Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura fue turnada, para estudio, análisis y dictamen, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 44, 45 y 47 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
Esta comisión, con fundamento en los artículos 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 57, 85, 87, 88, 90 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes
Antecedentes
1. Con fecha diez de diciembre de dos mil nueve, la diputada Cora Pinedo Alonso, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 44, 45 y 47 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que la iniciativa fuera turnada a esta Comisión de Gobernación para estudio y dictamen.
3. El once de enero de dos mil diez se remitió a esta comisión la fe de erratas a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 44, 45 y 47 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas, presentada por la diputada Cora Pinedo Alonso.
4. Con fecha cuatro de marzo de dos mil diez, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.
Contenido de la iniciativa
En la exposición de motivos de la iniciativa presentada, la proponente sostiene lo siguiente:
2. Es imperativo establecer como prioridad nacional el apoyo a la investigación científica, tecnológica y de innovación, siendo indispensable el reconocimiento público del Estado al campo de la innovación entendida, genéricamente, como un factor y elemento de cambio que permitirá al país formar parte de los sectores dinámicos de la economía mundial y con ello generar los empleos de mayor valor añadido que requiere la población económicamente activa, sin dejar de lado que la innovación se encuentra estrechamente relacionada con la imaginación, la creatividad, las ideas, las experiencias prácticas y teóricas, los centros de investigación, de desarrollo, de negocios, de transformación gerencial y organizacional, entre otras.
3. La innovación no comprende solamente tecnología: es un proceso amplio e intensivo en conocimiento de organización interna, recursos técnicos, económicos, humanos y del mercado. En consecuencia, uno de los problemas centrales que presenta este campo es el de un concepto que admite diversos significados con alcances distintos en función de los agentes que intervienen, es decir, mientras que para los empresarios dedicados a elaborar productos, la innovación es la mejora en un proceso de producción, en el producto o en sus procedimientos de comercialización, para un administrador la innovación está relacionada con la implantación de procesos más eficientes y para un científico es el diseño de nuevos materiales derivados de la aplicación de conocimientos de la ciencia básica.
4. Por otro lado, señala que el 1 de diciembre de 2009, al concluir la 19 Cumbre de la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, el secretario general Enrique V. Iglesias convocó a los países integrantes de la cumbre a crear una cultura de la innovación, como elemento indispensable para avanzar decididamente en el camino del crecimiento y del desarrollo sostenido.
5. Finalmente señala que la ley vigente en materia de premios, estímulos y recompensas civiles no estimula de forma cabal la imaginación, la inventiva y la creatividad de los mexicanos. Tampoco destaca el mérito ni auspicia la emulación en el campo de la innovación.
6. En este sentido, propone reformar el artículo 44 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles para incluir el sustantivo "innovación" en el Premio Nacional de Ciencias y Artes, en la categoría señalada en la fracción V, para llamarse "De tecnología, innovación y diseño".
7. Por otro lado, propone reforma el artículo 45, a fin de considerar en la premiación a quienes por sus producciones o trabajos docentes, de investigación o de divulgación hayan contribuido a enriquecer el acervo cultural del país, el progreso de la ciencia del arte o de la filosofía y de la tecnología e innovación.
8. En cuanto al numerario del premio, propone reformar el artículo 47 de la ley en comento a fin de modificar la entrega de 100 mil pesos a mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de acuerdo con el índice de precios al consumidor, así como en el caso de concurrencia de 50 mil pesos a 500 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
Consideraciones
1. La Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1975, tiene por objeto determinar las normas que regulan el reconocimiento que hace el Estado a las personas que merezcan los premios, estímulos o recompensas que en ella misma se establecen.
2. Los premios que se otorgan obedecen al reconocimiento público de una trayectoria vital ejemplar o bien a determinados actos u obras valiosas o relevantes, realizadas en beneficio de la humanidad, del país o de cualquier persona.
3. El artículo 6 del ordenamiento señalado establece los premios nacionales que serán entregados por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, determinando en la fracción III la existencia del Premio Nacional de Ciencias y Artes:
I. a II. …
III. De Ciencias y Artes;
III Bis a XVII. …
5. De conformidad con el artículo 44 de la citada Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, el Premio Nacional de Ciencias y Artes se otorga en las siguientes categorías:
II. Bellas Artes;
III. Historia, Ciencias Sociales y Filosofía;
IV. Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales;
V. Tecnología y Diseño; y
VI. Artes y Tradiciones Populares.
7. Los galardones del Premio Nacional de Ciencias y Artes consisten en venera y mención honorífica y una entrega en numerario de 100 mil pesos; sin embargo, en el caso de que concurran hasta tres personas para el premio del mismo campo, la entrega en numerario será de 50 mil pesos para cada concurrente. Si hay más de tres concurrentes, los excedentes de este número serán premiados hasta el siguiente año.
8. El objeto de la iniciativa materia del presente dictamen es reformar la Ley de Premios Estímulos y Recompensas Civiles para dar a la innovación un reconocimiento público a través del Premio Nacional de Ciencias y Artes.
9. El artículo 4 de la Ley de Ciencia y Tecnología, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2002, establece el concepto de innovación de la siguiente forma:
Para los efectos de esta ley se entenderá por
…
IX. Innovación, generar un nuevo producto, diseño, proceso, servicio, método u organización o añadir valor a los existentes;
11. El eje 2, "Economía competitiva y generadora de empleos, estrategia 5.5", del mencionado Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, señala la necesidad de establecer políticas de Estado a corto, mediano y largo plazos que permitan fortalecer la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación, buscando generar condiciones para un desarrollo constante y una mejora en las condiciones de vida de los mexicanos.
12. En concordancia con lo anterior, el 16 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012, que tiene su fundamento en el artículo 20 y demás relativos de la Ley de Ciencia y Tecnología. Dicho programa propone el fortalecimiento de la apropiación social del conocimiento y la innovación y el reconocimiento público de su carácter estratégico para el desarrollo integral del país, así como la articulación efectiva de todos los agentes involucrados para alcanzar ese fin.
13. El mencionado programa sostiene que en México existen esfuerzos del sector privado para incrementar sus capacidades en la generación de innovación buscando mejorar su competitividad. Estos esfuerzos se han concentrado en algunas empresas y ramas industriales y no se han generalizado, constituyendo uno de los eslabones más débiles de la cadena de articulación del sistema, debido a la baja capacidad de absorción tecnológica en la mayor parte de pequeñas y medianas empresas, así como a una pobre cultura de innovación, reflejada en la tendencia a privilegiar la compra de tecnologías, además de una visión a corto plazo que impide conceptualizar la importancia estratégica de generar tecnología propia, incluso para propósitos de asimilación.
14. Esta comisión considera importante el Premio Nacional de Ciencias y Artes por ser un aliciente en la sociedad mexicana, teniendo como efecto la promoción del desarrollo cultural, científico y tecnológico del país estimulando la producción de creaciones artísticas y científicas de calidad que contribuyen al progreso, la cultura, la ciencia, el arte y la filosofía. En consecuencia, la promoción y fomento de las diferentes ramas que se incluyen en las categorías del Premio Nacional de Ciencias y Artes tiene como consecuencia un beneficio de carácter personal, social y económico que mejora el nivel de vida de los mexicanos.
15. Dados los argumentos esgrimidos con anterioridad, se considera procedente dicha reforma al artículo 44 para incluir el sustantivo "innovación", al sostener que la promoción de ésta constituye un eje fundamental en el desarrollo del país y de los mexicanos.
16. Asimismo se considera viable la reforma del artículo 45 para considerar en el otorgamiento del premio a quienes por sus producciones, trabajos docentes, de investigación o de divulgación, hayan contribuido a enriquecer el acervo cultural del país, el progreso de la ciencia, del arte o de la filosofía, por lo que se incluye la tecnología e innovación.
17. Por otro lado, y de acuerdo a la fe de erratas remitida por la Mesa Directiva a la que se ha hecho mención en el capítulo de antecedentes, la iniciativa en estudio propone modificar el monto del numerario del Premio Nacional de Ciencias y Artes para otorgar 10 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, que se actualizaría de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor y, en el caso de que concurran hasta tres personas para el premio del mismo campo, la entrega en numerario sería de 5 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal para cada concurrente.
18. En este sentido, se considera loable el espíritu que anima a incrementar el numerario del premio; sin embargo, es necesario hacer énfasis que la idea fundamental de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles es fortalecer los vínculos de solidaridad entre los mexicanos y los valores cívicos, culturales y axiológicos que la nación tiene proclamados como propios y que ésta cultiva e impulsa, de tal forma que al Estado se atribuye la función de premiar una conducta noble, estimulante y positiva. (Dictamen de las Comisiones Unidas Segunda de Gobernación y Quinta Sección de Estudios Legislativos del Senado de la República, con proyecto de decreto que expide la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Octubre 21 de 1975.)
19. A mayor abundamiento, el artículo 8 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles establece como regla general que los premios puedan ser entregados con un estímulo en numerario que será determinado por los consejos de premiación respectivos; sin embargo, esto es considerado accesorio al objetivo del premio que se otorgue.
20. No obstante lo anterior, y como una excepción a la regla general, el Premio Nacional de Ciencias y Artes considera un estímulo específico en numerario, mismo que esta comisión considera suficiente al tener en cuenta la actual emergencia económica que atraviesa el país, por lo que no se considera viable la reforma al artículo 47 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación someten a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículos 44 y 45 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles
Artículo Único. Se reforman los artículos 44, fracción V, y 45 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles para quedar como sigue:
Artículo 44. …
V. Tecnología, Innovación y Diseño;
VI. …
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 4 de marzo de 2010.
La Comisión de Gobernación
Diputados: Javier Corral Jurado
(rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente
(rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica),
Ilich Lozano Herrera (rúbrica), Lorena Corona Valdés, Juan
Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica),
Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño
(rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Luis Carlos
Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex, secretarios;
Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Agustín Carlos Castilla
Marroquín (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron (rúbrica),
Sami David David, Alejandro Encinas Rodríguez, Nancy González
Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Jorge
Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe, Miguel Ángel Luna Munguía,
José Ricardo López Pescador, Andrés Massieu Fernández
(rúbrica), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Nazario Norberto
Sánchez, Beatriz Paredes Rangel, Julio Saldaña Morán,
César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), Arturo Zamora
Jiménez (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LAS FRACCIONES
IV Y V DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Honorable Asamblea:
La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica; y 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los miembros de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:
I. Antecedentes
Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado turnó la iniciativa para estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Tercero. El 13 de octubre de 2009, después de estudiar y analizar la iniciativa en comento, las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, Segunda, sometieron a consideración del pleno del Senado de la República el dictamen correspondiente, que se aprobó con 85 votos.
Cuarto. El 3 de diciembre de 2009, para los efectos constitucionales fue enviado por la Mesa Directiva del Senado de la República el expediente que contiene la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV y V del artículo 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología.
Quinto. En sesión celebrada con fecha 8 de diciembre de 2009, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dio cuenta del oficio de la Cámara de Senadores con el que remitió el expediente con la minuta proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV y V del artículo 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología.
Sexto. Con esa fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Ciencia y Tecnología el expediente para la elaboración del dictamen correspondiente y sus efectos constitucionales.
La propuesta de la colegisladora señala lo siguiente:
B. Se propone mejorar la operación y organización de los comités de trabajo del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, los cuales deberán estar integrados por especialistas en los diversos temas de la ciencia y tecnología.
Segunda. Mediante la inclusión de representantes de la Coparmex y de la Canacintra en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico se contribuirá al establecimiento de condiciones para la prosperidad de todos los mexicanos que propicien una creciente cohesión social, a la vez que propiciaría que las empresas se desarrollen, multipliquen y cumplan su función creadora de empleo y de riqueza con responsabilidad social. Asimismo, se promovería aún más el desarrollo del capital humano, de las instituciones, de la infraestructura, de la ciencia y tecnología de manera coordinada, lo que redundaría en mejores políticas públicas, a la vez de fortalecer las acciones tendentes al desarrollo y adopción de nuevas tecnologías en los sectores público y privado como los pilares determinantes del nivel de productividad y el potencial de crecimiento.
Tercera. A través de las propuestas y opiniones de la Coparmex y de la Canacintra en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico de las políticas y los programas sectoriales de apoyo de la investigación científica y desarrollo tecnológico se detectarían áreas de oportunidad para la implantación de acciones prioritarias para el crecimiento armónico y sustentable en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico, formación de investigadores, difusión del conocimiento científico y tecnológico y cooperación técnica internacional.
Cuarta. Al formular en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico sugerencias tendentes a vincular la modernización, la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector productivo, en el que son partícipes la Coparmex y la Canacintra, se incrementaría la vinculación entre la investigación científica y su aplicación.
Quinta. La comisión dictaminadora concuerda con la colegisladora en lo siguiente:
Fortalecer el Foro Consultivo Científico y Tecnológico mediante la incorporación de representantes de la Coparmex y de la Canacintra a su mesa directiva, así como en la propuesta de una fórmula para su mejor operación, en el sentido de tener una organización basada en comités de trabajo integrados por especialistas en los diversos temas de la ciencia y la tecnología.
Significa una representación más equilibrada y efectiva en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, al incorporar en su mesa directiva a representantes de los sectores industriales. Este equilibrio de sectores interesados en la ciencia y la tecnología del país favorecerá su vinculación, así como consistencia y armonía con las reformas de la Ley de Ciencia y Tecnología promulgadas el 12 de junio del año próximo pasado.
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología someten a consideración de la honorable asamblea, para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman las fracciones IV y V del artículo 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología
Artículo Único. Se reforman las fracciones IV y V del artículo 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:
Artículo 36.
…
IV. Tendrá una organización basada en comités de trabajo integrados por especialistas en los diversos temas de la ciencia y la tecnología;
V. Contará con una mesa directiva formada por veinte integrantes, diecisiete de los cuales serán los titulares que representen a las siguientes organizaciones: la Academia Mexicana de Ciencias, AC; la Academia Mexicana de Ingeniería, AC; la Academia Nacional de Medicina, AC; la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico, AC; la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior; la Confederación Nacional de Cámaras Industriales; el Consejo Nacional Agropecuario; la Confederación Patronal de la República Mexicana; la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, y un representante de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, AC; la Universidad Nacional Autónoma de México; el Instituto Politécnico Nacional; el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional; la Academia Mexicana de la Lengua; la Academia Mexicana de Historia; el Sistema de Centros Públicos de Investigación y el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales.
…
…
VI. a VIII. …
…
…
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2010.
La Comisión de Ciencia y Tecnología
Diputados: Reyes Tamez Guerra
(rúbrica), presidente; Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Óscar
Román Rosas González (rúbrica), Alejandro Bahena Flores
(rúbrica), Guadalupe Robles Medina (rúbrica), secretarios;
Ángel Aguirre Herrera (rúbrica), Nicolás Carlos Bellizia
Aboaf (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica),
Germán Osvaldo Cortez Sandoval (rúbrica), Alejandro del Mazo
Maza (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica),
Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Juan Enrique
Ibarra Pedroza, Aarón Irízar López, José Francisco
Javier Landero Gutiérrez, Óscar Lara Salazar (rúbrica),
Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez
(rúbrica), Miguel Antonio Osuna Millán, José Trinidad
Padilla López (rúbrica), César Octavio Pedroza Gaitán
(rúbrica), María Isabel Pérez Santos, Jorge Carlos
Ramírez Marín (rúbrica), Jorge Romero Romero (rúbrica),
Laura Margarita Suárez González (rúbrica), José
Luis Velasco Lino (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola
(rúbrica).
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE POBLACIÓN,
FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS, Y DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO
DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 71 Y 128 DE LA LEY
GENERAL DE POBLACIÓN
Honorable Asamblea:
A las Comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Gobernación, les fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 71 y 128 de la Ley General de Población.
Estas comisiones unidas, con fundamento en los artículos 71 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 39, numerales 1 y 2, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, el siguiente dictamen de la iniciativa que reforma, adiciona los artículos 71 y 128 de la Ley General de Población, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones.
Antecedentes
2. En esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ordenó que la iniciativa de referencia fuera turnada a las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Gobernación, para su estudio y dictamen correspondiente.
3. Con fecha 17 de febrero de 2010, los integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios aprobaron el dictamen correspondiente.
4. Con fecha 4 de marzo de 2010, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el dictamen correspondiente.
La iniciativa del diputado Chanona Burguete propone incorporar dos nuevos párrafos al artículo 71 de la Ley General de Población, para garantizar que el aseguramiento de los extranjeros se hará con arreglo a las garantías que otorga nuestra constitución y con el respeto de sus derechos humanos.
Asimismo, pretende garantizar que las estaciones migratorias cuenten con instalaciones adecuadas, para evitar el hacinamiento de los migrantes.
Se propone la modificación del artículo 128 para garantizar que no sean utilizados los centros de detención o reclusión federales, estatales o municipales, con el fin de cumplir las funciones de estaciones migratorias o lugares habitacionales, cuando no se ha cometido delito alguno.
Establecidos los antecedentes y el contenido de las iniciativas, los integrantes de las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Gobernación, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes
Consideraciones
2. Asimismo, el artículo 94 del Reglamento de la Ley General de Población señala que la Secretaría de Gobernación debe establecer o habilitar en lugares que considere adecuados las estaciones migratorias para la estancia provisional de los extranjeros carentes de algún requisito migratorio que no puedan satisfacer en el momento de la revisión de la documentación, y a los que deban ser expulsados. En aquellos lugares en que la secretaría no tenga establecidas estaciones migratorias, se habilitarán locales de detención preventiva para el aseguramiento de los extranjeros que deban ser expulsados. Se establece además que en ningún caso podrá habilitarse para este fin a los centros de reclusión para sentenciados, como señala a continuación:
Artículo 94. La secretaría podrá establecer o habilitar, en los lugares que considere adecuados, estaciones migratorias para la estancia provisional de los extranjeros y extranjeras carentes de algún requisito migratorio que no puedan satisfacer en el momento de la revisión de la documentación, o para alojar, como medida de aseguramiento, a los extranjeros que deban ser expulsados. En aquellos lugares en que la secretaría no tenga establecidas estaciones migratorias, se considerarán habilitados locales de detención preventiva para el aseguramiento de los extranjeros que deban ser expulsados.
En ningún caso podrá habilitarse para este fin a los centros de reclusión para sentenciados.
Cuando las autoridades sanitarias determinen la internación de extranjeros en estaciones sanitarias, la secretaría podrá establecer la vigilancia que juzgue adecuada, si los extranjeros de que se trate no tuvieren autorizada su internación al país.
3. De conformidad con el artículo 209 del Reglamento de la Ley General de Población, al asegurar a un extranjero en alguna estación migratoria, se debe proceder con base en las siguientes reglas:
Artículo 209. Cuando se asegure al extranjero en la estación migratoria en virtud de haber violado la ley, este reglamento o demás disposiciones aplicables que amerite su expulsión, se procederá de la siguiente forma:
I. Se le practicará examen médico, mediante el cual se certificarán sus condiciones psicofísicas;
II. Se le permitirá comunicarse con la persona que solicite, vía telefónica o por cualquier otro medio de que se disponga;
III. Se notificará de inmediato a su representante consular acreditado en México y, en caso de no contar con pasaporte, se solicitará la expedición de éste o del documento de identidad y viaje;
IV. Se levantará inventario de las pertenencias que traiga consigo, las cuales se depositarán en el área establecida para ello;
V. Se procederá a su declaración mediante acta administrativa y en presencia de dos testigos, haciéndole saber los hechos que se le imputan, su derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga; ello siempre y cuando la autoridad migratoria no lo hubiere declarado al momento de ser asegurado. En caso de ser necesario, se habilitará traductor para el desahogo de la diligencia.
Al momento de ser levantada el acta, se notificará al extranjero el derecho que tiene a nombrar representante o persona de su confianza que lo asista; el extranjero tendrá acceso al expediente que sobre el particular se integre;
VI. Se le proporcionará durante su estancia un espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal y atención médica en caso de ser necesario;
VII. Tendrá derecho a ser visitado durante su estancia por sus familiares, su representante o persona de su confianza;
VIII. Cuando se trate de aseguramiento de familias, se alojarán en la misma instalación y la autoridad permitirá la convivencia diaria, de conformidad con las disposiciones administrativas aplicables, y
IX. Al momento de ser autorizada la salida del extranjero de la estación migratoria, se le devolverán todas las pertenencias que le hayan sido recogidas en su ingreso, excepto la documentación falsa que haya presentado.
4. De la misma forma, el artículo 7o. de la Ley General de Población señala la obligación de la Secretaría de Gobernación para que, en asunto de orden migratorio, vele por el respeto de los derechos humanos de los migrantes como se describe a continuación:
Artículo 7o. Por lo que se refiere a los asuntos de orden migratorio a la Secretaría de Gobernación corresponde:
I. a IV.
En el ejercicio de estas facultades, la Secretaría de Gobernación velará por el respeto a los derechos humanos y, especialmente, por la integridad familiar de los sujetos a esta ley.
5. En este sentido, el acuerdo por el que se emiten las normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración, publicado el 7 de octubre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, establece una serie de prohibiciones en las estaciones migratorias entre las que destacan las acciones u omisiones que vulneren los derechos humanos de los alojados en estos centros:
Artículo 6. Queda prohibido en las estaciones migratorias:
I. Toda acción u omisión que viole los derechos humanos de los alojados;
II. Toda acción u omisión que constituya un trato cruel, inhumano o degradante para los alojados;
III. La discriminación hacia los alojados, en los términos que establece la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, en lo relativo al origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro tipo de condición propia del individuo;
IV. a VIII. …
6. Por lo anterior, estas comisiones unidas estiman viable la propuesta de adición del artículo 71 de la Ley General de Población toda vez que, de acuerdo con la tutela de las garantías individuales consagradas en la Constitución, de las cuales todo individuo goza en los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con la normatividad secundaria en la materia, deben ser respetados los derechos fundamentales de los migrantes que sean asegurados por las autoridades migratorias, evitando que sean víctimas de malos tratos por parte de los servidores públicos, cuidando que los centros de aseguramiento cuenten con las instalaciones adecuadas que eviten problemas como el hacinamiento, como ya se viene estableciendo en el artículo 46 del acuerdo por el que se emiten las normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración:
Artículo 46. No se alojará a un número de extranjeros que supere la capacidad física de las estaciones migratorias. En caso de contingencia, el responsable de la estación migratoria informará a su superior jerárquico con el objetivo de que se habilite un lugar como estación migratoria o bien se traslade a los extranjeros a otra. En caso de que estas medidas no puedan realizarse, el superior jerárquico del responsable de la estación migratoria deberá coordinarse con la Dirección de Estaciones Migratorias del instituto para resolver la situación en un plazo máximo de veinticuatro horas, tomando las medidas pertinentes para evitar el hacinamiento.
7. En este sentido, estas comisiones unidas consideran una modificación al proyecto original del diputado Chanona Burguete, de manera que la adición de un segundo párrafo al artículo 71 de la Ley General de Población señale la protección y respeto de los derechos humanos de los migrantes en cualquier momento, es decir, desde su aseguramiento, traslado, alojamiento en las estaciones migratorias y, dado el caso, de su expulsión del país o repatriación, tutelando las garantías consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
8. Por otro lado, se considera establecer que las estaciones migratorias deban contar con instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento, tomando en consideración la disponibilidad de recursos que permitan las condiciones óptimas de los centros a los que se ha hecho referencia.
9. De esta manera, se reforzarán las acciones que se han llevado a cabo con la despenalización de la migración y estar en posibilidades de reforzar las reformas al brindar a los migrantes un trato digno, toda vez que ellos no pueden ser considerados como delincuentes.
10. Asimismo, se considera viable la reforma al artículo 128 para prohibir el uso de los centros de detención o reclusión federal, estatal y municipal como estaciones migratorias y evitar el trato a los migrantes indocumentados como delincuentes; de esta manera se irán cumpliendo con las disposiciones contenidas en los tratados o acuerdos internacionales firmados por nuestro país relativos al respeto de los derechos fundamentales de los migrantes; en este sentido, las comisiones unidas consideran oportuna la adición de un segundo párrafo al artículo 128 de la Ley General de Población para señalar que en las estaciones migratorias se garantizará el goce de los derechos humanos de los extranjeros, conforme a los tratados internacionales suscritos y ratificados por México en la materia, fortaleciendo así el sentido del proyecto del diputado Alejandro Chanona Burguete.
Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 71 y 128 de la Ley General de Población
Único. Se reforma el artículo 128 y se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 71 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:
Artículo 71. …
En el aseguramiento, traslado y alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias, expulsiones o repatriaciones, se respetarán y protegerán sus derechos humanos, con arreglo a las garantías individuales que establece la Constitución.
Las estaciones migratorias deberán contar con instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento de los migrantes, proveyéndoles lo necesario para su estancia temporal, así como adoptar las medidas pertinentes de conformidad con los recursos disponibles.
Artículo 128. Son de orden público, para todos los efectos legales, la expulsión de los extranjeros y las medidas que dicte la Secretaría de Gobernación para el aseguramiento de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, cuando tengan por objetivo su expulsión del país. Queda prohibida la utilización de los centros de detención o reclusión federales, estatales o municipales, con ese fin, cuando no se ha cometido delito alguno.
Lo anterior se realizará garantizando el pleno goce de los derechos humanos de los extranjeros y conforme a los tratados internacionales suscritos y ratificados en la materia.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo, a 17 de febrero de 2010.
La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios
Diputados: Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), presidenta; Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), Héctor Agustín Murguía Lardizábal, Cristabell Zamora Cabrera (rúbrica), Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Guillermina Casique Vences, José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, Olivia Guillén Padilla (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Héctor Pedraza Olguín (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Sofío Ramírez Hernández, Adriana Terrazas Porras, Judith Fabiola Vázquez Saut, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), María Yolanda Valencia Vales, Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Ariel Gómez León (rúbrica), José Torres Robledo, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica).
La Comisión de Gobernación
Diputados: Javier Corral Jurado
(rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente
(rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica),
Ilich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Lorena Corona Valdés,
Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas
(rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco
Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica),
Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez
Rex, secretarios; Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Agustín
Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron
(rúbrica), Sami David David, Alejandro Encinas Rodríguez,
Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica),
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe, Miguel Ángel Luna
Munguía, José Ricardo López Pescador, Andrés
Massieu Fernández (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica),
Nazario Norberto Sánchez, Beatriz Elena Paredes Rangel, Julio Saldaña
Morán, César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica),
Arturo Zamora Jiménez.
DE LA COMISIÓN DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados fue turnada, para estudio y dictamen correspondiente, minuta proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y II del artículo 6; el inciso a) de la fracción II del artículo 10; el artículo 20; y se adicionan un nuevo párrafo al artículo 20 y una nueva fracción III Bis al artículo 21 de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobada por el pleno de la honorable Cámara de Senadores el 3 de diciembre de 2009 y remitida ese mismo día a esta soberanía.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 56, 87, 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen de acuerdo con los siguientes
I. Antecedentes
Primero. El 8 de diciembre de 2009, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados recibió del Senado de la República la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y II del artículo 6; el inciso a) de la fracción II del artículo 10; el artículo 20; y se adicionan un nuevo párrafo al artículo 20 y una nueva fracción III Bis al artículo 21 de la Ley de Ciencia y Tecnología (minuta), aprobada por la colegisladora en sesión plenaria el 3 de diciembre de 2009.
Segundo. El mismo 8 de diciembre, en sesión ordinaria, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta de referencia a la Comisión Ciencia y Tecnología para su estudio y dictamen correspondiente.
Tercero. En sesión de trabajo del 24 de febrero de 2010, la Comisión de Ciencia y Tecnología aprobó el presente dictamen en los términos y con las consideraciones que se expresan, para someterlo a la aprobación del pleno de la Cámara de Diputados.
II. Contenido de la iniciativa
La minuta aprobada por el Senado contiene propuestas de modificación a la Ley de Ciencia y Tecnología para dar características innovadoras al Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti):
2. Que sea actualizable cada tres años, coincidiendo con el inicio de cada nueva legislatura; y
3. Que se evalúe y atienda presupuestalmente conforme a las actualizaciones.
• Que en el Peciti se establezcan áreas prioritarias del conocimiento y la innovación, así como proyectos estratégicos de investigación y desarrollo por sectores y regiones, a los que puedan destinarse eficientemente los apoyos que prevé la Ley de Ciencia y Tecnología mediante los fondos Conacyt y otros mecanismos.
Primera. Las modificaciones propuestas a la Ley de Ciencia y Tecnología por la colegisladora son coincidentes con el eje central del programa de trabajo de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, ya que nos proponemos promover que los esfuerzos realizados en la materia que nos ocupa adquieran el rango de política de Estado, en tanto integre una visión de largo plazo, que, con base en el análisis de la situación que actualmente vive México y su relación con los problemas que enfrenta el sector CTI, defina los ejes rectores de la acción, los objetivos que se propone y las estrategias para producirlos, y convoque y estimule la participación comprometida de los actores involucrados.
Apoyar la propuesta, también forma parte del cumplimiento del primero de los objetivos de nuestro programa de trabajo, que refiere actualizar, enriquecer y aplicar el marco jurídico en materia de ciencia, tecnología e innovación.
Segunda. Esta Comisión de Ciencia y Tecnología considera fundamental que las actividades de investigación científica y el desarrollo tecnológico asuman un papel más activo en el crecimiento económico y el desarrollo social de México, lo cual sólo puede plantearse con visión estratégica de mediano y largo plazos y metas precisas. La proyección sexenal que se acostumbra no se traduce en los niveles de competitividad y desarrollo socioeconómico que caracterizan a nuestro país, frente a otros países que apostaron al apoyo decidido a la producción tecnológica y al desarrollo científico como medio de superación de circunstancias económicas de crisis (por ejemplo, Chile, Brasil, Irlanda y la India).
La visión de largo plazo requiere el compromiso de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de los tres órdenes de gobierno. Los momentos presentes de crisis financiera global son una valiosa oportunidad para asumir ese compromiso, que puede hacerse, en un primer momento reforzando los instrumentos de la política nacional de ciencia, tecnología e innovación reconocidos por la Ley de Ciencia y Tecnología.
Tercera. México forma parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que emitió en septiembre de 2008 un reporte en el que hace una evaluación global de la política mexicana de innovación y realiza diversas recomendaciones para mejorarla y poder hacer de la investigación, el desarrollo y la innovación elementos fundamentales para el crecimiento sostenible, el aumento de la productividad y la competitividad de las empresas nacionales y el desarrollo socio-económico de nuestro país.
Dentro de estas recomendaciones está la necesidad de que el gobierno mexicano realice una planeación de largo plazo para la ciencia, la tecnología y la innovación, y asuma un compromiso sostenido que brinde estabilidad a la inversión en actividades científicas y tecnológicas. Esta planeación debe identificar los beneficios económicos y sociales concretos como un prerrequisito indispensable para una política efectiva de ciencia, tecnología e innovación, con resultados palpables y con alto impacto social y económico.
La OCDE menciona también la importancia de apoyar la investigación pública para atender sectores estratégicos y áreas tecnológicas específicas que respondan a necesidades sociales e incrementen las ventajas competitivas, por lo que se hace necesario precisar las áreas prioritarias de desarrollo, en las políticas públicas nacionales y estatales.
Al respecto, debe reconocerse que la innovación, especialmente la tecnológica, se ha convertido en un tema central de las agendas públicas de crecimiento económico, que promueven la competitividad de las empresas y el beneficio social, por los impactos y satisfacciones que puede representar en la solución de problemas nacionales, locales y regionales. Lo anterior exige de los gobiernos en el orbe la planeación estratégica y la formulación de proyectos concretos de alcances mayores a cinco o seis años.
Cuarta. Se coincide con la colegisladora en que lamentablemente uno de los aspectos que caracteriza a nuestro país es su escasa actividad innovadora, lo que retrasa cada día y a una velocidad cada vez mayor el desarrollo nacional, especialmente frente a países que consideran la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación como motor de crecimiento económico, con efectos favorables en el mediano y largo plazos.
El reconocimiento de esta situación desventajosa, motiva reformas legales cuya finalidad principal es sentar las bases y condiciones jurídicas mínimas que detonen el reforzamiento y multiplicación de programas de formación y perfeccionamiento de capacidades humanas en pro de la innovación tecnológica. En este contexto se plantearon las modificaciones a la Ley de Ciencia y Tecnología aprobadas el año pasado por el Congreso de la Unión y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2009.
Quinta. Existe concordancia con el Senado en cuanto a la necesidad de que el Peciti, como instrumento que establece la política pública en materia de desarrollo científico, tecnológico y de la innovación, se formule con visión de largo plazo, con planteamientos estratégicos que se traduzcan en programas y proyectos que repercutan favorablemente en la solución de problemáticas nacionales, locales y regionales.
Lo anterior implica que se involucren y comprometan los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federales, y Estatales, en una acción coordinada y colaborativa, por lo que esta comisión dictaminadora coincide con la colegisladora en que la actualización del Peciti debe promoverse y autorizarse, después de su análisis cuidadoso, por el Consejo General, liderado por el titular del Ejecutivo federal, e involucrar de forma directa al Poder Legislativo en los aspectos presupuestales trianuales y de rendición permanente de cuentas.
Sexta. Quienes integramos la Comisión de Ciencia y Tecnología consideramos que el Peciti debe replantearse como un instrumento abierto, flexible y práctico, que además de contener los fines de la política de Estado en materia de ciencia, tecnología e innovación, traduzca y exprese de manera precisa, directa y sensible los compromisos y sea sujeto de evaluación permanente.
Por ello, la importancia de definir con precisión las áreas del conocimiento, los programas y proyectos con los que se atenderán, los mecanismos de seguimiento y evaluación de sus acciones, de manera que cada tres años sea posible encauzar nuevos programas y apoyos, o bien fortalecer o reorientar los existentes.
Séptima. En el marco de los planteamientos anteriores, el papel del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación se considera fundamental, dada su naturaleza de órgano de política y coordinación en materia de ciencia y tecnología. Al respecto esta comisión dictaminadora concuerda con la colegisladora en el sentido de que el Consejo General debe operar con frecuencia y revisar periódicamente los resultados del seguimiento y evaluación de la consecución del Peciti, sus programas, proyectos y acciones para estar en posibilidades de autorizar su actualización trianual con el sustento necesario.
Octava. En apoyo al perfil de evolución programática que se plantea en la minuta que se dictamina, los integrantes de esta Comisión de Ciencia y Tecnología consideramos que las reformas al artículo 20 de la Ley de Ciencia y Tecnología habrán de precisarse en un soporte metodológico y administrativo que las haga viables, por lo que será necesario establecer las reglas que permitan la actualización trianual del Peciti. En caso contrario, se corre el riesgo de que al interior del Ejecutivo federal esta reforma no se haga efectiva por falta de disposición o reglas que establezcan el cómo se debe actualizar, ejecutar y evaluar dicho programa.
En este sentido será fundamental el compromiso del Ejecutivo federal para emitir las disposiciones que deriven de la Ley de Ciencia y Tecnología que regulen la forma y los términos en que se concretará la visión de largo plazo del Peciti y su proyección a 25 años, así como los pasos a seguir en el proceso de actualización trianual de dicho programa, considerando que el resultado de la actualización se someterá con posterioridad al Poder Legislativo Federal y especialmente a esta soberanía, que goza de la facultad de expedir anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Por lo anterior, esta comisión estima necesario que a partir de las modificaciones propuestas corresponda al secretario general presentar al consejo directivo para su aprobación los lineamientos generales y específicos que regulen la forma y los términos en que se concretará la visión de largo plazo del Peciti, así como el proceso para su actualización trianual.
Novena. Respecto al momento de actualización del Peciti, esta comisión está de acuerdo con que se realice al inicio de cada legislatura, como propone su colegisladora, después de considerar que el inicio de cada legislatura coincide con dos momentos clave en la administración pública del Ejecutivo federal: ya sea en el preámbulo del inicio del periodo de gobierno federal (agosto-diciembre), ya sea con la mitad de la gestión del Ejecutivo federal. En el primer caso, la actualización del programa habría de tomar en cuenta los resultados del periodo de gobierno anterior y, en el segundo, los resultados de los primeros tres años de gobierno. En ambas circunstancias la actualización del programa habría de tomar en cuenta el trabajo legislativo relacionado con su contenido.
Décima. Los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología consideramos que las reformas planteadas en la minuta que se dictamina son congruentes con las reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología promulgadas el 12 de junio de 2009, y constituyen una aportación más del Poder Legislativo por favorecer el desarrollo, con visión de Estado, de las actividades de desarrollo científico, tecnológico y la innovación.
Por lo expuesto, la Comisión de Ciencia y Tecnología somete a consideración de la honorable asamblea, para los efectos de la fracción A del artículo 72 constitucional, el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología
Artículo Único. Se reforman las fracciones I y II del artículo 6; el inciso a) de la fracción II del artículo 10; el artículo 20; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 20 y una nueva fracción III Bis al artículo 21 de la Ley de Ciencia y Tecnología para quedar como sigue:
Artículo 6
El Consejo General tendrá las siguientes facultades:
II. Aprobar y actualizar el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación;
III. a XI. …
El secretario ejecutivo del Consejo General tendrá las siguientes atribuciones:
a) El proyecto del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación y sus actualizaciones, para su aprobación;
b) y c) …
…
…
III. a VI. …
El programa será considerado un programa especial y su integración, aprobación, actualización, ejecución y evaluación se realizará en los términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la Ley de Planeación y por esta ley.
El programa incluirá una visión de largo plazo y proyección de hasta veinticinco años en los términos de esta ley y de las disposiciones que deriven de ésta. El programa será actualizado cada tres años. Las actualizaciones coincidirán con el inicio de cada nueva legislatura del Congreso de la Unión.
Artículo 21
…
…
a) a g) …
III. …
III Bis. Las áreas prioritarias del conocimiento y la innovación tecnológica, así como los proyectos estratégicos de ciencia, tecnología e innovación por sectores y regiones;
IV. y V. …
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2010.
La Comisión de Ciencia y Tecnología
Diputados: Reyes Tamez Guerra
(rúbrica), presidente; Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Óscar
Román Rosas González (rúbrica), Alejandro Bahena Flores
(rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), secretarios;
Ángel Aguirre Herrera (rúbrica), Nicolás Carlos Bellizia
Aboaf (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica),
Germán Osvaldo Cortez Sandoval (rúbrica), Alejandro del Mazo
Maza (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica),
Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Juan Enrique
Ibarra Pedroza, Aarón Irízar López, José Francisco
Javier Landero Gutiérrez, Óscar Lara Salazar (rúbrica),
Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez
(rúbrica), Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica),
José Trinidad Padilla López (rúbrica), César
Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), María Isabel Pérez
Santos (rúbrica), Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica),
Jorge Romero Romero (rúbrica), Laura Margarita Suárez González
(rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), José
Antonio Yglesias Arreola (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE SALUD,
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA UNIÓN
Y A LOS LOCALES, A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y DEMÁS
AUTORIDADES COMPETENTES A REVISAR LA NORMATIVA SOBRE LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS DE NIÑOS Y DE ADOLESCENTES, Y LA QUE REGULA LOS
ESTABLECIMIENTOS DONDE CONFLUYEN MENORES DE EDAD
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXI Legislatura fue turnada para estudio y dictamen la siguiente proposición con puntos de acuerdo:
Segundo. Se exhorta a las autoridades federales y a las locales a implantar mecanismos de prevención, control y supervisión en el ingreso y en la salida de menores de los albergues y de los centros educativos, a fin de evitar la sustracción o desaparición de menores de edad.
Tercero. Se exhorta al Congreso de la Unión, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar en el ámbito de su competencia la normatividad relativa a la protección de los derechos de los niños y de los adolescentes, así como la que regula los establecimientos donde confluyen menores de edad, como es el caso, entre otros, de centros educativos, albergues y hospitales. De igual manera, se les exhorta a revisar y, en su caso, homologar los tipos penales relativos a la sustracción ilegal de menores. Todo ello, a fin de que se prevengan y combatan efectivamente esos delitos y se garantice plenamente la seguridad de la niñez.
I. Antecedentes
1. Con fecha 24 de noviembre de 2009, el diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno los puntos de acuerdo por los que se exhorta a las autoridades federales y a las locales a fortalecer o, en su caso, implantar mecanismos de prevención, control y supervisión en los hospitales, particularmente en lo relativo a la salida y a la entrega de los recién nacidos a los padres, a fin de evitar la sustracción ilegal de infantes.
2. Con la misma fecha, la proposición con puntos de acuerdo fue turnada a la Comisión de Salud, para efectos de análisis y elaboración del dictamen.
II. Consideraciones
I. La comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con puntos de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
II. Los puntos de acuerdo que se pretende dictaminar surgieron como consecuencia del robo, la venta y el tráfico de recién nacidos en hospitales del sector público, así como en clínicas privadas.
III. Como se recordará, en días pasados en el Hospital Central de Oriente, situado en Venustiano Carranza, Distrito Federal, se detuvo a una banda que se dedicaba al tráfico de menores. Entre sus integrantes se encontraban profesionales de la medicina y diversos trabajadores del hospital.
IV. Estos lamentables acontecimientos han causado alarma y suma preocupación para nuestra sociedad. Desafortunadamente, se han presentado otros casos en distintos nosocomios; por ejemplo, el ocurrido el 17 de junio de 2009, donde una trabajadora del hospital general sustrajo del área de ginecoobstetricia a una menor. Por consiguiente, es de suma importancia que se implanten medidas de seguridad en todas las clínicas y los hospitales, tanto en públicos como en privados, a fin de prevenir robos de menores.
V. Es necesario que las autoridades de salud federales, estatales y locales, con la Procuraduría General de la República (PGR), implanten medidas para combatir el tráfico de menores, así como el uso de tecnología que permita la identificación de entrada y salida del personal que labore en clínicas y hospitales e implantar en los padres de familia pláticas que contribuyan a la orientación adecuada y al cuidado de los menores.
VI. La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley Orgánica de la PGR, que crea subprocuradurías, entre ellas la de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, con unidades especializadas en terrorismo, narcotráfico, secuestro, tráfico de órganos y robo de niños, y con ello contribuir a prevenir más sustracciones de menores.
VII. La Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos recibe en promedio al mes 20 casos, de los cuales se logran recuperar 4 menores. Reporta que de los asuntos que recibe, 50 por ciento está relacionado con la sustracción de menores, 20 con robo de infantes y 30 con desaparición de menores, lo que conlleva a implantar medidas para bajar los índices de casos presentados.
VIII. El robo de niños se encuentra tipificado en la legislación penal; sin embargo, debe revisarse y reforzarse este tipo penal en los ámbitos federal, estatal y local, a fin de establecer mecanismos para el combate de robo de infantes.
Sin embargo, se considera factible esta proposición, debido a que es de suma importancia fortalecer los mecanismos de prevención, control y supervisión en hospitales, albergues y centros educativos y evitar y disminuir la sustracción ilegal de menores.
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud consideran que la propuesta es viable, pero con modificaciones, por lo que se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Congreso de la Unión, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y autoridades a revisar en el ámbito de su competencia la normatividad relativa a la protección de los derechos de los niños y los adolescentes, así como la que regula los establecimientos donde confluyen menores de edad, como es el caso de centros educativos, albergues y hospitales. De igual manera, se les exhorta a revisar y, en su caso, homologa los tipos penales relativos a la sustracción ilegal de menores para prevenir y combatir efectivamente estos delitos y garantizar plenamente la seguridad de la niñez.
La Comisión de Salud
Diputados: Miguel Antonio
Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García
Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica),
Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Rosalina Mazari Espín
(rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), José Antonio
Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos
(rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica),
Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre
Canales, secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda
de la Torre Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinoza Morales, Leandro
Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro, Delia Guerrero Coronado,
José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León
Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez (rúbrica),
Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga,
Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Sergio Tolento Hernández
(rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo,
Leticia Quezada Contreras.
DE LA COMISIÓN DE SALUD,
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL GOBIERNO
DE GUERRERO A CONSTRUIR UN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PARA ATENDER A LAS
INDÍGENAS Y A LOS GRUPOS VULNERABLES DE TLAPA DE COMONFORT
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:
I. Antecedentes
1. Con fecha 3 de diciembre de 2009, el diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno el punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno de Guerrero a construir un hospital de especialidades para la atención de las mujeres de Tlapa de Comonfort, de la región de La Montaña de Guerrero.
II. Consideraciones
I. Esta comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
II. El punto de acuerdo que se pretende dictaminar surgió debido a la preocupación del diputado, respecto a la pobreza y la marginación que enfrenta Guerrero, lo cual da como resultado que la población que es de este sector no tenga oportunidad de acceder a una vida digna.
III. Esta comisión coincide con el diputado respecto a su preocupación en cuanto al caso particular de las mujeres de estas zonas, que cuentan con características particulares como lo es su condición de mujeres, las zonas marginadas donde se encuentran y la pobreza como factor determinante, que producen una limitante para que puedan acceder a educación, un empleo incluso a los servicios de salud.
V. Es por ello que esta comisión se encuentra preocupada en cuanto a las cifras que demuestran que en México, diariamente mueren casi 50 mujeres por cáncer cérvico-uterino; 10 más por cáncer de mama y mil 300 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto. En las regiones más marginadas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Puebla, una mujer embarazada tiene más posibilidades de morir que en cualquier otro estado del país.
VI. En respuesta a estas situaciones, los integrantes de esta comisión sabemos las condiciones de vida en las que se encuentra la ciudad de Tlapa, región de La Montaña de Guerrero, donde, efectivamente, sólo existe un hospital general que atiende entre 300 y 500 personas de 17 municipios.
VII. De la misma manera, se considera prioritario tomar en cuenta que la salud es esencial para el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo no sólo de las mujeres indígenas, si no también de todos aquellos grupos vulnerables en donde la situación actual está marcada por los rezagos acumulados en cobertura y calidad, la desigualdad en los niveles de salud y distribución de recursos entre grupos sociales y regiones es exorbitante, por tal motivo es necesaria la construcción de un hospital de especialidades que atienda a las mujeres indígenas y a grupos vulnerables de Tlapa de Comonfort, de la región de La Montaña de Guerrero.
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud consideran que la propuesta es viable, por lo que se somete al pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Guerrero a construir un hospital de especialidades para la atención de las mujeres indígenas y grupos vulnerables de la ciudad de Tlapa de Comonfort, de la Región de La Montaña de Guerrero.
La Comisión de Salud
Diputados: Miguel Antonio
Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García
Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica),
Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Rosalina Mazari Espín
(rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), José Antonio
Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos
(rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas (rúbrica), Carlos
Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales,
secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre
Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinoza Morales, Leandro Rafael García
Bringas, Clara Gómez Caro, Delia Guerrero Coronado, José
Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea
(rúbrica), Fernando Morales Martínez (rúbrica), Alfonso
Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Arciga, Guadalupe
Eduardo Robles Medina (rúbrica), Sergio Tolento Hernández
(rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo,
Leticia Quezada Contreras.
DE LA COMISIÓN DE SALUD,
CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR
MEDIANTE LA SECRETARÍA DE SALUD A LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Y A LA POBLACIÓN EN GENERAL CÓMO ATENDER EL REBROTE DE DENGUE
DESATADO EN EL PAÍS
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura fue turnada, para estudio y dictamen, proposición con punto de acuerdo por medio del cual
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Salud a mantener actualizado el sistema de información, que rinda a la población el conocimiento de los casos reportados de dengue por entidades federativas y el avance o disminución de éste.
Tercero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a implementar el semáforo sanitario de seguimiento al rebrote de dengue, a fin de que la población esté constantemente informada sobre la magnitud de la epidemia y pueda tomar las medidas adecuadas para su prevención y atención.
I. Antecedentes
1. Con fecha 8 de diciembre de 2009 el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Democrática, presentó ante el pleno el punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que, a través de la Secretaría de Salud, brinde un informe a esta soberanía sobre las medidas sanitarias que ha de implantar debido al rebrote de dengue desatado en nuestro país e informe adecuadamente de éste a toda la población.
II. Consideraciones
I. Esta comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
II. El punto de acuerdo que se pretende dictaminar nació debido a la preocupación que existe respecto al rebrote de dengue, debido a que, según datos proporcionados por el sistema único de información para la vigilancia epidemiológica, a octubre de 2009 se habían reportado mas de treinta casos de dengue en México, 26 por ciento más casos reportados en 2008.
III. El dengue en México, como en otras partes del mundo, está condicionado a la existencia del vector, quien habita en aéreas determinadas. El dengue es un serio problema en nuestro país ya que de 600 casos registrados en el año 2000 pasó a 52 mil 369 en 2007, con una leve reducción en 2008, que tuvo 33 mil 315 casos de dengue confirmados.
IV. En cuanto a los 2 mil 956 confirmados en 2009, un total de 600 son los caso de dengue hemorrágico, que es el más peligroso y puede causar la muerte.
V. Es por ello que la Secretaría de Salud ha informado respecto a los casos reportados de dengue en general y por entidades federativas, el avance y su disminución.
VI. Sin embargo, esta comisión considera que se deben tomar en cuenta medidas de prevención para esta epidemia, debido a que la propagación de ésta, que obedece al mosquito trasmisor, debido a que ha comenzado a adecuarse a temperaturas y ambientes, y a que sus huevecitos están infectados con dicha enfermedad.
VII. Es por ello que se considera necesario que la Secretaría de Salud implante un semáforo de seguimiento al rebrote de dengue, a fin de que la población esté enterada, tomando las medidas sanitarias necesarias para atender el rebrote desatado los últimos meses del país.
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud consideran que la propuesta es viable, por lo que se somete al pleno de la Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a través de la Secretaria de Salud a informar a la Cámara de Diputados y a la población en general cómo atender el rebrote de dengue desatado los últimos meses en el país.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a implantar el semáforo sanitario de seguimiento al rebrote de dengue, a fin de que la población esté constantemente informada sobre la magnitud de la epidemia y pueda tomar las medidas adecuadas para su prevención y atención.
La Comisión de Salud
Diputados: Miguel Antonio
Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio Benítez
Lucho (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica),
Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Rosalina Mazari Espín
(rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), José Antonio
Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos
(rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica),
Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre
Canales, secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda
de la Torre Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinoza Morales, Leandro
Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro, Delia Guerrero Coronado,
José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León
Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez (rúbrica),
Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Arciga,
Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Sergio Tolento Hernández
(rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo,
Leticia Quezada Contreras.
DE LA COMISIÓN DE SALUD,
CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR
MEDIANTE LA SECRETARÍA DE SALUD A ESTA SOBERANÍA RESPECTO
A LOS RECURSOS QUE EL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS
HUBIERE UTILIZADO PARA ATENDER LAS ACCIONES DERIVADAS DEL BROTE DE INFLUENZA
ATÍPICA
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que disponga de los mecanismos que juzgue necesario para que la población en general y en particular los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, cuenten con información clara, suficiente, oportuna y veraz en relación con la cobertura del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que incluya las intervenciones cubiertas, los medicamentos asociados, las instituciones prestadoras de los servicios, los mecanismos para el acceso y solicitud de intervenciones, los mecanismos para obtener la cobertura, la extensión de los tratamientos que estén cubiertos, sus limitaciones, así como cualquier otra información que resulte indispensable para generar certidumbre.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que informe a esta honorable Cámara sobre la programación de corto, mediano y largo plazo que se haya implantado para ir ampliando la cobertura de intervenciones y enfermedades que deban ser cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, así como los mecanismos que la sustenten.
I. Antecedentes
1. Con fecha 9 de febrero de 2010 la diputada Maria Cristina Díaz Salazar del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno el punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que la Secretaría de Salud, informe sobre los recursos que hubiere utilizado el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, para atender las acciones derivadas del brote de influenza atípica, así como los mecanismos que se estén implementando, en su caso, para recuperar los recursos respectivos al Fideicomiso Administrador del Fondo y las acciones futuras derivadas del mismo.
II. Consideraciones
I. Esta comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
II. El Sistema de Protección Social en Salud, entre sus objetivos primordiales persigue hacer explícito el cumplimiento de la garantía constitucional consagrada en el artículo 4o. de la Carta Magna, es decir, consiste en hacer la protección de la salud de todo los individuos localizados en este país, en reciprocidad la obligación que corresponde a los gobiernos estatales y al federal para cumplir con los parámetros normativos y dotar de los medios para que este nuevo derecho exigible sea una realidad.
III. Los integrantes de esta comisión coinciden respecto a que el Fondo de Gastos Catastróficos debe ser creciente, porque se basa en premisas actuariales que deberían permitir la cobertura de las enfermedades que generan gastos catastróficos, acorde con la morbilidad en el país, a lo largo de la vida de las familias y personas cubiertas por el sistema de Protección Social en Salud.
IV. Es por ello que no se apreciaría sustentable que intervenciones cubiertas por el Fondo puedan posteriormente ser eliminadas del catálogo, tal como sucedió, según se tiene conocimiento, con el caso de la atención de enfermedades renales que estuvo incorporada al fondo por un tiempo y luego simplemente se eliminó, generándose la duda de esta soberanía, sobre cuál fue el destino de las personas, beneficiarias del SPSS, que hubieren recibido cobertura financiera del fondo para las enfermedades indicadas y a los que luego simplemente se les hubiera suspendido; hechos que se alejarían al espíritu del Fondo y de la reforma legislativa de mérito.
V. De esta manera consideramos viable dicho punto de acuerdo con respectivas modificaciones, debido a que es necesario exhortar a la Secretaría de Salud, directamente para que informe sobre los recursos que hubiere utilizado el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, para atender las acciones derivadas del brote de influenza atípica, así como los mecanismos que se estén implatando, en su caso, para recuperar los recursos respectivos al Fideicomiso Administrador del Fondo y las acciones futuras derivadas de éste.
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud consideran que la propuesta es viable, por lo que se somete al pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Secretaría de Salud que informe a esta soberanía y a la Comisión de Salud, sobre los recursos que hubiere utilizado del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para atender las acciones derivadas del brote de Influenza atípica que está enfrentando el país, las premisas y fundamento que lo hubiera sustentado, así como los mecanismos que se estén implantando, en su caso, para recuperar los fondos respectivos al fideicomiso administrador del fondo. También es importante que se informe sobre la programación de corto, mediano y largo plazo que se haya implementado para ir ampliando la cobertura de intervenciones y enfermedades que deban ser cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, así como los mecanismos que la sustenten.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que disponga de los mecanismos que juzgue necesario para que la población en general y en particular los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, cuenten con información clara, suficiente, oportuna y veraz en relación con la cobertura del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que incluya las intervenciones cubiertas, los medicamentos asociados, las instituciones prestadoras de los servicios, los mecanismos para el acceso y solicitud de intervenciones, los mecanismos para obtener la cobertura, la extensión de los tratamientos que estén cubiertos, sus limitaciones, así como cualquier otra información que resulte indispensable para generar certidumbre.
La Comisión de Salud
Diputados: Miguel Antonio
Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García
Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica),
Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Rosalina Mazari Espín
(rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), José Antonio
Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos,
Heladio Gerardo Verver y Vargas (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta
Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales, secretarios;
Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica),
Olga Luz Espinoza Morales, Leandro Rafael García Bringas, Clara
Gómez Caro, Delia Guerrero Coronado, José Manuel Hinojosa
Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica),
Fernando Morales Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos
Vázquez, Ana Elia Paredes Arciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina
(rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia
Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo, Leticia Quezada Contreras.
DE LA COMISIÓN DE SALUD,
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD
A DICTAR MEDIANTE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS LINEAMIENTOS QUE GARANTICEN QUE LOS ESTABLECIMIENTOS
DEDICADOS A VENDER BIENES O PRESTAR SERVICIOS CUENTAN CON INSTALACIONES
HIGIÉNICAS Y ADECUADAS PARA OFRECER EL SERVICIO SANITARIO
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:
I. Antecedentes
1. Con fecha 8 de diciembre de 2009 el diputado José Torres Robledo del Grupo Parlamentario Partido Revolución Democrática, presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, dicte los lineamientos necesarios para que los establecimientos públicos que vendan bienes y/o servicios no exijan cantidad monetaria alguna por el uso del servicio sanitario de eliminación de excretas.
II. Consideraciones
I. Esta comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
II. El punto de acuerdo que se pretende dictaminar derivó de la preocupación que existe por parte del legislador en cuanto a los establecimientos públicos que venden un bien o servicio (central de autobuses, gasolineras, etcétera), los cuales de manera concreta cobren por la satisfacción de una necesidad tan esencial como lo es la eliminación de excretas.
III. Asimismo, la Comisión de Salud, considera que es intrascendente poder exigirles a dichos establecimiento el uso gratuito de un servicio, que se presta en sus establecimientos.
IV. Sin embargo, es de mayor trascendencia exigir que el servicio que presten dichos establecimientos a cambio de una cantidad monetaria, sea de una manera higiénica, debido a que la mayoría de las instalaciones de estos establecimientos están en muy malas condiciones, que pueden provocar incluso infecciones y enfermedades a los usuarios que pagan por dicho servicio.
V. Es por ello que los integrantes de esta comisión consideran que este es un problema de regulación sanitaria, y que la Cofepris debe supervisar que dichos establecimientos, cuente con las instalaciones adecuadas y en buen estado, para brindar dicho servicio.
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud consideran que la propuesta es viable con modificaciones, por lo que se somete al peno de la Cámara de Diputados el siguiente
Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se dicten los lineamientos necesarios para que los establecimientos que vendan bienes y o servicios cuenten con las instalaciones higiénicas y adecuadas para ofrecer el servicio sanitario.
La Comisión de Salud
Diputados:
Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica),
presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María
Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho
(rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Rodrigo
Reina Liceaga (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica),
Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver
y Vargas (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica),
María del Pilar Torre Canales, secretarios; Felipe Borja Texocotitla
(rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Olga Luz
Espinoza Morales, Leandro Rafael García Bringas, Clara Gómez
Caro, Delia Guerrero Coronado, José Manuel Hinojosa Pérez,
José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales
Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez,
Ana Elia Paredes Arciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica),
Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora
Villalva, Laura Piña Olmedo, Leticia Quezada Contreras.
DE LA COMISIÓN DE SALUD,
CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE
SALUD A IMPLANTAR POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA UNA CAMPAÑA
NACIONAL SOBRE LA IMPORTANCIA DE VACUNARSE, EN LA QUE SE ESPECIFIQUEN DE
MANERA CORRECTA LOS GRUPOS PRIORITARIOS CON ACCESO GRATUITO A LA VACUNA
CONTRA LA INFLUENZA A (H1N1)
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura le fueron turnados para su estudio y dictamen puntos de acuerdo referentes a la influenza A(H1N1).
Con fundamento en los artículos 39, 44, y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 60, 65, 87, y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo a los puntos de acuerdo referentes a la influenza AH1 N1, de los cuales se emite el siguiente dictamen:
I. Antecedentes
1. Con fecha 29 de septiembre 2009, el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno el punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud en el marco de estrategia de comunicación en relación a la pandemia de influenza por el virus A(H1N1), a insistir en la diferencia entre la vacuna de la influenza estacional y la influenza A(H1N1).
Con la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo fue turnado a esta Comisión para efectos de análisis y elaboración del dictamen.
3. Con fecha 4 de noviembre de 2009 el diputado Marco Antonio García Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno el punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud del gobierno federal que informe a esta soberanía todo lo relacionado a la distribución y aplicación de la vacuna contra el virus de la influenza A(H1N1), así como acerca de la existencia de mecanismos para evitar una sobredemanda de vacunas contra este padecimiento y contra la generación de conflictos relacionados a su aplicación.
Con la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo fue turnado a esta comisión para efectos de análisis y elaboración del dictamen.
4. Con fecha 5 de noviembre de 2009, la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno el m para exhortar al Secretario de Salud a realizar las acciones y mecanismos necesarios, a fin de prevenir que los laboratorios e instituciones privadas, apliquen y vendan la vacuna contra la influenza A(H1N1) a la población.
Con la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo fue turnado a esta comisión para efectos de análisis y elaboración del dictamen.
5. Con fecha 1 de diciembre de 2009, la diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno, el punto de acuerdo por el que solicita a la Comisión de Salud que integre una subcomisión que dé seguimiento a las quejas, denuncias, incidentes y posibles irregularidades que se presenten respecto de la aplicación de la vacuna contra la influenza A(H1N1), en los hospitales y clínicas del país
Con la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo fue turnado a esta comisión para efectos de análisis y elaboración del dictamen.
6. Con fecha 15 de diciembre de 2009, el diputado Héctor Hernández Silva, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó ante el pleno el punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal girar instrucciones a la Secretaría de Salud para que considere prioritaria la aplicación de la vacuna contra la influenza A(H1N1) para todos los maestros en el territorio nacional, de todas las instituciones educativas oficiales y de la privada, por ser un sector social de alto riesgo con permanente contacto con toda la población estudiantil de nuestro país.
Con la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo fue turnado a esta comisión para efectos de análisis y elaboración del dictamen
7. Con fecha 15 de diciembre de 2009, la diputada Mariana Ivette Ezeta Salcedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el pleno, el punto de acuerdo relativo a las vacunas contra la influenza A(H1N1) en el estado de Colima.
Con la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo fue turnado a esta comisión para efectos de análisis y elaboración del dictamen.
II. Consideraciones
Primera. Esta comisión realizó, el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las diferentes proposiciones de punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Segunda. Dichos puntos de acuerdo surgieron debido a que actualmente en México, la influenza A(H1N1) se ha convertido en un problema de salud pública de inquietantes dimensiones, es por ello necesario, que como legisladores, adquirimos el compromiso de establecer políticas públicas que favorezcan la cultura de prevención, por medio de las medidas necesarias, tal y como lo establece nuestra Constitución Política en el párrafo tercero del artículo 4o.:
Cuarta. El 1 de octubre de 2009, el Consejo Nacional de Vacunación, decidió los grupos prioritarios para su vacunación gratuita contra la influenza A(H1N1) serían los siguientes:
5. Población de 24 meses a 64 años
de edad considerada de alto riesgo entendiendo como talla que presenta:
a) Enfermedades pulmonares crónicas.
b) Obesidad mórbida.
c) Cardiopatías.
d) Daibetes mellitus con otras morbilidades asociadas
con inmunocompromisos.
e) Enfermedades neuromusculares severas que impidan buen
manejo de secreciones.
6. Personal de guarderías que atienden a menores de 6 meses de edad.
Sexta. Información actualizada por la Secretaría de Salud informa que existen hasta ahora 70,665 casos confirmados distribuidos en los 32 estados de la república.
Séptima. Los integrantes de esta comisión coinciden en cuanto a insistir a la población, la importancia de vacunarse contra el virus A(H1N1), ante las campañas de oposición contra esta vacuna que ponen en riesgo la salud pública y vidas que provocan la baja tasa de vacunación y podría dificultar los esfuerzos por controlar la pandemia.
Octava. Es por ello necesaria la difusión de la información a la población para que conozca las ventajas preventivas que tiene la aplicación de esta vacuna.
Asimismo, para que se publique de manera reiterativa que los individuos considerados como grupos prioritarios, acudan a los centros de salud para la aplicación de la vacuna gratuitamente, evitándola confusión y compren dicha vacuna.
Novena. En cuanto a la venta de la vacuna contra la influenza A(H1N1), es preciso también que se informe a través de los medios masivos de comunicación, acerca de las farmacias, hospitales o clínicas que cumplen con los requisitos necesarios por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para conservar dicho fármaco, así como el estándar del precio en que se pone en el mercado.
Décima. Los integrantes de esta comisión también consideran necesario tomar en cuenta, una de las propuestas, respecto a que las instituciones educativas, donde se reúnen tanto niños, jóvenes, maestros y padres de familia, las cuales están propensas a adquirir dicho virus y ser propagadores de este, es por ello que se pone a consideración de la Secretaría de Salud, para que evalué respecto a la vacunación de los maestros de dichas instituciones educativas.
Décima Primera. Asimismo, es necesario que tanto la Secretaría de Salud, como la Cofepris, nos informen por medio de cifras específicas la situación actual por la que se está pasando respecto a este virus.
Decima Segunda. Finalmente, los integrantes de la Comisión de Salud de esta honorable Cámara de diputados consideran viables todas las proposiciones con punto de acuerdo, consideradas en dicho dictamen, es por ello que se considero necesario integrarlas en un solo dictamen para que de esta manera sean desahogadas de la manera más rápida posible.
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud, implemente una campaña nacional a través de los medios masivos de comunicación, para que se informe a la ciudadanía la importancia de vacunarse, especificando de manera correcta los grupos prioritarios que tienen acceso a la vacuna contra la influenza A(H1N1) de forma gratuita. Asimismo, sobre la venta de dicha vacuna en farmacias, a la población en general, especificando el precio y la dosis correcta de aplicación, así también como la existencia de mecanismos para evitar una sobredemanda de vacunas contra este padecimiento y contra la generación de conflictos relacionados a su aplicación.
Segundo. Se exhorta a la Cofepris para que en el marco de sus atribuciones evalué, y verifique la correcta aplicación y/o venta de la vacuna contra la influenza A(H1N1), en los hospitales, clínicas y farmacias del país, con la finalidad de comprobar la efectividad de la aplicación entre la población y de ser necesario emitir las medidas de seguridad y sanciones que procedan en caso de que se presenten conductas irregulares en la distribución y aplicación del fármaco, pero prioritariamente revise los requisitos de seguridad para garantizar la preservación de este para que no se pongan en riesgo la salud de la población.
Tercero. Se exhorta a la Secretaria de Salud, para que dentro de sus medidas preventivas y a su disponibilidad de presupuesto se considérela inclusión de la aplicación de la vacuna A(H1N1) para los maestros en el territorio nacional de las instituciones educativas oficiales, por ser un factor social de alto riesgo con permanente contacto con la población estudiantil del país.
Cuarto. Se solicita tanto a la Secretaria de Salud como a la Cofepris un informe detallado por escrito, dirigido a la Comisión de Salud de esta honorable Cámara de Diputados, para que brinde información con relación a la situación actual de la influenza A(H1N1).
La Comisión de Salud
Diputados: Miguel Antonio
Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García
Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica),
Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Rosalina Mazari Espín
(rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), José Antonio
Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos,
Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos
Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales,
secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre
Valdez, Olga Luz Espinoza Morales, Leandro Rafael García Bringas,
Clara Gómez Caro, Delia Guerrero Coronado, José Manuel Hinojosa
Pérez, José Luis Marcos León Perea, Fernando Morales
Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez,
Ana Elia Paredes Árciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica),
Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora
Villalva, Laura Piña Olmedo, Leticia Quezada Contreras.
DE LA COMISIÓN DE SALUD,
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN FEDERAL
PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS QUE RINDA UN INFORME,
POR LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS, SOBRE EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES
EN MATERIA DE CONTROL SANITARIO DE PUBLICIDAD
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:
I. Antecedentes
1. Con fecha 18 de noviembre de 2009 el diputado Jesús María Rodríguez Hernández del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional, presentó un punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), rinda un informe detallado, en un plazo no mayor a 30 días naturales, sobre el ejercicio de sus facultades en materia de control sanitario de la publicidad, que contenga los permisos autorizados y negados, los procedimientos jurisdiccionales en que se han impugnado sus negativas y el sentido de las resoluciones recaídas a los mismos, las sanciones que ha aplicado incluyendo a los sujetos sancionados, y las multas que efectivamente se han cobrado.
II. Consideraciones
I. Esta comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
II. El punto de acuerdo que se pretende dictaminar derivó debido a la preocupación que existe respecto a los anuncios de productos de alimentos y bebidas no alcohólicas que se difunden a lo largo del día en diversos medios de comunicación, sin que se respeten los lineamientos establecidos por las legislaciones que competen a la materia, en el cual las violaciones a las disposiciones que regulan el control sanitario de la publicidad en México son frecuentes y constantes.
III. Esta comisión está de acuerdo con el diputado, y consideramos que se debe respetar la normatividad sanitaria que señala que la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas deberá incluir en forma visual, auditiva o visual y auditiva, según sea para impresos, radio o cine y televisión, respectivamente, mensajes precautorios de la condición del producto o mensajes promotores de una alimentación equilibrada; así como que la publicidad de bebidas alcohólicas no podrá asociar a estos productos con ideas o imágenes de mayor éxito en la vida afectiva y sexualidad de las personas, o hacer exaltación de prestigio social, virilidad o feminidad, como tampoco asociarlos con actividades creativas, deportivas, del hogar o del trabajo, ni emplear imperativos que induzcan directamente a su consumo.
IV. Es por ello que se considera que la Cofepris que es la autoridad competente en materia de control sanitario de la publicidad a nivel federal, es la que debe vigilar y regular elementalmente un análisis de las normas referidas ya que estas tienen importantes implicaciones que tiene el control sanitario de la publicidad en nuestro país, es por ello que, nos exhibe el ejercicio de sus facultades en esta materia.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud consideran que la propuesta es viable, por lo que se somete al pleno de la Cámara de Diputados la siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados solicita a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que rinda de forma detallada un informe dirigido a la Comisión de Salud sobre el ejercicio de sus facultades en materia de control sanitario de publicidad, en la que se incluye, en forma enunciativa más no limitativa, una relación que abarque los tres últimos años y que contenga los permisos autorizados y negados; los procedimientos jurisdiccionales en el que han impugnado sus negativas y el sentido de las resoluciones recaídas y en los mismos; las sanciones que han aplicado; incluyendo los objetos sancionados; y las multas que efectivamente se han cobrado.
La Comisión de Salud
Diputados: Miguel Antonio
Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García
Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica),
Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Rosalina Mazari Espín
(rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), José Antonio
Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos
(rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas (rúbrica), Carlos
Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales,
secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre
Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinoza Morales, Leandro Rafael García
Bringas, Clara Gómez Caro, Delia Guerrero Coronado, José
Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), José Luis Marcos
León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez (rúbrica),
Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga,
Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Sergio Tolento Hernández
(rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo,
Leticia Quezada Contreras.
DE LA COMISIÓN DE SALUD,
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO A EFECTO
DE QUE LA SECRETARÍA DE SALUD INCREMENTE LAS ACCIONES PARA DETECTAR,
PREVENIR, TRATAR Y CONTROLAR EL CÁNCER
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:
I. Antecedentes
1. Con fecha 9 de febrero de 2010, la diputada María Cristina Díaz Salazar del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno el punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud incremente las acciones para la detección, prevención, tratamiento y control del cáncer con programas de difusión dirigidos a la población, así como mejoramiento de la infraestructura, del equipamiento, aumento del personal de salud y surtimiento de medicamentos.
II. Consideraciones
I. Esta comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
II. El punto de acuerdo que se pretende dictaminar nació debido a la preocupación que existe respecto al Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas el cual, a pesar de que aporta beneficios que permite situación del cáncer en México, ha sido rebasado por los pacientes que padecen de cáncer.
III. Los integrantes de esta Comisión coinciden respecto a que el cáncer es una de las enfermedades que más abundan dentro de nuestro panorama epidemiológico de nuestro país desde finales del siglo XX, un problema de salud publica grave, no sólo por sus graves manifestaciones clínicas y su alta letalidad, sino también por la gran variedad de factores de riesgo individuales y ambientales con los que se asocia.
IV. Las cifras de mortalidad por este padecimiento son desalentadoras debido a que en el 2008, se registró la muerte de más de 48 mil pacientes y más de 72 mil casos nuevos.
V. Los medios de comunicación y el testimonio de los pacientes, así como los profesionales de la salud indican la falta de infraestructura, medicamentos y médicos especialistas que tienen la responsabilidad para atenderlos, más en los sistemas de seguridad social o en los servicios estatales de salud y de los beneficiarios del Seguro Popular.
VI. Es por ello que se considera necesario que la Secretaría de Salud incremente las acciones para la detección, prevención, tratamiento y control del cáncer con programas de difusión dirigidos a la población, así como mejoramiento de la infraestructura, del equipamiento, aumento del personal de salud y surtimiento de medicamentos para ampliar la cobertura de este padecimiento.
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud consideran que la propuesta es viable, por lo que se somete al pleno de la Cámara de Diputados la siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo a efecto de que la Secretaría de Salud incremente las acciones para la detección, prevención, tratamiento y control del cáncer con programas de difusión dirigidos a la población, así como mejoramiento de la infraestructura, del equipamiento, aumento del personal de salud y surtimiento de medicamentos para ampliar la cobertura de este padecimiento.
La Comisión de Salud
Diputados: Miguel Antonio
Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García
Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica),
Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Rosalina Mazari Espín
(rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), José Antonio
Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos
(rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas (rúbrica), Carlos
Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales,
secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre
Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinoza Morales, Leandro Rafael García
Bringas, Clara Gómez Caro, Delia Guerrero Coronado, José
Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea
(rúbrica), Fernando Morales Martínez (rúbrica), Alfonso
Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga, Guadalupe
Eduardo Robles Medina (rúbrica), Sergio Tolento Hernández
(rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo,
Leticia Quezada Contreras.
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA, Y DE ECONOMÍA, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS
QUE SE EXHORTA A LOS SECRETARIOS DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, Y DE ECONOMÍA A RESOLVER EL
PROBLEMA DEL SECTOR PRODUCTIVO LECHERO
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Economía, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Secretaría de Economía, a resolver el problema del sector productivo lechero, presentada por el diputado Jorge Rojo García de Alba, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 26 de noviembre 2009, ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Lo anterior, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La Comisión de Economía, con fundamento en los artículo 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la proposición con punto de acuerdo mencionada al tenor de los siguientes:
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el día 26 de noviembre 2009, los ciudadanos secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la proposición de punto de acuerdo que presentó el ciudadano diputado Jorge Rojo García de Alba, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Segundo. El ciudadano Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Economía".
Tercero. El Legislador expone lo siguiente:
Por otra parte, se enfatiza que el sector lechero mexicano se encuentra ante una disyuntiva que deberá crecer, igualando su productividad a la de los socios comerciales de México, o a administrar la existencia de ventajas comparativas que favorecen a Estados Unidos y, en particular, a Canadá.
La situación que enfrentan los productores de leche del país es preocupante, y en particular, el estado de Hidalgo es uno de los que resiente en mayor cuantía dicho contexto complejo no es suficiente con garantizar que Liconsa adquiera la producción nacional, es necesario diseñar mecanismos que permitan compensar las disminuciones que se pudieran presentar en el precio del lácteo.
Nuestro país tiene un déficit en producción de leche aproximadamente del 50 por ciento, esta situación ha dado cabida a que con la apertura comercial y el Tratado de Libre Comercio, una serie de empresas que se dedican a industrializar la leche, y buscando satisfacer la demanda nacional, privilegian la importación de leche en polvo descremada, y en la mayoría de las ocasiones importan sueros de uso veterinario, producto no apto para consumo humano, el cual revuelven con leche producida en México, misma que primero descreman y extraen sus propiedades nutricionales, y posteriormente adulteran con grasa vegetal, y otros productos que no son propios de la leche; ocasionando con ello un fraude al consumidor y la consecuente afectación a los productores nacionales.
Aunado a lo anterior es de destacar que este año se presentó una de las sequías más graves, ocasionando que la producción de leche en México haya disminuido más de 20 puntos porcentuales, lo que genera una mayor dependencia de la importación de productos lácteos.
El impacto de lo mencionado anteriormente se manifiesta de diferentes maneras, de acuerdo al nivel de producción de cada entidad federativa, en este sentido, el estado que me honro en representar, Hidalgo, es uno de los más afectados.
No es suficiente con implementar programas que fomenten la producción, con el objetivo de eficientar a dicho sector es necesario contar con acciones integrales que incluyan la distribución y la comercialización del lácteo y sus derivados.
La Sagarpa, como la institución encargada de la política agropecuaria nacional, tiene la obligación de implementar programas emergentes de compensación y rescate de los productores de la leche en el estado de Hidalgo en particular, y a todos los productores a nivel nacional.
En este sentido es indispensable apoyar a los productores sociales los cuales no pueden acceder a los programas del gobierno federal ya que actualmente los excluyen de la mayoría de los programas de apoyo de los cuales dependen más de 200 mil familias.
Hoy día, la Ley General de la Leche reglamenta una norma jurídica para hacer obligatoria la planeación de la actividad lechera y sus derivados; sin embargo, es de destacar que hay un gran déficit de ordenamientos para controlar la importación de sueros lácteos que vienen a distribuirse y a consumirse a México como leche pura lo cual es un fraude al consumidor, pero también tenemos la obligación de darle una norma jurídica que obligue al Ejecutivo para que en materia de planeación de la actividad lechera establezca las bases para que haya objetividad y certidumbre a largo plazo para los productores agropecuarios
Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados y, en particular, quienes representamos al estado de Hidalgo estamos comprometidos a velar porque el sector agropecuario del estado cuente con un entorno que favorezca su crecimiento, ello con el objetivo de coadyuvar a que el desarrollo económico nacional sea una meta viable en el mediano y largo plazo…"
Consideraciones
Primera. Que de conformidad con el numeral 3o. del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía, es competente para conocer sobre la proposición de punto de acuerdo que presentó el ciudadano diputado Jorge Rojo García de Alba.
Segunda. Que uno de los principales objetivos de la canasta básica según Procuraduría Federal del Consumidor, es satisfacer las necesidades alimentarías de la población mexicana, que en su mayoría tienen un nivel de ingresos bajo, y en este sentido la leche se presenta como una de las principales alternativas, sobre todo para la niñez de nuestro país, pero para que cumpla con este fin, es necesaria su consolidación como un bien básico accesible a todos los niveles y en todos los lugares. Por ello, en la medida que aumente la importancia del consumo de este producto en la dieta básica de la población, la leche será un producto estratégico que ayude a mejorar la alimentación y la salud de los mexicanos.
Que se enfatiza que el sector lechero mexicano se encuentra ante la disyuntiva de crecer, igualando su productividad a la de los socios comerciales de México, o admitir la existencia de ventajas comparativas que favorecen a Estados Unidos y en particular, a Canadá.
Que en el artículo 2o. dice: "Para los efectos del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de actividades, establecimientos, productos y servicios, son materia de regulación, control y fomento sanitario los siguientes productos, fracción III, que refiere el inciso b) Leche, lácteos, derivados e imitaciones".
Que la situación que enfrentan los productores de leche del país es preocupante y, en particular, el estado de Hidalgo es uno de los que resiente en mayor cuantía dicho contexto complejo.
Que no es suficiente con garantizar que Liconsa adquiera la producción nacional, es necesario diseñar mecanismos que permitan compensar las disminuciones que se pudieran presentar en el precio del lácteo.
Que nuestro país tiene un déficit en producción de leche aproximadamente de 50 por ciento, esta situación ha dado cabida a que con la apertura comercial y el Tratado de Libre Comercio, una serie de empresas que se dedican a industrializar la leche, y buscando satisfacer la demanda nacional, privilegian la importación de leche en polvo descremada y, en la mayoría de las ocasiones importan sueros de uso veterinario, producto no apto para el consumo humano, el cual revuelven con leche producida en México, la cual primero se descrema y se extraen sus propiedades nutricionales y, posteriormente, adulteran con grasa vegetal, así como productos que no son propios de la leche, ocasionando con ello un fraude al consumidor y la consecuente afectación a los productores nacionales.
Que aunado a lo anterior es de destacar que este año se presentó una de las sequías más graves, ocasionando que la producción de leche en México haya disminuido más de 20 puntos porcentuales, lo que genera una mayor dependencia de la importación de productos lácteos.
Que no es suficiente con implementar programas que fomenten la producción, con el objetivo de hacer eficiente dicho sector, es necesario contar con acciones integrales que incluyan la distribución y la comercialización del lácteo y sus derivados.
Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), como la institución encargada de la política agropecuaria nacional, tiene la obligación de implementar programas emergentes de compensación y rescate de los productores de la leche a nivel nacional y en particular al estado de Hidalgo.
Que en este sentido es indispensable apoyar a los productores sociales los cuales no pueden acceder a los programas del Gobierno Federal ya que actualmente los excluyen de la mayoría de los programas de apoyo de los cuales dependen más de 200 mil familias.
Que, debido a los altos contenidos nutricionales de la leche, tales como las proteínas y aminoácidos esenciales para la alimentación, la FAO y la UNESCO, la han recomendado como alimento imprescindible para la nutrición humana, principalmente para los niños y los adultos mayores.
Que existe el reclamo generalizado de la industria nacional y de los productores ganaderos, debido a que Liconsa introduce a nuestro país productos que se ostentan dolosamente como leche, pero sin serlo. Esta situación no sólo afecta a la industria nacional, sino también a los consumidores que ven vulnerados sus derechos ante la falta de la aplicación efectiva de la NOM 155 SCFI 2003.
Que la Norma Oficial Mexicana SCFI 155-2003 establece que "es responsabilidad del gobierno federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar que los productos que se comercialicen en el territorio nacional contengan los requisitos necesarios para garantizar los aspectos de información comercial para lograr una efectiva protección del consumidor".
Que subsisten prácticas que violentan lo establecido en la NOM-155-SCFI-2003 en perjuicio de los consumidores finales, quienes compran y consumen fórmulas en el mejor de los casos lácteas, pensando que se trata de leche. Desafortunadamente, a la gente más necesitada les ofrecen como leche substancias sin ningún control sanitario y carentes de toda certificación; la gente, al no tener conocimiento y confiada de que es el propio gobierno el que se la vende, compra esta "leche" por su precio más económico.
Que millones de niños de todo el país reciben fórmulas lácteas o fórmulas de soya, con un bajo contenido nutricional. Es importante recalcar que México es el único país en el mundo que importa sueros lácteos para consumo humano, que aunque más económicos son de poco valor nutricional. Además, muchas de las proteínas que llegan a tener estas fórmulas se estabilizan con sustancias químicas, que pueden causar alteraciones a la salud, pues no se encuentra demostrada su inocuidad.
Que en dichas compras deja que desear la calidad del producto ya que se dejan orientar por los precios y quien ofrezca el mejor precio gana, omitiendo la calidad del producto.
Tercera. Que esta Comisión de Economía considera que el programa de rescate materia de este exhorto debe de ser para los productores de todo el país, no solo para los del estado de Hidalgo, haciendo uso de los recursos que le fueron asignados para este año a la Sagarpa.
Cuarta. Por lo que en virtud de lo expuesto, la Comisión de Economía
Acuerda
Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que:
2. Se considere al sector de productores de leche nacionales en el conjunto de actividades prioritarias para el desarrollo integral del sector agropecuario nacional, ello con el objetivo de que se diseñe una política estratégica particular que permita generar beneficios a los pequeños productores o productores sociales;
3. Unificar normatividad con relación a la producción, industrialización, distribución y calidad de la leche.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de enero 2010.
La Comisión de Agricultura y Ganadería
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 marzo de 2010.
Diputados: Cruz López Aguilar (rúbrica), presidente; Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Alfredo Francisco Lugo Oñate (rúbrica), Fermín Montes Cavazos (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa (rúbrica), Rolando Zubía Rivera (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, José Narro Céspedes (rúbrica), José M. Torres Robledo (rúbrica), secretarios; José Tomás Carrillo Sánchez (rúbrica), Óscar García Barrón (rúbrica), Joel González Díaz, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Jorge Rojo García de Alba (rúbrica), Gerardo Sánchez García (rúbrica), Héctor Eduardo Velasco Monroy (rúbrica), Víctor Alejandro Balderas Vaquera, Alberto Esquer Gutiérrez, José Luis Íñiguez Gámez, Juan de Jesús Pascualli Gómez (rúbrica), Fernando Santamaría Prieto, Ricardo Sánchez Gálvez, Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva, Ramón Jiménez Fuentes, José María Valencia Barajas (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar, Eduardo Zarzosa Sánchez.
La Comisión de Economía
Diputados: Ildefonso Guajardo
Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica),
Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini
Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica),
Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Norma Sánchez
Romero (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica),
Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso
González (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica),
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Roberto Borge Angulo (rúbrica), Javier
Duarte de Ochoa, Jorge Hernández Hernández (rúbrica),
Jorge Humberto López-Portillo Basave (rúbrica), David Penchyna
Grub (rúbrica), David Ricardo Sánchez Guevara, Jesús
Everardo Villarreal Salinas (rúbrica), José Antonio Arámbula
López (rúbrica), Sergio Gama Dufour, Luis Enrique Mercado
Sánchez (rúbrica), Ramón Merino Loo, Martín
Rico Jiménez, Ramón Jiménez López (rúbrica),
Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Carlos Torres Piña
(rúbrica), José M. Torres Robledo (rúbrica), Ifigenia
Martha Martínez y Hernández (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SAGARPA
Y A ASERCA A CONSIDERAR PRIORITARIO APOYAR A LOS PRODUCTORES EN LA COMERCIALIZACIÓN
DEL TRIGO DEL VALLE DE MEXICALI EN EL CICLO PRIMAVERA-VERANO
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LXI Legislatura fue turnada para estudio, análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y a Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) a efecto de que con los recursos asignados para el ejercicio fiscal de 2010 consideren prioritario apoyar la comercialización de trigo de productores del valle de Mexicali, presentada por el diputado Sergio Tolento Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Una vez recibida por la Comisión de Agricultura y Ganadería, sus integrantes entraron en el estudio, con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos y argumentos en que se apoya para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica; y 65, 66, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. A la Comisión de Agricultura y Ganadería corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
El 9 de febrero de 2010, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa y a Aserca a efecto de que con los recursos asignados para el ejercicio fiscal de 2010 consideren prioritario apoyar la comercialización de trigo de productores del valle de Mexicali.
Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de la comisión dictaminadora formulamos las siguientes
Consideraciones
Que el artículo 27 constitucional señala en la fracción XX que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.
Que Aserca, como órgano administrativo desconcentrado de la Sagarpa, tiene la obligación de diseñar, instaurar, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas que en materia de apoyos del campo están consideradas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en el programa sectorial de mediano plazo, para fortalecer el desarrollo del sector, la rentabilidad agrícola y el ingreso de los productores nacionales; todo esto, mediante la aplicación de programas de apoyo directo al productor y a la promoción, de procedimientos de financiamiento y de organización para su incorporación en condiciones de competitividad y la rentabilidad de las cadenas agroalimentarias a los mercados nacionales e internacionales y, de esa forma, fortalecer la economía del país.
Que los estados del noroeste de México, en particular el valle de Mexicali, Baja California, aportan 55 por ciento de la producción nacional de trigo. Asimismo, gracias al desarrollo agroalimentario y a la aplicación de los adelantos tecnológicos más avanzados en materia agronómica se han podido obtener cosechas con altos rendimientos, sobre todo en las zonas de riego. Esta situación, aunada al clima predominante en el valle de Mexicali, lo ha convertido en la principal región productora de trigo, por lo cual se hace necesario potenciar el incremento inicial de semillas nuevas y de las actuales variedades.
Que por su condición y localización geográfica, el valle de Mexicali ha orientado su producción hacia los trigos cristalinos de exportación, que representan 84 por ciento de la cosecha de cada año.
Que pese a lo anterior, el Comité Nacional del Sistema Producto Trigo ha manifestado que la situación de los productores de trigo para 2010 es complicada debido a la falta de recursos, a los problemas climáticos y a la caída del precio del cereal.
Que la mayor producción de trigo en México se da en el ciclo otoño-invierno, mientras que para el actual primavera-verano se espera una afectación por la sequía en los estados donde se siembra, lo que provocará una baja de la producción por la siniestralidad que se vaya a registrar.
Que se estima que la intención de siembra de trigo para el ciclo agrícola 2009-2010 sea por el orden de 90 mil 194 hectáreas., para una producción esperada de 559 mil 300 toneladas, de las cuales 430 mil toneladas pertenecen a trigos cristalinos, que son excedentes de comercialización para su exportación.
Que hay intención de compra por la industria harinera por 78 mil toneladas de trigo harinero, lo cual permite comercializar este volumen sin problema mediante el esquema de agricultura por contrato, en unas 13 mil hectáreas de siembra.
Que para el caso del trigo cristalino hay una intención de compra de 121 mil toneladas para la elaboración de pastas y de sémola, y para consumo pecuario, lo que permite que este trigo reciba el mismo tratamiento del harinero en el esquema de agricultura por contrato y no tenga problemas de comercialización. Sin embargo, 360 mil toneladas deben ser comercializadas para la exportación, ya que no tienen un destino local o nacional. Para este tipo de trigo se cuenta con las empresas exportadoras, que actualmente habilitan a los productores a través de los centros de acopio para que se siembre dicho trigo.
Que el alza de los insumos en relación con las cosechas anteriores ha afectado la rentabilidad, debiéndose conciliar los intereses de orden productivo con las políticas emanadas de los distintos niveles de gobierno, a fin de hacer frente a los efectos negativos sobre la producción de trigo en la región. Además, los elevados niveles de inventarios y abundante producción mundial hacen ver un panorama no claro en el precio al productor y en la comercialización del ciclo agrícola 2009-2010, pudiendo generarse un cuello de botella por lo que se refiere a la exportación si el gobierno federal deja de apoyar este sector.
Que se deben centrar los esfuerzos en mitigar la problemática por los excedentes del trigo cristalino, fortaleciendo el programa de exportación en Baja California, estableciendo desde el momento mismo de la siembra un sistema de agricultura por contrato entre productores y compradores. Igualmente, mediante la toma de coberturas por el programa Aserca, debemos dar certidumbre al sector exportador para que los apoyos destinados al programa por excedentes de comercialización de trigo no se recorte y se aplique oportunamente y así fortalecer la competitividad de los productores mediante la tecnificación y modernización de sus unidades de producción y el apoyo para la adquisición de activos productivos.
Que dada esa situación, se requiere que la Sagarpa destine recursos para favorecer el desplazamiento de la cosecha de Baja California a destinos como Marruecos, Argelia e Italia, para lo cual debe establecer un programa de apoyo a la exportación, toda vez que la volatilidad de los precios internacionales no garantiza el desplazamiento de la cosecha.
Que, adicionalmente, se requiere que la Sagarpa destine recursos para el apoyo de la toma de coberturas simples para el caso del trigo cristalino de exportación en favor de los productores, subsidiando 100 por ciento del costo, lo que permitirá garantizar un precio al productor al momento de la cosecha. Este programa requiere subsidios por el gobierno federal del orden de 126 millones de pesos.
Que se debe brindar mayor certeza a los usuarios de estos programas federales en los apoyos que éstos puedan recibir.
Con base en los antecedentes y las consideraciones expuestos, los integrantes de la comisión tenemos a bien poner a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria a efecto de con los recursos asignados para el ejercicio fiscal de 2010 consideren prioritario apoyar a los productores en la comercialización del trigo del valle de Mexicali en el ciclo primavera-verano.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2010.
La Comisión de Agricultura y Ganadería
Diputados: Cruz López
Aguilar (rúbrica), presidente; Manuel Cota Jiménez (rúbrica),
Alfredo Francisco Lugo Oñate (rúbrica), Fermín Montes
Cavazos (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa (rúbrica),
Rolando Zubía Rivera (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos
(rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Javier Bernardo Usabiaga
Arroyo (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica),
José Torres Robledo (rúbrica), secretarios; José Tomás
Carrillo Sánchez (rúbrica), Óscar García Barrón,
Joel González Díaz, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica),
Jorge Rojo García de Alba (rúbrica), Gerardo Sánchez
García (rúbrica), Héctor Eduardo Velasco Monroy (rúbrica),
Víctor Alejandro Balderas Vaquera, Alberto Esquer Gutiérrez,
José Luis Íñiguez Gámez, Juan Pascualli Gómez
(rúbrica), Fernando Santamaría Prieto, Ricardo Sánchez
Gálvez, Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), Sergio Gutiérrez
Villanueva, Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), José
María Valencia Barajas (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar,
Eduardo Zarzosa Sánchez.