Diputado Carlos Samuel Moreno Terán, integrante de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
A todos es conocido el grave conflicto laboral y social del municipio de Cananea, Sonora. Hasta el día de hoy, a la ciudad le ha sido negado el auxilio de las dependencias del Ejecutivo federal, por el contrario, mediante posturas legalistas radicales, se desentienden de buscar una solución con el argumento de que se atienen a la letra de la ley. Con ello hace oídos sordos a los llamados de apoyo que formulan no solo los cananenses, sino muchas otras voces que conocen ya la magnitud de la problemática que aqueja a los habitantes del mineral.
Resulta paradójico el hecho de que las instancias con las atribuciones legales, y los recursos necesarios no actúen en consecuencia, en auxilio de la población que en gran medida y de manera imperiosa lo necesita.
Después de 31 meses de huelga en la mina de cobre Mexicana de Cananea, SA de CV, los casi 35 mil habitantes del lugar continúan viviendo una situación socialmente dramática, que hace bastante tiempo rebasa el conflicto jurídico motivado por la huelga, y amenaza seriamente la convivencia armónica en esa población.
La actividad minera es el motor de la economía del municipio y de la región, con un impacto muy importante en la actividad minera nacional: Ahí se concentra el 12 por ciento de la producción minera del país; el 46 por ciento de la producción de cobre y una derrama económica estimada en 150 millones de pesos mensuales, de acuerdo con datos de las autoridades laborales.
Se reitera con energía la argumentación ineludible de que en el transcurso de estos 31 meses de huelga, la economía y la estabilidad social de Cananea se ha ido a pique: cierre de comercios; pérdida de empleos en otras áreas asociadas a la actividad minera en una amplia región del estado; migración de hombres y mujeres jóvenes; deserción escolar y cierre de escuelas; son sólo algunos de los elementos que se han ido acumulando hasta llegar al extremo de las fallas y suspensión de los servicios de gas, de agua y de energía eléctrica, los más elementales para la vida cotidiana de la población.
Si falta el agua, el gas y la luz, se están tocando extremos indeseables que propician una justificada irritación social.
Más de 10 mil derechohabientes, es decir, un tercio de la población; se han quedado sin servicios médicos debido al cierre de la clínica que antes los atendía. 58 de estos derechohabientes de la tercera edad han fallecido en los últimos trece meses, fundamentalmente como consecuencia de las fallas en el suministro de medicamentos para enfermedades crónicas y respiratorias.
La inactividad por falta de ocupación laboral y generación de circulante; el abandono de las autoridades federales y la crisis generalizada, principalmente en las actividades comerciales de todos los ramos, han traído como consecuencia el incremento de la inseguridad en el municipio.
Éste deterioro tiene responsables y uno de ellos es quien opera la concesión que permite explotar los yacimientos minerales en Cananea. Es evidente la crudeza e insensibilidad de la empresa minera, subsidiaria del Grupo México por abandonar a su suerte a toda una población, guiado únicamente por intereses económicos, dejando de lado su responsabilidad social en una población cuyas circunstancias le han dejado millonarias ganancias a la familia Larrea. El grupo empresarial ha tratado con un desprecio a la comunidad que coyunturalmente le ha permitido reportar utilidades muy importantes en los mercados internacionales.
El ayuntamiento continúa sufriendo una crisis financiera que lo ha llevado a no pagar a la Comisión Federal de Electricidad el consumo de energía para operar los pozos de agua potable, con lo que el servicio se deja de ofrecer a un gran número de hogares, constituyendo un círculo vicioso que está llevando al colapso a Cananea.
Es imprescindible que el gobierno federal no deje correr más tiempo para entrar a una solución de fondo al problema de Cananea, pues el deterioro a que ha llegado la situación, está erosionando aceleradamente el tejido social, amenazando la convivencia armónica de los sonorenses, así como la cohesión social del país. Se equivocaría quien piense que se trata de un problema local sin repercusiones en la vida nacional. Hay suficiente evidencia histórica que muestra lo contrario.
Cananea es un asunto de interés nacional y así debe ser abordado. Ningún interés, particular o de grupo, puede estar por encima del interés nacional, ni una población histórica puede ser rehén de interminables litigios que han puesto en riesgo su propia sobrevivencia. No podemos olvidar que los recursos minerales son propiedad de la nación y que el Estado mexicano es responsable del aprovechamiento de los recursos del subsuelo, cuya explotación en el caso de la minería es concesionada a particulares, tal como lo marca la Constitución General de la República.
El artículo 27 de nuestra Carta Magna señala con nitidez, que el dominio de la nación sobre sus recursos, entre ellos los del subsuelo, es inalienable e imprescriptible e, incluso, que "La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana."
Si esto es así para la propiedad privada, con mayor razón debe aplicarse el interés público para el caso de la explotación concesionada de recursos propiedad de la nación.
Esta decisión del Ejecutivo, debe ser acompañada por un programa emergente de reactivación económica de la región, que incluya por supuesto el suministro de los servicios indispensables para la vida de la población, particularmente el servicio de gas que la empresa ha dejado de suministrar como lo hizo durante 70 años. Es indispensable que se aplace el actual programa de reconversión de gas que se intenta aplicar, ya que significa un gran retroceso para la población, en vez de ser una solución real del problema. La gente de Cananea se ha ganado el derecho de aprovechar un recurso del subsuelo, que no es de la empresa concesionaria, sino propiedad de la nación.
Debemos ponderar con superior objetividad y alto sentido social, la serie de hechos que han dado origen al conflicto social en aquella localidad minera, analizando con detenimiento la falta de responsabilidad de los actores principales y tomando en cuenta que la solicitud que se viene planteando es haciendo un llamado a que las autoridades que se encuentran en ése ámbito de competencia, ejerzan sus facultades dentro de lo que la ley dispone.
Es de claridad meridiana la posibilidad de que la empresa minera, escudándose en tácticas legales haya desatendido, irresponsablemente, su obligación para con la comunidad.
Igualmente notoria es la posibilidad de que las dependencias del Ejecutivo federal hayan actuado con negligencia, permisividad y falta de capacidad al no poder o no querer asumir sus roles conciliadores.
Es este conjunto de ambas posibilidades, lo que debe impulsarnos y obligarnos a considerar motivo suficiente, para realizar un atento exhorto al Presidente de la República para que estudie, a su vez, la posibilidad de retirar la concesión a la empresa minera en beneficio del interés público, situado por encima de cualquier otro.
La población en Cananea se encuentra al borde de un estallamiento social y nosotros no debemos dejar pasar inadvertida esa señal de alarma, actuando con responsabilidad y haciendo un llamado atento al titular del Poder Ejecutivo federal para que tome cartas en el asunto.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo federal, a instruir a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Gobernación para que en conjunto se aboquen al estudio jurídico sobre la posibilidad de solicitar la cancelación de la concesión que opera la mina de cananea, a la empresa Mexicana de Cananea, SA de CV, que la explota, tomando como premisa fundamental el deterioro social ocasionado en Cananea derivado del conflicto en la empresa minera, en perjuicio de los habitantes de Cananea y de la industria minera del país.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo federal, a instruir a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Gobernación promuevan un programa especial de reactivación económica integral para el municipio y región de Cananea, Sonora, que incluya la garantía de dotación de servicios básicos a los habitantes de dicha ciudad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los once días del mes de marzo del año dos mil diez.
Diputado Carlos Samuel Moreno Terán (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE HACE PÚBLICO EL CONOCIMIENTO OFICIAL Y LAS OBLIGACIONES DERIVADAS
DE LA SENTENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
EL PASADO 23 DE NOVIEMBRE DE 2009, POR EL CASO DE ROSENDO RADILLA EN CONTRA
DEL ESTADO MEXICANO, SUSCRITO POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
DE LOS PARTIDOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y DEL TRABAJO
Los que suscriben, Alejandro Encinas Rodríguez, Jesús Zambrano Grijalva y Rigoberto Salgado Vázquez, diputados a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y Jaime Cárdenas Gracia, Porfirio Muñoz Ledo y Gerardo Fernández Noroña, diputados a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los compromisos del Estado mexicano con el pueblo de México y frente a la comunidad internacional respecto a una tutela efectiva de los derechos humanos y, en consecuencia, de la revisión de los crímenes de Estado cometidos contra la población en el pasado autoritario no han sido cabalmente asumidos; los crímenes no han sido del todo esclarecidos ni, mucho menos, llevados a término de manera satisfactoria para los agraviados.
A estas situaciones se añaden recientes violaciones de los derechos humanos derivadas de la conflictividad social y política que vive el país en estos tiempos de cambios, lo que ha derivado en una vinculación de continuidad entre las políticas del pasado y las que hoy están en curso en el tratamiento de las condiciones de la gobernabilidad del país.
El Poder Judicial está frecuentemente cuestionado por la población, que no siente atendidas sus reclamaciones de justicia. Como consecuencia, un número creciente de actores de la vida política y social de México se han visto obligado a recurrir a instancias y tribunales internacionales de justicia y protección de derechos humanos. En particular, en la evaluación periódica realizada por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 29 de mayo de 2009, el gobierno de México recibió decenas de recomendaciones al respecto.
El 23 de noviembre último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por el caso Rosendo Radilla, con puntos específicos que deben ser atendidos por el Estado. Como parte sustancial de ese fallo se incluyó la determinación de hacer público el texto íntegro del documento, lo que ocurrió con la publicación –siete páginas completas– en el diario El Universal del 9 de febrero del presente año.
Los casos judiciales derivados de movimientos sociales tanto del pasado como del presente, que no han encontrado soluciones de justicia y satisfacción suficiente en México, se están canalizando a instancias y tribunales internacionales y se encuentran en diversos momentos procesales.
La justicia expedita, el respeto irrestricto de las garantías individuales y la protección de los derechos humanos son obligaciones irrenunciable s de las instituciones del Estado. Esos preceptos son también condición indispensable para la vigencia de la libertad y la democracia a que aspiramos los mexicanos.
Por esas razones y en concordancia con las obligaciones del país en tanto miembro destacado de la comunidad internacional y signatario de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, esta proposición con puntos de acuerdo debe ser considerada como la manifestación del tratamiento serio, formal y republicano del Congreso de la Unión al contenido de la sentencia y, al mismo tiempo, un compromiso de disponibilidad para cumplir en lo que corresponde en los ajustes legislativos pertinentes, como la modificación del fuero de guerra y la armonización del derecho interno con el internacional.
Al tenor de las anteriores consideraciones, se emite la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ratifica la disponibilidad de esta soberanía para dar cauce procesal expedito a las iniciativas de ley procedentes del Ejecutivo encaminadas a dar cumplimiento a las recomendaciones y a los puntos de sentencia establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a tomar todas las medidas necesarias y suficientes para cumplir los puntos específicos señalados en la sentencia del caso Rosendo Radilla.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y al Poder Judicial de la Federación a dinamizar los procesos judiciales en curso con relación a los casos de violaciones graves de derechos humanos cometidas en octubre de 1968, el 10 de junio de 1971 y en el periodo conocido como "guerra sucia", así como todos los casos recientes que se reclaman en ese rubro.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2010.
Diputados: Alejandro Encinas Rodríguez
(rúbrica), Jesús Zambrano Grijalva, Florentina Rosario Morales
(rúbrica), Rigoberto Salgado Vázquez, Porfirio Muñoz
Ledo (rúbrica), Jaime Cárdenas Gracia (rúbrica), Gerardo
Fernández Noroña (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
LA CÁMARA DE DIPUTADOS APRUEBE LA IMPLANTACIÓN DE UN PLAN
URGENTE DE DESARROLLO SOCIAL EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A CARGO
DEL DIPUTADO MARIO ALBERTO DI COSTANZO ARMENTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PT
Sin lugar a dudas, el grave problema de la inseguridad que afecta a todo el país y que se padece con mayor severidad en Ciudad Juárez es resultado de las políticas elitistas, de corrupción y privilegios, que se han venido imponiendo desde hace más de dos décadas en nuestro país.
Estamos absolutamente convencidos de que mucho se puede hacer desde ahora si aceptamos que la estrategia del gobierno usurpador es y ha sido equivocada, ya que ésta únicamente ha respondido a la parte coercitiva y, con ello, muy poco o nada se ha podido lograr.
Más aún, los hechos han demostrado claramente que las amenazas, la mano dura y las acciones militares han resultado nefastas para el bienestar de la gente; paradójicamente, el propio Felipe Calderón aceptó en Ciudad Juárez el tremendo error de su "narcoguerra" que ya ha causado más de 18 mil muertes por asesinatos.
Para nosotros, la manera más eficaz de combatir la delincuencia y la violencia es la de garantizar el bienestar social de los mexicanos.
Por ello, hoy venimos a proponer que se apruebe de manera urgente la aplicación de un programa emergente de desarrollo social, que esté integrado por las siguientes ocho acciones:
2. Invertir en la construcción y operación de nuevas escuelas preparatorias y en la creación de mayores espacios en las universidades públicas para evitar que haya rechazados y se atienda al cien por ciento de los jóvenes que está en edad de estudiar y que son en muchos casos excluidos por no tener para pagar colegiaturas en escuelas privadas.
3. Poner en práctica el seguro del desempleo, garantizando la entrega de un salario mínimo mensual en tanto se consigue trabajo.
4. Apoyar a todos los adultos mayores de 68 años de Ciudad Juárez con una pensión alimentaría de 855 pesos mensuales.
5. Apoyar con una pensión, con el mismo monto, igual a la de los adultos mayores, a todos los discapacitados de Ciudad Juárez.
6. Otorgar atención médica y medicamentos gratuitos a quienes no tienen derecho a la seguridad social.
7. Poner en práctica un programa integral de construcción de infraestructura urbana en colonias populares para dotarlas de agua, drenaje, pavimento, alumbrado público, instalaciones culturales y deportivas.
8. Otorgar créditos a la palabra y sin intereses para la construcción, mejoramiento y ampliación de vivienda.
Estamos seguros de los resultados que podrían alcanzarse con este programa no es con militares y con mano dura como se resuelven las crisis.
En Ciudad Juárez, como en todo el país, se requiere crear un ambiente de bienestar y progreso, que es indispensable para contrarrestar la sensación de miedo y frustración, que produce la inseguridad y la violencia.
No hay que olvidar que la tranquilidad y la paz son frutos de la justicia social.
Por las consideraciones expuestas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto al pleno de esta soberanía, como de urgente resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Uno. El pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión aprueba la creación e implantación de un programa emergente de desarrollo social para Ciudad Juárez, Chihuahua, que contenga las siguientes líneas de acción:
2. Invertir en la construcción y operación de nuevas escuelas preparatorias y en la creación de mayores espacios en las universidades públicas para evitar que haya rechazados y se atienda al cien por ciento de los jóvenes que están en edad de estudiar y que son, en muchos casos, excluidos por no tener para pagar colegiaturas en escuelas privadas.
3. Poner en práctica el seguro del desempleo, garantizando la entrega de un salario mínimo mensual en tanto se consigue trabajo.
4. Apoyar a todos los adultos mayores de 68 años de Ciudad Juárez con una pensión alimentaría de 855 pesos mensuales.
5. Apoyar con una pensión, con el mismo monto, igual a la de los adultos mayores, a todos los discapacitados de Ciudad Juárez.
6. Otorgar atención médica y medicamentos gratuitos a quienes no tienen derecho a la seguridad social.
7. Poner en práctica un programa integral de construcción de infraestructura urbana en colonias populares para dotarlas de agua, drenaje, pavimento, alumbrado público, instalaciones culturales y deportivas.
8. Otorgar créditos a la palabra y sin intereses para la construcción, mejoramiento y ampliación de vivienda.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2010.
Diputado Mario di Costanzo Armenta (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REMOVER DEL ENCARGO AL TITULAR DE LA
SCT; Y AL DIRECTOR GENERAL DEL IMSS, A CESAR LA SUBROGACIÓN DE GUARDERÍAS
Y MANEJARLAS DIRECTAMENTE, CON ARREGLO A DERECHO, PARA PRESTAR UN SERVICIO
DE CALIDAD Y QUE VELE POR LA SEGURIDAD DE LOS HIJOS DE LOS AFILIADOS, A
CARGO DEL DIPUTADO AGUSTÍN GUERRERO CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito, diputado Agustín Guerrero Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Consideraciones
Ayer primero de marzo la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer su informe preliminar y, cuyas conclusiones han venido a remover la indignación y el dolor del pueblo de México por la muerte de 49 niñas y niños como producto del incendio en la guardería ABC del 5 de junio del año 2009, mismo que también provocó lesiones a más de 70 infantes. Este informe sobre todo ha fortalecido la exigencia de justicia firme y expedita en contra de los probables responsables, entre los que se anota al ex director general del IMSS y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; igualmente se mencionan con presunta responsabilidad al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, y al ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou. No se puede ni debe permitir que el desempeño de un cargo, por alto que éste sea o haya sido, sirva de escudo para la impunidad, al contrario, los funcionarios están más obligados en actuar en apego a derecho, y de no ser así, se les debe aplicar la ley sin complicidades o fueros reprobables.
Ha quedado claro que la agresión a la vida y salud de estos menores, tuvo como causa directa el desorden generalizado, la falta de control que existía en el otorgamiento de estos contratos de subrogación y en su operación, por lo que los menores de la guardería ABC, literalmente fueron abandonados a su suerte por los funcionarios que tenían la responsabilidad de velar por su integridad, pero cuyo único propósito fue extender un lucrativo negocio para sus parientes y conocidos, viendo a los menores como meros objetos propicios para su enriquecimiento.
Esto cobra mayor gravedad cuando la Corte ha confirmado lo que el PRD siempre señaló y fundamentó debidamente, que la Ley del Seguro Social no autoriza la celebración de estos contratos de subrogación. Es decir, que para el otorgamiento de estos contratos los funcionarios involucrados actuaron "por la libre", incumpliendo el principio rector del desempeño de las autoridades: "la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le autoriza".
Esta comisión especial da otras cifras aterradoras: 49% de las guarderías subrogadas carecen de constancias de protección civil vigente y sólo 409 de las 1480 en operación tienen el visto bueno del Cuerpo de Bomberos. Esto se opone a todo el marco jurídico aplicable, a los principios más elementales señalados por el sentido común para la protección de los menores. Por lo que perdura un altísimo riesgo de que se repitan crímenes como el sucedido en la guardería ABC.
Llama también la atención que de todas las comisiones especiales aprobadas por la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, sólo no se haya puesto en operación la que investigaría precisamente el incendio en la guardería ABC. ¿Qué intereses se trata de proteger?
Con base en todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Titular del Ejecutivo federal a remover de inmediato al ex director general del IMSS y actual Secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, para que enfrente sin el escudo de su cargo, la presunta responsabilidad que se le atribuye en el informe preliminar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la muerte de 49 niñas y niños y las lesiones de más de 70 infantes, como producto del incendio evitable en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, el pasado 5 de junio de 2009.
Segundo. Se exhorta al director general del IMSS para que de inmediato este instituto proceda a manejar de forma directa las guarderías indebidamente subrogadas por este Instituto a particulares, al no estar autorizada tal subrogación en la Ley del Seguro Social, lo que permitirá un servicio de calidad y con las medidas necesarias de seguridad a favor de todos los hijos e hijas de los asegurados, pero sobre todo el respeto a nuestro estado de derecho.
Tercero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría de Justicia del Estado de Sonora y demás autoridades locales involucradas, den celeridad a las denuncias presentadas, presenten para alcanzar una justicia expedita y apegada a derecho.
Cuarto. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados a que de inmediato constituya la comisión especial, previamente ya autorizada, para investigar el incendio en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora; coadyuvando en la esfera de su competencial esclarecimiento de estos hechos y deslinde de responsabilidades.
Palacio de San Lázaro, a 11 de marzo de 2010
Diputado Agustín Guerrero Castillo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA PROFECO Y DE LA
CONDUSEF, Y A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, DE LOS MUNICIPIOS,
DEL DISTRITO FEDERAL Y DE SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES A IMPLANTAR DE
FORMA INDIVIDUAL O COORDINADA CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE LOS RIESGOS
DE LA USURA, A CARGO DE LA DIPUTADA TOMASA VIVES PRECIADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
La que suscribe, Tomasa Vives Preciado, diputada de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La usura está tipificada como delito en prácticamente todos los códigos penales de las entidades federativas, así como en el Código Penal Federal bajo una de las modalidades de fraude que éste contempla, concretamente en la fracción VIII del artículo 387.
En general se trata de la conducta que realiza una persona física o moral con objeto de aprovecharse de la ignorancia o necesidad de un ser humano y, obtener de él intereses superiores a los del mercado regulado o de la banca, esto por medio de un préstamo simple o prendario, y, bajo cualquier forma o tipo de contrato. Algunas legislaciones consideran también como usura el hecho de obtener beneficios desproporcionados en especie o servicios para sí o para otros por medio de diversas transacciones comerciales. Con mínimas diferencias en la redacción, casi todos los estados de la república contemplan este delito o tipos de delito.
El problema es que de nada o casi nada ha servido esta figura penal, pues en los hechos la usura es difícil de probar en las instancias legales, esto por diversas razones. Antes de continuar debemos entender que existen dos tipos de usura totalmente distintos: el que cometen los particulares; personas que prestan dinero por medio de pagarés, con altos intereses, y en otras ocasiones requiriendo al deudor una garantía prendaria adicional al documento mercantil.
Y el que ejercen las empresas conocidas como casas de empeño (de préstamo prendario) y aquellas denominadas genéricamente como financieras, que también ofrecen dinero en efectivo al público, bajo contratos donde se pactan intereses altos, recargos excesivos por atraso en los pagos, gastos de cobranza extrajudicial y otras arbitrariedades.
Para esta proposición, nos interesa por lo pronto el primer caso que es el más grave: los prestamistas particulares, mujeres y hombres que incluso llegan a amasar enormes fortunas con esta actividad, además de hacerse de infinidad de bienes muebles e inmuebles por vía de los embargos judiciales que aplican a los morosos.
La usura si bien existe desde que el dinero apareció como herramienta financiera y mercantil, también es cierto que en la sociedad moderna ha visto un crecimiento descomunal ante el evidente crecimiento de la población, de sus necesidades financieras y, de lo difícil que es acceder al crédito gubernamental o bancario. Entre los factores que abonan a la expansión de este ilícito en naciones como la nuestra, podemos encontrar
2. La dificultad para acceder a créditos o préstamos de la banca o de instituciones que ofrecen sus productos financieros en condiciones justas, o bien la escasa oferta de éstos;
3. La ignorancia de las personas, y
4. La total falta de difusión de sus derechos, en especial de los riesgos que corren al firmar un pagaré o un contrato leonino para garantizar el pago de un préstamo.
Sabemos que en muchas comunidades rurales se instalan usureros ofreciendo sus "servicios" a las personas, esto con intereses de hasta el 25% mensual, la inocencia de la gente del campo y la seriedad con que asumen sus deudas son los elementos perfectos para consumar este tipo de fraude a gran escala.
En el campo a diferencia de la ciudad, las personas no se atreven a denunciar a sus victimarios, ni siquiera acuden a pedir orientación legal a las defensorías de oficio o a otras instancias.
Quienes se atreven a acudir al Ministerio Público para interponer su querella, se enfrentan a dos problemas:
2. En otros casos los abonos son anotados en las llamadas "tarjetas de abonero", tiras de cartón donde en columnas se anota, fecha, monto del pago parcial y, la firma de quien lo recibe.
En resumen, es un hecho que la usura crece día a día en nuestras ciudades y pueblos, miles de familias son víctimas de este tipo de personas sin escrúpulos; es un hecho que tipificarla como delito de nada o casi nada ha servido.
En tanto no encontremos un mecanismo legal para prevenir y controlar la usura desde un entorno legal o institucional; la única medida efectiva es la prevención por medio de la información oportuna.
Como ya lo mencionamos, más del 90% de las víctimas manifiestan que de haber sabido en qué se metían, no hubieran firmado nada o habrían tomado precauciones elementales como sacar copia del documento suscrito, exigir recibos por cada parcialidad cubierta, o solicitar un adecuado llenado del documento.
Esto nos indica que necesitamos que las autoridades de los tres órdenes de gobierno implementen campañas para difundir entre la población los riesgos de la usura, el peligro de firmar documentos en blanco, mal llenados o hacer pagos sin pedir el recibo correspondiente.
Difundir este tipo de información preventiva en sitios web, como los de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras o la Procuraduría Federal del Consumidor, es una media insuficiente, tomando en cuenta que apenas el 20% de la población tiene acceso y conocimientos del manejo de la Internet.
Se requiere que las campañas de esta naturaleza se hagan por medios tradicionales: radio, prensa y televisión, e incluso por medio de espectaculares, pendones publicitarios, volanteo o cualquier otro medio que permita el acceso del público a esta información.
Muchas autoridades argumentan ante este tipo de necesidades, que no cuentan con recursos financieros para una campaña así, sin embargo, casi siempre "cuentan" con medios para difundir sus logros de gobierno y de obra pública; por lo que sin duda, y con un poco de voluntad pueden crear espacios dentro de su presupuesto para hacer este tipo de labor que es tan necesaria.
Por lo expuesto y señalado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios, así como a los gobiernos del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales para que, de forma individual o coordinada, implementen campañas informativas sobre los riesgos de la usura.
Estas campañas informativas deberán difundir los derechos de los ciudadanos y las medidas preventivas para evitar ser víctima de prácticas de usura. Asimismo, difundirán las alternativas de financiamiento con instituciones formales.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, en coordinación con las autoridades de los órdenes de gobierno señalados en este punto de acuerdo, en un plazo de noventa días naturales entregue un informe detallado a esta soberanía sobre las campañas informativas en materia de usura.
Recinto legislativo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 11 de marzo de 2010.
Diputada Tomasa Vives Preciado (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECTUR QUE EMITA CON LA MAYOR BREVEDAD EL
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR
MANUEL BÁEZ CEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal Víctor Manuel Báez Ceja, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por Michoacán, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se someta a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
Sin lugar a dudas, el turismo se ha convertido en un sector estratégico para el desarrollo económico de México. Esta actividad se perfila actualmente como la tercera fuente más importante en la captación de divisas, como un detonador importante para el crecimiento y desarrollo municipal, regional y estatal a través de la infraestructura turística, así como una fuente importante para la generación de empleos.
Por esas razones, debemos garantizar que si esa actividad se puede constituir como uno de los ejes claves para la superación de la pobreza y el desarrollo regional, sea conducida con responsabilidad bajo el amparo de un marco legal acorde a las necesidades del sector, pero que también garantice su carácter social, accesible y sustentable. Pues ésta debe ser una actividad planeada y desarrollada con criterios de sustentabilidad económica, social y de protección al medio ambiente y demás recursos naturales, históricos y culturales que forman parte de nuestro patrimonio nacional.
En ese sentido es que durante los últimos años, se han realizado diversos esfuerzos que han dado resultados muy importantes. Tal ha sido el caso de la de la nueva Ley General de Turismo, aprobada durante la LX legislatura, con la intención de contar un nuevo marco jurídico que lograse empoderar a la secretaría del ramo, así como tener una legislación más integral que se adecuase a los requerimientos actuales para hacer del turismo un sector más competitivo y sustentable.
De ahí la necesidad de que en esta ley se otorgaran mayores facultades a la Secretaría de Turismo, se establecieran nuevas reglas para la concurrencia y coordinación entre las diversas autoridades (secretarías y dependencias federales, estados, municipios, DF, etcétera), se reconocieran plenamente a los consejos consultivos, se incluyeran la elaboración del atlas turístico de México como herramienta de promoción, y definiciones como la de "turismo sustentable"; que se formulara la concepción de las zonas de desarrollo turístico sustentable y, en términos generales, se establecieran nuevos lineamientos para la política y planeación de la actividad turística.
En suma, la modernización de esta ley ha constituido un importante esfuerzo con miras a reforzar al sector turístico y consolidarlo como uno de los motores fundamentales para el desarrollo y crecimiento de nuestra economía.
Sin embargo, todavía no ha sido posible palpar los beneficios y resultados que se esperan de este esfuerzo, pues aún, incluso después de que la ley entró en vigor desde el 16 de junio del 2009, sigue pendiente la emisión de su reglamento. Situación que resulta preocupante, pues en tanto esto no suceda continuaran al aire, la aplicación y cumplimiento de muchos de los nuevos ordenamientos. Y de nada sirve tener una ley modernizada con toda una serie de elementos que pretenden imprimir un mayor dinamismo al sector, y que resultan inoperantes en tanto no exista la reglamentación correspondiente.
Aunado a lo anterior, que la situación actual del turismo se presenta crítica. Si bien por la situación atípica que enfrento durante el año pasado a causa de la crisis económica y la contingencia sanitaria ocasionada por la influenza; o bien por la poca voluntad política que se ha manifestado. Pues desde hace un tiempo ya, este ramo se encuentra en un clima de gran incertidumbre. Primero por la tentativa desaparición de la secretaría para incorporarla a la de economía, luego la reducción presupuestal para este año y la desaparición de una Dirección General, aunado a ello, los rumores sobre la renuncia del titular de la secretaría, los cambios de funcionarios y el cierre de representaciones en el extranjero, entre otros.
Todo ello ha generado un clima de inestabilidad e incertidumbre respecto al funcionamiento de la misma secretaría, quien sin duda alguna debe ser el eje rector de la planeación, regulación y conducción de la actividad turística en el país. Y aunque quizá esto se deba a la necesidad de transformaciones, estas deben hacerse de una manera clara y sin intervenir en el buen funcionamiento y operatividad del sector en su conjunto. Toda vez que como ya se señaló, hoy por hoy el turismo es una de las alternativas más viables para detonar el crecimiento económico del país.
No obstante, esto sólo ocurrirá en la medida en que logremos potencializarlo y capitalizarlo; por lo que hoy más que nunca es necesario hacer valer los aportes con que se enriqueció a la Ley General de Turismo, y de ahí que sea urgente la emisión de su reglamento. Pues, de lo contrario, seguirá paralizada la nueva etapa que se prometía para el sector turístico nacional, y que extendió como promesa recobrar la competitividad para hacer de México una potencia turística a nivel mundial.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita de manera respetuosa al secretario de Turismo que emita el Reglamento de la Ley General de Turismo a la mayor la brevedad posible.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2010.
Diputado Víctor Manuel Báez Ceja (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
AL EMBARGO CAMARONERO IMPUESTO POR ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A MÉXICO,
A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL PACCHIANO ALAMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PVEM
El suscrito, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, como de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Las especies de tortugas marinas existentes en aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y mar Caribe, así como las del Océano Pacífico incluyendo el Golfo de California son las denominadas tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), tortuga lora o bastarda (Lepidochelys kempii), tortuga blanca o verde (Chelonia mydas), tortuga prieta, sarcillo o parlama (Chelonia agassizi), tortuga cahuama o perica (Caretta caretta), tortuga de carey (Eretmochelys imbricata), tortuga laud (Dermochelys coriacea) y sus subespecies, las cuales se encuentran clasificadas como en peligro de extinción dentro de la NOM-059- ECOL- 2001 y enlistadas en el Apéndice I de la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
Las tortugas marinas son organismos considerados biológicamente importantes por tratarse de seres vivos que han permanecido a lo largo de millones de años en el planeta y han superado los cambios drásticos en los ecosistemas a lo largo de su evolución. Sin embargo, debido a creencias humanas, estas especies disminuyeron su población de forma alarmante, dejando el estatus de las especies en peligro de extinción y en algunas zonas hasta desaparecer.
En nuestro país, la explotación de tortugas marinas y de sus productos alcanzó niveles aterradores en la década de los setenta y, en consecuencia, se implementaron vedas nacionales, cuya finalidad era proteger y equilibrar las poblaciones naturales.
En 1990, México estableció de manera unilateral una veda total y permanente para la pesca de tortugas marinas, en todas las variedades que existen en las costas mexicanas. Sin embargo, prácticas clandestinas como la caza, la explotación ilegal de huevos y adultos de tortugas marinas y las artes de pesca han provocado que los resultados no sean cien por ciento favorables.
La Norma Oficial Mexicana 002-PESC-1993, regula el aprovechamiento de especies de camarón en aguas de jurisdicción federal de México, en esta norma se hizo obligatorio el uso de dispositivos excluidores de tortugas marinas durante las operaciones de pesca de camarón. Sin embargo, esta norma parece no ser verificada por las autoridades mexicanas, puesto que el gobierno de Estados Unidos impidió la exportación del camarón por considerar que la flota pesquera mexicana no cuenta con las medidas de protección a las tortugas marinas.
De acuerdo con un comunicado de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, lo anterior se basa en los resultados de las visitas que realizaron expertos del Departamento de Estado y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, en conjunto con autoridades mexicanas, para observar el uso adecuado de los dispositivos excluidores de tortugas, durante las cuales se observaron incumplimientos.
Con esta medida, México no podrá exportar camarón a partir de mayo, por tal motivo el Partido Verde Ecologista de México, siempre ha mostrado su preocupación por la captura de tortugas marinas en las redes de pesca. No es desconocido que en México la pesca de este crustáceo no es sustentable, debido a que por cada kilo de camarón con redes de arrastres, se capturan al menos 10 kilogramos de otras especies, entre las que se encuentran las tortugas marinas y otras 133 especies diferentes de peces, moluscos, equinodermos y crustáceos, que se capturan junto al camarón en las redes de arrastre que utilizan las embarcaciones pesqueras.
Reconocemos que el embargo impuesto por Estados Unidos afectará la economía del país, pero también resaltamos el beneficio ambiental de esta medida, toda vez que, es oficialmente reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación los daños ambientales que causa tanto la pesca comercial del camarón como sus actividades de acuacultura.
De acuerdo con el diario El Universal, el impacto del "embargo camaronero" de Estados Unidos a nuestro país, afectará alrededor de 10 mil pescadores de 11 entidades federativas. Sinaloa sería en este marco una de las entidades más afectadas, pues del total de la flota camaronera del Pacífico nacional, en esta entidad está 60 por ciento de los barcos camaroneros.
México, en 2009, exportó a Estados Unidos 39 mil 712.2 toneladas de camarón, equivalentes a 258 millones 204 mil 932 dólares, según el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Recordemos que más de 300 mil mexicanos dependen de las actividades pesqueras y de acuacultura, por lo que resulta urgente que se modifique el enfoque de la actual política pesquera.
Es importante hacer mención que la tendencia mundial es restringir el número de permisos de pesca y de embarcaciones, pero en México la flota pesquera sigue en aumento, lo cual ocasionará el deterioro ambiental y el colapso de las pesquerías por la sobreexplotación.
Es por ello, que el gobierno federal debe realizar una revisión integral del sector pesquero en el país, limitando los permisos y revisando las capacidades de carga del ecosistema marino y de las diversas especies, para evitar el agotamiento de los recursos pesqueros.
Por lo anterior, afirmamos que no basta con que el gobierno de México coloque dispositivos excluidores de tortugas en las embarcaciones camaroneras, toda vez que el problema de sustentabilidad ambiental prevalece en todo el sector pesquero nacional y no sólo en la pesca del camarón. Es imprescindible que se revise a fondo la política nacional pesquera y se implementen medidas de protección ambiental, ya que de lo contrario se prevé un desplome de la mayoría de las pesquerías.
En virtud de lo antes expuesto, el diputado firmante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Con absoluto respeto del principio de división y colaboración de los poderes, la Cámara de Diputados cita a comparecer al comisionado nacional de Acuacultura y Pesca y al titular del Instituto Nacional de Pesca, con el propósito de que expliquen técnica y detalladamente, lo siguiente:
b) Los impactos que tendrá la pesca por el embargo camaronero impuesto por el gobierno de Estados Unidos de América.
c) Las acciones y compromisos, realizadas por el gobierno federal, por el embargo camaronero.
Diputado Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE DURANGO, AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LERDO,
A LA CONAGUA, A LA SEGOB, MEDIANTE EL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES, Y AL INFONAVIT A ESTABLECER UNA MESA PLURAL PARA RESOLVER
LA PROBLEMÁTICA QUE AQUEJA A LOS HABITANTES DE LA COLONIA CÉSAR
GUILLERMO MERAZ POR LOS HUNDIMIENTOS EN EL LUGAR, A CARGO DEL DIPUTADO
PEDRO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Los vecinos de la colonia César Guillermo Meraz, en Lerdo, Durango, padecen los estragos de la naturaleza y de la mala planeación de los asentamientos habitacionales por las constructoras privadas, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y las empresas que extraen material de suelo y del cauce seco del río Nazas.
Desde 2008 se presenta una serie de fisuras, grietas y hundimientos en la colonia César Guillermo Meraz, asentada muy cerca del cauce del río Nazas.
La situación es delicada, pues están en riesgo poco más de mil 100 viviendas. Se ha llegado a tal grado, que algunas de las casas ya están deshabitadas: los habitantes han preferido dejarlas que arriesgar la vida.
Los vecinos se han organizado y formaron la Unión de Colonos de César Guillermo Meraz para exigir que se realicen los estudios de impacto ambiental, geológico y de mecánica de suelos para determinar si la zona es de alto riesgo.
A través de la presión y movilización social lograron que se hiciera dicho estudio, el cual determina finalmente que un sector muy importante, de más de mil familias, se haya determinado que está asentado en una zona de alto riesgo y hay todavía 50 familias en un riesgo inminente; o sea, en cualquier momento se hundirá el suelo y habrá un percance.
Personal del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua realizó ya estudios, pero son superficiales. De acuerdo con datos preliminares, sí hay riesgo de que se presenten otros hundimientos.
Se planteó la necesidad de realizar estudios adicionales, por parte de especialistas del Servicio Geológico Mexicano (SGM) de la Universidad Nacional Autónoma de México para determinar si es necesario reubicar a los habitantes de la citada colonia.
En el caso han intervenido el ayuntamiento; el gobierno del estado, a través de la Comisión de Aguas del Estado de Durango; y el gobierno federal, por medio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Empero, hasta el momento no hay nada concreto.
Vecinos de la colonia César Guillermo Meraz afectados por los hundimientos subterráneos de 2008, tras la avenida del río Nazas, desconocieron el resultado del estudio realizado por el SGM.
Rechazaron la reubicación ofrecida y demandaron el cierre de las cribas cercanas a este sector urbano de Lerdo.
Más de una treintena de personas, en su mayoría mujeres, mostraron planos y oficios que han enviado al gerente de la Conagua, Óscar Gutiérrez Santana; al gobierno de Durango, vía Oliverio Reza Cuéllar, y al ayuntamiento, donde se exige poner punto final al dilema, que data de 2008.
Los vecinos del lugar insisten en que las compañías que extraen material del lecho seco del río Nazas, conocidas como cribadoras, han profundizado las fallas geológicas, las cuales también han incidido en los hundimientos que se han presentado.
Las autoridades de la Conagua han respondido que los lugares donde se hace la extracción no corresponden a la zona federal y que son parte del ejido Lerdo y, por tanto, es responsabilidad de dicho ejido no permitir la extracción de material pétreo.
El 23 de enero de 2009, la Secretaría de Gobernación, a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres emitió nota informativa para referirse al problema de los hundimientos presentados en Lerdo.
En dicha nota se señala lo siguiente: "El fenómeno que se ha observado en esa región, caracterizado por el colapso súbito del terreno en áreas específicas, se debe a oquedades formadas como consecuencia de la disolución del sustrato formado por calizas, rocas constituidas esencialmente por carbonatos de calcio. Dichas oquedades se forman a través de largos periodos (cientos o miles de años), por lo que claramente se trata de un fenómeno natural".
Compañeras y compañeros diputados: la situación aquí descrita pone en riesgo el patrimonio y la integridad de un importante número de familias de Lerdo, Durango.
Nos parece que al problema no se ha dado una solución de fondo.
El gobierno municipal ha ofrecido buenas intenciones para resolver el problema, lo mismo que la Conagua y el Infonavit, pero no se ha resuelto nada en concreto.
El Infonavit se ha negado a cubrir las pólizas de seguro contratadas con los acreditantes, señalando una serie de argumentos que no corresponden a la gravedad de la situación que viven los habitantes del conjunto habitacional referido.
Por ello aprovechamos este espacio legislativo y parlamentario para hacer llegar la voz de los habitantes de la colonia César Guillermo Meraz e interponer los buenos oficios de la Cámara para coadyuvar a solucionar el problema.
Por las consideraciones expuestas, se somete a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Durango, al ayuntamiento de Lerdo, a la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría de Gobernación, a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres, y al Infonavit a establecer una mesa plural para resolver la problemática que aqueja a los habitantes de la colonia César Guillermo Meraz derivada de los hundimientos en el lugar donde se asienta.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2010.
Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica)