• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al titular de la SE a fin de que solicite una reunión ministerial de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN con objeto de presentar ante el grupo de trabajo ad hoc formado entre ésa y la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte la sanción impuesta por el gobierno estadounidense a las importaciones de camarón mexicano, a cargo del diputado José Luis Marcos León Perea y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a rendir un informe respecto al programa Escuelas de Tiempo Completo, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal que instruya al Inegi a fin de que en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010 incorpore una cédula adicional sobre la salud, acordada con el Consejo de Salubridad General, para obtener un efectivo diagnóstico al respecto, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Ssa y al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva que reconsideren el criterio de distribución del Fondo para la Prevención y Atención del Cáncer de Mama y Cérvico-Uterino, pues el actual afecta de manera directa la salud de las coahuilenses, a cargo del diputado Miguel Ángel Riquelme Solís y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a informar sobre la situación del Programa Integral de Aseguramiento Patrimonial y Responsabilidades de 2010, a cargo del diputado Noé Martín Vázquez Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, relativo a los fraudes cometidos por los grupos inmobiliarios Sitma e Invergroup en Puebla y otros estados, a cargo del diputado Carlos Torres Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a sancionar a los servidores públicos que privaron del libre tránsito a ciudadanos sonorenses, a cargo del diputado Onésimo Mariscales Delgadillo, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Conanp a agilizar el proceso de recategorización del área natural protegida Parque Nacional Los Mármoles, en Hidalgo, como área de protección de flora y fauna, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer ante esta soberanía al titular de la SCT para que rinda un informe detallado sobre la posible fusión entre Mexicana de Aviación y Aeroméxico, a cargo del diputado Éric Luis Rubio Barthell, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Vivienda de esta soberanía que haga comparecer a Víctor Manuel Borrás Setién por el presunto incumplimiento de la electrificación pública en las unidades habitacionales La Guadalupana y Santa Catarina, de la ciudad de Puebla, a cargo del diputado Leobardo Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a agilizar los estudios y concluir el proyecto de las obras hidráulicas que eviten inundaciones en diversas zonas habitacionales de Guerrero; y a la Segob, a prever la disponibilidad de recursos financieros del Fonden para la realización de los trabajos necesarios, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, relativo a la desincorporación e incorporación de terrenos del parque nacional El Veladero, a cargo del diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del PVEM

Los que suscriben, José Luis Marcos León Perea, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Jesús Alberto Cano Vélez, Ernesto de Lucas Hopkins, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, Onésimo Mariscales Delgadillo y Miguel Ernesto Pompa Corella, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acuden ante el pleno de esta soberanía a presentar la proposición con punto de acuerdo, con fundamento en la siguiente

Exposición de Motivos

Debido a los grandes volúmenes de captura, la pesca y acuacultura del camarón representa una pesquería que puede y ha sido bien aprovechada comercialmente, ya que la explotación de esta especie constituye, en volumen, la tercera pesquería de México y la primera en valor y captación de divisas.

Según el Anuario Estadístico de Pesca, publicado por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), durante el año 2007, la producción de camarón alcanzó un volumen total de 184 mil 695 toneladas, de las cuales 80 por ciento proviene del litoral Pacífico y el resto del Golfo y el Caribe. En lo que respecta al litoral Pacífico entidades como Sonora y Sinaloa aportaron 88 por ciento, mientras que en el litoral Golfo y Caribe, Tamaulipas participó con 71 por ciento de la producción.

El valor de la producción durante ese año fue de 7 mil 369 millones de pesos lo que representa 44.17 por ciento del valor de la producción total, aunque el volumen total nacional es un poco mayor a 10 por ciento. La producción de camarón proveniente de la actividad acuícola representó 60.5 por ciento del volumen total con 111 mil 787 toneladas.

De acuerdo con información del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), durante el año 2009, México exportó a Estados Unidos 39 mil 712.2 toneladas de camarón, equivalentes a 258 millones 204 mil 932 dólares.

La pesca del camarón en México se lleva a cabo en el Golfo de México, desde Chetumal hasta Tamaulipas; y en el Pacífico, desde Sonora hasta el puerto oaxaqueño de Salina Cruz; sin embargo, se destaca el Golfo de California como el sitio en donde se lleva a cabo la mayor parte de la pesca. Los armadores operan en Tamaulipas, Oaxaca, Campeche, Tabasco, Yucatán, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Veracruz, Nayarit y Baja California Sur. Actualmente, la pesquería de este crustáceo en México cuenta con mil 443 embarcaciones, de las cuales 87 por ciento tienen más de 30 años de antigüedad.

En cuanto a las artes de pesca, la fracción V del artículo 4 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, señala que arte de pesca es el instrumento, equipo o estructura con que se realiza la captura o extracción de especies de flora y fauna acuáticas.

La Norma Oficial Mexicana número NOM-002-PESC-1993 especifica las disposiciones aplicables a las pesquerías comerciales de camarón, que se realizan aguas marinas. Esta norma establece la reglamentación de artes de pesca, así como la aplicación de vedas y restricciones del esfuerzo.

En la práctica de la pesquería del camarón silvestre se han establecido una serie de regulaciones y procesos técnicos para proteger, conservar y propiciar la recuperación de las poblaciones de las diversas especies de tortugas marinas, con el fin de buscar la menor afectación por parte de las actividades pesqueras. La Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993 (DOF 30 07 1997) se expidió con el fin de implementar de manera permanente los dispositivos excluidores de tortugas marinas (DET) de tipo rígido, que se habían venido utilizando en el litoral del océano Pacífico desde 1996.

El uso indebido de las artes de pesca, en particular la violación a esta norma, por parte de algunos patrones de las embarcaciones, al coser o cerrar la salida de los sistemas excluidores de tortugas, con el fin de incrementar el esfuerzo pesquero, ha traído, como consecuencia, que se haya elevado la mortandad de tortugas marinas.

Por lo anterior, el Gobierno de los Estados Unidos, con fundamento en la Ley 101-162, sección 609, del 21 de noviembre de 1989, la cual tiene como objetivo la prohibición de importar a Estados Unidos camarón que sea pescado con tecnología que ponga en riesgo a las tortugas marinas, de cuya aplicación se impuso, a partir del 20 del abril, una "no certificación", es decir, prohibir la importación a ese país del camarón mexicano, lo cual traerá como consecuencia el colapso de esta pesquería, ya que cerca de 90 por ciento de los pescadores de camarón en México dependen del mercado norteamericano.

En el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la aplicación de esta ley norteamericana tiene fundamento en los artículos 3 y 5 del Acuerdo de Cooperación Ambiental entre el Gobierno de Canadá, el Gobierno de Estados Unidos de América y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "el derecho de cada una de la partes de establecer, en lo interno, sus propios niveles de protección ambiental, y de políticas y prioridades de desarrollo ambiental, así como el de adoptar y modificar, en consecuencia, sus leyes y reglamentos ambientales, y la obligación cada una de las partes de aplicar de manera efectiva sus leyes y reglamentos ambientales a través de medidas gubernamentales adecuadas, conforme al artículo 37".

La mencionada Ley 101-162, sección 609, establece que su aplicación se llevará a cabo con base en una certificación anual, por lo que, con el fin de impedir la imposición del "embargo camaronero", resulta necesario que el gobierno de Estados Unidos de América, a través del Departamento de Estado, que es la autoridad administrativa competente para la aplicación de esta ley, junto con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la cual funge como asesor técnico para los efectos de esta ley, inspeccionen nuevamente la operación de las redes de arrastre que se utilizan para la captura de camarón y realicen una nueva revisión a la flota pesquera para verificar el uso de los excluidores de tortuga y que se entregue la certificación por parte de las autoridades estadounidenses, con el compromiso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Conapesca y la Secretaría de Marina, de aplicar de manera efectiva la legislación ambiental nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Acuerdo de Cooperación Ambiental entre el Gobierno de Canadá, el Gobierno de Estados Unidos de América y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 8 del acuerdo señalado, menciona que las partes establecen la Comisión para la Cooperación Ambiental, la cual estará integrada por un consejo, el cual, con fundamento en el inciso c del numeral 6 del artículo 10 del acuerdo, tiene como función cooperar con la Comisión de Libre Comercio del TLC, (la cual, conforme al artículo 2001 del TLCAN, es el órgano máximo de aplicación del tratado), para alcanzar las metas y objetivos ambientales del TLC "contribuir a la prevención o la resolución de controversias comerciales relacionadas con el medio ambiente". Derivado de esto, en la última reunión de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN, celebrada en la ciudad de Dallas, Texas, el 19 de octubre de 2009, se acordó establecer un grupo de trabajo ad hoc formado por funcionarios de alto nivel para explorar las áreas potenciales de colaboración entre la Comisión de Libre Comercio y la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, de igual forma, se señaló que la creación de dicho grupo de trabajo ad hoc proveerá una plataforma para mantener una discusión trilateral continua sobre comercio y protección al medio ambiente en América del Norte.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a que instruya a Gerardo Ruiz Mateos, secretario de Economía, para que solicite una reunión ministerial de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN, a efecto de presentar ante el grupo de trabajo ad hoc formado entre la Comisión de Libre Comercio y la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, integrada por funcionarios de alto nivel, el grave problema que representa a la pesquería del camarón, la sanción impuesta por el gobierno de Estados Unidos de América a las importaciones de camarón mexicano a ese país, y solicite al gobierno de ese Estado, inspeccione nuevamente la operación de las redes de arrastre que se utilizan para la captura de camarón, y realice una nueva revisión a la flota pesquera para verificar el uso de los excluidores de tortuga y que se entregue la certificación por parte de las autoridades estadounidenses.

Segundo. Instruir a la Profepa y la Conapesca, y ordenar a la Secretaría de Marina, a aplicar estrictamente las sanciones impuestas por la violación a la legislación ambiental y, con esto, cumplir cabalmente con lo dispuesto en el artículo 5 del Acuerdo de Cooperación Ambiental entre el Gobierno de Canadá, el Gobierno de Estados Unidos de América y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y evitar nuevas sanciones fundadas en leyes extranjeras aplicadas con forme a esta disposición internacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 17 de marzo de 2010.

Diputados: José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh (rúbrica), Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEP A RENDIR UN INFORME RESPECTO AL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, A CARGO DE LA DIPUTADA LETICIA QUEZADA CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para que la Secretaría de Educación Pública rinda un informe respecto al programa Escuelas de Tiempo Completo con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. Que la educación en un país es la base del desarrollo y el crecimiento humano. Gracias a la educación se logran mejores estándares de vida y se incrementa sustancialmente el desarrollo social. Es pues la mejor inversión que se puede hacer en un país y es un detonador de avance y movilidad social.

Segundo. Que el artículo 3o. constitucional establece el derecho de todas y todos los mexicanos a tener una educación pública, laica y gratuita.

Tercero. Que las escuelas de tiempo completo han dado una oportunidad de atención pedagógica, sin embargo, estas escuelas actualmente se encuentran sustentadas en un programa que opera en forma piloto en diversas entidades federativas y que atiende en colaboración con las entidades y el gobierno federal, a una población de 75 mil educandos, según cifras aportadas por el portal de la Secretaría de Educación Pública.

Cuarto. El ´programa, tal como se encuentra planteado, constituye una alternativa pedagógica que prolonga la estancia de maestros, niños y niñas en la escuela, con la finalidad de favorecer el desarrollo de las competencias definidas en los planes y programas de estudio para la educación básica. Uno de los objetivos que persigue es ampliar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos, tanto las dedicadas al estudio de los contenidos establecidos en el currículo como otras asociadas al fortalecimiento de las competencias sociales, el aprendizaje de una lengua extranjera, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como el mejoramiento del trabajo colegiado entre el personal docente de las escuelas.

Para la realización de las actividades antes descritas se requiere que las escuelas de tiempo completo cuenten con comedor, sala de cómputo, espacio de usos múltiples, instalaciones deportivas y la participación de especialistas en la enseñanza de una segunda lengua, el uso de tecnologías informáticas en apoyo al aprendizaje, educación física y artística. Estas últimas materias pueden brindarse a través de convenios o acuerdos con instituciones civiles y gubernamentales locales que manejen estos campos.

Quinto. El programa nacional Escuelas de Tiempo Completo responde a la exigencia de brindar una mejor y más completa formación educativa y cultural de los educandos, además de ofrecer una opción para los hijos de familias uniparentales y de madres trabajadoras que requieren este apoyo institucional, constituye una de las políticas públicas en materia de educación en la actual administración; por ello, debe garantizarse que sea una opción educativa creciente y que propicie la equidad educativa, atajando brechas sociales a favor de la niñez mexicana.

Sexto. Para dar atención a la demanda que tiene la Secretaría de Educación Pública, se asignan los espacios disponibles a través del sistema automático de inscripción y distribución, sin embargo, se desconoce si los criterios que aplica dicho sistema informático cubren el total de la demanda de escuelas de tiempo completo, debido a que éste dato no es informado en el portal de la secretaría para consulta y seguimiento.

Considerando

1. Que derivado de la alta demanda que tienen los planteles escolares de tiempo completo, esta soberanía requiere conocer cual ha sido el comportamiento del programa desde su creación y conocer si existe alguna planeación que permita conocer el impacto social de dicho programa.

2. Que la construcción de la política pública requiere de propiciar consensos y entendimiento de la problemática social, así como darle una atención y respuesta adecuada.

3. Que esta soberanía requiere conocer el posible déficit en el cumplimiento de la demanda de dichos planteles, debido a que se desconoce la forma en que se asignan los espacios disponibles y cuantos casos de menores se quedan fuera de dicha opción educativa, con el riesgo de dejar fuera de la opción educativa adecuada para las necesidades de un sector social cada vez más creciente, en el que ambos progenitores trabajan y perciben ingresos insuficientes para poder cubrir las colegiaturas de las escuelas privadas.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, LXI Legislatura, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar cuál ha sido la población escolar que ha beneficiado el programa Escuelas de Tiempo Completo durante los ciclos escolares en que se ha aplicado.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar cuántos han sido los casos en que el sistema automático de inscripción y distribución ha asignado una escuela distinta a la escuela de tiempo completo que han solicitado los padres o tutores de la menor o el menor.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar el avance que han tenido en las entidades federativas en que existe mayor demanda de las escuelas de tiempo completo.

Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar de conformidad con el sistema automático de inscripción y distribución cuántas solicitudes de preinscripción tiene registradas para el ciclo escolar 2010-2011 en las escuelas de tiempo completo.

Palacio Legislativo, a 17 de marzo de 2010.

Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL QUE INSTRUYA AL INEGI A FIN DE QUE EN EL CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA DE 2010 INCORPORE UNA CÉDULA ADICIONAL SOBRE LA SALUD, ACORDADA CON EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, PARA OBTENER UN EFECTIVO DIAGNÓSTICO AL RESPECTO, A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO BENÍTEZ LUCHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro país, los problemas de la salud cada día van en aumento, por múltiples padecimientos, que van desde las infecciones respiratorias agudas, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, las infecciones urinarias, las infecciones intestinales, que representan, las úlceras, la gastritis y la duodentitis , entre muchos otros. Todas ellas suponen, además del sufrimiento de las personas y sus familias altos costos de atención, sobre todo por la baja capacidad preventiva.

La obesidad y la diabetes, por citar un ejemplo, representan un gasto en atención de cerca de mil 500 millones de pesos, además de ser una de las 10 principales causas de hospitalización en adultos y ocasionar cada año 70 mil muertes prematuras.

Frente a ello, el planteamiento de contar con un sistema nacional de salud único continúa siendo vigente. Aunque administración tras administración ha sido abordado desde la mayor diversidad de posturas sustentadas, para alcanzarlo en beneficio de la calidad de vida de todos los mexicanos, es imprescindible alcanzar un modelo eficiente de generación y manejo de información que permita con toda oportunidad, su intercambio y utilización, sin barreras geográficas o institucionales, lo que se lograría con la conformación del archivo nacional de salud.

La constitución de tan importantes bases de datos es estratégica para la obtención del diagnóstico preciso de la salud en nuestro país, mejorar la salud, disminuir las desigualdades territoriales y sociales y alcanzar un modo de vida más digno para todos. Para lo anterior, la premisa fundamental, es la obtención de información de primera fuente, a lo cual se puede acceder mediante la cobertura y profundidad de la más importante herramienta estadística que prevé la ley, como son los censos nacionales de población y vivienda.

El objetivo anterior, se lograría mediante el empleo de un instrumento de captación de información en salud en el Censo Nacional de Población y Vivienda, que se efectuará en este año 2010. La obtención de datos iniciales conformaría, en primera instancia, un mejor y actualizado diagnóstico de la salud en méxico, con miras a la conformación del archivo nacional de salud que de la mano y apegado al rigor técnico y metodológico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se conjuntaría con el levantamiento de la información estadística que sus protocolos consideran.

En este sentido, cabe recordar que, a partir del año 2006, se implantó el Sistema Nacional de Encuestas en Salud, en la cual se recabó información relacionada al estado de salud y nutrición de la población mexicana, específicamente con un enfoque en la prevalencia de algunos padecimientos crónicos e infecciosos, la calidad y respuesta de los servicios de salud, y el gasto en salud que realizan los hogares mexicanos.

La información obtenida permitió crear una base de información para evaluar los cambios de prevalencias en la población, al comparar los resultados con las encuestas nacionales de nutrición previas.

Sin embargo, a pesar de la riqueza de la información obtenida en el ámbito nacional en materia de salud pública, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición contempla un diseño estadístico con cálculo muestral de tipo probabilístico, polietápico, estratificado y por conglomerados, que presenta dos componentes, salud y nutrición dividiendo el país en rutas donde el levantamiento se hizo en forma simultánea: noroeste noreste, sur y centro del país, lo cual la limita si se compara con las virtudes que tiene el censo en términos universalidad y especificidad de la información.

La encuesta nacional, por su naturaleza, permite estimar prevalencias y números absolutos, y el uso de ponderadores que generan cifras expandidas, empleando un mecanismo de realización para cada entidad federativa, lo que puede potenciarse con los beneficios del levantamiento del censo nacional. Además de incorporar un instrumento de captación que permita proveer información censal de los individuos específicamente en lo referente a factores de riesgo, enfermedades prevalentes e incidentes, que explore además de los daños a la salud y grupos vulnerables, se sentarían las bases para la conformación del archivo nacional de salud. Este ejercicio permitiría en primera instancia, el registro individual y la ubicación de los enfermos desde las familias y localidades en todo el territorio nacional.

Por estas consideraciones y ante la inminencia del censo de población, se propone el uso de un instrumento anexo, para permitir la captación de datos y proveer información censal de familias esencialmente en lo relacionado a factores de riesgo, enfermedades prevalentes e incidentes de importancia epidemiológica, logrando la obtención de un registro único de familias, y por ende de pacientes en todo el territorio nacional. Esta información estadística, facilitaría una planeación más efectiva en el ámbito de la salud pública.

Lo anterior fortalecería las actividades de coordinación del sistema nacional de información y de sus subsistemas, así como la prestación del servicio público de información a toda la sociedad. Al anexar un instrumento que explore daños a la salud al cuestionario básico, se evitará la inversión de recursos en encuestas específicas de salud, atendiendo a la necesidad de eficiencia y racionalidad presupuestal y administrativa, a la vez que nuestro país avanzaría en el camino de alcanzar, como lo dispone la Constitución, una salud universal en un marco de justicia social.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta asamblea la siguiente proposición, conforme al siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que incorpore una cédula adicional sobre la salud de los mexicanos en el próximo Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, a efecto de obtener un efectivo diagnóstico de la salud en México. Para tal efecto, se propone que el contenido de dicha cédula se acuerde con el Consejo de Salubridad General.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2010.

Diputado Antonio Benítez Lucho (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SSA Y AL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA QUE RECONSIDEREN EL CRITERIO DE DISTRIBUCIÓN DEL FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA Y CÉRVICO-UTERINO, PUES EL ACTUAL AFECTA DE MANERA DIRECTA LA SALUD DE LAS COAHUILENSES, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Miguel Ángel Riquelme Solís, y diputados abajo firmantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentan a consideración de esta honorable soberanía al siguiente proposición punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, son momentos en que todos nos solidarizamos bajo un mismo ideal: que nuestra sociedad sea cada vez más justa a favor del género femenino.

El tema que hoy se somete a la consideración de esta Soberanía nos obliga a pasar de las palabras a las acciones.

El cáncer cérvico-uterino y el cáncer de mama representan un grave problema de salud entre las mujeres: constituyen la segunda causa de muerte entre las mujeres de 15 a 29 años, y la primera entre aquellas de 30 a 59 años, anualmente, en el país se diagnostican cerca de 10 mil casos.

Desde la década los años ochenta, Coahuila se ha ubicado como una de las entidades con mayor incidencia de mortalidad femenina por cáncer de mama y cervíx.¹ Esta tendencia, lamentablemente, se ha mantenido en los últimos años. Así, entre 2007 y 2008, nuestra entidad se ubicó entre los primeros cinco lugares nacionales en casos de cáncer de seno.²

Éste, por supuesto, no es un problema que aqueja sólo a Coahuila. Cada entidad, enfrenta sus propias dificultades en la materia.

Conocedores de esta realidad, y al percatarnos de que en la propuesta presupuestaria para el presente ejercicio fiscal emanada del Ejecutivo federal no se enfatizaba en esta problemática de salud pública, esta Soberanía se abocó a la tarea de gestionar un fondo particular para ese efecto.

El pasado 10 de noviembre, la diputada Hilda Flores Escalera presentó un punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Salud y Equidad y Género para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, a través del Programa de Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud, se le destinen recursos al estado de Coahuila para la prevención y atención del cáncer de mama y cérvico-uterino.

El resultado, conocido ahora por todos, es la creación de una ampliación al rubro en salud por 300 millones de pesos, que se destinarían para la Prevención y Atención cáncer de mama y cérvico-uterino.

Al observar que, una vez acordada la creación del fondo, existía el ánimo de no destinarlo a aquellas entidades que más lo necesitaran, como es el caso de Coahuila, el 8 de diciembre, se aprobó un punto de acuerdo por el cual se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que los recursos aprobados por los diputados federales dentro de la discusión para la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2010, por un monto de 300 millones de pesos, para la prevención y atención de cáncer de mama y cérvico-uterino sean distribuidos conforme a lo aprobado por esta Soberanía dando prioridad a las entidades con mayor índice de casos y entregados directamente a las entidades federativas.

Así, la lógica de distribución de recursos debería ser acorde con las necesidades más urgentes de atención, es decir, mayores recursos a las entidades federativas con mayor incidencia de cáncer de cérvico-uterino. Esto no sucedió.

Posteriormente En el marco de las negociaciones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se decidió que los recursos se distribuyeran a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (Cnegysdr) dependiente de la Secretaría de Salud.

En reunión sostenida el 10 de febrero de 2010 entre la doctora Patricia Uribe, titular del Cnegysdr y las diputadas integrantes de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, se mencionó al estado de Coahuila como una de las entidades que desde 2007 no ha cumplido con los objetivos ni metas propuestos en los programas establecidos por el Centro para la prevención y atención de ambos tipos de cáncer. Por esta razón no se estaría en condiciones de recibir los recursos en proporción adecuada a la incidencia que presenta el problema en la entidad.

Cabe destacar que desde el inicio de la administración del profesor Humberto Moreira Valdés, quedó plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo 2006-2011, dentro del eje Justicia Social para Todos, un apartado correspondiente a la Equidad de Género dada la relevancia y prioridad que representa el tema; específicamente, se estableció en uno de sus objetivos el de Fomentar el cuidado de la salud de la mujer; las estrategias de atención, prevención y detección oportuna de las enfermedades que las afectan.

Es por esto que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, diseñó un programa denominado Sí a la Vida, principal estrategia utilizada por el gobierno de Coahuila en el combate al cáncer en la mujer, con una inversión mayor a los 45 millones de pesos en el combate a la multicitada problemática, todo con recurso de origen 100% estatales.

En reunión celebrada entre el Cnegysdr y las autoridades estatales el pasado 2 de marzo, los directivos de dicho centro informaron que los recursos habían sido asignados para todas las entidades del país bajo criterios de distribución que atienden indicadores de desempeño (administrativos) y poblacionales.

Al respecto debe destacarse que dichos criterios distan mucho del espíritu bajo el cual los diputados federales aprobaron la creación de un fondo de esta naturaleza en materia de salud. También se destaca que bajo los métodos de asignación, a Coahuila solamente le corresponden recursos por un monto menor a los 4 millones de pesos de recurso federal de dicho fondo el cual además, se informó que sería ministrado "en especie".

Llama la atención la discrecionalidad con que se aplicaron criterios cuyas principales afectadas son las mujeres de la entidades con los mayores índices de casos, ya que dichos criterios ignoran lo propuesto por la instancia donde se gestionó la creación del fondo, la representatividad de la Cámara de Diputados, esto se presenta en una coyuntura en la que legisladores federales coahuilenses han insistido se observe de cerca la presunta utilización electoral de recursos de programas sociales aplicados por la federación.

En ningún momento se consultó la estadística real de dicha problemática, nunca se buscó una reunión de coordinación con las autoridades de Salud de Coahuila para contar con un diagnóstico real de la situación. La decisión fue unilateral, insensible y apartada de los intereses de la gente.

Por lo anterior descrito, presento a esta honorable soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se informe a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de manera puntual, para los efectos que se considere oportuno, los criterios asumidos para la distribución de los recursos por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva dependiente de la Secretaría de Salud para la distribución del fondo para la prevención y atención del cáncer de mama y cérvico-uterino.

Segundo. Se solicite a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, reconsideren el criterio de distribución del fondo para la prevención y atención del Cáncer de Mama y cérvico-uterino.

Notas
1. Principales causas de muerte en las etapas del curso de la vida, 1980-2002", Conapo, pág. 33
2. Mujeres y Hombres en México 2009, Inegi, pág.85

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2010.

Diputados: Rubén I. Moreira Valdez, Miguel Ángel Riquelme Solís (rúbricas).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SEP A INFORMAR SOBRE LA SITUACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ASEGURAMIENTO PATRIMONIAL Y RESPONSABILIDADES DE 2010, A CARGO DEL DIPUTADO NOÉ MARTÍN VÁZQUEZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, Noé Martín Vázquez Pérez, diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con carácter de urgente resolución, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Educación Pública a informar de la situación del Programa Integral de Aseguramiento Patrimonial y Responsabilidades de 2010, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Con una existencia continua de 25 años, ha estado vigente el programa de aseguramiento de inmuebles de la Secretaria de Educación Pública denominado Programa Integral de Aseguramiento Patrimonial y Responsabilidades, que ha obtenido un sólido impacto en la República Mexicana por su utilidad y estabilidad.

Este programa forma parte de la administración de la Secretaría de Educación Pública federal (SEP), mediante el cual se asegura su patrimonio que consiste en escuelas, edificios, talleres, almacenes etcétera, así como toda su estructura orgánica. Tiene la función de estabilizar la imprevisión por un riesgo futuro que pudiera darse por algún siniestro.

Cada secretaría cuenta con un programa de aseguramiento patrimonial de sus bienes, del cual resulta relevante y significativo el seguro que utiliza la Secretaria de Educación Pública.

La importancia de mantener asegurados los bienes patrimoniales debe considerarse con base en los siguientes puntos:

Observamos que la Secretaria de Educación Pública tiene un patrimonio muy grande y es necesario que sea asegurado para que no se demerite en lo más mínimo por cualquier siniestro o responsabilidad. Si este patrimonio se viera empobrecido, afectaría a lo siguiente:

La infraestructura actual de la SEP en sus diferentes niveles es de 247 mil 673 escuelas en toda la República Mexicana.

La matricula total es de 33.7 millones de alumnos en todos los niveles educativos. Del cual, 90 por ciento de las escuelas pertenecen al nivel básico.

En el ciclo 2008-2009, el 76 por ciento correspondió a educación básica, es decir, 25.6 millones de alumnos, de los cuales preescolar fueron 4.6 millones; primaria, 14.8 millones; y secundaria, 6.2 millones de alumnos.

El valor total patrimonial de los bienes asciende a 296 mil 83 millones 867 mil 293 pesos. Y en el artículo 134 de la Constitución se señala, en el primer párrafo, que "los recursos económicos de que dispongan la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal, así como los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados".

En la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se señala, en el artículo 5, primer párrafo, que "será responsabilidad de las dependencias y entidades contratar los servicios correspondientes para mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes con que cuenten".

Desde el pasado 31 de diciembre de 2009 dicho programa quedó sin efecto alguno y, a pesar de los 60 días de la prorroga que ya expiró, y que a partir del 1 de marzo de 2010 los bienes patrimoniales de la Secretaría de Educación Pública se encuentran totalmente desprotegidos, ya que no cuentan con el Programa Integral de Aseguramiento Patrimonial y Responsabilidades del año en curso; además, hasta la fecha, no se han publicado la convocatoria ni las bases para la licitación correspondiente de dicho programa, faltando gravemente al artículo 134 de la Constitución.

En mérito de lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al secretario de Educación Pública que se sirva informar, dentro de un plazo de 15 días naturales, sobre la situación del Programa Integral de Aseguramiento Patrimonial y Responsabilidades de 2010, incluyendo las gestiones realizadas y recursos destinados a su implantación, así como las consecuencias que pueda producir la no aplicación oportuna del programa en cuestión.

Segundo. Que esta honorable Cámara exhorta al secretario de Educación Pública a publicar, a la mayor brevedad, la convocatoria de la licitación para la contratación del Programa Integral de Aseguramiento Patrimonial y Responsabilidades de 2010.

Se solicita del pleno de la honorable Cámara de Diputados que la presente proposición con punto de acuerdo se tramite de urgente resolución, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2010.

Diputado Noé Martín Vázquez Pérez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LOS FRAUDES COMETIDOS POR LOS GRUPOS INMOBILIARIOS SITMA E INVERGROUP EN PUEBLA Y OTROS ESTADOS, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS TORRES PIÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, Carlos Torres Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante 2009, en el estado de Puebla se dieron a conocer escandalosos fraudes de varias cajas de ahorro, financieras e inmobiliarias, como lo son Financiera Coofia y Bienestar la Paz, así también los grupos Sitma y Verhome, SA de CV, mejor conocido como Invergroup, quienes afectaron en su patrimonio y en su forma de vida a decenas de miles de familias, principalmente de campesinos, personas de la tercera edad, migrantes y comerciantes, todos ellos pequeños ahorradores, generando con ello un grave problema social en los estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, estado de México y Distrito Federal, llegándo incluso a contabilizar hasta 80 firmas defraudadoras en giros inmobiliarios y financieros.

Esta situación fue tolerada y existe la presunción de que fue promovida por funcionarios del gobierno del estado e incluso realizaron operaciones oficiales con estas empresas, firmando convenios que no se han hecho públicos y aprovecharon las campañas publicitarias de estas empresas para promoverse personalmente.

Estos fraudes han originado la movilización de miles de afectados por las calles de la ciudad de Puebla, demandando la recuperación de sus bienes e inversiones, a través de la adopción de acuerdos con los empresarios o, bien, constituyendo fideicomisos. El problema no se ha solucionado y hasta la fecha los funcionarios estatales no han dado alternativa alguna y los diputados locales, incluso, han mostrado su rechazo a los quejosos.

Es sabido que la Procuraduría General de Justicia del estado ha recibido miles de querellas y denuncias de los afectados, sin embargo, la integración de las averiguaciones se han hecho con extrema lentitud, a los agraviados se les niega información y, hasta la fecha, se desconoce el padrón de los afectados, los montos totales de los fraudes, las cuentas bancarias y los bienes de los presuntos defraudadores.

La información periodística consigna que más de 10 mil personas han interpuesto denuncias penales por fraude ante la Procuraduría General de Justicia de la entidad. No se tiene información precisa respecto a lo actuado ante autoridades bancarias y financieras, salvo una referencia de que se estaba promoviendo una reunión de los reclamantes con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otras autoridades federales y estatales.

Es por todo ello que los ahorradores defraudados, las instituciones estatales y federales, las empresas privadas y el público en general deben conocer cuál es la situación de estos hechos para garantizar que la economía familiar y nacional no sea presa de negocios que se enriquecen aprovechándose de los vacíos jurídicos y del tráfico de influencias que ejercen personas coludidas con funcionarios gubernamentales y que puedan ser resarcidos en el daño patrimonial a través de convenios entre particulares o a través de los apoyos que brinda el Fideicomiso Pago, considerado en la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

Por lo expuesto, propongo ante esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, un informe sobre la situación legal, financiera y actividades que realizan en México sociedades cooperativas denominadas Financiera Coofia, caja de ahorro Bienestar la Paz, así como de los grupos inmobiliarios Sitma y Verhome, SA de CV, mejor conocido como Invergroup.

Segundo. La Cámara de Diputados, con absoluto respeto al federalismo, exhorta al gobernador de Puebla, licenciado Mario Plutarco Marín Torres, a establecer una mesa de diálogo con los representantes de defraudados por Financiera Coofia, caja de ahorro Bienestar la Paz, así como de los grupos inmobiliarios Sitma y Verhome, SA de CV, mejor conocido como Invergroup, con objeto de buscar mecanismos que permitan resolver la problemática social de los defraudados en el estado de Puebla e instruya a la Procuraduría General de Justicia en el estado para que informe a los agraviados sobre el avance de las investigaciones de la denuncias presentadas.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que elabore el padrón de afectados, a fin de que puedan ser beneficiados con los recursos del Fideicomiso Pago, previsto en la Ley de crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al procurador general de la República a ejercer su facultad de atracción, con relación a las denuncias interpuestas por los defraudados por Sitma e Invergroup, para investigar los hechos y fincar responsabilidades en contra de quien resulte responsable.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2010.

Diputado Carlos Torres Piña (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A SANCIONAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRIVARON DEL LIBRE TRÁNSITO A CIUDADANOS SONORENSES, A CARGO DEL DIPUTADO ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Onésimo Mariscales Delgadillo, como diputado federal a la LXI Legislatura, en nombre propio y de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional que suscriben el presente documento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a sancionar al funcionario o los funcionarios que privaron del libre tránsito a los ciudadanos sonorenses con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es nuestro máximo ordenamiento jurídico. En dicha norma, de carácter general, se encuentran consagrados los derechos más elementales de todos los mexicanos: las garantías individuales.

En ese tenor, ninguna ley reglamentaria, Constitución estatal o disposición municipal podrá ser contraria o contravenir lo establecido en la Constitución General.

El artículo 11o. de la Carta Magna, a la letra dice: "todo hombre tiene derecho para entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes…".

Como lo indica la propia Constitución, el libre tránsito por el país es una garantía constitucional, esto es, se puede ir a cualquier lado sin pagar cuota o peaje; para cumplir con este precepto, cuando se construye una autopista de cuota, se le localiza de manera generalmente paralela a la carretera federal original y se le distingue de la carretera libre por la letra D, al final del número de carretera.

Sin embargo, hay casos en los que el gobierno federal ha violado tal precepto constitucional, como es el caso de la carretera federal 15, en el tramo de Sonora y, más aun, específicamente en el municipio de Navojoa, pues el antiguo trazo carretero de antaño de dicha ruta federal, que pertenece a la carretera México 15, fue modificado para agregar una carretera de dos carriles y, mediante ese modelo, se obliga a los viajeros y residentes a pagar un peaje por una de las principales carreteras federales sin que exista opción de evitar el pago de la cuota, puesto que no existe ruta alterna para tal fin.

La carretera de dos carriles adicionada se construyó con recursos del presupuesto estatal del gobierno de Sonora, recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal para los municipios sonorenses, y se realizaron diversas acciones para obtener recursos, como lo fue el patronato Proconstrucción de la carretera de cuatro carriles, es decir, la carretera adicionada se construyó con el esfuerzo y dinero de los sonorenses.

La carretera federal número 15 recorre gran parte de México, desde la frontera con Estados Unidos de América hasta la Ciudad de México, siendo de las más importantes del país.

El municipio de Navojoa está situado en el sur de Sonora, su cabecera es la ciudad de Navojoa, colinda con los municipios siguientes: al norte con Cajeme y Quiriego, al este con Álamos, al sudoeste con Huatabampo y al oeste con Etchojoa y Benito Juárez; dicho lo anterior, en forma clara y precisa, el municipio de Navojoa cuenta con dos casetas de peaje situadas una en la Comisaría de Fundición y la otra en el punto denominado La Jaula, perteneciente a la Comisaría de Bacabachi, las cuales los propios residentes del municipio están obligados a pagar, ya sea al transitar de norte a sur o viceversa, aún a lugares o comunidades dentro del mismo municipio. Qué decir de municipios vecinos como son Bacum y San Ignacio Río Muerto.

El caso es que, ante la violación constitucional del libre tránsito que hemos sido objeto los navojoenses por muchos años, la indignación total ha llegado al límite, derivado de los hechos recientes sucedidos el martes 9 del presente mes a altas horas de la madrugada, ya que por disposición de Caminos y Puentes Federales, apoyados con elementos de la Policía Federal Preventiva, irrumpieron los ejidos en los cuales se encuentran enclavadas las dos casetas de peaje federal, a fin de poner vallas metálicas y cerca perimetral para evitar los "burladeros" de las casetas de cobro en la ruta federal, puesto que lo anterior repercute en una pérdida de 30 millones de pesos mensuales al gobierno federal, lo anterior dicho de viva voz por los funcionarios autorizados de Caminos y Puentes Federales. Pero la irritación aumentó aun más al ser agredidos y detenidos ilegalmente los propios campesinos y ejidatarios por elementos de la Policía Federal Preventiva, así como al verse incomunicados hasta para salir y entrar a sus mismos terrenos y poblados.

El municipio de Navojoa cuenta con 187 mil habitantes aproximadamente, la actividad económica del municipio ha estado sustentada en la producción agropecuaria, el comercio y los servicios, siendo las actividades principales la agricultura y ganadería, esto sin dejar de lado el turismo, ya que el municipio de Navojoa está situado en la estrecha franja del Valle del Mayo, entre las montañas y la costa, caracterizado por su excelente clima, flora y fauna que son propias de la región, ofrece excelentes atractivos turísticos a los visitantes nacionales y extranjeros como pesca deportiva, caza de venado, paloma y pago, que son especies liberadas en la región y en ranchos cinegéticos, así como recorridos ecológicos por la sierra, playas y el Río Mayo.

Con lo anterior queda demostrado que los navojoenses requerimos transportar nuestros productos a mercado foráneo, así como también internar a nuestro municipio los requerimientos de vivienda, salud, educación, etcétera, siendo el principal problema la afectación a la economía familiar que se da de los navojoenses, al tener que transitar, como ya se dijo, de norte a sur o viceversa, y no contar con ruta alterna mediante la cual se puede evitar el pago obligatorio de las casetas de peaje federal que tiene rodeado a nuestro municipio.

Que a finales de la administración estatal 1991-1997 se entregó la administración de la carretera federal Estación Don-Nogales al Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (Farac) y hasta la fecha no han rendido cuentas del estado financiero que guarda la deuda del gobierno de Sonora con el gobierno federal.

Desde su instalación, el gobierno federal ha venido omitiendo todos sus compromisos de inversión en dicha ruta Estación Don-Nogales y en los municipios por donde cruza la carretera de referencia, el último de ellos el convenio de modernización signado el 18 de septiembre de 2008 entre el gobierno federal y el gobierno del estado, que anunció por esas fechas con bombo y platillo el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en Puerto Peñasco, con una inversión de 5 mil millones de pesos y que después de año y medio no hay un solo peso de inversión en la modernización de la carretera de referencia.

Por lo expuesto, solicito, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

1. Se finquen las responsabilidades que la Constitución señala en el artículo 108, 109 y la propia Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, determine al funcionario o funcionarios que privaron del derecho constitucional de libre tránsito a los sonorenses.

2. Se eliminen las casetas de La Jaula, Fundición, Esperanza y Hermosillo que están sobre la carretera México 15, ampliada a 4 carriles, por no tener rutas libres alternas construidas para tal propósito o, en su caso, se construyan éstas y, por lo pronto, se autorice el libre tránsito de los sonorenses con sólo presentar una identificación oficial.

3. Se practique una auditoría desde que el Farac se hizo cargo de la administración de la carretera de 4 carriles Estación Don-Nogales, con objeto de determinar la fuente y uso de fondos que demuestran el no retorno de esos recursos para el mantenimiento y su modernización.

4. Se inicien, de manera inmediata, las inversiones por un monto de 5 mil millones de pesos, suscritas en convenio del 18 de septiembre de 2008 entre el gobierno federal y el de Sonora.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2010.

Diputados: Onésimo Mariscales Delgadillo, José Luis Marcos León Perea, Ernesto de Lucas Hopkins, Rogelio Díaz Brow Ramsburgh, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Miguel Ernesto Pompa Corella, Jesús Alberto Cano Vélez (rúbricas).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT Y A LA CONANP A AGILIZAR EL PROCESO DE RECATEGORIZACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA PARQUE NACIONAL LOS MÁRMOLES, EN HIDALGO, COMO ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA, A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR PEDRAZA OLGUÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el suscrito, diputado Héctor Pedraza Olguín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, somete a discusión y, en su caso, aprobación del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo conforme a los siguientes

Considerandos

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece que la sustentabilidad ambiental se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras, asumiendo como reto el incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social para alcanzar un desarrollo sustentable.

Que la sustentabilidad ambiental será un eje transversal de las políticas públicas y un criterio rector en el fomento de las actividades productivas, donde el desarrollo de nuevas actividades económicas en regiones rurales y semirurales contribuya a que el ambiente se conserve en las mejores condiciones posibles.

Una de las estrategias del eje rector sustentabilidad ambiental del Plan Nacional de Desarrollo es aumentar la superficie bajo esquemas de conservación, manejo y uso sustentable del territorio nacional así como integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social y económico, asumiendo que el patrimonio natural del país es la base del desarrollo económico y que para conservar y poder aprovechar este patrimonio, se requiere un desarrollo económico basado en el uso eficiente de los recursos naturales, la generación de valor agregado y en el desarrollo de capacidades que ofrezcan más y mejores oportunidades para todos los mexicanos.

Que es necesario promover el manejo sustentable de los recursos naturales y el desarrollo de actividades productivas mediante un proceso de conciliación de lo ambiental con el desarrollo social y económico, asumiendo una valoración económica de los bienes y servicios ambientales, así como de su apreciación efectiva por parte de la sociedad.

Que el 8 de agosto de 1936, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara como parque nacional Los Mármoles, con una superficie de 23 mil 150 hectáreas.

Que el área presenta características geológicas, climáticas, edáficas, topográficas y altitudinales que ofrecen un marco en el que contrastan diferentes tipos de vegetación como bosques de encino, encino-pino, pino-encino, pino, táscate y pastizal inducido, que constituyen el hábitat de una gran riqueza de flora y fauna, del orden de 518 especies de plantas y 182 especies de fauna, entre anfibios, aves, reptiles y mamíferos, varias de las cuales se encuentran protegidas en algún estatus conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2001.

Existen zonas en el parque que aún conservan su cubierta vegetal original tal es el caso de las Barrancas San Vicente y Las Milpas. Sin embargo, en la parte sur del área correspondiente al municipio de Nicolás Flores, los problemas de erosión pluvial aunados a la orografía, tipo de suelo, y drenaje han ocasionado un paisaje agreste y poco fértil con escasa cubierta vegetal.

Las actividades humanas que se desarrollan sin control en el área como son agricultura de temporal, fruticultura, ganadería extensiva y de traspatio, la extracción clandestina de recursos forestales y la extracción de minerales no metálicos, han tenido importantes impactos ambientales sobre los recursos naturales, atentando contra la estabilidad del sistema ecológico y los bienes y servicios ambientales que ella provee.

Que de acuerdo a los considerandos anteriores, se hace necesaria la recategorización del parque nacional Los Mármoles bajo una categoría que permita el cumplimiento de los objetivos de conservación y preservación de los recursos naturales del área, en cuya zonificación se considere su estado actual, los usos de suelo hasta ahora establecidos y alternativas de uso sustentable de los recursos naturales, proponiéndose para tal efecto la categoría de área de protección de flora y fauna.

Las áreas de protección de flora y fauna son áreas destinadas a la preservación y protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos naturales localizados en terrenos forestales de aptitud preferentemente forestal, en las que pueden realizarse actividades relacionadas con la preservación, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como de investigación, recreación, turismo y educación ambiental, compatibles con la naturaleza y características del área.

La conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del área bajo criterios de uso múltiple y establecimiento de zonas permitirá optimizar el uso de los recursos naturales, la vocación y productividad del suelo y el potencial de cada uno de los espacios que conforman el área, permitiendo compaginar los objetivos de conservación con los de desarrollo social en una superficie manejada con criterios de uso múltiple.

En concordancia con lo anterior, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con la colaboración del Servicio Geológico Mexicano, las delegaciones federales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Hidalgo, y el Consejo Estatal de Ecología del gobierno de Hidalgo, ha realizado los estudios y evaluaciones correspondientes, con los que se demuestra que los ecosistemas del área reúnen los requisitos necesarios para constituirse como un área de protección de flora y fauna.

Que los estudios a que se refiere el considerando anterior han estado disposición del público en general, según aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2007 y que las personas interesadas han emitido, en su oportunidad, opinión sobre el establecimiento de dicha área de protección de flora y fauna, resultando que se ha iniciado el proceso de recategorización del parque nacional Los Mármoles como área de protección de flora y fauna, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de este pleno plural de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que publique, a la brevedad, el decreto de recategorización del actual parque nacional Los Mármoles, de conformidad con lo establecido por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su reglamento en materia de áreas naturales protegidas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 17 de marzo de 2010.

Diputado Héctor Pedraza Olguín (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CITA A COMPARECER ANTE ESTA SOBERANÍA AL TITULAR DE LA SCT PARA QUE RINDA UN INFORME DETALLADO SOBRE LA POSIBLE FUSIÓN ENTRE MEXICANA DE AVIACIÓN Y AEROMÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO ÉRIC LUIS RUBIO BARTHELL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, formula ante este honorable pleno proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante los últimos meses hemos venido escuchando de forma reiterada la intención que tiene el gobierno federal de apoyar una posible fusión entre las dos principales líneas aéreas del país, Mexicana de Aviación y Aeroméxico, las cuales han dejado en claro su intención de llevar a cabo la transacción que les permitirá sanar sus finanzas y así evitar, dicen, la posible quiebra de alguna de ellas.

Especialistas del Centro de Investigación para el Desarrollo, AC, señalaron que Aeroméxico y Mexicana no son sustentables financieramente por su falta de competitividad, por lo que su fusión podría ser una condición necesaria pero no suficiente para su supervivencia, por lo que, de ocurrir, el resultado sería una aerolínea dedicada a los pasajeros dispuestos a pagar altas tarifas, la cual tendría que competir con la eficiencia de las aerolíneas de bajo costo.

Hoy, en medio de la crisis económica por la que atraviesa el país, agravada por las secuelas de la crisis sanitaria, los dueños de ambas compañías han declarado reiteradamente que están convencidos de que México necesita crear una aerolínea bandera y para ello, obligadamente, tiene que haber una consolidación, ya que, de no fusionarse Aeroméxico y Mexicana, lo más seguro es que alguna o las dos tengan problemas.

En este sentido, es importante resaltar que, según ellos, el apoyo de 3 mil millones de pesos que ha ofrecido el gobierno mexicano a la industria aérea nacional deja entrever que el propio gobierno es el que les está proponiendo a ellos buscar la consolidación. Lo cual, cuando menos, resulta altamente sospechoso.

Es claro que la postura del gobierno federal en la política aérea nacional es y ha sido muy criticable debido a los malos resultados que ha venido arrojando durante los últimos años, por lo cual es indispensable que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, fije una postura que permita dar certidumbre al sector.

De igual forma sería primordial que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pudiera explicarnos de forma clara cuáles son los términos de la fusión y cuáles serían los beneficios de ésta, ya que esta discusión tiene más de 7 años y en ese entonces se definió que el gobierno las vendiera por separado aunque esto significará obtener menores recursos, pues al venderlas por separado, su valor sumado fue mucho más bajo que venderlas como una sola empresa con poder sustancial en el mercado.

Por eso resulta cuando menos sospechoso que ya que se realizó la operación para tener dos aerolíneas, como lo indicó en su momento la Comisión Federal de Competencia, ahora quieren revaluarla como una sola empresa con probables prácticas monopólicas. Qué extraño piensa y actúa este gobierno.

En este entendido, debemos advertir que si la Comisión Federal de Competencia y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes consideraran con seriedad la posibilidad de esta fusión ante las condiciones de la industria aérea nacional, deberán cuidar que la nueva empresa no conserve todos los slots (horarios y posiciones para operar) con los que cuentan ahora Aeroméxico y Mexicana, ya que entonces, se estaría creando un monopolio en perjuicio de los usuarios.

Asimismo, nos deben explicar por qué Aeroméxico, de ser una línea líder en puntualidad y servicios a nivel mundial, es ahora una más del montón o peor, en donde 18 de mis últimos 20 vuelos que he realizado con la empresa han salido más de una hora tarde, con un pésimo servicio en tierra y sin mejorar en nada, igual que Mexicana.

Ahora también, sería interesante que nos explicara de qué forma inciden, sin ningún control, en la problemática de las líneas aéreas los reales monopolios como son los operadores de todos los aeropuertos de México.

Por lo expuesto y debido a la importancia que tiene el tema para el futuro de la aviación nacional, es que someto ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes a rendir ante esta soberanía y en su próxima comparecencia un informe detallado sobre las ventajas y riesgos para la rentabilidad, especialización y competencia de la industria de la aviación en México, inmersas en la posible fusión entre Mexicana de Aviación y Aeroméxico, los términos sobre los que se realizaría ésta, así como fijar la postura oficial del gobierno federal ante este importante hecho.

Segundo. Nos informe sobre su percepción acerca de los monopolios sin control, como son todos los operadores de aeropuertos, y cómo éstos están afectando la industria de la aviación en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2010.

Diputado Éric Rubio Barthell (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE VIVIENDA DE ESTA SOBERANÍA QUE HAGA COMPARECER A VÍCTOR MANUEL BORRÁS SETIÉN POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA ELECTRIFICACIÓN PÚBLICA EN LAS UNIDADES HABITACIONALES LA GUADALUPANA Y SANTA CATARINA, DE LA CIUDAD DE PUEBLA, A CARGO DEL DIPUTADO LEOBARDO SOTO MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Leobardo Soto Martínez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

En México el tema de la vivienda es de gran trascendencia para el desarrollo integral y sustancial de la familia, día con día las distintas clases sociales reclaman con justa razón la necesidad de tener techo seguro.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o., párrafo quinto, confiere a toda familia el derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, como elemento indispensable para lograr su pleno desarrollo y bienestar.

La Ley de Vivienda señala en su artículo 47 que los instrumentos y apoyos en materia de financiamiento para la realización de las acciones de vivienda serán el crédito, los subsidios que para tal efecto el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios, el ahorro de los particulares y otras aportaciones de los sectores público, social y privado.

En el año 2003 se construyeron en la ciudad de Puebla dos unidades habitacionales una denominada La Guadalupana y la otra Santa Catarina, estas viviendas de las unidades habitacionales en comento fueron adquiridas por ciudadanos vía crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), y hasta la fecha las calles de estas unidades habitacionales no cuentan con alumbrado público, aunque se instaló el cableado pero el honorable ayuntamiento de la ciudad de Puebla argumentó que no cumplían con la totalidad de las disposiciones reglamentarias municipales y que hasta la fecha existían falta de pagos de los créditos otorgados del Infonavit, por lo tanto no se recibió y por ende no se municipalizaron estos núcleos poblacionales, por lo que con el paso del tiempo se quedaron sin resolver el problema y en la unidad habitacional La Guadalupana se robaron aproximadamente 5000 metros de cable y en la Unidad habitacional "Santa Catarina" fueron alrededor de 2000 metros lineales de cable, por lo que ahora es todavía mayor el problema porque aparte de no contar con la recepción del municipio ahora tampoco se tienen los cables.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de vivienda para que solicite la comparecencia del titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por el presunto incumplimiento de la electrificación pública en las unidades habitacionales la Guadalupana y Santa Catarina de la ciudad de Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 17 de marzo de 2010.

Diputado Leobardo Soto Martínez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONAGUA A AGILIZAR LOS ESTUDIOS Y CONCLUIR EL PROYECTO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS QUE EVITEN INUNDACIONES EN DIVERSAS ZONAS HABITACIONALES DE GUERRERO; Y A LA SEGOB, A PREVER LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS DEL FONDEN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS NECESARIOS, A CARGO DEL DIPUTADO FERMÍN GERARDO ALVARADO ARROYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. Que el desarrollo urbano, es el proceso de planeación y regulación de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento equilibrado de los centros de población, que hace posible la elevación del nivel de vida de la población urbana, utilizando, para ello, el ordenamiento territorial, la determinación de los usos de suelo; la asignación consecuente de los recursos fiscales; la promoción de la inversión pública, social y privada; la mejoría de los servicios públicos; la sistematización del mantenimiento de la infraestructura urbana y su ampliación al ritmo de las nuevas necesidades y demandas; el mantenimiento y conservación del patrimonio cultural, artístico e histórico, la participación de la población del futuro por medio del sistema de planeación democrática.

Segundo. Que en nuestro país la mayoría de las ciudades han venido creciendo en forma desordenada, sin ajustarse a un Plan de Desarrollo Urbano y mucho menos a un plan de ordenamiento territorial, provocando asentamientos humanos irregulares, la imposibilidad de proporcionar servicios básicos a amplios sectores de la población, violaciones a la reglamentación sobre el uso del suelo, contaminación de arroyos, barrancas, mantos acuíferos e invasión de zonas de alto riesgo con fines habitacionales, entre otros significativos problemas.

Tercero. De acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, este es el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante períodos de tiempo comparables.

Cuarto. Las previsiones científicas más recientes indican que, en el curso del presente siglo, la temperatura promedio global de la Tierra podrá incrementarse alrededor de 3º Celsius, con un consiguiente ascenso del nivel del mar de alrededor de 1 metro (IPCC AR4 SPM),lo que impactará, adversamente, las zonas costeras, pues incrementará su vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos extremos, incrementará la humedad en la atmósfera al tiempo que reducirá la humedad en los suelos, propiciará la erosión de éstos y disminuirá la disponibilidad y la calidad del agua, con lo que se reducirá la productividad agrícola.

Quinto. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon señala que las amenazas que plantea el cambio climático, como el incremento de sequías, inundaciones y tormentas, hacen más acuciante lograr una disminución efectiva de los desastres naturales, porque, de acuerdo a cifras de la Cruz Rojas Internacional, a nivel mundial las inundaciones están aumentando más rápidamente que ningún otro desastre natural.

Sexto. En este sentido, la Comisión Nacional del Agua, subraya que las ciudades y poblaciones del país se han vuelto más vulnerables a los fenómenos hidrometeorológicos, debido al cambio climático y entre otras causas al crecimiento poblacional, que en algunos casos ha implicado la proliferación de asentamientos urbanos irregulares, la invasión de cauces y zonas inundables, agrícolas y de reserva ecológica; la deforestación de las cuencas que genera mayores escurrimientos con erosión y arrastre de tierra, azolvamiento de cauces y presas y daños a las obras de control, aunado a una mayor intensidad y frecuencia de fenómenos hidrometeorológicos.

Séptimo. Un desastre natural, tiene lugar, cuando la sociedad o una parte de ella, sufre daños severos y graves pérdidas, que impiden el cumplimiento de sus actividades normales. A pesar de esto, en ocasiones, las autoridades facultadas para prevenir este tipo de calamidades, son complacientes, irresponsables y omisas, confiadas en una falta de previsión excesiva, al considerar remota la posibilidad de que la población sufra un desastre.

Octavo. Que en este sentido, el Programa de Preparativos para Casos de Desastre de la Organización Panamericana de la Salud, expresa que "Los desastres no son meramente grandes accidentes, sino que implican la existencia de problemas sociales y de salud pública de magnitud excepcional, en un clima político y emocional, sumamente delicado".

Noveno. La experiencia demuestra, que los desastres naturales, por cuestiones hidrometeorológicas se concentran en valles y costas. Ya el estudioso Ernesto Jáuregui, sostiene que "ninguna porción de las costas de México está libre de la llegada de un ciclón" y en buena parte de los estados del país, en los que destaca Guerrero, las trombas, los ciclones, los huracanes y las tormentas tropicales, son acontecimientos casi periódicos, por lo que las autoridades responsables, deben operar escrupulosamente, los sistemas de protección civil, para prever este tipo de emergencias naturales, máxime, cuando existe un estado de alerta que supone la adopción de medidas precautorias y que los organismos responsables, enfrenten la situación con una intervención oportuna y esmerada, a efecto de que los daños potenciales, sean mínimos.

Décimo. El huracán Paulina fue un ciclón tropical que tocó tierra en el sur de México a principios de octubre de 1997 y fue considerado uno de los más mortíferos, destructivos y costosos, en México, durante la segunda mitad del siglo XX.

La intensa precipitación, en pocas horas, ocasionó muy severos daños, destruyendo la ciudad y puerto de Acapulco, con el desbordamiento del río Camarón, inundaciones en La Sabana, Tres Palos, el anfiteatro de la bahía, y la Costera Miguel Alemán, entre otros; dejando cientos de personas muertas, más de 300 mil personas sin hogar y daños por miles de millones de dólares, colocándolo en el décimo puesto de los desastres naturales más devastadores de México.

Undécimo. No obstante lo anterior, de manera irresponsable, en el pasado reciente de Acapulco, se otorgaron autorizaciones para desarrollos habitacionales sobre zonas de humedales que, eran zonas de vocación ecológica y fueron cambiadas en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2001, como zonas para desarrollos inmobiliarios, permitiendo, incluso, miles de construcciones sobre cauces de agua, que, ahora, ponen en riesgo a miles de familias, que de buena fe adquirieron una vivienda en las zonas Llano Largo, Coloso, Diamante, que están subordinadas potencialmente a las fuerzas naturales, que cuando son devastadoras, siembran a su paso, destrucción, muerte, desesperanza y lamentación. Es del dominio público que esa zona es de humedales y, por lo tanto, no era susceptible de utilizarse para construir viviendas.

Duodécimo. Recientemente, en el año 2007, la tormenta "Henriette", en su fase de alejamiento, tocó tierras guerrerenses y azotó de manera particular, a la ciudad y puerto de Acapulco, provocando, precisamente, inundaciones en miles de casas y poniendo en peligro la vida de sus habitantes; desde La Sabana, Cayaco, Llano Largo, San Agustín, La Glorieta de Puerto Márques y hasta la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio, entre otros, lugares donde se encuentran desarrollos habitacionales , tales como Homex, Ara y Geo. Lo más grave es que el volumen de agua que cayó no ameritaba inundaciones.

Decimotercero. Estos ejemplos revelan una serie de irregularidades, que deben ser subsanadas por las autoridades correspondientes, mediante la realización de las obras de infraestructura hidráulica necesaria y urgente que, ante una eventualidad de esta naturaleza, prevenga los efectos desastrosos que pudieran causar en la población civil y en su patrimonio, tal y como ha venido ocurriendo y cada vez con mayor frecuencia, en otras zonas del país: Chalco, estado de México, Distrito Federal, Tabasco, Michoacán, etcétera.

Decimocuarto. Por lo anterior, es de vital importancia garantizar la coordinación de los tres niveles de gobierno, para que las mas de 14 mil viviendas asentadas en estas zonas habitacionales cuenten con la infraestructura mínima necesaria que les garantice la protección a su persona y a su patrimonio, en casos de fenómenos hidrometeorológicos, como los anteriormente señalados.

Decimoquinto. De acuerdo con las facultades, responsabilidades y disponibilidad de recursos que a cada orden de gobierno le corresponde, es procedente señalar que la Comisión Nacional del Agua, como una instancia técnica y de mayores atribuciones para atender este tipo de situaciones, es el organismo indicado, para la coordinación y ejecución de los trabajos de infraestructura que se requieran, lo anterior, conjuntamente con la Secretaría de Gobernación, tanto en lo que respecta a protección civil como al Fondo Nacional de Desastres, Fonden.

Decimosexto. Esta honorable soberanía no puede ser omisa a la gravedad de una situación latente y potencialmente riesgosa; por lo que es obligado urgir a la Comisión Nacional del Agua, para que a la brevedad concluya los estudios técnicos que determinen las obras y los costos de la infraestructura hidráulica que se requiere para evitar una desgracia mayúscula en esta zona; y al Fonden y a la Secretaría de Gobernación, a efecto de que prevea la disponibilidad de los recursos financieros, que garanticen el inicio de las obras hidráulicas requeridas, que eviten una desgracia de la que, si no actuamos a tiempo, pudiéramos lamentarnos en el futuro inmediato.

Por lo anterior, se estima pertinente someter a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, para que, previo el Procedimiento Legislativo correspondiente, se discuta y, en su caso, se apruebe, como asunto de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta de

Acuerdo Parlamentario

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que agilice los estudios y concluya el proyecto de la obra hidraúlica que evite inundaciones en las zonas habitacionales de La Sabana, Cayaco, Llano Largo, Puerto Marques, Luis Donaldo Colosio y Diamante, de Acapulco, Guerrero.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Fonden, para que prevean la disponibilidad de los recursos financieros necesarios para la realización de la obra hidraulica que garantice preservar vidas y no recoger muertos, en esta zona habitacional de más de 14 mil viviendas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del hnorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 17 de marzo de 2010.

Diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA DESINCORPORACIÓN E INCORPORACIÓN DE TERRENOS DEL PARQUE NACIONAL EL VELADERO, A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO CARABIAS ICAZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Alejandro Carabias Icaza, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta proposición con puntos de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El Veladero es un parque nacional decretado el 17 de julio de 1980. Se halla en Coyuya de Benítez y Acapulco de Juárez, Guerrero. Tiene una superficie de 3 mil 617 hectáreas, con una vegetación predominante de selva baja caducifolia.

El área provee servicios ambientales importantes; por ejemplo: contiene el avance de la mancha urbana de Acapulco, contribuye al control de la contaminación ambiental, conserva la flora y fauna regionales, contrarresta el fenómeno de isla de calor de la mancha urbana y mantiene un paisaje natural que forma parte de la propia oferta turística de Acapulco.

La declaratoria de parque nacional indica que la región posee valor ecológico e histórico, y que por sus condiciones de clima y variedad de vegetación subtropical, reúne requisitos favorables para el establecimiento de un parque nacional que mejore el aspecto estético e influya en el mejoramiento del hábitat de los asentamientos humanos del lugar y contribuya a su recreación.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) indica en el artículo 50 que en los parques nacionales sólo se permite la realización de actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y, en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación, recreación, turismo y educación ecológicos. Es decir, no se permiten actividades productivas, como agricultura o ganadería, ni asentamientos humanos.

La misma declaratoria del parque reconoce que los terrenos han sido ocupados en diversas áreas para usos habitacionales, lo que va en detrimento de la preservación de su flora, lo cual propicia su erosión y paulatina degradación.

La situación ha empeorado con los años, de modo que la invasión de terrenos ha favorecido la tala ilegal, la construcción de una carretera en el área protegida y la degradación de los servicios ambientales. Además, la población civil asentada en las barrancas y los cauces se encuentra en alto riesgo por los deslaves naturales.

Debido a la degradación ambiental, el 29 de noviembre de 2000 se reformó la declaratoria del parque, con la indicación de que los asentamientos humanos irregulares ocasionaron degradación de los suelos, poca o nula recarga de los mantos acuíferos, migración de la fauna y sustitución de especies vegetales nativas, lo que desnaturalizó parcialmente la función de dicha superficie como parte del área natural protegida. En consecuencia, se modificó el polígono del parque, desincorporando 325 hectáreas e incorporando 825 a las que no se dio carácter expropiatorio.

A la fecha, 2 mil 774 hectáreas del parque nacional están pendientes de pago expropiatorio, además de que no se ha concluido la desincorporación e incorporación de los terrenos. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas reporta que ya finalizó el plano topográfico de áreas a desincorporar e incorporar. El área jurídica analiza actualmente el plano.

La delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales reporta que 15 mil familias ocupan 400 hectáreas del parque nacional, con viviendas de concreto y madera.

Los esfuerzos para detener las invasiones han sido infructíferos. En 2009 se invirtieron 400 mil pesos para construir una cerca, pero a la fecha el parque carece de un programa de manejo, pese a que la propia LGEEPA señala –en el artículo 65– que éste debe formularse en el plazo de un año a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial. Por consiguiente, hay un retraso de casi 30 años en el cumplimiento de la disposición.

El programa de manejo resulta esencial para la conservación de cualquier área natural protegida, pues establece la participación de los habitantes, los propietarios, los poseedores, las dependencias competentes, y los gobiernos estatales y los municipales, así como las organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas en la protección y el uso sustentable del lugar. Los programas de manejo ayudan en gran medida a prevenir y mitigar el deterioro ecológico.

Si no se concluyen los trámites de incorporación y desincorporación de terrenos, y si no se publica el programa de manejo, continuarán las invasiones, y el parque nacional podría desaparecer, acarreando problemas ambientales y sociales muy graves para Acapulco.

Por lo expuesto, el legislador que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía, somete a consideración del pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a concluir los trámites pendientes de incorporación y desincorporación de los terrenos del parque nacional El Veladero.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a publicar con la mayor brevedad el programa de manejo del parque nacional El Veladero.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 17 de marzo de 2010.

Diputado Alejandro Carabias Icaza (rúbrica)