El diputado que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con puntos de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El cambio climático es un fenómeno que se manifiesta en el aumento de la temperatura promedio del planeta; está vinculado con la alteración de la composición de la atmósfera, atribuible directa o indirectamente a las actividades humanas, que generan dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero.
La Organización de las Naciones Unidas, a través del Panel Internacional sobre Cambio Climático, ha hecho hincapié en la urgencia de evitar a toda costa un aumento de la temperatura global en más de 2.5 grados Celsius, ya que esta situación traería consecuencias catastróficas para el planeta, incluidas la extinción masiva de especies y la inundación de varias ciudades costeras.
Para evitar el aumento de temperatura en más de 2.5 grados Celsius se requiere, por un lado, disminuir las emisiones de las actividades más contaminantes y, por otro lado, concienciar a la población sobre la importancia de las acciones locales para lograr un efecto global.
En México, el sector energético es el de más contaminante. De acuerdo con la Cuarta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC), la generación y diversos usos de la energía es responsable de 60.4 por ciento de las emisiones del país.
Entre las áreas de oportunidad para mitigación de emisiones del sector energético, la iluminación tiene un potencial de abatimiento de 9 millones de toneladas de CO2 equivalente por año, por medio de acciones como la sustitución de lámparas incandescentes por lámparas ahorradoras, así como el uso responsable de la electricidad para iluminación, es decir, apagar la luz cuando no se ocupa.
El Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF) creó la iniciativa La Hora del Planeta, con la finalidad de crear conciencia acerca del cambio climático y, al mismo tiempo, impulsar las acciones locales para mitigar este fenómeno global.
La Hora del Planeta consiste en lograr que la noche del sábado más cercano al equinoccio de primavera, todas las ciudades y comunidades del mundo apaguen durante una hora las luces no esenciales, lo cual requiere la participación de gobiernos, empresas, organizaciones civiles e individuos.
Esta acción inició en Australia en 2007, con la participación de más de 2.2 millones de personas, gobiernos y empresas comprometidas en la búsqueda de soluciones en beneficio de la Tierra.
En 2008, el acto se llevó a cabo en más de 370 ciudades y pueblos de 18 usos horarios distintos, y la iniciativa se transformó en un movimiento de sustentabilidad global, con la colaboración de más de 50 millones de personas.
La Hora del Planeta 2009 creó historia como la mayor acción voluntaria jamás presenciada. Cientos de millones de personas apagaron sus luces en 4 mil 159 ciudades de 88 países, incluyendo 73 capitales y 9 de las 10 ciudades más pobladas del mundo, entre ellas la de México, donde en coordinación con el gobierno capitalino se apagaron las luces de la Catedral, el Palacio Nacional, la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia, entre otros.
La Hora del Planeta 2010 es un llamado a que individuos, empresas, gobiernos y comunidades enteras asuman su responsabilidad para asegurar un futuro sustentable para todos. Monumentos emblemáticos de la humanidad en todo el mundo quedarán a oscuras, mientras la población mundial se une para dialogar sobre el presente y el futuro del planeta.
Este año se contará con el apoyo de más de 1 billón de personas en más de 6 mil ciudades y pueblos, incluidos la población, el sector privado y los gobiernos.
La participación de México en La Hora del Planeta 2010 es muy importante, pues el país será sede de la Conferencia de las Partes de la UNFCCC (COP16), por celebrarse en Cancún en diciembre próximo.
Incluso el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada, expresó recientemente que este tipo de acciones muestran al mundo que México trabaja en la creación de un ambiente adecuado para lograr el éxito de la COP16, e indicó que la dependencia a su cargo instruirá a todos sus delegados de la república para que motiven la participación de los gobiernos estatales y de los municipales en la iniciativa.
El director general de WWF en México, Omar Vidal, precisó que este acto simbólico se vinculado a la COP16 en el sentido de hacer un llamado a los líderes políticos para que lleguen a acuerdos vinculantes en el combate del cambio climático, como se hizo el año pasado, antes de la cumbre en Copenhague.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde en esta soberanía se une a la iniciativa global: invita el 27 de marzo de 2010, a las 20:30 horas, al Ejecutivo federal, y a los gobiernos estatales y a los municipales a apagar durante una hora las luces no esenciales para enviar un poderoso mensaje acerca de que es posible tomar acción frente al cambio climático y sus consecuencias.
En atención de lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía somete a consideración del pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a todas las dependencias del Ejecutivo federal a participar en La Hora del Planeta 2010, de modo que el próximo 27 de marzo, a las 20:30 horas, se apague durante una hora 100 por ciento de las luces no esenciales de las instalaciones.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales y a los municipales a realizar las acciones necesarias para que el próximo 27 de marzo, a las 20:30 horas, se apague durante una hora 100 por ciento de las luces no esenciales y de los monumentos emblemáticos de sus ciudades.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 25 de marzo de 2010.
Diputado Diego Guerrero Rubio (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA CÁMARA DE DIPUTADOS EXPRESA SU SOLIDARIDAD Y CONDOLENCIAS POR
LA MUERTE DEL DISIDENTE CUBANO ORLANDO ZAPATA TAMAYO Y SOLICITA AL GOBIERNO
DE RAÚL CASTRO RUZ EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS PACTADOS Y RATIFICADOS
POR EL GOBIERNO DE CUBA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, SUSCRITA POR LOS
DIPUTADOS JESÚS RAMÍREZ RANGEL Y ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO
SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los que suscriben, diputados Jesús Ramírez Rangel y Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proposición que contiene puntos de acuerdo por los que la Cámara de Diputados expresa su solidaridad y condolencias por la muerte del disidente cubano Orlando Zapata Tamayo y solicita al gobierno de Raúl Castro Ruz el cumplimiento a los acuerdos pactados y ratificados por el gobierno de Cuba en materia de derechos humanos, la búsqueda de vías institucionales para canalizar el conflicto entre el gobierno y los disidentes políticos así como el respeto a la libertad y al estado de derecho.
El pasado martes 23 de febrero murió en Cuba el preso político, Orlando Zapata Tamayo, tras 85 días de huelga de hambre a los que se sometió protestando por los malos tratos y la tortura física que recibía en prisión. El fallecido formaba parte del grupo de los 75 disidentes condenados en la "primavera negra" de 2003, en un momento en que el régimen cubano dispuso una feroz represión contra líderes sociales, periodistas independientes y activistas de derechos humanos, a quienes el gobierno cubano encarceló y al cabo de juicios sumarios, cuyos trámites duraron menos de 72 horas, condenó a penas de hasta 28 años en prisión.
Zapata Tamayo estuvo recluido en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en La Habana, después de haber sido detenido en la vía pública –el 6 de diciembre de 2002– por agentes de la policía política cubana, acusado por el supuesto delito de desacato. Fue excarcelado el 7 de marzo de 2003, sólo para ser detenido nuevamente el día 20 de ese mes en el barrio El Vedado, donde participaba en un ayuno junto a Martha Beatriz Roque Cabello y cuatro personas más, a favor de Óscar Elías Biscet González y demás presos políticos. Cumplía su condena de 18 años en la penitenciaría de Guanajay en la provincia de La Habana, hasta que el 15 de enero de 2005 fue trasladado para la prisión Taco-Taco, en la provincia de Pinar del Río. En la prisión Kilo 8, en Camagüey, donde estaba últimamente, empezó una huelga de hambre el 2 de diciembre de 2009 para protestar por los agravios físicos a que son sometidos los acusados por disidencia en la República de Cuba, ayuno que acabó con su vida el pasado 23 de febrero de 2010.
La muerte de Orlando Zapata Tamayo, –la primera vez en casi cuarenta años en que un activista cubano ha muerto a consecuencia de una huelga de hambre en protesta contra abusos del gobierno– se ha interpretado como un serio retroceso de los derechos humanos en Cuba y ha dado lugar a una ola de protestas a nivel internacional, así como al inicio de huelgas de hambre por otros presos políticos y disidentes cubanos. Un caso especialmente alarmante es el estado en que se encuentra el periodista y psicólogo Guillermo Fariñas, cuya persistencia en la huelga de hambre para exigir la liberación de 23 presos en estado de salud delicado pudiera conducir a un fatal desenlace, similar al de Zapata.
Por otro lado, las Damas de Blanco, madres, esposas e hijas de aquellas personas que se encuentran injustamente encarceladas por ejercer su libertad de expresión marcharon la semana pasada para exigir la liberación de sus familiares. El maltrato sufrido por las Damas de Blanco, entre las que se encontraba Reyna Tamayo –madre del fallecido Orlando Zapata Tamayo– por parte de la policía cubana el reprimir su manifestación conmocionó también a la comunidad internacional al evidenciar el trato que reciben las mujeres de la isla al ejercer su derecho a la libre manifestación.
Zapata Tamayo era reconocido por organizaciones internacionales de derechos humanos, tales como Amnistía Internacional, como "un preso de conciencia", y su liberación había sido reclamada por diversas entidades privadas y oficiales preocupadas por el respeto a los derechos humanos en Cuba. La muerte de Zapata Tamayo reclamando libertad y un trato digno para los presos políticos y de conciencia, ha generado consternación en la comunidad de los activistas de derechos humanos en todo el mundo y en toda la comunidad internacional desde Human Rights Watch y Amnistía Internacional hasta el pronunciamiento de autoridades del Departamento de Estado de Estados Unidos, el gobierno de Canadá, el Parlamento Europeo y del presidente actual de la Unión Europea y España, José Luis Rodríguez Zapatero. Son relevantes también las muestras de solidaridad demostradas por algunos gobiernos latinoamericanos tales como Argentina, Uruguay, Chile y México.
El exhorto de la semana pasada del Senado mexicano para solicitar la liberación de todos los presos de conciencia en Cuba, fue vista por el embajador cubano Aguilera de la Paz como una clara intromisión de México en la política interior de Cuba y apuntó la manera en que esta injerencia puede afectar la relación entre los dos países.
Hoy, desde la Cámara de Diputados, respetando los principios básicos de autodeterminación y soberanía de los pueblos y reiterando el reconocimiento y afecto diplomático hacia el gobierno de Cuba, con todo respeto nos permitimos efectuar una crítica justa y una condena enérgica a la situación de las libertades y los derechos humanos que impera en la isla caribeña.
Considerando que los derechos humanos son universales e independientes al ordenamiento jurídico de cada país. Y que estos derechos están sustentados por acuerdos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966, y por lo tanto deben ser respetados en todo país que los haya suscrito.
Y, tomando en cuenta, que varios periodistas, disidentes pacíficos y defensores cubanos de derechos humanos han sido víctimas de la censura, la represión y el encarcelamiento por ejercer su libertad de expresión y pensamiento, la Cámara de Diputados propone la aprobación de un punto de acuerdo que exprese solidaridad frente al fallecimiento del huelguista Zapata Tamayo así como la solicitud de respeto a los derechos humanos de los cubanos y un trato digno a los prisioneros políticos.
Por lo expuesto, se someten a la consideración del pleno de esta soberanía, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados expresa sus más sinceras condolencias por la muerte del disidente cubano Orlando Zapata Tamayo y expresa su más franca solidaridad hacia los familiares del fallecido y el pueblo cubano.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores solicite al gobierno del presidente Raúl Castro Ruz el cumplimiento a los tratados y convenios internacionales firmados y ratificados por el gobierno cubano en materia de derechos humanos. Esto con la intención de que las autoridades cubanas sujeten su accionar a los principios del derecho internacional y del respeto a las libertades fundamentales.
Tercero. La Cámara de Diputados emite también un exhorto al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores solicite al gobierno de Cuba el respeto al tratado internacional de la "Convención para la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer" firmado y ratificado por el gobierno de Fidel Castro para garantizar la libre manifestación pacífica de las mujeres cubanas.
Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno del presidente Raúl Castro Ruz a buscar salidas institucionales a través del diálogo para resolver conflictos políticos. Y a su vez, condena el maltrato y el abuso físico contra presos políticos, alentando al gobierno cubano a otorgar un trato humanitario a los presos políticos, acordes con el respeto al estado de derecho.
Pleno de la Cámara de Diputados, a 25 de marzo de 2010.
Diputados: Alejandra Noemí Reynoso Sánchez,
Jesús Ramírez Rangel (rúbricas)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A PRESENTAR MEDIANTE LA SRE UNA QUEJA FORMAL
AL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA POR EL GRAVAMEN QUE ALGUNAS
ENTIDADES DE ESA NACIÓN PRETENDEN IMPONER A LAS REMESAS DE LOS MIGRANTES
MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Ildefonso Guajardo Villarreal, en mi condición de diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ante esta honorable asamblea presento el siguiente punto de acuerdo, mediante el cual se solicita que se exhorte al Poder Ejecutivo federal para que, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presente ante el gobierno de Estados Unidos de América una queja formal y enérgica por el gravamen que algunos estados de esa nación pretenden imponer a las remesas de los migrantes mexicanos a nuestro país; solicite al gobernador del estado de Oklahoma que intervenga para que se eliminen las comisiones aplicadas a dichas remesas desde el año pasado en aquella entidad; y asimismo promueva una suspensión de compras gubernamentales a cualquier producto proveniente de aquel estado y de los que pretendieran promover la referida medida, punto de acuerdo que fundamento en la siguiente
Exposición de Motivos
Apenas si es necesario señalar que desde hace muchas décadas los migrantes mexicanos que residen en Estados Unidos de América y que a lo largo de los años han contribuido y continúan contribuyendo de manera honesta y en forma sumamente importante a la prosperidad de nuestro socio comercial y vecino país mediante el esfuerzo cotidiano de su trabajo, padecen un vía crucis permanente por las condiciones de vida que deben enfrentar en aquel territorio.
En este mismo sentido, resultan evidentes los frecuentes maltratos y la conculcación de los derechos humanos de que son objeto nuestros compatriotas migrantes que, por razones de orden económico, se ven orillados a viajar a los Estados Unidos, con mucha frecuencia dejando a sus familiares en México.
No obstante ello, durante la última década decenas de estados han considerado gravar los envíos de dinero a México, política cuyo objetivo principal es afectar a la población inmigrante en esos estados.
A todas luces se trata de una medida inmoral, abusiva y lesiva de los derechos de los migrantes.
La pretendida fundamentación de la medida de referencia radicaría en que, por medio de su aplicación, las instituciones públicas podrían recuperar el gasto que supone la utilización de los servicios estatales por parte de los mexicanos indocumentados.
Al mismo tiempo, es preciso señalar que la mayoría de estas propuestas sólo incluyen las transferencias no bancarias y que, por tanto, exentan a los bancos y a las uniones de crédito.
Específicamente en el caso de Oklahoma -único estado que hasta hoy ha implantado una medida de esta naturaleza- en junio del 2009 se presentó la "iniciativa de transferencias de dinero y lavado de dinero" (Drug Money Laundering and Wire Transmitter Act), también denominada HB2250, que fuera concebida por el diputado republicano Randy Terrill, quien a su vez fue apoyado en la redacción por el senador Anthony Sykes, también republicano.
Esta iniciativa plantea de forma inmoral que los negocios que se encuentren registrados para enviar dinero al exterior y concretamente a México, cobren una cuota de 1% a partir de un mínimo de 5 dólares, con la excepción de los bancos y de las unidades de crédito. La correspondiente recaudación sería destinada a un fondo del Departamento de Narcóticos y Control de Drogas Peligrosas del estado de Oklahoma; medida que además y en forma insultante pretende vincular migración indocumentada con narcotráfico.
En el caso del estado de Georgia los mismos republicanos han intentado que sean aprobados varios proyectos para gravar las remesas de los indocumentados. La última de dichas propuestas fue presentada en febrero del 2010 y en ella se proponía imponer una cuota del 2% a las transferencias electrónicas, con una estructura similar a la aprobada en el estado de Oklahoma. Dicha iniciativa fue presentada por los diputados republicanos Jerry King, James Milis, Edward Lindsey y Tom Rice.
No obstante lo anterior, la iniciativa de referencia fue retirada el día 15 de marzo debido a que no pudo comprobarse que las remesas enviadas por medio de Western Union se vinculen al lavado de dinero o al comercio de drogas ilícitas, a lo que se suma el hecho de que el promedio por transacción es de 650 dólares, es correspondientes a montos pequeños que difícilmente pueden vincularse a los ya referidos ilícitos; en igual forma, el porcentaje del dinero enviado a lugares conocidos por la venta de drogas no es representativo; y, asimismo y por último, la mayoría de las transacciones presentan un patrón claro y evidente relacionado con la inmigración.
Es preciso señalar la existencia de estudios como los realizados por el Centro de Política Inmigratoria del Consejo Inmigratorio Americano, en los que se establece que los inmigrantes y sus remesas representan un impacto positivo en el fortalecimiento de las exportaciones de los estados de la Unión Americana a México. Ello debido a que se considera que las remesas fortalecen las demandas de productos estadounidenses al mejorar la capacidad económica de las zonas a donde se envían y a que el flujo del capital generado por dichas transferencias contribuye a un clima de inversión más sólido y estable en el marco de la relación entre los socios comerciales involucrados y del desarrollo de micro y pequeños negocios.
Asimismo, dichos estudios señalan que los inmigrantes contribuyen al incremento del poder adquisitivo de los estadounidenses, pues se estima que en el 2008 el poder adquisitivo de los inmigrantes en California era de 249 mil millones de dólares, suma que representa más de tres cuartas partes del total de las remesas enviadas por todas las poblaciones de inmigrantes en los Estados Unidos.
Así pues, las medidas ya adoptadas por el estado de Oklahoma y que pretenden establecerse en al menos una decena de estados de aquel país, pretenden apropiarse de manera inmoral de recursos honestamente ganados por los migrantes mexicanos que, por su condición indocumentada, se encuentran desprotegidos, de manera que difícilmente pueden defenderse.
Se trata de un despojo cuya magnitud queda en evidencia si se considera que un envío de 150 dólares se grava con el desproporcionado cargo de 5 dólares, suma equivalente al precio de más de 3 kilos de huevo, de más de 7 kilos de tortillas o de más de 2 kilos de frijol, a precios actuales y en promedio en nuestro país.
Por todas estas razones –y a pesar o, más precisamente, sobre todo porque en forma inexplicable el Poder Ejecutivo federal no ha reaccionado ante el agravio que representa la mencionada medida para nuestros compatriotas–, el Poder Legislativo de ninguna manera puede dejar de reaccionar ante las políticas discriminatorias ya implantadas y que pudieran ser aplicadas en otros los estados.
De manera que, en la comprensión de que el Poder Ejecutivo federal conduce la política exterior del país, a consideración de mi fracción parlamentaria, la del Revolucionario Institucional, a través de las dependencias competentes debe presentar una enérgica queja formal por vía diplomática, con relación a las referidas prácticas lesivas, y debe realizar las gestiones conducentes ante el gobernador de Oklahoma para que dichas medidas dejen de aplicarse en ese estado.
Asimismo, como respuesta a esta agresión y a este agravio que lesiona los derechos de los migrantes mexicanos en aquella entidad y en el contexto del importante intercambio comercial entre México y Oklahoma –que para dicho estado representa exportaciones del orden de los 527 billones de dólares e importaciones mexicanas por 598 millones de dólares–, en solidaridad con nuestros compatriotas, el Ejecutivo, a consideración nuestra, debe impulsar la acción de suspender compras gubernamentales de cualquier producto proveniente de ese estado en respuesta y represalia al trato discriminatorio e inmoral que implica gravar las remesas de los inmigrantes mexicanos a nuestro país.
Por lo anterior se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se solicita se exhorte al Poder Ejecutivo federal a fin de que, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presente al gobierno de Estados Unidos de América una queja formal y enérgica por el gravamen que algunos estados de esa nación pretenden imponer a las remesas de los migrantes mexicanos a nuestro país; solicite al gobernador del estado de Oklahoma que intervenga para que se eliminen las comisiones aplicadas a dichas remesas desde el año pasado en aquella entidad; y asimismo, promueva una suspensión de compras gubernamentales de cualquier producto proveniente de aquel estado.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 25 de marzo 2010.
Diputado Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE FORMA UN GRUPO PLURAL DE LEGISLADORES QUE CONTRIBUYA A ELABORAR UN DIAGNÓSTICO
Y A GENERAR PROPUESTAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS QUE APORTEN A
LA ATENCIÓN Y SOLUCIÓN INTEGRAL DE LA INSEGURIDAD QUE AZOTA
A CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A CARGO DE LA DIPUTADA TERESA GUADALUPE
REYES SAHAGÚN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El clima de violencia que inmerecidamente azota a la población de nuestro país es un problema común que requiere de esfuerzos compartidos y soluciones integrales. Las causas de esta lamentable situación son múltiples y complejas, pero en gran medida se deben a la inadecuada actuación de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Con un mayor o menor rango de responsabilidad, todos los integrantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial somos corresponsables en la aportación de soluciones. La sociedad exige una acción directa y efectiva de las autoridades en la solución del problema de inseguridad, sin embargo, la respuesta insensible ha sido casi siempre la misma: las autoridades locales, deslindándose del conflicto para señalar a las federales, y viceversa.
La sociedad está harta de la miopía e incompetencia que ha invadido a las oficinas públicas, a los recintos legislativos, a los cuarteles policiacos, a la clase política casi en su totalidad. Nosotros no podemos ser insensibles ante semejante atrocidad, pero es necesario que también seamos consecuentes y actuemos a favor de la gente, a su lado, escuchando sus planteamientos y reclamos, constituyéndonos realmente en lo que en muchas ocasiones olvidamos que somos: verdaderos representantes populares.
Ciudad Juárez es el caso emblemático, si bien no el único, de la pérdida de control en la aplicación de políticas públicas diseñadas para revertir la inseguridad, el malestar social, la marginación y la impunidad. Más allá del rotundo y evidente fracaso de la militarización del problema, incluso, más lejos que una condena a esta estrategia fallida y absurda con que se ha tratado de resolver un tema tan delicado, seguirá imperando de nuestra parte la voluntad y disposición para atender el reclamo de la sociedad. Asumimos la responsabilidad de escuchar los justos reclamos del pueblo y la obligación de actuar en consecuencia de sus necesidades más sentidas. Es por eso que a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la suscrita plantea la necesidad de involucrar al Congreso de manera decidida en la defensa de la población frente las atrocidades cometidas por el crimen en contra del pueblo y convocamos a los demás grupos parlamentarios que en este recinto tienen representación a que se sumen a un esfuerzo colectivo por el bien de todos.
Por lo anterior, compañeros diputados, los exhorto a la consecuencia política y a la vocación ética que debe de imperar en el servicio público. En tiempos difíciles es cuando se debe de ser más valiente. Seámoslo ahora, no sólo en los pronunciamientos que emitimos, sino, también en las acciones. Acudamos al llamado de la gente, estando a su lado, seamos representantes efectivos, trabajemos en esa ruta para encontrar soluciones comunes, pero de manera coordinada y respetuosa, en beneficio del pueblo al que le debemos nuestra más alta consideración.
Por las razones expuestas, y con fundamento en los artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para que se considere de urgente resolución, proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se propone la conformación de un grupo plural de legisladores para que intervengan en pos de la generación de diagnósticos, propuestas, políticas públicas y soluciones integrales para el grave problema de inseguridad, delincuencia organizada e impunidad que azota el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que participen integrantes de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, con plena vocación de servicio, ética política y voluntad de resolución.
Segundo. Para el mejor desarrollo de sus labores, el grupo plural que se propone deberá convocar a diversos grupos, instituciones y personas de reconocido prestigio, provenientes de todos los sectores de la sociedad, a efecto de construir soluciones integrales, para atender y resolver la grave problemática que se expone.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2010.
Diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA DEL
ESTADO QUE GUARDA LA NEGOCIACIÓN DEL ANUNCIADO TRATADO DE ARMAS
CONVENCIONALES, Y DE LAS MEDIDAS TOMADAS POR SU GOBIERNO PARA FRENAR LA
INTRODUCCIÓN DE ARMAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, A CARGO DE LA DIPUTADA
GUADALUPE PÉREZ DOMÍNGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El país vive sin duda tiempos complicados, una realidad agobiante, la creciente inseguridad, que ha generado desesperación en la población, y la evidencia de un Estado nacional debilitado por malas decisiones que han permitido la proliferación de organizaciones criminales y de los más diversos y aberrantes delitos.
En la estrategia de combate del crimen organizado hemos sufrido y visto gran desatención de temas fundamentales, como la incautación a capitales económicos de la delincuencia, el freno de la importación ilícita de armas convencionales, instrumentos fundamentales para llevar a cabo cualquier actividad ilegal, y la impunidad de que gozan quienes llevan a cabo esas lesivas prácticas.
Es responsabilidad de los gobiernos establecer medidas de control interno del comercio de armas, sobre todo las denominadas "convencionales" que, dicho sea de paso, son las que mayores muertes y lesiones generan. Esa responsabilidad también implica la manifestación de los Estados para exigir a los países exportadores que hagan lo propio, que se responsabilicen del control de la producción y venta ilegal de armas, que sólo sirven para dotar a los grupos del crimen organizado, y también las medidas para impedir la introducción de éstas en otros países.
Por ejemplo, hemos sabido por diversas notas periodísticas e informes oficiales del aseguramiento de armas provenientes del extranjero, especialmente de Estados Unidos de América, sin que hasta ahora el gobierno mexicano, por los conductos oficiales, y observando los lineamientos y principios del derecho internacional, solicite al gobierno del vecino país el cumplimiento de sus obligaciones al respecto; ello, siempre atendiendo a la manifestación del presidente estadounidense, Barack Obama, del deseo de cooperación para frenar la ola de violencia que vive nuestro país.
Ésta es una obligación social y política, pero sobre todo moral de cualquier gobierno, impedir la proliferación de armas en su territorio y exigir a otros su compromiso y la implantación de las medidas necesarias para impedirlo.
Hoy más que nunca es necesario que el titular del Poder Ejecutivo federal informe a esta soberanía respecto al estado que guarda la multicitada propuesta que mediáticamente ha lanzado tanto la cancillería como el presidente Felipe Calderón Hinojosa en diversos foros internacionales, como durante su participación en la reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del 24 de septiembre de 2009 donde, evadiendo datos de violencia que vive el país, demandó literalmente: "México quiere llamar la atención sobre la proliferación de armas de tipo convencional, y el tráfico de armas pequeñas y ligeras, que causan alrededor de mil muertes y 3 mil heridos cada día en el mundo".
Exhortó con ello al Consejo de Seguridad de la ONU a buscar fórmulas para frenar ese acto ilícito, sin perjuicio del derecho de cada Estado a comprar armas para su legítima defensa.
Han sido una constante de política pública del actual gobierno federal la pirotecnia mediática y los discursos que sólo se quedan en eso. Por lo mismo, con toda responsabilidad solicito a esta honorable soberanía que se requiera al titular del Poder Ejecutivo que informe de manera precisa qué acciones o negociaciones se han llevado a cabo para que ese tratado sea una realidad y con ello frenar de manera significativa la proliferación de armas convencionales y su uso en la comisión de delitos en el territorio nacional.
Asimismo, que informe de manera precisa y detallada sobre las estadísticas de procesados y sentenciados en los últimos cuatro años en el país por introducción ilegal de armas de fuego en el territorio nacional.
Por las consideraciones expuestas, me permito proponer los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita al licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la República, que informe del estado que guardan las negociaciones para celebrar tratados internacionales sobre el comercio de armas, multilateral o bilateral, con el gobierno de Estados Unidos de América, y con ello evitar la importación ilícita de armas, así como de los controles existentes en las aduanas del país para evitar tan grave problema.
Segundo. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que informe a esta soberanía sobre estadísticas precisas y detalladas de procesados y sentenciados en los últimos cuatro años por el delito de introducción ilegal de armas convencionales en el país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2010.
Diputada Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A SUSPENDER TEMPORALMENTE MEDIANTE LA SECRETARÍA
DE ECONOMÍA LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A
CONOCER EL CUPO Y EL MECANISMO DE ASIGNACIÓN PARA IMPORTAR AZÚCAR
ORIGINARIA DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA EN 2010, A CARGO DEL DIPUTADO
LUIS FÉLIX RODRÍGUEZ SOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI,
Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE VIGILANCIA
Y SEGUIMIENTO DE LA INDUSTRIA AZUCARERA
Con base en la facultad que confiere el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a su consideración el siguiente punto de acuerdo para que esta honorable soberanía exhorte al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Economía, para suspender temporalmente la vigencia de los cupos de importacion de azúcar hasta por 250 mil toneladas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el nueve de febrero del año en curso, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Actualmente la agroindustria en su conjunto es sostén de aproximadamente 160 mil abastecedores de caña de azúcar, 440 mil trabajadores, agricultores y transportistas y sus dependientes económicos alcanzan aproximadamente 2.5 millones de mexicanos, alrededor de 57 ingenios ubicados en 15 estados de la República y 227 municipios, ocupando el séptimo lugar en la producción de azúcar y el sexto en la producción de caña de azúcar y aportando el 0.35 por ciento del total del producto interno bruto nacional. Es parte de una larga cadena productiva como la refresquera, la dulcera, la chocolatera, galletera y farmacéutica.
2. La oportunidad que actualmente se presenta para esta agroindustria es inmensa, el potencial de diversificación del uso de la caña para la fabricación de biocombustible nos abre una ventana de oportunidades que es necesario aprovechar, sin embargo es preocupante que la tendencia a la producción de la caña viene a la baja.
3. La producción de azúcar de caña en nuestro país presenta una marcada tendencia a la baja, lo cual, intrínsecamente, es reflejo de una disminución en la producción de caña de azúcar, en la zafra 2006/2007 se produjeron 5.31 millones de toneladas de azúcar con una molienda de 49.0 millones de toneladas de caña, para el año siguiente en la zafra 2007/2008 se produjeron 5.52 millones de toneladas de azúcar con una molienda de 48.3 millones de toneladas de caña, para la zafra anterior 2008/2009 la producción total de azúcar cayó a 4.96 de millones de azúcar y la molienda se ubicó en 42.5 millones de toneladas de caña y para la zafra actual 2009/2010 se tiene estimada una ligera recuperación en la producción de azúcar, pues se pretende alcanzar 4.97 millones de toneladas de azúcar con una molienda de la vara dulce por 42.5 millones de toneladas de caña de azúcar.
4. Esta caída en la producción, es el resultado de las adversas condiciones climatológicas presentadas en las regiones cañeras y además de una serie de políticas públicas que han logrado disminuir la superficie destinada a la producción de la caña de azúcar, pues, entre otras cosas, se han presentado: falta de apoyos para la promoción del desarrollo de la productividad cañera, incremento en los costos de producción como lo son los fertilizantes y los combustibles, disminución del financiamiento a la agroindustria de la caña de azúcar en términos reales en un 50 por ciento en el periodo 2003-2008, principalmente por la banca comercial.
5. La Secretaría de Economía también ha jugado un papel preponderante en esta problemática, pues aduciendo que existe un creciente déficit azucarero ha mantenido desde finales del año pasado una política de emisión de cupos de importación que para esta zafra 2009/2010 ya alcanza los 880 mil toneladas, 630 mil en el último trimestre del año pasado y 250 mil toneladas a principios del mes de febrero de este año, con objeto disminuir el precio del endulzante al consumidor, a pesar de que este encarecimiento no es exclusivo del mercado doméstico, sino que se está presentando en prácticamente todos los mercados internacionales.
6. Es necesario mencionar el malestar que ha generado en la agroindustria azucarera estas determinaciones, pues primeramente se han venido tomando estas decisiones por parte de la Secretaría de Economía de manera totalmente unilateral, sin consultar a los sujetos inmersos en el sector y pasando por alto al Comité Nacional para el Desarrollo sustentable de la Caña de Azúcar, comité en donde se encuentran representados tanto los industriales como los abastecedores de caña y las dependencias gubernamentales federales.
A este respecto, es conveniente recordar que la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, dispone:
En su artículo 10, fracción VI, que corresponde a la Sagarpa:
7. No es posible aceptar una determinación así, si se considera que actualmente la zafra 2009/2010 se encuentra a la mitad, es necesario analizar las cifras al interior del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar; esta determinación por si sola afecta a miles de abastecedores de caña que verán al final de la zafra sus ingresos disminuidos por la caída del precio de la tonelada de caña, y a los industriales azucareros que verán mermados sus ingresos para enfrentar los compromisos económicos que conlleva su actividad, disminución que finalmente no se observa en los anaqueles de los supermercados, ni en los productos elaborados con azúcar, para beneficiar a los consumidores finales.
8. El Comité Nacional debe de tomar estas decisiones con base en la discusión y en el análisis de las cifras, y si se comprueba que es necesaria e inminente la emisión de estos cupos, la determinación debe de emanar de este Comité Nacional y no sólo de decisiones unilaterales que tome la Secretaría de Economía, que bien pudieran ser solamente con un objetivo recaudatorio, ya que el arancel aplicado a estas importaciones es de 39 dólares por tonelada.
9. Si bien el inicio de la vigencia de los Acuerdos respectivos se ha pospuesto por 2 semanas, esta decisión no cambia los efectos perniciosos que tendrá la caída del nivel de ingreso de los abastecedores de caña y de los industriales azucareros, sin ningún efecto favorable para el consumidor final.
Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión Especial de vigilancia y seguimiento de la industria azucarera, sometemos a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Esta Cámara de Diputados, muy atenta y respetuosamente, exhorta al Poder Ejecutivo federal, por conducto del titular de la Secretaría de Economía, para que suspenda temporalmente la ejecución del "Acuerdo por el que se da a conocer el cupo y el mecanismo de asignación para importar azúcar originaria de la Republica de Nicaragua, en 2010" y el "Acuerdo por el que se da a conocer el cupo y el mecanismo de asignación para importar azúcar en 2010", que autorizan la posible importación de azúcar de 250 mil toneladas, ambos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero del actual, hasta que no se consulte y se tome la decisión correspondiente en el interior del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo del 2010.
Diputados: José Tomás
Carrillo Sánchez (rúbrica), Luis Félix Rodríguez
Sosa (rúbrica), Fernando Santamaría Prieto, Olga Luz Espinoza
Morales (rúbrica), Mirna Lucrecia Camacho, Rosalina Mazari Espín,
Manuel Humberto Cota Jiménez, Maurilio Ochoa Millán (rúbrica),
María Guadalupe García Almanza (rúbrica), Carlos Martínez
Martínez, Leobardo Soto Martínez, Bernardo Margarito Téllez
Juárez, Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS COMISIONES DE PESCA, DE MARINA, Y DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES DE ESTA SOBERANÍA A TOMAR LAS DECISIONES NECESARIAS
PARA CONSTRUIR UNA AGENDA DE GESTIÓN DE LA PESCA EN LA ZONA COSTERA
DE TABASCO, A CARGO DEL DIPUTADO NICOLÁS CARLOS BELLIZIA ABOAF,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, diputado federal a la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones:
Antecedentes
Desafortunadamente, los ambientes costeros y marinos del Golfo de México son vulnerables y están siendo dañados por actividades industriales, específicamente la explotación de hidrocarburos. Por ello, sostener la integridad y viabilidad ambiental y económica de los ecosistemas y recursos del golfo representa un reto de gran envergadura para diferentes niveles de gobierno y los habitantes de las poblaciones costeras que lo rodean.
De acuerdo al documento titulado Reporte de resultados de los talleres de pesca y acuacultura, elaborado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas como parte del proceso de ordenamiento ecológico marino y regional del Golfo de México y Mar Caribe, promovido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Ecología, publicado el 10 de diciembre de 2007, "el mayor desarrollo de la pesca en México se da a fines de los años setenta cuando se crea el Departamento de Pesca y se hacen importantes inversiones en flota y planta industrial propiedad del estado. Las capturas crecieron a más de un millón y medio de toneladas en 1981 y, después de caer a cerca de un millón de toneladas en 1983, han oscilado alrededor de un millón y medio desde entonces. Las principales especies que se capturan en el Golfo de México son camarones, pulpos, meros, jaibas, robalos, huachinangos, sardinas, atunes, langostas, tiburones, lisas y sierras. A excepción del pulpo y los atunes, en los que las capturas se han mantenido con un crecimiento moderado, pasando en los últimos 10 años de 15 a 20 mil toneladas de pulpo y de mil a 3 mil 500 toneladas de atún, el resto de las pesquerías en el golfo muestran un comportamiento decreciente".
Asimismo, el desplazamiento de las áreas tradicionales de pesca por las restricciones impuestas como consecuencia del acuerdo intersecretarial 117, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de septiembre de 2003, suscrito por las Secretarías de Marina, de Comunicaciones y Transportes, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, impide realizar normalmente las actividades de pesca, bajo el supuesto de impedir la posibilidad de ataques terroristas.
Primero. La actividad pesquera en aguas del Golfo de México, particularmente en las costas de Tabasco, presenta una disminución histórica en los volúmenes de captura.
Segundo. La contaminación derivada de actividades de exploración y explotación de petróleo, tanto de actividades existentes –terrestres y marinas (pozos, plataformas, ductos, plantas y buques tanque)–, como de las que recién iniciaron en aguas profundas, mediante la contratación de empresas trasnacionales que están a cargo del proyecto exploratorio Kusam, para el que Petróleos Mexicanos eroga 463.5 millones de dólares.
Tercero. La prospección sísmica en mar, al igual que el tráfico de embarcaciones que transportan suministros diversos para las plataformas de la industria petrolera, se realiza frente a las costas de Tabasco, incidiendo significativamente en las actividades de pesca en la zona pesquera. Considerando que el valor anual de la producción pesquera en litoral es de 350 millones de pesos, la suspensión de actividades durante cinco meses representa una pérdida al año estimada de 145 millones de pesos.
Cuarto. Las plataformas petroleras costa fuera en el litoral de Tabasco ocupan espacios biológicamente productivos y ecológicamente críticos.
Quinto. La vigilancia y persecución por parte de la Armada de México a las embarcaciones pesqueras que entran en áreas restringidas contribuye a desalentar a quienes se dedican a esta actividad.
Sexto. La restricción a su actividad obliga a los pescadores a realizar la captura costa afuera, en aguas profundas y distantes de las áreas tradicionales, por lo que la flota pesquera actual, conformada por lanchas y motores de baja escala, resulta inadecuada para la pesca en las condiciones actuales, la renovación o sustitución de las embarcaciones resulta entonces indispensable. Esta situación representa riesgos para las tripulaciones de las embarcaciones, que son más vulnerables a las condiciones del clima, y dada la inexistencia de un marco laboral específico para esta actividad, los pescadores no cuentan con seguros de vida, de gastos médicos y en general, carecen de toda seguridad social.
Séptimo. El realizar la actividad pesquera en esas condiciones, incrementa los costos de producción por la necesidad de operar a mayores distancias, con el consecuente aumento en el consumo de combustibles y lubricantes, y de los diversos insumos requeridos.
Octavo. La infraestructura de la industria pesquera (red de frío, salas de fileteado, fábricas de hielo, etcétera) en la costa tabasqueña es inexistente o bien se encuentra en condiciones precarias.
Noveno. El cambio climático y la mayor frecuencia de tormentas tropicales y eventos meteorológicos extremos, conllevan amenazas de consecuencias aún difíciles de evaluar, pero que sin duda transformarán el contexto, ya de sí desalentador, en que nuestros pescadores realizan su noble actividad.
Décimo. El máximo aprovechamiento sustentable de las especies de captura con valor comercial en la zona costera y marina de Tabasco, requiere compartir experiencias y armonizar políticas para integrar todas estas actividades a través de las diferentes disciplinas y sectores productivos, gobiernos y comunidades, asegurando el desarrollo sustentable de los recursos naturales, la conservación de los ecosistemas y la práctica adecuada de las actividades productivas que se lleven a cabo en el Golfo de México.
Este nuevo modelo de gestión de la pesca en costas de Tabasco debe garantizar la conservación del ambiente costero y marino a través de un proceso integrativo entre los múltiples actores a nivel local, estatal y federal y las diferentes comunidades y usuarios que viven o hacen uso de estas zonas y sus recursos; es necesario desarrollar una agenda de manejo integrado costero y marino que incluye enfoques sobre seguridad alimentaria, energética, del agua y el ambiente.
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita a las Comisiones de Pesca, de Marina, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales que convoquen a la construcción de una agenda para transitar hacia un nuevo modelo de gestión de la pesca en la zona costera de Tabasco, sustentado en estudios académicos de vanguardia y consensado con las organizaciones pesqueras que realizan actividades de captura en aguas marinas.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las investigaciones y evaluaciones de ordenamiento ecológico marino y regional del Golfo de México y Mar Caribe, incluyendo para ello las opiniones y consideraciones generadas por las organizaciones pesqueras de la costa de Tabasco.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2010.
Diputado Nicolás Bellizia Aboaf (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO DE VERACRUZ A MINISTRAR DE INMEDIATO POR LA SECRETARÍA
DE FINANZAS Y PLANEACIÓN LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES
APROBADOS PARA REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CORRESPONDIENTES
A DIVERSOS MUNICIPIOS, A CARGO DE LA DIPUTADA SILVIA ISABEL MONGE VILLALOBOS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Silvia Isabel Monge Villalobos, por mi propio derecho, en mi calidad de diputada de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, de secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Pido a la Presidencia de esta mesa que se inserte el texto íntegro al Diario de los Debates.
En apoyo al Plan Nacional Hídrico 2007-2012, y en respuesta a las múltiples necesidades emanadas de los diferentes entidades que integran la federación así como de la misma Conagua; durante la conformación del Presupuesto de Egresos 2009 para el estado de Veracruz, los Diputados de esta honorable Cámara e integrantes de la LX Legislatura aprobaron recursos importantes para el Programa de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
Si bien es cierto que estos recursos federales tuvieron que haberse ejercido en su totalidad durante el año 2009, quiero informarles que por lo menos el Gobierno del Estado de Veracruz no lo hizo así.
Tales afirmaciones no son producto de un infundio, hablo con fundamento en una realidad verificable a través de las mismas documentales que pongo a consideración de esta legislatura; de acuerdo con el oficio número BOO.00.R10.-266/2009 remitido por la Conagua a la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del estado de Veracruz, al 9 de diciembre de 2009 se le habían depositado a dicha dependencia 50.9 millones de pesos y que, por ley, se tuvieron que haber distribuido entre los diversos municipios1 firmantes del convenio de participación 2009 para recibir tales subsidios. Sin embargo, esto no sucedió.
El gobierno del estado ha hecho caso omiso a las Reglas de Operación de los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), particularmente al artículo 12.1, inciso b), segundo párrafo, el cual menciona que "las entidades federativas harán entrega a los municipios del monto total de los subsidios del programa, incluyendo sus rendimientos financieros, a más tardar dentro de los 5 días hábiles posteriores a que éstas reciban los recursos de la Federación".
A la fecha, según declaraciones de varios de estos ayuntamientos, los recursos no han sido radicados a los municipios sin que se les dé más explicación que un "vuelva a llamar la siguiente semana", mientras que los compromisos que a su vez los municipios han contraído con proveedores y contratistas se encuentran vigentes y son impostergables. Esta situación los ha ubicado en serias complicaciones financieras, pues no se cuenta con la capacidad en términos de recursos para poder llevar a buen puerto los compromisos contraídos durante el 2009, atentando contra la honorabilidad y el prestigio de buenas administraciones municipales que se encuentran en riesgo de ser demandadas por un incumplimiento de pago que no es Imputable sino al gobierno del estado, pues la contraparte municipal ha sido responsablemente ejercida desde el año anterior.
Las preguntas entonces son:
¿Si estos municipios no han recibido la totalidad de los recursos que les corresponden, dónde ha quedado ese dinero?
¿Qué ha pasado con los rendimientos financieros?
¿Harán entrega de estos a los municipios o se los quedará el gobernador Fidel Herrera para apoyar las próximas campañas electores de sus candidatos y seguir realizando proselitismo político con recursos del erario público federal?
No olvidemos, compañeros legisladores y legisladoras, gobernador, que el recurso destinado para los programas de infraestructura hidráulica, es justamente federal, que necesitan nuestros ayuntamientos para continuar avanzando en su desarrollo y trabajar en beneficio de su población, máxime que al llegar a ser gobierno se debe regir olvidando los tintes partidistas, lo cual parece ha olvidado el gobierno del estado de Veracruz.
Si Veracruz carece de un gobierno con responsabilidad social y desarrollo económico regional, es importante entonces, que intervengamos para evitar el mal uso y ejercicio de los recursos de este programa y no decir, como lo ha declarado el diputado Salvador Manzur: "que el gobierno federal se niega a transferir los recursos a Veracruz por móviles electorales, que el gobierno federal retrasa la entrega de recursos por una actitud electoral…" Incongruentes, estas declaraciones del diputado veracruzano del Partido Revolucionario Institucional al acusar al gobierno federal, porque son ellos quienes ante lo expuesto incumplen y sólo por mencionar una mínima parte de lo que acontece en el estado de Veracruz.
Recordemos que el reciente Informe sobre la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, presentado por la Auditoría Superior de la Federación a esta Cámara, arrojó a Veracruz como la tercera entidad que más subejerce el dinero en materia de infraestructura carretera.
No permitamos caer en el error de que en la Cuenta Pública 2009 se informe que existe subejercicio en el tema de la infraestructura hidráulica tan necesaria en la actualidad.
Desde este Pleno, solicito que el gobierno del estado de Veracruz se apegue a la norma vigente y haga valida la distribución del recurso federal que a cada uno de los ayuntamientos seleccionados, les corresponde por derecho.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Para exhortar al gobierno del estado de Veracruz para que, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación ministre de inmediato la totalidad de los recursos federales aprobados para la realización de obras de infraestructura hidráulica que les corresponden a diversos municipios de la entidad, tal y como consta en el oficio número BOO.00.R10.-266/2009, que anexo al presente.
Nota
1. Los municipios son Huiloapan, Ixhuatlán del
Sureste, Las Choapas, Mariano Escobedo y Ozuluama.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2010.
Diputada Silvia Isabel Monge Villalobos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SCT Y A CAPUFE A ELIMINAR LAS CASETAS NÚMEROS 107,
DESARROLLO INDUSTRIAL EMILIANO ZAPATA; 106, AEROPUERTO MARIANO MATAMOROS,
TEMIXCO; Y 105, XOCHITEPEC, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ MANUEL AGÜERO
TOVAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito diputado federal José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes:
Consideraciones
La zona metropolitana de Cuernavaca tiene una vía de comunicación central que une a los municipios de Temixco, Emiliano Zapata, Jiutepec, Xochitepec y Cuernavaca, con una población cercana a los 753 mil habitantes. Esta zona es una de las más importantes en el estado; concentrando una actividad económica y laboral que ha generado principalmente una gran demanda y construcción de vivienda de tipo popular y de interés social de carácter urbano, sin contar con las zonas semirurales y rurales.
Los habitantes costean el pago de la vivienda, servicios de luz, agua, predial, etcétera, así como básicos; alimentos, vestido y transporte incluido el público y privado, mismo que les sirve para trasladarse al trabajo así como otras actividades necesarias para sus familias.
Dos son las principales vías de comunicación, la Autopista del Sol México-Acapulco que atraviesa de norte a sur, comunicando los municipios de Cuernavaca, Temixco, Emiliano Zapata, Jiutepec y Xochitepec, y la carretera federal México-Acapulco, que comunica con otros municipios vecinos; ambas vialidades se encuentran en este momento rebasando su máxima capacidad vehicular, destacando que los fines de semana, el tránsito vehicular del DF hacia la ciudad de Acapulco, Guerrero, se duplica con los consecuentes problemas de tráfico.
A lo largo de la autopista México-Acapulco (Autopista del Sol), se localizan los accesos a los principales puntos de la zona metropolitana como son: Buena Vista, Ocotepec, Glorieta Diana, Plan de Ayala, Tabachines, El Polvorín, fraccionamiento Burgos, Fraccionamiento Brisas, Desarrollo Industrial Emiliano Zapata DIEZ, Tecnológico de Monterrey, aeropuerto Mariano Matamoros y fraccionamiento Santa Fe.
En el trayecto, se localizan el Instituto de Energía Solar de la UNAM, centro comercial Galerías, Instituto Mexicano del Seguro Social, club de golf Tabachines, el Tecnológico de Monterrey así como el aeropuerto "Mariano Matamoros", declarado terminal aérea internacional el pasado mes de enero de 2009, marcando así el acceso a toda la zona metropolitana (Cuernavaca, Temixco, Xochitepec, Jiutepec y Emiliano Zapata).
En el tramo carretero Cuernavaca-Central de Abastos conocido como DIEZ, se encuentra la caseta número 107 ubicada en el kilometro 102+000 con una longitud de 7 kilómetros, compartiendo el tramo los municipios de Temixco y Emiliano Zapata.
Esta caseta da acceso al recientemente inaugurado Hospital Regional de Alta Especialidad Centenario de la Revolución Mexicana del ISSSTE, al Hospital del Niño que se encuentra en construcción (los cuales forman parte del proyecto "La Ciudad de la Salud"); además es el ingreso de vehículos pesados a la Central de Abastos Emiliano Zapata y a la Ciudad de la Confección (llamada así por su importante actividad en la industria maquiladora).
Dicha vía conduce a la Universidad del Valle de México y a la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ), así como a unidades habitacionales, colonias populares y al mismo centro del municipio de Emiliano Zapata; es decir, es acceso principal a la infraestructura de salud, educación y vivienda de la zona metropolitana.
Ubicada en el kilómetro 104+800, la caseta número 106 aeropuerto "Mariano Matamoros" del municipio de Temixco tiene una longitud de 9.8 kilómetros; conduce al aeropuerto internacional Mariano Matamoros, a la cementera Moctezuma, SA de C.V, planta Tepetzingo (que es una de las mayores generadoras de empleo de la región), unidades habitacionales, colonias populares, balnearios así como el acceso a zonas arqueológicas y comunidades indígenas; es decir, es acceso principal a la infraestructura turística, económica, habitacional e industrial de la zona metropolitana.
En el kilómetro 107+900 y con una longitud de 13.072 kilómetros se localiza la caseta número 105 en el municipio de Xochitepec, que da acceso al estadio Mariano Matamoros, unidades habitacionales, zonas arqueológicas, comunidades indígenas y balnearios. Cabe destacar que Morelos tiene más de 60 balnearios que representan el 60% de los ingresos del estado, siendo éstos parte importante de la actividad turística de Morelos; es decir, es acceso principal a la infraestructura turística, deportiva y habitacional de la zona metropolitana.
Como resulta evidente, esta zona genera la mayoría de las actividades comerciales, industriales, de servicio, educativas, de salud, y principalmente las de trabajo.
Actualmente estos municipios se esfuerzan por mantener su crecimiento turístico, industrial, comercial, artesanal, de servicios y fuentes de empleo, a pesar de las condiciones económicas del país.
Se precisa exponer que del total de los accesos de la autopista a la zona metropolitana, sólo 3 tienen casetas de cobro, sin embargo, en los entronques Buena Vista, Ocotepec, Glorieta Diana, Plan de Ayala, Tabachines, El Polvorín, fraccionamiento Burgos, fraccionamiento Brisas, Tecnológico de Monterrey y fraccionamiento Santa Fe, no existen casetas de cobro.
Con la eliminación de las casetas de peaje, se desahogaría el tráfico de fin de semana, se agilizaría el tránsito incentivando el movimiento económico para la actividad comercial de la central de Abasto Emiliano Zapata, la industria textil, zonas arqueológicas, balnearios, cementera Moctezuma, SA de CV, planta Tepetzingo, la Universidad del Valle de México, el acceso al Hospital de Alta Especialidad Centenario de la Revolución Mexicana del ISSSTE, el nuevo edificio de Seguridad Pública del estado, la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ), la construcción del Hospital del Niño, unidades habitacionales que tienen como acceso los municipios de Emiliano Zapata, Temixco y Xochitepec; representando un ahorro significativo en las miles de familias que habitan en la zona metropolitana y que utilizan dichos accesos día con día.
Cabe mencionar, que va en contra de toda lógica la instalación de casetas de peaje en los accesos a los principales puntos dentro la zona metropolitana, siendo contradictorio que en los fraccionamientos y universidades privadas no tengan instaladas casetas de peaje, y sí, que existan en vías fundamentales para la vida económica, turística, industrial y habitacional de la zona metropolitana.
Lo que acontece en la zona metropolitana de Cuernavaca, equivale a que en el periférico de la Ciudad de México, existieran casetas de peaje para ingresar a puntos principales en la zona metropolitana, o bien, se instalaran casetas en la Autopista del Sol para entrar o salir de la ciudad de Chilpancigo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a Caminos y Puentes Federales (Capufe) a eliminar las casetas de peaje No. 107 "DIEZ Emiliano Zapata", No. 106 aeropuerto "Mariano Matamoros" Temixco y No. 105 de Xochitepec, que comunican a la Autopista del Sol con la zona metropolitana de Cuernavaca en el estado de Morelos.
Palacio Legislativo, a 18 de marzo de 2010.
Diputado José Manuel Agüero Tovar (rúbrica)
El que suscribe, Mario Moreno Arcos, diputado a la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, numeral 1, inciso c), y 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, respetuosamente solicito que se formule excitativa a la Comisión Ordinaria de Hacienda y Crédito Público de la honorable Cámara de Diputados para que proceda a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33, primer párrafo, inciso a) de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. En sesión celebrada por esta Cámara de Diputados el 1 de octubre del 2009, el que suscribe la presente proposición, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33, primer párrafo, inciso a) de la Ley de Coordinación Fiscal.
2. Dicha iniciativa con proyecto de decreto, en términos de lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, fue turnada a la Comisión Legislativa Ordinaria de Hacienda y Crédito Público.
3. El proyecto citado manifiesta en su exposición de motivos que el objeto de la reforma es la de regular y modificar el programa de subsidio del fertilizante en un programa social de financiamiento.
4. Asimismo especifica que de conformidad con lo establecido en la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligación del Estado de fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra con obras de infraestructura, insumos, créditos y servicios de capacitación y asistencia técnica.
5. Igualmente señala que en los últimos tres ejercicios fiscales, las participaciones federales para los municipios han disminuido considerablemente. Esas acciones repercuten de manera directa en la capacidad adquisitiva para insumos y materiales requeridos en la aplicación de programas de carácter social, mermando la hacienda municipal y, en consecuencia, la oportunidad de apoyar para incrementar el desarrollo económico de la municipalidad.
6. Expresando además que la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace referencia a la facultad de los municipios para "participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia"; asentándose como un factor importante para la presentación del citado proyecto de decreto, la promoción y realización de acciones en pro del fortalecimiento de la hacienda municipal, así como el impulso al desarrollo agrícola de los municipios.
7. El artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, ordenamiento que regula los procedimientos parlamentarios de esta Cámara, nos indica que "toda comisión deberá presentar dictamen en los negocios de su competencia, dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los haya recibido…"
8. En el caso que nos ocupa y que origina esta proposición, podemos apreciar que del día en que se presentó la iniciativa a la plenaria, 1 de octubre del 2009, al día de la fecha, han transcurrido en exceso los cinco días que menciona el citado artículo 87.
9. Es imprescindible hacer hincapié, en que efectivamente, existe casos de excepción para emitir los dictámenes en ese periodo, entre ellos los que citan los artículos 81 y 91 del mismo Reglamento para el Gobierno Interior, que a la letra dicen:
"Artículo 91. Cuando alguna comisión juzgase necesario o conveniente demorar o suspender el despacho de algún negocio, lo manifestará a la Cámara en sesión secreta y antes de que expire el plazo de cinco días que para presentar dictamen señala a las comisiones el artículo 87 de este reglamento. Pero si alguna comisión, faltando a este requisito, retuviere en su poder un expediente por más de cinco días la secretaría lo hará presente al Presidente de la Cámara, a fin de que acuerde lo conveniente."
11. En ese tenor y con lo hasta aquí reseñado, hago un atento llamado y solicito al diputado Presidente que, en nombre de la Cámara de Diputados, ejerza su facultad de excitativa con la Comisión Ordinaria de Hacienda y Crédito Público, la cual está dispuesta en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior, con base y sustento en las consideraciones que a ésta le anteceden, para que proceda a dictaminar sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33, párrafo primero, inciso a), de la Ley de Coordinación Fiscal.
Excitativa
Único. Se exhorta al Presidente de la Mesa Directiva a fin de que excite, en nombre de la Cámara de Diputados, a la Comisión Ordinaria de Hacienda y Crédito Público, dispuesta en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que proceda a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33, primer párrafo, inciso a) de la Ley de Coordinación Fiscal.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los veinticinco días del mes de marzo de 2010.
Diputado Mario Moreno Arcos (rúbrica)
A LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, Y DE SALUD, A SOLICITUD DEL DIPUTADO
GUMERCINDO CASTELLANOS FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado Gumercindo Castellanos Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracciones III y XVI, 85, segundo párrafo y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados que formule atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El 4 de marzo de 2008, los diputados federales María Gabriela González Martínez, Éctor Jaime Ramírez Barba y Francisco Javier Gudiño Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.
2. El 17 de abril de 2007, el diputado federal Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 74 y 75 de la Ley General de Educación.
3. El 19 de octubre de 2006, el diputado federal Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LX Legislatura, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 33 y 67 de la Ley General de Educación.
4. El 17 de abril 2008, el diputado federal Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LX Legislatura, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 33 y 75 de la Ley General de Educación.
5. El 30 de abril 2008, el diputado federal Pedro Montalvo Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación.
Consideraciones
La primera iniciativa propone el fomento de la educación para la salud en relación con la normatividad que enmarca el funcionamiento de las cooperativas y tiendas escolares, de manera que se regulen los productos que se comercializan en ellas. Entre otros aspectos, incorpora como uno de los fines que debe tener la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, el de "fomentar la educación en materia de nutrición, enfatizando la importancia de que esta sea completa, equilibrada, inocua, suficiente, variada y las ventajas que tiene de practicarla como un estilo de vida que coadyuva el pleno desarrollo del individuo".
La segunda iniciativa propone modificar diversos artículos de la Ley General de Educación con el propósito de fomentar en los educandos una cultura de alimentación saludable. Su propósito es "…buscar que las autoridades educativas y los docentes adquieran conciencia de la importancia de que en las cooperativas escolares se ofrezcan alimentos o productos con altos índices nutricionales y, a su vez, prohibir la venta de los llamados productos ‘chatarra’ que están considerados detonantes de la obesidad."
La tercera iniciativa busca prohibir los alimentos chatarra en las cooperativas escolares, establecer horarios fijos para los periodos de comida y determinar el tiempo disponible para el consumo de alimentos. Además, pretende cambiar la oferta de alimentos energéticos hipercalóricos por vegetales, cereales, agua, frutas, entre otros.
Respecto a la cuarta iniciativa, buscando atender la problemática que provoca la obesidad sobre todo en los niños, se propone establecer cambios a la Ley General de Educación en sus artículos 36 y 75 para promover el derecho a la salud y a la educación.
Por último, la quinta iniciativa adiciona una fracción al artículo 14 de la Ley General de Educación para establecer como materia concurrente de las autoridades educativas federal y local, que se promoverá en todos los establecimientos educativos públicos y privados, el consumo de productos de buena calidad nutricional, tanto en su presentación sólida como líquida, naturales y envasados. Asimismo, propone que mediante la coordinación entre las autoridades educativas y sanitarias, así como con las asociaciones de padres de familia, se impulse el conocimiento y la práctica de buenos hábitos alimenticios, determinando la mejor forma de que los educandos accedan a ellos desde su hogar o en los centros educativos.
Estos proyectos legislativos son muestra de que la problemática que existe alrededor del sobrepeso y obesidad entre los menores estudiantes y la población en general, ya es objeto de acciones legislativas.
Dichas acciones son indispensables, tomando en cuenta que de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la obesidad en niños de cinco a 11 años de edad registró un incremento alarmante de 77 por ciento. Aunado a ello, no se debe soslayar que la escuela en México se convirtió en el principal espacio obesigénico que dio origen a la más fuerte epidemia del país por las proporciones de sobrepeso y obesidad entre los niños y niñas.
Considerandos
Primero. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del martes 4 de marzo de 2008, la Presidencia de la Mesa Directiva, acordó dar trámite de recibo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación presentada por los diputados federales María Gabriela González Martínez, Éctor Jaime Ramírez Barba y Francisco Javier Gudiño Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, y ordenó su turno a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.
Segundo. El 5 de marzo de 2008, las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud, dieron trámite de recibo y acordaron iniciar la discusión de la iniciativa de referencia, incorporando al análisis cuatro iniciativas más, por coincidir con la temática propuesta en materia de educación nutricional y regulación de venta de alimentos y bebidas en los planteles escolares de nivel básico. Las iniciativas incorporadas son las siguientes:
A. Con proyecto de decreto, que reforma los artículos 7, 74 y 75 de la Ley General de Educación, presentada el martes 17 de abril de 2007, por el diputado Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, turnada a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud.
B. Con proyecto de decreto, que reforma los artículos 7, 33 y 67 de la Ley General de Educación, presentada el 19 de octubre de 2006, por el diputado Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LX Legislatura, turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
C. Con proyecto de decreto, que reforma los artículos 33 y 75 de la Ley General de Educación, presentada el jueves 17 de abril 2008, por el diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LX Legislatura, turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Salud.
D. Con proyecto de decreto, que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, presentada el miércoles 30 de abril 2008, por el diputado Pedro Montalvo Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Tercero. No obstante lo anterior, al mes de marzo del 2010, han transcurrido en promedio tres años, y no se ha presentado al pleno de la Cámara el dictamen respectivo, incumpliendo así con lo establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda Comisión deberá presentar su dictamen en los negocios de su competencia, dentro de los cinco días siguientes al de la fecha que los haya recibido.
Señor presidente, por lo expuesto y fundado le solicito de la manera más atenta y respetuosa dé trámite a la siguiente
Excitativa
Único. Se excita a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud de la Cámara de Diputados para que presenten el dictamen respectivo de las 5 iniciativas que se mencionan en la presente excitativa, y que buscan reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación nutricional y regulación de venta de alimentos y bebidas en los planteles escolares de nivel básico.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2010.
Diputado Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO, A SOLICITUD DEL DIPUTADO FRANCISCO AMADEO
ESPINOSA RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El suscrito, diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, se dirige a usted, señor presidente, para que en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que dictamine la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y a la CNBV a resolver el desfalco contra los ahorradores de la caja Coofía, en Puebla, presentada por el suscrito.
En la sesión del 8 de diciembre de 2009 fue presentada a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo de mérito. El presidente de la Mesa Directiva ordenó: "Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público".
Han transcurrido más de los cinco días después de aquel en que se les turnó la multicitada proposición con punto de acuerdo, conforme a lo que se establece en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sin que a la fecha se haya formulado dictamen alguno.
El promovente del punto de acuerdo señala que debe dictaminarse la proposición por las siguientes razones:
II. El problema se ha expandido a otras entidades de ahorro y crédito popular, las cuales también han defraudado a los ahorradores. Es el caso de la caja Sitma, con 5 mil denuncias; Invergroup, con mil 114; y Caja Bienestar Social La Paz, con mil 54.
III. El daño patrimonial de las cajas de ahorro señaladas asciende a mil 724 millones de pesos.
IV. Es preciso que las autoridades hacendarias y financieras establezcan una mesa de negociación para resolver la problemática de los ahorradores defraudados.
Único. Formule excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que dictamine la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y a la CNBV a resolver el desfalco contra los ahorradores de la caja Coofía, en Puebla, presentada por el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos el 8 de diciembre de 2009.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2010.
Diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica)