• Con punto de acuerdo, relativo a la reclasificación de la tarifa eléctrica doméstica en diversos municipios de Coahuila, a cargo del diputado Melchor Sánchez de la Fuente y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, relativo a la reclasificación de la tarifa eléctrica doméstica en diversos municipios de Coahuila, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, relativo a la reclasificación de la tarifa eléctrica doméstica en diversos municipios de Coahuila, a cargo del diputado Héctor Hugo Martínez González y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a enviar a la SHCP diversos cuestionamientos en materia financiera y de administración de recursos, así como a cerciorarse de que se les dé respuesta, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a no intervenir en el proceso electoral de este año en Oaxaca, y a instruir a los titulares de las dependencias federales a fin de que cesen el derroche de recursos públicos para favorecer al candidato de la coalición PAN-PRD-Convergencia, a cargo del diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, para crear un fondo de urgencia en apoyo de los defraudados de la empresa Sitma, a cargo del diputado Óscar Aguilar González, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del IMSS, en su carácter de presidente de la Asamblea General de éste, a incluir el Bortezomib (Velcade) en el cuadro básico institucional de medicamentos, a cargo de la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del PAN

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir mediante la Sectur el Reglamento de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a reactivar mediante la SCT el aeropuerto de Agualeguas, Nuevo León, a cargo del diputado Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo Parlamentario del PAN

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a manifestar su rechazo a las recientes medidas antiinmigrantes propuestas en Estados Unidos de América, y se crea una comisión de diálogo de legisladores, a cargo de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Ssa y de la SEP a vigilar que las políticas y los programas en materia de salud sexual y reproductiva, población, planificación familiar, educación sexual y prevención y de atención de enfermedades de transmisión sexual se apliquen con base en criterios laicos y científicos y en los estándares previstos en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos firmados y ratificados por el Estado mexicano, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a gobernador de Guanajuato y al presidente municipal de San Luis de la Paz a investigar y fincar responsabilidades a los servidores públicos que ordenaron y ejecutaron la agresión contra el pueblo chichimeca el 28 de febrero de 2010 en Misión de Chichimecas; y al Congreso local, a legislar en materia de derechos indígenas, a cargo del diputado Teófilo Manuel García Corpus, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a ministrar de inmediato por la Secretaría de Finanzas y Planeación los recursos federales aprobados para realizar obras de infraestructura hidráulica a diversos municipios de la entidad, a cargo de la diputada Silvia Isabel Monge Villalobos, del Grupo Parlamentario del PAN

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a liberar los recursos complementarios a los gobiernos del estado de México y del Distrito Federal para concluir los puentes vehiculares de las avenidas Pantitlán y Chimalhuacán, a fin de terminar los graves problemas de inseguridad y tráfico que se viven en las zonas afectadas, a cargo del diputado Alejandro del Mazo Maza, del Grupo Parlamentario del PVEM

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a revisar el ejercicio fiscal de 2009 en el ayuntamiento de Puerto Vallarta, al menos respecta al uso de recursos de origen federal, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del PAN

• A las Comisiones de Justicia, y de Reforma Agraria, a solicitud del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Héctor Franco López, Francisco Saracho Navarro, Hugo Héctor Martínez González, Héctor Fernández Aguirre, Miguel Ángel Riquelme Solís, Tereso Medina Ramírez, Noé Garza Flores y Melchor Sánchez de la Fuente, integrantes de la coordinación de la diputación federal por Coahuila, del Grupo Parlamentario del PRI de esta LXI Legislatura, presentan a esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con la participación de las Secretarías de Energía, y de Economía, fijar las tarifas de energía eléctrica a partir de la propuesta que haga la Comisión Federal de Electricidad. En consecuencia, corresponde a tales dependencias y organismo definir una estrategia de largo aliento para promover una reducción real y significativa de las tarifas eléctricas, especialmente las de uso habitacional de clase media.

De acuerdo con información de la Comisión Federal de Electricidad, en nuestro país existen 35 tipos de tarifas, las cuales están clasificadas en dos grandes rubros: tarifas específicas y tarifas generales. Dentro de las tarifas específicas se encuentran aquéllas para servicio doméstico, servicios públicos, agrícolas y temporales, mientras que dentro de las tarifas generales están las tarifas para baja, media y alta tensión, y de servicio de respaldo e interrumpible.

Respecto a las tarifas eléctricas para uso exclusivamente doméstico, actualmente las hay de ocho tipos. La mayor parte de la electricidad se vende bajo la tarifa 1. Las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F fueron creadas para cobrar menores precios en aquellas zonas cálidas del país en las cuales el consumo eléctrico es mayor por el uso de ventiladores o aparatos de aire acondicionado. Cuando el usuario excede el límite de alto consumo definido para su localidad se le aplica la tarifa DAC (doméstica de alto consumo).

Para aplicar esas tarifas, en febrero de 2002, la SHCP emitió el decreto que autorizó el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, así como la reducción del monto del subsidio a las tarifas domesticas, afectando directamente con esto el bolsillo de miles de mexicanos.

Desde entonces, los sectores sociales mayormente afectados de 14 entidades del país han venido demandando la abrogación del mencionado decreto o la reclasificación de tarifas, principalmente en los estados del norte y sur de la república.

Dichas tarifas se aplican en el país de diferente manera, sin que aparezcan razones que motiven tal trato inequitativo porque, si la intensión fue apoyar a los consumidores de estados con clima cálido, Coahuila no fue ni ha sido considerado para ese beneficio aún y cuando, por su ubicación en la parte central del norte de México, su clima es seco y cálido extremoso, sobre todo en las regiones carbonífera, centro, desierto y norte.

Así, el clima en la zona comprendida por los municipios de Monclova, Candela, Sacramento, Abasolo, Escobedo, Progreso y Juárez es muy extremoso, en invierno puede alcanzar temperaturas menores a cero grados centígrados, con pocas pero fuertes heladas y, en verano, con facilidad supera los 40 grados y puede presentar tormentas intensas especialmente eléctricas. En consecuencia, los habitantes de estos municipios se ven en la necesidad de utilizar mayor cantidad de energía eléctrica, por lo que tanto industriales, comerciantes y familias se ven afectados por las tarifas tan altas que tienen que pagar cada bimestre.

Desde el pasado 1 de enero entró en vigor un incremento de 4 por ciento a las tarifas eléctricas. Esto ha ocasionado una demanda generalizada en varios estados, incluido Coahuila, para que se reclasifiquen las tarifas eléctricas para el consumo doméstico con la intención de favorecer a los sectores de menores ingresos.

Es grave la situación que padecen cerca de 440 mil habitantes que habitan estos municipios, quienes enfrentan temperaturas verdaderamente extremas cuando el termómetro alcanza los 40 grados centígrados a lo largo de varias horas del día durante el verano, obligando con ello a utilizar ventiladores o aires acondicionados que generan altos consumos de electricidad porque, de no hacerlo, ponen en peligro su propia vida, especialmente la de los niños y adultos de la tercera edad.

Por otro lado, si comparamos los recibos de facturación de electricidad de distintos años, con el ingreso familiar, el crecimiento del salario frente al crecimiento del costo de facturación, es inequitativo puesto que aquel se ha quedado muy rezagado.

Por tanto, es necesario redefinir los criterios y metodologías utilizados para la fijación de tarifas eléctricas en diversas entidades y localidades de nuestro país; revisar las tarifas considerando las temperaturas de zonas con climas extremosos; modificar las tarifas publicadas en el acuerdo del 7 de febrero de 2002, por estimar que éstas afectan a los sectores sociales con menores ingresos; considerar, entre los criterios para la fijación de tarifas eléctricas, la temperatura ambiental, la humedad relativa, la necesidad de sistemas de ventilación y refrigeración, el alza de tarifas y la zona salarial, así como la situación socioeconómica en cada entidad federativa.

Los habitantes de Monclova, Candela, Sacramento, Abasolo, Escobedo, Progreso y Juárez exigen un trato justo bajo los anteriores criterios que beneficie a los consumidores, especialmente los de los sectores más desprotegidos de la población, que resienten los altos cobros de tarifas eléctricas.

Por todo ello, me permito someter a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que con la participación de las dependencias y entidades públicas que corresponda conforme a las disposiciones legales aplicables y en el ámbito de sus atribuciones y funciones, considere el clima extremoso, la necesidad de sistemas de ventilación y refrigeración, el alza de tarifas y la zona salarial, así como la situación socioeconómica de los habitantes de los municipios de Monclova, Castaños, Candela, Sacramento, Abasolo, Escobedo, Progreso y Juárez, todos ellos de Coahuila, para que se reclasifique en esas municipalidades la tarifa eléctrica doméstica para quedar como sigue:

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintidós días del mes de marzo del año 2010.

Diputados: Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Miguel Ángel Riquelme Solís (rúbrica), Héctor Fernández Aguirre (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Tereso Medina Ramírez, Noé Garza Flores (rúbrica).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA RECLASIFICACIÓN DE LA TARIFA ELÉCTRICA DOMÉSTICA EN DIVERSOS MUNICIPIOS DE COAHUILA, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO SARACHO NAVARRO Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Héctor Franco López, Melchor Sánchez de la Fuente, Hugo Héctor Martínez González, Héctor Fernández Aguirre, Miguel Ángel Riquelme Solís, Tereso Medina Ramírez, Noé Garza Flores y el de la voz, diputado Francisco Saracho Navarro, integrantes de la Coordinación de la diputación federal por el estado de Coahuila, del Grupo Parlamentario del PRI de esta LXI Legislatura, presentamos a esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El uso de la electricidad forma parte de nuestra vida cotidiana; la empleamos directamente en nuestros hogares para iluminar y, utilizar aparatos domésticos; la utilizan también los negocios y las industrias por lo que es indispensable para el desarrollo de nuestro país. Sin la electricidad, la mayor parte de las cosas que usamos y de las que disfrutamos hoy en día no serían posibles, tanto que no podríamos imaginar nuestra vida sin la comodidad que nos da el uso de la electricidad.

El 27 de septiembre de 1960 el Presidente Adolfo López Mateos tomó la decisión de nacionalizar la industria eléctrica por ser un área estratégica para el desarrollo del país. Por ello, el artículo 27 constitucional reconoce el derecho exclusivo del Estado de generar energía eléctrica para el servicio público.

Surge, en consecuencia, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como organismo público descentralizado encargado de generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica para todo el país, por tanto, es la encargada de abastecer el suministro de energía eléctrica.

Este organismo cuenta a lo largo de toda la República Mexicana con 177 centrales generadoras que producen 49,861 megawatts, y una red de transmisión de 48,527 km, la cual año con año ha ido creciendo en una clara preocupación por solventar el abastecimiento de energía, a fin de cubrir el ritmo de crecimiento urbano e industrial que el país presenta.

Corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con la participación de las Secretarías de Energía y de Economía, fijar, ajustar y reestructurar las tarifas eléctricas, a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, con base en las disposiciones del capítulo V de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

En ese marco jurídico, corresponde también a esa dependencia fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o combinación de ambas y redefinir los criterios y metodologías utilizados para la fijación de tarifas eléctricas en diversas entidades y localidades de nuestro país.

Para ese efecto, dicha secretaría está facultada para:

Existen ocho tipos de tarifas eléctricas para uso exclusivamente doméstico, la mayor parte de la electricidad se vende bajo la tarifa 1; las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F fueron creadas para cobrar menores precios en zonas cálidas en las que el consumo eléctrico es mayor por el uso de ventiladores o aparatos de aire acondicionado en los meses de más calor y de calefactores o calentadores en las épocas de más frío, esto es, principalmente en el norte del país en donde la necesidad de energía eléctrica se incrementa durante todo el año.

De acuerdo con el Informe de Resultados de la CFE en 2008, el precio medio de la electricidad (en términos nominales) pagado por los usuarios se incrementó en 116.3 por ciento entre 2001 y 2007. La compañía justifica esos aumentos por los crecimientos extraordinarios de los costos de los combustibles que utiliza para generar la energía como son el combustóleo, gas natural, carbón importado y carbón nacional.

Según información de la CFE, las tarifas eléctricas para uso domestico aumentaron a partir del primero de enero y registrarán un incremento anual acumulado de al menos 4 por ciento.

Los incrementos tarifarios serán mensuales y para su determinación se tomará como referencia la inflación y los precios internacionales de los principales combustibles utilizados para la generación de electricidad.

Estos incrementos han venido golpeando la ya mermada economía familiar.

En el caso concreto de Coahuila, las temperaturas que a lo largo del año presenta varían de forma extrema. Así, en los municipios de Morelos, Allende, Nava, Villa Unión y Zaragoza, la temperatura durante primavera y verano llega hasta los 40 °C y en otoño e invierno registra una baja de 0 °C hasta -5 °C , por lo que, ante ese clima extremoso, los habitantes de esos lugares recurren a aparatos que, en cada estación, les proteja, generando ello, el incremento en el consumo de energía eléctrica y, consecuentemente, mayor desembolso del ya de por sí raquítico presupuesto familiar, por lo que la revisión y reclasificación de las tarifas eléctricas en esas municipalidades es urgente.

Sabemos que una de las causas por las que no se han modificado esas tarifas es la revisión imprecisa y errónea que hace la Comisión Nacional del Agua para determinar las temperaturas porque utiliza equipos viejos y obsoletos, y algunas de sus estaciones medidoras se encuentran localizadas en lugares que no representan la temperatura real de la ciudad, lo que redunda en mediciones que evitan siquiera tomar en consideración la revisión para una probable reclasificación en las tarifas.

No obstante, aplaudimos la reciente reclasificación de las tarifas eléctricas que se realizó recientemente en el municipio de Múzquiz, Coahuila, considerando que también presenta condiciones climáticas similares a las de aquellos otros municipios. Este hecho nos da esperanza de que, a partir de un marco de colaboración y apoyo, las autoridades competentes revisen y reclasifiquen las tarifas de aquellos otros municipios.

Por lo antes expuesto es que, me permito someter a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, con la participación de las dependencias y entidades públicas que corresponda conforme a las disposiciones legales aplicables y en el ámbito de sus atribuciones y funciones, consideren el clima extremoso, la necesidad de sistemas de ventilación, refrigeración y calefacción, el alza de tarifas y la zona salarial, así como la situación socioeconómica de los habitantes de los municipios de Allende, Morelos y Villa Unión , todos del estado de Coahuila para que se reclasifiquen en esas municipalidades las tarifas domésticas para quedar como siguen:

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintidós días del mes de marzo del año 2010.

Diputados: Francisco Saracho Navarro, Rubén I. Moreira Valdez, Hugo H. Martínez González, Melchor Sánchez de la Fuente, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez, Noé Garza Flores (rúbrica).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA RECLASIFICACIÓN DE LA TARIFA ELÉCTRICA DOMÉSTICA EN DIVERSOS MUNICIPIOS DE COAHUILA, A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR HUGO MARTÍNEZ GONZÁLEZ Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Héctor Franco López, Melchor Sánchez de la Fuente, Francisco Saracho Navarro, Héctor Fernández Aguirre, Miguel Ángel Riquelme Solís, Tereso Medina Ramírez, Noé Garza Flores y el de la voz, Hugo Héctor Martínez González, integrantes de la Coordinación de la Diputación Federal por Coahuila, del Grupo Parlamentario del PRI de esta LXI Legislatura, presentamos a esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Aun cuando el titular del Ejecutivo federal desde hace varios meses ha dicho y sostenido que estamos en recuperación de la crisis económica en la que se ha visto inmerso nuestro país, la realidad es que aún no vemos que eso se refleje en los bolsillos del grueso de la población. Por el contrario, se ha afectado reiteradamente la economía familiar por las diversas acciones que el gobierno federal ha implantado como el incremento al precio de los combustibles y, en enero, detonó un aumento generalizado que va desde los energéticos, pasando por bienes y servicios, hasta los alimentos de la canasta básica.

Vemos con tristeza y molestia que los más afectados por esta crisis han sido y son precisamente las personas más desprotegidas y marginadas de nuestra sociedad.

En esta representación, diputados de diversos grupos parlamentarios hemos manifestado nuestra solidaridad y compromiso con todas esas personas que, ante esas situaciones que afectan su economía, demandan apoyo de su gobierno y, en particular, piden se reduzcan, como ya sucede en algunos lugares del país, las tarifas eléctricas domésticas en las ciudades que habitan, por encontrase éstas en lugares de clima cálido que les lleva a utilizar aparatos que les proteja de las altas y bajas temperaturas, generando con ello gastos adicionales a su ya precario salario familiar.

Nuestra bancada consciente de esa situación, ha propuesto implementar tarifas eléctricas de bajo costo en zonas de alta marginación, en las localidades donde se encuentren ubicadas presas hidroeléctricas y en aquellas entidades federativas con temperaturas extremas en que se requiere de un mayor consumo de energía eléctrica para sobrevivir en esas condiciones.

Consideramos que en estos tiempos de crisis es necesario que el gobierno revise y reclasifique dichas tarifas, y elabore un programa de tarifas preferenciales para zonas de atención prioritaria.

En nuestro estado, Coahuila, el clima es realmente extremoso. Vivimos en localidades en donde, dependiendo de la estación, las temperaturas llegan a puntos de congelación o son muy altas al punto de generar insolaciones y otras consecuencias graves en la salud de las personas. Por ello, los coahuilenses nos vemos en la necesidad de utilizar aparatos que nos resguarden de ese clima lo que nos lleva a tener altos consumos de energía eléctrica.

En este contexto, y ante reiteradas peticiones que autoridades locales han realizado, recientemente se logró una reclasificación de la tarifa eléctrica para el municipio de Múzquiz, Coahuila, pasando de la tarifa 1C a la 1 D.

Las condiciones climatológicas de ese municipio son muy similares a las de los municipios Cuatro Ciénegas, Lamadrid, Nadadores, Ocampo, San Buenaventura, San Pedro, Sierra Mojada, Francisco I. Madero y San Juan de Sabinas, sin embargo, en ellos no han sido reclasificadas las tarifas eléctricas por la ausencia de mediciones precisas de la temperatura por parte de las autoridades federales competentes, lo que constituye impedimento para acceder a esa reclasificación.

Por esos motivos, proponemos ahora que se realice la correspondiente reclasificación de tarifas para estos municipios, considerando para ello que éstos presentan condiciones climáticas semejantes a las del municipio de Múzquiz, así lo demuestra la prevalencia, a través del tiempo, de altas y bajas temperaturas, mismas que no han sido constatadas por la Comisión Nacional del Agua porque los aparatos que emplea para ello son obsoletos.

En tal virtud, acudimos a esta soberanía para solicitar el apoyo de todos ustedes para respaldar la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, con la participación de las dependencias y entidades públicas que corresponda conforme a las disposiciones legales aplicables y en el ámbito de sus atribuciones y funciones, consideren el clima extremoso, la necesidad de sistemas de ventilación y refrigeración, el alza de tarifas y la zona salarial, así como la situación socioeconómica de los habitantes de los municipios de Cuatro Ciénegas, Lamadrid, Nadadores, Ocampo, San Buenaventura, San Pedro, Sierra Mojada y Francisco I. Madero, de Coahuila, para que se reclasifiquen en esas municipalidades las tarifas domésticas para quedar como siguen:

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintitrés días del mes de marzo del año 2010.

Diputados: Hugo Héctor Martínez González, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Melchor Sánchez de la Fuente, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez, Noé Garza Flores (rúbricas)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A ENVIAR A LA SHCP DIVERSOS CUESTIONAMIENTOS EN MATERIA FINANCIERA Y DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, ASÍ COMO A CERCIORARSE DE QUE SE LES DÉ RESPUESTA, A CARGO DEL DIPUTADO CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Proposición con punto de acuerdo a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, para que la Cámara de Diputados solicite que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación envíe y vigile que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dé respuesta al pliego de cuestionamientos que adjunto a este punto de acuerdo con fundamento en los artículos 39, 44, 45, numerales 4 y 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 58, 59, 60 80 y 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea este punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. Desde el año pasado he solicitado información a la Secretaría de Hacienda por el concepto de "disponibilidades" entendiendo la necesidad de precisar el concepto previa la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación ahora vigente.

Segunda. En la comparecencia del secretario de Hacienda, ante la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente efectuada el día siete de enero de este año, presenté una serie de cuestionamientos que fueron eludidos en su totalidad por el secretario compareciente.

Tercera. Ante la propia Comisión urgí para que se enviaran los cuestionamientos productos de la comparecencia al Secretario, pidiendo su contestación por escrito para que la propia Comisión Permanente pudiera pronunciarse al respecto.

Cuarta. El secretario con fecha once de febrero dio respuesta a los cuestionamientos presentados enviando el documento al presidente de la Comisión de Hacienda, marcándome copia de su propio documento.

Quinta. Gracias al secretario pude enterarme de las respuestas, ya que ignoro si la Comisión de esta Cámara ha respondido.

Sexta. De la respuesta del secretario ha elaborado un texto que principia por expresar lo saludable que resulta el que aunque sea de manera colateral se reconozca la existencia de las disponibilidades y de acciones que desde luego exigen de una mayor precisión.

Séptima. He decido enviar directamente el oficio al secretario de Hacienda de la copia de su respuesta que me envió y francamente porque estimo que la Comisión de Hacienda de la Cámara no tiene para cuando adentrarse en estos asuntos.

Octava. El contenido de mi planteamiento inicial de la respuesta del secretario , y este oficio final de comentario deben motivar el interés de la Comisión de Vigilancia y de la Auditoría Superior de la Federación para ahondar en los asuntos planteados pues de otra manera este asunto quedaría marginado de la gran discusión económica de este país, en la que seguramente con los montos de todas estas operaciones habría evidencia de la falsedad de las cifras que la propia Secretaría ha estado ofreciendo como sustento de sus peticiones de recursos por la vía impositiva y de la discrecionalidad que practica en el ejercicio del presupuesto.

Novena. Vuelve a decir que las Cuentas Públicas del Gobierno Federal no han podido revelar todos estos temas por la sencilla razón que desde el año 2002 las Cuentas Públicas no se discuten en el Pleno de esta Cámara.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración del pleno el siguiente:

Acuerdo

Uno. Turnar este punto de acuerdo a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para que proceda de inmediato.

Dos. Solicitar que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación envíe y vigile que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de respuesta al pliego de cuestionamientos que adjunto a este punto de acuerdo y que envíe directamente al C. Secretario de Hacienda y Crédito Público en atención a que me remitió copia de sus respuestas originales y la Comisión de Hacienda de esta cámara no ha formulado, trámite alguno con las respuestas de referencia.

Tres. Solicito que la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría que comprenda la indagación en campo de los siguientes temas:

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintitrés días del mes de marzo de 2010.

Diputado César Augusto Santiago Ramírez
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A NO INTERVENIR EN EL PROCESO ELECTORAL DE ESTE AÑO EN OAXACA, Y A INSTRUIR A LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES A FIN DE QUE CESEN EL DERROCHE DE RECURSOS PÚBLICOS PARA FAVORECER AL CANDIDATO DE LA COALICIÓN PAN-PRD-CONVERGENCIA, A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR PABLO RAMÍREZ PUGA LEYVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al presidente de la república a no intervenir en el proceso electoral de este año en el estado de Oaxaca; asimismo, que instruya a los titulares de las dependencias federales para que cesen el derroche de recursos públicos para favorecer al candidato de la coalición PAN-PRD-Convergencia, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En este año se realizarán elecciones en 15 entidades federativas. Se elegirá a 12 nuevos gobernadores que concluirán su mandato en el año 2016, así como la renovación de 14 congresos estatales y la elección de presidentes municipales. En total se disputarán 2 mil 51 cargos de elección.

La conformación actual de esta Cámara de Diputados, decidida por los ciudadanos que sufragaron en la elección federal del año pasado, es una muestra contundente que los mexicanos añoran un país con paz social, sin violencia, con tranquilidad para salir a las calles y que el estado de derecho garantice la aplicación de la justicia. Un país con oportunidades de empleo, con acceso a servicios de salud gratuitos y con menos desigualdad.

El deterioro en la calidad y condiciones de vida de los mexicanos se ha agravado en estos últimos diez años. La inexperiencia, la poca eficacia y determinación para gobernar, y los errores permanentes desde el sexenio pasado que ha tenido el partido de derecha en el gobierno, dan saldos altamente costosos como nunca nos imaginamos los mexicanos.

Un pésimo manejo de la crisis por parte del Ejecutivo federal y cuyos resultados son más negativos que en la ocurrida en 1995; no ha podido contener el creciente desempleo a una tasa superior al 5 por ciento, lo que representa 2 millones y medio de la población económicamente activa, además de 12 millones de personas que trabajan en el sector informal.

Por el contrario, es a través de las dependencias federales donde se echan andar programas asistencialistas que son paliativos que ofenden la dignidad de las personas, utilizados con fines meramente electorales que le preocupan más al presidente de la república.

Actualmente, en Oaxaca hay 42 representaciones del gobierno federal.

En los últimos días, en la entidad ha habido una gran movilización por parte de los delegados de todas las dependencias; promoviendo las acciones, programas y recursos públicos federales que se han destinado a nuestra entidad en actos de proselitismo preelectoral, hecho que deforma las funciones de un delegado.

Desconociendo y violando la Ley de la Administración Pública Federal, estos cargos se han convertido en agencias de colocación del Partido Acción Nacional; los titulares de las delegaciones ingresaron sin sujetarse a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, tampoco han desempeñado cargos de alto nivel decisorio, ni son especialistas en el área. Su única virtud, es ser militantes de este partido y haber tenido cargos de representación popular.

En las actividades públicas que realizan, se manejan con una línea partidista en presencia de Bernardo Altamirano Rodríguez, jefe de la unidad de enlace y desarrollo institucional de la Presidencia de la República, quien funge como supervisor de delegados, además de su principal cargo.

De este modo, son claras las intenciones de querer influir desde Los Pinos en las próximas elecciones del estado, con emisarios de primer orden y cercanos a Calderón. Con lo anterior, el proselitismo e intervención presidencial para el proceso electoral ha comenzado, con la finalidad de favorecer al candidato de la coalición PAN-PRD-Convergencia, Gabino Cué Monteagudo.

Sin embargo, no podemos omitir que el proselitismo de funcionarios quede impune, ya que acudiremos a las instancias legales pertinentes para que sean sancionados y destituidos de sus cargos. Así también, convocamos a los habitantes de nuestro estado para que denuncien estos hechos y dejen de lucrar con su pobreza.

Vigilaremos que la entrega de despensas, de materiales de construcción y, en general, la compra del voto no vulnere la conciencia y el uso de razón de los oaxaqueños.

Del mismo modo que el entonces presidente Vicente Fox puso en riesgo la elección presidencial de 2006, de acuerdo con el proyecto de sentencia del Tribunal Electoral, el presidente de la república pone en riesgo la elección con la presencia de funcionarios-militantes de Acción Nacional.

Estaremos al pendiente para denunciar todos los hechos que enturbien desde hoy hasta el día de la elección, un proceso transparente y democrático.

Desde esta tribuna, hago un llamado respetuoso al Presidente Felipe Calderón para saque las manos del proceso electoral del 4 de julio y no ensucie los comicios, con la presencia de funcionarios y derroche de recursos públicos como se ha caracterizado desde el inicio de su administración. Los oaxaqueños queremos celebrar este día del ciudadano con paz y tranquilidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al presidente de la república a no intervenir en el proceso electoral de este año en el estado de Oaxaca.

Segundo. Asimismo, instruya a los titulares de las dependencias federales para que cesen el derroche de recursos públicos para favorecer al candidato de la coalición PAN-PRD-Convergencia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2010.

Diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CREAR UN FONDO DE URGENCIA EN APOYO DE LOS DEFRAUDADOS DE LA EMPRESA SITMA, A CARGO DEL DIPUTADO ÓSCAR AGUILAR GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado federal Óscar Aguilar González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos pone a consideración del Pleno de Cámara de Diputados del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo de urgente resolución para aprobar la creación de un fondo de emergencia en apoyo a los defraudados de la empresa Sitma, bajo las siguientes

Consideraciones

El funcionamiento de empresas que ofrecen servicios financieros de inversión, con rendimientos mayores a los ofertados por la Banca Mexicana, proliferó en diversos Estados de la República, incluyendo al Estado de Puebla, debido a una falta de supervisión, sin contar con la debida autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, organismo responsable, en términos de la ley que regula dicho órgano desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Se tienen reportes de denuncias de defraudados por Sitma en Puebla, Veracruz, Aguascalientes, estado de México, Tlaxcala, Jalisco, Morelos, Querétaro, Guanajuato, Nuevo León, Baja California y Distrito Federal.

Tan sólo en el estado de Puebla existen al 11 de marzo del año en curso:

Grupo Sitma difundió y ofertó sus operaciones en Puebla, mediante anuncios publicitarios en medios de comunicación masiva como: radio, televisión, prensa escrita y espectaculares.

Es decir era un hecho obvio, público y evidente, y las autoridades no actuaron para prever lo sucedido, fueron responsables por no cumplir con sus obligaciones; recordemos el principio republicano de legalidad, en el cual las autoridades constriñen su actuación a lo estrictamente señalado en la ley. Y la ley es muy clara:

El artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establece que ésta tiene como objeto: supervisar y regular las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público.

Asimismo el artículo 4o. de la citada ley establece dentro de las facultades de la comisión realizar la supervisión de las entidades financieras, así como de las personas físicas y morales, cuando se efectúen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero.

Textualmente las fracciones XIV, XV y XVI del citado numeral, señalan:

Y en virtud de que la respuesta sigue sin llegar, a pesar de los múltiples requerimientos que esta soberanía ha hecho; reitero el compromiso de velar por la reposición del patrimonio de miles de familias de 11 estados de la república que se vieron afectados por la actitud fraudulenta de la precitada empresa, pero también por la alta responsabilidad del gobierno federal, a través de la omisión de sus secretarías y órganos desconcentrados.

Por todo lo expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Crear un fondo de emergencia en apoyo a los defraudados por la empresa denominada Grupo Sitma, para cubrir al 100% el monto de sus depósitos; lo anterior en virtud de las omisiones cometidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Palacio Legislativo, a 23 de marzo de 2010.

Diputados: José Óscar Aguilar González (rúbrica), Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Gerardo Sánchez García (rúbrica), José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Humberto López Portillo Basave (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Malco Ramírez Martínez (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DEL IMSS, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ÉSTE, A INCLUIR EL BORTEZOMIB (VELCADE) EN EL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS, A CARGO DE LA DIPUTADA SILVIA ESTHER PÉREZ CEBALLOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La que suscribe, Silvia Pérez Ceballos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, que se fundamenta en las siguientes

Consideraciones

El mieloma múltiple es una enfermedad hematológica que afecta las células plasmáticas que producen inmunoglobulina. Éstas producen anticuerpos que defienden de infecciones y otras sustancias extrañas (antígenos). Se engloba en los cuadros denominados "gammapatías monoclonales" y es el segundo cáncer hematológico más común. La enfermedad representa aproximadamente 1 por ciento de los cánceres y 10 por ciento de los cánceres hematológicos. El mieloma es incurable actualmente, y el promedio de sobrevida no excede de cuatro años con quimioterapia convencional.

Afecta de manera primordial a adultos mayores, aunque desafortunadamente se presenta frecuencia creciente en gente joven, en edad productiva, a partir de 20 años. Uno de los problemas para detectarlo en una etapa temprana es que sus síntomas no son fácilmente identificables e incluso se llegan a confundir con los de otros males.

La incidencia del mieloma múltiple ha ido aumentando en las décadas pasadas. La base genética para el mieloma familiar se entiende muy poco. Los únicos factores de riesgo definitivos para el mieloma son el avance de la edad, sexo masculino, historia familiar o malignidad linfoide y diagnóstico de gammopatía monoclonal de relevancia indeterminada.

Si no es tratada oportunamente, la enfermedad afecta el desarrollo de células, originando una acumulación anormal de células malignas en la médula ósea y otros tejidos, resultando un cuadro de anemia con su sintomatología acompañante (cansancio, palidez, taquicardia, sofocos, etcétera), bajo conteo de glóbulos blancos y de plaquetas. También se producen intensos dolores óseos y a veces fracturas espontáneas. Como consecuencia de la presencia de una proteína anómala en la sangre, puede derivarse un daño en los riñones que desencadene una insuficiencia renal.

El tratamiento está centrado por tanto en una secuencia de terapias con el propósito de alcanzar respuestas duraderas y el tratamiento de la recaída con cursos subsecuentes de tratamiento. Los objetivos del tratamiento farmacológico han demostrado en diversos ensayos clínicos su amplia eficacia y seguridad como alternativa para obtener una prolongación de vida con altas tasas de respuesta, respuestas de mayor duración y mejores perfiles de seguridad-menor toxicidad.

Actualmente, la incidencia en México es de 4 mil casos nuevos y de 2 mil 800 muertes al año; sólo 25 por ciento sobrevive más de 5 años.

El pronóstico del mieloma múltiple depende del estado en que se encuentra la enfermedad y de la edad del paciente. Antes de utilizarse la quimioterapia, el promedio de supervivencia era de cerca de 7 meses, pero con la introducción de la quimioterapia el pronóstico mejoró significativamente, dándose un promedio de supervivencia de 3 a 5 años y una supervivencia a 10 años de 3 por ciento.

Para atacar en cierta medida esta enfermedad es necesario aprovechar la ventana de oportunidad que se deriva de una detección precoz y un tratamiento oportuno de primera línea mediante una terapia de dosis alta, seguido por trasplante de células madre hematopoyéticas autólogas, pero tal opción de tratamiento está disponible para sólo una minoría de pacientes debido a la edad, estatus de desempeño pobre o comorbilidad severa.

Hay también la terapia de inducción convencional para el trasplante de células madre, vincristina, adriamicina y dexametasona, pero empieza a ser reemplazada por terapias novedosas, incluyendo talidomida, Bortezomib. Por ello resulta fundamental contar con acceso a fármacos modificadores de la enfermedad y terapias biológicas. Gracias al avance de la ciencia médica, hay medicamentos que reducen los síntomas de dolor, a la vez que alteran el proceso de la enfermedad, mejorando significativamente la adherencia del paciente y previniendo la destrucción ósea.

El Bortezomib está aprobado por las principales entidades regulatorias, como FDA, EMEA, Japón y en los principales países de Latinoamérica. Actualmente se comercializa en 87 países. Cuenta con la recomendación de uso en las principales guías de tratamiento para mieloma múltiple a escalas nacional e internacional: guías europeas, guías mexicanas, protocolo de tratamiento en el Hospital 20 de Noviembre, Practice guideliness in oncology, NCCN.

En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios otorgó la licencia sanitaria correspondiente y fue aprobado por el Consejo de Salubridad General para su inclusión en el cuadro básico interinstitucional.

Bortezomib es comercializado en el mercado privado desde 2005 y se encuentra desde 2007 en los cuadros básicos de instituciones públicas de seguridad social, como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos y la Secretaría de la Defensa Nacional, con excepción del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Se considera que hay mil 193 pacientes con mieloma múltiple en el IMSS, 413 son pacientes con recaída o refractarios, por lo que son prioritariamente considerados candidatos para tratamiento con Bortezomib.

Con la evidencia científica disponible, se aprecia que el Bortezomib ha transformado la historia natural del mieloma múltiple: de ser una enfermedad mortal para muchos pacientes, se ha convertido para otros tantos en una enfermedad crónica. Sin Bortezomib y una vez que se declara la condición refractaria, la salud del paciente se deteriora progresivamente durante algunos meses, antes de su muerte. El paciente pierde las posibilidades de llevar una vida digna y socialmente aceptable. Su enfermedad también transforma de modo negativo la vida de sus familiares, considerando los grandes gastos, que acaban con su patrimonio.

A fin de atender la solicitud de pacientes derechohabientes del IMSS, el pasado 1 de marzo se llevó a cabo una reunión en la que, con la participación de legisladores, médicos especialistas del IMSS y del ISSSTE, y pacientes de mieloma múltiple y familiares, se expresó su solicitud a fin de buscar como elemental principio de justicia la posibilidad de disponer de los tratamientos más actualizados, con objeto de ampliar su sobrevida y la calidad de ésta, como sucede con derechohabientes de otras instituciones de seguridad social en el país.

En cuanto al análisis presupuestario, el estudio fármaco-económico demuestra que la compra de Bortezomib es la opción costo-efectiva más recomendable en el tratamiento del mieloma múltiple, en especial para el avanzado y el refractario.

De acuerdo con lo anterior, es recomendable que se incluya en el cuadro básico del IMSS el medicamento Bortezomib, a fin de ofrecer las mismas opciones de tratamiento a que tienen acceso los pacientes de las otras instituciones de seguridad social y procurar un trato equitativo como elemento de justicia al que siempre aspira el sistema de salud del país.

Las acciones que contribuyen a fortalecer la equidad social se distinguen por el consenso que alcanzan entre los grupos parlamentarios. El propósito de presentar este punto de acuerdo se nutre de un legítimo sentido humano que, de igual forma, anima las acciones cotidianas del IMSS.

Por lo expuesto, me permito presentar a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de presidente de la asamblea general de éste, a incluir el medicamento Bortezomib (Velcade) en el cuadro básico institucional de medicamentos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2010.

Diputada Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EXPEDIR MEDIANTE LA SECTUR EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Manuel Joaquín González, presidente de la Comisión de Turismo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Turismo, a expedir el Reglamento de la Ley General de Turismo.

En virtud de las facultades que se me confieren, someto a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. El pasado 17 de Junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Turismo, que le otorga la atribución a la Secretaría de Turismo de facultar y conducir la política en este sector, promover a través de un consejo la actividad turística y coordinar las acciones de fomento en todos los niveles de gobierno.

Segundo. Con fundamento en el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Turismo, se señala que la secretaría deberá emitir el reglamento dentro de los ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el cual incluirá su reestructuración administrativa en los términos de la presente ley.

Contenido de la proposición

En consecuencia de la permanencia de la Secretaría de Turismo dentro de la administración pública centralizada, ésta ha sido dotada del presupuesto correspondiente a su ramo, por lo que goza de facultades y recursos tanto humanos como económicos para lograr su buen funcionamiento.

En este sentido, es indispensable que la autoridad administrativa se apegue al principio de legalidad ya que dentro de la administración pública se debe actuar válidamente en apego al ordenamiento jurídico que la habilite a obrar en ese sentido en sujeción de la administración a la ley.

Dado que todo acto administrativo, como se ha señalado anteriormente, debe cumplir o satisfacer ciertos requisitos basados en el derecho positivo, por lo que todo actuar dentro de la administración pública, en todos los distintos órdenes de gobierno, deben basarse en una disposición normativa general.

A todo esto, y en atención a lo expuesto, es importante considerar la situación a la que fue sujeta la secretaría en meses pasados, ya que en virtud de la iniciativa del Ejecutivo federal de fusionar la Secretaría de Turismo a la Secretaría de Economía, las actividades de ésta quedaron condicionadas del futuro de la dependencia.

En este sentido, es indispensable contar con una regulación que garantice el principio de legalidad, tal cual se señala en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

En esta misma connotación de ideas, la secretaría está sujeta a cumplir con todos los ordenamientos que las leyes que la regulan lo invocan, por lo que es muy importante dotar a este sector de certeza jurídica.

Expuesto y fundamentado lo dicho, es improrrogable que la Secretaría de Turismo tenga a bien emitir el reglamento objeto del presente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, y así mismo éste deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación para que surtan sus efectos correspondientes.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía las siguientes

Consideraciones

El 17 de junio fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Turismo, que faculta a la Secretaría de Turismo a conducir la política en este sector, a promover a través de un consejo la actividad turística y a coordinar las acciones de fomento en todos los niveles de gobierno.

Cabe hacer mención que la Ley General de Turismo, publicada el 17 de junio de 2009, hace mención expresa en el artículo cuarto transitorio lo siguiente:

Dado que la Ley General de Turismo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2009, ya transcurrió el plazo señalado en el artículo transitorio citado.

Por tanto, no sólo se incumple el artículo cuarto transitorio de la ley en comento, sino que, además, se dejan sus disposiciones jurídicas sin la adecuada reglamentación, lo cual resulta en perjuicio de la seguridad jurídica de los gobernados y en la dificultad de la autoridad competente de aplicar sus disposiciones.

De esta forma, resulta apremiante que el titular del Poder Ejecutivo federal, de manera pronta, oportuna y efectiva, haciendo uso de la facultad que le confiere la Constitución, provea en la esfera administrativa a su exacta observancia y las normas jurídicas previstas en la Ley General de Turismo. De tal suerte que lo solicitado en el resolutivo del punto de acuerdo que nos ocupa se encuentra plenamente fundado y motivado, ya que el pasado 13 de diciembre de 2009 se cumplieron los ciento ochenta días naturales citados en dicho artículo transitorio de la Ley General de Turismo.

Por lo fundado y motivado, se presenta el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al secretario de Turismo a dar cabal cumplimiento al artículo cuarto transitorio de la Ley General de Turismo, en cumplimiento de sus facultades y obligaciones.

Palacio Legislativo, a 23 de marzo de 2010.

Diputado Carlos Manuel Joaquín González (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A REACTIVAR MEDIANTE LA SCT EL AEROPUERTO DE AGUALEGUAS, NUEVO LEÓN, A CARGO DEL DIPUTADO BALTAZAR MARTÍNEZ MONTEMAYOR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado federal de la LXI Legislatura, Baltazar Martínez Montemayor, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

México tiene que aprovechar todos los recursos necesarios para consolidar su economía y brindar a los ciudadanos una mejor calidad de vida.

Como consecuencia hay que hacer un análisis profundo sobre las fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas que tenemos, tanto a nivel nacional como a nivel regional.

Por ello, como primer diputado panista de la zona rural de Nuevo León, estoy buscando conseguir que todos los municipios pequeños, pero igualmente importantes de los estados del norte del país, especialmente de Nuevo León, obtengan un mayor crecimiento económico y aprovechen todas las oportunidades con las que se cuentan para buscar un mayor desarrollo y combatir ese rezago social, económico y cultural.

Desde hace ya varios años, me he reunido con presidentes municipales, diputados federales y locales de la región, no haciendo distinción de colores, sino con el único objetivo de conocer sus inquietudes y consejos, además de empaparme de las carencias que padece día a día la gente que vive en la zona rural de mi querido Nuevo León; con el fin de darles una solución concreta a sus problemas.

En estas reuniones hemos establecido como plan de trabajo, varias líneas de acción, entre las que se encuentran el fomento al turismo, el modernizar las carreteras del norte, el comunicar pueblos olvidados, el dotar a los hospitales de una mejor infraestructura, entre otras.

Asimismo hemos analizado que hay distintas oportunidades de desarrollo que se están desaprovechando y que son importantísimas para nuestro estado, nuestra región y nuestra nación; una de ellas es el habilitar el aeropuerto de Agualeguas, Nuevo León.

Este aeropuerto funcionó hace algunos años para la llegada de aviones privados, pero, desafortunadamente, por distintas circunstancias fue cerrado; por lo tanto, ya cuenta con los elementos necesarios para su funcionamiento como son: radares, pista de aterrizaje, torre de control, equipo de comunicación, etcétera.

Esta rehabilitación no sólo ayudará al municipio de Agualeguas, sino que será un detonante regional que ayudará al desarrollo de los municipios cercanos, sobretodo en estos momentos en donde las carreteras del Interpuerto y la de Monterrey-Ciudad Mier, son un hecho por los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente año.

No podemos desaprovechar la infraestructura con la que cuenta este aeropuerto, más aun por la zona estratégica en la que se encuentra ubicado, pues aunque está en la zona rural, a escasos kilómetros se realizan innumerables operaciones económicas por el establecimiento de empresas trasnacionales y además cuenta con una envidiable cercanía con la frontera norte del país.

Todos los actores importantes del estado de Nuevo León están de acuerdo con esta propuesta de reutilizar el aeropuerto; pues con ello se incrementarán las operaciones económicas, se generarán muchos empleos, se enriquecerán los municipios con la llegada de turistas y empresarios, pero además se acortarán distancias entre los lugares.

Es importante mencionar que para la realización de esta obra se destinó una enorme cantidad de recursos federales, por lo que considero como una responsabilidad ante el pueblo de México que este aeropuerto sea reabierto y pueda ser utilizado tanto para vuelos comerciales como para vuelos privados y de carga, reactivando con esto la economía de esta zona y beneficiando a una importante cantidad de familias y empresas que dependerán de este sector.

Es por ello que conociendo los beneficios de esta propuesta y las necesidades de la zona rural de Nuevo León, les solicito a ustedes, compañeros diputados, el apoyo para aprobar el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorte al gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que se reactive el funcionamiento del aeropuerto de Agualeguas.

Palacio Legislativo, a 23 de febrero de 2010.

Diputado Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SRE A MANIFESTAR SU RECHAZO A LAS RECIENTES MEDIDAS ANTIINMIGRANTES PROPUESTAS EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, Y SE CREA UNA COMISIÓN DE DIÁLOGO DE LEGISLADORES, A CARGO DE LA DIPUTADA ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, diputada integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en pleno uso de las facultades que le confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que manifieste su rechazo a las recientes medidas antiinmigrantes propuestas en Estados Unidos, y por el que se aprueba crear una comisión de diálogo de legisladores, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

1. El pasado lunes 1 de febrero, el presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama, envió al Congreso de ese país su propuesta en materia presupuestal, dentro del cual destaca un aumento considerable de fondos para reforzar la vigilancia fronteriza, y con un énfasis eminentemente policial y persecutorio de la inmigración indocumentada.

2. Uno de los componentes presupuestales solicitados es el de ampliar el programa electrónico E-Verify, mecanismo mediante el cual se pretende obligar a las empresas a verificar el estatus migratorio de sus empleados y, en caso de incumplir, pueden hacerse acreedoras a fuertes castigos y multas, lo cual lesionaría y pone en riesgo el trabajo y las condiciones de vida de cientos de miles de mexicanos que residen en Estados Unidos con un status migratorio irregular.

3. El presupuesto de la Casa Blanca prevé la continuidad y recrudecimiento de los programas de identificación y deportación de indocumentados, así como el incremento de los agentes de la Patrulla Fronteriza, además de recursos específicos que se destinarían para dar término a la primera fase de un "muro virtual" que se prospecta en la frontera con nuestro país, por medio de equipos de alta tecnología.

4. Es innegable el derecho soberano de cada nación a tomar sus propias medidas de protección y seguridad. Sin embargo, el acento antiinmigrante del proyecto presupuestal enviado por la Casa Blanca –que aún tendría que ser ratificado por el Congreso estadounidense–, despierta una enorme preocupación y una sentida angustia entre nuestros connacionales que residen en el país vecino, por lo que se hace necesario que la Cámara de Diputados se pronuncie al respecto.

5. La Cámara de Diputados debe alzar la voz para pronunciarse en contra de cualquier situación que afecte a los millones de ciudadanos mexicanos que residen en Estados Unidos, y esta ocasión no puede ser la excepción; lo anterior, en un ambiente de respeto, cordialidad, corresponsabilidad y buena vecindad.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a expresar a su similar del gobierno de Estados Unidos de América un enérgico rechazo y sentida preocupación ante el contenido antiinmigrante y persecutorio del proyecto presupuestal enviado por la Casa Blanca en fechas recientes.

Segundo. La Cámara de Diputados aprueba integrar una comisión de legisladores con la misión de entablar un diálogo respetuoso con congresistas estadounidenses, con la finalidad de intercambiar opiniones acerca de la situación que vive nuestra población indocumentada radicada en aquel país, así como los posibles efectos que podría tener la aprobación del plan presupuestal sobre nuestros paisanos.

Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2010.

Diputada Alejandra Reynoso Sánchez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SSA Y DE LA SEP A VIGILAR QUE LAS POLÍTICAS Y LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, POBLACIÓN, PLANIFICACIÓN FAMILIAR, EDUCACIÓN SEXUAL Y PREVENCIÓN Y DE ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL SE APLIQUEN CON BASE EN CRITERIOS LAICOS Y CIENTÍFICOS Y EN LOS ESTÁNDARES PREVISTOS EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS FIRMADOS Y RATIFICADOS POR EL ESTADO MEXICANO, A CARGO DEL DIPUTADO JAIME ARTURO VÁZQUEZ AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA

Jaime Arturo Vázquez Aguilar, diputado federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La laicidad es requisito esencial para la existencia de un gobierno que posibilite el pluralismo, la democracia y la expresión de la diversidad. Un Estado laico respeta y garantiza derechos como la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, las libertades de creencias y cultos, la libertad de expresión y la libertad de asociación.

La laicidad, según la Coalición por la Salud de las Mujeres, supone la armonización de cuatro principios:

Asuntos relacionados con la salud sexual y reproductiva de las personas, la planificación familiar, la prevención y atención de las enfermedades de trasmisión sexual, la educación sexual dentro de la familia y en las escuelas, entre otros temas; y su relación con determinadas creencias religiosas han derivado en enfrentamientos y conflictos entre las leyes y los dogmas. Ejemplo de ello "es la presencia de funcionarios públicos y funcionarias públicas con posturas conservadoras respecto al uso del condón, la anticoncepción de emergencia, la educación sexual a jóvenes, el ejercicio de la sexualidad, la diversidad sexual, que anteponen creencias personales y religiosas a la responsabilidad de diseñar e instrumentar políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva apegadas a criterios científicos y laicos" (Coalición por la Salud de las Mujeres, 2008, México, DF).

Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza garantizar el derecho que tiene cada persona de adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicar, en forma individual o colectiva, los actos de culto o ritos de su preferencia, es fundamental para la sana convivencia y el desarrollo individual.

Sin embargo, cuando se trata de cuestiones de orden político o jurídico es de suma importancia también que ninguna religión o convicción particular se relacione con las decisiones y acciones del gobierno en la elaboración de normas jurídicas, en el diseño e instrumentación de las políticas públicas relacionadas con la protección de la salud sexual y reproductiva.

"Las manifestaciones de la propia religión y creencias tienen límites que deben estar contenidos en las leyes para no obstaculizar el acceso a este derecho" (Coalición por la Salud de las Mujeres, 2008, México, DF).

En este sentido, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura aprobó en días pasados el dictamen que eleva a rango constitucional la laicidad del Estado mexicano. Ello, según palabras del ex ministro de la Suprema Corte de Justicia y ahora diputado, Juventino Castro y Castro, debido a que en el pasado han existido graves intromisiones de la jerarquía católica en las Cartas Magnas de los Estados. El dictamen aprobado señala que el Estado debe ser garante de los derechos sobre la elección de religión o de convicciones personales.

Acorde con ello, y dado que el carácter laico del Estado mexicano es condición imprescindible para garantizar el acceso a la protección de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud, y de Educación Pública a vigilar que las políticas públicas y programas instrumentados en materia de salud sexual y reproductiva, población, planificación familiar, educación sexual y prevención y de atención de las enfermedades de trasmisión sexual se apliquen con en base en criterios laicos, científicos y acorde con los estándares previstos en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos firmados y ratificados por el Estado mexicano.

Segundo. Se exhorta a las legislaturas locales a poner en marcha mecanismos para asegurar y supervisar los procesos de armonización legislativa necesarios en materia civil y penal, entre los ámbitos federal y local, para proteger el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 23 de marzo de 2010.

Diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A GOBERNADOR DE GUANAJUATO Y AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ A INVESTIGAR Y FINCAR RESPONSABILIDADES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ORDENARON Y EJECUTARON LA AGRESIÓN CONTRA EL PUEBLO CHICHIMECA EL 28 DE FEBRERO DE 2010 EN MISIÓN DE CHICHIMECAS; Y AL CONGRESO LOCAL, A LEGISLAR EN MATERIA DE DERECHOS INDÍGENAS, A CARGO DEL DIPUTADO TEÓFILO MANUEL GARCÍA CORPUS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, Teófilo Manuel García Corpus, diputado federal a la LXI Legislatura, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, conforme a las siguientes

Consideraciones

I. El ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato, emitió convocatoria para que el 28 de febrero de 2010 se realizaran los comicios para la elección de delegados municipales en la comunidad indígena de Misión de Chichimecas.

II. Con anterioridad a la celebración del proceso electoral mencionado, los representantes del pueblo Chichimeca hicieron saber a las autoridades municipales que dicho proceso era violatorio del derecho que les consagra la fracción VII del apartado A, del artículo 2o. constitucional, relativo al ejercicio de su libre determinación, para: "…Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos…" y que, además, los anteriores gobiernos municipales, en acatamiento al mandato Constitucional citado, habían respetado las prácticas culturales de la comunidad para la elección de los delegados municipales.

III. No obstante lo anterior, en la fecha indicada, las autoridades municipales, como a las 9 horas, se presentaron en la comunidad indígena de Misión de Chichimecas a instalar las casillas para que se efectuara la elección.

IV. Esta situación, los indígenas la consideraron, con razón, una violación a sus derechos por lo que impidieron la instalación de las casillas.

V. Como respuesta gubernamental, sin mostrar orden de autoridad competente, se presentaron, primero, efectivos de la policía estatal y, posteriormente, elementos del Ejército Mexicano, quienes allanaron domicilios, golpearon personas, privaron de su libertad a muchas de ellas, maltrataron niños y adultos mayores e intimidaron a los jóvenes.

VI. Estas arbitrariedades, son violatorias tanto de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas a su libre determinación para el ejercicio de su autonomía, consagrados en las fracciones I, III, VII, del apartado A del artículo 2o. constitucional, como de las garantías individuales que a todo mexicano otorga nuestra Carta Magna, no obstante que en el estado de Guanajuato existe vacío legal, toda vez que el Congreso del estado no ha legislado en materia de derechos indígenas como se lo ordena el último párrafo del apartado y artículo citados.

Por lo anterior, someto a consideración del pleno de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo federal del estado de Guanajuato, y del municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, a que investiguen y finquen responsabilidades a los servidores públicos que ordenaron y ejecutaron la infundada e injustificada agresión en contra del pueblo Chichimeca el pasado 28 de febrero de 2010, en la comunidad Misión de Chichimecas.

Segundo. Se exhorta al Poder Legislativo del estado de Guanajuato para que atienda el mandato del último párrafo del apartado A del artículo 2o. constitucional, que a la letra dice "Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad…"

Palacio legislativo de san Lázaro, a 23 de marzo de 2010.

Diputado Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE VERACRUZ A MINISTRAR DE INMEDIATO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN LOS RECURSOS FEDERALES APROBADOS PARA REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA A DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD, A CARGO DE LA DIPUTADA SILVIA ISABEL MONGE VILLALOBOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Silvia I. Monge Villalobos, por mi propio derecho, en mi calidad de diputada de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, de Secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente propuesta con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En apoyo al Plan Nacional Hídrico 2007-2012, y en respuesta a las múltiples necesidades emanadas de los diferentes estados que integran la federación así como de la misma Conagua; durante la conformación del Presupuesto de Egresos 2009 para el estado de Veracruz, los diputados de esta H. Cámara e integrantes de la LX Legislatura, aprobaron recursos importantes para el Programa de Infraestructura Hidroagrícola, y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

Si bien es cierto que estos recursos federales tuvieron que haberse ejercido en su totalidad durante el año 2009, quiero informarles que por lo menos el gobierno del estado de Veracruz no lo hizo así.

Tales afirmaciones no son producto de un infundio, hablo con fundamento en una realidad verificable a través de las mismas documentales que pongo a consideración de esta Legislatura; de acuerdo con el oficio número BOO.00.R10.-266/2009 remitido por la Conagua a la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del estado de Veracruz, al 9 de diciembre de 2009 se le habían depositado a dicha dependencia 50.9 millones de pesos y que por ley, se tuvieron que haber distribuido entre los diversos municipios¹ firmantes del convenio de participación 2009 para recibir tales subsidios. Sin embargo esto no sucedió.

El gobierno del estado ha hecho caso omiso a las reglas de operación de los programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), particularmente al artículo 12.1, inciso b), segundo párrafo, el cual menciona que "las entidades federativas harán entrega a los municipios del monto total de los subsidios del programa, incluyendo sus rendimientos financieros, a más tardar dentro de los 5 días hábiles posteriores a que éstas reciban los recursos de la Federación".

A la fecha, según declaraciones de varios de estos ayuntamientos, los recursos no han sido radicados a los municipios sin que se les dé más explicación que un "vuelva a llamar la siguiente semana" mientras que los compromisos que a su vez los municipios han contraído con proveedores y contratistas se encuentran vigentes y son impostergables. Esta situación, los ha ubicado en serias complicaciones financieras pues no se cuenta con la capacidad en términos de recursos para poder llevar a buen puerto los compromisos contraídos durante el 2009 atentando contra la honorabilidad y el prestigio de buenas administraciones municipales que se encuentran en riesgo de ser demandadas por un incumplimiento de pago que no es imputable sino al gobierno del estado pues la contraparte municipal ha sido responsablemente ejercida desde el año anterior.

Las preguntas entonces son:

¿Si estos municipios no han recibido la totalidad de los recursos que les corresponden, dónde ha quedado ese dinero?

¿Qué ha pasado con los rendimientos financieros?

¿Harán entrega de éstos a los municipios o se los quedará el gobernador Fidel Herrera para apoyar las próximas campañas electores de sus candidatos y seguir realizando proselitismo político con recursos del erario público federal?

No olvidemos compañeros legisladores y legisladoras, gobernador, que el recurso destinado para los programas de Infraestructura Hidráulica, es justamente un recurso federal, que necesitan nuestros ayuntamientos para continuar avanzando en su desarrollo y trabajar en beneficio de su población, máxime que al llegar a ser gobierno, se debe regir olvidando los tintes partidistas, lo cual parece ha olvidado el gobierno del estado de Veracruz.

Si Veracruz carece de un gobierno con responsabilidad social y desarrollo económico regional, es importante entonces que intervengamos para evitar el mal uso y ejercicio de los recursos de este programa y no decir, como lo ha declarado el diputado Salvador Manzur, "que el gobierno federal se niega a transferir los recursos a Veracruz por móviles electorales, que el gobierno federal retrasa la entrega de recursos por una actitud electoral...". Incongruentes estas declaraciones del diputado veracruzano del Partido Revolucionario Institucional al acusar al gobierno federal, porque son ellos quienes ante lo expuesto incumplen y sólo por mencionar una mínima parte de lo que acontece en el estado de Veracruz.

Recordemos que el reciente Informe sobre la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008 presentado por la Auditoría Superior de la Federación a esta Cámara, arrojó a Veracruz como la tercera entidad que más subejerce el dinero en materia de infraestructura carretera.

No permitamos caer en el error de que en la Cuenta Pública 2009, se informe de que existe subejercicio en el tema de la infraestructura hidráulica tan necesaria en la actualidad.

Desde este pleno, solicito que el gobierno del estado de Veracruz se apegue a la norma vigente y haga válida la distribución del recurso federal que a cada uno de los ayuntamientos seleccionados, les corresponde por derecho.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de la H. Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Único. Para exhortar al gobierno del estado de Veracruz para que por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), ministre de inmediato la totalidad de los recursos federales aprobados para la realización de obras de infraestructura hidráulica que les corresponden a diversos municipios de la entidad, tal y como consta en el oficio número BOO.00.R10.-266/2009, mismo que anexo al presente.

Nota:
1. Los municipios son: Huiloapan, Ixhuatlán del Sureste, Las Choapas, Mariano Escobedo y Ozuluama.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2010.

Silvia Isabel Monge Villalobos (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP A LIBERAR LOS RECURSOS COMPLEMENTARIOS A LOS GOBIERNOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA CONCLUIR LOS PUENTES VEHICULARES DE LAS AVENIDAS PANTITLÁN Y CHIMALHUACÁN, A FIN DE TERMINAR LOS GRAVES PROBLEMAS DE INSEGURIDAD Y TRÁFICO QUE SE VIVEN EN LAS ZONAS AFECTADAS, A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO DEL MAZO MAZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

El suscrito, Alejandro del Mazo Maza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de esta soberanía punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

En enero de 2008, con recursos del Fondo Metropolitano, se iniciaron los trabajos de construcción de dos puentes vehiculares en los límites de Nezahualcóyotl y el Distrito Federal, a fin de agilizar el acceso a cerca de 1 millón de personas que viven principalmente en ese municipio y en Chimalhuacán, en el oriente del valle de México, hacia la terminal del Metro Pantitlán.

Los puentes están en la avenida Pantitlán esquina con Calle Siete. El presupuestado asciende a 317 millones 500 mil pesos; a diciembre de 2009 se habían asignado poco menos de 200 millones para la primera etapa.

El segundo se encuentra en avenida Chimalhuacán esquina con Calle Siete, con un costo total de 289 millones 860 mil pesos, asignándose en este caso 124 millones de pesos.

La terminación de las obras estaba programada para finales de 2009. Sin embargo, por falta de recursos se ha reprogramado la terminación para agosto del año en curso.

Como es de suponerse, toda obra de esta naturaleza causa malestar a los habitantes de las colonias donde se encuentra y a las personas que tienen la necesidad de pasar por el lugar. Así, habitantes de algunas colonias de Nezahualcóyotl, como Estado de México, El Porvenir, Maravillas o Las Palmas, así como Pantitlán, en Iztacalco, han sido las más afectadas, pues el tránsito en las horas pico, de 6 a 10 de la mañana y de las 5 de la tarde a las 9 de la noche, es verdaderamente caótico: llegan a tardar entre 45 minutos y 1 hora para cruzar la Calle Siete con las avenidas Pantitlán y Chimalhuacán.

Adicionalmente, el tránsito vehicular que se genera en esos horarios causa también que cientos de personas bajen del transporte público y caminen en el arroyo vehicular por más de un kilómetro hacia la estación del Metro Pantitlán por las mañanas y hacia Nezahualcóyotl por la noche, con el riesgo de ser atropellados. Por la misma causa del tráfico se han registrado robos a conductores debido al largo tiempo que deben permanecer detenidos los vehículos, así como calles aledañas saturadas de tránsito y en ocasiones accidentes provocados por la desesperación de quienes se ven en la necesidad de utilizar estas vialidades que, con la calzada Ignacio Zaragoza y la avenida Bordo de Xochiaca, son las únicas vías de acceso a la zona oriente del estado de México.

Todo ello, como resultado de la lentitud con que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha entregado los recursos para su terminación, ya que sólo se realizó un pequeño adelanto y actualmente no se han entregado al gobierno del estado de México, que construye el puente sobre la avenida Pantitlán, y al del Distrito Federal, a cargo del puente sobre la avenida Chimalhuacán, la cantidad restante para su conclusión, lo que ha derivado en la problemática mencionada.

Por ello someto a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico a liberar los recursos complementarios a los gobiernos del estado de México y del Distrito Federal para la terminación de los puentes vehiculares de las avenidas Pantitlán y Chimalhuacán para su conclusión y terminar con los graves problemas de inseguridad y tráfico que se viven en las zonas afectadas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 23 de marzo de 2010.

Diputado Alejandro del Mazo Maza (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA ASF A REVISAR EL EJERCICIO FISCAL DE 2009 EN EL AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, AL MENOS RESPECTA AL USO DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN JOSÉ CUEVAS GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado Juan José Cuevas García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a la Auditoría Superior de Jalisco, al Congreso de Jalisco y a las autoridades locales del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para que auditen, investiguen y, en su caso, actúen en contra de quienes resulten responsables del endeudamiento del ayuntamiento de Puerto Vallarta 2006-2009, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El municipio es la base política y social del Estado mexicano, goza de autonomía, pero es sujeto a la revisión de sus cuentas.

En el país existen diversas leyes y lineamientos que le atribuyen a los ciudadanos la posibilidad de acceder a la información que generan las entidades de gobierno. En esta soberanía, mucho hemos discutido sobre la necesidad de transparentar el ejercicio del gasto público.

Los ciudadanos no confían en sus autoridades, y no recuperaremos esa confianza en tanto que no logremos que los responsables de los malos manejos de los recursos sean debidamente procesados.

Todas las bancadas se han pronunciado en uno y otro momento por la transparencia y la honestidad en el uso del erario público; hoy tenemos una oportunidad para demostrar que somos congruentes.

El pasado 31 de enero de 2010, la autoridad municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, en reunión de trabajo dio a conocer que en la pasada administración municipal acumuló deudas que, a ese momento, superaban los 710 millones de pesos, sin tener todavía finalizado el proceso de entrega y recepción de la administración municipal. El hecho es grave en sí mismo debido a que al inicio de su gestión recibió las arcas municipales con números positivos, sin deudas contraídas y con recursos disponibles para hacer frente a los pasivos normales a proveedores.

De esta deuda, 450 millones de pesos corresponden a un crédito contratado con Bancomer. El contrato firmado con esa institución crediticia carece de la firma del síndico del ayuntamiento, lo que contraviene a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública de Jalisco. Adicionalmente, y de acuerdo con la actual autoridad municipal, parte de ese crédito, contratado para la dotación de infraestructura urbana, fue utilizado por el anterior gobierno municipal para financiar parte del gasto corriente del municipio.

Cabe mencionar que en las cláusulas del contrato se estipula que el pago de la deuda está garantizado con las participaciones federales.

Otra parte de la deuda es la correspondiente a pensiones de Jalisco. Esta entidad es la que, como su nombre lo indica, administra los recursos que los empleados de Jalisco y sus municipios aportan mensualmente. Al 31 de diciembre de 2009, la actual autoridad municipal había calculado el adeudo en 64 millones de pesos. Resulta que este adeudo es en gran parte dinero que a los trabajadores se les retuvo oportunamente de sus pagos quincenales, por lo que resulta inexplicable que estos recursos se hayan distraído de su destino.

Una parte más de la deuda está compuesta por 113 millones de pesos que se adeudan a proveedores. Muchos de ellos se han acercado a la autoridad municipal actual para conocer el estado de sus pagos vencidos; sin embargo, un universo no revelado se ha mantenido al margen, por lo que se presume que se trata o de empresas fantasmas o de servicios no prestados o en su defecto de proveedores que pudieran haber inflado sus precios.

En detrimento de la credibilidad y confianza del ayuntamiento de Puerto Vallarta, la empresa calificadora Standard & Poor’s, el 18 de septiembre de 2009, bajó su calificación de riesgo crediticio en escala nacional a ‘mxA’ de ‘mxA+’ del municipio de Puerto Vallarta, y cambió su perspectiva, al pasarla de "estable" a "negativa".

Según Standard & Poor’s, la perspectiva negativa refleja un entorno económico desfavorable, la estructura presupuestal de Puerto Vallarta podría continuar debilitándose, lo que resultaría en menores recursos disponibles para gasto de inversión. Asimismo, la perspectiva incorpora el riesgo de un debilitamiento en la posición de liquidez y un posible aumento en sus niveles de endeudamiento.

El análisis de la empresa calificadora no ha sido erróneo. En días recientes el actual presidente municipal de Puerto Vallarta ha anunciado que intentará contraer un nuevo empréstito del orden de los 120 millones de pesos para pagar el adeudo a proveedores. La solución no puede ser abrir un hoyo para tapar otro hoyo.

Por lo expuesto, y a efecto de disipar las dudas existentes en el manejo de los recursos en el municipio de Puerto Vallarta, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se hace un atento exhorto a la Auditoría Superior de la Federación a que en ejercicio de sus facultades, y de acuerdo a sus atribuciones, realice una auditoría al ejercicio fiscal 2009 del ayuntamiento de Puerto Vallarta, al menos en lo que respecta al uso de recursos de origen federal.

Segundo. Se hace un exhorto al Congreso de Jalisco para que instruya a la Auditoría Superior de Jalisco a que realice urgentemente una auditoría a fondo de la hacienda pública municipal de Puerto Vallarta, independientemente de la revisión rutinaria de las cuentas públicas 2008-2009.

Tercero. Se exhorta a las autoridades locales de Puerto Vallarta para que, en pleno ejercicio de sus facultades, inicien los procesos judiciales correspondientes en contra de quienes resulten responsables por la posible comisión de delitos en el uso y abuso de los recursos públicos del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2010.

Diputado Juan José Cuevas García (rúbrica)
 
 

El que suscribe Justino Eugenio Arriaga Rojas, diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de esta Cámara de Diputados se sirva excitar a las Comisiones de Justicia y Reforma Agraria, proceda al análisis, discusión y dictamen del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio de amparo agrario y adiciona el artículo 23 a la Ley Agraria.

Consideraciones

El juicio de amparo ha sido, y es, una de las principales instituciones de defensa judicial de los derechos en México, y tal papel, resulta doblemente protector en lo que se refiere a la defensa de los derechos agrarios, ya que flexibiliza las reglas del juicio de amparo en materia agraria, con el objeto de salvaguardar los derechos de una clase agraviada históricamente y que en la actualidad persiste un atraso o rezago, que sigue justificando la existencia del juicio de amparo agrario.

El actual juicio de amparo tiene origen dentro de un marco tutelar, que sumado a la experiencia de casi 17 años de vigencia de la legislación agraria de 1992, lo hace pasivo y que difícilmente se llegue a tener certeza jurídica de la propiedad agraria de una manera expedita.

Por lo anterior, con fecha 10 de diciembre del 2009 fue presentado ante esta soberanía el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio de amparo agrario y adiciona el artículo 23 a la Ley Agraria, misma que tiene por objeto modificar el plazo en que la demanda de amparo en materia agraria podrá interponerse cuando se trate de núcleos de población ejidales o comunales de "cualquier tiempo" hasta en el plazo de ocho meses contado a partir del momento en que se notifique el acto reclamado, así como para la interposición de la queja respecto del cumplimiento de la sentencia de "cualquier tiempo" hasta en el plazo de un año contado a partir de la fecha de que se declare cumplida y establecer el plazo de un año para que opere la caducidad por inactividad procesal. Así como, aumentar el plazo para interponer la demanda de amparo de 30 a 45 días cuando se trate de derechos individuales ejidatarios o comuneros y establecer una regla de subsidiaridad para que los posibles sucesores puedan interponer la demanda ante la ausencia del titular.

En síntesis, la pretensión de un servidor es actualizar el marco normativo del juicio de amparo agrario, tomando en consideración, el cambio de circunstancias históricas en el sector, donde quede claro un justo medio entre el sistema tutelar y garantista del juicio de amparo frente a la situación actual.

Por lo antes expuesto a usted, señor Presidente de la Cámara de Diputados en turno, atentamente pido:

Único. Tenga por presentada esta excitativa, se sirva excitar y exhortar a los presidentes de las Comisiones de Justicia y de la Reforma Agraria para que presente su dictamen respecto del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio de amparo agrario y adiciona el artículo 23 a la Ley Agraria, presentado por un servidor con fecha 10 de diciembre del año próximo pasado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 23 de marzo del 2010.

Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica)