de jóvenes. El índice de deserción alcanza el 15.6 por ciento anual.
La falta de cobertura educativa en el nivel medio superior origina que cada año miles de jóvenes queden sin oportunidad de estudiar. De acuerdo a estimaciones propias, tan sólo para el ciclo escolar 2009-2010, 2.4 millones quedaron fuera del sistema escolarizado. A esto se suman los cerca de 615 mil jóvenes que en promedio habrían desertado al final del ciclo escolar.
Hoy se habla mucho de los jóvenes “ninis” Existen 7 millones de jóvenes que no estudian, ni trabajan 1 . Jóvenes llamados “ninis” que no están en los registros formales. Entonces, ¿dónde se encuentran? Algunos de estos jóvenes son migrantes (2 millones 2 ), otros cuentan con trabajos no registrados (un millón 3 ), otros están en los reclusorios, (119 mil 4 ), y el resto, 4 millones, totalmente expuestos a las redes del crimen organizado.
Sean el número que sean, de ello no tenemos un registro confiable, no es admisible que esto siga ocurriendo y debe ponérsele un remedio.
Es mejor evitar que más jóvenes se unan al grupo de los que no están en la escuela, ni trabajan, buscando para ello retenerlos en las escuelas preparatorias, tecnológicos, Colegios de Bachilleres, planteles de Conalep, etcétera.
Es posible detectar a tiempo a los alumnos que son candidatos a desertar, son los que empiezan a faltar, bajan sus calificaciones, o presentan problemas de conducta en el aula o en la escuela. Se puede poner en marcha un programa que haga esta detección e intervenga adecuadamente para proporcionarles el apoyo que requieren y así evitar la deserción. Se podría comenzar este programa dejando su diseño e implantación a la Subsecretaría de Educación Media Superior, dotándolo con recursos hasta por 100 millones de pesos inicialmente, los cuales pueden provenir de las partidas presupuestales que no se hayan ejercido oportunamente y haya vencido el término para hacerlo.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a crear el programa presupuestal destinado a prevenir y evitar la deserción de los alumnos de la educación media superior que se denominará “Programa para la retención de alumnos en situación potencial de deserción” dotándolo de un presupuesto inicial de 100 millones de pesos.
Notas
1 Estimaciones al 2010 del Conapo y Encuesta Nacional de Juventud 2005.
2 Inegi, conteo 2005.
3 Estimaciones al 2010 del Conapo y Encuesta Nacional de Juventud 2005.
4 SEP-SSP. Sistema penitenciario mexicano, 2008. Conferencia del Episcopado Mexicano, Estudio sobre el sistema penitenciario, 2009.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2010.
Diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a intensificar por la Secretaría de Salud las campañas de detección oportuna de cáncer de mama, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que, a través de las autoridades correspondientes de la Secretaría de Salud, intensifique las campañas de detección oportuna del cáncer de mama.
Exposición de Motivos
El día de hoy se conmemora el “Día Mundial contra el Cáncer de Mama”, con el objetivo de sensibilizar a la población acerca de la importancia que esta enfermedad tiene en el mundo industrializado y concientizar sobre la necesidad de la prevención; es un día en el que se insiste en que un diagnóstico a tiempo, es la mejor solución para quien padece este mal.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada 30 segundos, en algún lugar del mundo, se diagnostica un caso de cáncer de mama. Según esta organización, el cáncer de mama ocupa el primer lugar entre los cinco tipos de cánceres más comunes que causan la muerte a mujeres en el mundo (el segundo es el cáncer cervicouterino).
En México, el Consejo Nacional de Población (Conapo) aceptó que el cáncer de mama y cérvico-uterino son las principales causas de muerte de las mujeres mexicanas en la actualidad. Datos estimados por la Secretaría de Salud en 2008, señalan 8 mil 072 casos por cáncer de mama en el país.
De acuerdo con el Sistema de Información Estadística del Instituto Nacional de las Mujeres, la tasa de mortalidad por cáncer de mama se incrementó durante el periodo 2002-2007 de 14.9 defunciones por cada 100 mil mujeres de 25 años y más, a 16.4 defunciones.
Por grupos de edad, las mujeres entre 60 y 64 años presentaron la mayor tasa de incidencia 30.2, seguidas por las que están entre 50 y 59 (26.2 por cada 100 mil mujeres mayores de 14 años).
Se estima que aquellas que padecen esta enfermedad pierden 21 años potenciales de vida, debido a que el promedio de edad en que mueren por este mal es de 57 años, mientras que la esperanza de vida de una mujer sana es de 78 años.
El diagnóstico temprano del cáncer de mama permite su curación en 98 por ciento de los casos. Sin embargo, en México el 80 por ciento de los casos de cáncer de mama se diagnostican en una etapa avanzada, lo que provoca cientos de muertes cada año en el país, razón por la que en los últimos años su incidencia ha aumentado de forma considerable.
Así pues, el cáncer de mama, responsable de la muerte de una mexicana cada dos horas, debe ser motivo de conciencia, reflexión, pero sobre todo de acción.
Las mamas son uno de los órganos femeninos que más enorgullecen a las mujeres, son símbolo de femineidad y, si bien, la mayoría se siente muy orgullosa de lucirlos bajo alguna prenda sexy, lo cierto es que pocas mujeres les dedican los cuidados necesarios para prevenir una terrible enfermedad, como el cáncer de mama, cuyo impacto rebasa la salud de la mujer en lo individual, y afecta a la pareja, a la familia, a la sociedad y a todo el sistema de salud.
El riesgo de que este mal se presente aumenta con la edad de las mujeres, pero también se relaciona con factores genéticos y hereditarios, y con ciertos estilos de vida como el sobrepeso, el sedentarismo y el consumo excesivo de alcohol.
El cáncer de mama, a diferencia de otros, es totalmente detectable y puede prevenirse a tiempo si la mujer está bien enterada de sus síntomas y mantiene un programa permanente y sistemático de autoexploración a partir de los 20 años y se realiza una mamografía anual a partir de los 35 años, ya que los tumores muy pequeños no son detectados en una autoexploración, lo que ocasiona que el cáncer no pueda ser atendido y erradicado a tiempo.
Resulta indispensable destacar la importancia de involucrar a todos, incluyendo los hombres, en la detección temprana y en el combate a esta enfermedad. Los sistemas sociales, la familia, los sectores de salud, educación, el económico y por supuesto nosotros, las y los legisladores debemos aplicarnos en la tarea de atenuar el impacto que el cáncer de mama pudiera tener a corto y largo plazo. A la vez debemos enfrentar esta gran tarea con la seguridad de que los avances que se pueden lograr en el combate al cáncer de mama, tendrán beneficios en la lucha para alcanzar mejor salud, un trato más digno y servicios de salud de mayor calidad, sistemas de salud más eficaces y más equidad de género a nivel de la sociedad en su conjunto.
Por lo anteriormente expuesto y en virtud de que la detección oportuna es el arma más poderosa para combatir este terrible mal, es que consideramos necesario que se intensifiquen las campañas de detección temprana del cáncer de mama. Estamos seguros que esta detección se constituirá, sin duda, en una esperanza de vida.
En atención a lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que, a través de las autoridades correspondientes de la Secretaría de Salud, intensifique las campañas de detección oportuna del cáncer de mama.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2010.
Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a modificar las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, a fin de considerar un rubro de desarrollo comunitario con recursos destinados a la construcción de espacios de convivencia y esparcimiento familiares, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Gloria Trinidad Luna Ruiz, diputada en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este pleno, la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México un importante número de personas sufre de privaciones económicas mientras que otras viven en la abundancia, no obstante, y lejos de obviar el tema de la desigualdad interpersonal, es necesario reconocer que esta misma desigualdad también se reproduce a nivel nacional, es decir, existen profundas asimetrías entre las regiones de nuestro país. Así, de acuerdo con el Coneval, Chiapas es el estado que presenta la mayor incidencia de pobreza alimentaria, el 47.0 por ciento de su población se encuentra en tal situación, seguido por los estados de Guerrero con 42.0 por ciento, Oaxaca con 38.1, Tabasco con 28.5 y Veracruz con 28.0. De forma contraria, los estados con menor incidencia de pobreza alimentaria son Baja California con 1.3 por ciento, Nuevo León con 3.6, Baja California Sur con 4.7, Distrito Federal con 5.4 y Coahuila y Chihuahua con 8.6 por ciento.
La situación de marginación y rezago social que presenta más de la mitad de los municipios del país y la contrastante desigualdad que se observa a nivel nacional entre entidades federativas, a nivel estatal entre los diferentes municipios de cada estado, y a nivel municipal entre sus diferentes localidades, determina la imperiosa necesidad de contar con estrategias de desarrollo local y regional, que tengan como objetivo último cerrar las brechas de desigualdad que existen en el país.
En este contexto, para atender esta problemática, el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) 1 constituye una herramienta fundamental de la política social bajo la cual se articulan acciones necesarias para brindar oportunidades de desarrollo a la población que habita en los territorios más marginados. El programa contribuye a mejorar el entorno a través del incremento del capital físico con la creación, rehabilitación y ampliación de la infraestructura social básica y el mejoramiento de las viviendas.
En el año en curso, con este Programa se han aprobado, como parte del mejoramiento de viviendas, proyectos para instalar 29 mil 362 estufas ecológicas en igual número de viviendas, lo que contribuye a aminorar los efectos adversos en la salud de la población que cocina con leña en el interior de sus viviendas y a los esfuerzos interinstitucionales para reducir los efectos de la deforestación y degradación del medio ambiente.
Destaca también la aprobación de 10 mil 458 proyectos para proporcionar servicio sanitario al mismo número de viviendas. Desde enero de 2008 a diciembre de 2009, se ha aprobado la construcción de baños o instalación de letrinas en 32 mil 522 viviendas, de las cuales 76.3 por ciento se ubican en municipios de muy alta y alta marginación.
Además de las acciones de mejoramiento en vivienda, el PDZP realiza acciones para crear o mejorar la infraestructura social básica y de servicios, en las localidades y municipios de muy alta y alta marginación, rezago social o alta concentración de pobreza.
Una de las contribuciones más significativas del programa es la construcción, rehabilitación y equipamiento de los centros comunitarios de aprendizaje (CCA), los cuales son espacios destinados al desarrollo de capacidades y habilidades, mediante el uso de computadoras con acceso a Internet . Entre enero y junio de 2010 se autorizaron 154 proyectos para la construcción, rehabilitación o equipamiento de CCA en los territorios objetivo, lo que representa un avance de aproximadamente 50 por ciento de la meta anual del Programa. En el mismo periodo, fueron aprobados 125 proyectos de construcción, reconstrucción y rehabilitación de infraestructura educativa, y 14 proyectos relacionados con infraestructura de salud.
Pese a estos avances, es necesario que el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias cuente dentro de la vertiente de infraestructura social, con una modalidad de desarrollo comunitario para construir espacios de convivencia y esparcimiento para las familias.
En Acción Nacional, consideramos preciso reconstruir las formas de vida vecinal para recomponer el tejido comunitario, rescatando construyendo y reconstruyendo espacios públicos destinados a ser lugares de encuentro vecinal y centros de actividades cívicas, recreativas, culturales y deportivas. El impulso a la construcción o remodelación de parques, canchas deportivas, espacios de esparcimiento infantil, permitirá restaurar la convivencia sana y segura de las familias vecinas.
Con la inversión de recursos específicos para este Programa, podremos recomponer la vida comunitaria de nuestros barrios y colonias, y a la vez, prevenir el delito y la violencia sociales, y contar con lugares dignos donde los vecinos recuperen la cohesión social y nuestros jóvenes, niños y personas adultas mayores, cuenten con lugares seguros para su esparcimiento y la convivencia, redundando en la calidad de vida de las familias mexicanas.
Por lo expuesto, someto a su consideración, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a modificar las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, a fin de considerar un rubro de desarrollo comunitario que contemple recursos destinados a la construcción de espacios de convivencia y esparcimiento para las familias.
Nota
1 Antes denominado Programa Microrregiones
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los 19 días del mes de octubre de 2010.
Diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a expresar su beneplácito por la aprobación de la Dream Act y la preocupación del Estado mexicano por el veto del gobernador de California a esa ley, a cargo del diputado Gumercindo Castellanos Flores, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal Gumercindo Castellanos Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, con el carácter de urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de que a través de las vías diplomáticas institucionales exprese su beneplácito por la aprobación de la Dream Act, y manifieste la preocupación del Estado mexicano al veto que ha realizado a dicha ley el gobernador de California, con base en las siguientes
Consideraciones
Desde hace varios años, particularmente desde principios de este año, el tema de los migrantes en el extranjero ha dado origen a un sin numero de pronunciamientos por parte de esta soberanía y del Poder Ejecutivo federal, mediante los cuales, dentro del marco de la legalidad y de estricto respeto a la soberanía de los estados, se ha expresado el descontento por las medidas de índole racial y violatorias de los derechos humanos que se han estado implementando en algunos de los estados que integran Estados Unidos de América en contra de los migrantes ilegales que se encuentran en aquel país.
La muestra más reciente es la llamada Ley Arizona SB-1070, en la cual se consideran una serie de disposiciones que pueden fomentar la discriminación y ser violatorias de los derechos humanos de las personas indocumentadas que se encuentran en dicho Estado.
Como se sabe, fue ardua la labor del Congreso mexicano, del Poder Ejecutivo Federal, de autoridades federales de Estados Unidos de América, así como de diversas instituciones de defensa de derechos humanos de los migrantes, para evitar que dicha ley entrara en vigor y, sin embargo, únicamente se logró que se suspendiera la vigencia de algunas disposiciones de la ley.
Ahora, después de un arduo trabajo realizado en California para contar con una legislación que otorgue beneficios a aquellos migrantes indocumentados que llevan un modo honesto de vivir y que dada su condición de vulnerabilidad por ser menores de edad, necesitan de mayor protección por parte de todos los estados, hoy día se ha vetado la entrada en vigor de la llamada Dream Act.
Esta ley permite legalizar a los estudiantes indocumentados que hubieran llegado a Estados Unidos de América antes de los 16 años, quienes recibirían una visa de residencia temporal. Los beneficiados obtendrían la residencia legal si durante el periodo de seis años con residencia temporal obtienen un título universitario o si sirven durante dos años en las fuerzas armadas.
Asimismo, propone que el Estado conceda que los estudiantes indocumentados de bajos recursos soliciten exenciones de pago de matrículas en las universidades públicas de dos años, tal como lo pueden hacer los estudiantes legales que viven en California. También establece que los indocumentados sean aptos para recibir becas de los sistemas universitarios California State y Universidad de California.
Esta ley ha sido concebida para reconocer el esfuerzo que realizan miles de estudiantes indocumentados en aquel país, de reconocer su compromiso por ajustarse y respetar las leyes de Estados Unidos de América, y para garantizar su derecho al trabajo, siendo este último el mayor problema al que se enfrentan por no contar con la residencia legal.
Sin embargo, y pese a las pronunciamientos que algunas organizaciones han realizado en favor de esta ley, como es el caso de la Asociación Nacional de la Educación, la cual aglutina a 3.2 millones de maestros de Estados Unidos de América, y la voluntad del Congreso de ese estado para aprobarla, se ha hecho manifiesto a través de diversos medios de comunicación el veto del gobernador de California a la entrada en vigor de esta ley, argumentando que “desafortunadamente, dada la situación precaria que el estado enfrenta, no sería práctico adoptar una nueva política que podría limitar la ayuda financiera a los estudiantes que viven legalmente en California, para beneficiar a aquellos que no lo están”.
El gobierno de Estados Unidos de América ha señalado que comparte junto con nuestro país la necesidad de contar con una reforma migratoria mediante la cual se puedan reconocer los derechos de los miles de migrantes indocumentados que contribuyen a su desarrollo como país. Ante ello, los argumentos financieros no pueden prevalecer sobre aquellos que colocan a los derechos humanos en la cúspide de todos los ordenamientos legales que deben ser observados para proteger a las personas.
Por ello, y dado el avance que la entrada en vigor de dicha ley representaría para la consolidación de la reforma migratoria, en beneficio de ambos países, es que se estima importante que la Secretaría de Relaciones Exteriores se mantenga activa, utilizando todos los medios con los que cuenta, para velar por los derechos e intereses de todos los mexicanos que se encuentran en aquel país, manifestándose en favor de la aprobación de esta ley, y manifestando por las vías diplomáticas correspondientes su rechazo al veto que de ésta ha realizado el gobernador de California.
Es por todo lo anterior que se somete a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de que a través de las vías diplomáticas institucionales exprese su beneplácito por la aprobación de la Dream Act y manifieste la preocupación del Estado mexicano al veto que ha realizado a dicha ley el gobernador de California.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2010.
Diputado Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y al del Distrito Federal a promover la capacitación, la certificación, el registro, la profesionalización y la permanencia del personal operativo del programa Plataforma México, a cargo del diputado Sergio González Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el mes de marzo de 2007 se puso en marcha la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, que contempla siete ejes de acción para mejorar la seguridad y procuración de justicia.
A efecto de fortalecer dicha estrategia y con el objeto de dotarlo de la normatividad necesaria para conseguir sus objetivos, el día 2 de enero de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, vigente a partir del día 3 de enero del mismo año, que sirve como guía rectora para regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Dentro del eje de la “tecnología”, se encuentra el proyecto denominado Plataforma México, el cual se fundamenta en el diseño e instrumentación de un modelo vanguardista de desarrollo tecnológico y comunicaciones cuyo propósito es fortalecer la función policial.
Parte fundamental de Plataforma México ha sido la modernización de la Red Nacional de Telecomunicaciones para la Seguridad Pública, la cual, está diseñada en dos planos: el horizontal para equipar con tecnologías de comunicaciones, voz, datos e imágenes a las estaciones de policía federal; y el vertical, que atiende el ámbito local mediante convenios de coordinación con los ejecutivos estatales, para conectar a las entidades federativas y a los municipios a dicha plataforma y alinear en un solo sentido sus sistemas de información, producción de reportes y registro de datos.
En este sentido, la referida red nacional de interconexión esta compuesta por enlaces y equipos de telecomunicaciones con tecnología de punta que permiten la transmisión de aplicaciones de voz, datos, video y radiocomunicación en tiempo real a los usuarios interconectados a los 32 C4’s; 44 Subcentros adscritos a los C4, por medio de los cuales se abarcan 863 puntos de conexión que corresponden a las dependencias de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.
Por lo que se refiere a las aplicaciones y bases de datos, Plataforma México alberga el Sistema Único de Información Criminal previsto en los artículos 117 a 121 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual opera hoy en día en Instituciones de seguridad pública federal, estatal y municipal, procuración de justicia, instalaciones estratégicas y Centros de Prevención y Readaptación Social, logrando una interacción proactiva de la información para apoyar las labores de la seguridad pública, teniendo durante el año 2009 un total de 1’798,990 consultas realizadas.
Otro de los sistemas de información de alta tecnología, es el Informe Policial Homologado como reporte único en materia de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno, previsto en el artículo 112 de la ley en cita; mismo que al mes de diciembre del año 2009 reporta ingresados más de 718,813 informes operando en las 32 entidades federativas, con lo que se apoya en las labores de inteligencia y el cruce de detenciones administrativas datos criminales de todo el país y el extranjero en cuestión de segundos. Y por lo que respecta al kárdex policial, al mes de diciembre de 2009 contaba ya con 469,046 registros de policías en todo el país, de los cuales 36,923 corresponden a integrantes de la Policía Federal.
Entre otros avances se pusieron en marcha los sistemas de información geográficos para los aplicativos de secuestro, extorsión y denuncia ciudadana, y se actualizo la información cartográfica del inventario urbano del país con capas de información tales como aeropuertos, carreteras federales, estatales, municipales, secretarías de estado, zonas militares y zonas navales, conformando un total de 4,458,430 elementos en la geobase de datos.
Asimismo, se realizó la capacitación en el aplicativo del Sistema Nacional de Información Penitenciaria de las 32 direcciones o coordinaciones generales de los sistemas estatales penitenciario. La conectividad de estas direcciones o coordinaciones generales se encuentra al 84 por ciento que representa 27 estados conectados directamente a la Plataforma México para el intercambio de información en esta materia.
Para la implementación de los diversos sistemas de información los gobiernos federal, de las entidades federativas y municipales de manera coordinada como lo dispone el artículo 7, fracción VI, de la mencionada ley, han puesto en marcha programas de capacitación y profesionalización dirigidos al personal operativo de sus centros de captura y de sus unidades de análisis de la información, responsables de cargar la información correspondiente al sistema Plataforma México, según lo ordenan los artículos 85, fracción IV, al numeral 90 de la multialudida ley. Con un total de 559 cursos y más de 10,800 personas capacitadas.
Lo anterior, ha representado una erogación importante para los tres órdenes de gobierno, ya que tan solo para el presente año el presupuesto asignado a la referida Plataforma es de 596.2 millones de pesos, 1 por lo que resulta necesaria la permanencia del personal operativo encargado de la alimentación y manejo de sus bases de datos.
En este tenor, el año pasado hubo 12 cambios de gobierno en los estados de Campeche, Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco y en el presente año se llevaron a cabo elecciones de gobernador, diputados locales y presidentes municipales en 13 estados de la república Baja California, Sinaloa, Durango, Aguascalientes, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas y Yucatán, y como ya es sabido en los cambios de administración, el gobierno entrante realiza una depuración de la nómina de servidores públicos a fin de poder cumplir con algunos “compromisos” adquiridos durante su campaña política, práctica que en la mayoría de las veces se presenta en los centros de captura y de las unidades de análisis de la información responsables del sistema de Plataforma México y que influye de manera negativa en la profesionalización que se pretende dar al interior de éste sistema nacional de interconexión.
Es necesario señalar que en todo caso la curva de aprendizaje para los nuevos elementos que pretenden incorporarse a los centros de captura y de sus unidades de análisis de la información, lleva bastante tiempo por la complejidad y alto desarrollo técnico que requieren los integrantes de dichas unidades, lo que pudiera traer como resultados el no dar pleno cumplimiento a lo que ordenan los artículos 109 a 111 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en materia de suministro, intercambio sistematización y actualización que diariamente se debe generar por parte de las instituciones de seguridad pública.
También es importante destacar que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé de manera expresa en sus artículos 78 a 88 todo lo relacionado con la carrera policial y su profesionalización, destacando que los fines de la carrera policial entre otros es la de fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia a las instituciones policiacas mediante la motivación y sobre todo la certeza jurídico laboral de dichos elementos policiacos, lo que redundará en beneficio de la seguridad pública en su conjunto.
Por tal motivo, resulta necesario hacer un exhorto respetuoso a los gobiernos de las entidades federativas a que consideren la permanencia del personal operativo de sus centros de captura y de sus unidades de análisis de la información encargadas del sistema de Plataforma México, de acuerdo con lo señalado por el artículo 88, inciso B, y demás relativos y aplicables de la ley en la materia, tomando en consideración su experiencia en la compilación, procesamiento, análisis e integración de la información que se reporta a la infraestructura tecnológica denominada Plataforma México.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas y considerar la permanencia del personal operativo de sus Centros de Captura y de sus Unidades de Análisis de la Información encargadas de la compilación, procesamiento, análisis e integración de la información que se reporta a la infraestructura tecnológica denominada Plataforma México.
Nota
1 Anexo III, Informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, página 51, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados de fecha 6 de abril de 2010.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro a 20 de octubre de 2010.
Diputado Sergio González Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a instruir a las universidades públicas para que incluyan en los planes de estudio de la carrera de derecho asignaturas relacionadas con los juicios orales, a cargo del diputado Alfonso Martínez Alcázar, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe diputado Alfonso Martínez Alcázar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la XLI Legislatura, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudo ante el pleno de esta soberanía a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaria de Educación Pública, para que en el ámbito de sus competencias, instruya a las universidades públicas del país a que se incluya en sus planes de estudio de la carrera de derecho, asignaturas relacionadas con los juicios orales, con base a los siguientes
Considerandos
1. Que el derecho procesal mexicano, a partir de las distintas propuestas de reforma al sistema integral de justicia penal, ha encontrado un avance doctrinario que se ha visto plasmado en el decreto publicado el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación y que mandata, la inclusión de un sistema preponderantemente acusatorio y oral.
2. Que es importante conocer las nuevas tendencias del derecho procesal a efecto de que el profesionista del derecho o funcionario judicial no se conforme con meras compilaciones o comparaciones legislativas, sino que se introduzca al campo de los conceptos, técnicas, instituciones y principios que rigen todas las ramas del enjuiciamiento oral.
3. Que los juicios orales se perfilan como una posibilidad real de fortalecer la administración de justicia, pues llevan el propósito de diversificar las posibilidades de atender, cada vez con mayor certeza y mejor, a los justiciables.
4. Que en las facultades de derecho de las universidades públicas del país, se detecta una fuerte insuficiencia de material bibliográfico y acceso a fuentes de información necesarios para una mejor formación académica en consonancia con los objetivos de la reforma judicial. Esta misma deficiencia se refleja en los programas de estudio que conceden poca importancia a la formación dirigida al desempeño de los futuros abogados.
5. Que antes en las universidades se enseñaba retórica y oratoria, pero como resultado de la transformación del sistema jurídico en el país a un sistema jurídico totalmente escrito, ésta y la comunicación oral se olvidaron que, para llevar a cabo los juicios orales se tiene que retomar la comunicación oral, comunicación que no practican en la actualidad los alumnos en las universidades.
6. Que de no ser las universidades públicas como máximas instituciones educativas en el país, quienes pueden subsanar estas carencias, los estudiantes de la carrera de derecho sólo podrían capacitarse en el tema de juicios orales mediante el pago oneroso de cursos y diplomados en instituciones educativas privadas que, en ocasiones, son de dudosa reputación.
7. Que la estructura de los planes de estudio de la mayoría de las universidades públicas, está diseñada desde una perspectiva enciclopedista; donde las materias están divididas en “ramas” del derecho separadas e inconexas; donde la cátedra magistral (a manera de monólogo) predomina; donde las plantas docentes, conformadas en gran medida por abogados postulantes, reciben escasa o nula capacitación pedagógica; es decir, se educa a través del formalismo y del análisis abstracto del sistema normativo, sin atender a los problemas prácticos que emergen en la vida cotidiana, y no se promueve el desarrollo de destrezas como la comunicación oral y escrita, el trabajo en equipo, la investigación, la redacción de documentos legales, entre otras, que son fundamentales en la formación de un abogado, máxime ante la entrada en vigor del Sistema Oral Acusatorio.
8. Que para la optimización de la formación integral de los actuales y futuros abogados y funcionarios del ramo judicial, estos deben enfrentarse a un medio profesional cada vez más competitivo, por lo cual precisan de un espacio adecuado y funcional dentro de las universidades públicas, en el cual demostrar su talento y capacidad, con mayores exigencias que las meramente teóricas, y superiores a las que actualmente les brindan estas casas de estudios.
9. Que los estudiantes de derecho merecen ser introducidos sistemáticamente en el ámbito judicial, de una manera más rigurosa que las tradicionales pasantías y prácticas, que hoy se muestran insuficientes y totalmente rebasadas por las complejas e intrincadas características del proceso judicial moderno, inculcando al mismo tiempo al estudiante, valores de transparencia, ecuanimidad, diligencia y lealtad procesal. Lo cual indudablemente se lograría si existiesen dentro de los planes de estudio de la universidades públicas asignaturas o materias relacionadas con el tema de los juicios orales.
10. Que en la actualidad existen alrededor de 120 universidades públicas que imparten la carrera de derecho, con una matrícula aproximada de 525 000 alumnos. Mientras que en 2003 el número de estudiantes de la carrera de derecho ascendía a 203,149, distribuidos en 526 planteles de educación superior públicos y privados, lo cual nos da una idea clara de la demanda matricular en nuestro país para esta área. Por lo cual se torna imprescindible que este medio millón de alumnos adquieran los conocimientos básicos necesarios en torno al tema de los juicios orales, su implementación y práctica.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que en el ámbito de su competencia, instruya a las universidades públicas del país a que incluyan en los planes de estudio de la carrera de derecho, dentro de un plazo no mayor a seis meses, las asignaturas relacionadas con la implementación del sistema acusatorio establecido en la Constitución el 18 de junio de 2008.
Segundo. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y a la de Justicia para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio de 2011, se consideren recursos para la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, establecido en la Constitución mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de octubre de 2010.
Diputado Alfonso Martínez Alcázar (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Relaciones Exteriores a analizar la posibilidad de establecer vínculos diplomáticos con Japón y nombrar a los representantes de esta soberanía para la encomienda, a cargo del diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Jorge Alberto Juraidini Ramilla, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la Ley Orgánica y en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México y Japón han mantenido una larga relación, procedente del siglo XVI, cuando se dieron los primeros encuentros entre japoneses, marinos y misioneros novohispanos, los que se intensificaron a través del tiempo. Como ejemplo cito la misión de Hasekura, la cual partió el 28 de octubre de 1613 del puerto de Tsukino-Ura en el barco de Mutsu-Maru, que arribó a Acapulco el 25 de enero de 1614 y se trasladó posteriormente a la capital, donde el virrey Diego Fernández de Córdoba recibió a la comitiva.
Posteriormente, en 1888, se firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, y de esa manera los dos países formalizan sus relaciones. En consecuencia, en 1889 se firmó el Tratado de Igualdad Internacional, en el cual se pactó terminar con el régimen de extraterritorialidad. Se concedió así que los ciudadanos mexicanos pudieran establecerse, residir y viajar en todo el territorio japonés, y comenzar con relaciones comerciales entre ambas naciones, incluso se fueron contempladas la fijación de tarifas arancelarias para mantener la igualdad comercial. México fue el primer país fuera de Asia que reconoció a Japón en condiciones de igualdad, a diferencia de otros tratados discriminatorios que le fueron impuestos por las potencias occidentales de la época.
A partir de entonces, las relaciones diplomáticas entre los dos países se intensificaron, siendo interrumpidas en 1941 por el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial; una década después, se reanudaron con la reinstalación de la misión diplomática en ese Japón, actividad que estuvo a cargo de Octavio Paz. A partir de entonces y hasta 2006, los jefes de Estado de ambos países han intercambiado visitas para estrechar las relaciones bilaterales, formalizando éstas con la firma de seis convenios relacionados con aspectos culturales, intercambio de estudiantes, cooperación técnica y de facilitación del comercio y de la inversión.
Sin embargo, hasta 2004 no se estableció el marco legal para profundizar en la relación, con la firma del Acuerdo de Asociación Económica México-Japón, primer acuerdo que México firmó con un país de Asia y primero en el cual Japón incluyó al sector agrícola. Y desde 2008 se observó que el comercio bilateral ascendió a 19.8 millones de dólares alcanzando un total en dichos años de mil 231 millones de dólares y la inversión Japonesa en nuestro país superó 3 mil 500 millones de dólares.
Todo ello nos lleva a la etapa actual, en la que ya se plantea el establecimiento de relaciones parlamentarias que potencien las expectativas y proyectos de México, tomando en cuenta al intercambio como un instrumento que permita fortalecer el crecimiento y desarrollo económicos.
Japón es considerado una gran potencia en la actualidad por su crecimiento económico, educativo, cultural e industrial por solo mencionar algunos. Pertenece a diversos organismos internacionales y llama la atención la capacidad tecnológica y financiera que representa para los países que llevan a cabo actividades de carácter económico. Es el país con tercera economía más grande y productiva después de Estados Unidos y la Unión Europea, lo cual representa un importante factor de poder en las relaciones internacionales contemporáneas.
Para México, la atención se centra en incrementar las inversiones, el comercio y múltiples oportunidades complementarias de diversificación económica, las cuales se han establecido en sectores como el electrónico, automotriz y de autopartes, y ahora también en otros como el aeronáutico, tecnologías limpias, tecnologías de la información y servicios diversos, según información de la Secretaría de Economía. Sin embargo, para Japón es de suma importancia enfatizar en la disponibilidad de mano de obra capacitada para los diversos procesos productivos, además de los costos convencionales y la cercanía geográfica que tiene nuestro país con Estados Unidos.
Aunado a estas áreas, también hay acuerdos para promover el acceso al mercado japonés de nuevos productos agropecuarios mexicanos y continuar los trabajos para el reconocimiento de zonas en México libres de ciertas plagas y enfermedades. Por otro lado, también se revisó la participación de firmas japonesas en los proyectos del Programa Nacional de Infraestructura; el intercambio de información sobre los avances y mejoras en la misma rama, pero aplicando estos a los cruces fronterizos con Estados Unidos. Finalmente también se consideró realizar las acciones pertinentes en pro del mejoramiento de la seguridad pública; concretamente prestaron particular atención en cuestiones relativas al despacho aduanero de mercancías; así como, trámites migratorios y turismo, por mencionar algunos.
En conclusión, por este punto de acuerdo exhorto al gobierno mexicano a concretar un acuerdo con la finalidad de fortalecer y diversificar las relaciones e intercambios con Japón, toda vez que se trata de una inigualable oportunidad para profundizar en materias como la económica, política, cultural, educativa, ambiental, fiscal y legal, desde el punto de vista internacional y que más que haciéndolo con esta gran nación como es la japonesa, aunado a que esta comparte, el mismo interés con en la nación mexicana, siendo ésta una forma más de sembrar bases para diversificar nuestro sector externo, nuestra diplomacia con una visión que a partir de ésta tener nuevos socios y aliados en una región económica estratégica como Asia-Pacífico.
Finamente, es cierto que resulta impostergable continuar las relaciones interparlamentarias entre México y Japón para impulsar y fortalecer vínculos más sólidos entre nuestras dos grandes naciones, teniendo como propósito de este punto de acuerdo elevar el diálogo político, toda vez que ambas naciones tienen interés en realizarlo.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Relaciones Exteriores a analizar la posibilidad de establecer consultas entre los Parlamentos de México y Japón, y se nombre a los diputados que funjan como representantes para formalizar los intercambios en las materias como lo son la económica, política, cultural, ambiental, educativa, fiscal, legal, industrial o las que sean de principal interés para ambos parlamentos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2010.
Diputados: Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Víctor Manuel Báez Ceja (rúbrica), Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales, Avelino Méndez Rangel (rúbrica), Cora Pinedo Alonso, Miguel Ángel Riquelme Solís, Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Enrique Rosas Ramírez, Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Eduardo Zarzosa Sánchez.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFE a instalar módulos fijos de atención ciudadana en cabecera distrital de una entidad para atender y realizar trámites de credenciales de personas radicadas en otro estado, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Juan José Cuevas García, de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al Instituto Federal Electoral, a implementar la instalación de módulos fijos de atención ciudadana en cabecera distrital de una entidad para atender y realizar trámites de credenciales a ciudadanos de otra entidad federativa, de acuerdo a las necesidades de las zonas limítrofes que así lo requieran, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 11 de octubre de 1990 se creó el Instituto Federal Electoral (IFE) a efecto de conducir de forma imparcial, técnica, legal, confiable y transparente las elecciones en México.
Si bien el IFE ha transitado por diversas reformas electorales, que han modificado sus atribuciones y funcionamiento en la organización de elecciones, su función sigue siendo trascendental en el desarrollo de la democracia mexicana.
Uno de los elementos que han permitido el cumplimiento de los objetivos del IFE y que es base de la equidad e imparcialidad de las jornadas electorales es el Registro Federal de Electores, órgano de carácter permanente y de interés público, que tiene por objeto cumplir con lo previsto en el artículo 41 constitucional sobre el padrón electoral.
El Registro Federal de Electores está compuesto por dos secciones; el Catálogo General de Electores y del Padrón Electoral, siendo éste último, donde constan los nombres de los ciudadanos consignados en el Catálogo General de Electores y que han presentado la solicitud de registro para que se les expedida la credencial para votar con fotografía.
Dicha labor implica un gran despliegue logístico permanente en todo el territorio nacional, debiendo establecerse módulos de atención ciudadana que reciban y procesen las solicitudes para ser registradas en el padrón y por tanto se les expida la credencial para votar con fotografía.
A partir de 2001, se facultó para que todos los módulos de atención pudieran registrar a los ciudadanos de la entidad federativa en donde se encuentran establecidos, lo cual implicó un avance en relación a la atención por distrito que se daba anteriormente.
Sin embargo, persiste el problema en las zonas conurbadas o establecidas en las zonas limítrofes de las entidades federativas, donde muchos vecinos tiene mayor acceso a un módulo establecido en una entidad federativa diferente a su entidad de radicación, por las circunstancias geográficas, urbanas o de vías de comunicación.
Esto se puede corroborar en la página electrónica del servicio de atención ciudadana del IFE, la cual señala:
¿Se puede tramitar la credencial para votar con fotografía en cualquier módulo de atención ciudadana (MAC) de la República Mexicana?
No. Desde el año 2001 el trámite debe realizarse en cualquier MAC que se encuentre dentro de la entidad federativa donde vive el ciudadano, siendo necesario recogerla en el mismo módulo donde se tramitó.
Para conocer la ubicación, funcionamiento y horarios de servicio de los MAC, puede marcar gratuitamente a Ifetel desde cualquier punto de la República Mexicana al 01 800 433 2000. 1
Derivado de dicha inquietud, los ciudadanos Ana María Mora Pérez y Adalberto Pérez Pérez, entonces funcionarios electorales, elaboraron un trabajo denominado “Propuesta para la instalación de un módulo fijo en cabecera distrital de una entidad diferente. El caso de Puerto Vallarta, Jalisco y Compostela, Nayarit”, el cual obtuvo el primer lugar nacional por la calificación más alta asignada por el Comité Valorador de Méritos Administrativos respecto del ejercicio 2008, por parte del propio Instituto Federal Electoral.
Dicha propuesta refiere a la letra “Se inscribe en el área del Registro Federal de Electores y consiste en instalar una estación de trabajo en el Módulo de Atención Ciudadana de la cabecera distrital de una entidad para atender y realizar trámites de credenciales a ciudadanos de otra entidad, es decir para que en el módulo fijo de Puerto Vallarta, Jalisco, se realicen los trámites del distrito con cabecera en Compostela, Nayarit, lo que se tipificaría como un “Módulo fijo en entidad diferente”.
El suscrito considera oportuna y valiosa la aportación hecha en el trabajo en comento, pues establece de forma precisa la manera en que se deberá implementar la propuesta, el impacto económico por cada unidad, los requerimientos materiales y humanos, mecanismos estadísticos para justificar su implementación y los beneficios que conllevaría.
Por ello consideramos que el IFE puede ampliar el servicio otorgado por medio de los módulos de atención multicitados, a un número importante de ciudadanos, a los cuales facilitará el registro y obtención de la credencial para votar y además servirá como un medio de promoción para la obtención de la credencial citada y por tanto del voto mismo, como acto fundamental de la democracia mexicana.
Aprovechar el talento de los propios funcionarios, que conocen de forma detallada los procedimientos y que con base en ello, pueden proponer ideas que mejoren el desempeño de las instituciones. En este caso debemos aprovechar el resultado del trabajo de los ciudadanos mencionados con anterioridad, beneficiando a todos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Instituto Federal Electoral, a implementar la instalación de módulos fijos de atención ciudadana en cabecera distrital de una entidad para atender y realizar trámites de credenciales a ciudadanos de otra entidad federativa, de acuerdo a las necesidades de las zonas limítrofes que así lo requieran.
Notas
1. https://crmifetel.ife.org.mx/arsys/shared/faq.html#2
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2010.
Diputado Juan José Cuevas García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la representación del país ante la Asamblea General de la ONU para respaldar la resolución de la solicitud presentada por Cuba sobre la necesidad de finalizar el bloqueo comercial, económico y financiero impuesto a ella por Estados Unidos de América, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
El 26 de octubre del presente año, 192 países que integran la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas votarán sobre el proyecto de resolución que, desde 1991, presenta Cuba ante ese organismo multilateral, el cual exige el cese inmediato del bloqueo que unilateralmente mantienen Estados Unidos de América sobre la isla desde el 7 de febrero de 1962, que se efectuó bajo el gobierno de John F. Kennedy, pero que Washington había impuesto ya toda prohibición de exportaciones a Cuba a partir de 1960, como respuesta a las nacionalizaciones y la Ley de Reforma Agraria de 1959 de ese país.
El conflicto histórico que ha caracterizado las relaciones entre Estados Unidos de América y Cuba durante más de 200 años tiene su génesis en la pretensión de los diferentes gobiernos estadounidenses de controlar el destino de Cuba y la permanente determinación de los cubanos de defender su derecho a ser una nación libre, independiente y soberana.
Desde la adopción de la resolución 64/6 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 28 de octubre de 2009, hasta la fecha, se han mantenido y reforzado las principales acciones del bloqueo contra Cuba, manifestadas en mayores sanciones económicas y persecución a la actividad empresarial y a las transacciones financieras cubanas. El daño económico directo ocasionado al pueblo cubano por la aplicación del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos de América contra Cuba hasta diciembre de 2009, a precios corrientes, calculados de forma muy conservadora, asciende a una cifra que supera los 100 mil154 millones de dólares.
En rigor, ni siquiera la instauración de un nuevo gobierno demócrata en Estados Unidos de América, supuestamente animado por una filosofía de cambio, ha significado un cambio esencial en la política del bloqueo.
El 28 de marzo de 2009, el vicepresidente de Estados Unidos de América, Joseph Biden, en el marco de la llamada Cumbre de los Líderes Progresistas, en Chile, declaró a la prensa que el gobierno de ese país no levantaría el bloqueo a Cuba. El 7 de abril del propio año, el vocero del Departamento de Estado, Robert Wood, en una conferencia de prensa declaró: “Pienso que hemos sido muy claros en que no consideramos que sea el momento oportuno para levantar el embargo”.
El 19 de abril de 2009, el asesor de Obama, David Axelrod, en una entrevista a la cadena televisiva CBS, ante la pregunta de que si existía alguna idea en la Casa Blanca de levantar el embargo, respondió: “...estamos lejos de eso”.
Ese mismo día, el consejero económico del presidente Obama, Lawrence Summers, en entrevista a la cadena NBC, declaró refiriéndose al levantamiento del bloqueo: “Esto no es para mañana, y ello dependerá de lo que haga Cuba. Cuba sabe lo que debe hacer desde hace tiempo y depende de ellos en términos de sus políticas, su democratización y de todos los pasos que ellos pueden dar [...] Es un tema que se decidirá sobre la base del comportamiento de Cuba”.
Es evidente, entonces, que el gobierno de Estados Unidos de América no alberga ninguna intención de producir un cambio en su política hacia Cuba, ni de cumplir con las reiteradas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que le piden al gobierno de ese país poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Por el contrario, el gobierno de Estados Unidos de América continúa aferrado a condicionamientos y exigencias injerencistas inaceptables como condición para un cambio de política hacia Cuba. A pesar de que contaba con un considerable respaldo político en el Congreso, en la prensa, en la opinión pública y el sector empresarial, que trascendía cualquier consenso precedente en la sociedad estadounidense respecto de la política hacia Cuba, lo que le habría permitido actuar con un alto nivel de autonomía, el presidente Obama se ha quedado muy por debajo de las expectativas creadas por su discurso en cuanto a los reclamos de diversos sectores de la sociedad de su país y de la comunidad internacional, así como de sus prerrogativas para modificar aspectos significativos de la política, aún sin la intervención del Congreso.
En virtud de esas prerrogativas y si existiera la voluntad política para ello, el presidente Obama habría tenido las suficientes facultades para flexibilizar de manera significativa el bloqueo contra Cuba. En ese sentido, y sin necesidad de que mediara una autorización del Congreso, el presidente habría podido emitir una amplia gama de licencias para autorizar las siguientes medidas:
Expandir sustancialmente los viajes de los estadounidenses y extranjeros residentes en Estados Unidos de América, mediante una interpretación amplia de las 12 categorías de viajes establecidas por la ley (por ejemplo, expansión de los viajes educacionales, los permisos para participar en conferencias profesionales, los intercambios académicos, científicos, estudiantiles, culturales, deportivos, religiosos, y autorización de proyectos humanitarios, entre otros).
Eliminar los límites a los gastos asociados a los viajes, como alojamiento, alimentación y transportación local, que los estadounidenses y cubanos residentes en Estados Unidos de América pueden realizar cuando visitan Cuba (los estadounidenses, incluidos los cubanoamericanos, luego de la enmienda en la Ley de Presupuesto del año fiscal de 2009, no pueden gastar más que el límite fijado para los viáticos por concepto de viajes al exterior de los funcionarios del gobierno estadounidense, que en la actualidad es de 179 dólares por día).
Eliminar la prohibición del uso de tarjetas de crédito y débito, cheques personales, cheques de viajeros, emitidas tanto por bancos de Estados Unidos de América como de terceros países.
Ampliar la lista de aeropuertos de Estados Unidos de América autorizados para operar vuelos charter hacia Cuba (actualmente hay sólo tres aprobados: Miami, Nueva York y Los Ángeles). Permitir servicios de ferry entre Estados Unidos de América y Cuba.
Autorizar a todas las agencias de viajes de Estados Unidos de América organizar viajes a Cuba, o flexibilizar los requisitos y los procedimientos vigentes para que las agencias de viajes obtengan los permisos necesarios para esta actividad (actualmente son unas 150 las agencias autorizadas, mediante licencias específicas).
Autorizar a los viajeros que visitan Cuba comprar productos cubanos y llevarlos a Estados Unidos de América para su uso personal o como regalos, y eliminar el límite a su valor (hasta el presente lo único que pueden llevar son materiales informativos, incluyendo objetos de arte).
Eliminar la prohibición a las empresas cubanas para participar en la transportación de visitantes de Estados Unidos de América hacia y desde Cuba, o de visitantes de Cuba hacia y desde Estados Unidos de América.
Permitir ciertas relaciones bancarias, como bancos corresponsales y apertura de cuentas por entidades cubanas en bancos de Estados Unidos de América, para facilitar las exportaciones agrícolas.
Eliminar la prohibición que impide a las embarcaciones que transportan productos agrícolas a Cuba, cargar mercancías en nuestro país aunque su destino fuera a un tercer país.
Expandir los productos que pueden ser exportados a Cuba para incluir, por ejemplo, insecticidas, pesticidas, herbicidas, equipos agrícolas e, incluso, muebles hechos con madera y confecciones fabricadas con materiales de origen animal o vegetal.
Permitir formas más amplias de colaboración en el desarrollo, comercialización y suministro de medicinas y productos biomédicos de origen cubano.
Autorizar la importación de medicinas y productos médicos de origen cubano, y los pagos correspondientes a los exportadores cubanos. Autorizar la exportación de medicinas y equipos médicos que puedan ser usados en la producción de productos biotecnológicos cubanos.
Instruir a los representantes de Estados Unidos de América en las instituciones financieras internacionales que no bloqueen el otorgamiento de créditos u otras facilidades financieras a Cuba.
Flexibilizar o eliminar la prohibición al uso del dólar en las transacciones internacionales de Cuba.
Permitir a las subsidiarias extranjeras de compañías norteamericanas realizar determinadas transacciones con Cuba, como servicios financieros, seguros, servicios e inversiones (la ley Torricelli prohíbe el comercio de mercancías, pero no las transacciones mencionadas).
Levantar las dos prohibiciones establecidas en la ley Torricelli respecto a las embarcaciones: la que impide la entrada a puertos de Estados Unidos de América, durante 180 días, de las embarcaciones de terceros países que hayan transportado mercancías a Cuba; y la que imposibilita la entrada a puertos estadounidenses de embarcaciones que transporten mercancías o pasajeros hacia o desde Cuba (la ley Torricelli y las regulaciones para su implantación autorizan al presidente emitir licencias para ello).
Excluir a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo internacional. Esta lista fue publicada por primera vez, en 1982, bajo la administración Reagan y se ha mantenido hasta ahora.
El bloqueo continúa siendo una política absurda, ilegal y moralmente insostenible, que no ha cumplido, ni cumplirá el propósito de doblegar la decisión patriótica del pueblo cubano de preservar su soberanía, independencia y derecho a la libre determinación; pero genera carencias y sufrimientos a la población, limita y retarda el desarrollo del país y daña seriamente la economía de Cuba. Es el principal obstáculo al desarrollo económico de Cuba.
La oposición al bloqueo crece de modo significativo en Estados Unidos de América, las innumerables declaraciones y artículos de importantes personalidades civiles, militares, legisladores, medios de prensa, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas de Estados Unidos de América que en el último año han reconocido el fracaso de la política de bloqueo; apoyado los proyectos de ley para permitir los viajes de los estadounidenses a Cuba o la normalización de las relaciones bilaterales o llamado a levantar el bloqueo.
Son muchas las voces que se levantan en el mundo a favor del cese de esta inhumana política; México, comprometiéndose con los cubanos con quienes por siglos ha vivido hermanado, debe sumarse a este resolutivo.
En virtud de lo expuesto, en el marco del derecho internacional y en cumplimiento de nuestros principios de política internacional contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Único. Se exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la representación de nuestro país ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, a efecto de que respalde la resolución a la solicitud presentada por Cuba sobre la “necesidad de poner fin al bloqueo comercial, económico y financiero impuesto por Estados Unidos de América contra Cuba”.
Palacio Legislativo, a 20 de octubre de 2010.
Diputados: Alejandro Encinas Rodríguez, Ramón Jiménez López, Rodolfo Lara Lagunas, Samuel Herrera Chávez (rúbricas).
Con punto de acuerdo, a fin de que el presidente de la Mesa Directiva de esta soberanía presente en tiempo y forma controversia constitucional ante la SCJN contra las disposiciones administrativas de carácter general a que deberán sujetarse Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios para realizar las ventas de primera mano destinadas al mercado nacional de petrolíferos distintos del combustóleo, de petroquímicos básicos y de gas, publicadas el 12 de abril de 2010 en el DOF, y su primer acto de aplicación efectuado en la emisión del modelo de contrato de venta de primera mano por el que esos organismos subsidiarios se obligarán a enajenar petrolíferos a los particulares que lo soliciten, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta como asunto de obvia y urgente resolución, proposición con punto de acuerdo para solicitar que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados presente en tiempo y forma controversia constitucional en contra de las disposiciones administrativas de carácter general a las que deberán sujetarse Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios para la realización de las ventas de primera mano destinadas al mercado nacional de los petrolíferos distintos del combustóleo, de los petroquímicos básicos y del gas, publicadas el día 12 de abril de 2010 en el Diario Oficial de la Federación al tenor de las siguientes consideraciones
Exposición de Motivos
Con fecha de 5 de abril del 2010, el director general de Desarrollo Industrial de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía emitió las disposiciones administrativas de carácter general a las que deberán sujetarse Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios para la realización de las ventas de primera mano destinadas al mercado nacional de los petrolíferos distintos del combustóleo, de los petroquímicos básicos y del gas. Dichas disposiciones fueron publicadas el 12 del mismo mes y año en el Diario Oficial de la Federación.
Esta honorable Cámara de Diputados conoció del primer acto de aplicación material el 14 de octubre del 2010 de las disposiciones administrativas mencionadas, consistente en la emisión del modelo de contrato de venta de primera mano por el que los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos se obligarán a enajenar los petrolíferos a los particulares que así lo soliciten. Debido a que las disposiciones referidas y, por consiguiente, su aplicación, las consideramos violatorias del orden jurídico constitucional proponemos a esta soberanía la presentación de un punto de acuerdo para que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados presente en tiempo y forma controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de ellas y de su primer acto de aplicación, consistente en la emisión del modelo de contrato de venta de primera mano por el que los organismos subsidiarios de Petróleos Mexica nos se obligarán a enajenar los petrolíferos a los particulares que así lo soliciten.
Dentro de los argumentos que exponemos se encuentra que en el artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo se dispone que el expendio de gasolinas y otros combustibles líquidos producto de la refinación del petróleo se llevará a cabo conforme al contrato de franquicia u otros esquemas de comercialización, que al efecto suscriban los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos con personas físicas o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros.
En congruencia con lo anterior, en el artículo 6o., fracción II, de la Ley de Inversión Extranjera se prescribe que la actividad económica del comercio al pormenor de gasolina y distribución de gas licuado de petróleo está reservada de manera exclusiva a mexicanos o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros.
Como se puede apreciar, en materia de venta de petrolíferos impera el requisito sine qua non de la mexicanidad y, por ende, en este sector de la economía nacional no tiene cabida la inversión extranjera, ni directa ni indirectamente.
Sin embargo, las disposiciones administrativas permitirán indebidamente que la venta de primera mano sea efectuada a cualquier persona física o moral que así lo solicite. Con ello se estaría derogando el mencionado requisito sine qua non de la mexicanidad en la comercialización de las gasolinas y otros petrolíferos prescrito en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, en la Ley de Inversión Extranjera y en el anexo correspondiente del capítulo XI del TLCAN.
Al disponerse que la venta de primera mano de los petrolíferos se realizará en las terminales de almacenamiento y distribución de Pemex Refinación, se está permitiendo que inversionistas privados lleven a cabo la interfase industrial del transporte, el almacenamiento y la distribución de los derivados del petróleo, misma que está comprendida dentro del ámbito de aplicación material del área estratégica de los hidrocarburos a que se refiere los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna y, por ende, sólo puede ser desarrollada por el Estado, a través de organismos descentralizados sujetos a su propiedad y control absolutos. A mayor abundamiento, dicha actividad está expresamente reservada al Estado mexicano en los términos del anexo correspondiente del capítulo VI del TLCAN.
Para mayor referencia, en los artículos 2, fracciones IX y XI, y 3 de las disposiciones administrativas en referencia, se establece lo siguiente: a) Se entiende por punto de entrega la terminal de almacenamiento y reparto que se establezca en el contrato de venta de primera mano para la recepción de los petrolíferos; b) se entiende por terminal de almacenamiento y reparto el centro de trabajo donde se cuenta con las instalaciones para las ventas de primera mano, así como para realizar traspasos a otras terminales; c) la transmisión de la propiedad de los petrolíferos tendrá lugar en el punto de entrega respectivo.
A partir de esas definiciones fundamentales se hace patente el objetivo que subyace en las disposiciones administrativas. A través suyo se está promoviendo la instrumentación de un cambio estructural de las políticas de comercialización de los petrolíferos distintos del combustóleo. Este consiste en el abandono del modelo sustentado en la figura de la franquicia Pemex y en la adopción del esquema de ventas LAB (libre a bordo) en las terminales de almacenamiento y distribución de los organismos subsidiarios a cualquier persona física o moral que lo solicite, independientemente de su nacionalidad.
En ese sentido las disposiciones administrativas deben ser declaradas inválidas porque contravienen mandatos expresos derivados –como se ha mencionado– del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como son la reserva a favor del Estado mexicano en relación al transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos y el requisito de mexicanidad en la comercialización de gasolinas y otros refinados, al margen de que también invaden la esfera de competencia legislativa en materia de hidrocarburos que es propia e indelegable del Congreso de la Unión en los términos del artículo 73, fracción X, constitucional.
Por su parte, del artículo 5, fracción X, de la Ley de Seguridad Nacional se colige que la infraestructura de carácter estratégico y la provisión de bienes o servicios públicos son parte del rubro de la seguridad nacional, por lo que su destrucción o inhabilitación deben considerarse como una amenaza a la misma. Las disposiciones administrativas son violatorias de ese mandato legislativo. Efectivamente, el transporte, el almacenamiento y la distribución de gasolinas y otros petrolíferos son de vital importancia en términos del proceso de abastecimiento oportuno de insumos generalizados, de los riesgos latentes que conllevan para la seguridad de la población civil y de la eventualidad de que tales productos de la refinación puedan ser utilizados por la delincuencia organizada. En lugar de la infraestructura actual de Pemex-Refinación, incluyendo poliductos –la cual está sujeta a rigurosos controles de calidad y seguridad industrial–, surgirán cientos o miles de instalaciones en manos de particulares. De la centralización se pasará a la pulverización o atomización de una función íntimamente asociada a la seguridad nacional.
A mayor abundamiento, en su cláusula primera se previene que un tercero autorizado por Pemex Refinación estará facultado para distribuir los petrolíferos por cuenta y orden del organismo, lo que resulta a todas luces indebido en virtud de que la función del transporte, almacenamiento y distribución de destilados es exclusiva, excluyente, propia e indelegable del Estado.
Las disposiciones administrativas son inconstitucionales también por vía de consecuencia jurídica de su primer acto de aplicación, consistente en el modelo de contrato de venta de primera mano emitido por los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos, razón por la cual carece de la debida fundamentación y motivación del acto de autoridad y deviene conculcatorio del artículo 16 constitucional que, en lo que corresponde a nuestro interés, a la letra dice: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
Por ello, la presentación de la controversia constitucional se hace necesaria en virtud de que las disposiciones administrativas y su primer acto de aplicación a través de la emisión del modelo de contrato de venta de primera mano por el que los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos se obligarán a enaje.nar los petrolíferos a los particulares que así lo soliciten en cuestión, vulneran los principios constitucionales contenidos en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, pues dichos principios señalan: 1) que a la nación le corresponde el dominio directo sobre el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos y gaseosos; 2) que el dominios sobre esos recursos es inalienable e imprescriptible; 3) que la nación llevará a cabo la explotación del petróleo y de los carburos de hidrógeno en los términos que sale la ley respectiva; 4) que en la explotación del petróleo e hidrocarburos no se concederán a particulares concesiones ni contratos; 5) que el petróleo, los hidrocarburos y la petroquímica básica forman parte de las áreas estratégicas y por tanto exclusivas del Estado; y 6) que el gobierno federal debe mantener siempre la propiedad y el control sobre los organismos que se establezcan para el manejo del petróleo, hidrocarburos y petroquímica básica.
En ese mismo sentido, sólo a la nación corresponde llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos que constituyen la industria petrolera, constituida, asimismo, como un área estratégica del Estado. Con las disposiciones administrativas multicitadas y su primer acto de aplicación, objeto de la controversia que se propone presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la nación, queda diluido el principio de rectoría del Estado pues se abre totalmente la puerta a la celebración de contratos con particulares para la explotación del petróleo y los hidrocarburos de nuestro país, actividad prohibida expresamente por nuestra Constitución.
Con lo anterior, el carácter estratégico de la industria petrolera está en riesgo, el Estado ya no tiene la exclusividad y monopolio en el ramo, según indica el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución, pues las disposiciones administrativas permitirán a los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos efectuar ventas de primera mano destinadas al mercado nacional de los petrolíferos distintos del combustóleo, de los petroquímicos básicos y del gas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente proyecto de
Decreto para que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados presente en tiempo y forma controversia constitucional ante la suprema corte de justicia de la nación en contra de las disposiciones administrativas de carácter general a las que deberán sujetarse petróleos mexicanos y sus organismos subsidiarios para la realización de las ventas de primera mano destinadas al mercado nacional de los petrolíferos distintos del combustóleo, de los petroquímicos básicos y del gas, publicadas el día 12 de abril de 2010 en el diario oficial de la federación y de su primer acto de aplicación efectuado en la emisión del modelo de contrato de venta de primera mano por el que los organismos subsidiarios de petróleos mexicanos se obligarán a enajenar los petrolíferos a los particulares que así lo soliciten
Único. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, con fundamento en el párrafo primero, inciso I), del artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentará en tiempo y forma, de acuerdo con el formato anexo, controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de las disposiciones administrativas de carácter general a las que deberán sujetarse petróleos mexicanos y sus organismos subsidiarios para la realización de las ventas de primera mano destinadas al mercado nacional de los petrolíferos distintos del combustóleo, de los petroquímicos básicos y del gas, publicadas el día 12 de abril de 2010 en el diario oficial de la federación y de su primer acto de aplicación efectuado en la emisión del modelo de contrato de venta de primera mano por el que los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos se obligarán a enajenar los petrolíferos a los particulares que así lo soliciten.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el14 de octubre de 2010.
Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica)
En la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria puede consultar la Controversia constitucional de referencia.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar sobre los subejercicios registrados en 2010 por la administración pública federal y a definir mediante sus dependencias el monto que debe integrar al Fonden, a cargo del diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Miguel Ángel Terrón Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta, como asunto de obvia resolución, proposición con punto de acuerdo para exhortar al presidente de la República, licenciado Felipe Calderón, a presentar información veraz y confiable respecto a los subejercicios de la administración pública federal en el curso del ejercicio de 2010 y haga del conocimiento de esta soberanía las acciones que ha realizado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para prevenir el subejercicio en los programas de desarrollo social, así como para que defina a la brevedad el monto del Fondo de Desastres Naturales de 2011, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Estamos cerca de concluir 2010 y no necesitamos de oráculos para saber que nuevamente en el respectivo ejercicio fiscal habrá como saldo final subejercicios en distintos renglones del gasto público. Lo podemos notar en la actual dinámica económica de nuestro país que no termina por repuntar. Seguimos padeciendo la constante pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda y las arremetidas del gobierno federal para mantener altas tasas impositivas, síntomas por excelencia para diagnosticar el mal manejo de las finanzas públicas.
Con profundo malestar vemos cómo es que las contribuciones de los ciudadanos, que integran al Presupuesto de Egresos de la Federación, engordan la caja de ahorro del Ejecutivo federal; mas no servir de bujía de planes y programas de bienestar para los mexicanos.
Se ha convertido en mal hábito de algunos servidores públicos de la administración federal frenar la liberación de los recursos públicos autorizados por esta soberanía o simplemente no cumplir las metas que se consideraron al arranque del ejercicio anual. Así, tales recursos públicos no se ejercen en su totalidad, afectando, como ya se hizo costumbre, a grupos sociales que viven en condiciones de alta vulnerabilidad. Para estos mexicanos, no es una pena ni algo eventualmente lamentable que no se ejerza el gasto público en su totalidad. Es más bien un inexcusable atentado a la sobrevivencia de cientos de miles de mexicanos, cuyas condiciones de vida dependen del éxito de las políticas de bienestar social.
Es un imperativo evitar de ya, que los recursos públicos sean caja chica para solventar gastos distintos a los previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación o sean utilizados a la conveniencia y discrecionalidad de quienes lo mal administran.
Durante su comparecencia, Ernesto Cordero reconoció un subejercicio de poco más de 9 mil millones de pesos al término del primer semestre de este año, cuando sabemos que al menos cinco secretarías del gobierno federal –de Desarrollo Social, de Salud, de Comunicaciones, de Agricultura y de Educación– operan con cuantiosos subejercicios.
La información vertida por el secretario de Hacienda respecto a los subejercicios es contradictoria en todos sentidos. De acuerdo a información oficial emitida por la propia Secretaría de Hacienda, las cinco secretarías federales con mayor asignación presupuestal tenían, a quince días de cerrar el primer semestre de esta año, un subejercicio de 384 mil 271.03 millones de pesos, equivalentes a 81.9 por ciento –en promedio– del presupuesto asignado para cada secretaría. Pero como lo hiciera notar en su oportunidad el diputado Francisco Herrera Jiménez, tan sólo la Secretaría de Educación Pública presenta un subejercicio de 2 mil 149 millones de pesos.
Además, como bálsamo y en descargo de las responsabilidades públicas, el secretario de Hacienda vino a vanagloriarse de la manera en que se distribuyó una porción de los subejercicios registrados en el primer semestre del año: mil 200 millones de pesos pasaron a ser parte del Fondo para Desastres Naturales, que ya rebasado su tope, es insuficiente para reparar dignamente y con la premura que se requieren los daños ocasionados por lluvias e inundaciones en Veracruz, Tabasco, Chiapas Tamaulipas y Nuevo León.
Me pregunto y pregunto a esta soberanía: ¿los damnificados, resultantes de cualquier desastre natural, deben esperar a que haya un remanente de lo subejercido por la incompetencia de algunos funcionarios públicos para poder ser asistidos? Políticas públicas como estás –si es que así se les puede llamar–, sólo se han visto en México en los últimos 10 años.
Por todo lo anterior y por lo que representaría para el bienestar ciudadano, es que sugiero el exhorto, que es materia de este punto de acuerdo de obvia resolución y que presento ante el pleno de la legislatura:
I. Exhortar al presidente de la República a proporcionar a esta soberanía información veraz y confiable respecto a los subejercicios registrados en 2010 por la administración pública federal y se haga del conocimiento de esta soberanía las acciones que ha realizado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para prevenir en adelante el subejercicio en los programas de desarrollo social.
II. Ampliar tal exhorto para que el Ejecutivo federal, a través de sus dependencias, defina con la mayor brevedad el monto que debe integrar al Fondo de Desastres Naturales para que éste, sin demora, pueda ser considerado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2010.
Diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federales y a las estatales a realizar acciones para cumplir diversos artículos transitorios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a cargo del diputado César Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado César Octavio Pedroza Gaitán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
1. Que, de acuerdo con el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 7 de mayo de 2008, que reforma la fracción XXVIII del artículo 73, da la competencia al Congreso de la Unión para expedir las leyes sobre la contabilidad pública y la información financiera armonizadas de ingresos y egresos, así como patrimonial con los tres órdenes de gobierno.
Con lo anterior, se busca establecer una estandarización nacional de la contabilidad, de los registros patrimoniales, de los ingresos y de los egresos, así como de los indicadores de gestión y de resultados, con la finalidad de poder hacer comparable la información anterior entre los tres órdenes de gobierno, para hacer más eficiente la fiscalización nacional y la rendición de cuentas, así como fortalecer el derecho al acceso a la información pública, haciéndola más útil, ya que podrá ser comparable entre la federación; estados y municipios; entre diversos estados; y entre municipios de un mismo estado o de diferentes estados.
2. Que, en cumplimiento del segundo transitorio del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 7 de mayo de 2008, el cual da un año para la expedición de la ley secundaria en materia de contabilidad gubernamental a partir de su entrada en vigor, el Congreso de la Unión expidió la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación.
3. Que, en cumplimiento de la fracción I del Segundo Transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, se instaló el Consejo Nacional de Armonización Contable, el 27 de enero de 2009.
Es el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, mediante la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Se integra por el secretario de Hacienda y Crédito Público, como presidente del consejo; los subsecretarios de Egresos, Ingresos y de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el tesorero de la Federación; el titular de la unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda responsable de la coordinación con las entidades federativas; un representante de la Secretaría de la Función Pública; cuatro gobernadores de las entidades federativas de los ocho grupos de entidades conformados para su representación en la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; dos representantes de los ayuntamientos de los municipios o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegidos por los otros miembros del consejo, quienes deberán ser servidores públicos con atribuciones en materia de contabilidad gubernamental del ayuntamiento u órgano político-administrativo que corresponda; y un secretario técnico, quien tendrá derecho a voz, pero no a voto.
4. Que, en cumplimiento del transitorio tercero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con fundamento en al artículo 9 de la citada ley, el Consejo Nacional de Armonización Contable ha aprobado el plan anual de trabajo para 2010, el clasificador por objeto del gasto (capítulo, concepto y partida genérica), el clasificador por tipo de gasto, la clasificación funcional del gasto, marco conceptual de contabilidad gubernamental, postulados básicos de contabilidad gubernamental, normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos, el clasificador por rubros de ingresos, el plan de cuentas, las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos, las normas y metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos del ente público y características de sus notas.
5. Que es de destacar que los diversos términos establecidos en los transitorios, que hasta la fecha sólo han comprometido al Consejo Nacional de Armonización Contable, se han cumplido con la emisión de las diversas normas, principios, clasificadores, postulados y lineamientos que se hacen mención en el considerando 4.
Sin embargo, hasta el día de hoy no se pública en la página de Internet del Consejo Nacional de Armonización Contable (http://www.conac.gob.mx) el informe trimestral que debió difundirse desde la entrada en vigor de la ley hasta el 31 de diciembre del 2012, como establece el octavo transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sobre el cumplimiento o incumplimiento de los plazos establecidos en los transitorios cuarto, quinto, sexto y séptimo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Sin embargo, el Consejo Nacional de Armonización Contable emitió el formulario y el acuerdo para que las autoridades reporten sobre el avance de sus actividades.
Es de resaltar la importancia de que estos informes sean publicados en la página de Internet, para que sean de fácil acceso a los interesados de cualquier entidad federativa y se puede hacer un control efectivo sobre el avance de esta trascendental reforma.
6. Que de acuerdo a la fracción I del cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental la Federación y las entidades federativas a más tardar el 31 de diciembre de 2010 deberán disponer de sus listas de cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores presupuestarios armonizados; catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley, contar con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales; y emitir información contable y presupuestaria de forma periódica bajo las clasificaciones administrativa, económica y funcional-programática; sobre la base técnica prevista en esta misma fracción.
7. Que, considerando que los cambios administrativos y, en su caso, legislativos para implementar la estandarización de la contabilidad, la información financiera de ingresos y egresos, así como la patrimonial es un proceso complejo que requiere de diversas etapas para su correcta consecución, tal como se establece en los transitorios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, es necesario que todas las autoridades realicen las acciones necesarias para no dejar de cumplir con los plazos establecidos en los mencionados transitorios.
Por lo expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las autoridades de la federación y de las entidades federativas a realizar las acciones necesarias para cumplir, a más tardar el 31 de diciembre del 2010, en tiempo y forma con los deberes impuestos por la fracción I del cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las autoridades de la federación y de las entidades federativas a remitir la información solicitada por el Consejo Nacional de Armonización Contable para la elaboración del informe trimestral, así como al Consejo Nacional de Armonización Contable para que publique en su página de Internet el informe trimestral que se establece en el octavo transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Palacio Legislativo, a 20 de octubre de 2010.
Diputado César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar los decretos de veda de los acuíferos Cuatrociénegas-Ocampo y Cuatrociénegas, en Coahuila, a cargo del diputado Héctor Franco López, del Grupo Parlamentario del PRI
El diputado Héctor Franco López, a nombre de los diputados Rubén Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Hugo Héctor Martínez González, Melchor Sánchez de la Fuente, Noé Fernando Garza Flores, Tereso Medina Ramírez, Héctor Fernández Aguirre y Miguel Ángel Riquelme Solís, de la Coordinación de Coahuila de la LXI Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En México no existe una política clara en cuanto a la conservación de nuestros recursos hídricos, el gobierno federal no presenta soluciones para los problemas de escasez y sobreexplotación de estos recursos; el recurso agua, es uno de los recursos naturales más frágiles en nuestro país.
La indiferencia por parte de la autoridad federal, genera graves conflictos en las comunidades donde el recurso hídrico es escaso; en el estado de Coahuila en la región de Cuatrociénegas se presentan graves problemas relacionados con la falta de regulación de los aprovechamientos de agua, lo que ha ocasionado un doble perjuicio por una parte la destrucción de uno de los humedales más importantes a nivel mundial así como la aparición de diversos problemas sociales.
Cuatrociénegas se ubica en la parte central del estado de Coahuila, en la región conocida como altiplano septentrional o como Desierto Chihuahuense, entre dos de los macizos montañosos más grandes de México; dentro de este territorio en el año de 1994 una superficie de 84,347 hectáreas fue decretada como Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) y desde el 22 de junio de 1995, a nivel internacional, Cuatrociénegas forma parte de la lista de humedales de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Convención Ramsar).
El valle de Cuatrocienegas funciona como un laboratorio natural para el estudio de la evolución temprana en la tierra, el área es uno de los pocos lugares en donde coexisten estructuras microbianas, conocidas como estromatolitos, característicos de la vida temprana de la tierra; un factor importante para su decreto como reserva de la biósfera es que la zona cuenta con una extraordinaria riqueza en especies de agua, especialmente crustáceos y peces, dónde más del 50 por ciento de las especies del valle son endémicas, lo cual ha convertido a la zona en la más estudiada de las zonas áridas de México, dichos estudios sugieren que el valle de Cuatrociénegas sirvió como refugio para la flora acuática y terrestre durante las glaciaciones, brindando las condiciones adecuadas para que se mantuviera una diversidad de organismos y microambientes, así en la zona encontramos pozas, lagunas, áreas de inundación permanente, áreas de inundación intermitente y tres importantes acuíferos denominados acuífero “Cuatrociénegas-Ocampo”, acuífero “El Hundido” y acuífero “Cuatrociénegas”.
Con fecha 23 de abril de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que por causas de utilidad e interés público se veda la extracción, uso, aprovechamiento y explotación de las aguas del acuífero “El Hundido”.
Con fecha 11 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se dan a conocer los estudios técnicos del acuífero 0504 Cuatrociénegas-Ocampo y se modifican los límites y planos de localización que respecto del mismo se dieron a conocer en el acuerdo por el que se dan a conocer los límites de 188 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, los resultados de los estudios realizados para determinar su disponibilidad media anual de agua y su plano de localización”(acuerdo), este acuerdo establece que en los últimos años en el acuífero “Cuatrociénegas-Ocampo”, se ha generado una creciente demanda de agua para desarrollo agrícola, lo que ha ocasionado la disponibilidad escasa en el acuífero; la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el acuerdo reconoce que los acuíferos de “Cuatrociénegas-Ocampo” y el de “Cuatrociénegas” están hidráulicamente conectados y que es el acuífero de “Cuatrociénegas-Ocampo” el que alimenta subterráneamente al acuífero “Cuatrociénegas”.
El acuerdo expone que por tratarse de una zona de libre alumbramiento, la zona de Ocampo está expuesta a que se construyan más pozos sin control de la autoridad del agua, lo que ocasionaría un impacto perjudicial y la sobreexplotación a corto plazo; Conagua reporta que el acuífero tiene espesor, permeabilidad y reserva almacenada reducidos a pesar de su extensión superficial lo que está ocasionando una sobreexplotación difícilmente reversible y un abatimiento fuerte que se traduce en una disminución del caudal y rendimiento de los pozos.
Dentro de las conclusiones del acuerdo se señalan:
• La situación de libre alumbramiento del acuífero Cuatrociénegas-Ocampo está afectando a usuarios de aguas abajo porque los flujos subterráneos que naturalmente salen del acuífero y que se están interceptando en el Valle de Calaveras, son aprovechados por usuarios ubicados en el Valle de Cuatrociénegas. La intercepción de este flujo subterráneo que recarga el acuífero Cuatrociénegas, podría a mediano plazo afectar directa o indirectamente al Área Natural Protegida.
• Conforme a los resultados expuestos, en el acuífero Cuatrociénegas-Ocampo se presentan las causales de utilidad e interés público, referidas en la Ley de Aguas Nacionales, relativas a la protección y conservación del recurso hídrico, a la atención prioritaria de la problemática hídrica en zonas de escasez natural y al control de su extracción y uso, causales que justifican el establecimiento de una veda de aguas del subsuelo.
• La veda aportará las bases para obtener un registro confiable y conforme a derecho, de usuarios para que se integren como Comité Técnico de Aguas Subterráneas y posteriormente iniciar la reglamentación del acuífero.
Así dentro del estudio se señala como recomendación:
• Decretar la veda para el control de la extracción y el uso de las aguas subterráneas en el acuífero Cuatrociénegas-Ocampo, como primer paso para establecer un reglamento que regule la magnitud y distribución espacial de las extracciones de agua subterránea, evite la sobreexplotación y mitigue la afectación a los usuarios asentados aguas abajo.
La falta de interés en la zona por parte del Ejecutivo genera diversos problemas tanto ambientales como sociales, todos los problemas se relacionan en tiempo con la apertura de pozos en los acuíferos del Valle.
Ambientalmente, la sobreexplotación ha llevado a una importante pérdida de cobertura del ecosistema, al llevar a una desecación absoluta en algunas pozas del Valle como lo es el caso de la laguna de Churince, la poza de San Marcos y el río Cañón, que además de su valor biológico abastecían de agua potable a la ciudad de Cuatrociénegas.
Un ejemplo de la problemática social, se presenta en la Comunidad de Charcos de Figueroa comunidad que depende del acuífero de “Cuatrociénegas-Ocampo”, en los últimos días a causa de la falta de regulación en las zona de libre alumbramiento, se ha dado una perforación de pozos indiscriminada, ocasionado diversos problemas sociales y dejando inservible el pozo que abastece a la comunidad, por lo que hoy la gente recorre 40 km hasta Ocampo para satisfacer las necesidades más básicas de agua.
La situación de carencia del agua en el poblado de Cuatro ciénegas es conocida, donde históricamente se habían abastecido superficialmente del río Cañón el cual contaba con un gasto de 200 lps, hoy como desde hace 15 años, a causa de la sobreexplotación este río se encuentra totalmente seco, lo cual ha repercutido en la desaparición de las huertas de nogales y campos de vid que además de favorecer la diversidad biológica y generar un vergel en el desierto, caracterizaban al pueblo, daban una vocación productiva y por ende económica que prácticamente ha desaparecido, además de obligar a la ciudad a abastecerse del agua de un pozo con un caudal de tan sólo 50 lps, el cual era usado en el pasado solamente en caso de emergencias; dicho pozo además de ser limitado en su caudal, ya que los requerimientos de la ciudad demandan al menos 60 lps, ha mostrado signos importantes de un abatimiento mayor en los últimos años, a causa de la sobreexplotación del acuífero de Cuatrociénegas.
En el año 2008, se publicaron los estudios técnicos del acuífero “Cuatrociénegas-Ocampo” y hasta el momento no se ha decretado la veda del acuífero y a pesar de que se reveló la interconexión entre los acuíferos, tampoco se han hecho estudios para el acuífero “Cuatrociénegas”.
El principio precautorio reconocido en diferentes instrumentos jurídicos internacionales de los que México forma parte, establece que con el fin de proteger el medio ambiente, los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades especificando que cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente; por lo que si existe una interconexión como lo establece el acuerdo existe razón suficiente para decretar la veda en ambos acuíferos.
El Ejecutivo federal debe recordar los principios que sustentan la política hídrica nacional, y que versan en la Ley de Aguas Nacionales, donde se establece que “La conservación, preservación, protección y restauración de agua en cantidad y calidad es asunto de seguridad nacional, por tanto, debe evitarse el aprovechamiento no sustentable y los efectos ecológicos adversos” y “El uso doméstico y el uso público urbano tendrán preferencia en relación con cualquier otro uso”, ambos principios rotos y dejados de lado ante las faltas del Ejecutivo federal.
Por lo expuesto, los legisladores que suscriben, diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 58, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Aguas Nacionales a publicar a la brevedad los Decretos de Veda de los Acuíferos denominados “Cuatrociénegas-Ocampo” y “Cuatrociénegas” en el estado de Coahuila.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal, a realizar una estrategia regional sustentable que establezca las medidas para garantizar la sustentabilidad ambiental en el área de Cuatrociénegas, garantizando en todo momento el abastecimiento de agua en la población de la zona.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2010.
Diputados: Héctor Franco López (rúbrica), Rubén Moreira Valdez (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González(rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Tereso Medina Ramírez (rúbrica), Héctor Fernández Aguirre (rúbrica), Miguel Ángel Riquelme Solís (rúbrica).
Con punto de acuerdo, relativo a la realización anual de un parlamento de las personas adultas mayores, a cargo de la diputada María Sandra Ugalde Basaldúa, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, María Sandra Ugalde Basaldúa, diputada integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo para que se establezca la realización anual del Parlamento de las Personas Adultas Mayores, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
1. Tradicionalmente, en países como el nuestro, se tiene un particular aprecio y reconocimiento por las personas adultas mayores y por la gran experiencia acumulada a lo largo de las existencias de las mismas, ya que mediante ella realizan un significativo aporte a la conservación y difusión de la cultura, como bien intangible e invaluable de la sociedad.
2. Asimismo, las personas adultas mayores, como se les ha denominado en las normas que regulan la materia, siguen ocupando un espacio significativo dentro de las familias mexicanas, ya que forman parte esencial de su desarrollo, al proporcionar conocimientos y cimentar su estabilidad, que consolida el desarrollo de la sociedad en su conjunto.
3. Este grupo de personas, debido al aumento en la expectativa de vida, a la disminución del índice de natalidad, entre otros, va en un acelerado crecimiento en relación a los demás grupos de edad, que han llevado a concluir que para el año 2025 constituirán el 14 por ciento de la población mundial, lo que necesariamente hace concluir que este es el momento oportuno para establecer las políticas públicas que permitan a esta y a las futuras generaciones de adultos mayores, acceder a esa etapa de la vida en el mejor estado físico, psíquico y social posible, que le posibilite continuar con su desarrollo personal.
4. En tal sentido, a partir de su publicación en junio de 2002, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en la cual no sólo se establecen las prerrogativas de las que deben gozar las personas adultas mayores en nuestro país, sino que dispone las medidas necesarias para que mediante la observancia de las autoridades y los particulares, sean respetadas; se ha logrado dar un paso indispensable hacia la consolidación de un estado que garantice el ejercicio pleno de sus derechos.
5. Dicha ley establece como objetivos de la política nacional sobre personas adultas mayores, entre otros, los de “Promover la difusión de los derechos y valores en beneficio de las personas adultas mayores, con el propósito de sensibilizar a las familias y a la sociedad en general respecto a la problemática de este sector” así como “Fomentar la creación de espacios de expresión para las personas adultas mayores”.
6. El ser una disposición de observancia general, toda institución pública debe comprometerse con los objetivos planteados en la ley, promoviendo e incorporando las acciones que brinden una mayor apertura hacia este grupo social.
7. El Congreso de la Unión, al constituirse como una institución plural en el que deben ser escuchadas las diversas voces de la sociedad, está obligado a instrumentar todos aquellos mecanismos que abran la puerta a las preocupaciones y las ideas de los mexicanos, sobre todo cuando éstas emanan de la experiencia adquirida a través de los años.
8. Toda actividad que este cuerpo colegiado realice en aras de compartir la experiencia propia y acercar a la sociedad para que manifieste sus ideas y se exprese, conlleva los beneficios propios de una democracia como la nuestra, en la que la experiencia que en el caso particular puedan aportar los adultos mayores, seguramente nos enriquecerá y permitirá entender la problemática social desde nuevos puntos de vista.
9. Por ello, se propone que el Congreso de la Unión realice el Parlamento de las Personas Adultas Mayores con una periodicidad anual, y que tenga como sede en forma alterna cada una de las cámaras. Se busca que sea un espacio de participación para las personas mayores de sesenta años o más; espacio en el que se fomente entre ese sector de la sociedad, el conocimiento respecto al actuar de un legislador y los procedimientos legislativos, y se promueva la expresión de ideas y de experiencias que fortalezcan nuestro quehacer legislativo.
10. Además de los recíprocos beneficios que podremos adquirir los legisladores y las personas adultas mayores que participen en el parlamento, será un espacio vital para que se conozca más a fondo el trabajo legislativo, y su importancia para reflejar en la legislación las demandas y necesidades de la sociedad, de los ciudadanos que nos dieron su voto, y principalmente, de los sectores más desfavorecidos y vulnerables.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que instruya a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, y Participación Ciudadana, a organizar, en coordinación con la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y el Instituto Federal Electoral, el Primer Parlamento de las Personas Adultas Mayores 2011, con sede en la Cámara de Diputados. Asimismo se les instruya para que en un plazo no mayor de 90 días, establezcan las bases y lineamientos para la organización, convocatoria y realización de las acciones necesarias para el desarrollo de dicho parlamento.
Segundo. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a que asigne los recursos necesarios para la realización del Primer Parlamento de las Personas Adultas Mayores 2011, durante el mes de agosto.
Tercero. El Parlamento de las Personas Adultas Mayores se realizará con una periodicidad anual y tendrá como sede en forma alterna cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2010.
Diputada María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a rectificar y retomar el acuerdo con el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad para que coordine las encuestas nacionales en el tema, a cargo del diputado Noé Fernando Garza Flores, del Grupo Parlamentario del PRI
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, Noé Fernando Garza Flores, presenta en nombre de los integrantes de la coordinación de la diputación federal por Coahuila del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En los últimos años, la inseguridad en México se ha convertido en el principal problema para la sociedad y en la principal bandera del titular del Ejecutivo federal para legitimarse.
Todos los días en los medios de comunicación nos enteramos de noticias escalofriantes acerca de las actividades del crimen organizado en el país, pero por otra parte el gobierno federal en sus distintos niveles nos sigue informando que los índices de criminalidad han bajado, lo cual es incongruente, pues ni siquiera se ponen de acuerdo sobre las cifras de mexicanos caídos por los daños colaterales en esta “guerra” pero para el grupo gobernante da lo mismo.
Así, apenas el 16 de julio pasado, Arturo Chávez Chávez, procurador general de la República, dio a conocer que la cifra de víctimas en la narcolucha ascendía a 24 mil 800. Posteriormente, en la segunda jornada del foro Diálogo por la seguridad, realizado en el Campo Marte, Guillermo Valdés, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, contabilizo más de 28 mil asesinatos vinculados a bandas del crimen organizado. Es decir, una diferencia de 3 mil 200 asesinatos ligados a la violencia de los cárteles.
Precisamente, para evitar la polémica por el registro y evaluación de la información relativa a la inseguridad en el país, desde 2002, el diseño y levantamiento de la Encuesta Nacional sobre Seguridad (Ensi) había estado a cargo del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (Icesi).
El Icesi es una organización especializada en la generación de información estadística sobre la delincuencia en México. Realiza diagnósticos precisos al problema de la inseguridad, a través de la conceptuación, diseño y coordinación de las Encuestas Nacionales sobre Inseguridad, a efecto de generar indicadores de victimización, percepción social de la inseguridad y propuestas de política criminológica.
El Icesi es una asociación civil sin fines de lucro que aglomera a cinco de las más importantes instituciones de la sociedad mexicana: la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el Consejo Coordinador Empresarial, la fundación Este País, y la Confederación Patronal de la República Mexicana.
Ante este crítico contexto y la falta de resultados en el combate a la delincuencia organizada, los principales medios de difusión nacional 1 publicaron que el titular Ejecutivo federal de manera unilateral el pasado 16 de junio publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que establece que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) será el encargado exclusivo de realizar la encuesta nacional sobre inseguridad en el país.
Cabe destacar que en el Diario Oficial de la Federación sólo se publica un acuerdo 2 del Consejo Nacional de Seguridad Pública que aprueba el Sistema de Evaluación de Políticas y Acciones de Seguridad Pública en los ámbitos federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, e instruye al secretario ejecutivo para que coordine los trabajos para su implantación.
Se adjunta como anexo II el desarrollo del Sistema de Evaluación de Políticas y Acciones de Seguridad Pública en los ámbitos federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, que incluye los indicadores, índices delictivos y de victimización, y percepción ciudadana, así como los logros alcanzados, aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual permitirá a las autoridades tomar decisiones, diseñar y evaluar políticas públicas.
Nunca se menciona en dicho acuerdo, el Inegi llevará la estadística del sistema.
Por ello, diversas organizaciones de la sociedad civil han expresado y reiterado su total desacuerdo a la decisión de excluir a la sociedad civil de la medición de la criminalidad, para dejar que sean sólo las autoridades las que se evalúen a sí mismas en materia de seguridad pública.
El trabajo realizado por el Icesi, en el que participan especialistas del más alto reconocimiento internacional, es ampliamente respaldo y goza de credibilidad para las organizaciones de la sociedad civil, por la calidad de sus investigadores y el trabajo que realizan en la medición de la inseguridad.
Por otra parte el diseño y la metodología empleados por el Icesi en sus encuestas tienen el aval de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y sus indicadores son indispensables para conocer de manera imparcial, la magnitud de la criminalidad en las entidades del país.
Sólo a través de instrumentos de esta naturaleza, aplicados por organismos de la sociedad civil, puede conocerse con objetividad el avance en la lucha contra la delincuencia logrado por los diferentes gobiernos federal y estatales. Sin demeritar, claro está, la calidad profesional del Inegi.
Con esa decisión del Ejecutivo, parecería que deliberadamente se busca terminar con el contrapeso que la sociedad civil representa para la confiabilidad de las mediciones del fenómeno criminal.
Una vez más, el titular del Ejecutivo federal da una muestra de la incongruencia con que a la fecha se ha conducido, ya que por una parte utiliza todos los medios a su alcance para pedir el apoyo de la sociedad civil en el combate que a título personal ha emprendido a la delincuencia organizada y por otra, la excluye en una labor de medición de los indicadores sobre inseguridad que venía realizando de forma profesional y confiable.
Las organizaciones relacionadas con este fenómeno sostienen que la oficialización de un instrumento como la Ensi podría comprometer la imparcialidad y la confianza generadas por la encuesta en sus ediciones anteriores. Esto entorpecería el seguimiento del fenómeno delictivo y la evaluación y el diseño de políticas públicas en la materia.
En esta soberanía nos hemos manifestado y hemos solicitado en diversos espacios que las evaluaciones de los resultados de los programas de las diversas áreas del Ejecutivo sean evaluadas externamente para evitar la parcialidad de dichas evaluaciones o que éstas sean maquilladas.
La participación de la sociedad en el diseño de instrumentos de evaluación como los que en su momento realizó el Icesi constituye una herramienta necesaria con un alto nivel de confiabilidad en la evaluación de los programas y de nuestros funcionarios.
Recordemos que para que las medidas implantadas para el combate de la delincuencia funcionen dependen de un correcto y real diagnóstico, lo que no sucederá del todo cuando se genere información parcial por parte del ejecutivo, y al final se evalúe él mismo.
Por todo lo anterior, acudimos a esta tribuna a solicitar su apoyo para respaldar la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a rectificar y retomar el acuerdo con el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad para que éste coordine las encuestas nacionales sobre inseguridad.
Notas
1 tabascohoy.com, consultado el 17 de agosto de 2010, http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=123515
2 Acuerdo número 04/XXVIII/10.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2010.
Diputados: Noé Fernando Garza Flores, Rubén Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Hugo Martínez González, Melchor Sánchez de la Fuente, Miguel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Tereso Medina Ramírez, Héctor Franco López (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Yucatán a establecer en su legislación penal el delito de trata de personas, conforme a lo previsto en la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, y a expedir una normativa que evite dicho acto ilícito, a cargo de la diputada Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Adriana Díaz Lizama, diputada de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que otorgan los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El tema que se aborda en la presente proposición se refiere a un fenómeno social que afecta a toda la nación con efectos de interés general, además de estar inmerso en las materias de seguridad pública y de justicia, asimismo, a través de diversos estudios y estadísticas, se ha hecho patente como una de las actividades ilícitas más rentables para la delincuencia organizada y la condición en especial que guarda nuestra nación respecto a este delito, toda vez que es considerado como país de origen, tránsito y destino de víctimas.
Es de puntualizar que actualmente el estado de Yucatán, si bien es cierto, en su código penal, tipifica el delito de trata de personas, lo cierto es que, como se encuentra contemplado, lo es en forma somera, asimismo, tal entidad federativa no cuenta con una ley específica tendiente a prevenir la trata de personas.
Actualmente 21 entidades federativas han realizado reformas para tipificar el delito de trata de personas; entre ellas se encuentran los estados de Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Baja California, Aguascalientes, Colima, Durango.
Por su parte, el Distrito Federal cuenta con Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual y la Explotación Sexual Comercial Infantil, así como el estado de Chiapas en donde se encuentra vigente la Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
Es urgente diseñar en México políticas para la protección de las víctimas de trata y, sobre todo, homologar los marcos jurídicos en los estados de la república con la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, ya que en los últimos años este delito ha ido en aumento y la falta de homologación en el tipo penal dificulta la coordinación entre autoridades para el combate de este delito, conclusión a la que han llegado especialistas en la materia e incluso algunos compañeros legisladores.
En razón de lo anterior, es de tomar en consideración que en fecha 27 de febrero de 2009 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, en donde se incluye como participante de la Comisión Intersecretarial a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y entre sus deberes es de destacar:
IV. Establecer mecanismos de coordinación con las autoridades competentes de las entidades federativas y de los municipios, en los asuntos que se relacionen con el objeto de la ley.
Luego entonces la fracción IV alude al establecimiento de mecanismos de coordinación con las entidades federativas, lo que evidentemente se lograría con mayor éxito en el caso concreto al contar el estado de Yucatán con la normatividad pertinente que permita dar cumplimiento con el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
Motivo por el cual, a través del presente se propone que la Cámara haga el exhorto correspondiente al Congreso del estado de Yucatán, con el objeto de que éste adecue la tipificación del delito de trata de personas acorde al tipo previsto en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas con el objeto de tener una homologación en el mismo y facilitar la coordinación entre autoridades para el combate de dicha figura típica.
Asimismo, se expida una ley específica que establezca las medidas de apoyo, protección, atención y asistencia a las víctimas de estas conductas, con la finalidad de garantizar la libertad y el desarrollo de las personas que son víctimas o posibles víctimas de este delito.
De la misma forma, atendiendo a la importancia del asunto y por las razones señaladas en los párrafos precedentes y aún más tomando en consideración las condiciones geográficas del estado de Yucatán, toda vez que se trata de una entidad con gran actividad turística, circunstancia que infiere en la incidencia de tal conducta, se solicita se tenga la proposición de urgente y obvia resolución como lo contempla el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.
Es por todo lo anterior, que se somete a la consideración de ésta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Primero. Se exhorta al Congreso del estado de Yucatán para que en el ámbito de sus atribuciones establezca el delito de trata de personas en su codificación penal, acorde a la descripción típica prevista en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas,
Segundo. Se exhorta al Congreso del estado de Yucatán para que en el ámbito de sus atribuciones expida una ley específica para prevenir la trata de personas en la cual se establezca las medidas de apoyo, protección, atención y asistencia a las víctimas de estas conductas, a efecto de garantizar la libertad y el libre desarrollo de la personalidad de las víctimas o posibles víctimas de este delito, y con ello se facilite la coordinación entre autoridades para prevenir y combatir dicho ilícito.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2010.
Diputada Adriana Díaz Lizama (rúbrica)