• De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma el inciso d) del artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

• De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

• De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma los artículos 429 del Código Penal Federal y 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial

• De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 16 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa

• De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a revisar y evaluar, mediante las dependencias encargadas de implantar y operar los puntos de control carretero, los manuales que regulan el funcionamiento de éstos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Indígenas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica; y 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

Los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas coinciden con la diputada proponente de la iniciativa en que, "aun cuando los indígenas cuentan con algunas prerrogativas, frecuentemente son ignorados en el ámbito de gobierno y de procuración y administración de justicia. Esas omisiones representan en muchas ocasiones un trato discriminatorio para la población indígena, pues impiden el cumplimiento de sus derechos".

Las instituciones y las dependencias de gobierno no cuentan con suficientes traductores e intérpretes de lenguas indígenas que auxilien a los indígenas para su acceso a la justicia y en la defensa de sus derechos.

Para contribuir a superar las situaciones que se comentan en los párrafos anteriores, la iniciativa con proyecto de decreto que se dictamina propone reformar el inciso d) del artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para que las facultades del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de normar y formular programas de certificación y acreditación alcancen a los intérpretes y traductores en lenguas indígenas. Además, propone adicionar un párrafo al artículo transitorio quinto y un artículo transitorio, que sería el noveno de la citada ley.

Concretamente, la iniciativa establece:

Los integrantes de la comisión consideran que, particularmente, es procedente la reforma que se propone del inciso d) del artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas porque promueve el fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas, consagrados en los artículos 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10 de la ley que se reforma, pues e faculta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para formar, acreditar y certificar intérpretes y traductores en lenguas indígenas. Esta acción implica otorgar reconocimiento legal a ese tipo de servicios, lo que repercutirá en dar certeza y calidad a las acciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno que, por ley, tienen que apoyarse en intérpretes o traductores indígenas.

La fracción VIII del Apartado A del artículo 2o. constitucional, referente al acceso pleno de los indígenas a la jurisdicción del Estado, prevé: "Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura", por lo que la reforma que se aprueba en este dictamen permitirá tutelar con eficacia este derecho y otros donde se considere este tipo de servicios.

Al acreditar y certificar a los intérpretes y traductores indígenas, se revaloran socialmente los idiomas de los pueblos originarios y se abren campos de profesionalización para sus hablantes, como intérpretes y traductores.

En cuanto a la adición de un párrafo al artículo transitorio quinto, por el que se obligaría al instituto a "enviar un informe anual referente a lo establecido en el artículo 14, inciso d), de esta ley para la definición de la asignación presupuestal correspondiente", la comisión considera que no es de aceptarse esa particularidad, ya que además de que es imprecisa la redacción propuesta, porque no identifica a quién se habrá de informar, el instituto ya está obligado a rendir informes anuales y periódicos de acuerdo con las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, Federal de las Entidades Paraestatales, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Planeación, y en ellos deberá incluir lo relativo a sus facultades y a los programas que opera.

Con relación a la propuesta de adición del artículo transitorio noveno, los integrantes de la comisión consideran que ésta no es procedente, ya que su pretensión es que los mandatos contenidos en los artículos 7, 10, 13, fracciones II y XII, y 14, referentes a la intervención de intérpretes y defensores indígenas en determinados asuntos, se cumplan para "las lenguas nacionales indígenas mayoritariamente habladas, en tanto se logran la formación y capacitación de traductores e intérpretes en todas las lenguas indígenas nacionales", lo que limitaría el acceso de los hablantes de las demás lenguas a los derechos que consagran la Constitución y la misma Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas someten a consideración del pleno de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Artículo Único. Se reforma el inciso d) del artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 14. …

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2010.

La Comisión de Asuntos Indígenas

Diputados: Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), presidente; José Óscar Aguilar González (rúbrica), Héctor Pedraza Olguín (rúbrica), María Isabel Pérez Santos, Socorro Sofío Ramírez Hernández (rúbrica), Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica), María Felícitas Parra Becerra (rúbrica), Guillermo Zavaleta Rojas, Filemón Navarro Aguilar (rúbrica), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Sabino Bautista Concepción, Felipe Cervera Hernández, María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz, Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), Alberto Esquer Gutiérrez, María Elena Pérez de Tejada (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera, Ignacio Téllez González, Luis Hernández Cruz, Florentina Rosario Morales (rúbrica), Domingo Rodríguez Martell.
 
 

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados se abocó al estudio de la minuta remitida por el Senado de la República con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y conforme al análisis y deliberaciones que de ésta llevaron a cabo los miembros de la Comisión, someten a consideración de la honorable asamblea el presente dictamen.

Antecedentes

El Senado de la República, al dictaminar la minuta que se analiza, considera que la expedición de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas es un avance para el fortalecimiento y vigencia de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente en lo referente a la preservación y desarrollo de sus lenguas.

De esta ley son destacables dos aspectos fundamentales, a saber: el primero, en su objeto, que consiste en regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas, aspectos que establece el artículo primero de la ley; el segundo es que, como instrumento para atender esos objetivos, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, bajo la figura de organismo descentralizado de la administración pública federal, de servicio público y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado de la Secretaría de Educación Pública.

Particularmente, la reforma propuesta se centra en lo que considera un error en el mandato que establece las relaciones laborales entre el instituto y sus trabajadores.

Análisis de la minuta

La minuta en comento propone el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que establece el criterio central de la relación laboral entre el instituto y sus trabajadores.

La colegisladora observa, y esta comisión coincide en que el texto actual del artículo 23 de la citada ley establece que la relación de trabajo estará regulada por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado A) del Artículo 123 Constitucional, lo que constituye un error, ya que esta última referida ley tiene como título original, según su publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 1963: Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.

Luego entonces, en estricto sentido, la ley a la que hace referencia actualmente el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, no existe, no forma parte del catálogo de leyes de los Estados Unidos Mexicanos.

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, según su artículo 1º., rige las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal así como los organismos descentralizados con sus trabajadores. Por otra parte, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como establece el artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, es un "organismo descentralizado de la administración pública federal, en consecuencia, las relaciones laborales del instituto con sus trabajadores deberán ser normadas por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Entonces, esta Comisión considera viable y necesaria la reforma que propone la colegisladora, ya que, de aprobarse en sus términos, se resuelve el error de redacción identificado, ya que la ley laboral invocada en el texto del artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas legalmente no existe.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Artículo Único: Se reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 23. Las relaciones laborales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y sus trabajadores se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.

Transitorio

Único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2010.

La Comisión de Asuntos Indígenas

Diputados: Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), presidente; José Óscar Aguilar González (rúbrica), Héctor Pedraza Olguín (rúbrica), María Isabel Pérez Santos, Socorro Sofío Ramírez Hernández, Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica), María Felícitas Parra Becerra (rúbrica), Guillermo Zavaleta Rojas, Filemón Navarro Aguilar (rúbrica), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Sabino Bautista Concepción, Felipe Cervera Hernández, María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, Alberto Esquer Gutiérrez, María Elena Pérez de Tejada (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Alba Leonila Méndez Herrera, Ignacio Téllez González, Luis Hernández Cruz, Florentina Rosario Morales (rúbrica), Domingo Rodríguez Martell.
 
 

DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 429 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y 223 BIS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Honorable Asamblea:

La Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 429 del Código Penal Federal y 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 22 de abril de 2008, los diputados Antonio de Jesús Díaz Athié, Jorge Mario Lescieur Talavera y César Camacho Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y los diputados Jesús de León Tello, Liliana Carbajal Méndez, Óscar Miguel Mohamar Dainitin y María del Carmen Fernández Ugarte, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 429 del Código Penal Federal y 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

Segundo. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Justicia dicha iniciativa mediante oficio D.G.P.L.60-II-I-1495.

Tercero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 29 de abril de 2008, dicha iniciativa fue aprobada y remitida a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales correspondientes.

Cuarto. En sesión celebrada por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión en fecha 29 de abril de 2008, se recibió la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 429 del Código Penal Federal y 233 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

Quinto. Por acuerdo la Presidencia de la Cámara de Senadores, el 7 de mayo de 2008 se turnó, para su estudio y dictamen correspondiente, a las Comisiones Unidas de Justicia, de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos, Primera, las cuales, previo análisis y estudio de la misma, presentaron el dictamen correspondiente ante el Pleno de la Cámara de Senadores, que fue discutido y aprobado en sesión de fecha 28 de abril de 2009.

Sexto. En esa misma fecha, mediante oficio número DGPL-2P3A.12070, la Mesa Directiva de la Cámara Senadores devolvió a la Cámara de Diputados el expediente de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 429 del Código Penal Federal y 233 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

Séptimo. En fecha 30 de abril de 2009, la Mesa Directiva, mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-1-2439, acordó que se turnara a la Comisión de Justicia dicha minuta, la cual presenta este dictamen al tenor de las siguientes consideraciones.

Octavo. En fecha 16 de marzo del 2010, la Comisión de Justicia sesionó sobre el presente dictamen, al respecto el diputado Pedro Vázquez González, se manifestó en contra de la propuesta por considerar que se presenta en un momento de crisis del país siendo el comercio informal una vía de autoempleo de los ciudadanos y que por ende al aprobarse el presente se les afectaría de manera directa a éstos, por otra parte el diputado Oscar Martín Arce Paniagua, se pronunció a favor del dictamen, pues asevero que de esta manera se captarían mayor número de ingresos para el Estado y beneficiaría a la población en general y no sólo a unos cuantos, a esta moción se sumó el diputado Leonardo Arturo Guillén Medina, quien al ratificar la mención de su compañero se mostró complacido con el dictamen. Por lo anterior, la honorable Comisión de Justicia de ésta LXI Legislatura presenta a este dictamen al tenor de las siguientes consideraciones:

Análisis de la minuta

Primero. En la minuta proyecto de decreto, la Cámara de Senadores se propone reformar los artículos 429 del Código Penal Federal, 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, a fin de proteger los derechos de autor y de la propiedad industrial, por las grandes repercusiones económicas, jurídicas y sociales que implica el fenómeno delictivo conocido comúnmente como "piratería".

Segundo. En el dictamen elaborado por el Senado se expresa que para determinar la procedencia o improcedencia de la persecución de oficio de los delitos implícitos en el Título Vigésimo Sexto, Libro Segundo, del Código Penal Federal, es decir, los delitos en perjuicio y detrimento patrimonial de derechos de autor que se consignan y sancionan en los artículos 424, 424 Bis, 424 Ter, 425, 426 y 427, indefectiblemente debe considerarse la naturaleza e los derechos o intereses que se lesionan o afectan con el delito, la calidad de los sujetos que intervienen en su consumación, la gravedad del daño causado, la culpabilidad, el resultado y la unidad o pluralidad de la acción, por lo que una vez realizado por la colegisladora, determine que los delitos perseguidos en el Título del Código Penal Federal se persiguieran por el Ministerio Público oficiosamente a excepción de los delitos establecidos en los artículos 424, fracción II y 427, que señalan lo siguiente:

Al respecto, esta Comisión de Justicia coincide con las consideraciones y adecuaciones realizadas por el Senado, por tratarse, como se señaló anteriormente, de conductas mas graves en contra de los derechos de autor y de la propiedad intelectual.

Igualmente no se debe soslayar que, los delitos en materia de derechos de autor y en contra de la propiedad industrial no sólo afectan bienes jurídicos personales, sino también suprapersonales, pues la afectación no nada más es para el propietario de los derechos de autor, sino para la economía del país en general y como consecuencia la economía de la sociedad, situación que hace indisponible el bien jurídico tutelado, es decir, con esta reforma, el afectado en primer término por el hecho delictivo no podrá optar por realizar su querella como requisito de procedibilidad y en su caso, otorgar el perdón, ya que no podrá disponer del bien jurídico afectado al no permitirse la extinción de la acción penal a través del perdón, ya que al Estado le interesa la persecución oficiosa de estas conductas delictivas.

Tercero. Esta dictaminadora coincide plenamente con la minuta emitida por el Senado de la República, toda vez que no debe perderse de vista que es una obligación del Estado modernizar el marco jurídico vigente, a fin de hacerlo eficiente en beneficio de múltiples sectores de la población, pues no debe soslayarse que en materia de derechos de autor México forma parte de diversos instrumentos internacionales, entre ellos los tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, relativo a Derechos de Autor y sobre Interpretación, Ejecución y Fonogramas, respectivamente, así como del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre otros, los cuales contienen disposiciones legales encaminadas a exigir a los estados miembros q e creen normas jurídicas que permitan un combate eficaz y ágil en contra de lo delitos en contra de la propiedad intelectual.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Justicia aprueba en sus términos la minuta analizada, para los efectos del inciso A del artículo 7 constitucional, y somete a la consideración de esta asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 429 del Código Penal Federal y 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial

Artículo Primero. Se reforma el artículo 429 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 429. Los delitos previstos en este título se perseguirán de oficio, excepto lo previsto en los artículos 424, fracción II y 427.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Artículo 223 Bis. Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley. Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se estará a lo dispuesto en los artículos 223 y 224 de esta ley. Este delito se perseguirá de oficio.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.

La Comisión de Justicia

Diputados: Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; José Tomás Carrillo Sánchez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbrica), secretarios; Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Nancy González Ulloa, Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Jesús Alfonso Navarrete Prida, Ángeles Nazares Jerónimo, Carlos Alberto Pérez Cuevas, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Norma Leticia Salazar Vázquez, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado, Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica en contra), Arturo Zamora Jiménez.
 
 

DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 16 Y 19 DE LA LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y análisis, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 16 y 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los 56, 60, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente:

Dictamen

I. Antecedentes

Con fecha 1 de diciembre de 2009 se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 16 y la fracción XII del artículo 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa presentada por el diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En esa misma fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la iniciativa con proyecto de decreto y ordenó su turno a la comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

II. Contenido de la iniciativa

El diputado Concha Arellano enfoca su exposición de motivos en el propósito de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, contenido en el artículo 2° de la misma, donde se establece que su objeto es el de regular la infraestructura física educativa, mediante el establecimiento de lineamientos generales.

Señala que entonces, es labor de la federación el procurar lo necesario para que las autoridades locales operen de manera semejante las actividades de la infraestructura física educativa y el proveer la normatividad adecuada para esta.

En este orden de ideas, el legislador se refiere a la federalización del programa de construcción de escuelas iniciada en 1985 y mediante la cual se han transferido importantes recursos a los estados de la república para la construcción de aulas y espacios educativos; finalizando con la reciente creación del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED).

Finalmente, el diputado Concha Arellano externa su preocupación respecto de las funciones del INIFED, que van desde la creación de un sistema de información del estado físico de las instalaciones que conforman la infraestructura física educativa, la certificación de calidad de la misma, hasta la construcción de inmuebles pertenecientes a ésta.

El iniciante califica esta última función como contraria al espíritu real de la Ley, que busca que la atribución de construir recaiga principalmente en las entidades federativas, ya que "lo contrario tiende a transgredir los avances de federalización en esta materia y nos regresa a la actitud centralista [...]"

De esta manera, sostiene que el INIFED debe ser un órgano articulador de los esfuerzos de la federación, del estado y del municipio en esta materia, y abocarse de manera exclusiva a emitir disposiciones normativas para los diferentes niveles educativos y las diferentes regiones del país.

Con base a dichas consideraciones, la iniciativa que se dictamina contiene el siguiente proyecto de decreto:

Los integrantes de esta comisión dictaminadora comprendemos las inquietudes del diputado Elpidio Concha Arellano y consideramos valiosas sus observaciones respecto de la importancia y las aportaciones de la federalización a los programas de infraestructura física educativa.

Partiendo de este reconocimiento, la comisión dictaminadora, con base a estudios y experiencias internacionales documentadas sostiene que la infraestructura educativa es un componente relevante en la promoción de ambientes que favorecen los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

En este sentido, la infraestructura física educativa debe tomar en cuenta las tendencias en el diseño, construcción y remodelación de los espacios escolares que marcan los nuevos paradigmas educativos y considerar a las escuelas como espacios en los que se debe promover el aprendizaje activo, el pensamiento crítico, la colaboración y el trabajo en equipo¹.

En el caso particular de México, con el proceso de federalización educativa iniciado desde 1992, se confirma la importancia de que la educación guarde un equilibrio entre los niveles federal, estatal y municipal, de manera que la gestión del sistema educativo nacional se realice de manera articulada e integral.

Este equilibrio debe estar sustentado en un marco normativo que establezca la concurrencia y coordinación de los niveles de gobierno en atención y resolución de la problemática educativa del país.

De esta manera, en materia de infraestructura educativa, la fracción XXV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos autoriza al Congreso de la Unión para:

"...dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa..."

Asimismo, esta concurrencia establecida en la constitución es fortalecida por leyes secundarias como la Ley General de Educación que en el capítulo II, "Federalismo Educativo" establece que la federación mantiene y dedica sus esfuerzos a las funciones normativas de la educación, mientras que son los estados los que se ocupan de las labores operativas del sistema educativo nacional.

En este mismo sentido, la Ley General de Infraestructura Física Educativa señala como autoridades a:

Finalmente, con el objeto de fortalecer el federalismo de los programas de construcción de escuelas, consideramos acertada la propuesta de reforma del diputado Concha Arellano, de centrar las atribuciones del INIFED en emitir la normatividad y los lineamientos técnicos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública que construyan las entidades federativas, al tiempo que se mantiene la facultad de construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles en el caso del Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 16 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

Artículo Único. Se reforman los artículos 16, tercer párrafo y 19, fracción XII primer párrafo de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, para quedar como sigue:

Artículo 16. ...

...

El instituto estará encargado de emitir la normatividad y los lineamientos técnicos relacionados con la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública que construyan los organismos que para este fin se encuentren establecidos en los gobiernos de las entidades federativas.

Artículo 19. ...

I. a XI. ...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las obras que se estén realizando, hasta antes de la publicación del presente decreto, estarán sujetas a la normatividad bajo las que fueron iniciadas y hasta su conclusión.

Nota:
1. UNESCO World Report (2005). "Towards Knowledge Societies". Noviembre 2007.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 17 de marzo de 2010.

La Comisión de Educación Pública

Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Germán Osvaldo Cortez Sandoval, Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar, José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel (rúbrica), Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez, Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica en abstención), Manuel Jesús Clouthier Carrillo, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica en abstención), Ana Luz Lobato Ramírez (rúbrica), Reyes Tamez Guerra.
 
 

DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO Y SE RECORRE EL ORDEN DE LOS PÁRRAFOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Honorable Asamblea:

La Comisión de Puntos Constitucionales con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en la Cámara de Senadores el 7 de febrero de 2008, el senador Jesús Murillo Karam, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona un quinto párrafo al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de acciones colectivas.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la iniciativa antes mencionada fuera turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. Asimismo, en sesión celebrada el 10 de diciembre de 2009, el Pleno del Senado de la República aprobó por mayoría de 100 votos a favor el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Estudios Legislativos.

4. Para los efectos constitucionales, en esa misma fecha fue enviada a esta honorable Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. El 15 de diciembre de 2009, la Mesa Directiva a esta honorable Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales la minuta con proyecto de decreto para su análisis y dictaminen.

6. En sesión celebrada el 16 de febrero de 2010, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, presentó una excitativa para que la Comisión de Puntos Constitucionales dictamine la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

7. Así también, el 23 de febrero de 2010 se dio cuenta del oficio de la Cámara de Senadores a través del cual remitió la solicitud del senador Francisco Javier Castellón Fonseca, para que se dictaminara la minuta que adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Antecedentes de la minuta.

La iniciativa que presentó el Senador Jesús Murillo Karam, que dio fundamento a la minuta que se dictamina por esta Comisión de Puntos Constitucionales, se sustenta en los siguientes argumentos:

III. Consideraciones

La LX Legislatura en esta misma Cámara inicio un proceso de discusión para incorporar en nuestra constitución el reconocimiento de acciones y/o procedimientos que permitieran la protección de derechos e intereses colectivos, estas acciones derivaron de distintas iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios del PRD y PAN que consecuentemente como producto de fructíferos debates logro impulsar un dictamen con proyecto de decreto que alcanzó históricamente máximo consenso posible de nuestras fuerzas políticas, aprobado por 295 votos el 23 de abril de 2009 y como consecuencia enviado a la colegisladora para sus efectos constitucionales.

En este tenor, esta Comisión considera relevante para la sociedad mexicana abordar el origen y concepto de acción colectiva para entender la trascendencia de la reforma propuesta al artículo 17 Constitucional.

Uno de los acontecimientos destacados en el campo jurídico universal –y del cual no sólo no es ajeno el derecho mexicano, sino inclusive "pionero"-, es el nacimiento de los derechos sociales. En efecto se trata de derechos en los cuales se entroniza al ser humano no como individuo aislado, sino formando parte –y parte dinámica- de una colectividad que tiene una tarea, una finalidad, igualmente colectiva. No puede tener vivencia, bajo el actual sistema, un amparo protector de garantías sociales, porque al fin y al cabo se sigue requiriendo un agravio personal, sólo reclamable por el individuo aislado que se ve afectado en sus derechos personales, aunque reconozcamos que ese individuo forma parte de un grupo social, protegido éste en virtud de una declaración teórica de que existen derechos sociales, no estamos proponiendo una acción popular, sino tan sólo una acción por interés general, pero por supuesto legitimada.

En nuestra América Ibérica se ha producido un auge de estudios y logros legislativos de los derechos sociales a los cuales ahí se les conoce más bien como colectivos.

En 1847 nace nuestro juicio de amparo que es un logro de los mexicanos, que por cierto se produjo bajo circunstancias realmente dramáticas que no pareciera fueran las más apropiadas para dar nacimiento a una institución tan noble como lo ha sido la del amparo.

Don Mariano Otero, el primer constitucionalista de nuestro país, que en el Voto histórico que emitió ante el Congreso Constituyente instalado en nuestra patria el 5 de abril de 1847, describe el angustiante estado del país, cuando propuso –entre otras cuestiones-, la aprobación del juicio de amparo:

Estas transcripciones literales tienen por objeto poner de manifiesto que los inspiradores del juicio protector de amparo, en todo momento tuvieron presente destacadamente a los derechos individuales de las personas, puesto que a esas fechas tenían perfecto conocimiento de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y las Cartas de las Colonias de las entidades provinciales que conformaron finalmente a los Estados Unidos de América, -a la cabeza de todas ellas, la del Estado de Virginia-, pero que era evidente que ni los franceses ni los norteamericanos, habían hecho siquiera un intento menor para instaurar una acción procesal dentro de un procedimiento constitucional, que garantizara judicialmente al pueblo los derechos ya reconocidos y enunciados, pero manifestados tan sólo en forma declarativa.

Manuel Crescencio Rejón, en el estado de Yucatán, y Mariano Otero, diputado federal del Congreso de la Unión, enfrentaron en la década iniciada en 1840, la urgencia de no sólo sugerir, sino por lo contrario, legislativamente desarrollar una acción procesal constitucional que permitiera la defensa de los derechos humanos y los demás derechos fundamentales, la referencia siempre fue hecha respecto de los derechos individuales, porque se daba entonces el fenómeno en una época que política y socialmente sólo había obsesionado en el país, el movimiento liberal sobre el conservador; y por ello, el ser humano en lo individual era el sujeto obligado de la garantía, única que preocupaba a nuestros dirigentes de aquella época.

Mariano Otero, en su Voto Particular textualmente estableció:

En nuestro contrastante movimiento social de 1910, plasmado normativamente en la Constitución Política que culmina en 1917, la preocupación mexicana ya no se dirige tanto a los derechos individuales y a su defensa –que por supuesto son plenamente ratificados-, sino por los derechos sociales que novedosamente enumera y sostiene nuestra vigente Constitución mucho antes de que así lo llegaran a establecer la Constitución Rusa de 1918, y la Constitución Alemana de Weimar, de 1919.

La Constitución de 1857 fue considerada la Constitución liberal de México, y ella fue abrogada por la Constitución de 1917, que precisamente es reconocida como la Constitución social de México.

Don Venustiano Carranza, primer jefe constitucionalista del país, al enviar su Mensaje a los mexicanos proponiendo el dictado de una nueva Constitución , el 1° de diciembre de 1916, vía el Constituyente de 1916-1917, reconocía que el recurso de amparo, que gratificantemente se había establecido fundamentalmente para obtener un alto fin social; en su concepto, se había desnaturalizado y no expresaba ya la realidad mexicana sino en rarísimas ocasiones, y al referirse a los principales rasgos de la Constitución renovante que ahora proponía, se expidiera bajo una nueva filosofía; que textualmente expresaba:

El mismo autor cita a don Alfonso Noriega, en el sentido de que "… se debe reconocer y proclamar que los derechos sociales que consagra la Constitución Política Mexicana de 1917, son la realización institucional de los ideales y aspiraciones, de los sentimientos, que dieron contenido al repertorio de ideas y creencias que animaron el pensamiento de la Revolución Mexicana de 1910".

El artículo 28 constitucional en su segundo párrafo original, textualmente decía:

El jurista italiano Mauro Cappelletti, a través de las intervenciones que tuvo en Pavía, Italia, en la Facultad de Jurisprudencia, patrocinada por la Asociación Italia Nostra el 11 y 12 de junio de 1974, se refirió principalmente a un hecho ocurrido en los Estados Unidos cuando la Suprema Corte de ese país, en ese año, examinó y resolvió un caso, relacionado con lo que en los procedimientos norteamericanos se conoce como class actions, o sea las acciones en juicio llamadas de clase. En resumen, un accionista –un solitario accionista de una compañía- impugnó un monopolio que afectaba a los intereses de cerca de seis millones de pequeños accionistas. El caso fue conocido en la Suprema Corte de los Estados Unidos de América bajo el rubro Eisen vs. Carlisle and Jaquelin. Puntualizando: un pequeño accionista de una compañía americana, no a nombre propio sino de millones de accionistas en condiciones similares a las de él, presentó en juicio una acción procesal que obligó a la Suprema Corte a conocer y resolver la controversia jurisdiccional planteada. Por supuesto, el accionante no contaba con un poder legal que le hubieran otorgado los millones de accionistas en cuyo nombre actuaba, ni con autorización legal alguna. Como puede observarse, este precedente actuó no respecto al fondo de una contienda legal, sino sobre la legitimación en el juicio, es decir la legitimatio ad causam.

En México se había regulado una situación jurídica similar a la de Cappelletti en el artículo 213 de nuestra Ley de Amparo que tiene su antecedente directo en el artículo 8o. Bis confeccionado al inicio de la década de los sesenta, y en donde puede comprobarse el antecedente del amparo social, o de las class actions, que ahora conocemos como colectivas.

El mencionado artículo 213 está apartado para reglamentar la representación en materia agraria de los núcleos de población ejidal o comunal, y en lo particular de los ejidatarios y los comuneros en sus derechos agrarios. Tal representación, según su fracción I la tienen los Comisariados Ejidales o de Bienes Comunales. Pero en la fracción II se establece una representación substituta. Para evitar una conceptuación ambigua, se transcribe textualmente dicha fracción: "Los miembros del Comisariado o del Consejo de Vigilancia o cualquier ejidatario o comunero perteneciente al núcleo de población perjudicado, si después de transcurridos quince días de la notificación del acto reclamado, el comisario no ha interpuesto la demanda de amparo".

El maestro Cappelletti en su tiempo (1974), mostró su admiración por la puerta procesal que se abría para la defensa de los derechos fundamentales (humanos o no), mediante acciones que permitieran el examen jurisdiccional de los derechos difusos, o bien de clase, de grupo o de organismos protegibles, pero con gran honestidad profesional también nos hizo ver cuáles eran los principales obstáculos para lograr esa efectiva defensa de intereses que siempre se habían visto como individuales, que en la realidad pueden ser clasificados como sociales, o como generales.

En México el juicio de amparo es el único instrumento procesal constitucional que reconoce nuestro sistema para la defensa de los derechos, sólo puede ser planteado ante los jueces federales cuando se demuestre que el accionante recibe un agravio personal y directo por parte de una autoridad y, ello no ocurre así cuando se trate de impugnaciones por violación de derechos sociales, o sea derechos pertenecientes a todos o a una concreta colectividad, por ello es imprescindible buscar un camino que permita por justicia social ejercer los derechos o acciones colectivas en contra de aquellos actos o hechos que vulneren los derechos colectivos.

Después de todo el análisis abordado en párrafos anteriores esta Comisión llega a la convicción de establecer en el artículo 17 constitucional un mecanismo de acción que permita ejercer un derecho colectivo. Por lo tanto, es imprescindible la concepción de dicho término con base a lo siguiente:

Del análisis de las acepciones de diversos juristas como Barboso Moreira, Kazuo Wuatanabe, Ja Rodolfo de Camargo Mancuso, el maestro Antonio Gidi llega a definir las acciones colectivas, como una "acción colectiva a una acción promovida por un representante (legitimidad colectiva), para proteger el derecho que pertenece a un grupo de personas (objeto de litigio) y cuya sentencia obligará al grupo como un todo".¹ En este sentido esta Comisión hace suya dicha definición, pues considera que en general en ella, se encuentra contenidos los elementos de la acción colectiva, ejecutada por la parte legítima.

Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados:

IV. Concluye

I. Esta comisión dictaminadora comparte las consideraciones anteriormente expuestas de la colegisladora para dictaminar en sentido positivo el proyecto que adiciona un tercer párrafo al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos, que muestran el trabajo de años de análisis, discusión y acuerdo de todas las fuerzas políticas, organizaciones sociales y académicos del país y sociedad civil, en materia de acciones colectivas, que se hizo tangible en las iniciativas presentadas tanto en la Cámara de Diputados y el Senado de la Republica.

II. En este tenor la Comisión de Puntos Constitucionales precisa que la incorporación de la figura jurídica de acciones colectivas de acuerdo al estudio de derecho comparado realizado por esta comisión, ha tenido un impacto significativo en las sociedades contemporáneas en las cuales se introdujo como normativa: un mejor desarrollo al acceso a la justicia e introdujo frenos al abuso de poder, y la compensación a las quejas que antes no eran respetadas.

III. Que en la sociedad moderna se favorecieron durante mucho tiempo las relaciones entre individuos y las instituciones, con los antiguos marcos normativos de corte individualista y liberal; pero que el desplazamiento de las sociedades de producción a sociedades de consumo, acrecentó los conflictos sociales en todas las sociedades contemporáneas y la mexicana no es la excepción.

IV. Que el arribo de las denominadas Sociedades de Masas han hecho complejos los escenarios de tensión social, económica y política, y han establecido la necesidad de búsqueda de mecanismos de cohesión social e incorporación efectiva de los derechos denominados de tercera generación.

V. Estos derechos de tercera generación que en esencia son colectivos, se han introducido poco a poco en los marcos normativos de la mayoría de los países para responder a los complejos escenarios actuales de la Sociedad Moderna y su plena incorporación debe ser la aspiración de un Estado social de derecho.

VI. En el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se han establecido nuevas categorías de derechos, que manifiestan una tendencia expansiva del principio de igualdad y de mecanismos de protección de todos los derechos, como un motor de desarrollo de los pueblos y que son un reflejo de las sociedades contemporáneas actuales, estos nuevos sujetos de derechos son: usuarios, consumidores, defensores ambientales, de solidaridad, etc., que han generado la pauta para establecer, a la par, nuevos mecanismos en la defensa de derechos más flexibles e incluyentes.

VII. En este contexto se hace imperante la búsqueda de mediaciones efectivas entre actores sociales, capital privado e instituciones públicas, que permitan la cohesión social y la generación de consensos que otorguen certeza jurídica a la tutela efectiva de interés y derechos colectivos, y además permitan un mejor acceso a la justicia social y el desarrollo pleno de un Estado social de derecho.

VIII. Que en México no existe un adecuado tratamiento procesal de los intereses y acciones colectivas, tan sólo en algunas materias existen un acercamiento (consumidores y agrario), en un proyecto de socialización en el ejercicio de la acción de amparo; pero de manera limitada, que muestran la insuficiencia de derecho procesal mexicano, al no conceder legitimidad activa a los sujetos agraviados, como es el caso, de los consumidores y cuyos efectos puedan alcanzar a todos aunque no hubieren promovido la acción.

IX. Que el principio jurídico de la tutela de intereses y derechos colectivos, no puede ser de carácter limitativo a unas cuantas materias; ya que se establecerían criterios reduccionistas en los derechos de los sujetos en materia de acciones colectivas en la Ley Fundamental, que contravienen el espíritu incluyente de la reforma, así como el pleno goce de derechos y acceso a la justicia de todos los mexicanos.

X. Por otra parte esta Comisión dictaminadora considera que la incorporación de la figura de acciones colectivas, permitirá la protección de intereses difusos, derechos sociales y derechos colectivos; sin menoscabo de intereses y derechos individuales, lo cual permite resolver no sólo conflictos de carácter privado, sino conflictos en los que existen intereses eminentemente colectivos.

XI. Que la adición de un párrafo tercero del artículo 17, permitirá establecer mecanismos de economía procesal, puesto que: permiten la reducción de costos, generan eficiencia y efectividad en los procesos jurídicos de nuestro país al descargar al Poder Judicial de las múltiples demandas existentes, cuyo contenido es repetitivo. Este procedimiento procesal sumario permitirá resolver el mayor número de cuestiones procesales dentro de un mismo juicio, y esto se traduce como anteriormente se mencionó en la economía de costos, y así hacer expedito y efectivo el acceso a la justicia.

XII. Que este mecanismo procedimental concede legitimación activa a los ciudadanos en general, grupos, partidos, sindicatos y autoridades, al conceder al grupo agraviado legitimación directa.

XIII. Asimismo permite que mediante la reparación del daño, se corrijan prácticas arbitrarias que afecten a los ciudadanos, así como una mayor certeza jurídica en los casos en los que no existe un agravio personal y directo contra actos de autoridad y en la que de acuerdo a los procedimientos procesales actuales, lo que se denomina interés jurídico no se considere suficientemente claro y directo.

La sociedad mexicana requiere de mecanismos procesales eficientes y modernos que respondan a las demandas colectivas en el marco de los cambios políticos, económicos y sociales de las sociedades contemporáneas mundiales.

Por lo expuesto, la Comisión de Puntos Constitucionales somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones legislativas que correspondan en un plazo máximo de un año contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto.

Nota
1. Gidi Antonio Tutela de derechos difusos colectivos hacia un código modelo para Iberoamérica, Editorial Porrúa, México, D.F., 2004 p.15.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de marzo del 2010.

La Comisión de Puntos Constitucionales

Diputados: Juventino Castro y Castro (rúbrica), presidente; Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Gustavo González Hernández (rúbrica), Carlos Alberto Pérez Cuevas (rúbrica), Guillermo Cueva Sada (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), secretarios; José Luis Jaime Correa, Ma. Dina Herrera Soto, Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica), Víctor Humberto Benítez Treviño, Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Fernando Ferreira Olivares (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Luz Carolina Gudiño Corro, José Ricardo López Pescador (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica), Rolando Rodrigo Zapata Bello, Justino Eugenio Arraiga Rojas (rúbrica), Víctor Alejandro Balderas Vaquera (rúbrica), Mario Alberto Becerra Pocoroba, Roberto Gil Zuarth, Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A REVISAR Y EVALUAR, MEDIANTE LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE IMPLANTAR Y OPERAR LOS PUNTOS DE CONTROL CARRETERO, LOS MANUALES QUE REGULAN EL FUNCIONAMIENTO DE ÉSTOS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXI Legislatura fue turnada para estudio y análisis la proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos exhorta al titular del Ejecutivo federal a efecto de que, en caso de aplicar un plan específico para el combate del flagelo del narcotráfico en el cual sea necesario implantar revisiones de las personas en tránsito por el país, éstas se realicen mediante la utilización de la infraestructura tecnológica, humana y material adecuada para que el tránsito de personas y vehículos se desarrolle en forma ágil, procurando la menor afectación posible de la economía nacional.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica; y 58, 60, 65, 87, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo analizado el contenido de dicho punto de acuerdo, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, en sentido positivo, con base en los siguientes

Antecedentes

I. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 3 de diciembre de 2009, el diputado Ernesto de Lucas Hopkins, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó al pleno la proposición con punto de acuerdo relativo a las fallas detectadas en la operación de los puntos de revisión en carreteras federales del país, en lo particular en el de Benjamín Hill, Sonora, y en la forma en que afectan el comercio, el turismo y otros sectores productivos, y el bienestar de los ciudadanos que usan las vías de comunicación referidas.

II. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó que se turnara a la Comisión de Seguridad Pública, para estudio y dictamen correspondiente.

Contenido de la proposición

1. El proponente establece en la exposición de motivos que en Sonora por varios años se ha generado un problema con los puntos de revisión instalados en las carreteras federales por la Procuraduría General de la República y el Ejército Mexicano, provocando una inconformidad cada vez mayor ante la actitud de los responsables de estos retenes y por la falta de agilización en dicha revisión, estimulando retrasos en el tránsito de los ciudadanos y ocasionando su irritación en un gran número de casos, y pérdidas económicas del comercio por entregas fuera de tiempo en productos, al tener que realizar filas de algunos kilómetros en la revisión.

2. Manifiesta que la revisión a que son sometidos miles de ciudadanos a diario por los cuerpos de seguridad mencionados causa sin duda actos de molestia, en menoscabo de las garantías individuales de la legalidad y seguridad jurídica consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo. Los actos de autoridad que cometen los servidores públicos que laboran en los comúnmente conocidos como "Precos" (puntos de revisión carreteros) constituyen actos de molestia al ciudadano, que se traducen en restricciones provisionales de sus garantías individuales, pues se realizan revisiones en bienes personales, como equipaje o carga de particulares, sin orden emitida por autoridad competente que funde y motive la razón que da origen a tal procedimiento, violando los dispositivos constitucionales citados, por no tener la orden señalada y la falta de atribuciones de la autoridad para realizar tales actos.

3. El proponente menciona que no es menester de esta proposición pugnar por la eliminación de los llamados "retenes", dada la imperiosa necesidad de llevar a cabo las operaciones encaminadas a erradicar el tráfico de enervantes, de armas de fuego e indocumentados, y considerando que esas operaciones han reportado importantes golpes al narcotráfico, al tráfico de armas y al tráfico de humanos, disminuyendo la delincuencia organizada en el país.

4. Manifiesta que se considera necesario que se establezcan mecanismos que regulen la operación en los puntos de revisión en el sentido de que causen las menores molestias y pérdidas económicas posibles a los usuarios de las vías de comunicación afectadas, como son las familias, los transportistas de perecederos, los agricultores, y los turistas nacionales y los extranjeros.

5. El proponente manifiesta que el objetivo del gobierno federal es reubicar los puntos de revisión carretero a las fronteras del estado con el objetivo de que sea el Ejército Mexicano el encargado de realizar dichas revisiones y se instalen equipos necesarios, como arcos de rayos gama, con lo que a su vez se buscaría hacer más ágil el proceso de revisión, en lugar de tener que revisar de manera física y manual cada camión.

6. Manifiesta que el punto de revisión situado en la carretera federal número 2, en el tramo Hermosillo-Benjamín Hill, a pesar de haber recibido una millonaria inversión para modernizar y agilizar la revisión, sigue provocando los retrasos, las filas, las pérdidas económicas y molestias ciudadanas que existían antes de esta modificación, tan costosa.

7. El proponente manifiesta que para colocarnos a la vanguardia en esta lucha, pero sin continuar violentando las garantías constitucionales, es urgente efectuar acciones que minimicen los contras que desgastan la tranquilidad y confianza de los ciudadanos, más aun cuando provocan cuantiosas pérdidas económicas a los sectores industriales y agrícolas del país y de Sonora.

Consideraciones

Primera. Con base en los antecedentes indicados y con los elementos de información disponibles, la Comisión de Seguridad Pública, con las atribuciones señaladas, se abocó a dictaminar la proposición con punto de acuerdo de referencia.

Segunda. Debido al constante crecimiento del narcotráfico, el gobierno federal implantó puntos de revisión en las carreteras federales por la Procuraduría General de la República y el Ejército Mexicano. Gracias a estos puntos de revisión se ha logrado el aseguramiento de varias toneladas de estupefacientes al narcotráfico.

Tercera. La Procuraduría General de la República está facultada por los artículos 21, 102, Apartado A, 105, 107 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la autoridad competente para la persecución de todos los delitos del orden federal, buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad, pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine, así como los métodos y procedimientos a que deben sujetarse los ordenamientos legales.

De igual manera, el Ejecutivo federal está facultado, entre otros ordenamientos, en el artículo 89, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para preservar la seguridad nacional y disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas o, en su caso, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y la defensa exterior de la federación.

Cuarta. De acuerdo con un estudio de la Secretaría de Agricultura de Sonora y con organizaciones agrícolas y ganaderas de la región, los daños causados al sector agropecuario por las revisiones de los retenes llegan a 58.7 millones de dólares al año, además de causar filas de más de 8 kilómetros y retrasos de hasta 6 horas. Aparte, hay total indiferencia en el cuidado de la temperatura de los productos refrigerados.

Quinta. El efecto en el sector agropecuario es demasiado grande, dado que 70 por ciento de las exportaciones de las frutas y hortalizas a escala nacional se da a través de esta carretera, y más de 250 mil cabezas de ganado son exportadas a Estados Unidos pasando por el punto de revisión de Benjamín Hill.

El gobierno de Sonora, y los exportadores y los transportistas afectados se han comprometido públicamente a participar en el proyecto de modernización de los puntos de revisión. De igual forma, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del gobierno federal se comprometió a gestionar la aportación de recursos para la modernización de los retenes en Sonora.

Sexta. El Consejo Nacional Agropecuario sostuvo reuniones en la residencia oficial de Los Pinos con el coordinador de la Oficina de Políticas Públicas de la Presidencia, el secretario de la Defensa Nacional y el administrador general de Aduanas. Así, después de analizar la problemática de los Precos y del narcotráfico, acordaron formar un grupo de trabajo, coordinado por la Oficina de Políticas Públicas, para eficientar los puntos de revisión carreteros El Desengaño, en Sinaloa, y Benjamín Hill, en Sonora.

Séptima. La presente proposición con punto de acuerdo no manifiesta específicamente qué tipo infraestructura tecnológica, humana y material debe implantarse, ni la dependencia concreta encargada de llevar a cabo las modificaciones solicitadas.

Octava. La redacción de la proposición con punto de acuerdo incluye el concepto de "infraestructura humana", el cual es inexistente y, por ende, no tiene aplicación práctica.

Novena. Derivado de lo anterior, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, que dictamina, reconocen y concluyen que resulta necesario implantar programas de combate del narcotráfico. Sin embargo, los puntos de control establecidos en carreteras federales no deben causar una baja turística y económica de dichas regiones, en este caso de Sonora.

Por lo expuesto, la Comisión de Seguridad Pública somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, para análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de las dependencias encargadas de implantar y operar los puntos de control carretero, a revisar y evaluar los manuales de operación que regulan su funcionamiento, a fin de que se establezcan nuevas estrategias operativas que contribuyan a disminuir el tiempo de inspección y traslado en las vías de comunicación del país.

Se solicita atentamente de la Secretaría de Seguridad Pública que informe a esta soberanía, por conducto de la Comisión de Seguridad Pública, dentro del término de 15 días, respecto a la resolución que recaiga sobre el asunto que se somete a su jurisdicción y competencia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2010.

La Comisión de Seguridad Pública

Diputados: José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica en contra), Alejandro Gertz Manero, Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua, Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbrica en contra), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica en contra), Salvador Caro Cabrera (rúbrica en contra), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Omar Fayad Meneses (rúbrica), Jorge Fernando Franco Vargas, Luis Alejandro Guevara Cobos, Aarón Irízar López, Feliciano Rosendo Marín Díaz, Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro, Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado.