Palacio Legislativo, México, DF, a 26 de mayo de 2010.
Licenciado Abraham Emiliano Arellano
Secretario Técnico de la Presidencia de la
Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Presente
Por indicaciones del diputado Francisco Rojas Gutiérrez, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con el acuerdo por el que se autoriza a este órgano de gobierno a publicar los cambios que comuniquen los grupos parlamentarios en la integración de comisiones ordinarias, especiales, comités de centros de estudios y grupos de trabajo, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura, me permito pedirle que se publique el siguiente movimiento, solicitado por el Grupo Parlamentario del PRI:
Sin más por el momento, quedo de usted.
Atentamente
Licenciado Juan Carlos Delgadillo Salas (rúbrica)
Secretario Ejecutivo
México, DF., a 21 de mayo de 2010.
Secretarios de la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión
Presentes
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número DEP-0729/10, la licenciada Amparo Solano Garrido, directora general adjunta, encargada de la Dirección General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita la cancelación del permiso que fue concedido a las personas que se citan a continuación para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Ronaldo Xavier Villeseñor Montiel.
Puesto: Examinador de cuentas.
Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América
en México.
(Turnado a la Comisión de Gobernación. Mayo
19 de 2010.)
Chihuahua, Chihuahua, a 9 de abril de 2010.
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña
Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión
Avenida Congreso de la Unión
Número 66, colonia El Parque
Código Postal 15960
México, DF
Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia del acuerdo número 647/2010 II P.O., así como del dictamen que le dio origen, por medio del cual la LXII Legislatura del honorable Congreso del estado, formula ante el Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se propone reformar la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Sin otro particular, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Diputado Héctor Arcelus Pérez (rúbrica)
Presidente del Honorable Congreso del Estado
La Sexagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso de Chihuahua, reunida en su segundo período ordinario de sesiones, dentro del tercer año de ejercicio constitucional
Acuerda
Artículo Único. Formular ante el honorable Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto, por medio del cual se propone reformar la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar redactado de la siguiente manera:
Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:
III. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte.
IV. a XXVIII.
Único. El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los nueve días del mes de abril del año dos mil diez.
Diputados: Héctor Arcelus Pérez (rúbrica),
Presidente; Rosa María Baray Trujillo (rúbrica), secretaria;
Irma Patricia Alamillo Calvillo (rúbrica), secretaria.
Honorable Congreso del Estado
Presente
La Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la consideración del pleno el presente dictamen, elaborado con base en los siguientes
Antecedentes
I. Con fecha once de marzo de dos mil diez, fue turnada para su estudio y posterior dictamen a la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, la iniciativa con carácter de decreto presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, a fin de presentar iniciativa con carácter de Ley ante el honorable Congreso de la Unión, con el propósito de que las respectivas Cámaras que le conforman, se pronuncien a la brevedad sobre la reforma del artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
II. De la exposición de motivos se extrae sustancialmente lo siguiente:
Por diversas razones, las cuales siempre fueron atribuidas a la conciencia de un gobierno de la República solidario con las clases desprotegidas para el cual, la idea de equidad quedaba clara, dicho impuesto no fue cobrado a los trabajadores pensionados o jubilados del IMSS y el ISSSTE, permitiendo a los trabajadores y trabajadoras que habían entregado al Estado y a las empresas de México toda su vida y su fuerza laboral, resolver las necesidades derivadas de su condición de vulnerabilidad que en muchos casos, fue consecuencia de su cobertura suficiente, y con muchas frecuencia deficiente, de los servicios médicos y asistencia les de ambas instituciones.
A partir de febrero de 2010, el gobierno federal, seguramente ante la necesidad de incrementar sus ingresos mediante la carga tributaria, voltea a ver los pensionados y jubilados del país, y decide ejecutar la ley, que sin lugar a dudas es vigente, un precepto no derogado a pesar de las condiciones en la que se encuentran quienes, con sus aportaciones siempre puntuales y sin evasión.
Sin embargo, una vez terminada su tarea ante la sociedad, este grupo de trabajadores, pensionados y jubilados ya, hoy se encuentran ante la disyuntiva de soportar una carga más, derivada de la inconsciencia y la injusticia o promover senados amparos, en la búsqueda de la protección de la justicia federal.
Cuando la Constitución de nuestro país establece que la obligación de los mexicanos para contribuir en los gastos públicos, debe ser de manera proporcional y equitativa, entonces alude a un principio fundamental, que hoy pretende soslayar al Ejecutivo federal: se refiere a la equidad.
La Suprema Corte de Justicia también ha señalado que los tributos no deben destruir la fuente impositiva, sino darle oportunidad a la persona de acrecentar su patrimonio; oportunidad que se hace cada vez más difícil para el grupo social al que hoy nos referimos."
Consideraciones
I. La inquietud planteada por los iniciadores emana evidentemente de una problemática sensible a toda la sociedad, y encuentra su fundamento en la protección de grupos vulnerables.
El artículo 109 en su fracción III,1 a que hace referencia la iniciativa en comento, regula las exenciones de pago al impuesto sobre la renta, donde se limita a los pensionados, jubilados y demás haberes de retiro previstas por la Ley de Seguridad Social, pero exceptúa los casos en que el pensionado o jubilado perciba un pago superior a los nueve salarios mínimos, en cuyo previsto, tendrá que ser retenida parte de su pensión en los términos y condiciones del reglamento de la ley en la materia., es evidente que estamos ante un impuesto a todas luces injusto, carente de toda sensibilidad social y económica, que si bien es cierto se encuentra contemplado en la Ley respectiva, y por ende no es ilegal, carece de una justificación suficiente, que amerite su subsistencia.
II. En un país con las carencias y necesidades como las que desgraciadamente imperan en México, se debe evitar, a toda costa, que las finanzas públicas vulneren aún más la economía de los ciudadanos, y con mayor razón, la de los ciudadanos que se encuentren, por su condición social, en un claro estado de vulnerabilidad, como es el caso de los jubilados y pensionados, quienes en un alto porcentaje son adultos mayores que no cuentan con ninguna otra fuente de ingreso.
Por otra parte no negamos, la autoridad tributaria del gobierno federal sobre los ciudadanos2, y los razonamientos expuestos en el cuerpo del presente dictamen no pretenden aludir a la ilegalidad de una norma, ni del mal obrar de los órganos hacendarios que la hacen valer, sin embargo coincidimos totalmente con los iniciadores al respecto de la justificación absurda para sostener dicho gravamen, ya que la aportación que de éste se obtiene no amerita, de ninguna manera, la subsistencia de un impuesto tan poco importante para las finanzas públicas, (9.8 millones de pesos) en comparación con la importancia que significa en el detrimento de los grupos más desprotegidos de nuestra sociedad.
Además no hay que perder de vista que estamos hablando de trabajadores y trabajadoras mexicanos, que durante sus años laborales cumplieron fielmente con sus responsabilidades fiscales, porque dicho monto ya fue enterado a las autoridades hacendarias en su momento, mediante declaración del patrón o del mismo trabajador, es decir que la pensión deriva de un ahorro que los trabajadores han efectuado a lo largo de su vida laboral y que en su momento ya fue gravado, por lo que pretender cobrar otro, implicaría la imposición de un doble impuesto, que se traduce en una carga injusta e inequitativa, dichos trabajadores, que por su dedicación y entrega lograron una jubilación, con una pensión digna (y a veces no tan digna) para vivir su vejez y poder subsistir, además resulta evidente que la solución de las necesidades apremiantes de las finanzas públicas no dependen de los contribuyentes responsables y cumplidos, sino de la cantidad increíble de grandes evasores fiscales que descaradamente violan la ley.
Por lo anterior, concluimos acorde al razonamiento de los iniciadores al respecto a que la eliminación total del pago de los jubilados y pensionados, constituye un menoscabo intrascendente, en comparación a al daño que provoca su aplicación en la economía, ya muy afectada, de los pensionados y sus familias, por lo cual estamos evidentemente previniendo la presencia de una bien menor que se impone sobre un mal mayor. En este tenor respaldamos la iniciativa en comento, respecto a eliminar la excepción a la exención que contempla la redacción de la fracción III, del artículo 109de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
En conclusión, los miembros de la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, coincidimos plenamente con los iniciadores en la propuesta que plantean a través de este conducto ante el H. Congreso de la Unión, por considerar la iniciativa en comento como totalmente justificada en su pretensión.
En razón de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno el siguiente dictamen con carácter de
Iniciativa de ley ante el honorable Congreso de la Unión
Único. Se reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar redactado de la siguiente forma:
Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:
III. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte.
IV. a XVIII.
Único. La presente ley entrara en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría a efecto de que elabore la minuta de acuerdo en los términos en que deba enviarse.
Notas
1. Artículo 109. No se
pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los
siguientes ingresos:
I. y II.
III. Las jubilaciones, pensiones,
haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas
de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta
de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley
del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema
de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez,
incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario
no exceda de nueve veces el salario mínimo general del área
geográfica del contribuyente. Por el excedente se pagará
el impuesto en los términos de este Título.
Para aplicar la exención
sobre los conceptos a que se refiere esta fracción, se deberá
considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagados
al trabajador a que se refiere la misma, independientemente de quien los
pague. Sobre el excedente se deberá efectuar la retención
en los términos que al efecto establezca el Reglamento de esta.
2. Artículo 31. Son
obligaciones de los mexicanos:
I. a III.
Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo a los nueve días del mes de abril del año dos mil diez.
Por la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales
Diputados: Jorge Neaves Chacón (rúbrica), Presidente; Miguel Jurado Contreras (rúbrica), secretario; Jesús Armando Muñoz Ponce (rúbrica), vocal.
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Mayo 26 de 2010.)
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, RECIBIDA
DEL DIPUTADO CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES
26 DE MAYO DE 2010
El que suscribe, diputado federal César Daniel González Madruga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 55, fracción II y 56, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo con la Organización Iberoamericana de la Juventud, tradicionalmente se ha concebido a la juventud como una fase de transición entre dos etapas? la niñez y la adultez.
Nuestro país cuenta con un amplio sector juvenil, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,1 se estima que la población es de 106.7 millones de habitantes; de los cuales el 27.3 por ciento (29.1 millones) son jóvenes de 15 a 29 años; 14.4 millones son hombres y 14.7 millones mujeres.
De acuerdo con las proyecciones que se han realizado de este grupo, se estima que la población joven llegará a 29.3 millones en 2010 y seguirá aumentando hasta el año 2015, cuando llegue a su máximo histórico de 29.5 millones; a partir de entonces comenzará a reducir su tamaño.
La importancia de las y los jóvenes en México es enorme, no sólo por el número que representan respecto a la población total, sino porque se erigen como los conductores del progreso en todos los ámbitos de la vida nacional, motivo por el cual han sido apoyados a fin de aprovechar su potencial en la construcción de un mejor país.
En este sentido, se han logrado avances importantes en la materia, como es la tarea institucional realizada a fin de brindar atención a la juventud, la cual tuvo inicio en 1940 a través de la Oficina de Acción Juvenil de la Secretaría de Educación Pública, en 1950 por el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, por el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud creado por decreto publicado en noviembre de 1977, en 1988 por la Comisión Nacional del Deporte y en 1995 el Senado de la República instituyó la Comisión de Atención a la Juventud como una instancia de propuesta de medida legislativas destinadas a modernizar el marco jurídico de apoyo a los estratos jóvenes de población.
Dichas instituciones, sin duda alguna fueron dando forma a una política de Estado destinada a atender los problemas y expectativas de los jóvenes.
Sin embargo, fue en 1999 cuando se creó por disposición de ley el Instituto Mexicano de la Juventud, encargado de definir e instrumentar la política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país.
La Ley del Instituto Mexicano de la Juventud nace como respuesta a la necesidad de contar con un instrumento jurídico que garantice el ejercicio pleno de los derechos de la juventud y dé marco y fundamento a la actuación del gobierno para poner en marcha una política que construya oportunidades verdaderas para los jóvenes.
Este instrumento jurídico ha dotado al Instituto Mexicano de la Juventud de amplias atribuciones que sin duda han contribuido a la labor de promover, generar y articular políticas públicas integrales de juventud que han surgido del reconocimiento de las y de los jóvenes en toda su diversidad, como sujetos y actores de su propio destino, que responden a sus necesidades, expectativas y propuestas; propiciando el mejoramiento de su calidad de vida y su participación plena.
No obstante los logros y la gran labor que ha venido realizando el instituto, éstos no han sido suficientes, toda vez que en nuestro país las y los jóvenes han llegado a sus niveles más altos de la historia, debido al bono demográfico que se ha estado experimentando, por lo que los requerimientos por parte de este sector de la población han sido aún más evidentes, debido a la situación de rezago que enfrentan en los distintos ámbitos así como los obstáculos para participar plenamente en las decisiones nacionales.
Es así que las demandas sociales, culturales, políticas y económicas que tiene la juventud mexicana son mayores; particularmente en materia de salud, trabajo, vivienda, educación, por mencionar algunos.
En este sentido, en Acción Nacional estimamos que se requiere fortalecer al Instituto Mexicano de la Juventud a fin de dotarlo de los órganos internos necesarios que le permitan dar respuesta de manera eficiente a las demandas de las y los jóvenes mexicanos.
En razón de lo anterior, la intención de la presente iniciativa es en primer término definir los criterios que deberá observar el Instituto en el cumplimiento de su objetivo, de gran relevancia, como son la integralidad y transversalidad de las políticas públicas, la no discriminación, la igualdad entre mujeres y hombres y el fomento al federalismo.
Asimismo, se establecen los lineamientos bajo los cuales el Instituto tendrá que definir e instrumentar la política nacional de juventud, una política tendiente a mejorar la calidad de vida de los jóvenes y el respeto y acceso a sus derechos.
Por otra parte se fortalecen las atribuciones del Instituto en cuanto al Programa Nacional de Juventud, además de definirse diversos aspectos sobre su diseño, contenido y evaluación de los resultados en el cumplimiento de sus objetivos y estrategias.
De igual forma, se propone fortalecer la política pública en materia de juventud mediante la creación de un órgano coordinador de la política nacional de juventud, cuyo objeto será garantizar la integralidad y transversalidad de la política nacional de juventud, así como su correcta instrumentación y ejecución a fin de brindar a los jóvenes las condiciones necesarias para su desarrollo integral; y la creación de un Sistema Nacional de Información, Investigación y Consulta sobre Juventud, el cual establecerá los mecanismos necesarios para generar las bases de datos con información relevante en materia de juventud.
En Acción Nacional refrendamos nuestro compromiso con la juventud mexicana y estamos convencidos de que en el marco de la Conferencia Mundial de la Juventud que se celebrará en México en agosto de este año, se requiere emprender reformas al marco jurídico de nuestro país tendientes a mejorar las condiciones de las y los jóvenes a fin de lograr su desarrollo en los distintos ámbitos y que nuestro país constituya no sólo la sede de la Conferencia, sino un país ejemplar en cuanto al marco normativo en la materia.
En la medida en que contemos con instituciones fuertes y eficientes se impactará de manera positiva en el logro de desarrollar una verdadera política en materia de juventud.
En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud
Artículo Único. Se adicionan un último párrafo al artículo 3, un artículo 3 Bis, un último párrafo al artículo 4; un artículo 4 Bis con dos párrafos; el Capítulo II Bis, denominado "Del Órgano Coordinador de la Política Nacional de Juventud", y un artículo 14 Bis; y el Capítulo II Ter, "Del Sistema Nacional de Información", Investigación y Consulta sobre Juventud; además se reforma y adiciona el artículo 7, todos de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:
Artículo 3. El Instituto tendrá por objeto:
En el cumplimiento de su objeto, el Instituto deberá observar los criterios de integralidad y transversalidad de las políticas públicas; promover la no discriminación y la igualdad entre mujeres y hombres en el diseño e instrumentación de las políticas, programas y acciones, y fomentar el federalismo por lo que hace al desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento institucional de las dependencias responsables de la aplicación de las disposiciones jurídicas que regulen la materia en las entidades federativas y los municipios.
II. Promover una cultura de respeto a los derechos de los jóvenes en los distintos ámbitos;
III. Garantizar a los jóvenes el acceso y disfrute de oportunidades en condiciones de equidad, y
IV. Fomentar en los distintos ámbitos en los que se desenvuelven el conocimiento de sus derechos, su comprensión, apropiación y los medios para hacerlos exigibles.
Además de lo anterior el Instituto deberá elaborar el Programa Nacional de Juventud, el cual deberá ser congruente con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo así como de los programas sectoriales, institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación; asimismo emitir informes de evaluación periódica para dar cuenta de los resultados en el cumplimiento de los objetivos y estrategias del mismo;
Dicho programa será obligatorio para las dependencias y entidades de la administración pública federal en el ámbito de sus respectivas competencias, y orientará la programación de las acciones de las entidades federativas y de los municipios en la materia.
Artículo 7. El Instituto contará con los siguientes órganos:
II. Dirección general;
III. Órgano Coordinador de la Política Nacional de Juventud;
IV. Sistema Nacional de Información, Investigación y Consulta sobre Juventud, y
V. Las estructuras administrativas que se establezcan en el Estatuto Orgánico.
Artículo 14 Bis. El Órgano Coordinador de la Política Nacional de Juventud tiene por objeto garantizar la integralidad y transversalidad de la política nacional de juventud, así como su correcta instrumentación y ejecución a fin de brindar a los jóvenes las condiciones necesarias para su desarrollo integral.
Son integrantes del Órgano Coordinador, los titulares de:
II. La Secretaría de Desarrollo Social;
III. La Secretaría de Salud;
IV. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social;
V. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;
VI. Los Institutos de la Juventud Estatales y del Distrito Federal;
VII. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;
VIII. El Instituto Nacional de las Mujeres;
IX. Los Centros de Integración Juvenil;
X. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación;
XI. El Consejo Nacional contra las Adicciones;
XII. El Consejo Nacional de Fomento Educativo;
XIII. El Consejo Nacional para la Educación y la Vida, y
XIV. Las demás entidades, dependencias y organismos que se requieran, previo acuerdo del sistema.
Capítulo II Ter
Del Sistema Nacional de Información, Investigación
y Consulta sobre Juventud
Artículo 14 Ter. El instituto contará con un Sistema Nacional de Información, Investigación y Consulta sobre Juventud, el cual establecerá los mecanismos necesarios para generar las bases de datos con información relevante en materia de juventud.
Entre otros, dicho sistema de información permitirá el intercambio de conocimientos y experiencias sobre las aspiraciones, intereses y prioridades, así como la realidad de los jóvenes y el diseño de criterios a fin evaluar tanto su nivel de bienestar como el grado de cumplimiento de sus derechos.
Los requisitos para la integración, funcionamiento y actualización del sistema de difusión se establecerán en el estatuto orgánico.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las adecuaciones normativas correspondientes, deberán realizarse a más tardar 60 días después de la entrada en vigor del presente decreto.
Tercero. El Órgano Coordinador de la Política Nacional de Juventud y el Sistema Nacional de Información, Investigación y Consulta sobre Juventud, deberán quedar integrados a más tardar 180 días después de la entrada en vigor del presente decreto.
Nota
1. Inegi, 2008.
Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 26 días del mes de mayo de 2010.
Diputado César Daniel González Madruga (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Juventud y Deporte. Mayo
26 de 2010.)
QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS
93 CONSTITUCIONAL, Y 26 Y 45 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RECIBIDA DEL DIPUTADO PABLO ESCUDERO MORALES,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 26 DE MAYO DE 2010
El suscrito, Pablo Escudero Morales, diputado federal a la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa, que contiene proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de dotar a los diputados federales y a los grupos parlamentarios de la facultad para requerir información a las dependencias federales, con arreglo a la siguiente
Exposición de Motivos
La iniciativa, pretende otorgar la facultad a los diputados federales en lo individual y a los grupos parlamentarios, de requerir información documental a los entes de la administración pública federal, facultad que en la actualidad está reservada a la Cámara en su conjunto y a las comisiones que la integran, cuando la requieren en ejercicio de sus facultades dictaminadoras y de estudio.
Consideramos en el Partido Verde Ecologista de México, que la propuesta, permitirá hacer eficientes los trabajos de investigación, revisión, transparencia y rendición de cuentas que efectúan los diputados federales, así como materializar y acercar el principio del equilibrio de poderes.
No podemos perder de vista que el marco de un Poder Legislativo actualizado, que desempeña funciones de gran importancia para la Nación al participar en la elaboración de las políticas públicas, a través de la creación de leyes, requiere contar en todo momento con la información precisa y a su alcance que le permitirá llevar a cabo sus objetivos.
En México la Cámara de Diputados es un ente, integrado por representantes electos por voluntad popular, y que materializan en ella, los reclamos y aspiraciones sociales, que se caracteriza no sólo por las funciones que realiza de orden representativo, legislativo y presupuestario, sino que cumple una importantísima labor de control y fiscalización sobre los otros órganos del Estado, en apego al principio del equilibrio de poderes enarbolado por Montesquieu, quien en su obra El espíritu de las leyes afirmó que la ley es lo más importante del Estado y la ley debe permitir al pueblo vigilar a los poderes del Estado y quienes los integran.
La Cámara de Diputados constituida por los diputados federales, como foro natural para la discusión y toma de acuerdos que influirán en el desarrollo del país debe tener a la mano, toda la información, que le sea necesaria para el desarrollo de sus trabajos.
No podemos olvidar tampoco que, como legisladores, ejerciendo funciones de dictaminación se revisan una gran cantidad de materias que son sometidas a nuestra competencia, por ello y para la realización de dichos actos, se requiere de la información completa, precisa, además de poder contar con ella con la mayor brevedad, ya que conforme a la normatividad vigente, una solicitud de información hecha por un diputado federal debe pasar primero por el consenso de su fracción, posterior a ello, ser incluida en el orden del día de las sesiones del pleno, previo acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en la forma de punto de acuerdo, que después será presentado y votado en el pleno, y de ser aprobado entonces y solo entonces, seria en ese momento que se requeriría a la autoridad administrativa, esto es a todas luces impráctico y muchas de las veces cuando se logra recibir la información, esta ya no es útil para los fines que se precisaba en el momento que se requería.
Las dos grandes aportaciones que se pretenden con la presente iniciativa es en primer lugar, reconocer un derecho político a los diputados federales, tanto en sus facultades de legisladores y de fiscalizadores del servicio público, como en la importantísima tarea de representar a la población y la segunda gran aportación será la inmediatez para obtener la información que habrá de servir para desahogar los trabajos legislativos y de dictaminación en beneficio de mejores cuerpos normativos y fiscalización del poder ejecutivo y judicial.
De conformidad con lo expuesto, proponemos reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que si bien en su artículo 93 prevé la facultad de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión de requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal mediante pregunta por escrito, a efecto de cumplir con sus labores legislativas, la realidad es que este procedimiento, no es lo suficientemente óptimo y apegado a la velocidad con la que se requiere la información. Consideramos que los diputados en lo individual y los grupos parlamentarios que son representados en el Congreso deberían también gozar de la facultad señalada.
Consideramos, que es materialmente inviable que se tenga que realizar un trabajo de consenso al interior de las Cámaras, a efecto de hacerse llegar de información de las dependencias del Ejecutivo Federal, perdiéndose con ello inmediatez y eficacia, sobre todo, cuando dicha información, habrá de ser empleada, para la creación de leyes, dictaminación de las mismas y atención a problemas de la administración pública, como lo es el uso y destino de los recursos federales entre muchos otros más.
Dejar esta facultad de lado significaría la falta de una palanca fundamental en el ejercicio del equilibrio de los poderes.
Como representantes populares, los diputados federales, deberán contar con una herramienta de fiscalización que les permita realizar sus trabajos con precisión y en respuesta directa a la atención de las demandas sociales y las problemáticas que se dan al interior de la administración pública.
En concordancia y en un análisis y reforma integral de la Ley, consideramos, que deberán también ser reformados los artículos 26 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de reconocer en el primero de los artículos, por medio de la inclusión de un punto 7, la facultad a que hacemos referencia a favor de los grupos parlamentarios y los diputados que los integran, en la redacción del punto, se incluyo el termino de 15 días hábiles para que la autoridad emita su respuesta, por ser este el termino idóneo, además de ser el reconocido en la Constitución.
Por su parte, en lo que se refiere al artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos incluir en su primer párrafo el siguiente texto "en su carácter de diputados federales", ya que el mismo hace alusión a la facultad de que gozan los presidentes de las comisiones que integran la Cámara de Diputados, de requerir información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo federal cuando se trate de un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa relativa a las materias que les corresponda atender, la propuesta es en este sentido toda vez que de dejarlo como se encuentra actualmente, se incurriría en una antinomia con la propuesta de reforma al texto constitucional, al considerar una excepción a favor de los presidentes de comisión, cuando la propuesta pretende otorgarle dicha facultad a todos los diputados federales.
Por último, se propone modificar el tercer párrafo del mismo artículo 45 en comento, para homologarlo al termino de respuesta la cual deberá ser no mayor a 15 días naturales, que establece el artículo 93 de la Constitución, toda vez que en la redacción que se encuentra vigente, se utiliza el concepto de "proporcionar la información en un plazo razonable" lo que daría lugar a un conflicto con el sentido que se pretende en la presente iniciativa.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de
Decreto que reforma y adiciona los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de dotar a los diputados federales y a los grupos parlamentarios de la facultad para requerir información a las dependencias federales
Artículo Primero. Se adiciona el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 93. Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.
Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.
Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal.
Las Cámaras, los diputados o senadores en lo individual y los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión, podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.
El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus reglamentos.
Artículo Segundo. Se reforma el artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 26.
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 70 constitucional, el Grupo Parlamentario es el conjunto de diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas en la Cámara.
2. El Grupo Parlamentario se integra por lo menos con cinco diputados y sólo podrá haber uno por cada partido político nacional que cuente con diputados en la Cámara.
3. En la primera sesión ordinaria de la legislatura, cada grupo parlamentario de conformidad con lo que dispone esta ley, entregará a la Secretaría General la documentación siguiente:
b) Las normas acordadas por los miembros del grupo para su funcionamiento interno, según dispongan los Estatutos del partido político en el que militen; y
c) Nombre del diputado que haya sido designado como coordinador del grupo parlamentario y los nombres de quienes desempeñen otras actividades directivas.
5. El secretario general hará publicar los documentos constitutivos de los grupos parlamentarios y, al inicio de cada periodo de sesiones, la agenda legislativa de los temas que cada uno pretenda abordar durante el transcurso de éste.
6. Los grupos parlamentarios con base en la similitud de sus agendas o en la comunión de sus principios ideológicos, podrán formular acuerdos que se traduzcan en la conformación de mayorías parlamentarias.
7. Los grupos parlamentarios y los diputados integrantes en lo particular, podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción, de conformidad con lo establecido en el artículo 93 constitucional.
Artículo Tercero. Se reforma el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 45.
1. Los presidentes de las comisiones ordinarias en su carácter de diputados federales, podrán solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo federal cuando se trate de un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa relativa a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos aplicables.
2. No procederá la solicitud de información o documentación, cuando una u otra tengan el carácter de reservada conforme a las disposiciones legales aplicables.
3. El titular de la dependencia o entidad estará obligado a proporcionar la información en un plazo no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción, de conformidad con lo establecido en el artículo 93 constitucional; si la misma no fuere remitida, la comisión podrá dirigirse oficialmente en queja al titular de la dependencia o al ciudadano presidente de la república.
4. Las comisiones ordinarias cuya materia se corresponde con los ramos de la administración pública federal harán el estudio del informe a que se refiere el primer párrafo del artículo 93 constitucional, según su competencia. Al efecto, formularán un documento en el que consten las conclusiones de su análisis. En su caso, podrán requerir mayor información del ramo, o solicitar la comparecencia de servidores públicos de la dependencia ante la propia comisión. Si de las conclusiones se desprenden situaciones que por su importancia o trascendencia requieran la presencia en la Cámara del titular de la dependencia, la comisión podrá solicitar al Presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que el secretario del despacho o jefe de departamento administrativo correspondiente comparezca ante el pleno. Asimismo, se estará a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 93 constitucional.
5. Asimismo, las comisiones a que se refiere el párrafo anterior y de acuerdo a su competencia, darán opinión fundada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con base en los informes que rindan el Poder Ejecutivo federal y las demás entidades fiscalizadas, en los términos del artículo 79, fracción I, de la Constitución. Dichas opiniones deberán ser enviadas a más tardar sesenta días después de la recepción de los informes. La opinión fundada tendrá por objeto hacer aportaciones a esa comisión sobre aspectos presupuestales específicos, en relación al cumplimiento de los objetivos de los programas del correspondiente ramo de la administración pública federal, y para que sean consideradas en la revisión de la Cuenta Pública.
6. Las comisiones tendrán las tareas siguientes:
b) Rendir un informe semestral de sus actividades a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos;
c) Organizar y mantener un archivo de todos los asuntos que les sean turnados, que deberá ser entregado a la legislatura siguiente;
d) Sesionar cuando menos una vez al mes;
e) Resolver los asuntos que la Mesa Directiva de la Cámara les turne;
f) Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de los programas legislativos acordados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos; y
g) Realizar las actividades que se deriven de esta ley, de los ordenamientos aplicables, de los acuerdos tomados por el Pleno de la Cámara y los que adopten por sí mismas con relación a la materia o materias de su competencia.
Los proyectos de dictamen de la Sección Instructora y los de las comisiones encargadas de resolver asuntos relacionados con imputaciones o fincamiento de responsabilidades, así como de juicio político y declaración de procedencia, sólo pasarán al Pleno si son votados por la mayoría de los integrantes respectivos.
Transitorio
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de Xicoténcatl, salón de sesiones sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, durante el segundo periodo de receso, del primer año, de la Sexagésima Primera Legislatura, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil diez.
Diputado Pablo Escudero Morales (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Mayo 26 de 2010.)
CON PROYECTO DE DECRETO, PARA INSCRIBIR
CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
EL NOMBRE DEL GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO
ALFREDO VILLEGAS ARREOLA, EN NOMBRE DEL DIPUTADO ÓSCAR LARA SALAZAR,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 26 DE MAYO DE 2010
El suscrito, diputado federal del Partido Revolucionario Institucional a esta LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el marco de los festejos conmemorativos del bicentenario de la Independencia de México respecto a España y del centenario de la Revolución Mexicana, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone a esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro, en el Muro de Honor de este recinto parlamentario de la honorable Cámara de Diputados el nombre del general Plutarco Elías Calles, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
Considero pertinente plantear ante esta Honorable Asamblea un asunto de suma importancia en el reconocimiento histórico de quienes lucharon por consolidar a nuestra nación, tanto a nivel interno como mundial.
Me refiero a una iniciativa de ley cuya esencia conlleva la finalidad de rendir homenaje al hombre cuyos ideales más puros lo lanzaron a luchar por las reivindicaciones políticas y sociales más sentidas del pueblo mexicano y con el cual se tiene una deuda histórica pendiente. El personaje que aludimos, sin cortapisas de ninguna índole, es el general Plutarco Elías Calles, militar surgido de las filas revolucionarias, llegando a desempeñar el honroso cargo de Presidente Constitucional de la República Mexicana en el periodo cuatrienial 1924-1928.
Como militar, es indiscutible su participación en las lides revolucionarias, siempre al lado del Constitucionalismo evitando caer en las desviaciones propias de quienes, en determinados momentos, asumieron posturas caudillistas. Fiel a sus convicciones, desde joven se distinguió como hombre definido, de carácter serio y franco y tenia aplomo para expresar sus opiniones y resolución para afrontar las responsabilidades por más graves que esas fueran.
Su recio carácter se hizo patente desde que comenzó su ejercicio como servidor público, siendo comisario de Agua Prieta, Sonora, cuyas principales funciones eran mantener el orden, administrar justicia y hacerse cargo de las oficinas de la aduana.
Ya en plena Revolución, incorporado a las fuerzas del general Álvaro Obregón, con el grado de teniente coronel ocupó Agua Prieta. En septiembre de 1913 fue ascendido a coronel en reconocimiento a su participación en los combates de Cananea, Naco y Agua Prieta.
Durante la lucha contra el huertismo se distinguió como uno de los jefes más tenaces, lo que le valió ser designado, en marzo de 1914, comandante militar de la plaza de Hermosillo y jefe de las fuerzas fijas de Sonora. En octubre de ese mismo año ascendió a general brigadier.
El 4 de agosto de 1915 Carranza lo nombró comandante militar y gobernador interino de la entidad sonorense, desempeñando este cargo con acierto, tanto en el aspecto militar al batirse contra las fuerzas anticarrancistas, así como en el desarrollo de su programa de gobierno, donde se contemplaron las siguientes medidas: prohibición de la venta y consumo de bebidas embriagantes, reformas a la instrucción pública, al ordenar la creación de escuelas en todos los lugares con más de 500 habitantes, formación de bibliotecas públicas; fundación de las escuelas Normal de Maestros y Cruz Gálvez, para los huérfanos de la Revolución y apertura de nuevos caminos y de instituciones de beneficencia.
Además promovió la división de las grandes propiedades y decretó la expulsión de la entidad de todos los sacerdotes católicos que se negaban a respetar la ley. Fijó el sueldo mínimo para jornaleros y peones y declaró de utilidad pública la explotación de todos los recursos productivos del estado. El 30 de junio tomó posesión de la gubernatura constitucional, concluyendo su mandato el 8 de mayo de 1919. Tomó posesión de la Presidencia de la República el 1ro de diciembre de 1924.
El general Plutarco Elías calles supo, y pudo, enfrentar a los desafíos que el escenario nacional y mundial le presentaban. Durante su gestión como presidente de la república se evidenció su carácter fuerte y decidido, manifiesto en una administración notablemente progresista cuyas metas estaban definidas en el aspecto político-social y encauzada dentro de un plan de fuertes economías.
Si bien, no se trata de realizar un análisis exhaustivo de los logros obtenidos durante su mandato presidencial, si es menester subrayar con toda justicia los más importantes y significativos para la vida nacional e historia de la misma, el impulso distintivo que se le dio a los principales ramos y las actividades inherentes a ellos.
El rubro económico fue uno de los primeros en atenderse, en virtud de su obvia relevancia. Así, el 7 de enero de 1925 promulgó la Ley General de Instituciones de Crédito, que vendría a reformar la Ley que expidiera en 1897 José Yves Limantour.
Transformó los sistemas financiero y bancario al fundar instituciones tales como la Comisión Nacional Bancaria y el Banco Único de Emisión o Banco de México, dando con ello un avance en la construcción crediticia del país.
Con la constitución del Banco Central de México, como único emisor de billetes bajo el control del estado, es loable decir que el presidente Plutarco Elías Calles superó con creces la política financiera del general Porfirio Díaz, pues mientras este necesito largos años para constituir una reserva de setenta y dos millones de pesos, el general Plutarco Elías Calles fundó el Banco de México, SA, en el primer año de su administración, con un capital de cien millones de pesos oro nacional.
Para efecto de sanear las finanzas públicas, en materia hacendaria reformuló la política respectiva haciéndola más equitativa a través de la creación del impuesto sobre la renta; estableció el descuento de pensiones a todos los empleados públicos dependientes de la Federación, instituyendo la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro y el Fondo de Garantía para poner al erario federal a cubierto de desfalcos por parte de empleados infieles, reorganizando las Oficinas Federales de Hacienda.
En lo que se refiere a su política agraria, el general Plutarco Elías Calles, entabló el compromiso de cumplir y hacer cumplir el artículo 27 constitucional, y a resolver el problema del campo por medio de la denominada Reforma Agraria Integral.
Su objetivo era fomentar la pequeña propiedad a través de la dotación de tierras a campesinos, pero esta tenía que estar acompañada de otros elementos: crédito agrícola; construcción de caminos; organización de cooperativas; impartición de educación especializada en nuevas técnicas agrícolas e infraestructura necesaria para el riego.
Con excelente visión de futuro el presidente Plutarco Elías Calles pensó en lo conducente para llevar a cabo la modernización del campo mexicano, promulgando las leyes adecuadas y fundando diversas instituciones. Esta titánica labor comenzó en 1926 estableciendo el Banco Nacional de Crédito Agrícola, el Banco Ejidal y el Banco Cooperativo Agrícola.
Aunado a eso, implementó la apertura de los campos experimentales, siguiendo con la reorganización de exposiciones agropecuarias en la capital de la república e introducción de sementales finos. Un ejemplo de la entereza que puso en sus acciones agrarias, es plausible la adquisición de las propiedades y derechos de la compañía Constructora Richardson, SA, en la región del Rio Yaqui, poniéndolos en manos del Banco Nacional de Crédito Agrícola.
Asimismo, recuperó la estación carbonífera de Pichilingue, Baja California, que desde 1866 estaba ocupada por angloamericanos, previo permiso de las autoridades nacionales. Fue también en este año de 1926 en enero que en materia de riego decretó la Ley de Irrigación de Aguas Federales, a través de la cual se creó la Comisión Nacional de Irrigación que encauzó en el país las primeras obras de esta naturaleza.
Acostumbrado a una férrea disciplina, el presidente Plutarco Elías Calles encaminaba con denuedo a México por la senda hacia un promisorio futuro, no como en su largo y dictatorial mandato lo hiciera el general Porfirio Díaz, cuyo gobierno realizó obras y desarrolló una política económica para beneficiar a unos cuantos y en detrimento de los sectores sociales más desfavorecidos, los cuales no vieron otra salida para acabar con sus ancestrales infortunios que lanzarse a la Revolución Mexicana, proceso que arrojo más de un millón de muertos.
Con el régimen emanado de ese sangriento periodo que abarcó de 1910 a 1920 aproximadamente, y que ahora era dirigido por el general Plutarco Elías Calles, legitimado por la Constitución Federal de 1917, la perspectiva llevaba a nuevos horizontes, más nobles y con mayor justicia social para la clase trabajadora: campesinos y obreros, clases medias e intelectuales; esa gran masa que aportó su sangre en busca de la reivindicación de sus anhelos políticos y la satisfacción de sus necesidades más apremiantes. Satisfacción que, lo pensara el presidente Plutarco Elías Calles, solamente podría lograrse con las oportunidades que brindan la educación y el trabajo bien remunerado.
Por eso, en la cuestión educativa introdujo diversas innovaciones: decretó la creación de la enseñanza secundaria; formó un departamento de enseñanza técnica e industrial; instituyó en la capital de la república la casa del estudiante indígena y difundió la educación a través del uso de la radio.
También, continuo con la tarea impulsada por José Vasconcelos, al extender el número de escuelas rurales y mantener las misiones culturales. Fomentó la política editorial de la Secretaría de Educación Pública y estimulo la apertura de bibliotecas públicas.
En marzo de 1926 expidió la Ley de Escuelas Centrales Agrícolas, y para 1927 se inauguraron escuelas de este tipo en Durango, Hidalgo, Guanajuato y Michoacán. La Revolución Mexicana, de la mano del general Plutarco Elías Calles cumplía así a los mexicanos que creyeron en el cambio socio-político, que no tuvieron otro camino que la lucha armada.
Pero el desarrollo íntegro de un país no se puede concebir sin las comunicaciones adecuadas. Sabiendo eso, el general Plutarco Elías Calles, se dio a la labor de construir las primera carreteras petrolizadas o asfaltadas, estimulando con ello el establecimiento de una red de vías de comunicación y, por tanto, el 30 de marzo de 1925 instituyó la Comisión Nacional de Caminos.
Las principales rutas que se construyeron durante su mandato fueron las carreteras de Puebla, Puebla, Pachuca, Hidalgo, y Acapulco, Guerrero. En 1927 la extensión carretera sumaba dos mil kilómetros terminados. Coadyuvando al rubro carretero se establecieron las primeras líneas telefónicas de larga distancia, rutas de navegación aérea y servicio postal de este ramo.
Conociendo las ingentes necesidades del campo mexicano y de quienes la trabajan el presidente Plutarco Elías Calles impulsó, convencido plenamente de ello, el reparto ejidal para llevar a la práctica su política agraria, fundamentándose en la Ley Reglamentaria sobre la Repartición de Tierras Ejidales y constitución del patrimonio parcelario.
Durante su gobierno se repartieron 3,088,071 hectáreas, entre 302,432 jefes de familia. El 10 de febrero de 1926 aprobó la Ley General de Cooperativas, con la que trató de implementar el sistema de cooperativas de producción y consumo entre ejidatarios. También dictó la Ley de Colonización que introdujo innovaciones en la formación de asentamientos tanto de nacionales como de extranjeros.
En lo que respecta a su política obrera, el general Plutarco Elías Calles se apoyó principalmente en los trabajadores afiliados a la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y su órgano político, el Partido Laborista Mexicano. Político por antonomasia, fortaleció sus relaciones con el sector obrero perteneciente a esta central obrera, recibiendo a cambio un apoyo reciproco para el desempeño de su política nacionalista y su lucha contra el regionalismo y caciquismo.
La transformación del Ejército Nacional, para garantizar la paz, la seguridad social y la salvaguarda de la soberanía nacional, siempre estuvo en la agenda del general Plutarco Elías Calles, convirtiéndolo en una unidad que atendiera las necesidades de las nuevas instituciones del estado y no las de los individuos.
En este sentido se dispuso la reorganización de la secretaria de guerra sustituyendo a los elementos civiles por militares de carrera por lo que se contempló el Colegio Militar en Popotla; la promulgación de una nueva legislación militar; el desarrollo de la fuerza aérea y la reducción del presupuesto militar que a principios de su administración absorbía el 33 por ciento del gasto nacional. Asimismo, se edificaron las primeras ciudades militares.
A pesar de todas la acciones políticas propuestas y desarrolladas durante el régimen del gobierno del general Plutarco Elías Calles para mejorar la imagen de nuestra nación ante los ojos de los países que configuraban, entonces, el concierto internacional, nunca faltaban algunas expresiones de resistencia al progreso.
El conservadurismo de algunos elementos sociales que se mueven para frenar el progreso de un estado mexicano, laico por naturaleza, siempre ha estado presente en la Historia de México. La rebelión clerical fue un episodio de características letales que originó la intransigencia de algunos sectores del clero mexicano, soliviantando una parte de la población que arremetió contra el orden establecido constitucionalmente, generando un grave problema interno en el país, exacerbando los ánimos y llevando a una guerra que duró, al menos, tres años (1926-1929).
El enfrentamiento entre la iglesia y el estado origino la guerra cristera las causas de esta se dieron por las continuas demandas del clero para reformar los artículos 3o., 5o., 24, 27, y 130 de la Constitución, pues afectaban los intereses eclesiásticos.
El otro aspecto difícil en la política del presidente Calles, es el que tuvo que sortear en sus relaciones con los Estados Unidos y, básicamente, lo que tenía que ver con las disposiciones del artículo 27 constitucional, referente a los asuntos de explotación petrolera. Eventualmente se lograron puntos de conciliación que finiquitaron las fricciones entre ambas naciones. En este caso es importante señalar la postura del general Plutarco Elías Calles en la defensa de los hidrocarburos que, incluso, veía venir una invasión norteamericana a territorio mexicano. Empero, las cosas no fueron a mayores gracias a la diplomacia del gobierno mexicano y de sus colaboradores.
Resulta innegable la contribución del general Plutarco Elías Calles al engrandecimiento de la nación mexicana a su modernización material, al enriquecimiento de sus instituciones, al respeto de su soberanía. No es posible olvidar que en 1928 reformó casi en su totalidad el Código Civil del Distrito y Territorios Federales, por lo que en ese entonces se le conoció como Código Calles. Entre principales modificaciones estaban el ordenamiento de la igualdad jurídica del hombre y la mujer; la reglamentación del patrimonio familiar, la obligación del patrón para atender los accidentes de los obreros en el trabajo; la igualdad jurídica de los hijos legítimos y los "naturales", y el reconocimiento de la personalidad moral de los sindicatos y asociaciones profesionales, por mencionar muchos que todavía nos recuerdan la calidad humana de aquel presidente nacido en Guaymas, Sonora, México y que comenzó el desempeño de su vida magisterial como ayudante de párvulos en el Colegio de Sonora.
Bajo estas premisas, nos estamos refiriendo, compañeros diputados, a hacer un homenaje por el pueblo a través de esta Representación Popular, al ilustre revolucionario, defensor las causas más apremiantes de los mexicanos, traducidas en la equidad social, en el derecho a las oportunidades para lograr mejores medios de vivienda, en el respeto a nuestras instituciones legitimadas por la Carta Magna que rige ineluctablemente a la República Mexicana y, por encima de todo, la defensa de nuestra independencia y soberanía nacionales.
Como estadista, tanto en su mandato como Gobernador de Sonora, como Jefe del Ejecutivo mexicano, promulgó importantes leyes reglamentarias: la de Juntas de Conciliación y Arbitraje, la de Administración Interior del Estado; la de Trabajo y Previsión Social; la Agraria y la Obrera, etcétera.
Pensamos que no se trata de imprimir un manifiesto apologético acerca de las acciones ejecutadas por el entonces presidente de la República Mexicana, general Plutarco Elías Calles, sino de aplicar en su justa dimensión el análisis correcto de la vida de un mexicano visionario y de brindarle nuestro reconocimiento, empleando la frase: "Honor a quien honor merece".
Por lo expuesto, propongo al pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Único: Inscríbase con letras de oro, en el Muro de Honor de este recinto parlamentario de la honorable Cámara de Diputados el nombre del general Plutarco Elías Calles.
Transitorio
Único. Este decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de mayo de 2010.
Diputado Óscar Lara Salazar (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos
y Prácticas Parlamentarias. Mayo 26 de 2010.)
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS,
PRESENTADA POR EL DIPUTADO ARMANDO RÍOS PITER, EN NOMBRE DE LA DIPUTADA
CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 26 DE MAYO DE 2010
Juan Carlos López Fernández, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en nombre de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, con fundamento en los artículo 78 y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La presente iniciativa tiene por objeto actualizar la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas para que contenga disposiciones que protejan a las personas con discapacidad y a las víctimas de este delito que adquieren una discapacidad.
La Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2007. El Congreso de la Unión debatió la Ley entre los meses de abril y octubre de 2007.
Y hasta la fecha es una norma que no ha sido objeto de reforma alguna. Después de su publicación la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados reporta que en durante la LX Legislatura se presentaron tres iniciativas a esta ley, sin que se hayan dictaminado hasta el momento. En la actual legislatura esta norma ha sido objeto de cinco iniciativas.
De estas ocho iniciativas ninguna atiende el asunto de las personas con discapacidad.
En el ámbito internacional la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad,1 en el artículo 16, denominado "Protección contra la explotación, la violencia y el abuso", establece:
2. Los Estados parte también adoptarán todas las medidas pertinentes para impedir cualquier forma de explotación, violencia y abuso asegurando, entre otras cosas, que existan formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género y la edad para las personas con discapacidad y sus familiares y cuidadores, incluso proporcionando información y educación sobre la manera de prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso. Los Estados parte asegurarán que los servicios de protección tengan en cuenta la edad, el género y la discapacidad.
3. A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y abuso, los Estados parte asegurarán que todos los servicios y programas diseñados para servir a las personas con discapacidad sean supervisados efectivamente por autoridades independientes.
4. Los Estados parte tomarán todas las medidas pertinentes para promover la recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las personas con discapacidad que sean víctimas de cualquier forma de explotación, violencia o abuso, incluso mediante la prestación de servicios de protección. Dicha recuperación e integración tendrán lugar en un entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona y que tenga en cuenta las necesidades específicas del género y la edad.
5. Los Estados parte adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas legislación y políticas centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar que los casos de explotación, violencia y abuso contra personas con discapacidad sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados.
El antecedente social más importante con respecto a la trata de personas y la discapacidad es el caso de la familia Paoletti, que reclutaba a personas sordas con fines de explotación laboral.
Estudios especializados en medios nacionales e internacionales documentaron el caso. La agencia de prensa Comunicación e Información de la Mujer publicó el
Estudio de caso: La familia Paoletti-Lemus
Trata de mexicanos sordomudos en Nueva York2
E1 19 de julio de 1997, cuatro sordomudos mexicanos fueron a una estación de policía en Queens, Nueva York y dejaron una nota al oficial de guardia en la que decía que se encontraban presos en dos casas en Queens. En la inspección policíaca se encontró a 62 sordomudos mexicanos viviendo en condiciones degradantes como esclavos de sus tratantes, quienes les forzaban a vender lápices, llaveros y otros juguetes en los vagones del metro de Nueva York.
De 1988 hasta la fecha, miembros de la familia Paoletti-Lemus, también sordomudos, y sus cómplices, coordinaron una red en la que engañaban y trataban a otros mexicanos con la misma discapacidad.
Los tratantes principales
Renato Paoletti Lemus: Hijo de José. Controlaba la red. También fue encarcelado en México y extraditado a los Estados Unidos con su padre.
Delia Lemus: La madre de la familia y esposa de José. Se encargaba de reclutar a las víctimas en varias escuelas para sordos en México. Fue sentenciada a cinco años de cárcel y una multa de $500,000 dólares en 1998.
Adriana Paoletti Lemus: Hija de Delia y José. Principal reclutadora. Enganchaba a sus compañeros en la escuela de sordomudos a la que asistía. Junto con su madre, fue sentenciada en 1998 a catorce años de cárcel y una multa de un millón de dólares.
Frank Coenen: Ex esposo de Adriana, también sordo, y ciudadano de Estados Unidos. Originario de Long Island, ayudó a la familia a expandir la red y llegar a Nueva York. Anteriormente, la red de trata abarcaba ciudades como Los Ángeles, Miami, y Las Vegas. Se declaró culpable de extorsión, tráfico y traslado de migrantes indocumentados. Testificó en contra de su ex-esposa en el juicio.
Las víctimas
Hombres, mujeres y sus hijos todos mexicanos y sordomudos. La mayoría adolescentes. Fueron reclutados en escuelas para sordos en México.
Modo de operación
Después de haber convencido a sus víctimas de ir a los Estados Unidos, la familia arreglaba pasaportes falsos o su entrada irregular a los Estados Unidos por la frontera entre México y California. A través de una red de tráfico las víctimas fueron llevadas a casas en Los Ángeles y de allí trasladadas a Nueva York o a Chicago, donde la familia comenzaba la explotación.
Los abusos
Las víctimas de la familia Paoletti-Lemus contaron una historia de abusos severos por parte de sus tratantes. Fueron forzadas a trabajar arriba de doce horas diarias para vender todos sus juguetes y poder entregar el dinero a sus tratantes quienes les golpeaban y les negaban la comida si no regresaban con dinero suficiente. Los tratantes usaban choques eléctricos para torturarles si no alcanzaban por lo menos $600 dólares mensuales y también golpeaban a sus hijos frente a las víctimas. En su juicio, Adriana Paoletti-Lemus confesó que mantenía a una de las víctimas encadenada a una cama. Las víctimas mujeres fueron abusadas sexualmente y todos vivían en condiciones degradantes.
Los tratantes forzaban a sus víctimas a vender los juguetes en el metro de Nueva York, el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey y otros lugares del área metropolitana. En ocasiones las mandaban a trabajar unos días en Boston, Washington, DC, Chicago, Philadelphia, Baltimore, y Los Ángeles.
La investigación y caso criminal
En varias ocasiones se presentaron quejas por parte de los vecinos en la que denunciaban movimientos extraños, violencia doméstica y demasiada gente en la vivienda, sin embargo las inspecciones e investigaciones coincidían con el horario de trabajo de las víctimas por lo que la policía no pudo encontrar nada irregular.
En entrevistas los vecinos comentaron que se habían dado cuenta de que en las casas vivían muchos sordos mexicanos y que a veces eran abusados, pero que al ser inmigrantes indocumentados, tenían miedo de ponerse en contacto con la policía. Por eso, aunque existían evidencias que algo estaba mal nadie descubrió la verdad hasta que las mismas víctimas la reportaran.
Según datos de la investigación legal, la familia Paoletti ganaba por lo menos un millón de dólares al año por la explotación de sus víctimas. Tenían casas en México, Nueva York y Los Ángeles, además de varias cuentas bancarias. A través del lavado de dinero realizado en los casinos de Atlantic City, Nueva Jersey, la familia lograba depositar las ganancias de sus víctimas en estas cuentas.
Cuando las víctimas fueron descubiertas, pasaron a la custodia del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) por causa de su estado indocumentado en el país. Por la duración del juicio de Adriana, Delia, Frank, y otros miembros de la red de trata, las víctimas que iban a testificar en el juicio fueron obligadas a quedarse en un hotel en Queens vigilado por policías y agentes del SIN.
Después de once meses, el SIN les concedió visas "S", especiales para aquellos que cooperen en un juicio legal y que temen represalias al regresar a sus países de origen. Con esta visa se puede solicitar la residencia permanente en tres años y la ciudadanía estadounidense en cinco. De las 62 víctimas, 37 eligieron quedarse en los Estados Unidos y los demás se regresaron a México voluntariamente.
Solamente se conceden 250 visas "S" cada año, y los solicitantes requieren un patrocinador de una agencia del gobierno de Estados Unidos que trabaje en la aplicación de la ley. Las víctimas fueron patrocinadas por el Servicio de Inmigración y Naturalización, el Fiscal General de Estados Unidos del Distrito Este de Nueva York, y la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.
Ahora, con la entrada en vigor del Acta para la Protección de Víctimas de Trata, se puede solicitar una visa "T," especialmente para víctimas de este delito de las cuales se disponen cinco mil cada año. Como la visa "S," la visa "T" también permite que el recipiente aplique para la residencia permanente y la ciudadanía estadounidense.
A través de la investigación, se descubrieron conexiones entre la red de trata de Nueva York y otras redes en Chicago y Los Ángeles, donde varias personas fueron arrestadas por su participación y varias víctimas fueron rescatadas. También se descubrió una red de trata de sordomudos mexicanos en Sanford, Carolina del Norte, con posible conexión con los Paoletti-Lemus y un grupo de sordomudos mexicanos en Dallas, Texas, quienes fabricaban los juguetes que las víctimas en Nueva York y otras ciudades fueron obligadas a vender.
José Paoletti-Lemus y su hijo Renato se escaparon a México, pero fueron detenidos por las autoridades mexicanas cuando intentaron cobrar un cheque en un sucursal de Banamex. El primero de junio del 2005 fueron extraditados a los Estados Unidos para ser juzgados por su participación en la red de trata. Previamente, habían permanecido encarcelados en la Ciudad de México.
Asistencia a las víctimas
Las víctimas que eligieron quedarse en los Estados Unidos recibieron asistencia de la Ciudad de Nueva York para encontrar alojamiento adecuado, entrenamientos para trabajos y clases en una escuela para sordos en Queens. Para los que se regresaron a México el DIF se comprometió a proveerles entrenamientos para trabajos y clases. Cada víctima también recibió entre $1,500 y $65,000 según el tiempo que habían estado esclavizados.
Al respecto, la PGR3 emitió el 7 de agosto de 1997 el boletín número 227/97 en el que informa que a través de la Oficina de Interpol-México, se logró la detención de José Paoletti Moreda, José Rustrian Paoletti, Renato Paoletti Lemus y Ezdra Suri Dahab Kassin, todos ellos involucrados en el tráfico de mexicanos sordomudos a Estados Unidos. De acuerdo con la información, los Paoletti son los jefes de la banda que se dedicaba al tráfico de personas discapacitadas.
La detención de las cuatro personas se logró cuando Ezdra Suri Dahab Kassin y José Rustrian Paoletti se presentaron en la sucursal Vallejo de Banamex, para cobrar un documento de inversión por 1700.000.00 (un millón setecientos mil pesos 00/100 moneda nacional).
Las personas detenidas condujeron a los elementos del Ministerio Público de la Federación y de la Policía Judicial Federal a un domicilio ubicado en la colonia Narvarte, donde se encontró a José Paoletti Moreda y a Renato Paoletti Lemus (padre e hijo) en un cuarto de azotea, cuya puerta estaba cerrada por fuera con una cadena. José Paoletti Moreda y Renato Paoletti Lemus son sordomudos.
A nivel internacional el documento "Trata de seres humanos en la Comunidad de Estados Independientes" reseña un ejemplo del tema materia de la presente iniciativa, y señala: Esto desafía los enfoques tradicionales de lucha contra la trata que se centran en los grupos destinatarios estrecha o grupos de riesgo. Los grupos con mayor riesgo de convertirse en víctimas de la explotación y la violencia son: los migrantes, los residentes rurales, los discapacitados, las mujeres, los ancianos, los niños de familias desfavorecidas y los huérfanos. Las formas más comunes de comportamiento de riesgo en la región están vinculadas al trabajo en el sector informal, la inmigración ilegal, las ocupaciones marginales (prostitución, la mendicidad, la participación en pandillas, etcétera), orden de novias por correo (incluso a través de correo electrónico), y por el estilo. Es en estas áreas que los traficantes de personas ofrecen sus servicios a las víctimas potenciales. Los instrumentos más comunes por los que los traficantes obligan a sus víctimas en la dependencia incluyen: la incautación de documentos, la servidumbre por deudas, aprovechando la situación de los migrantes ilegales, el aislamiento, la restricción del movimiento y la interacción social, las amenazas, el chantaje, y la violencia física. Estas son las prácticas de explotación especialmente común en las poblaciones migrantes, muchos de los cuales no tienen permiso de trabajo apropiadas... Cuando las personas han limitado las perspectivas de desarrollo, los traficantes de personas pueden usar las deficiencias en la prestación de servicios sociales para ofrecer a las víctimas potenciales exactamente lo que necesitan, pero no puede obtener a través de canales oficiales. Por ejemplo, Los discapacitados son inducidos a mendigar a cambio de que el "apoyo y protección" que no reciben del Estado.4
La Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Delincuencia, con sede en Viena, establecieron Ejemplo de caso:5En el norte de Europa, caso reciente, el acusado era un ciudadano de la UE. Él fue acusado formalmente y condenado por someter a las cuatro víctimas, entre ellos dos ciudadanos de la UE, al trabajo forzoso. La acusación formal fue que, antes de agosto de 2007, el acusado junto con su hermano contratado a varias personas en la UE. Estas personas se encontraban en una situación vulnerable debido a que eran personas sin hogar, discapacidad mental, sin trabajo ni ingresos. La parte demandada a explotarse a través de la utilización de un estricto régimen muy utilizado y la violencia y las amenazas para obligar a las víctimas a realizar un trabajo en el forma de asfaltado y piedra por el que se. Las víctimas no tenían ninguna oportunidad real y aceptable para terminar la relación laboral. El trabajo fue muy mal pagado, en el que las víctimas recibieron menos dinero de lo inicialmente acordado, se vieron obligados a vivir en condiciones miserables, había muy largos días de trabajo a veces, y estaban bajo vigilancia constante, no dicho o dado la impresión de que si no pudo realizar la obra o se escapó, se les trajo de vuelta, golpeados o asesinados.
La propuesta que someto a su consideración reforma el artículo 6 para que se imponga al servidor público la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta; o cuando la víctima sea persona mayor de sesenta años de edad, con discapacidad o se trate de persona indígena. Adicionamos la fracción VIII al artículo 9 para que los costos de los implementos que tengan por objeto el subsanar la discapacidad provocada y todo aquello que requiera para su incorporación social.
Reformamos el artículo 12 de la Ley para que la Comisión Intersecretarial Desarrollo de campañas de prevención, protección y atención en materia de trata de personas, fundamentadas en la salvaguarda de la dignidad humana de las personas con discapacidad. Finalmente adicionamos medidas para la protección de las personas con discapacidad auditiva y de la vista.
Por todo lo expuesto, consideró urgente que esta soberanía se aboque al estudio de la presente iniciativa a fin de garantizar la integridad de las personas con discapacidad.
Por lo anteriormente fundado, se somete a la consideración del pleno el siguiente proyecto de
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas
Artículo Único. Se reforman el inciso a) de la fracción II del artículo 6, la fracción III y el inciso b) de la fracción IX del artículo 12, la fracción I del artículo 16, la fracción II del artículo 18; se adicionan la fracción VIII al artículo 9 y el inciso h) a la fracción I del artículo 13, para quedar como sigue:
Artículo 6. A quien cometa el delito de trata
a) Si el agente se valiese de la función pública que tuviere o hubiese ostentado sin tener la calidad de servidor público. Además, se impondrá al servidor público la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta; o cuando la víctima sea persona mayor de sesenta años de edad; con discapacidad; o se trate de persona indígena;
b)
VIII. Los costos de los implementos que tengan por objeto el subsanar la discapacidad provocada y todo aquello que requiera para su incorporación social.
II. Desarrollar campañas de prevención, protección y atención en materia de trata de personas, fundamentadas en la salvaguarda de la dignidad humana y los derechos humanos, con especial referencia a las niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad;
III. a VIII.
IX.
a) ;
b) El número de víctimas de trata de personas, su sexo, discapacidad, estado civil, edad, nacionalidad, modalidad de victimización y, en su caso, calidad migratoria;
c) y d)
X. y XI.
a) a g)
h) En caso de que la victima sea una persona con discapacidad auditiva toda la atención prevista en el presente artículo se le proporcionara con el apoyo de un intérprete en legua de señas mexicanas.
II. y III.
II. y III.
II. Otorgar información a la víctima, en un idioma o dialecto que pueda comprender, sobre sus derechos legales y el progreso de los trámites judiciales y administrativos, según proceda. Igualmente se le proporcionará información sobre los procedimientos para su retorno al país de origen o residencia permanente en México, cuando la víctima sea una persona con discapacidad visual, esta información se proporcionará en braille;
III. y IV.
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1. Página web: http://www.sidar.org/recur/direc/legis/convencion.php
2. http://www.cimacnoticias.com/especiales/trata/casostrata/casopaolettilemus.htm
3. http://www.pgr.gob.mx/cmsocial/bol97/ago/b0022797.htm
4. Trata de seres humanos en la Comunidad de Estados
Independientes, Marina Baskakova, Elena Tiurukanova y Abdurazakova Dono,
Número: 02/2005, Título Número: Migraciones y minorías.
5. Lucha contra la trata de personas manual de penal
profesionales de la justicia, Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y
Delincuencia, Viena.
Dado en la sala de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a 26 de mayo de 2010.
Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Derechos Humanos. Mayo
26 de 2010.)
QUE REFORMA EL ARTÍCULO
259 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, RECIBIDA DEL DIPUTADO EDUARDO
LEDESMA ROMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DE
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 26 DE MAYO DE 2010
Eduardo Ledesma Romo, diputado integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del PVEM, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 78, fracción III, y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, con base a la siguiente:
Exposición de Motivos
El hostigamiento sexual es una forma de violencia que atenta contra la integridad física, psicológica y económica de las personas; elimina sus oportunidades de desarrollo y la posibilidad de desenvolverse en un ambiente sano, digno y seguro.
De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres el concepto de hostigamiento sexual se compone de los siguientes elementos:
Se trata de una conducta de naturaleza sexual no recíproca, y toda otra conducta basada en el sexo, que afecte a la dignidad de mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe.
Cuando el rechazo de una persona a esa conducta, o su sumisión a ella, se emplea explícita o implícitamente como base para una decisión que afecta algún área de la vida de esa persona.
Hay una clara relación asimétrica, identificándose con mayor precisión en espacios laborales y educativos.1
El hombre y la mujer pueden ser víctimas de estas conductas; sin embargo, se presenta con mayor frecuencia en las mujeres. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006,2 revela que de las 10 268 036 mujeres que se encuentran ocupadas, 12.5 por ciento reportan acoso laboral, y en 12 entidades federativas el porcentaje de acoso laboral se encuentra por arriba del promedio nacional.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el hostigamiento sexual es la causa de que cada una de cuatro mujeres sea despedida y que cuatro de cada diez renuncien a su empleo.
Según información disponible, en 2008 se presentaron veinticinco mil setecientos veintiocho casos de acoso sexual en doscientos cincuenta y ocho dependencias y entidades de la administración pública federal, pero sólo se denunciaron siete mil setecientos noventa y seis casos,3 por temor a represalias.
Lo anterior, permite inferir que el hostigamiento sexual constituye una realidad en nuestro país, que es una expresión de violencia que conculca el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, y a la seguridad; y que implica una práctica violatoria de la dignidad humana que provoca consecuencias sumamente perjudiciales sobre la integridad psíquica y física, la confianza, la autoestima, y sobre el rendimiento de las personas que lo padecen.
Actualmente, el delito de hostigamiento sexual se encuentra previsto en el artículo 259 Bis del Código Penal Federal, el cual dispone: "al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de cuarenta días multa".
La conducta consiste en asediar reiteradamente a personas de cualquier sexo con fines lascivos, lo que implica que tal asedio debe expresar inequívocas intenciones lascivas para el sujeto pasivo, además de que el asedio debe ser sistemático, con lo cual debe producir un daño o perjuicio material, el cual se considera de naturaleza distinta al sexual, ya que si así fuera estaríamos en presencia de la comisión de un delito distinto, como abuso sexual o violación.
De lo anterior se colige que no todas las manifestaciones que realice una persona valiéndose de su posición jerárquica, aún cuando sean reiteradas serán típicas si falta el elemento subjetivo de los fines lascivos, este elemento subjetivo se debe acreditar fehacientemente para que el juzgador pueda considerar la consumación del ilícito.
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, el adjetivo "lascivo" significa "perteneciente o relativo a la lascivia", el cual a su vez define a la "lascivia" como propensión a los deleites carnales"
Lo expuesto, complica la acreditación del tipo penal, ya que los fines lascivos son de carácter subjetivo, lo que permitiría argumentar al agente del delito que la acción que desplegó no tiene como fin un deleite carnal, constituyendo así un concepto de difícil valoración para el juzgador.
Con la presente iniciativa se propone modificar la descripción típica del hostigamiento sexual, con el fin de sustituir el elemento subjetivo de "fines lascivos", por la intención de obtener un acto sexual del sujeto pasivo, atendiendo fundamentalmente a que el bien jurídico tutelado es la libertad y el normal desarrollo psicosexual de las personas, pues con ella se eligen de manera voluntaria las relaciones sexuales.
En este sentido, estas conductas no deben quedar impunes, particularmente porque este delito difícilmente se denuncia ya sea por temor a perder el empleo, a represalias del superior jerárquico, por la dificultad para acreditar los elementos del tipo penal o por la mínima pena impuesta, razón por la cual también se propone aumentar la punibilidad de seis meses a dos años de prisión y duplicarla para el caso de que el sujeto pasivo sea una persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo.
Por lo expuesto, el legislador que suscribe, integrante del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, somete a consideración de esta Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 259 Bis del Código Penal Federal
Artículo Único. Se reforma el artículo 259 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 259 Bis. Al que asedie a persona de cualquier sexo, sin su consentimiento, con el fin de obtener de ésta un acto sexual, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, con la amenaza de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, se le impondrá sanción de seis meses a dos años de prisión y cuarenta a cien días multa. Si el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo por el mismo término de la pena impuesta.
La pena a que se refiere el presenta artículo se aumentará hasta en una mitad en su mínimo y máximo cuando el delito se cometa en contra de una persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo.
Sólo se procederá contra el hostigador, a petición de parte ofendida.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. A las personas que hayan cometido un delito de los previstos en el presente decreto, con anterioridad a su entrada en vigor, incluidas las procesadas o sentenciadas, les serán aplicadas las disposiciones del Código Penal Federal, vigentes al momento de la comisión del delito.
Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura, a los veintiséis días del mes de mayo de 2010.
Diputado Eduardo Ledesma Romo (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Justicia. Mayo 26 de
2010.)
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS
21, PÁRRAFO DÉCIMO E INCISO A), Y 115, FRACCIONES III, INCISO
H), Y VII; Y ADICIONA UN PÁRRAFO FINAL A LA FRACCIÓN I DEL
ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MORELOS CANSECO GÓMEZ,
EN NOMBRE DE LOS DIPUTADOS YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, RICARDO REBOLLO
MENDOZA, JOSÉ RICARDO LÓPEZ PESCADOR, ÓSCAR GARCÍA
BARRÓN Y PEDRO ÁVILA NEVÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES
26 DE MAYO DE 2010
En ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados federales por Durango del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura someten a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 21, párrafo décimo e inciso a), y 115, fracciones III, inciso h), y VII; y adiciona un párrafo final a la fracción I del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de la siguiente
Exposición de Motivos
En los últimos años, la inseguridad pública en el país ha experimentado un incremento de violencia; si bien el número de denuncias presentadas no ha tenido un aumento sustancial desde 1996, los ciudadanos del país tienen una percepción de inseguridad pública derivado de que la delincuencia ha asumido actitudes y acciones más violentas y, en algunos casos, la incidencia delictiva de alto impacto se ha incrementado en ciertas entidades federativas.
Por ello se hace indispensable repensar el sistema de seguridad pública para adecuarlo a las circunstancias actuales y a las necesidades de la prestación del servicio público de policía. El 18 de junio de 2008 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas del artículo 21 y de la fracción VII del numeral 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el primer caso se modificaron las bases de un nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública con objeto de crear mecanismos de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios del país. En el segundo se reiteró que la policía preventiva estará bajo el mando del presidente municipal, pero se adicionó que ello tendría que ser en los términos de la ley de seguridad pública local respectiva; esto es, se dio facultad expresa a los congresos estatales para establecer límites, requisitos y procedimientos mínimos a los presidentes municipales respecto al nombramiento y la operación de las policías preventivas, como se aprecia de la parte respectiva del dictamen que dio origen a la reforma, en el que se dice: "Para efectos de dar congruencia al sistema, se propone una reforma adicional del texto del artículo 115, en la fracción VII, para especificar que una ley de las legislaturas de los estados regirá a las policías preventivas, con el propósito de que haya un mínimo de homologación, al menos al interior de cada uno".
La intención de estas reformas era tratar de homologar la actuación, procedimientos, sistemas y mecanismos de operación de las más de 2 mil 20 policías municipales que hoy operan en el país, y buscar formas más adecuadas de coordinación. Para tal efecto, el Congreso de la Unión expidió la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que prevé bases para intentar lograr el objetivo de la reforma constitucional. Sin embargo, dada la debilidad institucional de las policías municipales, las nuevas formas de operación de la delincuencia organizada que comete tanto delitos del orden federal como del orden local, como lo serían homicidios, secuestros, violaciones y otros, debemos repensar en rediseñar la operación y la distribución de competencias de las policías preventivas del país, que es precisamente lo que pretende esta iniciativa.
En efecto, el orden municipal es la base de la construcción de nuestro federalismo. El ayuntamiento fue uno de las principales luchas de los constituyentes del siglo XIX, y se consolidó primordialmente en las Constituciones de 1824 y 1857; el Constituyente de 1917 siguió esa perspectiva, y consideramos que el federalismo tiene que prevalecer como la forma básica y fundamental de organización de nuestro sistema político republicano y federal.
Sin embargo, las facultades que se entregaron a los municipios en las citadas Constituciones respondían a las condiciones sociales, económicas y de comunicación de aquellas épocas, por lo que es válido repensar la distribución de competencias que se tienen entre los municipios y los estados.
Las policías preventivas fueron creadas para mantener el orden cívico y no manifestaciones del crimen, ni común y mucho menos organizado.
En aquellas épocas, las comunicaciones terrestres eran limitadas y la interrelación entre los distintos núcleos poblaciones de municipios separados era mínima en comparación con la dinámica social y comercial actual; por ello, las policías municipales se construyeron sobre la base de aplicar los bandos de policía y buen gobierno, y no de prevenir fenómenos delictivos complejos como los que hoy presenta la delincuencia organizada; se capacitaron por años para tratar de mantener un comportamiento cívico adecuado, en cuanto al respeto del tránsito, la no ingesta de bebidas embriagantes, el mantenimiento de la limpieza y otras conductas que lesionan los bandos municipales de policía y buen gobierno.
Empero, nunca se capacitaron para generar inteligencia, analizar grupos delictivos, georreferenciar el delito, vincular la operación y los modus operandi similares cometidos en distintas áreas del propio municipio y en otros municipios del mismo estado, o incluso, en distintos estados; es decir, nunca se conformaron para hacer frente a los fenómenos delictivos que hoy utilizan las vías de comunicación y los espacios territoriales de todos los estados y de prácticamente todos los municipios.
Por ello hay células delictivas regionales, estatales y nacionales que sobrepasan las capacidades de las policías municipales, pero considerando que éstas representan 39 por ciento de la fuerza policial del país con 159 mil 734 elementos operativos, resulta imprescindible integrarlos a las nuevas estrategias nacionales y estatales de combate al delito, cosa que no se puede realizar si siguen bajo el mando de los municipios, con una visión exclusivamente local, y con la intención, insistimos, de mantener un orden cívico y no en la lógica de sumar capacidades, recopilar información criminal, concentrarla, analizarla y explotarla, mediante procesos de inteligencia y prevención mucho más complejos que los que tienen determinados.
En suma, necesitamos un nuevo modelo policial en el país que sea más eficiente.
La incapacidad de las policías municipales derivó en la creación, no hace muchos años, de policías estatales, atendiendo a la realidad de que se necesita una visión más global del fenómeno delictivo y una interrelación con los órganos encargados de la procuración de justicia, instituciones de orden estatal, que difícilmente pueden lograr las policías municipales.
Es decir, mientras la prevención del delito se dejó al ámbito municipal, la investigación se concentra en un solo órgano estatal, y dada la operación actual del crimen los insumos de la investigación criminal tienen que ser fundamentales para establecer las directrices de la prevención policial, cosa muy compleja si consideramos que dependen de dos niveles de gobierno distintos, y que mientras la investigación en una entidad la realiza un órgano, la prevención la realizan tantas policías como municipios haya en un estado, salvo algunas excepciones en donde la debilidad institucional y presupuestal municipal ni siquiera les permite contar con órganos de policía.
Por ello se considera que la dispersión de mandos y, como consecuencia, de recursos humanos, financieros y materiales, en más de dos mil veinte policías preventivas, no suman a la construcción del orden público y la paz social que se requieren en la actualidad.
La Constitución dice que debe haber coordinación. Sin embargo, nadie puede poner en duda que es mucho menos complejo poner de acuerdo a treinta y tres responsables de la seguridad pública (gobernadores, jefe del Gobierno del Distrito Federal y presidente de la República), que generar acuerdos y homologar procedimientos si intentamos generar consensos con 2 mil 20 mandos de policía.
Esta dispersión de mandos implica también la falta de identidad de la sociedad con su policía, porque tienen vestimentas distintas, patrullas distintas y procedimientos de operación muy diversos; pero lo más importante es que generan problemas de coordinación y abren espacios al delito, pues se tienen medios de comunicación con frecuencias diversas, muchas veces incompatibles unas con otras, no se recopila información, las pocas municipales que si lo hacen no lo comparten con las demás municipales, el equipamiento, los salarios y las prestaciones son diversas según sea el municipio, y los perfiles de formación son distintos, aunque a últimas fechas se está pretendiendo homologar dichos perfiles.
De continuar el esquema de policías municipales difícilmente podremos avanzar en la construcción de un nuevo modelo policial, moderno, eficiente, transparente, capacitado, y que represente un proyecto de vida a sus integrantes que los aleje de la corrupción y los abusos del poder. La dispersión y las distintas formas de capacitación, control, evaluación y operación, así como el reducido número de integrantes en muchas corporaciones policiales municipales, hacen que éstas sean más proclives a la infiltración del crimen y a la violación del derecho que deberían estar dispuestos a proteger.
Por supuesto que también la desaparición de las policías municipales para concentrarlas en cuerpos estatales permite una mejor operación en los municipios que son núcleos poblaciones metropolitanos compartidos.
En ocasiones, en un solo núcleo poblacional hay dos o más mandos de policías; en Durango sucede con Gómez Palacio y Lerdo; en Nuevo León con su zona metropolitana, lo mismo que en el estado de México con las zonas conurbadas a su capital y al Distrito Federal, por poner sólo algunos ejemplos; así las cosas, de contar con policías estatales a las que se sumen los recursos humanos, financieros, materiales, la operación en esas zonas metropolitanas sería más eficiente y de mejor respuesta.
Algunos datos respecto a la debilidad institucional de las policías municipales, que son base firme para proceder a su desaparición son los siguientes:
b) De los 2 mil 439 municipios en 417 no hay policía municipal, que como dato son más seguros que en donde si las hay; por ello, hay 2 mil 22 corporaciones municipales de policía, lo que como se ha visto representa una dispersión y una falta de lógica institucional;
c) Sólo 12 de los 31 estados tienen en todos sus municipios policía;
d) 52.4 por ciento de las corporaciones municipales tiene menos de 20 elementos, que divididos en turnos de 24 horas, implicaría que diario tienen menos de 10 elementos en activo, 206 municipios tienen de 1 a 5 elementos, 328 municipios de 6 a 10 elementos, 295 municipios de 11 a 15 elementos y 231 de 16 a 20 elementos;
e) De las 2 mil 22 policías municipales, más de 25 por ciento se encuentran en 25 municipios (5 de ellos en el estado de México, 2 de Chihuahua, 2 de Baja California y una de otros 12 estados);
f) De los 2 mil 22 municipios del país, en 412 (20.4 por ciento) los policías ganan menos de mil pesos al mes, en 819 ganan entre mil y 4 mil pesos mensuales, en 777 ganan entre 4 mil y 10 mil y sólo en 14 municipios ganan más de 10 mil pesos mensuales; y
g) De los policías municipales 1.9 por ciento es analfabeto, 68.3 por ciento es de educación básica; 25.2 por ciento es de educación media superior y sólo 4.5 por ciento tiene educación superior. Es decir, 70 por ciento no cuenta con requisitos para ser policía de prevención en términos de lo dispuesto en el artículo 88, Apartado A, fracción IV, inciso b), de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por todas las razones expuestas, se considera indispensable un rediseño en el sistema policial del país, bajo un nuevo modelo basado en la generación de inteligencia, el uso adecuado de los recursos, la profesionalización y la capacitación, la movilidad en la operación y la generación de identidad con la ciudadanía.
Para lograrlo, esta legislatura considera lógica, prudente y necesaria una reforma constitucional que desaparezca las policías municipales y las concentre en los 31 estados libres y soberanos de la República Mexicana, a efecto de que bajo un solo mando estatal se puedan modificar los esquemas y cumplir con los principios y fines de la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, con una policía profesional y que garantice el orden y la paz pública que demandan todos los mexicanos.
Por lo anterior, nos permitimos someter a consideración del Congreso de la Unión el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Único. Se reforman los artículos 21, párrafo décimo e inciso a), y 115, fracciones III, inciso h), y VII; y se adiciona un párrafo final a la fracción I del artículo 116, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 21.
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de la federación, los estados y el Distrito Federal deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:
b) a e)
Artículo 115.
III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
a) a g)
h) Prevención del delito, hecha excepción de las funciones de policía; e
i)
IV. a VI.
VII. El Ejecutivo federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o transitoriamente;
VIII.
IX. Derogada.
X. Derogada.
a)
b)
Los gobernadores serán encargados de la seguridad pública y tendrán bajo su mando a la policía preventiva, de tránsito y vialidad.
II. a VII.
Primero. El presente decreto entrará en vigor al año de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión, y las legislaturas de los estados y del Distrito Federal deberán hacer las reformas necesarias para instaurar el presente decreto.
Tercero. Los recursos humanos, financieros y materiales de las policías de los municipios pasarán a sus respectivos gobiernos estatales. Los recursos humanos deberán cumplir los requisitos de permanencia que establezca la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las leyes locales sobre la materia, en los plazos que dichas normas establezcan.
Cuarto. El gobierno federal y los de los estados establecerán mecanismos para facilitar que los miembros de las policías municipales cumplan con los requisitos de instrucción y educación que refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los plazos que ella determina.
Sede de la Comisión Permanente, a 26 de mayo de 2010.
Diputados: Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Ricardo Armando Rebollo Mendoza, José Ricardo López Pescador, Óscar García Barrón, Pedro Ávila Nevárez, Morelos Canseco Gómez (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Mayo 26 de 2010.)
QUE ADICIONA Y DEROGA DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE CARLOS RAMÍREZ
MARÍN, EN NOMBRE PROPIO Y DEL DIPUTADO ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 26 DE MAYO DE 2010
Los suscritos, Jorge Carlos Ramírez Marín y Roberto Armando Albores Gleason, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 78, de la Constitución Política; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General; y 55, fracción II, 56, 60, 63, 64, 176, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, presentan ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone la creación y puesta en marcha de un congreso digital (e-congreso), al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Los primeros años del siglo XXI han sido testigos de una notable paradoja.
Por un lado, la democracia como sistema político y garante fundamental del crecimiento económico y la calidad de vida de las personas ha triunfado en la mayoría de los países del mundo. En diversos países, la democracia efectiva ha generado crecimiento económico, bienestar social y sobre todo ha elevado la calidad de vida de la gente.
Por otro lado, estos años también han visto una considerable desilusión respecto a los resultados de la democracia en otros países. Dicha desilusión es compartida por los ciudadanos de esas naciones y tiene que ver con lo que el politólogo italiano Norberto Bobbio ha denominado "las promesas rotas de la democracia": un contraste entre lo prometido y lo realmente ocurrido.
La paradoja radica, entonces, en el hecho de que no todas las democracias son efectivas; pues no tienen los mismos sistemas de rendición de cuentas, no son igual de transparentes y accesibles a los ciudadanos, no cuentan con sistemas de información adecuados a la población, ni sus gobernantes, parlamentos o congresos están orientados a dar resultados.
Ante esta paradoja, los parlamentos y congresos del mundo juegan un papel fundamental para lograr una democracia efectiva; pues constituyen, propiamente, el corazón de la democracia la institución central que representa la voluntad popular, a través de los diputados.
Así, en la medida que los congresos representan a la sociedad en toda su diversidad, los diputados tienen una responsabilidad única para conciliar los intereses en conflicto y las expectativas de los diferentes grupos y comunidades a través de la democracia, el diálogo y el compromiso. Como órgano clave de la democracia, los congresos tienen la tarea de diseñar y aprobar leyes que se adapten realmente a las necesidades de la sociedad, en rápida evolución. Como órgano clave de la democracia, los congresos tienen la gran oportunidad de ser efectivos y, por ende, contribuir a tener una democracia efectiva.
I. Fundamentos de una democracia y un congreso eficaces
Para ser eficaces, la democracia y los Parlamentos o Congresos, deben ser1
Transparentes: El Congreso debe estar abierto a la nación, a través de las tecnologías y los medios de comunicación, y transparentar nuestro trabajo y resultados cotidianos para que cualquier ciudadano conozca lo que hacemos sus diputados.
Accesibles: Involucrar a asociaciones u organizaciones de la sociedad civil en el trabajo de la Cámara de Diputados.
Efectivos: La organización efectiva de las tareas de la Cámara, de acuerdo con los valores democráticos; así como el desempeño adecuado de cada diputado, de modo que verdaderamente responda al sentir ciudadano.
En México tenemos un gran reto en ese sentido: consolidar los pilares de la democracia efectiva. Y es que, por ejemplo, la ciudadanía no se siente representada, no hay mecanismos eficaces de comunicación entre diputados y ciudadanos, ni el diputado ni el ciudadano cuentan con información oportuna para la toma de decisiones, hay un déficit de información "completa" y "simétrica" entre legisladores y ciudadanos, no hay incentivos para la rendición de cuentas, ni tampoco mecanismos que promuevan la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas.
He aquí un diagnóstico de la situación que guardan los pilares de la democracia efectiva en México:
Sobre la representatividad:
La gente no se siente representada por sus representantes populares, ni tampoco cree que los Diputados persigan los mismos intereses que los del pueblo de México. Decenas de encuestas y sondeos de opinión retratan este fenómeno:
- Sólo 3 de cada 10 mexicanos (31 por ciento) tienen confianza en el Congreso. Esta cifra, es incluso inferior al promedio de América Latina (32 por ciento).4
- Sólo 1 de cada 10 mexicanos (11 por ciento) cree
que al elaborar las leyes, los diputados tomamos más en cuenta los
intereses de la población, por encima de nuestros propios intereses,
o los intereses de los partidos y del presidente. (Véase la figura
1.)
Sobre la efectividad:5
El actual diseño institucional del Estado mexicano definido en la Constitución, así como las reglas actuales del trabajo legislativo definidas por un reglamento viejo, que data de 1934, paralizan el desarrollo de las tareas legislativas y obstaculizan, la mayor de las veces, la efectividad de los diputados; al impedir, por ejemplo, agilizar la toma de decisiones y evitar que los legisladores federales demos los resultados que la gente espera de nosotros.
- Los formatos del proceso legislativo actual priorizan los adjetivos y descalificaciones entre los diputados, y no las propuestas concretas. Privilegian una política de descalificación, y no una política de acuerdos y mayorías. Una política de consensos y, sobre todo, una política que permita hacer crecer al país y colocarlo en un nivel de desarrollo equiparable al de otras naciones del mundo.
- La característica más sobresaliente de las últimas legislaturas ha sido la enunciación de una gran cantidad de iniciativas, de escasa calidad, pero que no llegan a resolver problemas de fondo. Hace 10 años, 70 por ciento de las iniciativas era del Ejecutivo. Hoy, menos de 10 por ciento provienen del Ejecutivo. Ello comprueba que los diputados presentamos cada vez más iniciativas. El problema es que no sabemos realmente si esas iniciativas repercuten verdaderamente en el desarrollo del país y en la calidad de vida de la gente. Y es que un mayor activismo de los diputados no necesariamente significa mejores leyes ni un mejor desempeño.
?- Hoy se presentan más iniciativas, hay mayor activismo de los diputados, y como resultado sólo una fracción (de iniciativas) se procesa, buena parte de las iniciativas se hacen para el registro, y se presentan por mera promoción política, y no tienen el rigor jurídico, político o económico.9
- Hay una relación inversa entre la cantidad de iniciativas y la calidad de las mismas y esto se comprueba al analizar el porcentaje de las iniciativas que fueron dictaminadas ya sea en sentido positivo o negativo y las que quedaron pendientes de pasadas legislaturas.10
Si bien es cierto que durante los últimos años ha habido ciertos avances respecto a transparentar y hacer más accesible a los ciudadanos el trabajo de los diputados particularmente, gracias a los materiales de difusión de la página de Internet de la Cámara de Diputados y a los mensajes y programas del Canal del Congreso, también es cierto que aún falta mucho por hacer, en términos de transparentar aún más los resultados y avances concretos de los diputados, darles la posibilidad de interactuar con la ciudadanía y generarles incentivos para que rindan cuentas.
Ante este diagnóstico, es preciso señalar que los mexicanos y los legisladores hemos reconocido la necesidad de mejorar el desempeño de los diputados. Por ello, no es casualidad que durante los últimos meses, ha habido en México una discusión creciente sobre cómo hacer que el Congreso sea más efectivo. De ahí que se han presentado, en la Cámara de Diputados y Senadores, diversas iniciativas de gran calado que apuntan a mejorar el desempeño de los legisladores y, en general, a hacer más efectivo el sistema político mexicano.
Así, por ejemplo, se han presentado hasta ahora cuatro propuestas de reforma política la del presidente Calderón, avalada por el PAN, la de los Grupos Parlamentarios del PRD, PT y Convergencia, la de los senadores del PRI, y la de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Dichas iniciativas abordan ciertos temas: modificaciones de la composición de las Cámaras, reelección de legisladores, reelección de presidentes municipales, ratificación del gabinete, segunda vuelta, candidaturas independientes, iniciativa ciudadana, veto y reconducción presupuestal, mecanismos para la construcción de mayorías en el Congreso, sustitución del presidente, juicio político, atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación, entre otros, como elementos clave para alcanzar una democracia efectiva.
Ciertamente, es preciso discutir con detenimiento, seriedad y absoluta responsabilidad cada una de esas Iniciativas. No obstante, estoy convencido que hay otros mecanismos que, sin requerir tanta complejidad, pueden aportar mucho al logro de un congreso eficiente y, por tanto, contribuir a una democracia efectiva en el país.
Así, esta iniciativa sugiere la adopción de ciertos mecanismos, modernos e innovadores, teniendo como base la plataforma de un congreso digital o "e-congreso", para alcanzar el objetivo de un congreso eficiente y una democracia efectiva.
La presente iniciativa sostiene que el congreso electrónico, o e-congreso, hará más eficiente el trabajo de los diputados y posibilitará acercar a los ciudadanos el quehacer legislativo, con mejores resultados.
III. El congreso digital (e-congreso)
Las iniciativas de modernización de los poderes del estado, en muchas y diferentes formas han facilitado y potenciado en las últimas décadas, el desarrollo de instituciones de gobierno más ágiles, transparentes y progresistas en todo el mundo. No hay duda que mucho se ha avanzado en el tema de la modernización.
Paradójicamente, la institución del Congreso, centro del accionar político, generalmente concentrada en un solo recinto, no ha permitido que la modernización tecnológica la potencie, la fortalezca y le ayude a tener una mejor imagen con la ciudadanía. En este sentido, la iniciativa que se presenta desea rescatar las tremendas oportunidades para fortalecer, con la ayuda de los recursos tecnológicos, la modernización del corazón de la democracia.
Las modernas e innovadoras tecnologías de información y comunicaciones (TIC) propias de un congreso digital, como Internet, las videoconferencias, el chat y las redes virtuales, son una gran herramienta para fortalecer y potenciar cada uno de los fundamentos de la democracia efectiva. El primer factor fundamental de la tecnología, aplicada en las democracias efectivas y en los congresos efectivos, es el ser la herramienta personal que apoye a los congresistas a ser más eficientes y cercanos a la gente. El congresista progresista y moderno debe responder inmediatamente a las solicitudes ciudadanas de información, proponer proactivamente, ser partícipe e impulsador de foros virtuales y de participación con los ciudadanos por él representados. En segundo lugar, las tecnologías de información permiten, también, contar con una democracia cuyos Parlamentos y Congresos son más transparentes y rinden cuentas. Así, las TIC son herramientas que pueden empoderar a los diputados, al poner a su disposición una serie de herramientas que les permitan mejorar su desempeño y, por ende, contribuir a fortalecer los pilares de la democracia efectiva.
La presente iniciativa propone, entonces, generar mecanismos que permitan tener en nuestro país un congreso más efectivo y por ende una democracia más efectiva. Así, por ejemplo, propone instalar un congreso digital (e-congreso), a partir de la adopción de un conjunto de herramientas tecnológicas prácticas e innovadoras que mejoren el desempeño del Congreso. En ese sentido, la iniciativa propone empoderar al diputado, pero también al ciudadano; a partir de la plataforma de ese e-congreso.
Por un lado, el e-congreso permitirá a los diputados tomar decisiones más ágiles, efectivas, e informadas, que redunden en el beneficio de los mexicanos. Al tiempo que transparentará la información de la Cámara, y hará más accesible y cercano a los ciudadanos el trabajo de los legisladores.
Por otro lado, el e-congreso permitirá a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, introducir propuestas e inquietudes que puedan convertirse en iniciativas de ley de manera más sencilla y ágil, así como interactuar con sus diputados a lo largo de todo el proceso legislativo. También podrán, a través de un conjunto de indicadores de desempeño que generará la plataforma del e-congreso, evaluar el trabajo de los diputados y la calidad de las leyes.
III.1. Antecedentes del e-congreso
En la bibliografía se ha hablado del "e-parlamento" (e-parliament); es decir, el parlamento o congreso electrónico o congreso digital, el cual utiliza modernas tecnologías de información y comunicaciones para alcanzar la transparencia, la calidad, la eficiencia y la rendición de cuentas de los parlamentarios o congresistas. Una primera definición del "e-parlamento" fue elaborada por el Centro Europeo para la Investigación y Documentación Parlamentarias.11
Paralelamente, "una de las aplicaciones más importantes que han ofrecido las TIC es la posibilidad de modernizar la gestión pública a través de su uso para la prestación de servicios, el mejoramiento de la operación interna y el fortalecimiento de sus relaciones con ciudadanos empresas y otros grupos sociales, lo que se ha denominado gobierno electrónico ("e-gobierno"). El e-gobierno tiene como objetivo incrementar la eficiencia, la transparencia, la accesibilidad y la capacidad de respuesta a las demandas de los ciudadanos y organizaciones, así como lograr un gobierno competitivo que contribuya a alcanzar las metas de crecimiento económico y desarrollo social."12
Uno puede definir el "congreso digital" o "e-congreso" como una legislatura que es empoderada, para ser más transparente, accesible, y que rinda cuentas, a través de las tecnologías de información y comunicaciones. Pero las TIC también empoderan a la ciudadanía, al permitirle involucrarse más en la vida política al proveerle información de mayor calidad y un mejor acceso a los documentos y actividades de los diputados.
Un congreso digital es una organización donde los legisladores utilizan las tecnologías de información y telecomunicaciones para apoyar sus funciones de representación, elaboración de las leyes, y promoción de políticas públicas efectivas. A través de la aplicación de estas modernas tecnologías, el congreso digital fomenta el desarrollo de una sociedad de la información equitativa e incluyente.
Tanto la transparencia, la accesibilidad y la rendición de cuentas, como la participación ciudadana en la toma de decisiones dependen, por un lado, de la calidad de la información disponible a los diputados, a los administradores de la Cámara, a los medios de comunicación y a la sociedad toda; y, por otro lado, del acceso de los ciudadanos a los documentos y procesos del Congreso. Y ambos calidad de la información y acceso de los ciudadanos pueden ser mejorados a través de las TIC, las cuales, entonces, tienen la capacidad de potencializar el proceso de elaboración de políticas públicas.
La eficiencia de las prácticas internas en la Cámara de Diputados; es decir, la eficiencia del trabajo de los Diputados y sus equipos (staff), y el desempeño de la Cámara como un todo, pueden impactar la efectividad con la que el Congreso aborda el proceso legislativo de diseño, discusión y aprobación de iniciativas de ley. Y, nuevamente, dicha eficiencia puede ser lograda si adoptamos tecnologías de información modernas, en el trabajo de los diputados.
En la sesión inaugural de World e-parliament conference 2009, celebrada en noviembre del año pasado, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se refirió al interesante fenómeno que se está dando actualmente en ese país entre ciudadanos y diputados, a propósito del e-congreso:
La semana pasada, un documento que produjimos sobre nuestra iniciativa de salud fue descargado (de Internet) tres veces por minuto. Las búsquedas en Google sobre la reforma de salud se han incrementado en más del triple. Nuestro grupo de Facebook para la reforma de salud ha sido visitado por todo tipo de ciudadanos americanos en todo el país. Y durante la última semana he recibido más de 30 mil correos electrónicos sobre la importancia de la reforma del sector salud.
III.2. Los 4 pilares de la democracia efectiva y el papel del e-congreso para fortalecerlos
2. Congreso que rinde cuentas. La crisis de legitimidad que sufrimos actualmente los parlamentos y congresos en todo el mundo en unos países más que en otros, puede ser atribuida ampliamente a nuestra evidente incapacidad para rendir cuentas a los ciudadanos. De tal suerte que se habla, hoy día, de un "déficit de rendición de cuentas" (accountability deficit), pues el electorado no siempre tiene los medios para hacer un juicio informado sobre el desempeño de los diputados. En este sentido, las oportunidades que ofrecen las TIC para que los diputados nos acerquemos a los ciudadanos y les proveamos de información clara y concisa de nuestro quehacer por ejemplo, record de votaciones, asistencias a las sesiones, iniciativas propuestas, etcétera han sido cada vez más explotadas, a fin de lograr la confianza del electorado.
3. Congreso accesible y cercano a los ciudadanos. El desarrollo de nuevas "tecnologías basadas en la red" (web-based technologies), que sostienen a las comunicaciones interactivas particularmente, videoconferencias, blogs, chats y redes virtuales de diálogo en tiempo real, han propiciado que un número creciente de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil expresen cada vez más sus puntos de vista sobre los asuntos públicos, a sus diputados. Estas tecnologías han creado un gran número de demandas ciudadanas sobre los legisladores, quienes por su parte tienen la oportunidad de conocer las necesidades y expectativas de su electorado en tiempo real. Además, dichas tecnologías permiten involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones políticas, al abrir un canal de diálogo entre el diputado y el ciudadano.
4. Congreso representativo y eficaz. El trabajo de los cuerpos legislativos está basado en la comunicación y el acuerdo mutuo de los diputados. Para ser representativos, los legisladores debemos dar la más alta prioridad a garantizar que nuestras deliberaciones tomen en cuenta la mayor cantidad de valores y deseos de la sociedad toda. Y para ser eficaces, los diputados requerimos que nuestras decisiones sean tomadas en un ambiente informado y apegado totalmente al sentir ciudadano. Alcanzar dichos objetivos requiere, entonces, de un uso inteligente de las tecnologías de información y comunicaciones, así como de un benchmark13 con las mejores prácticas legislativas en el resto del mundo.
En el World e-parliament report 2008, el Centro Global para las Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas arroja los resultados de una encuesta aplicada en 2007 a 263 Cámaras o Parlamentos uni y bicamarales en 188 países, entre los cuales participó la Cámara de Diputados de nuestro país.
La encuesta incluyó 151 preguntas, sobre servicios, infraestructura, aplicaciones y recursos tecnológicos; sistemas de información para crear documentos legislativos, como iniciativas de ley; acciones de video y comunicaciones de la Cámara; administración del conocimiento biblioteca y servicios de investigación; portal de Internet para la Cámara y la ciudadanía; y sistemas para apoyar la comunicación entre los ciudadanos y diputados.
Los resultados de dicha encuesta confirman que aproximadamente 10 por ciento de las cámaras y los parlamentos del mundo que contestaron la encuesta; es decir, apenas 20 parlamentos han adquirido extensas plataformas de TIC, para instaurar y operar un amplio número de modernas aplicaciones tecnológicas en sus áreas legislativas.
Corea
Uno de los ejemplos más brillantes de congreso digital en el mundo es sin duda el de la Asamblea Nacional de la República de Corea (Koreas National Assembly): http://korea.na.go.kr/index.jsp. En septiembre de 2005, la Asamblea inauguró una nueva era en la historia del Congreso Coreano, al poner en marcha la hoy denominada "Cámara Plenaria Digital" (Digital Plenary Chamber).
En ese año se instaló lo más avanzado de la industria de equipamiento electrónico en el Congreso coreano. Con ello, el pleno de la Cámara de Diputados de ese país es el símbolo de innovación, modernidad y avance tecnológico de las democracias contemporáneas.
Figuras 2 a 5. El Congreso Digital de Corea (el salón de pleno)
Chile
En 2006, la Cámara de Diputados de Chile implantó un sistema tecnológico digital orientado al apoyo de la gestión parlamentaria, dando así, a los diputados, la posibilidad de contar con información en línea y en un tiempo apropiado. El Hemiciclo Digital como llaman ahora al salón de pleno consiste en una red de minicomputadoras, empotradas en cada escaño parlamentario.
Cada diputado posee un sistema de votación electrónica, además de un sistema de asistencia de huella digital, el cual se encuentra conectado a las bases de datos legislativas y al Internet. En cada curul, el diputado dispone de puertos USB, así como de un puerto de audio.
Figuras 6 y 7. El Congreso Digital de Chile (salón de plenos, Hemiciclo Digital)
La Mesa Directiva también está equipada con laptops conectadas a la red y cuentan con las mismas funcionalidades que los equipos instalados en cada curul, incluido el acceso al canal de televisión de la Cámara de Diputados.
Desde la Mesa Directiva se ejerce la administración de los 120 equipos instalados en los escaños; pudiendo habilitarlos o deshabilitarlos. Además, el sistema permite enviar documentos, enviar los resultados de votación, y al mismo tiempo sincronizar una presentación en la totalidad de las curules. El equipo de la mesa directiva controla, además, el tiempo de intervenciones de los diputados, con la posibilidad de verse reflejado en las pantallas del hemiciclo.
Con relación a los sistemas de información dispuestos en cada escaño, podemos destacar el acceso a una ficha que contiene todos los proyectos de ley que se presentarán durante la sesión. En dicha ficha se describe el detalle de la tramitación de cada proyecto de ley, desde que ingresó a las comisiones, cuándo fue presentada en el pleno y, si es el caso, cómo fue votado o dictaminado.
También se encuentra disponible el sistema de intervenciones, el cual despliega cada intervención parlamentaria con su tiempo asociado.
En una sala anexa al Hemiciclo Digital, el equipamiento donde se realizan las indexaciones correspondientes a las intervenciones de los diputados, las cuales se encuentran disponibles en la página de Internet de la Cámara.
Estados Unidos
Motivados por el entusiasmo y la innovación de los jóvenes, los estadounidenses y los miembros del Congreso están sosteniendo una conversación permanente en tiempo real. No hay una herramienta más importante para incrementar la transparencia que el Internet. Y hoy, a través de la web, los estadounidenses pueden ver las sesiones de las comisiones en el Congreso, dar seguimiento a las votaciones de los diputados, leer las iniciativas de éstos, o revisar asuntos financieros del Congreso todo esto, en tiempo real. Incluso, el Congreso promueve que los ciudadanos sean capaces de ver cómo los diputados gastan los recursos en la Cámara.
Los miembros del Congreso que desean comunicarse con su electorado están utilizando herramientas de video-conferencia a través de la web por ejemplo, para hablar con los estudiantes acerca del ambiente, twitteando14 acerca de lo que ocurre en el Congreso, blogeando15 sus posicionamientos, escribiendo comentarios en Facebook, enviando mensajes de texto (SMS)16y multimedia (MMS),17 publicando videos en YouTube, sosteniendo enlaces de videoconferencia o a través de la televisión, y usando los Google maps para mostrar cómo avanzan los proyectos de la Ley de Recuperación Económica en sus distritos.
Italia
La Cámara de Diputados de Italia creó un grupo estratégico de tecnologías de información y comunicaciones para establecer prioridades y asegurar que todos los sistemas sean interoperables y hagan uso de estándares comunes. El grupo es responsable de preparar el plan estratégico anual de TIC para la Cámara de Diputados y también de proveer coordinación y guía a todos los proyectos e iniciativas relacionados con las TIC.
El grupo lo integra el secretario general, los diputados de la Secretaría General, el jefe del departamento de TIC, el jefe de la oficina responsable de la página de Internet, el jefe de la oficina de los servicios bibliotecarios, y las personas responsables de los proyectos de TIC. En palabras del diputado Alessandro Palanza, secretario general de la Cámara de Diputados de Italia, un resultado ha sido que "la mayoría de nuestros datos han migrado a una sola plataforma, interconectado diferentes actividades y cambiando nuestros métodos de trabajo en todos los departamentos".
Reino Unido
Las legislaturas bicamarales enfrentan desafíos organizacionales adicionales a los congresos de una sola Cámara; pues, usualmente, tienen departamentos y sistemas de información separados para cada Cámara.
No obstante, algunas legislaturas bicamarales como la de Reino Unido están intentando implantar un enfoque más unificado. Recientemente, por ejemplo, el Parlamento británico ha reestructurado la operación de sus TIC y creó una amplia organización que sirve tanto a la Cámara de los Lores como a la Cámara de los Comunes, llamada Tecnologías de Información y Comunicación Parlamentarias (PICT, por sus siglas en inglés).18 Entre sus objetivos, PICT ayuda a reducir la complejidad, redundancia y el costo de los sistemas, mientras mejora la calidad del servicio.
IV. Propuestas para México
La propuesta central que se hace en esta iniciativa, es la de instaurar un congreso digital o e-congreso en México, que permita como su principal objetivo fortalecer los cuatro pilares de la democracia y pilares del Congreso efectivo, señalados anteriormente. La iniciativa aspira, en ese sentido, a generar los mecanismos para integrar el Congreso digital más avanzado del mundo. Un e-congreso que mejore el desempeño de los diputados en México y, al mismo tiempo, permita que los ciudadanos se involucren en el diseño y elaboración de las políticas públicas, que se hacen desde el Congreso (véase el diagrama 1). Para ello propongo lo siguiente:
1. Diseñar, crear y poner en operación la plataforma tecnológica e-congreso de la Cámara de Diputados
para un congreso representativo, eficaz, transparente y que rinde cuentas
La instalación de un congreso digital en México requiere el diseño y la puesta en marcha de una plataforma tecnológica muy robusta, técnicamente ágil y productiva, óptima desde el punto de vista económico, y muy funcional y fácil de usar desde el punto de vista del diseño y arquitectura de la herramienta, que genere incentivos positivos a los usuarios, para la adecuada toma de decisiones, la correcta transparencia de la información, el mejor desempeño de la Cámara de Diputados y el involucramiento permanente de los ciudadanos en la elaboración, evaluación, y discusión de las leyes.
A través de dicha plataforma, se busca cambiar la lógica de la asistencia a las sesiones y debate legislativos entre los diputados; al permitir al legislador prevotar desde cualquier lugar, incluso de manera electrónica, así como estar "conectado" al proceso legislativo durante las 24 horas del día.
Dicha plataforma será denominada "Plataforma Tecnológica E-Congreso". Y estará compuesta por tres sistemas fundamentales (véase el diagrama 2):
1. Sistema Electrónico de Proceso Legislativo (véanse los diagramas 3 y 4)
El objetivo de este sistema es agilizar el proceso legislativo tradicional, al permitir que gran parte de las fases o pasos en dicho proceso legislativo, se puedan hacer de forma electrónica, a través de un esquema de introducción digital de iniciativas (por parte de los diputados) o presentación de propuestas (por parte de los ciudadanos), discusión y debate electrónicos, presentación de comentarios y posicionamientos de forma electrónica, e incluso una "prevotación" (de las iniciativas) también electrónica.
Dicho sistema permitirá entonces generar una auténtica "red legislativa virtual", donde cualquier diputado podrá interactuar con otros diputados, con las comisiones que integran la Cámara, con su staff o con los de otros diputados, con los centros de estudios de la Cámara, e incluso interactuar con los ciudadanos, quienes, en términos generales, podrán dar seguimiento al proceso legislativo, al tener la capacidad de presentar propuestas, susceptibles de convertirse en iniciativas, comentarlas y calificarlas. Todo ello, de manera electrónica.
Con ello, el Sisepro será una verdadera plataforma de información interactiva, a disposición de los diputados, lo cual les permitirá tomar decisiones con mayor información y por ende agilizar el proceso legislativo.
En el Sisepro convergerán todas las áreas de la Cámara de Diputados que actualmente están relacionadas con el proceso legislativo.
Usuarios del sistema:
Los usuarios podrán accesar a este sistema electrónico en línea, a través de una computadora (PC o Mac), o un dispositivo móvil.
Características de funcionalidad:
A través del Sisepro, los diputados podrán
- Turnar iniciativas a otros diputados o comisiones, o compartir documentos a través de un esquema de Intranet.
- Adherirse a otras iniciativas de forma electrónica (en un esquema de "seguidor" o "fan", como en Twitter).
- Calificar iniciativas (señalando "me gusta" o "no me gusta" tal o cual iniciativa). Ello, a efecto de generar rankings.
- Prevotar iniciativas o dictámenes de forma electrónica.
- Debatir electrónicamente con otros diputados o ciudadanos los contenidos de las iniciativas o sus puntos de vista. Ello, a través de un esquema tipo Twitter y blog, en tiempo real.
- Consultar en línea el orden del día, el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria.
- Dar seguimiento a la discusión y emitir comentarios.
- Realizar precisiones y apuntes acerca del curso del debate.
- Prevotar la iniciativa, en un plazo determinado. Dicha votación es previa, pues deberá ratificarse en votación presencial.
- Interfaz tipo Twitter para la discusión y el debate de las iniciativas, así como para la calificación y votación de éstas, a través de estrellas o ranking.
- Habilitación de un blog para dejar comentarios de puntos de acuerdo e iniciativas.
- Envío de documentos por medio de una firma electrónica y encriptación de datos.
- Habilitación de software para lectura de documentos tipo libro electrónico (e-book).
El objetivo de este sistema es concentrar, en una sola ventanilla, todos los canales de entrada, o medios de contacto de los ciudadanos con los diputados. Dichos canales son
- El Centro de Atención Telefónica de la Cámara.
- Las oficinas de enlace legislativo de los diputados, en cada uno de los distritos.
- La oficina del Comité E-Gobierno en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Por ello, el SEAC estará habilitado para darle seguimiento a cualquier petición ciudadana, desde el momento en que sea ingresada, hasta el momento en que sea resuelta positiva o negativamente, pasando por la atención que brinde cada entidad o dependencia del gobierno federal (primera fase) o de los gobiernos estatal y municipal (segunda fase).
Así, el SEAC dará seguimiento a todo el flujo (work flow) de la atención ciudadana y la gestión social frente a las citadas dependencias de gobierno. Ello daría incentivos al gobierno federal a atender las solicitudes de gestoría de los diputados para los ciudadanos.
Por tanto, en dicho sistema se procurará que concurran las dependencias y entidades del gobierno federal. Es decir, estarán interconectados en todo momento, a través del SEAC, el cual será el puente entre el ciudadano, el diputado, y el gobierno.
Usuarios del sistema:
Los usuarios podrán accesar a este sistema a través de la Internet, el Centro de Atención Telefónica de la Cámara de Diputados, las casas de enlace legislativo de los diputados, y la oficina del Comité E-Congreso (el cual se describe más adelante) en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Características de funcionalidad:
A través del SEAC, los ciudadanos y las OSC podrán
- Escribir algún comentario a algún diputado,
comisión o a la Cámara en general.
- Solicitar una audiencia con algún diputado o
comisión.
- Enviar propuesta(s) que pueda(n) convertirse en iniciativa
de ley, por parte de algún diputado.
- Solicitar que algún diputado o comisión
trabaje una iniciativa en particular.
- Votar sobre diversos temas o iniciativas de ley, a
través de encuestas en línea.
- Solicitar apoyos o programas del gobierno federal (en
una primera fase) y de los gobiernos estatales y municipales (en una segunda).
- Programación en lenguaje PHP y Java de ciertas
interfaces para la habilitación del buzón electrónico.
- Interfaz de enlace con los sistemas electrónicos
de proceso e información legislativos.
- Enlace con la página de Internet de la Cámara
de Diputados.
- Módulo de enlace con el Call-Center de
la Cámara de Diputados.
- Módulo de enlace con las dependencias y las entidades
del gobierno federal.
- Capacidad para alojar archivos de datos, voz y video.
El objetivo de este sistema es almacenar toda la información generada por los otros dos sistemas el de proceso legislativo y el de atención ciudadana; a través de dos bases de datos, indicadores, estadísticas y bibliotecas virtuales: la base de datos de iniciativas, puntos de acuerdo, y dictámenes (bandeja de iniciativas), y la base de datos de estadística legislativa.
Así, el SIL estará disponible en la página de Internet de la Cámara de Diputados y podrá ser consultado, de manera pública, por cualquier ciudadano. También estará interconectado con los micrositios de Internet de cada una de las comisiones de la Cámara.
Técnicamente, el SIL constituye el gran repositorio de información y datos duros (datawarehouse) de la Cámara de Diputados; de modo que permitirá a cualquier persona que lo consulte, disponer de un buscador avanzado que posibilite la búsqueda de iniciativas por palabras clave, temas, subtemas, fecha, diputado(s) promovente(s), grupo parlamentario, comisión, etcétera.
Asimismo, permitirá al usuario acceder a una serie de indicadores, dispuestos en tablas y gráficas (de barras, pay, series de tiempo, etcétera) preconfiguradas, así como exportar la información a hojas de cálculo para su manipulación.
Ejemplos de dichos indicadores, son los siguientes:
De igual forma, el SIL permitirá poner en operación una "Cámara de Diputados sin papel", pues se pretende digitalizar toda la información disponible en los centros de estudios de la Cámara, la biblioteca y hemeroteca de la Cámara de Diputados, los expedientes históricos de la Gaceta, el Diario de los Debates y el orden del día, evitando con ello el uso excesivo de papel que impera hoy día en el trabajo cotidiano del Palacio Legislativo de San Lázaro.
2. Crear el Comité E-Congreso de la Cámara de Diputados, que dé seguimiento al proceso legislativo, a la atención ciudadana y a la gestión social
para un congreso accesible y cercano a los ciudadanos
Uno de los graves problemas de la Cámara de Diputados en la actualidad es el gran distanciamiento que tiene el órgano legislativo, como institución de gobierno en su conjunto, frente a los ciudadanos.
Actualmente, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos considera, en el artículo 46, que "para la orientación informativa, así como para el conocimiento y atención de las peticiones que formulen los ciudadanos a la Cámara o a sus órganos, se formará el comité de información, gestoría y quejas". Dicho comité es, entonces, la instancia que en la actualidad se encarga de dar seguimiento y atención a los ciudadanos, en su relación con los legisladores.
No obstante, la instalación de un congreso digital como aquí se ha planteado trae consigo una serie de tareas e implicaciones referentes al ámbito del proceso legislativo, como de la atención ciudadana, y desde luego de la gestoría social, que se hace necesario un órgano que funja como responsable de su administración, seguimiento, y operación.
Por ello propongo derogar el numeral 2 del artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a cambio añadir todo un capítulo el octavo al Título Segundo de dicha ley, para normar y dar gran relevancia al Congreso digital.
En este nuevo capítulo, se propone entonces la creación del Comité del Congreso Digital (en lo sucesivo, Comité E-Congreso), cuyas principales atribuciones serán
Procesar y sistematizar las solicitudes de información, demandas de apoyos y acciones de gobierno, solicitudes de audiencia con algún diputado, inquietudes y quejas de la ciudadanía hechas a los diputados, a través del SEAC. Esto es, recibiría todas y cada una de las peticiones y quejas a través de Internet o físicamente en la oficina del Comité E-Congreso a fin de sistematizarlas y turnarlas al diputado o diputados responsables. Dicha oficina estaría pendiente del trámite que se dé a cada petición y será la encargada de dar respuesta al ciudadano. Para ello, dispondrá del SEAC de la Cámara de Diputados, enlazado a cada una de las casas de enlace legislativo (de cada legislador), así como a las dependencias del gobierno federal y gobiernos de los estados. El sistema deberá estar desarrollado en una plataforma tecnológica robusta, vía Internet, de fácil acceso al ciudadano y a los diputados. En dicho Sistema, cualquier ciudadano en el país podrá dejar su petición o queja a cualquier diputado.
Recibir, turnar a los diputados (que las quieran adoptar), y dar seguimiento a las propuestas ciudadanas, susceptibles de convertirse en iniciativas de ley. Esto es, se haría responsable de estar al tanto del proceso que sigan las propuestas ciudadanas, desde que son ingresadas al sistema, hasta que son adoptadas por algún diputado, y resueltas o dictaminadas ya sea positiva o negativamente por una comisión y el pleno. Para ello, la oficina del Comité E-Congreso dispondría de un módulo en el SEAC para dar seguimiento puntual a las iniciativas.
Dar seguimiento a las encuestas y mecanismos de medición de la opinión pública, en torno a las iniciativas de ley y decisiones de los diputados. Es decir, implantar encuestas y sondeos de opinión a la ciudadanía, tanto en las casas de enlace legislativo (de cada diputado), como a través de Internet, vía telefónica (call-center) o físicamente a través de boletas de votación en la oficina del Comité E-Congreso. Todo ello, en coordinación con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.
Administrar los medios de contacto electrónicos de la Cámara de Diputados con el ciudadano. Esto es, administrar las redes sociales virtuales (Facebook, MySpace, Twitter y LinkedIn, entre otras) de la Cámara de Diputados. Esta tarea la desarrollará con la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. De igual forma, coadyuvará en la transmisión de mensajes y contenidos de la Cámara, a través de los medios electrónicos (radio y televisión) de la Cámara.
para un congreso representativo y eficaz
Uno de los cambios fundamentales que permitirá la instalación del Congreso digital en México es que las discusiones y debates en la Cámara de Diputados se den sobre la base de un ambiente multimedia, el cual posibilitará agilizar la toma de decisiones y mejorar la calidad de los debates.
Los diputados tendrán la opción de presentar a través de materiales electrónicos (videos, gráficos, presentaciones), en dos pantallas gigantes dispuestas en ambos lados de la mesa directiva, sus ponencias, posicionamientos e iniciativas.
El equipamiento electrónico en el pleno promoverá la calidad de las discusiones y debates entre los diputados. Pues, entre otras cosas, los legisladores tendrán la opción de manipular desde el podium la proyección o presentación que se transmite en las pantallas, a través de un control inalámbrico y de un tablero/monitor con tecnología sensible al tacto (touch-screen) instalado ahí mismo, al tiempo que irán explicando su iniciativa.
De igual forma, el pleno dispondrá de un equipo electrónico para la proyección de videoconferencias.
El Congreso permitirá sistematizar los preparativos de las sesiones y establecer la orden del día de mejor manera.
Asimismo, permitirá a los diputados desde las curules revisar todo tipo de información en sus monitores touch-screen, gracias a una plataforma de lectura tipo libro electrónico (e-book).
La plataforma tecnológica instalada en los monitores de los diputados permitirá, además, que los legisladores tengan acceso a una comunicación de dos vías (two-way communication), tipo chat; y puedan, con ello, agilizar las conversaciones y los acuerdos, al tiempo que puedan compartir documentos, transferir información, o enviarse datos. Lo más importante de esta tecnología es que evita interrumpir los procedimientos legislativos con discusiones estériles o intervenciones irrelevantes para el debate.
Todo lo anterior implica entonces llevar a cabo la adquisición e instalación del siguiente equipamiento mínimo para el recinto de la Cámara de Diputados:
- Equipos de proyección de datos, audio y video en el pleno y algunas salas de sesiones, particularmente de la Junta de Coordinación Política.
- 500 monitores touch-screen (tipo iPad), de 17 pulgadas, para cada uno de los escaños de los legisladores.
- Puertos USB y de audio y video para cada uno de los escaños.
- 10 monitores touch-screen, de 17 pulgadas, para la Mesa Directiva, conectados al tablero de votación electrónica y a la red de cómputo del pleno.
- 1 monitor touch-screen de 21 pulgadas para el pódium de la Mesa Directiva y control inalámbrico para la manipulación de las presentaciones que se proyectarán en las pantallas gigantes.
- Equipo para realizar videoconferencias en el pleno de la Cámara y algunas salas de sesiones de la Cámara.
para un congreso transparente y abierto
Gracias a la plataforma tecnológica del Congreso digital, será posible un importante intercambio electrónico de información, entre la Cámara de Diputados y el gobierno federal, a través de la red de Internet. Tanto la Cámara de Diputados enviará información al gobierno federal, como éste a aquélla. Es decir, ambos se retroalimentarán a través de la red de transferencia de la información.
También, el sistema concentrará todas las iniciativas y acciones emprendidas por los legisladores, de manera organizada; de modo que las dependencias del gobierno y los ciudadanos tendrán acceso a todo ese cúmulo de información de forma fácil, sencilla y rápida. Todo ello, se dará a través del SIL (véase el diagrama 6).
La plataforma electrónica permitirá el acceso de los ciudadanos a los resultados de votación de los legisladores, al tiempo que les permitirá conocer las iniciativas que los diputados han emprendido, y los posicionamientos que han hecho en el pleno y las comisiones.
V. Retos que impone el e-Congreso mexicano hacia el futuro
Garantizar la seguridad y privacidad de la información. La privacidad y seguridad de la información y las personas son dos elementos esenciales para asegurar la integridad de un parlamento digital y garantizar los derechos del ciudadano a la confidencialidad. Dichos requerimientos no pueden ser subestimados. En la medida en que los parlamentos y congresos se hacen más visibles a través de la red de Internet, la información y los documentos presentados deben tener los más altos estándares de autenticidad. Al mismo tiempo, los ciudadanos deben tener la seguridad de que la comunicación que tengan con sus diputados, a través de la red, podrá permanecer confidencial si así lo desean, o en los casos que así lo establezca la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en el caso de México.
Promover el acceso universal a Internet. La red e Internet se han hecho cada vez más importantes para lograr una participación informada de los ciudadanos y de la sociedad civil en la vida política. A medida que los Parlamentos emprenden acciones, toman decisiones, y los documentos legislativos (iniciativas, dictámenes, puntos de acuerdo, entre otros) son difundidos a través de modernas herramientas de comunicación, es imperativo que todos los ciudadanos, independientemente de su nivel socioeconómico y habilidades técnicas, tengan la posibilidad de acceder a esa información. Esto implica que los parlamentos y congresos debemos estar fuertemente comprometidos con cerrar la "brecha digital" que divide a la sociedad entre aquellos que tienen acceso a la información y los que no. Al mismo tiempo, debemos asegurar que nuestras palabras y acciones sean entendidas y analizadas por todos los ciudadanos y electores de nuestro distrito o circunscripción.
Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura someto a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Primero. Se deroga el numeral 2 del artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. Se crea y adiciona al Título Segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos un octavo capítulo, "Del E-Congreso o Congreso Digital", para quedar como sigue:
Capítulo Octavo
Del E-Congreso o Congreso Digital
Artículo 58.
1. La Cámara de Diputados contará con un comité denominado E-Congreso, en términos de lo dispuesto en el artículo 46, numeral 1, de esta ley.
Artículo 59.
1. El Comité E-Congreso será un órgano de la Cámara de Diputados que tendrá por objeto fundamental administrar, coordinar la operación y vigilar el adecuado desempeño de la Plataforma Tecnológica E-Congreso, compuesta por el Sistema Electrónico de Proceso Legislativo, el Sistema Electrónico de Participación Ciudadana y el Sistema Electrónico de Información Legislativa.
Artículo 60.
1. El Comité E-Congreso tendrá las siguientes atribuciones y facultades:
b) Recibir, procesar y sistematizar las solicitudes de información, demandas de apoyo, inquietudes, y quejas de la ciudadanía hechas a los diputados; por medios físicos o electrónicos; a través del Sistema Electrónico Atención Ciudadana.
c) Administrar, en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de Información de la Cámara de Diputados, los medios de contacto electrónicos de la Cámara de Diputados con el ciudadano, particularmente la página de Internet y el buzón electrónico de la Cámara.
d) Gestionar y administrar, con la Coordinación General de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, las redes sociales virtuales, en Internet, de la Cámara.
e) Coordinar y operar el Centro de Atención Telefónica de la Cámara de Diputados.
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.
Segundo. Para diseñar, construir y poner en operación la Plataforma Tecnológica del E-Congreso, referida en el artículo segundo del presente decreto, se conformará, durante el primer periodo de sesiones del segundo año de ejercicio de esta legislatura, una comisión especial, denominada "Comisión para la puesta en marcha del Congreso digital", la cual estará formada por legisladores de todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados.
Tercero. La comisión especial a que se refiere el artículo transitorio anterior formulará, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de su formación, el plan estratégico de implantación del E-Congreso de la Cámara de Diputados, el cual definirá las estrategias y acciones para instaurar un congreso digital que rinda cuentas y permita, a cada diputado, mayor cercanía con los ciudadanos.
Cuarto. La citada comisión especial diseñará y pondrá en operación la plataforma tecnológica del E-Congreso en un plazo máximo de 240 días naturales a partir de la publicación del plan estratégico a que se refiere el artículo transitorio anterior. Para ello, dispondrá de recursos económicos suficientes, en el presupuesto actual de la Cámara de Diputados, correspondiente al ejercicio fiscal 2010. Y, de igual forma, se contemplará una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 a la Cámara de Diputados, para el desarrollo de este proyecto.
Quinto. De conformidad con el proceso establecido en el artículo 46, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el pleno de la Cámara de Diputados dispondrá la creación del Comité del E-Congreso a que se refiere el artículo segundo del presente decreto durante el primer periodo de sesiones del segundo año de ejercicio de esta legislatura; contando, para ello, con un plazo máximo de 15 días naturales, a partir de la creación de la comisión especial mencionada en el artículo segundo transitorio de este decreto.
Sexto. Para la operación de la plataforma tecnológica E-Congreso a que se refiere el artículo segundo del presente decreto, la comisión especial para la puesta en marcha del congreso digital deberá poner a consideración del pleno de la Cámara y de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias una propuesta de Reglamento del Congreso Digital, el cual deberá estar acorde con el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha propuesta deberá ser elaborada en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la conformación de la Comisión Especial.
Notas
1. La guía Parliament and democracy in the
twenty-first century: a guide to good practice es una buena referencia
sobre las características que deben tener los parlamentos y congresos
del mundo para gozar de buenas prácticas. Desde luego, los parlamentos
difieren uno de otro, tanto en sus sistemas de gobierno como en sus contextos
social y económico. Por ejemplo: Estados federales vs. unitarios;
sistemas presidenciales vs. parlamentarios; parlamentos unicamarales
vs.
bicamarales; pero también en sus niveles de desarrollo económico.
En resumen, no hay un solo modelo de democracia. Sin embargo, sí
es posible hablar de "buenas prácticas" de los diputados en todo
el mundo. (Véase Inter-Parliamentary Union, "Parliament and democracy
in the twenty-first century: a guide to good practice, 2006.)
2. Las instituciones que recibieron las calificaciones
más altas fueron la Iglesia, el Ejército y las universidades,
con 7.8, 7.7 y 7.7, respectivamente. (Véase "Economía, gobierno
y política", en Monitor Mensual de Consulta Mitofsky, México,
febrero de 2010.)
3. En su ensayo "La representación política
en México", Gustavo Mexueiro Nájera señala que el
hecho de que la confianza y calificación a los diputados sea de
las más bajas frente a otras instituciones en México no es
exclusivo de nuestro país. Se repite en otras democracias, pues
la población de esos países también manifiesta desinterés
y alejamiento de la política y de los partidos. Sin embargo dice
Mexueiro, "entre las causas que originan este hecho en México,
diversos estudios señalan el limitado conocimiento sobre las funciones
y facultades de los legisladores, el desinterés por las actividades
que realizan, la desaprobación por su trabajo y por sus decisiones,
así como la distancia entre los legisladores y los intereses de
la sociedad; es decir, los ciudadanos no se sientan representados por sus
legisladores". (Véase Mexueiro Nájera, Gustavo. "La representación
política en México", en Revista Legislativa de Estudios
Sociales y de Opinión Pública, volumen 2, número
3, junio de 2009, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
de la Cámara de Diputados.)
4. Véase Latinobarómetro 2008.
5. Diversas instituciones del país han desarrollado,
desde hace ya algunos años, metodologías para evaluar el
trabajo de los diputados. Entre ellas, destacan el Centro de Investigación
y Docencia Económicas, el Instituto Tecnológico Autónomo
de México, el Centro de Análisis e Investigación Fundar,
y el Centro de Investigación para el Desarrollo. Los resultados
de dichas instituciones confirman el sentir ciudadano: la Cámara
de Diputados tiene un bajo desempeño para promover políticas
que hagan crecer verdaderamente al país.
6. Tan sólo en la LVIII Legislatura que comprendió
los tres primeros años del "gobierno del cambio" con Vicente Fox
se presentaron mil 018 iniciativas (un promedio de 11 por diputado), y
220 dictámenes. (Véase Trejo, Antonio. "Desempeño
legislativo. Diputados de escasa calidad", en suplemento especial Enfoque,
del periódico Reforma, México, 24 de agosto de 2003.)
7. Véase Trejo, Antonio. Op. cit.
8. La productividad es la relación de las iniciativas
dictaminadas respecto al total de presentadas. (Véase Trejo, Antonio.
Op.
cit.)
9. En palabras de Juan Antonio Cepeda, investigador de
Fundar, "hay un trabajo excesivo en términos de la creación
de iniciativas, que no necesariamente es benéfico, porque, una,
distrae la atención con respecto a la tarea de dictaminación,
y dos, el número excesivo de iniciativas también puede obnubilar
los grandes temas. Mientras más iniciativas hay, las iniciativas
importantes se pueden estar perdiendo". De acuerdo con el investigador
de Fundar, "un factor es el deficiente y escueto apoyo técnico tanto
en los grupos parlamentarios como en las comisiones. Una causa posible
para esta deficiencia es la inexistencia de un servicio parlamentario de
carrera que funcione actualmente, además de la carencia de staff
por parte de la mayoría de los partidos políticos". Otro
factor que propicia un bajo desempeño legislativo es el alto nivel
de ausentismo en algunas comisiones, e incluso en el pleno, a la hora de
sesionar, lo cual es ampliamente valorado por la ciudadanía. Sin
embargo, más allá de la asistencia o no de los legisladores,
es preciso observar que la calidad de las leyes no ha sido del todo buena;
pues no se han generado grandes transformaciones que mejoren la economía
de la gente, la seguridad pública, o el combate a la pobreza, por
mencionar sólo algunas de las urgentes demandas de la población.
Ibídem.
10. Ibídem.
11. Véase ECPRD, ICT Working Group Seminar, 6-7
de noviembre de 2003, Nicosia, Cyprus.
12. Véase Gil-García, José Ramón;
Judith Mariscal Avilés y Fernando Ramírez Hernández,
Gobierno
electrónico en México, Centro de Investigación
y Docencia Económicas, Telecom-CIDE, México, septiembre de
2008.
13. La palabra benchmark es un anglicismo traducible
al castellano como "comparativo".
14. La palabra twitteando se refiere a la acción
de redactar un "tweet"; es decir, redactar y publicar un mensaje (de máximo
140 caracteres) en Twitter.
15. La palabra blogeando se refiere a la acción
de escribir y publicar comentarios en un blog, también conocido
como bitácora, en español; es una especie de diario
en línea que comparten uno o varios autores. (Véase: Paz
Pellat, Marco A., et. al. "Redes sociales: la nueva oportunidad,
Infotec/Conacyt, México, 2009.)
16. El acrónimo SMS hace referencia al "servicio
de mensajes cortos" (short message service); es decir, mensajes
de texto para teléfonos celulares o móviles.
17. Se refiere a los mensajes multimedia que pueden ser
enviados a través de los teléfonos celulares, e incluyen
imágenes, fotos, texto y música.
18. Véase www.pict-careers.org.uk
19. Twitter es un microblog que permite actualizar
a los "seguidores" en mensajes de máximo 140 caracteres cada vez.
Esta especie de SMS público en Internet ha tenido mucho éxito
por su simplicidad y posibilidad de actualizaciones rápidas. De
hecho, se le concibe como la única red social que no representa
una sobrecarga de información, además de contar con versión
para celular. Es una de las herramientas más utilizadas por los
gobiernos y políticos de todo el mundo para actualizar a sus seguidores
sobre las actividades de campaña al momento. (Véase Paz Pellat,
Op.
cit.)
20. El diputado federal no sólo es un legislador
sino, también, un gestor ciudadano gestiona recursos, programas
de gobierno, materiales y apoyos económicos o en especie. El pueblo
concibe a su diputado federal como una de las personas con la que generalmente
puede tener el mayor acercamiento en su relación con el poder público;
la gente, más que pensar en las leyes y el quehacer legislativo
del diputado, lo enfoca a que sea gestor y promotor de obras y servicios
y todo aquello que se relacione con sus intereses o sus condiciones de
vida.
Diputados: Jorge Carlos Ramírez Marín, Roberto Armando Albores Gleason, Guadalupe Acosta Naranjo, Agustín Guerrero castillo (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos
y Prácticas Parlamentarias. Mayo 26 de 2010.)
Empoderación del ciudadano y el diputado, a
través del E-Congreso
Plataforma tecnológica del E-Congreso
Sistema Electrónico de Proceso Legislativo (SISEPRO)
Comparativo proceso vs.
E-Congreso
legislativo tradicional
Sistema Electrónico de Atención Ciudadana
(SEAC) Sistema Electrónico de Información
Legislativa (SIL)
QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY FEDERAL
PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, EN LO RELATIVO A LAS
MEDIDAS POSITIVAS Y COMPENSATORIAS EN FAVOR DE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES
EN LOS PROGRAMAS DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y ACADÉMICOS,
PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 26 DE MAYO DE 2010
La suscrita, diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, en lo referente a las medidas positivas y compensatorias en favor de la igualdad de las mujeres en los programas de estímulos económicos y académicos en el sector educativo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Los avances conseguidos por las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, no han sido consecuencia de concesiones o de procesos gestados por sí solos, sino producto de luchas emprendidas por muchas mujeres decididas a lograr conquistas sociales o derechos, que antes fueron negados a este importante sector del país y del mundo.
La conquista de su derecho al voto, está considerado como uno de los principales hitos históricos que marcaron los movimientos feministas. Desde entonces, las mujeres han transitado por un largo camino, para que hoy en día gocen de una serie de derechos comunes, que van desde el derecho al trabajo, la educación, a participar activamente en la política, hasta una vida libre de violencia.
La incorporación de la mujer a todos los ámbitos de la vida social, económica, laboral, política, cultural no ha sido siempre fácil. La educación no ha sido la excepción. En México, como en otras partes del mundo, la participación de las mujeres en la educación enfrentó durante muchos años obstáculos, por prejuicios o visiones limitadas respecto a su papel en una sociedad, donde el esteriotipo dominante fue el ser ama de casa y la maternidad. Esto impidió el avance intelectual y profesional de la población femenina, pues durante siglos se le relegó a tener únicamente acceso a la educación denominada elemental, es decir, a saber leer y escribir.
El rol de ama de casa y la maternidad, de alguna manera comenzó a ser cuestionado con el acceso de la mujer a estudios con implicaciones labores y profesionales, como el de la profesión de docente en el sector magisterial. Tuvieron que pasar muchos años más, para la irrupción de las mujeres en la educación superior.
Así, en la literatura sobre el tema, su presencia en las aulas universitarias se dio avanzado el siglo XX, aun cuando en las postrimerías del siglo XIX un reducido grupo de mujeres logró ingresar a las escuelas de estudios superiores, donde las profesiones eran consideradas "masculinas".
Hoy en día, esa situación es diametralmente opuesta pues, aun cuando prevalecen algunos prejuicios y desigualdades hacia las mujeres, las estadísticas educativas constatan que, en términos generales, prácticamente el 50 por ciento de la población escolar lo constituyen mujeres. Incluso, en algunas carreras, la matrícula del sector femenino es ligeramente superior a la de los varones.
Sin embargo, frecuentemente muchos de los problemas de las mujeres han sido "invisibles" o "invisibilizados", por quienes están en el ámbito de la toma de decisiones, que en la mayoría de los casos, continúan mayoritariamente siendo varones.
De tal suerte, que muchas de las políticas públicas se diseñan desde una visión, que elude situaciones desfavorables para las mujeres trabajadoras, como son los periodos pre y postnatales, así como situaciones derivadas de ambos procesos.
En el campo educativo profesional, por ejemplo, las mujeres trabajadoras académicas y docentes o ambas, están en desiguales circunstancias con sus pares varones, cuando son merecedoras de acceder a estímulos económicos y académicos, que se otorgan a través de diferentes programas como son becas, incentivos por desempeño académico o profesional, acciones de profesionalización y académicas, distinciones y premios, entre otras cosas.
Esas desiguales circunstancias las enfrentan particularmente las madres trabajadoras, dado que en el periodo de lactancia y en los primeros años de crianza de los hijos, deben posponer actividades que son acreditables para acceder a toda clase de estímulos académicos y económicos, establecidos en las instituciones educativas del país.
En el sector educativo, muchos programas de estímulos tienen como base la productividad académica del personal. Por ejemplo, el Sistema Nacional Investigadores (SNI) establece para los candidatos a ingresar o para renovar a los investigadores su permanencia en el programa, que tengan además del grado de doctor y un proyecto de investigación aprobado por la institución en que laboran, publicaciones de libros, artículos en revistas arbitradas, citaciones de sus trabajos, asistencias a congresos nacionales e internacionales, dirección de tesis, realización de proyectos interdisciplinarios, formación recursos humanos, docencia, entre otros muchos requisitos.
De igual manera, en la mayoría de las instituciones de educación superior, existen programas anuales de estímulos de productividad para el personal académico que, como su nombre lo indica, es evaluado con base en lo que académicamente producen. También diversos programas y fondos de apoyo extraordinario a las universidades públicas estatales, como por ejemplo, el Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep), requiere a los candidatos demostrar su productividad.
Aun cuando un porcentaje importante de madres profesionistas accede a ese tipo o a otros estímulos por su productividad, resulta inevitable que la maternidad o la crianza de los hijos, las obliga a invertir más tiempo y esfuerzo, en potenciar su desarrollo profesional o lograrlo en condiciones desiguales frente a los varones.
Otro caso, son los programas de becas, que no consideran esa situación de las jóvenes madres profesionistas, dado que los requisitos de edad son iguales para hombres que para mujeres. Por lo cual, es necesario que cuando menos existan criterios diferenciados de edad para el sector femenil.
El actual marco jurídico mexicano afortunadamente otorga a toda persona el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos y que la mujer y el varón son iguales ante la ley; para la mujer ambos derechos tienen particularidades adicionales en diversos ordenamientos legales.
Así, por ejemplo, la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación dispone en su artículo 10 que los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, deberán llevar a cabo medidas positivas y compensatorias en favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres.
Asimismo, la citada ley en su artículo 5, establece que no se considerarán conductas discriminatorias las acciones legislativas, educativas o de políticas públicas positivas o compensatorias, que sin afectar derechos de terceros establezcan tratos diferenciados con el objeto de promover la igualdad real de oportunidades para las mujeres.
Este criterio de discriminación positiva ha comenzado a permear en algunos ámbitos o programas, como es el caso del Programa Nacional de Becas, cuyos montos para las estudiantes mujeres son mayores que para los hombres.
En consecuencia, la presente iniciativa tiene como propósito introducir acciones positivas y compensatorias, a efecto que las madres trabajadoras no estén en desventaja frente a los varones, para acceder a los estímulos académicos y económicos.
Por lo fundado y motivado, me permito someter a la consideración del pleno de esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, en lo relativo a las medidas positivas y compensatorias en favor de la igualdad de las mujeres, en los siguientes términos:
Único. Se adicionan una fracción V, con un segundo párrafo, al artículo 10, del Capítulo III, "Medidas positivas y compensatorias en favor de la igualdad de oportunidades de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discrimianción, para quedar como sigue:
Capítulo III
Medidas positivas y compensatorias en favor
de la igualdad de oportunidades
Artículo 10.
V. Se prorrogará a las madres trabajadoras el tiempo de los periodos pre y postnatales y los derivados de éstos, para acceder y permanecer, según sea el caso, a los diversos programas de estímulos económicos y académicos, que sean otorgados con base en criterios de productividad.
A título no limitativo, dicha prórroga se otorgará en programas como son becas, incentivos por desempeño académico o profesional, acciones de profesionalización, goce de años sabáticos, distinciones y premios. Asimismo, serán considerados para la entrega de proyectos e informes, o ambos, de trabajo, cualquiera que sea su periodicidad.
Para efecto de lo anterior, dicha prorroga se otorgará con base en lo siguiente:
b) Cuando la madre trabajadora cumpla con la normatividad y/o los requisitos establecidos, para acceder a dichos programas;
c) Se considerará el tiempo de los periodos pre y postnatales y los derivados, cuando la madre trabajadora lo hubiere gozado en un lapso anterior a 2 años.
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, las autoridades responsables de programas de estímulos económicos y académicos basados en la productividad deberán adecuar dichos programas a los términos de la fracción V del artículo 10 de la presente ley. En el caso de programas sujetos a reglas de operación, se hará de conformidad con lo establecido en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al año de entrada en vigor del presente decreto.
Tercero. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso d) de la fracción V, del artículo que se modifica, el monto diferencial de las becas para las mujeres será mayor en 15 por ciento, tomando como base el monto que se determine para las becas en los programas respectivos en la materia.
Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 26 de mayo de 2010.
Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables. Mayo 26 de 2010.)
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS
59, 59-BIS, 62 Y 77 DEL CAPÍTULO TERCERO DE LA LEY FEDERAL DE RADIO
Y TELEVISIÓN, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARTHA ELENA GARCÍA
GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 26 DE MAYO DE 2010
Martha Elena García Gómez, diputada federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente:
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 59, 59-Bis, 62 y 77 del capítulo tercero de la Ley Federal de Radio y Televisión.
Al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La exclusión del goce de los derechos humanos para un grupo social, por grande o pequeño que sea; es discriminación, situación que rechazamos y por tanto, pugnamos por que se revierta. Así entonces, no nos extrañan los actos de protesta de las personas con discapacidad auditiva, las que al encontrarse alejadas de oportunidades de integración, de empleo, de educación, salud e interacción con el resto de la sociedad, se sitúan dentro de los grupos con rezago social.
Hablar sobre sordera o discapacidad auditiva es hacer referencia a un padecimiento común, grave y del que el número de casos va en aumento por la cantidad de ruido que diariamente incorporamos a la atmósfera, por los hábitos para escuchar música y otros elementos físicos. Esta discapacidad es silenciosa su incremento no es visual y por tanto pasa desapercibida por la sociedad y las autoridades médicas.
La sordera puede originarse por herencia, por alguna enfermedad infecciosa de la madre durante el embarazo como rubéola, varicela o por haber ingerido algún medicamento de riesgo durante la gestación. En este caso, la persona no puede escuchar nada y se encuentra totalmente sorda. Caso contrario a lo que ocurre con la pérdida paulatina de audición que es la que se ha generado poco a poco debido al ruido ambiental, por la edad o por alguna infección crónica en el oído medio o un accidente entre otras razones, es decir las personas no nacen con sordera, sino que, con estas situaciones se origina la pérdida. En este segundo caso, las personas pueden utilizar un auxiliar auditivo que les permite escuchar e integrarse a la cotidianidad de manera normal. Por ello, la perdida de la capacidad auditiva y la sordera afectan a personas de todas las edades y pueden ocurrir en cualquier momento desde la infancia hasta la vejez.
La organización mundial de la salud considera que entre el 7 y el 10 por ciento de la población en el mundo vive con algún tipo de discapacidad, en México el 14 por ciento de sus habitantes es decir unos 15 millones enfrentan la discapacidad, ya sea física o mental. El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática estima una población aproximada de más de dos millones de mexicanas y mexicanos con algún tipo de discapacidad, la mayoría de estas personas son hombres.
Del dato anterior, no hay cifras precisas, en el caso de las personas sordas se considera que existen más de mil niños con diferentes grados de déficit auditivo y sólo uno de ellos sufre de sordera. El problema radica en que hasta los 3 años de edad es cuando se diagnostica la pérdida auditiva. La clave para disminuir él número de casos de déficit auditivo en niñas y niños es su identificación temprana.
Esta discapacidad, no debe ser obstáculo para que las personas sordas estén integradas en toda actividad con la expresión total de sus capacidades y en el pleno goce de sus derechos. De acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se indica que el derecho fundamental de la libre expresión comprende también el derecho a recibir información. La falta de accesibilidad a la información por parte de las personas sordas, muestra claramente la ausencia del ejercicio de este derecho para ellas y ellos, cuando es mundialmente reconocido que el derecho a la información es fundamental y pilar básico para la construcción de una sociedad más participativa, libre y democrática.
Así también, en las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, mediante la Resolución 46/96, del 20 de diciembre de 1993. La que en su artículo 5o. b) establece; Acceso a la información y la comunicación; Los Estados deben elaborar estrategias para que los servicios de información y documentación sean accesibles a diferentes grupos de personas con discapacidad. A fin de proporcionar acceso a la información y la documentación escritas a las personas con deficiencias visuales ( ) De igual modo, deben utilizarse tecnologías apropiadas para proporcionar acceso a la información oral a las personas con deficiencias auditivas o dificultades de comprensión.
Se debe considerar la utilización del lenguaje por señas en la educación de las y los niños sordos, así como en sus familias y comunidades. También deben presentarse servicios de interpretación del lenguaje por señas para facilitar la comunicación entre las personas sordas y las demás personas. Logrando con ello la inclusión social de las personas con discapacidad auditiva.
La inclusión no es una estrategia destinada a ayudar a las personas a encajar en los sistemas y las estructuras existentes en nuestras sociedades: La inclusión se propone transformar estas estructuras y estos sistemas para hacer mejor a todos. La inclusión significa crear un mundo mejor para todas y todos.
La Constitución en su artículo 1o. señala: En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Las herramientas de aprendizaje y comunicación con las y los otros para las personas sordas, puede ser de dos tipos: por señas y por oralización. Con respecto al lenguaje de señas, comúnmente llamado lenguaje de sordos, se realiza por medio de las manos y sus distintas posiciones, lo cual le permite dar significado a cada una de éstas. La oralización es hablar y usar la voz por medio de la lectura de los labios y el lenguaje expresivo mediante la producción sonora.
Pocos son los programas televisivos que transmiten con el lenguaje de señas mexicano incluido o que utilizan el sistema de subtitulaje cerrado (closed caption) dirigido a la población sorda, tampoco se aplica en los programas oficiales o en los mensajes de interés nacional. El oportuno acceso a la información es importante, no sólo para encontrarse bien comunicados, es también indispensable para conocer cualquier información o situación que afecte la vida social y personal.
La iniciativa que se presenta, busca que se incluya a nivel federal en la transmisión de noticieros, programas culturales, educativos, de orientación social, civil o de cualquier emergencia, la traducción a través del lenguaje de señas mexicano y la utilización del sistema subtitulaje cerrado (closed caption). Con ello, se intenta facilitar a las personas sordas la información, el aprendizaje, el conocimiento y el uso de la lengua de señas y de los medios de apoyo a la comunicación oral. Con el propósito de que a la larga, puedan ejercitar de manera plena y efectiva los derechos y las libertades constitucionales que legítimamente les corresponde como ciudadanas y ciudadanos.
Así también, por esta vía, dar cause a la preocupación por integrar a todas y todos los ciudadanos al pleno goce de sus derechos humanos y de manera particular, a la comunidad sorda para brindarle una mayor atención y vigilancia, con la que se garantice el respeto a los derechos lingüísticos, culturales y educativos que las leyes les otorgan, pues, al omitir cualquiera de sus derechos, se les violenta de manera flagrante.
No se trata solamente de modificar y trabajar por un cambio de normas, se trata además de incluir a las comunidades con discapacidad en una participación más intensa y efectiva en la vida profesional, económica, social, política y educativa.
Legislar para mejorar la calidad de vida y garantizar el goce de los derechos de la ciudadanía, es la orientación que inspira nuestro trabajo, por lo cual es importante influir para reconocer el tema propuesto con la sensibilidad y atención necesaria para lograr su solución. Por ello, someto a este Honorable Pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma los artículos 59, 59-Bis, 62 y 77 del capítulo tercero de la Ley Federal de Radio y Televisión
Artículo Único. Se reforman los artículos 59, 59-Bis, 62 y 77 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:
Artículo 59. Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social. En las transmisiones de televisión se contará con la inclusión del lenguaje de señas mexicano y el subtitulaje cerrado. El Ejecutivo federal señalará la dependencia que deba proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión.
Artículo 59-Bis. Con motivo de los procesos electorales federales, a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, del tiempo total que conforme al artículo anterior y a otras leyes corresponde al Estado, el Instituto Federal Electoral tendrá a su disposición cuarenta y ocho minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión. En los mensajes televisivos, se incluirá la traducción en lenguaje de señas mexicano y el subtitulaje cerrado.
Artículo 62. Todas las estaciones de radio y televisión en el país, estarán obligadas a encadenarse cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la nación, a juicio de la Secretaría de Gobernación. En los mensajes televisivos, se contará con la inclusión del lenguaje de señas mexicano y el subtitulaje cerrado.
Artículo 77. Las transmisiones de radio y televisión, como medio de orientación para la población del país, incluirán en su programación diaria información sobre acontecimientos de carácter político, social, cultural, deportivo y otros asuntos de interés general nacionales o internacionales. En las transmisiones de televisión se contará con la inclusión del lenguaje de señas mexicano y el subtitulaje cerrado.
Transitorio
Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, 26 de mayo de 2010.
Diputada Martha Elena García Gómez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Radio, Televisión
y Cinematografía. Mayo 26 de 2010.)
QUE ADICIONA LA FRACCIÓN
VIII AL ARTÍCULO 1, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSIGUIENTES; Y REFORMA
EL ARTÍCULO 22, LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 22-BIS,
EL 41 Y LA FRACCIÓN III DEL 116 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, PRESENTADA POR LA
DIPUTADA CORA CECILIA PINEDO ALONSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA,
EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES
26 DE MAYO DE 2010
Cora Cecilia Pinedo Alonso, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56, 60, 63, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, presenta ante el pleno de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 1, recorriéndose las subsiguientes y reforman los artículos 22, la fracción I del 22-bis, el 41 y la fracción III del 116, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, PND, destaca la importancia de apoyar las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, de tal manera que se reflejen en la mejora competitiva del país. El PND considera estratégico establecer las condiciones para que México se inserte en la vanguardia tecnológica, lo que es esencial para promover el desarrollo integral del país de forma sustentable.
Una de las estrategias del PND se refiere específicamente a profundizar y facilitar los procesos de investigación científica, adopción e innovación tecnológica para avanzar en el logro de la sustentabilidad ambiental, la cual se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.
La generación e innovación de conocimiento científico y tecnológico en materia ambiental es un asunto prioritario para salvaguardar la biodiversidad y los ecosistemas y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales. Pues, si bien, México es uno de los cuatro países con mayor número de especies animales y vegetales y figura entre los 17 países denominados "megadiversos", que juntos, alojan entre 60 y 70 por ciento de la diversidad conocida del planeta y por sus condiciones topográficas y climáticas le permiten albergar ejemplos de casi todos los tipos de ecosistema terrestre conocidos del planeta; en las últimas décadas el deterioro ambiental ha crecido gravemente y trayendo consigo serias consecuencias para la vida y el desarrollo de las y los mexicanos.
Ejemplo de ello, lo proporcionan tanto el estudio "La destrucción de México: La realidad ambiental del país y el cambio climático (2009)." como el Plan Nacional de Desarrollo:
México es el quinto país con mayor extensión de manglares en el planeta. Junto con Indonesia, Australia, Brasil y Nigeria alberga 47 por ciento del área total de manglares del mundo (The worlds mangroves 1980- 2005, FAO, Roma, 2007).El manglar es un ecosistema fundamental para la protección de los litorales y las poblaciones costeras. Entre otras cosas, amortigua los impactos de huracanes y tsunamis, evita la erosión de la línea de costa y es la zona donde se reproducen la mayor parte de las especies marinas. No obstante, es uno de los ecosistemas más devastados. El manglar está desapareciendo a una tasa promedio de 2.5 por ciento anual, lo que equivale a poco más de 4.43 hectáreas cada día o a seis campos de fútbol al día (Evaluación preliminar de las tasas de pérdida de superficie de manglar en México, INE, septiembre 2005).
El aprovechamiento de recursos pesqueros y acuícolas es una actividad vital para miles de familias. Sin embargo, los recursos marinos están siendo arrasados por el crecimiento descontrolado del sector pesquero, el incremento en la capacidad de captura de las embarcaciones y las capturas ilegales y no reguladas. Aunque México tiene 2.7 millones de kilómetros cuadrados de mar, sólo 11.04 kilómetros cuadrados se encuentran protegidas. (http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/ rutinas/ept.asp?t= mamb88&s=est&c=3800).
La riqueza natural de los ambientes costeros y oceánicos han atraído también diversas actividades económicas como la agropecuaria, la extracción de hidrocarburos, el turismo, la industria; desafortunadamente, el desarrollo desordenado de éstas y otras actividades, así como el crecimiento poblacional han provocado graves problemas en ecosistemas altamente vulnerables. En México, 14.9 por ciento de la población se asienta en áreas costeras y las políticas públicas en torno a estas zonas han sido mayoritariamente sectorizadas y han carecido además de una visión sustentable e integral de desarrollo económico y social. Esto ha provocado que los esfuerzos realizados no tengan el impacto deseado.
México ocupa el primer lugar del mundo por especies en peligro de extinción y el primero en América Latina por especies amenazadas, con 510 especies en total en esas categorías; 63 por ciento está en peligro de extinción y 37 por ciento son vulnerables. (http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/ espanol/rutinas/ept.asp?t=mamb151&s=est&c=7778)
La escasez, la contaminación y el mal uso son los grandes problemas relacionados con agua. Su disponibilidad por habitante se está reduciendo debido a factores demográficos y climáticos. Asimismo, muchos de los cuerpos de agua presentan niveles de contaminación importantes, haciéndolos inadecuados para el consumo humano. En nuestro país sólo se trata el 32.63 por ciento de las aguas residuales municipales y el 15.71 por ciento de las aguas industriales y agrícolas (Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica del Inegi, 2008).
En relación con el cambio climático, el impacto de los gases de efecto invernadero es cada vez más evidente. En México, el consumo de combustibles fósiles es el factor que genera en mayor medida dichos gases, lo cual se ve agravado por la falta de un sistema de transporte eficiente que reduzca su generación. Las prácticas agrícolas y pecuarias dañinas, así como el atraso tecnológico en gran parte de la industria, contribuyen también a la emisión de gases de efecto invernadero.
El manejo de residuos sólidos se ha caracterizado por la falta de planeación e infraestructura. Aunado a ello, la ausencia de espacios para su disposición ha generado conflictos entre municipios y entidades federativas. Los residuos peligrosos agregan un nivel de complejidad al problema, ya que no se han desarrollado suficientes espacios para su confinamiento. Los residuos depositados inadecuadamente tienden a contaminar los mantos freáticos y a degradar los suelos, haciéndolos inadecuados para cualquier uso.
México necesita contar con mayor conocimiento acerca de los procesos ambientales que lo afectan; se requiere impulsar decididamente una agenda ambiental de investigación científica y desarrollo tecnológico en donde la innovación permita el perfeccionamiento de técnicas y procedimientos que prevengan, controlen y abatan el deterioro ambiental.
La innovación es un fenómeno que cuando se incorporan a una sociedad influye en su crecimiento y en la calidad de vida de las personas pues brinda "la capacidad de generar un nuevo producto, diseño, proceso, servicio, método u organización o añadir valor a los existentes", para mejorarlos. Como país comprometido con el medio ambiente, debemos impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, para propiciar el desarrollo sustentable y la implementación de políticas responsables.
Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, solamente conciliando un desarrollo socialmente justo y equitativo y sostenible desde el punto de vista ecológico, podremos progresar sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras. El desarrollo económico y social ya no puede concebirse sin políticas ambientales integrales, y para avanzar en ellas, es imprescindible el uso y la aplicación de la tecnología, la innovación y la ciencia.
Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que adiciona una fracción VIII al artículo 1, recorriéndose las subsecuentes y reforma los artículos 22, fracción I, del 22 Bis, el 41 y la fracción III del 116 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Para quedar como sigue:
Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:
VIII. Impulsar y apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en materia ambiental.
IX. El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución;
X. El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, en materia ambiental, y
XI. El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas y penales que correspondan.
Artículo 22.
Son instrumentos financieros los créditos, las fianzas, los seguros de responsabilidad civil, los fondos y los fideicomisos, cuando sus objetivos estén dirigidos a la preservación, protección, restauración o aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el ambiente, así como al financiamiento de programas, proyectos, estudios e investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación para la preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente.
Artículo 22 Bis. Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, las actividades relacionadas con:
II. a VII.
Artículo 116. Para el otorgamiento de estímulos fiscales, las autoridades competentes considerarán a quienes:
III. Realicen investigaciones de tecnología e innovación cuya aplicación disminuya la generación de emisiones contaminantes; y
IV. Ubiquen o relocalicen sus instalaciones para evitar emisiones contaminantes en zonas urbanas.
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la sala de sesiones de la Comisión Permanente, el 26 de mayo de 2010.
Diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Mayo 26 de 2010.)
En el salón B del edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro, en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las 9:00 horas del jueves 22 de abril de 2010, se reunieron los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología, de conformidad con la convocatoria de fecha 14 de abril del presente año, para el desahogo del siguiente orden del día:
1. Lista de asistencia verificación de quórum
Se contó con la asistencia de los diputados Reyes Tamez Guerra, Óscar Román Rosas González, Alejandro Bahena Flores, Guadalupe Eduardo Robles Medina, Rodolfo Lara Lagunas, Pedro Ávila Nevárez, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Germán Osvaldo Cortez Sandoval, José Alberto González Morales, Aarón Irízar López, Óscar Lara Salazar, José Trinidad Padilla López, José Luis Velasco Lino, José Antonio Yglesias Arreola, Tomás Gutiérrez Ramírez, Miguel Antonio Osuna Millán, César Octavio Pedroza Gaitán, Laura Margarita Suárez González, César Francisco Burelo Burelo, Ana Luz Lobato Ramírez, Gerardo Leyva Hernández y Juan Enrique Ibarra Pedroza.
Estuvieron ausentes los diputados Ángel Aguirre Herrera, María Isabel Pérez Santos, Jorge Carlos Ramírez Marín, Jorge Romero Romero, José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Oralia López Hernández y Alejandro del Mazo Maza
El diputado Reyes Tamez Guerra manifestó que se contaba con la asistencia de 22 diputados, con 7 ausencias y 0 justificaciones, de 29 integrantes que en esa fecha formaban la comisión, por lo que declaró la existencia de quórum legal.
2. Lectura del orden del día
Para el desahogo de este punto, el diputado Alejandro Bahena Flores comentó que debido a que el presidente, Reyes Tamez Guerra, se encontraba en una reunión de la Junta de Coordinación Política, él presidiría la séptima reunión ordinaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y dio la bienvenida a los asistentes.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la sexta reunión ordinaria
El diputado Alejandro Bahena Flores manifestó a los integrantes que como el acta se había enviado vía correo electrónico, se prescindía de la lectura; y que si había alguna observación, se manifestara. No hubo observaciones, y se solicitó a los presentes que expresaran de manera económica su voto. El acta se aprobó por unanimidad.
4. Dictamen, en sentido negativo, de iniciativa
Proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 1o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, propuesto a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados por diputado Fidel Antuña Batista (Partido Acción Nacional) el 21 de abril de 2009. Sobre el particular se cuenta con opinión que recopiló la Unidad de Enlace Legislativo de la Segob que emitieron la SHCP, la SEP y el Conacyt, en sentido negativo, fundamentalmente por cuestiones presupuestarias.
El diputado Alejandro Bahena Flores comentó que la intención del promovente de la iniciativa era que se suprima la palabra pública en el esquema de financiamiento de Conacyt, que el secretario técnico de la Comisión de Ciencia y Tecnología sugería que no se aprobara, en virtud de que los recursos con que dispone esta dependencia son todavía insuficientes para eliminar su carácter público.
Solicitó a los asistentes que si tenían alguna opinión en contra de que se dictaminara en sentido negativo la iniciativa, lo manifestaran. Como no hubo comentarios, se levantó el sentido del voto. Se aprobó por unanimidad.
5. Presentación del proyecto de creación del centro de cambio climático y del desarrollo del sureste, por el doctor Rafael Loyola Díaz, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias
El diputado Alejandro Bahena Flores comentó que se encontraba presente el doctor Miguel Chávez Lomelí, quien presentaría el proyecto de creación del centro cambio climático y del desarrollo del sureste.
El doctor Rafael Loyola Díaz: presentación del proyecto de creación del centro de investigaciones, formación especializada y vinculación para Tabasco y el sureste, apoyado por la Academia Mexicana de Ciencias, la Universidad Nacional Autónoma de México, el gobierno de ese estado y el Institut de Recherche pour le Développement.
Su principal propósito es fundar una institución científica en la región, calibrando los efectos ambiental y social.
Entre los objetivos generales está promover la investigación y la formación científica; disponer de una instancia autónoma para realizar y mantener actualizado el mapeo de problemas en los campos de la energía, el agua y los ecosistemas; coadyuvar en la realización de diagnósticos sobre la problemática de la región en sus campos de competencia, monitorear situaciones de riesgo y ofrecer soluciones; participar en la fundación del parque del conocimiento y la innovación para la sustentabilidad en el sureste; cultivar el conocimiento científico en sus campos de responsabilidad, formación científica, capacitación y actualización; vinculación/incubadora de empresas; contribuir a la solución de problemas de la región desde sus campos de competencia; y asumir su compromiso con la cuenca del Golfo, Centroamérica y el Caribe.
Se busca crear el centro para combatir la aceleración del cambio climático y transición energética, además de que se ha resentido una explotación depredadora del petróleo y de generación de electricidad.
Tabasco es la principal reserva nacional de agua; representa el centro de las afectaciones del cambio climático y se sitúa en la zona intertropical.
Se proyectaron fotografías que exponen las desgracias sufridas en la inundación de 2007 por Stan y Wilma, que dejaron bajo el agua 62 por ciento del estado y 75 por ciento de su capital.
El expositor mencionó que el petróleo modificó drásticamente el ambiente natural y social de la zona costera del sureste del país, mediante la urbanización y comunicaciones, afectando aguas superficiales tanto para consumo humano como industrial, con alteraciones de actividades tradicionales y repercusiones ambientales con deterioro de economías locales.
Se dijo que desde el gobierno del presidente Ernesto Zedillo no se crea un CPI.
La propuesta se encamina a contribuir al desarrollo sustentable, coadyuvar a la elaboración de un nuevo modelo para el pospetróleo, estudiar y ofrecer soluciones a los desequilibrios de la explotación petrolera, explorar oportunidades para una economía sustentable y fortalecer las capacidades en CTI.
Al final se mencionaron opciones de nombre para el centro, contando también con la posible participación de personalidades como el doctor Álvaro Aldama, el doctor Carlos Arámburu de la Hoz, el doctor Manuel Barquin, el maestro José Eduardo Beltrán (consultor), el doctor Adrián Carbajal, el doctor Víctor Castellanos, el maestro Miguel Chávez Lomelí y el doctor Pascal Doullet.
El diputado Alejandro Bahena Flores tomó la palabra y agradeció la participación del doctor Miguel Chávez. Lo felicitó y dijo que estaba a favor de la creación de ese centro. Luego preguntó si algún asistente deseaba tomar la palabra.
El diputado Eduardo Robles Medina comentó que quisiera que en materia de ciencia y tecnología, la cantidad del producto interno bruto que en México se destina fuese mucho más amplia, como en otros países. Preguntó si tenían un análisis o balance del recurso presupuestario que se tendría que aplicar, ya que es un proyecto muy interesante no sólo para Tabasco sino para otros estados.
El diputado Óscar Román dijo que compartía la preocupación del desarrollo de la zona sur-sureste y la idea de aplicar proyectos como el propuesto para solucionar la problemática, que en la Cámara de Diputados se ha impulsado la creación de comisiones especiales para detonar el desarrollo de esa zona.
El diputado José Luis Velasco Lino dijo que los temas de ciencia y tecnología deberían apoyarse en todo el país. Comentó que le gustaría que el centro propuesto se situara en una localidad diferente de Villahermosa, ya que ésta tiene evidencia de inundaciones. Expuso que le gustaría contar con proyectos específicos y claros en cuanto a la comunidad científica, al presupuesto, a la infraestructura, etcétera, de ese centro.
El diputado Bellizia Aboaf dijo que consideraba importante la propuesta de crear el centro de estudios en Tabasco y que su gobierno estaba impulsando y trabajando en la parte que le corresponde para concretar la existencia del centro, de suma importancia porque si el calentamiento global sigue afectando ese estado, simplemente desaparecerá.
El doctor Loyola comentó que en un país como México invertir en ciencia es una ganancia para todos, pues representa una apuesta al futuro.
Comentó que el proyecto tiene el aval y el compromiso de instituciones de prestigio, que va desde el IRD (organismo francés), que es una puerta de entrada a Europa, hasta la UNAM, la AUJAT y la Academia Mexicana de Ciencias, por lo que lo convertía en un proyecto respaldado por especialistas en la materia.
Expresó que el personal con que el centro comenzaría sería de cuatro o cinco investigadores, pero visto en el mediano plazo tendría que contar dentro de tres años con al menos 25 de buen nivel.
Por lo que se refiere a la ubicación del centro, dijo que no tendrían ningún inconveniente en situarlo en otra localidad de Tabasco.
Respecto al presupuesto, comentó que el centro requería 350 mil millones de pesos, que podrían ser sustentados por los estados de la región y que con base en sus resultados podrían abrirse unidades de investigación en diferentes estados, todas estas subsidiadas por los respectivos gobiernos.
El diputado José Luis Velasco Lino refirió que los recursos que necesitan para el centro podrían ser solicitados del fondo para la estrategia nacional para la transición energética y aprovechamiento sustentable de la energía.
El diputado Alejandro Bahena Flores agradeció la exposición del doctor Rafael Loyola y dio por terminada la séptima reunión ordinaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología a las 10:45 horas del 22 de abril de 2010, no sin antes agradecer enormemente al presidente, Reyes Tamez Guerra, el honor con que lo distinguió al permitirle dirigir la asamblea.
Por la Comisión de Ciencia y Tecnología
Diputados: Reyes Tamez Guerra (rúbrica), presidente; Rodolfo Lara Lagunas, Óscar Román Rosas González (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez, secretarios; Oralia López Hernández, Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Ángel Aguirre Herrera (rúbrica), Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Germán Osvaldo Cortez Sandoval (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Aarón Irízar López (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Trinidad Padilla López (rúbrica), María Isabel Pérez Santos, Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).
Lista de asistencia
Séptima reunión ordinaria
Jueves 22 de abril de 2010
Reyes Tamez Guerra (presidente), rúbrica;
Óscar Román Rosas González (secretario), rúbrica
Alejandro Bahena Flores (secretario), rúbrica;
Guadalupe Eduardo Robles Medina (secretario), rúbrica
Rodolfo Lara Lagunas (secretario), rúbrica;
Ángel Aguirre Herrera;
Pedro Ávila Nevárez, rúbrica;
Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, rúbrica;
Germán Osvaldo Cortez Sandoval, rúbrica
José Alberto González Morales, rúbrica;
Aarón Irízar López, rúbrica
Óscar Lara Salazar, rúbrica;
José Trinidad Padilla López, rúbrica
María Isabel Pérez Santos;
Jorge Carlos Ramírez Marín
Jorge Romero Romero;
José Luis Velasco Lino, rúbrica
José Antonio Yglesias Arreola, rúbrica;
Tomás Gutiérrez Ramírez, rúbrica
José Francisco Javier Landero Gutiérrez;
Oralia López Hernández
Miguel Antonio Osuna Millán, rúbrica;
César Octavio Pedroza Gaitán, rúbrica
Laura Margarita Suárez González, rúbrica;
César Francisco Burelo Burelo, rúbrica
Ana Luz Lobato Ramírez, rúbrica;
Gerardo Leyva Hernández, rúbrica
Alejandro del Mazo Maza;
Juan Enrique Ibarra Pedroza, rúbrica
A la octava reunión ordinaria, que se llevará a cabo el martes 1 de junio, a las 10:00 horas, en la zona C del edificio G.
Atentamente
Diputado José Luis Ovando Patrón
Presidente
DE LA COMISIÓN BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS
A la tercera reunión, que tendrá lugar el martes 1 de junio, a las 11:00 horas, en el salón F del edificio G.
Atentamente
Diputado Aarón Irízar López
Presidente
A la reunión ordinaria por realizarse el martes 1 de junio, a las 11:00 horas, en los salones C y D del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
A la reunión de mesa directiva que se realizará el martes 1 de junio, a las 12:00 horas, en la sala de juntas del órgano legislativo convocante (edificio D, cuarto piso).
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
A la séptima reunión de mesa directiva, que
se llevará a cabo el martes 1 de junio,
a las 12:00 horas, en la oficinas de la convocante, situadas en el tercer piso
del edificio G.
Atentamente
Diputado Pablo Escudero Morales
Presidente
DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A la reunión de mesa directiva que se realizará el miércoles 2 de junio, a las 11:00 horas, en la sala de juntas del órgano legislativo convocante (edificio D, cuarto piso).
Atentamente
Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez
Presidenta
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LOS FONDOS APORTADOS POR LOS TRABAJADORES MEXICANOS BRACEROS
A la tercera reunión ordinaria, por realizarse el miércoles 2 de junio, a las 12:00 horas, en el salón B del edificio G.
Orden del Día
5. Entrega de documentos del proceso legislativo de las
reformas y adiciones de los artículos 2o., 3o., 5o. y 6o. de la
Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social
para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
6. Proposición con punto de acuerdo por el que
se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, licenciado Felipe Calderón
Hinojosa; y al secretario de Gobernación, licenciado Fernando Gómez-Mont
Urueta, a publicar en el Diario Oficial de la Federación las reformas
y adiciones de los artículos 2o., 3o., 5o. y 6o. de la Ley que crea
el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex
Trabajadores Migratorios Mexicanos, aprobadas por la Cámara de Diputados
y el Senado de la República el 29 de abril de 2010.
7. Evaluación de los avances de las listas números
30 a 33 en la corrección de nombres y apellidos y prórroga
para los pagos, a cargo del licenciado Allan Nahum Kaim, director general
de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría
de Gobernación.
8. Comunicaciones enviadas a la comisión.
9. Asuntos generales.
10. Clausura.
DEL GRUPO DE AMISTAD MÉXICO-GUATEMALA
A la reunión de instalación y firma del acta constitutiva, que se llevarán a cabo el miércoles 2 de junio, a las 13:30 horas, en la sala de juntas de la Comisión de Relaciones Exteriores (planta baja del edificio D).
Atentamente
Diputada Rosario Ortiz Yeladaqui
Presidenta
DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
A la reunión con los secretarios del Medio Ambiente, y de Obras y Servicios del Distrito Federal, que se llevará a cabo el jueves 3 de junio, a las 10:00 horas, en la zona C del edificio G.
Atentamente
Diputada Gabriela Cuevas Barron
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO AL FEDERALISMO
A la reunión ordinaria que se llevará a cabo el miércoles 16 de junio, a las 13:00 horas, en el salón E del edificio G.
Atentamente
Diputado César Octavio Pedroza Gaitán
Presidente
DEL GRUPO DE AMISTAD MÉXICO-INDONESIA
A la reunión de instalación, que se efectuará el miércoles 16 de junio, a las 17:00 horas, en el auditorio del edificio E, planta baja.
Atentamente
Diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa
Presidenta
A la exposición Esencia y miradas de mujer, de la maestra Pastora Idaric, que permanecerá hasta el viernes 28 de mayo en el vestíbulo principal
"Mi cuerpo, palpable de energía; mi alma, vieja maestra que gusta del amor y de amar intensamente proyectando magia y vida en cada lienzo": Pastora Idaric.
Pintora mexicana, nacida el 24 de mayo de 1977. Egresada de la academia del maestro Juan Huitrón Lugo (el pintor de las estrellas del cine mexicano), en 1997.
Ha realizado un sinnúmero de obras de personalidades del mundo artístico, financiero, político y automovilístico de Fórmula 1.
Ha participado en diversas exposiciones, de las que destacan Fórmula 1, en el Centro Asturiano; y Las mujeres de Pastora Idaric, en el Club de Raquetas de Sayavedra.
Las obras destacadas incluyen Proyecto mural zonas arqueológicas y 12 murales religiosos, que se encuentran actualmente en Ecatepec de Morelos y Teoloyucan, México.
Atentamente
Diputada Kenia López Rabadán
Presidenta
DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE MICRORREGIONES
Al foro Análisis del desarrollo de microrregiones, que se llevará a cabo el martes 1 y miércoles 2 de junio, a partir de las 10:00 horas, en el salón Legisladores de la República, situado en el edificio A.
Programa
1 de junio
10:00 horas. Inauguración. Salón Legisladores de la República.
10:30 horas. Primer panel "Desarrollo regional y microrregional":
Programa de Microrregiones desde la perspectiva del
desarrollo regional de México
Doctor Héctor Ferreira Dimentstein, presidente
de Construir las Regiones, AC.
Problemas de las desigualdades urbano-regionales en
México
Doctor Manuel Suárez Lastra, investigador del
Departamento de Geografía Económica, Universidad Nacional
Autónoma de México.
Programas gubernamentales para el desarrollo de microrregiones
Ingeniero Gerardo Ruiz Mateos, secretario de Economía.
Modelos de desarrollo y desigualdades regionales en
México
Doctor José Gasca Zamora, investigador de la Unidad
de Investigación Economía Urbana y Regional, Instituto de
Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma
de México.
Política social, importancia y potencial de diversas
regiones de México
Licenciado Heriberto Félix Guerra, secretario
de Desarrollo Social.
Planeación urbana, regional y microrregional
en México
Ingeniero Jaime Cevallos Osorio, presidente del Grupo
Cevallos, integrado por Consultoría y Desarrollo, SA de CV, Consorcio
Cevallos Consultores, SC, Inmobiliaria Talía, y Petróleo
y Tecnología, SA de CV.
Programas sociales de atención a comunidades
indígenas, étnicas y rurales
Doctora María Rosa Márquez Cabrera, secretaria
de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito
Federal.
¡Qué mejor sociedad civil que los propios
interesados! A 100 años de la Revolución Mexicana: la tierra
es del que la trabaja; y a 100 años del primer Kibutz en Israel:
trabajar la tierra para vivir mejor
Maestro en ciencias Marcelo Schottlender, consultor internacional
en Desarrollo Rural y Agronegocios, director de Capacitación de
la Cámara de Comercio MéxicoIsrael.
Programas contra la pobreza y las microrregiones
Diputado Armando Ríos Píter, secretario
de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Participación abierta, hasta 10 minutos.
10:00 horas. Cuarto panel "Impulso y fortalecimiento del desarrollo científico y la modernización tecnológica de México. Desarrollo Sustentable":
Participación de universidades y centros de investigación
en la elaboración de proyectos productivos
Doctor Enrique Cabrero Mendoza, director general del
Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Aprovechamiento sustentable de los recursos
Licenciado Francisco Javier Mayorga Castañeda,
secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación.
Desarrollo agropecuario sustentable
Doctor Hermilio Navarro Garza, coordinador del Área
Transformaciones Territoriales en las Agriculturas: Recursos y Organización,
Colegio de Postgraduados.
Potencialidades de desarrollo económico de las
regiones de México
Doctor Adolfo Sánchez Almanza, investigador de
la Unidad de Investigación Economía Urbana y Regional, Instituto
de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma
de México.
La necesidad de la planeación y el desarrollo
regional en el México del siglo XXI
Maestro José Antonio Ardavín Ituarte, director
del Centro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico en México para América Latina.
Informes a los teléfonos 5036-0000, extensiones 55142 y 55175. Lada sin costo 01800 122 6272. Correos electrónicos: desarrollo.microrregiones@gmail.com y cedm@congreso.gob.mx
Se entregará constancia con valor curricular.
Atentamente
Diputado David Hernández Pérez
Presidente
A la exposición Tercer aniversario de Argonmexico.com, que permanecerá del lunes 7 día en que se inaugurará, a las 17:00 horas al viernes 11 de junio, en el vestíbulo principal, lado sur.
Atentamente
Diputada Kenia López Rabadán
Presidenta
A la presentación de Marginación urbana, libro del doctor Abel Pérez Zamorano, que se realizará el miércoles 9 de junio, a las 18:00 horas, en el Salón Verde.
Atentamente
Diputada Kenia López Rabadán
Presidenta
A la exposición pictórica Presidentes de México, del maestro Isaac Holoschutz, que se llevará a cabo del lunes 14 al viernes 18 de junio, en el vestíbulo principal lado sur, donde se inaugurará el martes 15, a las 12:00 horas.
Atentamente
Diputada Kenia López Rabadán
Presidenta
A la exposición Reivindicaciones, del maestro Hersel Yáñez, la cual permanecerá del lunes 14 al viernes 25 de junio, en el vestíbulo principal, y se inaugurará el martes 15, a las 12:00 horas.
Atentamente
Diputada Kenia López Rabadán
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
Al diplomado Elementos y estrategias de reforma política en México que, con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, División de Educación Continua y Vinculación, de la Universidad Nacional Autónoma de México, se llevará a cabo hasta el viernes 24 de septiembre, de las 8:00 a las 10:00 horas, en el salón de usos múltiples número 4 del edificio I.
Objetivo general
Analizar los conceptos fundamentales del régimen político, sistemas electorales, redistribución del poder público, participación ciudadana, entre otros temas, y proponer opciones para dar viabilidad a la reforma política y de gobierno en todos sus aspectos y etapas.
Metodología
Se desarrollarán 6 módulos, con 60 sesiones de trabajo los lunes, miércoles y viernes, de las 8:00 a las 10:00 horas, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Los ponentes del diplomado serán investigadores, profesores de educación superior, servidores públicos y encargados de organismos no gubernamentales, con la idea de generar una discusión multidisciplinaria sobre los temas descritos y establecer metodologías que ayuden a consolidar la reforma del régimen político y de gobierno y que esto se traduzca en mayor nivel de gobernabilidad social y rendimiento institucional.
Evaluación: 80 por ciento de asistencia como mínimo y las evaluaciones aplicadas en cada módulo.
Módulo I. El régimen político